SC3256-2021 (2007-00347-01)<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
SC3256-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-31-03-014-2007-00347-01 <\/p>\n
(Discutido y aprobado en sesi\u00f3n virtual del ocho de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., cuatro (04) de agosto de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por los demandantes, se\u00f1ores ELSA ORD\u00d3\u00d1EZ CORT\u00c9S, SILVIA ORD\u00d3\u00d1EZ CORT\u00c9S, MAURICIO RAFAEL ORD\u00d3\u00d1EZ QUIROGA, MAR\u00cdA MARLENE ORD\u00d3\u00d1EZ LEYTON, MAR\u00cdA LUISA ORD\u00d3\u00d1EZ DE FISCHER, RODRIGO ORD\u00d3\u00d1EZ OCHOA, LIGIA LUZ HELENA ORD\u00d3\u00d1EZ OCHOA, PATRICIA ROSA ORD\u00d3\u00d1EZ CANABAL, LILIANA ORD\u00d3\u00d1EZ CANABAL y JIMENA ORD\u00d3\u00d1EZ CANABAL, respecto de la sentencia proferida el 18 de marzo de 2019 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Civil, en el proceso reivindicatorio que ellos adelantaron, en definitiva, contra el se\u00f1or HUGO BAYARDO LALINDE ECHEVERRY, en el cual \u00e9ste, por v\u00eda de reconvenci\u00f3n, formul\u00f3 acci\u00f3n de pertenencia en contra de aqu\u00e9llos y las PERSONAS INDETERMINADAS con inter\u00e9s en el inmueble objeto de la controversia. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En la demanda con la que se dio inicio al proceso, obrante en los folios 9 a 17 del cuaderno No. 1, frente a los se\u00f1ores Franklin Alejandro Lalinde Echeverry, \u00c9dgar Mu\u00f1oz y Orzulesco Ocampo, se solicit\u00f3, en s\u00edntesis, declarar que pertenece a los actores el dominio del lote ubicado en la carrera 20 No. 13-01 de Cali, identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria No. 370-281232 de la Oficina de Registro de esa ciudad, as\u00ed como con los linderos y caracter\u00edsticas se\u00f1alados en el mismo libelo; condenar a los precitados accionados a restituir a aqu\u00e9llos dicho bien y a pagarles los frutos naturales o civiles percibidos, o que sus due\u00f1os hubiesen podido percibir con mediana inteligencia y cuidado, a justa tasaci\u00f3n de peritos, desde el momento en que lo ocuparon y hasta cuando hagan entrega del mismo; disponer que los demandados, por tratarse de poseedores de mala fe, no tienen derecho a que se les abonen las mejoras \u00fatiles, ni a retener el inmueble por ninguna causa; e imponer a los convocados las costas del proceso. <\/p>\n
2. El sustento f\u00e1ctico de esas s\u00faplicas, consisti\u00f3 en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Fue titular del dominio del bien perseguido, el se\u00f1or Carlos Ord\u00f3\u00f1ez Fajardo; a su muerte, por sentencia aprobatoria de la partici\u00f3n realizada dentro del proceso de sucesi\u00f3n del mismo, se adjudic\u00f3 el terreno a Hernando, \u00c1lvaro, Marco Tulio y Rosa Amalia Ord\u00f3\u00f1ez Fajardo. <\/p>\n
2.2. Acaecido el fallecimiento de los arriba nombrados, los derechos que ten\u00edan en el inmueble se asignaron en la forma que pasa a indicarse: <\/p>\n
2.2.1. Los de Rosa Amalia Ord\u00f3\u00f1ez Fajardo a Hernando Ord\u00f3\u00f1ez Fajardo, Mario Ord\u00f3\u00f1ez Fajardo, \u00c1lvaro Ord\u00f3\u00f1ez Fajardo, Ligia Luz Helena Ord\u00f3\u00f1ez Ochoa, Rodrigo Ord\u00f3\u00f1ez Ochoa y Mar\u00eda Luisa Ord\u00f3\u00f1ez Ochoa. <\/p>\n
2.2.2. Los de Marco Tulio Ord\u00f3\u00f1ez Fajardo a Mar\u00eda Luisa Ord\u00f3\u00f1ez de Fischer, Ligia Luz Helena y Rodrigo Ord\u00f3\u00f1ez Ochoa. <\/p>\n
2.2.3. Los de Hernando Ord\u00f3\u00f1ez Fajardo a Silvia y Elsa Ord\u00f3\u00f1ez Cort\u00e9s. <\/p>\n
2.2.4. Los de \u00c1lvaro Ord\u00f3\u00f1ez Fajardo a Patricia Rosa, Liliana y Jimena Ord\u00f3\u00f1ez Canabal. <\/p>\n
2.3. En el proceso penal seguido por denuncia que formul\u00f3 Mauricio Rafael Ord\u00f3\u00f1ez Quiroga, por los delitos de falsedad en documento, invasi\u00f3n de tierras y perturbaci\u00f3n de posesi\u00f3n sobre inmueble, al cual fue vinculado el se\u00f1or Franklin Alejandro Lalinde Echeverry, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, de un lado, orden\u00f3 la cancelaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n de la enajenaci\u00f3n realizada por los entonces propietarios del predio de que se trata al se\u00f1or Jairo Rojas Vargas, contenida en escritura p\u00fablica No. 790 del 30 de junio de1992 de la Notar\u00eda Primera de Pasto; de otro, se abstuvo de decretar medida de aseguramiento en contra del precitado demandado; y, finalmente, recomend\u00f3 el ejercicio de la correspondiente acci\u00f3n civil, a fin de obtener la reivindicaci\u00f3n del terreno en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
2.4. Como consecuencia del fallecimiento del se\u00f1or Mario Ord\u00f3\u00f1ez Fajardo, sus derechos en el bien se adjudicaron a Mauricio Rafael Ord\u00f3\u00f1ez Quiroga y Mar\u00eda Marlene Ord\u00f3\u00f1ez Leyton. <\/p>\n
2.5. Por solicitud de uno de los propietarios, se decret\u00f3 la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n para el cobro del impuesto predial sobre el predio, desde 1995 hasta el 2000, y a partir de entonces, los actores han atendido esa obligaci\u00f3n. <\/p>\n
2.6. El demandado Franklin Alejandro Lalinde Echeverry ocupa ilegalmente con su familia el inmueble materia de la acci\u00f3n y lo explota como parqueadero, siendo el administrador del mismo el se\u00f1or \u00c9dgar Mu\u00f1oz. Otra parte del mismo, est\u00e1 en poder de \u201cla firma ORZULESCO OCAMPO TAPICERIA\u201d. <\/p>\n
2.7. En virtud de lo anterior, los accionantes se encuentran privados de la posesi\u00f3n del bien, por cuanto la misma, \u201caparentemente regular[,] pero de mala fe\u201d, la tienen los convocados. <\/p>\n
3. Previa inadmisi\u00f3n, el Juzgado Catorce Civil del Circuito de Cali, al que por reparto le correspondi\u00f3 el conocimiento del asunto, mediante auto del 29 de noviembre de 2007, le dio a la demanda el impulso procesal respectivo (fls. 76 y 77, cd. 1). <\/p>\n
4. Intentada la notificaci\u00f3n del referido prove\u00eddo por aviso, el se\u00f1or Hugo Bayardo Lalinde Echeverry, por escrito, inform\u00f3 el fallecimiento del se\u00f1or Franklin Alejandro Lalinde Echeverry, con aportaci\u00f3n del correspondiente registro civil de defunci\u00f3n (fls. 96 y 97, cd. 1). <\/p>\n
A su turno, el se\u00f1or \u00c9dgar Mu\u00f1oz manifest\u00f3 que \u201cfui trabajador del se\u00f1or HUGO BAYARDO LALINDE ECHEVERRY (\u2026), en un parqueadero privado, que funciona en la carrera 19 No. 13-01, donde me desempe\u00f1aba como ayudante, trabaj[\u00e9] por espacio de un a\u00f1o y me retir\u00e9 en el mes de febrero de este a\u00f1o (2008)\u201d (fl. 98, cd. 1). <\/p>\n
Por su parte, el se\u00f1or Orzulesco Ocampo Puerto expres\u00f3 que \u201csoy inquilino de un local ubicado en la carrera 19 No. 13-07, cuya posesi\u00f3n[,] como tal, la recib\u00ed de manos del se\u00f1or HUGO BAYARDO LALINDE ECHEVERRY (\u2026), el d\u00eda 10 de abril de 2006, tal como lo demuestro con la correspondiente copia aut\u00e9ntica del contrato de arrendamiento que le acompa\u00f1o\u201d (fls. 100 a 103, cd. 1). <\/p>\n
5. La citada oficina judicial, luego de tener en cuenta los escritos precedentemente relacionados y otro presentado por una de las accionantes, mediante providencia del 13 de febrero de 2009, declar\u00f3 la nulidad de todo lo actuado a partir del auto admisorio incluido, y opt\u00f3 por inadmitir la demanda, a efecto de que se \u201cadec[\u00fa]e\u201d la misma, \u201cconforme lo prescribe el art\u00edculo 81 del C.P.C., dirigi\u00e9ndola en legal forma, so pena de ser rechazada\u201d (fls. 117 a 120, cd. 1). <\/p>\n
6. En acatamiento de esa orden, la apoderada judicial de los actores, con aportaci\u00f3n de nuevo poder, dirigi\u00f3 la acci\u00f3n en contra \u201cde los se\u00f1ores \u00c9DGAR MU\u00d1OZ Y ORZULESCO OCAMPO PUERTO, ambos mayores y vecinos de Cali, con lugar para recibir notificaciones en las direcciones que se indican en el libelo inicial, al igual contra LOS HEREDEROS INDETERMINADOS DEL SE\u00d1OR FRANKLIN ALEJANDRO LALINDE ECHEVERRY, en virtud a que como lo manifiestan mis representados, bajo la gravedad del juramento, en el poder que se anexa, se desconoce la existencia de herederos determinados del causante (\u2026), cuyos nombres se ignoran, al igual si se ha iniciado proceso de sucesi\u00f3n. Pido por tanto se ordene el emplazamiento de ley\u201d (fls. 121 y 122, cd. 1). <\/p>\n
7. As\u00ed las cosas, con auto del 17 de febrero de 2009, se admiti\u00f3 la demanda, teniendo como demandados a las personas atr\u00e1s precisadas y disponiendo el emplazamiento de los herederos indeterminados convocados, en la forma del art\u00edculo 318 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil (fls. 161 y 162, cd. 1). <\/p>\n
8. El se\u00f1or Orzulesco Ocampo Puerto recibi\u00f3 notificaci\u00f3n personal del precitado prove\u00eddo en diligencia verificada el 6 de agosto de 2009 (fl. 171 vuelto) y, por intermedio de apoderado, dio contestaci\u00f3n a la demanda oponi\u00e9ndose a sus pretensiones y pronunci\u00e1ndose de distinta manera sobre los hechos aducidos en la misma (fls. 178 y 179, cd. 1). <\/p>\n
9. Surtido el emplazamiento de los herederos indeterminados del se\u00f1or Franklin Alejandro Lalinde Echeverry y habi\u00e9ndose designado curadora ad litem para que los representara, dicha auxiliar de la justicia, previo enteramiento personal del prove\u00eddo admisorio (fl. 174 vuelto), replic\u00f3 el libelo introductorio, se\u00f1alando atenerse a lo que resulte probado en el proceso (fls. 193 a 196, cd. 1). <\/p>\n
10. Con auto del 18 de noviembre de 2009, entre otras determinaciones, se tuvo al demandado \u00c9dgar Mu\u00f1oz como notificado del auto admisorio por aviso, conforme las comunicaciones que al efecto se libraron y entregaron (fl. 197, cd. 1). <\/p>\n
11. Luego de diversas actuaciones, el precitado accionado, por intermedio de apoderada judicial, solicit\u00f3 la nulidad del proceso a partir del auto con el que, al inicio, se acept\u00f3 a tr\u00e1mite el escrito introductorio, fincado en el numeral 9\u00ba del art\u00edculo 140 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. El Juzgado del conocimiento, el 10 de noviembre de 2010, acogi\u00f3 dicha solicitud, pero a partir de la convocatoria que se hizo a las partes y sus apoderados para la audiencia prevista en el art\u00edculo 101 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pronunciamiento que data del 18 de noviembre de 2009, y orden\u00f3 la citaci\u00f3n del se\u00f1or Hugo Bayardo Lalinde Echeverry para los efectos del art\u00edculo 56 de la misma obra. <\/p>\n
Recurrido en apelaci\u00f3n dicho prove\u00eddo, el Tribunal Superior de Cali, Sala Civil, mediante providencia del 23 de enero de 2012, lo revoc\u00f3, habida cuenta que el peticionario de la nulidad no estaba legitimado para reclamarla (fls. 9 a 11 vuelto, cd. 2). <\/p>\n
12. Con apoyo en la providencia de segunda instancia precedentemente relacionada, mediante auto del 27 de agosto de 2012, el juzgado del conocimiento dispuso la vinculaci\u00f3n al proceso en debida forma del se\u00f1or Hugo Bayardo Lalinde Echeverry, de conformidad con el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 59 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil en armon\u00eda con el 56 de la misma obra. <\/p>\n
En acatamiento de lo anterior, se notific\u00f3 personalmente a dicho interviniente tanto el auto admisorio de la demanda, como el prove\u00eddo anteriormente especificado, lo que tuvo lugar el 27 de septiembre de 2013, seg\u00fan consta en el acta militante en el folio 355 del cuaderno No. 1. <\/p>\n
13. En tiempo, el citado ejecut\u00f3 las siguientes actuaciones: <\/p>\n
13.1. Contest\u00f3 el libelo introductorio, en desarrollo de lo cual se refiri\u00f3 a los hechos en \u00e9l esgrimidos, se opuso al acogimiento de sus pretensiones y formul\u00f3 la excepci\u00f3n meritoria que denomin\u00f3 \u201cPRESCRIPCI\u00d3N DE LA ACCI\u00d3N REIVINDICATORIA\u201d (fls. 355 bis a 366, cd. 1). <\/p>\n
13.2. Por aparte, formul\u00f3 demanda de reconvenci\u00f3n (fls. 1 a 10, cd. 3), en la que solicit\u00f3 declarar que ha adquirido el dominio del bien disputado, por prescripci\u00f3n extraordinaria; ordenar la inscripci\u00f3n del fallo respectivo; y condenar en costas a sus demandados. <\/p>\n
En sustento de dichas s\u00faplicas, expuso ser el poseedor del inmueble en cuesti\u00f3n, desde hac\u00eda m\u00e1s de 14 a\u00f1os; haber realizado, en ese tiempo las mejoras que particulariz\u00f3; que sumada la ocupaci\u00f3n de quienes detentaron el bien con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o anteriormente a \u00e9l, se totaliza una posesi\u00f3n de 26 a\u00f1os; que solicit\u00f3 y obtuvo la correcci\u00f3n catastral del predio conforme a Resoluci\u00f3n No. 70 de 2001, la cual reprodujo en lo que estim\u00f3 pertinente; y que se acog\u00eda a la prescripci\u00f3n extraordinaria invocada, conforme a la modificaci\u00f3n que en relaci\u00f3n con ella previ\u00f3 la Ley 791 de 2002. <\/p>\n
14. Se provey\u00f3 sobre la admisi\u00f3n de la contrademanda en auto del 17 de marzo de 2014 (fls. 17 y 18, cd. 3), providencia que se notific\u00f3 por estado el 26 de marzo siguiente a los primigenios actores y accionados en reconvenci\u00f3n, los cuales guardaron silencio durante el t\u00e9rmino del traslado. <\/p>\n
15. Verificado el emplazamiento de las personas indeterminadas con inter\u00e9s en el inmueble objeto de la usucapi\u00f3n, se les design\u00f3 curador ad litem, a quien se le enter\u00f3 personalmente el auto arriba precisado en diligencia cumplida el 6 de junio de 2014 (fl. 39, cd. 3). <\/p>\n
16. El auxiliar de la justicia contest\u00f3 en tiempo la demanda, manifestado estarse a lo que se compruebe en el proceso (fls. 40 y 40 vuelto, cd. 3). <\/p>\n
17. Por descongesti\u00f3n, el proceso pas\u00f3 a conocimiento del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n de Cali y posteriormente del Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de esa misma cuidad, el cual, en audiencia del 21 de marzo de 2017 dict\u00f3 sentencia de primera instancia, en la que neg\u00f3 las pretensiones de la demanda reivindicatoria primigeniamente presentada; se abstuvo de pronunciarse sobre la contestaci\u00f3n de la misma y la reconvenci\u00f3n presentadas por el se\u00f1or Hugo Bayardo Lalinde Echeverry; y conden\u00f3 en costas a los actores iniciales (cd, fl. 536, cd. 1; y acta, fls. 537 y 537 vuelto, ib.). <\/p>\n
18. Apelado dicho prove\u00eddo por ambas partes, el Tribunal Superior de Cali, Sala Civil, antes de admitir los recursos, orden\u00f3 devolver el expediente al juzgado que lo profiri\u00f3 con el \u201cfin de que se pronuncie de fondo respecto de la demanda de reconvenci\u00f3n formulada por el demandado HUGO BAYARDO LALINDE ECHEVERRY\u201d (auto del 26 de mayo de 2017, fls. 5 y 6, cd. 8). <\/p>\n
19. En obedecimiento de lo anterior, el a quo, en audiencia del 27 de octubre de 2017, complement\u00f3 la sentencia que hab\u00eda dictado, y en desarrollo de ello, neg\u00f3 \u201cla demanda de reconvenci\u00f3n en pertenencia\u201d, decret\u00f3 el levantamiento de la inscripci\u00f3n de la misma y conden\u00f3 en costas a su proponente (acta, fl. 558, cd. 1; CD, fl. 559, ib.). <\/p>\n
20. Admitidas las alzadas que ambas partes propusieron contra el fallo de primera instancia, el ad quem, en audiencia surtida con base en el art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso, luego de escuchar las alegaciones de los extremos procesales y de m\u00faltiples suspensiones por solicitud conjunta de los intervinientes, en la continuaci\u00f3n que tuvo lugar el 14 de marzo de 2019, anunci\u00f3 el sentido de su fallo, indicando que habr\u00e1 de revocar el de primera instancia, para, en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda de reconvenci\u00f3n, y advirti\u00f3 que proferir\u00eda posteriormente por escrito dicho prove\u00eddo (acta, fls. 21 y 21 vuelto, cd. 9; CD., fl. 22 ib.), lo que en efecto hizo el 18 de marzo siguiente (fls. 25 a 44 vuelto, cd. 9). <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Luego de reconocer la satisfacci\u00f3n de los presupuestos procesales, la inexistencia de motivos de nulidad que pudieran ocasionar la invalidaci\u00f3n de lo actuado y la legitimidad de los intervinientes, el Tribunal abord\u00f3 primero el estudio de \u201cla demanda de reconvenci\u00f3n\u201d, y tras establecer los problemas jur\u00eddicos derivados de las apelaciones interpuestas por las partes, conforme a los reparos concretos que hicieron al pronunciamiento del a quo y la sustentaci\u00f3n que en segunda instancia efectuaron de los mismos, sent\u00f3 las premisas que a continuaci\u00f3n se sintetizan: <\/p>\n
1. Con invocaci\u00f3n de los art\u00edculos 2512 y 2531 del C\u00f3digo Civil, 41 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 791 de 2002, as\u00ed como con ayuda de la jurisprudencia, empez\u00f3 por referirse, en abstracto sobre la prescripci\u00f3n adquisitiva extraordinaria, en relaci\u00f3n con la cual destac\u00f3 que son sus elementos estructurales la posesi\u00f3n en el demandante por el t\u00e9rmino legal, que la misma haya sido p\u00fablica, ininterrumpida y pac\u00edfica y que la cosa sobre la que recaiga, sea susceptible de ganarse por usucapi\u00f3n. <\/p>\n
Debido a las modificaciones que a la prescripci\u00f3n aludida introdujo el \u00faltimo de los estatutos arriba mencionados, destac\u00f3 que, conforme al tercero de los preceptos citados, \u201ces el prescribiente, a su voluntad, quien escoge a cu[\u00e1]l r\u00e9gimen se acoge, valga decir, al contemplado en la norma cuando la prescripci\u00f3n se inici\u00f3 o bien al contemplado en la norma modificatoria, sin que puedan hacerse combinaciones\u201d, por ser excluyentes, y advirti\u00f3 que de optar por el \u00faltimo, \u201cla prescripci\u00f3n \u00fanicamente iniciar\u00e1 a contabilizarse a partir de la vigencia\u201d del nuevo ordenamiento jur\u00eddico, para el caso de la Ley 791 de 2002, \u201cdesde el d\u00eda 27 de [d]iciembre de 2002\u201d. <\/p>\n
Finalmente especific\u00f3 que \u201cla notificaci\u00f3n al demandado de un auto de admisi\u00f3n de una demanda id\u00f3nea para borrar todo el tiempo de posesi\u00f3n que se haya tenido sobre una cosa, configura la interrupci\u00f3n civil de la prescripci\u00f3n, siendo necesario que la demanda formulada contenga pretensiones recuperatorias del bien pose\u00eddo por el tercero; que sea presentada por el propietario que no est\u00e1 en posesi\u00f3n de la cosa, o por otro poseedor de mejor derecho que la ha perdido; que haya sido admitida; y, que su auto admisorio se haya notificado dentro de los t\u00e9rminos generales o los especiales que la ley se\u00f1ala al efecto\u201d. <\/p>\n
2. Con tales bases, el Tribunal concentr\u00f3 su atenci\u00f3n en el caso concreto sometido a su conocimiento y observ\u00f3 que el reconviniente, al apelar, insisti\u00f3 en la configuraci\u00f3n de la \u201cprescripci\u00f3n de diez (10) a\u00f1os que contempla la Ley 791 de 2002\u201d, sin recurrir a ning\u00fan acto posesorio anterior a la fecha en que empez\u00f3 a regir la misma, y que, por lo tanto, \u201cel punto medular de esta controversia se contrae a establecer si el prescribiente acredit\u00f3 haber ejercido la posesi\u00f3n sobre el bien por el t\u00e9rmino de diez (10) a\u00f1os contado a partir del 27 de diciembre de 2002 o, si por el contrario, la prescripci\u00f3n que alega logr\u00f3 ser interrumpida civilmente por los reivindicantes con la demanda que, si bien fue presentada el 10 de octubre de 2007, inicialmente se dirigi\u00f3 contra los se\u00f1ores FRANKLIN LALINDE ECHEVERRY, \u00c9DGAR MU\u00d1OZ y ORZULESCO OCAMPO, logr\u00e1ndose la vinculaci\u00f3n del se\u00f1or HUGO BAYARDO LALINDE ECHEVERRY tan s\u00f3lo tiempo despu\u00e9s\u201d. <\/p>\n
3. Con el prop\u00f3sito de despejar esos interrogantes, acot\u00f3 que en el proceso \u201cse presentaron situaciones particulares que impidieron la oportuna vinculaci\u00f3n del se\u00f1or HUGO BAYARDO LALINDE ECHEVERRY como verdadero poseedor del bien\u201d, entre las cuales, destac\u00f3: <\/p>\n
3.1. La demanda inicial se dirigi\u00f3 contra quienes no eran los poseedores del bien perseguido. <\/p>\n
3.2. Pese a que, en los escritos del 17 de junio de 2008, los primigenios demandados se\u00f1ores Mu\u00f1oz y Ocampo \u201cmanifestaron ser, respectivamente, trabajador y arrendatario\u201d de Hugo Bayardo Lalinde Echeverry, los reivindicantes no hicieron pronunciamiento alguno sobre el particular, y ante la informaci\u00f3n sobre el fallecimiento del se\u00f1or Franklin Lalinde Echeverry, persistieron en adelantar la acci\u00f3n contra los atr\u00e1s nombrados y los herederos indeterminados de este \u00faltimo. <\/p>\n
3.3. S\u00f3lo fue hasta el auto del 10 de noviembre de 2010, que el juzgado del conocimiento advirti\u00f3 la necesidad de citar como demandado al se\u00f1or Hugo Bayardo Lalinde Echeverry, sin que ello se hubiere concretado, como quiera que ese prove\u00eddo fue revocado en segunda instancia. <\/p>\n
3.4. No obstante las determinaciones adoptadas en los prove\u00eddos del 23 de enero y 28 de febrero de 2012, lo efectivamente acontecido fue que al prenombrado interviniente \u201cse tuvo por notificado del proceso el 27 de septiembre de 2013 cuando se surti\u00f3 su notificaci\u00f3n personal[,] toda vez que la decisi\u00f3n que al respecto tom\u00f3 la juez de instancia en el auto del 27 de agosto de 2012, (\u2026), se convirti\u00f3 en ley del proceso\u201d. <\/p>\n
3.5. Los reparos que los iniciales accionantes plantearon frente a esa \u00faltima determinaci\u00f3n, fueron rechazados \u201cpor tratarse, naturalmente, de aspectos ya debatidos y definidos en el tr\u00e1mite, cuando todo lo acontecido desde el a\u00f1o 2008 exig\u00eda precisamente de la parte actora una mayor diligencia para aclarar lo relacionado con la legitimaci\u00f3n en la causa de la parte demandada y lograr la vinculaci\u00f3n del verdadero poseedor\u201d. <\/p>\n
3.6. Al margen de la pr\u00e9dica de los promotores del litigio, sobre un \u201ccomportamiento desleal\u201d del poseedor y la realizaci\u00f3n por su parte de \u201cmaniobras (\u2026) para eludir la notificaci\u00f3n, lo cierto es que, m\u00e1s all\u00e1 de su dicho, se tiene que a lo largo del proceso se profirieron diversas decisiones que no fueron controvertidas a trav\u00e9s de los medios de impugnaci\u00f3n correspondientes y que por tanto cobraron firmeza, siendo del caso resaltar que, en verdad con los escritos presentados en los meses de junio de 2008 y agosto de 2010 no pod\u00eda entenderse que el se\u00f1or HUGO BAYARDO LALINDE ECHEVERRY quedaba formalmente vinculado al proceso, en tanto que lo manifestado por esta Corporaci\u00f3n en auto del 23 de enero de 2012\u201d al respecto, pudo obedecer a que, de las copias remitidas para la apelaci\u00f3n, no le fue factible establecer que el poder por \u00e9l allegado, correspond\u00eda a una \u201ccopia simple\u201d. <\/p>\n
3.7. De todas maneras, \u201clo decidido en auto del 27 de agosto de 2012 no fue recurrido por la parte actora, de modo que qued\u00f3 firme sin que \u00e9sta lo protestara a trav\u00e9s de los mecanismos pertinentes\u201d. <\/p>\n
3.8. En este orden de ideas, el Tribunal coligi\u00f3 que el sentenciador de primera instancia no pod\u00eda desconocer, como lo hizo en la sentencia que dict\u00f3, la situaci\u00f3n descrita, para sostener que \u201cla vinculaci\u00f3n del poseedor del bien del proceso se dio desde mucho tiempo antes\u201d, cuando la notificaci\u00f3n personal que se le hizo del auto admisorio y del prove\u00eddo en el que se orden\u00f3 su concurrencia al proceso, data del 27 de septiembre de 2013. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que \u201csustancialmente\u201d tampoco puede afirmarse que el se\u00f1or Hugo Bayardo Lalinde Echeverry \u201cse enter\u00f3 de la existencia del proceso con anterioridad a la fecha se\u00f1alada\u201d, pues no hay prueba suficiente de ello, debi\u00e9ndose tener en cuenta, por una parte, las actuaciones verificadas, y de otro, que est\u00e1 de por medio la garant\u00eda fundamental del debido proceso, en cuanto concierne con el derecho de defensa del nombrado. <\/p>\n
3.9. As\u00ed las cosas, el sentenciador de segunda instancia concluy\u00f3 en definitiva, que \u201c[p]artiendo entonces de esa situaci\u00f3n, no hay duda en cuanto a que la prescripci\u00f3n adquisitiva invocada por el se\u00f1or HUGO BAYARDO LALINDE ECHEVERRY no fue interrumpida civilmente\u201d, porque desde la notificaci\u00f3n del auto del 27 de agosto de 2012, en que se orden\u00f3 su vinculaci\u00f3n al proceso como demandado, realizada por anotaci\u00f3n en estado del 4 de septiembre de mismo a\u00f1o, la parte demandada contaba con un a\u00f1o para notificarlo, sin que lograra tal cometido debido a su \u201cfalta de actividad\u201d, toda vez que, como ya se registr\u00f3, el enteramiento personal del precitado poseedor s\u00f3lo se logr\u00f3 el 27 de septiembre de 2013, \u201ccuando ya estaba vencido el t\u00e9rmino contemplado en el art\u00edculo 90\u201d del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
4. Prosigui\u00f3 el Tribunal a establecer \u201csi el prescribiente logr\u00f3 demostrar los actos de posesi\u00f3n que invoca por el t\u00e9rmino de diez (10) a\u00f1os que contempla la Ley 791 de 2002\u201d, en procura de lo cual consign\u00f3 las apreciaciones que a continuaci\u00f3n se compendian: <\/p>\n
4.1. Relacion\u00f3 con detalle lo expuesto por los testigos Alirio Villota, Jos\u00e9 Gustavo L\u00f3pez Orozco, Aracely Casta\u00f1eda Monta\u00f1o, Luis Eduardo Rosero, Iv\u00e1n Adolfo Mart\u00ednez Espinosa y Luis Humberto Gonz\u00e1lez. <\/p>\n
Respecto de esos relatos, consider\u00f3 que \u201csi bien (\u2026) no dan cuenta con suficiente exactitud de los actos posesorios presuntamente ejercidos por los se\u00f1ores Fernando Lorza y Franklin Alejandro Lalinde Echeverry y hay ciertas contradicciones en cuanto a si los conocieron personalmente o no, s\u00ed son claros y coincidentes en informar sobre los actos de posesi\u00f3n realizados por el se\u00f1or HUGO BAYARDO LALINDE ECHEVERRY m\u00e1s o menos a partir del a\u00f1o 1999 (lo cual concuerda con el documento de fecha 15 de noviembre de 1999 por medio del cual aqu\u00e9l adquiri\u00f3 de su hermano Franklin Lalinde Echeverry los derechos de posesi\u00f3n sobre el predio y las mejoras que se detallaron para ese momento), describiendo las mejoras construidas en el predio consistentes en apartamentos y algunos locales comerciales e identificando al prescribiente como propietario del bien materia del litigio\u201d, versiones que, resalt\u00f3, \u201ccoincide[n] con lo que qued\u00f3 acreditado en los dem\u00e1s elementos de prueba arrimados al plenario\u201d. <\/p>\n
4.2. Puso de presente las inspecciones judiciales practicadas en el predio materia de la acci\u00f3n los d\u00edas 5 de agosto de 2010 y 28 de julio de 2015, as\u00ed como el contenido del dictamen pericial ordenado de oficio, del que destac\u00f3 la descripci\u00f3n que contiene de las construcciones existentes en el inmueble y el tiempo de vetustez de las mismas. <\/p>\n
4.3. Efectuado lo anterior, estim\u00f3 que de la apreciaci\u00f3n conjunta de las pruebas se infiere que el reconviniente \u201clogr\u00f3 demostrar los actos de posesi\u00f3n ejercidos sobre el bien por el t\u00e9rmino que exige la Ley 791 de 2002 con el \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o y en forma quieta, pac\u00edfica e ininterrumpida, si tenemos en cuenta que las pruebas ya referenciadas dan cuenta de su arribo al predio aproximadamente en el a\u00f1o 1999 y evidencian la evoluci\u00f3n que \u00e9ste ha tenido a lo largo de los a\u00f1os a instancias del se\u00f1or HUGO BAYARDO LALINDE ECHEVERRY con la construcci\u00f3n de las mejoras realizadas en \u00e9l; obras \u00e9stas que por el ingreso de personal y de materiales parece imposible que pudiera[n] hacerse de manera oculta como lo sugiri\u00f3 la parte actora inicial en la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo; prueba de lo anterior es que la misma parte reivindicante en escrito del 4 de marzo de 2013 inform\u00f3 sobre la existencia de esas construcciones, momento para el cual a\u00fan no se hab\u00eda surtido la notificaci\u00f3n del se\u00f1or Lalinde Echeverry\u201d. <\/p>\n
5. Al cierre, el ad quem concluy\u00f3 que estaban demostrados los presupuestos de la acci\u00f3n de pertenencia ejercitada en la reconvenci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual habr\u00e1 de acceder a la misma, lo que lo condujo, en la parte resolutiva, a declararlo as\u00ed, a negar las pretensiones de la demanda inicial, a ordenar la inscripci\u00f3n del fallo y a imponer las costas en ambas instancias a cargo de los primigenios reivindicantes. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Contiene dos cargos, ambos soportados en la causal segunda de casaci\u00f3n, que la Corte conjuntar\u00e1, como quiera que, seg\u00fan se ver\u00e1, el segundo comprende el primero y porque unas mismas razones guiar\u00e1n la resoluci\u00f3n de los mismos. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Como viene de decirse, con fundamento en el precitado motivo del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso se denunci\u00f3 la sentencia del Tribunal por ser indirectamente violatoria de los c\u00e1nones 762, 2518 y 2532 del C\u00f3digo Civil, \u201cacompasado con la Ley 791 de 2002\u201d, como consecuencia de error de hecho en la apreciaci\u00f3n de la prueba documental del proceso. <\/p>\n
En sustento de la acusaci\u00f3n, su proponente expuso: <\/p>\n
1. Luego de reproducir buena parte de las apreciaciones en las que el Tribunal sustent\u00f3 su fallo, le atribuy\u00f3 a \u00e9ste la preterici\u00f3n del escrito visible a folio 96 del cuaderno No. 1, en el que el se\u00f1or Hugo Bayardo Lalinde Echeverry, mucho antes de ser vinculado al proceso, inform\u00f3 del fallecimiento de su hermano Franklin Alejandro Lalinde Echeverry, presentado personalmente el 18 de junio de 2010, y con el cual aport\u00f3 el correspondiente registro civil de defunci\u00f3n de este \u00faltimo, memorial cuyo contenido reprodujo. <\/p>\n
2. Estim\u00f3 que con ese documento se acredit\u00f3 suficientemente que el se\u00f1or Hugo Bayardo Lalinde Echeverry, con anterioridad a septiembre de 2013, tuvo pleno conocimiento de la reivindicaci\u00f3n intentada, en contrav\u00eda de lo que equivocadamente consider\u00f3 el Tribunal, toda vez que en dicho escrito \u00e9l identific\u00f3 plenamente el proceso y expres\u00f3 haber recibido la notificaci\u00f3n remitida a su hermano fallecido, la cual estaba acompa\u00f1ada de copia de la demanda y del auto admisorio de la misma. <\/p>\n
3. Puntualiz\u00f3 que pese a ser ello as\u00ed, el se\u00f1or Hugo Bayardo Lalinde Echeverry no hizo ning\u00fan pronunciamiento \u201cpara que se le vinculara al proceso\u201d y \u201chacer valer su supuesto derecho de posesi\u00f3n sobre el bien\u201d, de lo que infiri\u00f3 que \u00e9ste, por lo tanto, para el 18 de junio de 2008, \u201cno detentaba la posesi\u00f3n del bien, o por lo menos no ten\u00eda el ANIMUS sobre el mismo, pues nada hizo para defender su derecho, evidentemente reclamado por los propietarios (\u2026)\u201d. <\/p>\n
4. En refuerzo de lo anterior, el impugnante puso de presente que el nombrado mantuvo esa misma actitud en el lapso comprendido entre la indicada fecha y el 18 de agosto de 2010, cuando \u201ccambi\u00f3 su discurso y le inform\u00f3 al despacho que quer\u00eda intervenir en el proceso en su condici\u00f3n de poseedor del inmueble\u201d, tiempo en el que se practic\u00f3 la inspecci\u00f3n judicial que data del 5 de agosto de 2010, a la que no se present\u00f3; se dej\u00f3 la constancia secretarial que milita en el folio 226, sobre su presencia en las afueras del juzgado; alleg\u00f3 el poder que obra en el folio 232 del mismo cuaderno; y su apoderado solicit\u00f3 la expedici\u00f3n de copias parciales del expediente. <\/p>\n
Se pregunt\u00f3 si Lalinde Echeverry era el poseedor del predio materia del proceso y respondi\u00f3 que esa duda debi\u00f3 absolverse negativamente, porque \u201ctodas las pruebas inequ\u00edvocamente demostraban que a \u00e9l no le asist\u00eda ning\u00fan inter\u00e9s en el inmueble y menos en su condici\u00f3n de poseedor\u201d, pues en el per\u00edodo de tiempo atr\u00e1s especificado, \u201cjam\u00e1s despleg\u00f3 una actividad propia para defender su derecho de posesi\u00f3n evidentemente discutido por los propietarios leg\u00edtimos\u201d del terreno. <\/p>\n
5. Tras reiterar que el ad quem tuvo por probada la posesi\u00f3n del prescribiente desde el a\u00f1o 2002, no obstante que \u201cla evidencia probatoria pretermitida sin justificaci\u00f3n (\u2026), dej[\u00f3] ver que el se\u00f1or HUGO BAYARDO LALINDE ECHEVERRI[,] para el d\u00eda 18 de junio de 2008, no ten\u00eda el animus de se\u00f1or y due\u00f1o sobre el bien, y solo en el escrito que vino a radicar el d\u00eda 18 de agosto de 2012[,] de su pu\u00f1o y letra, otorg\u00e1ndole poder a un abogado, se present\u00f3 como poseedor del inmueble\u201d; y observar, de manera general, que \u201clas pruebas testimoniales que adujo el tribunal como soporte del hecho posesorio por parte del demandante en reivindicaci\u00f3n (sic) son inconsistentes, contradictorias y tergiversadas\u201d, se refiri\u00f3 al car\u00e1cter manifiesto del yerro denunciado y a su importancia, por cuanto \u201cincidi\u00f3 trascedentemente en la parte resolutiva del fallo de segunda instancia, pues fue uno de los problemas jur\u00eddicos que se plante\u00f3 en su momento el Ad Quem y que mostr\u00f3 en su decisi\u00f3n como un pilar fundamental de la misma\u201d. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Con respaldo en la misma causal invocada en la acusaci\u00f3n anterior, se enrostr\u00f3 a la sentencia confutada ser indirectamente violatoria de los art\u00edculos 2512, 2518, 2522, 2528, 2529 y 2532 del C\u00f3digo Civil \u201cconexamente [con] la ley 791 de 2002\u201d, como consecuencia de los errores de hecho en que incurri\u00f3 el Tribunal al apreciar las piezas procesales m\u00e1s adelante relacionadas, como quiera que ellas acreditan \u201cla interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n por los titulares del derecho de dominio del bien[,] antes de que se cumpliera el t\u00e9rmino legal para que el poseedor tuviere derecho a adquirir por prescripci\u00f3n\u201d el mismo. <\/p>\n
La censura tuvo el siguiente desenvolvimiento: <\/p>\n
1. Previa transcripci\u00f3n de algunas de las consideraciones del fallo de segunda instancia, el recurrente endilg\u00f3 al Tribunal la \u201cTERGIVERSACI\u00d3N\u201d de los siguientes elementos de juicio, cuyo contenido transcribi\u00f3: <\/p>\n
1.1. El escrito radicado el 17 de junio por el se\u00f1or Hugo Bayardo Lalinde Echeverry, relacionado en el cargo anterior, esto es, aquel en el que inform\u00f3 sobre el fallecimiento de su hermano Franklin Alejandro Lalinde Echeverry y aport\u00f3 su registro civil de defunci\u00f3n (fl. 96, cd. 1). <\/p>\n
1.2. La constancia secretarial que figura en el folio 226 del cuaderno No. 1, sobre la presencia, en las afueras del juzgado, del se\u00f1or Hugo Bayardo Lalinde Echeverry. <\/p>\n
1.3. El poder conferido por el precitado se\u00f1or a un abogado, para que en su nombre presentara demanda de intervenci\u00f3n ad excludendum (fl. 232, cd. 1). <\/p>\n
1.5. Auto del 1\u00ba de septiembre de 2010, en el que, entre otras determinaciones, se accedi\u00f3 al pedimento relacionado en el punto anterior (fl. 234, cd. 1). <\/p>\n
1.6. Memorial a trav\u00e9s del cual el profesional designado por el tantas veces nombrado interviniente, insisti\u00f3 en la solicitud de copias que hab\u00eda elevado y reclam\u00f3 una certificaci\u00f3n (fl. 235, cd. 1). <\/p>\n
1.7. Poder conferido por el primigenio demandado \u00c9dgar Mu\u00f1oz y escrito de objeci\u00f3n del dictamen pericial presentado por la apoderada designada por \u00e9ste (fls. 236 a 239, cd. 1). <\/p>\n
1.8. Escrito dirigido a Hugo Bayardo Lalinde Echeverry por Jaime Edmundo Mill\u00e1n Ballesteros, contentivo del \u201caval\u00fao comercial actual de [las] mejoras\u201d levantadas en el predio objeto de la controversia (fls. 240 a 252, cd. 1). <\/p>\n
1.9. Auto del 23 de enero de 2012, dictado por el Tribunal Superior de Cali, Sala Civil, mediante el cual revoc\u00f3 la nulidad declarada por el a quo en prove\u00eddo del 10 de noviembre de 2010 (fls. 9 a 11 vuelto, cd. 2). <\/p>\n
1.10. Auto del 28 de febrero de 2012 (fl. 286, cd. 1); apelaci\u00f3n contra el mismo (fls. 287 a 289, ib,); y memorial en el que el apoderado de Lalinde Echeverry ratific\u00f3 algunas de las solicitudes elevadas en escrito precedente (fl. 291, ib.). <\/p>\n
1.11. Auto del 30 de mayo de 2012 (fls. 295 y 296, cd. 1). <\/p>\n
1.12. Escrito en el que el apoderado del primigenio demandado Orzulesco Ocampo sustituy\u00f3 a otro profesional el poder que \u00e9ste le hab\u00eda conferido (fl. 297, cd. 1); memorial presentado por el sustituto, en el que elev\u00f3 una serie de solicitudes, a decir del impugnante, en inter\u00e9s de Hugo Bayardo Lalinde Echeverry (fls. 300 a 303, ib.); y auto del 27 de agosto de 2012, mediante el cual, entre otras determinaciones, se dej\u00f3 sin efectos la providencia del 28 de febrero de 2012 y se orden\u00f3 la vinculaci\u00f3n, como demandado, de Hugo Bayardo Lalinde Echeverry, en legal forma (fls. 304 a 310, cd. 1). <\/p>\n
2. A continuaci\u00f3n, el censor se refiri\u00f3 por separado respecto de cada una de las piezas procesales indicadas y destac\u00f3, en relaci\u00f3n con cada una, que acredita el conocimiento por parte del demandante en reconvenci\u00f3n de la acci\u00f3n recuperatoria con la que se apertur\u00f3 esta controversia, desde mucho antes a cuando fue notificado personalmente tanto del auto en el que se orden\u00f3 su vinculaci\u00f3n, fechado el 27 de agosto de 2012, como del prove\u00eddo admisorio, raz\u00f3n por la cual critic\u00f3 al ad quem por haber sostenido que aqu\u00e9l \u201c[n]o sup[o] del proceso reivindicatorio sobre el bien de su supuesta posesi\u00f3n\u201d, pues desde su primera participaci\u00f3n, se refiri\u00f3 al litigio con detalle; condujo al juzgado a los testigos que declararon; dio poder con el prop\u00f3sito de actuar como interventor ad excludendum; solicit\u00f3 y obtuvo copias y una certificaci\u00f3n, por intermedio de su apoderado; fue ayudado veladamente por los primigenios accionados; se tuvo como vinculado a la litis por el Tribunal, en el auto del 23 de enero de 2012, lo que dio lugar a las determinaciones adoptadas en el prove\u00eddo del 28 de febrero siguiente; y dilat\u00f3 el proceso. <\/p>\n
3. Adelante precis\u00f3 que el cargo \u201cse funda y relaciona con el asunto puntal de la prueba de la interrupci\u00f3n civil de la prescripci\u00f3n que, en efecto, fue evidente se materializ\u00f3 como lo probamos con el ataque aqu\u00ed planteado\u201d; que la duraci\u00f3n del proceso en primera instancia por un lapso cercano a los diez a\u00f1os, obedeci\u00f3 a que el demandante en reconvenci\u00f3n \u201cutiliz\u00f3 en su gran mayor\u00eda (\u2026) acciones dilatorias, temerarias directas y a trav\u00e9s de terceras personas, para completar en su sentir los diez a\u00f1os que requer\u00eda para acreditar la posesi\u00f3n, que en \u00faltimas termin\u00f3 por reconocer la sentencia de segunda instancia atacada\u201d; y que \u201c[a] falta de una fecha puntual en la que oper\u00f3 la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n\u201d, las \u201cpruebas tergiversadas\u201d por el Tribunal dejan abierta la posibilidad a la Corte de escoger una de las cuatro siguientes, seg\u00fan \u201cla interpretaci\u00f3n de cada prueba en particular o de un grupo de ellas que realice esta honorable Corporaci\u00f3n\u201d, as\u00ed 18 de junio de 2008, 18 de agosto de 2010, 23 de enero de 2012 y\/o 28 de febrero de 2012. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, que como causal de casaci\u00f3n hoy contempla el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, acaece seg\u00fan lo previene esa misma disposici\u00f3n, \u201ccomo consecuencia de error de derecho derivado del desconocimiento de una norma probatoria, o por error de hecho manifiesto y trascedente en la apreciaci\u00f3n de la demanda, de su contestaci\u00f3n, o de una determinada prueba\u201d (se subraya). <\/p>\n
Es ostensible, entonces, que el desacierto jur\u00eddico en la apreciaci\u00f3n f\u00e1ctica y\/o en la aplicaci\u00f3n de los preceptos de disciplina probatoria que pueden cometer los sentenciadores de instancia, necesariamente tiene que recaer en alguno o algunos de los elementos de juicio precisados en la norma, esto es, se reitera, la demanda, su contestaci\u00f3n y\/o las pruebas del proceso. Excepcionalmente podr\u00eda ocurrir tambi\u00e9n en otro acto procesal o actuaciones de las partes que directa o indirectamente puedan tomarse como pruebas. <\/p>\n
Indispensable es subrayar, por lo tanto, que por norma general, ninguno de los restantes elementos que conforman los procesos judiciales, dan lugar a la configuraci\u00f3n de un yerro probatorio en casaci\u00f3n. <\/p>\n
De suyo, entonces, que salvo que se encuentre esa conexi\u00f3n, las otras actuaciones de las partes y\/o sus apoderados, o de los jueces de instancia, como podr\u00edan ser los poderes que aqu\u00e9llas otorgan a los segundos; o los escritos que \u00e9stos presenten con el prop\u00f3sito de impulsar los juicios, o de proponer incidentes o nulidades, o de formular recursos, o de descorrer intervenciones como esas de su contrario, o de plantear alegaciones finales; ni los autos con los que se desaten esas manifestaciones o se agoten las etapas propias de las controversias; ni las notificaciones de los mismos, sirven a la estructuraci\u00f3n de los yerros que, como acaba de indicarse, en el plano casacional, se erigen en la v\u00eda para el quebranto indirecto de la ley sustancial. <\/p>\n
2. Ahora bien, no se trata de que los funcionarios judiciales no se equivoquen al gestionar los asuntos sometidos a su composici\u00f3n, pero esos descarr\u00edos, por regla general, deben corregirse al interior de los litigios mismos, a trav\u00e9s de las nulidades procesales, si son constitutivos de una de las causales consagradas en el art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, o de los recursos ordinarios y dem\u00e1s mecanismos previstos en la ley, en los restantes casos, como se desprende del par\u00e1grafo de ese precepto, al disponer que \u201c[l]as dem\u00e1s irregularidades del proceso se tendr\u00e1 por subsanadas si no se impugnan oportunamente por los mecanismos que este C\u00f3digo establece\u201d. <\/p>\n
3. Al respecto, indispensable es memorar que: <\/p>\n
Muchos son los elementos que integran los procesos civiles, entre otros, la demanda; su contestaci\u00f3n; las pruebas; los memoriales que a lo largo de la controversia presenten las partes y\/o los terceros intervinientes, directamente, si la ley los autoriza para actuar en causa propia, o por intermedio de los apoderados judiciales que los representen, en los dem\u00e1s supuestos; los alegatos de conclusi\u00f3n; los autos con los que el juzgado del conocimiento resuelve las distintas peticiones que se le formulan o impulsa el litigio; las sentencias que los desatan, tanto en primera como en segunda instancia; y las notificaciones de esas providencias. <\/p>\n
Sin desconocer la importancia que cada uno de esos actos tiene, el legislador, al estructurar como causal de casaci\u00f3n la violaci\u00f3n de la ley sustancial derivada de la comisi\u00f3n de errores de hecho, circunscribi\u00f3 la ocurrencia este espec\u00edfico defecto a la indebida apreciaci\u00f3n \u2018de la demanda o de su contestaci\u00f3n, o de determinada prueba\u2019, seg\u00fan el expreso mandato de la primera parte del inciso final del numeral 3\u00ba del art\u00edculo 374 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
Significa lo anterior que, en el \u00e1mbito del referido recurso extraordinario, no cualquier desatino en el examen del proceso, da lugar a la configuraci\u00f3n de yerro f\u00e1ctico que sirve a la v\u00eda indirecta (\u2026). Solamente, la equivocada ponderaci\u00f3n, se reitera, del libelo introductorio, o del escrito a trav\u00e9s del cual se replic\u00f3 el mismo, o de una prueba determinada, habilitan la ocurrencia de dicho defecto. <\/p>\n
Y no se trata de que los sentenciadores de instancia no puedan incurrir en fallas al auscultar el litigio en aspectos distintos a los atr\u00e1s se\u00f1alados, ni que ellas carezcan de importancia en la decisi\u00f3n con la que ultiman los conflictos sometidos a su conocimiento, sino que esas anomal\u00edas, seg\u00fan sus particularidades y la incidencia que tengan en la soluci\u00f3n adoptada, deben alegarse a la luz de los otros caminos que viabilizan dicha forma de impugnaci\u00f3n, especialmente, de los motivos segundo y quinto del ya mencionado art\u00edculo 368, en tanto que estos son los \u00fanicos errores de linaje procedimental que permiten la formulaci\u00f3n del recurso de que se habla (CSJ, SC 18555 del 16 de diciembre de 2016, Rad. n.\u00b0 2005-00757-01; se subraya). <\/p>\n
Con tal base la Corte, en ese proceso, neg\u00f3 un cargo por violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, habida cuenta que los errores de hecho denunciados consistieron en la indebida ponderaci\u00f3n de los actos de notificaci\u00f3n a la parte demandada del auto admisorio del libelo introductorio y de las determinaciones que sobre el particular se adoptaron. Sobre el punto, observ\u00f3 la Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
(\u2026) En el cargo que se examina, el recurrente denunci\u00f3, en primer lugar, la falta de apreciaci\u00f3n por parte del Tribunal de las notificaciones que se hicieron del auto admisorio de la demanda a los demandados en nombre de quienes se propuso la acusaci\u00f3n, as\u00ed como de los autos dictados por el juzgado del conocimiento, relacionados con ese aspecto del proceso; y, en segundo t\u00e9rmino, que dicha autoridad, aparejadamente, supuso que el enteramiento de ese prove\u00eddo, se realiz\u00f3 en forma distinta a como en verdad aconteci\u00f3. <\/p>\n
Es ostensible, entonces, que la indebida ponderaci\u00f3n reprochada al sentenciador de segunda instancia, el casacionista la cifr\u00f3 en los actos de notificaci\u00f3n del prove\u00eddo de apertura del litigio a los recurrentes, ya sea porque pretiri\u00f3 los que efectivamente se realizaron, ora porque invent\u00f3 unos distintos de ellos, que fueron los que hizo valer. <\/p>\n
(\u2026) Siendo ello as\u00ed, forzoso es colegir el fracaso de la acusaci\u00f3n, en tanto que el blanco de ataque de la misma no corresponde a la ponderaci\u00f3n que el Tribunal hizo de la demanda, de su contestaci\u00f3n y\/o de las pruebas recaudadas, \u00fanicas piezas del proceso en torno de las cuales puede configurarse el error de hecho previsto para el recurso extraordinario de casaci\u00f3n (ib\u00eddem). <\/p>\n
4. En los cargos que ocupan ahora la atenci\u00f3n de la Sala su proponente, en el primero, denunci\u00f3 la preterici\u00f3n del escrito mediante el cual el se\u00f1or Hugo Bayardo Lalinde Echeverry, antes de ser vinculado al proceso como demandado, inform\u00f3 del fallecimiento de su hermano Franklin Alejandro Lalinde Echeverry, quien figuraba para entonces como uno de los accionados. <\/p>\n
A su turno, en la segunda acusaci\u00f3n le reproch\u00f3 al Tribunal la tergiversaci\u00f3n de ese mismo escrito, de una constancia secretarial sobre la presencia en las afueras del juzgado del precitado se\u00f1or Hugo Bayardo Lalinde Echeverry, del poder que \u00e9ste confiri\u00f3 a un profesional del derecho para que lo representara, de los memoriales en los que dicho apoderado solicit\u00f3 copias y una certificaci\u00f3n, del auto con el que se accedi\u00f3 a esos pedimentos, del poder otorgado por otro de los primigenios demandados, de los autos de 23 de enero, 28 de febrero y 30 de mayo de 2012, del escrito de sustituci\u00f3n que present\u00f3 el apoderado del restante accionado inicial, de las peticiones que el sustituto elev\u00f3 y del auto del 27 de agosto del a\u00f1o en cita. <\/p>\n
Con la cesura inicial, el recurrente pretendi\u00f3 desvirtuar la posesi\u00f3n del inmueble materia del litigio por parte del se\u00f1or Hugo Bayardo Lalinde Echeverry, entre junio de 2008 y agosto de 2010; con el segundo ataque, busc\u00f3 acreditar la interrupci\u00f3n civil de la prescripci\u00f3n adquisitiva alegada por el citado demandante en reconvenci\u00f3n. <\/p>\n
Estando cifradas las dos acusaciones en la falta y\/o indebida apreciaci\u00f3n de las piezas procesales relacionadas, cuando ninguna corresponde a la demanda, la contestaci\u00f3n de la misma o a una de las pruebas solicitadas, decretadas y practicadas en el curso del proceso, es ostensible su fracaso por la notoria deficiencia de su proposici\u00f3n, al tener como blanco de ataque actuaciones no autorizadas para la configuraci\u00f3n de los errores de hecho aducidos. <\/p>\n
5. Adicionalmente a lo expuesto, vistos los cargos desde otra perspectiva, se colige igualmente su naufragio, por las razones que brevemente pasan a exponerse: <\/p>\n
5.1. El Tribunal, soportado en los testimonios de Alirio Villota, Jos\u00e9 Gustavo L\u00f3pez Orozco, Aracely Casta\u00f1eda Monta\u00f1o, Luis Eduardo Rosero, Iv\u00e1n Adolfo Mart\u00ednez Espinosa y Luis Humberto Gonz\u00e1lez; en las inspecciones judiciales practicadas al inmueble de la litis los d\u00edas 5 de agosto de 2010 y 28 de julio de 2015; y en el dictamen pericial decretado de oficio, coligi\u00f3, en s\u00edntesis, la demostraci\u00f3n de la posesi\u00f3n alegada por el se\u00f1or Hugo Bayardo Lalinde Echeverry en la reconvenci\u00f3n, como quiera que hall\u00f3 acreditado que \u00e9l lleg\u00f3 al predio en el a\u00f1o 1999, que desde entonces lo ha ocupado, que realiz\u00f3 las mejoras en \u00e9l existentes y que su detentaci\u00f3n del terreno ha sido quieta, pac\u00edfica, ininterrumpida y p\u00fablica. <\/p>\n
Sin combatir ninguna de esas apreciaciones, el recurrente, en el cargo primero, seg\u00fan ya se registr\u00f3, procur\u00f3 desvirtuar la referida posesi\u00f3n durante el lapso de tiempo comprendido entre 18 de junio de 2008 y el 18 de agosto de 2010, habida cuenta que en ese tiempo el nombrado prescribiente no realiz\u00f3 ninguna actuaci\u00f3n en el proceso, pese a conocer de su existencia desde la primera fecha anotada. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, de aceptarse, en gracia de discusi\u00f3n, que el nombrado se\u00f1or Lalinde Echeverry supo del diligenciamiento de este asunto litigioso y conoci\u00f3 su naturaleza reivindicatoria desde mediados del a\u00f1o 2010, esa sola circunstancia, la de no haber realizado gesti\u00f3n alguna al interior del mismo hasta la segunda calenda indicada, no tendr\u00eda la virtud de desvirtuar la posesi\u00f3n que el ad quem encontr\u00f3 comprobada con los medios de prueba atr\u00e1s relacionados, en tanto que no ostentar\u00eda la significaci\u00f3n que el recurrente le asign\u00f3, esto es, la de desvirtuar su \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o. <\/p>\n
El argumento del censor, luce pues como un planteamiento paralelo al del sentenciador de segunda instancia, que por consiguiente, no choca y mucho menos controvierte el del \u00faltimo, el cual, por consiguiente, se mantiene enhiesto y como consecuencia de ello, contin\u00faa brindando suficiente respaldo a las determinaciones adoptadas en el fallo combatido. <\/p>\n
5.2. En cuanto hace al cargo segundo, se avizora tambi\u00e9n que se trata de un ataque incompleto, en tanto que su autor soslay\u00f3 cuestionar las apreciaciones del Tribunal seg\u00fan las cuales, las dificultades que se presentaron para vincular como demandado al se\u00f1or Hugo Bayardo Lalinde Echeverry obedecieron en buena medida, a la falta de diligencia y cuidado de la parte actora, toda vez que: <\/p>\n
-Dirigi\u00f3 la demanda contra quienes no eran los verdaderos poseedores del inmueble objeto de la pretensi\u00f3n reivindicatoria. <\/p>\n
-Pese a las manifestaciones que en junio de 2008 hicieron los primigenios demandados se\u00f1ores \u00c9dgar Mu\u00f1oz y Orzulesco Ocampo, de haber sido trabajador y arrendatario del precitado se\u00f1or en el terreno objeto de la contienda, persistieron en adelantar la acci\u00f3n contra aqu\u00e9llos dos y los herederos indeterminados de Franklin Lalinde Echeverry. <\/p>\n
-Independientemente del devenir procesal, lo cierto fue que el auto del 27 de agosto de 2012, en el que se orden\u00f3, en definitiva, la vinculaci\u00f3n del citado Hugo Bayardo Lalinde Echeverry como demandado, adquiri\u00f3 ejecutoria. <\/p>\n
-Y, por \u00faltimo, que: <\/p>\n
Si la vinculaci\u00f3n del se\u00f1or Hugo Bayardo finalmente se orden\u00f3 en auto proferido el 27 de agosto de 2012 y notificado por estados el 4 de septiembre, podemos decir que a partir de este momento la parte actora contaba con el t\u00e9rmino de un (1) a\u00f1o para notificarlo de modo que la interrupci\u00f3n civil de la prescripci\u00f3n tuviera efectos, no desde la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda por cuanto \u00e9sta no fue formulada en su contra, sino desde el momento de su vinculaci\u00f3n, esto es, 27 de agosto de 20[1]2. <\/p>\n
Si la parte actora hubiere obrado de esa manera, esto es, si hubiera notificado a su demandado antes del 4 de septiembre de 2013, la prescripci\u00f3n adquisitiva alegada por el se\u00f1or HUGO BAYARDO LALINDE ECHEVERRY se entender\u00eda interrumpida civilmente a partir del 27 de agosto de 2012, esto es, antes de que la misma se consumara el 27 de diciembre de 2012, pero no lo hizo y aqu\u00e9l s\u00f3lo fue notificado personalmente el 27 de septiembre de 2013, los mencionados efectos s\u00f3lo se entienden a partir de ese acto de enteramiento, cuando ya era tarde para los reivindicantes. <\/p>\n
Siendo del caso resaltar, en este aspecto, la falta de actividad total por parte de los demandantes en orden a lograr la notificaci\u00f3n del se\u00f1or Hugo Bayardo, pues n\u00f3tese c\u00f3mo s\u00f3lo ante el requerimiento formulado por el despacho en auto del 29 de mayo de 2013 procedi\u00f3 a cancelar el respectivo arancel aun a pesar de que la elaboraci\u00f3n de la citaci\u00f3n del art\u00edculo 315 del CPC hab\u00eda sido ordenada desde el auto del 19 de febrero de ese mismo a\u00f1o; citaci\u00f3n que, vale decir, tan s\u00f3lo retir\u00f3 el d\u00eda 19 de septiembre de 2013, cuando ya estaba vencido el t\u00e9rmino contemplado en el art\u00edculo 90 ib\u00eddem. <\/p>\n
No fue entonces diligente la parte actora en notificar al poseedor de su vinculaci\u00f3n en este proceso, con lo cual fracas\u00f3 su intento por interrumpir civilmente la prescripci\u00f3n (se subraya). <\/p>\n
Ninguno de esos razonamientos del ad quem fue siquiera contemplado por el censor, constituyendo el fundamento en virtud del cual coligi\u00f3 que la interrupci\u00f3n civil de la prescripci\u00f3n aducida por el demandante en reconvenci\u00f3n no fue interrumpida, de lo que se sigue la incompletitud del cargo que se comenta, el cual, al no haberse ocupado de ellos, y sobre todo, al no haberlos destruido, mal puede abrirse paso. <\/p>\n
5.3. En relaci\u00f3n con las dos precedentes apreciaciones, se impone reiterar viejas ense\u00f1anzas de la Sala, que contin\u00faan vigentes a la luz de la exigencia de que los fundamentos de las acusaciones que se formulen en desarrollo del recurso extraordinario de que se trata, se expongan \u201cen forma clara, precisa y completa\u201d, contenida en el actual mandato del numeral 2\u00ba del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan las cuales \u201c[t]odos los cargos que se propongan en casaci\u00f3n, con respaldo en la primera de las causales que sirven a dicho recurso extraordinario\u201d, hoy en d\u00eda en los dos motivos iniciales del art\u00edculo 336 del precitado estatuto, \u201cdeben ser una cr\u00edtica sim\u00e9trica al fallo que controvierten, de modo que, con su formulaci\u00f3n, es necesario que resulten desvirtuados en su totalidad los genuinos fundamentos en los que ellos se respaldan\u201d, torn\u00e1ndose indispensable que exista cabal \u201ccorrespondencia entre los argumentos que sustenten, de un lado, la sentencia cuestionada y, de otro, las espec\u00edficas falencias que por la indicada v\u00eda se denuncien en desarrollo de la impugnaci\u00f3n extraordinaria de que se trata\u201d, exigencia que, por lo tanto, \u201cse desdobla en dos requisitos puntuales: en primer lugar, la completitud del cargo, que traduce la necesidad de que no se deje por fuera del ataque ninguno de los pilares esgrimidos por el juzgador de instancia; y, en segundo t\u00e9rmino, el adecuado enfoque de las censuras, esto es, que ellas versen sobre los verdaderos motivos que soporten el prove\u00eddo generador de la inconformidad, y no sobre unos que no tengan tal car\u00e1cter, surgidos de su inadecuada comprensi\u00f3n por parte del recurrente o de la inventiva de \u00e9ste\u201d (CSJ, SC 18563 del 16 de diciembre de 2016, Rad. n.\u00b0 2009-00438-01; se subraya). <\/p>\n
6. Corolario de todo lo expresado, es que ninguna de las acusaciones auscultadas est\u00e1 llamada a buen suceso. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 18 de marzo de 2019 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Civil, en el proceso que se dej\u00f3 plenamente identificado al comienzo de este prove\u00eddo. <\/p>\n
Costas en casaci\u00f3n a cargo de la parte recurrente. Como la r\u00e9plica de la demanda con la que se sustent\u00f3 la impugnaci\u00f3n extraordinaria presentada en nombre del se\u00f1or Hugo Bayardo Lalinde Echeverry no fue tenida en cuenta, habida cuenta la carencia de poder para ello por parte de quien la suscribi\u00f3 (auto del 16 de octubre de 2019; fl. 77 precedente), se se\u00f1ala la suma de $3.000.000.oo como agencias en derecho. EPor la Secretar\u00eda de la Sala, efect\u00faese la respectiva liquidaci\u00f3n en el momento procesal correspondiente. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese, c\u00famplase y, en oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Aclaraci\u00f3n de Voto <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-31-03-014-2007-00347-01 <\/p>\n
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte y aunque comparto en lo esencial la argumentaci\u00f3n de la providencia aprobada, comedidamente me permito efectuar las siguientes clarificaciones sobre algunos aspectos concretos enarbolados para rehusar la casaci\u00f3n pretendida. <\/p>\n
1. Alcance del error de hecho sobre actos procesales. <\/p>\n
1.1. El art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso establece que \u00ab[s]on causales del recurso extraordinario de casaci\u00f3n\u2026 2. La violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial\u2026 por error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la demanda, de su contestaci\u00f3n, o de una determinada prueba\u00bb (negrilla fuera de texto). <\/p>\n
Sobre este mandato, la Corporaci\u00f3n tiene dicho que \u00ab[s]e trata de una pifia en la percepci\u00f3n objetiva de los medios de convicci\u00f3n, que halla cabida cuando se da por probado un hecho que no lo est\u00e1, se ignora un medio suasorio relevante para el litigio o se tergiversa el contenido de uno de ellos\u00bb (SC2929, 14 jul. 2021, rad. n.\u00b0 2013-00120-01). <\/p>\n
1.2. Inicialmente el entonces C\u00f3digo Judicial, al establecer los motivos de procedencia de la casaci\u00f3n, acot\u00f3 el error de hecho a la \u00abapreciaci\u00f3n err\u00f3nea\u00bb o \u00abfalta de apreciaci\u00f3n de determinada prueba\u00bb (numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 520 de la ley 105 de 1931). <\/p>\n
De all\u00ed que la Corte, al desentra\u00f1ar el sentido de este precepto, estableciera como indispensable \u00abformular la acusaci\u00f3n por el aspecto de la apreciaci\u00f3n que el sentenciador hiciera de la prueba, en concreto, con el fin de que le sea dado a la Sala investigar si por obra de ese error incurri\u00f3 el fallo en violaci\u00f3n, por aplicaci\u00f3n indebida, de la disposici\u00f3n sustantiva que se cita\u00bb (SC, 28 ab. 1951). <\/p>\n
Sin embargo, la jurisprudencia extendi\u00f3 el campo de aplicaci\u00f3n del yerro con el fin de abarcar la demanda inaugural de la controversia como una de las fuentes que permiten la configuraci\u00f3n del dislate, bajo la consideraci\u00f3n de que el sentenciador tiene el deber de desentra\u00f1ar su contenido como parte de su labor jurisdiccional. <\/p>\n
De forma literal dijo: \u00abCorresponde al Juez interpretar el libelo de demanda, desentra\u00f1ando o el m\u00f3vil que le ha servido de gu\u00eda, hasta donde lo permitan la raz\u00f3n jur\u00eddica y la ley\u2026 En repetidos fallos ha dicho la Corte que la interpretaci\u00f3n de la demanda es una cuesti\u00f3n de hecho de la privativa competencia del juzgador, la cual no puede desconocerse en casaci\u00f3n, a menos que resulte demostrado un error evidente en ello (v. Gr. J., n, 1883, p\u00e1g. 484)\u00bb (SC, 22 jul. 1952). <\/p>\n
El C\u00f3digo de Procedimiento Civil hizo suya la anterior determinaci\u00f3n jurisprudencial, raz\u00f3n por la que al consagrar el dislate de hecho previ\u00f3 que adem\u00e1s era comprensivo de la \u00aberr\u00f3nea interpretaci\u00f3n de la demanda\u00bb (numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 368 -original-). <\/p>\n
Posibilidad que se ampli\u00f3 con el ordinal 183 del art\u00edculo 1\u00b0 del decreto 2282 de 1989, al prescribir que el \u00aberror de hecho manifiesto\u00bb puede hallarse \u00aben la apreciaci\u00f3n de la demanda [o] de su contestaci\u00f3n\u00bb. As\u00ed lo reconoci\u00f3 la jurisprudencia de la Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, frente al escrito de contestaci\u00f3n de la demanda inicial, puede el juez incurrir en error de hecho cuando altera su contenido objetivo, doctrina recogida por el legislador de 1989 al establecer que la causal primera de casaci\u00f3n se da, entre otros casos, cuando a la violaci\u00f3n del derecho sustancial se llega como consecuencia de un \u00aberror de hecho manifiesto en la apreciaci\u00f3n de la demanda o de su contestaci\u00f3n…\u00bb (art. 368, num. 1 in fine C.P.C., mod. Decreto 2282 de 1989)\u2026 (SC, 14 mar. 2020, exp. n.\u00b0 5249). <\/p>\n
Regla recogida, in integrum, en el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
1.3. De acuerdo con lo anterior, queda fuera de duda que el legislador estableci\u00f3 que el error facti iuris in judicando se configura, no s\u00f3lo por la pretermisi\u00f3n, suposici\u00f3n o tergiversaci\u00f3n de los instrumentos suasorios que integran la foliatura, sino tambi\u00e9n de la demanda o su contestaci\u00f3n. <\/p>\n
Tales instrumentos tendr\u00e1n la condici\u00f3n que resulte ing\u00e9nita a su naturaleza, con independencia del soporte que los contiene, pues como regla de principio no se exige de una forma determinada para que produzcan consecuencias jur\u00eddicas. <\/p>\n
As\u00ed, por ejemplo, una declaraci\u00f3n de parte o de terceros puede estar contenida en una grabaci\u00f3n de audio, audiovisual o cualquiera otra que ofrezca seguridad (numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 107), o en un acta judicial (art\u00edculo 107), o incluso estar incluida en un instrumento otorgado ante notario o alcalde (art\u00edculo 188), sin que por esta raz\u00f3n se transforme en un \u00abdocumento\u00bb (cfr. SC6996, 22 may. 2017, rad. n.\u00b0 2013-02961-00). <\/p>\n
Algo similar ocurren con la confesi\u00f3n, la cual puede emanar de la declaraci\u00f3n de parte (art\u00edculo 191) vertida en cualquiera de los medios antes enunciados, realizarse de forma escrita con la demanda o contestaci\u00f3n (art\u00edculo 193) u oralmente por el apoderado judicial en la audiencia inicial (idem); adem\u00e1s, puede efectuarse de forma espont\u00e1nea en cualquier momento y acto procesal (inciso 3\u00b0 del art\u00edculo 77). Bien indica la doctrina que \u00ab[l]a confesi\u00f3n judicial ocurrida\u00bb puede ser provocada \u00abpor interrogatorio o hecha espont\u00e1neamente en memorial o manifestaci\u00f3n oral en audiencia o diligencia\u00bb (negrilla fuera de texto)1. <\/p>\n
En materia de documentos tambi\u00e9n es dable que tengan multiplicidad de recept\u00e1culos, tales como \u00abescritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de datos, fotograf\u00edas, cintas cinematogr\u00e1ficas, discos, grabaciones magnetof\u00f3nicas, videograbaciones, radiograf\u00edas, talones, contrase\u00f1as, cupones, etiquetas, sellos\u00bb o equivalentes (art\u00edculo 243). Sin embargo, no sucede lo mismo en el otro sentido, por cuanto no todo escrito tiene la condici\u00f3n de documento, como lo ha dicho la Sala: <\/p>\n
Para que un escrito pueda ser calificado como \u2018documento\u2019 debe tenerse en cuenta que tal condici\u00f3n s\u00f3lo se atribuye a las manifestaciones consignadas de manera espont\u00e1nea y libre, con car\u00e1cter informativo o expositivo, haciendo constar situaciones concretas pero sin intereses probatorios, toda vez que cuando rebasan tal limite derivan en otros medios de convicci\u00f3n como lo es la pericia, la inspecci\u00f3n, la declaraci\u00f3n o la rendici\u00f3n de informes t\u00e9cnicos, los cuales, una vez practicados dentro de actuaciones judiciales o administrativas, quedan materializados, sin que pueda haber lugar a confusi\u00f3n en relaci\u00f3n con su naturaleza\u2026 En otras palabras, a pesar de que los dict\u00e1menes e informes rendidos por t\u00e9cnicos y\/o especialistas se hacen constar de manera impresa, gr\u00e1fica, visual o magn\u00e9tica, tal hecho no desvirt\u00faa su esencia ni les confiere una calidad netamente declarativa, toda vez que si su producci\u00f3n est\u00e1 encaminada a servir de apoyo en un tr\u00e1mite investigativo, se confunden con este y no pueden ser apreciados independientemente de la decisi\u00f3n producida, en la cual son objeto de valoraci\u00f3n (sentencia de 19 de diciembre de 2011, exp. 2009-00919) (SC, 5 dic. 2012, rad. n.\u00b0 2003-00164-01). <\/p>\n
1.3.2. En punto al error de hecho respecto a la demanda o la contestaci\u00f3n, el mismo se refiere a la hermen\u00e9utica que el juzgador dispens\u00f3 al \u00abacto de postulaci\u00f3n\u2026 por medio del cual el demandante ejercita, ante la autoridad jurisdiccional competente, el derecho sustancial de acci\u00f3n, y frente al demandado o convocado, la pretensi\u00f3n concreta\u00bb (SC2354, 16 jun. 2021, rad. n.\u00b0 2012-00280-02), o a la manifestaci\u00f3n \u00abde voluntad\u2026 del demandado\u00bb (SC, 13 sep. 1995, exp. n.\u00b0 4576). <\/p>\n
No se trata, entonces, de una equivocaci\u00f3n judicial respecto a los medios suasorios vertidos en los escritos de demanda o contestaci\u00f3n, sino frente al contenido mismo de los actos de postulaci\u00f3n y respuesta, con el fin de desentra\u00f1ar lo pretendido por el reclamante o las defensas esgrimidas por el opositor. <\/p>\n
Explicado de otra forma, el defecto f\u00e1ctico a que se refiere el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, no s\u00f3lo comprende la alteraci\u00f3n o desconocimiento de la confesi\u00f3n o declaraci\u00f3n de parte contenida en los escritos de \u00abdemanda\u00bb o \u00abcontestaci\u00f3n\u00bb, sino que tambi\u00e9n cobija el entendimiento dispensado judicialmente a los pedimentos, los hechos esgrimidos como soporte y las excepciones propuestas. <\/p>\n
Por ende, la menci\u00f3n efectuada por el legislador a los escritos introductorios del proceso, se hizo con la finalidad de incluir un eventual defecto f\u00e1ctico respecto a estos actos en s\u00ed mismo considerados, al margen de las cr\u00edticas que puedan formularse respecto a las pruebas contenidas en ellos. <\/p>\n
La Sala tiene dicho que: <\/p>\n
[S]i bien la interpretaci\u00f3n de la demanda es un imperativo legal, cuando en ella hay obscuridad, confusi\u00f3n o falta de claridad en su redacci\u00f3n; tal ejercicio hermen\u00e9utico no est\u00e1 exento de poder derivar en un eventual error de hecho, censurable en sede casaci\u00f3n, por la causal segunda del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En efecto, es posible que tal desatino f\u00e1ctico ocurra, si la apreciaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de la demanda que efect\u00faa el juzgador, termina \u2018tergiversando \u2013en forma evidente\u2013 el contenido y alcances de esa pieza procesal, alterando tambi\u00e9n la caracterizaci\u00f3n del conflicto, y su subsunci\u00f3n en las normas sustanciales pertinentes\u2019 CSJ SC3840-2020 (SC2354, 16 jun. 2021, rad. n.\u00b0 2012-00280-02). <\/p>\n
1.4. En el contexto discurrido refulge que, como acertadamente se asegur\u00f3 en la sentencia aprobada por la Sala, el error de hecho no puede recaer sobre piezas procesales diferentes a la demanda y contestaci\u00f3n, por la expresa enunciaci\u00f3n que se hace en el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 336; huelga decirlo, no podr\u00e1 criticarse en casaci\u00f3n una pifia por olvido, alteraci\u00f3n o suposici\u00f3n de una solicitud contenida en los memoriales radicados por los sujetos procesales, pues tales dislates deben resolverse por los mecanismos procesales dispuestos en el estatuto adjetivo. <\/p>\n
Sin embargo, la advertida conclusi\u00f3n no tiene cabida frente a los medios demostrativos contenidos en los escritos radicados por los sujetos procesales -atestaciones o confesiones-, pues frente a \u00e9stos se aplica la regla general que permite su cr\u00edtica en casaci\u00f3n sin limitaci\u00f3n alguna. <\/p>\n
Este entendimiento, de ninguna manera, supone extender el defecto facti in judicando a las actuaciones procesales; simplemente se diferencia entre el contenido y el continente, con el fin de remarcar que, frente a cualquier prueba y con independencia de la forma en que est\u00e9 vertida al proceso, puede achacarse una pifia f\u00e1ctica. <\/p>\n
1.5. En los t\u00e9rminos antes expuestos clarifico las razones por las cuales acompa\u00f1\u00e9 el proyecto aprobado por Sala. <\/p>\n
2. Liquidaci\u00f3n de costas procesales. <\/p>\n
2.1. En el ac\u00e1pite resolutivo del fallo frente al cual aclaro el voto, se impuso condena en costas \u00aba cargo de la parte recurrente\u00bb y se orden\u00f3 a la \u00abSecretar\u00eda de la Sala\u00bb que efect\u00fae \u00abla respectiva liquidaci\u00f3n en el momento procesal correspondiente\u00bb. <\/p>\n
2.2. El C\u00f3digo General del Proceso, dentro de los m\u00faltiples cambios que introdujo, consagr\u00f3 que la liquidaci\u00f3n de \u00abcostas y agencias en derecho\u00bb debe realizarse \u00abde manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o \u00fanica instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior\u00bb (art\u00edculo 366). <\/p>\n
Se sustituy\u00f3, de esta forma, la tasaci\u00f3n fraccionada que el C\u00f3digo de Procedimiento Civil impon\u00eda en cada una de las instancias y al desatarse el remedio casacional; a partir del 1\u00b0 de enero de 2016, tal c\u00e1lculo debe hacerse por el fallador de primera instancia sumando todos los rubros causados en las instancias y extraordinariamente, hasta alcanzar una suma \u00fanica. <\/p>\n
2.2. Es cierto que, el caso bajo estudio, principi\u00f3 bajo la ritualidad del anterior estatuto adjetivo, en tanto la demanda inaugural fue radicada el 9 de octubre de 2007. <\/p>\n
Sin embargo, en atenci\u00f3n al alargado tiempo que fue necesario para surtir el tr\u00e1mite probatorio, en el curso de la primera instancia el sentenciador de conocimiento adecu\u00f3 el tr\u00e1mite a la ritualidad del C\u00f3digo General del Proceso, para lo cual convoc\u00f3 a la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento que trata el art\u00edculo 373 de este estatuto, la cual se realiz\u00f3 el 21 de marzo de 2017. <\/p>\n
Este proceder encuentra asidero en el literal b) del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 625, a saber: <\/p>\n
Art\u00edculo 625. Tr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n. Los procesos en curso al entrar a regir este c\u00f3digo, se someter\u00e1n a las siguientes reglas de tr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n: 1. Para los procesos ordinarios y abreviados\u2026 b) Si ya se hubiese proferido el auto que decrete pruebas, estas se practicar\u00e1n conforme a la legislaci\u00f3n anterior. Concluida la etapa probatoria, se convocar\u00e1 a la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento de que trata el presente c\u00f3digo, \u00fanicamente para efectos de alegatos y sentencia. A partir del auto que convoca la audiencia, el proceso se tramitar\u00e1 con base en la nueva legislaci\u00f3n. <\/p>\n
Deviene de lo expuesto que, por fuerza del cambio regulatorio, la actuaci\u00f3n qued\u00f3 gobernada por las renovadas prescripciones procesales, incluyendo los aspectos relativos a la ejecutoria de la sentencia, recursos y las actuaciones posteriores. <\/p>\n
2.3. Por tanto, la liquidaci\u00f3n de costas de la impugnaci\u00f3n extraordinaria deber\u00e1 efectuarse de forma concentrada por el sentenciador de primer grado, siguiendo la ritualidad del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
De esta forma, la orden emitida en la sentencia aprobada en Sala, que orden\u00f3 su realizaci\u00f3n por la Secretar\u00eda de la Sala de Casaci\u00f3n Civil, es contra legem y, por tanto, no vincula a su destinataria. <\/p>\n
3. En los anteriores t\u00e9rminos dejo sentada mi aclaraci\u00f3n de voto. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Hernando Devis Echand\u00eda, Compendio de la Prueba Judicial, Tomo I, Rubinzal \u2013 Culzoni, Buenos Aires, p. 275. <\/p>\n
1 <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
SC3256-2021 (2007-00347-01) \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente SC3256-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-31-03-014-2007-00347-01 (Discutido y aprobado en sesi\u00f3n virtual del ocho de julio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., cuatro (04) de agosto de dos mil veintiuno (2021).- Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56202","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56202","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56202"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56202\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56202"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56202"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56202"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}