SC3258-2021 (2014-01502-00)<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC3258-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2014-01502-00 <\/p>\n
(Discutido y aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintid\u00f3s de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., cuatro (04) de agosto de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Procede la Corte a desatar el recurso extraordinario de revisi\u00f3n, promovido por MARTHA ISABEL LEGU\u00cdZAMO PE\u00d1A respecto de la sentencia proferida el 22 de enero de 2014 por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de C\u00facuta, dentro del proceso promovido por la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas del Magdalena Medio en nombre de Ilia Mar\u00eda Berbesi de Ariza. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En la demanda con la que se inici\u00f3 el referido litigio, la gestora solicit\u00f3 proteger su derecho fundamental a la restituci\u00f3n de tierras y, en consecuencia, la devoluci\u00f3n jur\u00eddica y material del predio denominado \u201cPARCELA 102 LA ESPERANZA\u201d, ubicado en la vereda \u201cSAN PEDRO-DISTRITO DEL R\u00cdO LEBRIJA\u201d del municipio de Sabana de Torres, Santander, identificado con el folio de matr\u00edcula No. 303-9698; o en subsidio, la aplicaci\u00f3n de las compensaciones previstas en el art\u00edculo 72 de la Ley 1448 de 2011. As\u00ed mismo, pidi\u00f3 los consabidos ordenamientos consecuenciales, previstos en los art\u00edculos 91, 96 y 121 de la mentada disposici\u00f3n, y 19 de la Ley 387 de 19971. <\/p>\n
2. En sustento de esas s\u00faplicas, se adujo: <\/p>\n
2.1. El inmueble fue adquirido por Nepomuceno Ariza mediante adjudicaci\u00f3n que le hiciera el extinto Incora, a trav\u00e9s de la resoluci\u00f3n No. 0395 de 1979, sobre el cual ejerci\u00f3 actos de se\u00f1or y due\u00f1o junto con su esposa. <\/p>\n
2.2. En la d\u00e9cada del 90, \u201ccon la irrupci\u00f3n de los grupos paramilitares a la zona\u201d, se \u201ccohonest\u00f3 la perpetraci\u00f3n de m\u00faltiples violaciones a los derechos humanos de los habitantes de estos territorios\u201d, entre los cuales se encontraba aqu\u00e9l, su c\u00f3nyuge y dem\u00e1s miembros de su n\u00facleo familiar, \u201cquienes agobiados por sentimiento de miedo y desaz\u00f3n, sufrieron la muerte de un hijo de crianza\u201d, de nombre Manuel Ni\u00f1o Su\u00e1rez. <\/p>\n
2.3. Para 1993, el comandante del grupo paramilitar que operaba en la zona era Domingo Cristancho, alias \u201cCamilo Morantes\u201d. <\/p>\n
2.4. Luego del homicidio de su allegado, Nepomuceno Ariza realiz\u00f3 algunas averiguaciones, tarea que lo llev\u00f3 a reclamar por tal hecho a los hombres al mando del citado comandante, quienes le manifestaron que \u201cno preguntara tanto o si no para \u00e9l tambi\u00e9n hab\u00eda, lo que se configur\u00f3 como una amenaza velada\u201d. <\/p>\n
2.5. Debido al \u201csentimiento de temor que se alberg\u00f3 en la familia\u201d, \u00e9ste decidi\u00f3 poner en venta el predio de su propiedad, \u201cofreciendo como comisi\u00f3n dos camuros\u201d. <\/p>\n
2.6. El inmueble fue vendido a Mar\u00eda Trinidad Rinc\u00f3n de Hern\u00e1ndez, mediante contrato de promesa de compraventa firmado el 11 de febrero de 1993 por su propietario y su consorte Ilia Mar\u00eda Berbesi Ariza, por un valor de \u201c$14.750.000 M\/CTE\u201d. <\/p>\n
2.7. El desaparecido Incora expidi\u00f3 la resoluci\u00f3n No. 1194 de 2 de julio de 1993, por medio de la cual revoc\u00f3 la adjudicaci\u00f3n que se le hiciera a Nepomuceno Ariza sobre el mencionado fundo, y en su lugar, adjudic\u00f3 a aqu\u00e9lla la propiedad de este, siendo su actual due\u00f1a Martha Isabel Legu\u00edzamo Pe\u00f1a. <\/p>\n
2.8. Nepomuceno Ariza falleci\u00f3 en 2007, por lo que su esposa es la titular del derecho fundamental a la restituci\u00f3n de tierras reclamado2. <\/p>\n
3. Por auto del 16 de enero de 2013, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Barrancabermeja admiti\u00f3 la demanda y orden\u00f3 su traslado a la demandada Martha Isabel Legu\u00edzamo Pe\u00f1a3, quien compareci\u00f3 al proceso a trav\u00e9s de apoderado sin proponer excepciones previas ni de m\u00e9rito, por lo menos de manera formal, pero se opuso a las s\u00faplicas incoadas, y solicit\u00f3, en subsidio, la compensaci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 98 de la Ley 1448 de 2011, as\u00ed como la aplicaci\u00f3n del canon siguiente. <\/p>\n
Como soporte de lo anterior, manifest\u00f3 en lo esencial, que: <\/p>\n
3.1. La solicitante quiere propiciar \u201cescenarios imaginativos\u201d para ser considerada titular del derecho fundamental a la restituci\u00f3n de tierras. <\/p>\n
3.2. La muerte de Manuel Ni\u00f1o Su\u00e1rez se produjo el 8 de agosto de 1990, data para la cual \u201cno hab\u00edan incursionado en la zona los grupos paramilitares, menos a\u00fan, el cabecilla conocido con el alias de CAMILO MORANTES, tal y como se constata en el mismo estudio de construcci\u00f3n del contexto social y de conflicto en el municipio de Sabana de Torres, realizado por la funcionaria ADRIANA NI\u00d1O CARRILLO profesional especializado \u00e1rea social UAEGRTD\u201d. <\/p>\n
3.3. De acuerdo con el certificado de tradici\u00f3n del inmueble objeto de restituci\u00f3n, Nepomuceno Ariza, mediante escritura p\u00fablica No. 3466 de 28 de mayo de 1993, \u201ccompra un lote urbano en (\u2026) sabana de torres, que luego (\u2026) vende el 8 de julio de 2005\u201d, lo que hace suponer que \u201cla familia vendi\u00f3 la finca y con ello compraron una casa en ese mismo municipio\u201d, donde se fueron a vivir \u201chasta el a\u00f1o 2005\u201d, y por ende, que \u201cjam\u00e1s se fueron de la zona en donde supuestamente recib\u00edan las amenazas o intimidaciones\u201d, es decir, \u201cesta familia nunca estuvo amenazada ni intimidada\u201d, de ah\u00ed que, \u201cla venta del predio se realiz\u00f3 simplemente porque quisieron voluntariamente vender\u201d. <\/p>\n
3.4. Prospero Landinez Ariza, hijo de la solicitante, adquiri\u00f3 un predio colindante al que ella reclama mediante adjudicaci\u00f3n que le hiciera el Incora el 10 de agosto de 1988, identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria No. 303-32537, el cual vendi\u00f3 a Nelson Cala el 7 de junio de 2002, quien fuera su vecino, hecho que indica que, siendo miembro del grupo familiar de aqu\u00e9lla, \u201cestuvo explotando y viviendo en su finca dentro de la zona en donde supuestamente se ten\u00edan las amenazas e intimidaciones sobre esta familia\u201d, sujeto que tambi\u00e9n se quiere \u201chacer pasar como v\u00edctima de la violencia\u201d, ya que inici\u00f3 un tr\u00e1mite igual para recuperar dicho bien. <\/p>\n
3.5. La peticionaria \u201cen su declaraci\u00f3n rendida bajo gravedad de juramento, en las oficinas de la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras, (\u2026) se contradice\u201d, ya que ante la pregunta de \u201csi usted o su familia fue v\u00edctima de persecuci\u00f3n por parte de GAOML de manera particular\u201d, manifest\u00f3 inicialmente que \u201cnosotros nos dimos cuenta de la gente que mataban por el dique de la quebrada de la santos (\u2026) es decir nos d\u00e1bamos cuenta de lo que pasaba en otras veredas cerquita a la de nosotros\u201d y, m\u00e1s adelante, que \u201crecibi\u00f3 amenazas directas de los grupos paramilitares que operaban en la regi\u00f3n al mando de alias CAMILO MORANTES, grupo armado que perpet\u00fao el homicidio del se\u00f1or MANUEL NI\u00d1O SU\u00c1REZ\u201d. <\/p>\n
3.6. La primera adquirente del fundo, esto es, Mar\u00eda Trinidad Rinc\u00f3n de Hern\u00e1ndez, inform\u00f3 que \u201cella acudi\u00f3 a hacer un negocio normal, que simplemente negociaron el precio hasta llegar a un acuerdo en $14.750.000, que era justo precio\u201d, pues sobre ese valor \u201cse vend\u00edan estas tierras en la zona\u201d, y que \u201cjam\u00e1s se aprovech\u00f3 de amenazas o intimidaciones ya que por el contrario ella vivi\u00f3 con [los vendedores] durante tres meses y nada se dijo sobre ese tema, que luego ellos se fueron a vivir a una casa que compraron en sabana de torres y (\u2026) le dejaron un ganado en la finca por a\u00f1o y medio en aumento\u201d, hechos que pueden ser corroborados por su esposo Remigio Velasco Beltr\u00e1n, as\u00ed como por Pablo Emilio Arismendi Garz\u00f3n y su compa\u00f1era Ana Virginia Castellanos Mu\u00f1oz, quienes son vecinos colindantes y llevan viviendo m\u00e1s de 40 a\u00f1os en ese lugar, mismos que se\u00f1alan que \u201cnunca han sido v\u00edctimas de hechos de violencia ni del conflicto armado\u201d, aspectos todos que tambi\u00e9n pueden ser ratificados por \u201cJES\u00daS MART\u00cdNEZ CARRE\u00d1O, GILBERTO D\u00cdAZ CORZO, JOSE RAMIRO OSPINA, GLORIA ROJAS G\u00d3MEZ, MELIDA LIZARAZO M\u00c1RQUEZ y JAIRO GAMBOA RODR\u00cdGUEZ\u201d. <\/p>\n
3.7. El aval\u00fao catastral del predio en cuesti\u00f3n para 1993, fecha de la compraventa, era de \u201c$1.829.000\u201d, por lo que el precio pagado por este resulta ser \u201cjusto y razonable\u201d. <\/p>\n
3.8. Que es \u201cleg\u00edtima propietaria de buena fe exenta de culpa\u201d, dado que \u201cnada tuvo que ver en relaci\u00f3n con los hechos de violencia aducidos en la solicitud de restituci\u00f3n\u201d, motivo por el cual, de no acogerse la oposici\u00f3n formulada, se le debe compensar con el pago del valor actual del inmueble, tasado por la lonja de propiedad ra\u00edz en la suma de \u201c$764.921.174\u201d. <\/p>\n
3.9. Sobre la mentada heredad se est\u00e1 desarrollando \u201cun proyecto agroindustrial de palma de aceite de 10 hect\u00e1reas\u201d, hecho que se puede constatar con la realizaci\u00f3n de una inspecci\u00f3n judicial4. <\/p>\n
\u201cPRIMERO: DECLARAR no probados los argumentos expuestos por la se\u00f1ora Martha Isabel Leguizamo Pe\u00f1a, qui\u00e9n se opuso a la prosperidad de la restituci\u00f3n. <\/p>\n
\u201cSEGUNDO: NO ACCEDER al pago de la compensaci\u00f3n de que trata el art. 98 de la Ley 1448 de 2011, toda vez que la opositora no acredit\u00f3 haber actuado con buena fe exenta de culpa. <\/p>\n
\u201cTERCERO: PROTEGER EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA RESTITUCI\u00d3N JUR\u00cdDICA Y MATERIAL a que tiene derecho la se\u00f1ora Ilia Mar\u00eda Berbesi de Ariza, conyugue del se\u00f1or Nepomuceno Ariza (q.e.p.d.), por ser v\u00edctima de despojo jur\u00eddico y material, con ocasi\u00f3n del conflicto armado, respecto del inmueble identificado en la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
\u201cCUARTO: DECLARAR INEXISTENTE el negocio jur\u00eddico de promesa de compraventa celebrado entre los se\u00f1ores Nepomuceno Ariza y Mar\u00eda Trinidad Rinc\u00f3n de Hern\u00e1ndez. Y por consiguiente la NULIDAD de la Resoluci\u00f3n 1194 de 2 de julio de 1993 y de los negocios jur\u00eddicos privados subsiguientes celebrados sobre el predio. L\u00edbrese comunicaci\u00f3n a las Notar\u00edas correspondientes (\u2026). <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
\u201cSEXTO: ADJUDICAR en com\u00fan y proindiviso por partes iguales, a favor de la se\u00f1ora Ilia Mar\u00e1 Berbesi de Ariza y la masa sucesoral del causante Nepomuceno Arias el bien objeto de este proceso, (\u2026). <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
\u201cOCTAVO: NO SE ACCEDE, a la pretensi\u00f3n subsidiaria de compensaci\u00f3n por equivalente. Ello, sin perjuicio de lo se\u00f1alado en la parte motiva de esta providencia en el evento de acreditarse en el tr\u00e1mite post-fallo lo all\u00ed expuesto. <\/p>\n
(\u2026)\u201d5. <\/p>\n
Para llegar a dichas resoluciones, la aludida Corporaci\u00f3n, luego de verificar la temporalidad de la acci\u00f3n y el hecho victimizante, sostuvo en relaci\u00f3n con la calidad de v\u00edctima del conflicto de la solicitante y su n\u00facleo familiar, que: <\/p>\n
\u201c(\u2026) de la normatividad nacional e internacional citada, del contexto de violencia que padeci\u00f3 el Municipio de Sabana de Torres con ocasi\u00f3n del conflicto armado, de los informes rendidos por la Jefatura de Inteligencia y Contrainteligencia Militar del Ej\u00e9rcito, por el asesinato el 8 de agosto de 1990 del se\u00f1or Manuel Ni\u00f1o Su\u00e1rez, hijo de crianza de los se\u00f1ores Mar\u00eda Berbesi de Ariza y Nepomuceno Ariza, por las amenazas de las cuales posteriormente fue v\u00edctima este \u00faltimo, cuando habiendo transcurrido aproximadamente tres a\u00f1os del asesinato de Manuel se atrevi\u00f3 a reclamar a los hombres del grupo insurgente que all\u00ed operaba, y por el estado de miedo, temor y zozobra que les gener\u00f3 el accionar de los delincuentes que all\u00ed operaban, v\u00e1lidamente puede predicarse, como lo se\u00f1al\u00f3 la UAEGRTD, que el antes citado y su n\u00facleo familiar pueden ser consideradas v\u00edctimas del conflicto armado, por tanto, su situaci\u00f3n se enmarca dentro de la protecci\u00f3n que ofrece el Derecho Internacional Humanitario y las normas Internacionales de Derechos Humanos.\u201d <\/p>\n
Se\u00f1alando, en cuanto a los reparos expuestos por la opositora, que <\/p>\n
\u201cAhora, que el homicidio del se\u00f1or Ni\u00f1o Su\u00e1rez fue un acto aislado de violencia perpetrado por delincuencia com\u00fan en el a\u00f1o 1990 ya que \u00abera un peligro para la sociedad\u00bb, pues se dec\u00eda que se robaba los pollos de los vecinos, y que para esa data a\u00fan no operaba en la zona el cabecilla paramilitar \u00abCamilo Morantes\u00bb ni sus hombres -a quienes la se\u00f1ora Ilia Mar\u00eda les atribuy\u00f3 la autor\u00eda del asesinato y la amenaza verbal que se le realiz\u00f3 al se\u00f1or Nepomuceno Ariza, adem\u00e1s que desconoce flagrantemente la realidad objetiva de la situaci\u00f3n que se vivi\u00f3 en Sabana de Torres en la d\u00e9cada de los a\u00f1os 90, configur\u00e1ndose como un intento de defensa u ocultamiento del patr\u00f3n de violaciones masivas del que dan cuenta los datos estad\u00edsticos atr\u00e1s mencionados, pues el retiro del lugar natural que los campesinos ten\u00edan, no se debi\u00f3 a propia voluntad de ellos, sino a la coacci\u00f3n injusta de grupos armados, tambi\u00e9n pone de presente que la familia Ariza Berbesi ven\u00eda siendo objeto de hechos victimizantes desde 1990. En otras palabras, si el asesinato del hijo de crianza de la familia Ariza Berbesi no fue perpetrado por el grupo paramilitar liderado por \u00abCamilo Morantes\u00bb, si no por cualquier otro grupo organizado armado e ilegal de los que all\u00ed alternamente conflu\u00edan, como es el ELN, el Frente XX de las Farc o el grupo de sicarios denominados \u2018Los Mesetos\u2019 (muerte a secuestradores) y si ese crimen aconteci\u00f3 por las malas costumbres que se dice ten\u00eda el occiso, o \u00abpor el ajuste de cuentas\u00bb o \u00ablimpieza social\u00bb que realizaban esas estructuras delincuenciales, lo cierto es que ese delito, as\u00ed como las amenazas de que fue objeto el se\u00f1or Ariza se presentaron dentro del contexto del conflicto armado, por lo que a voces del art\u00edculo 3\u00b0 de la ley 1448 de 2011 adquirieron la condici\u00f3n de v\u00edctimas con independencia de que se individualice, aprehenda, procese o condene al autor de esas conductas punibles. <\/p>\n
\u201cFinalmente, debe se\u00f1alarse que la declaraci\u00f3n de la se\u00f1ora Ilia Mar\u00eda es coincidente con los informes de autoridades pertinentes que dan cuenta del contexto de violencia para esa \u00e9poca en el municipio de Sabana de Torres, y del modus operandi de los grupos delincuenciales, caracterizado por amenazas y asesinatos selectivos que generaron intimidaci\u00f3n a la poblaci\u00f3n campesina que se vio obligada, para salvaguardar su vida e integridad familiar, a abandonar lo poco o mucho que ten\u00edan y migrar hacia nuevos y desconocidos horizontes. Adicionalmente, la declaraci\u00f3n de los testigos convocados al proceso por solicitud del opositor, si bien son coherentes, pierden credibilidad al contrastarlas con los informes a los que se aludi\u00f3 en el contexto de violencia, sumado a que no dan cuenta de la raz\u00f3n de su dicho en cuanto a que el se\u00f1or Ariza vendi\u00f3 porque estaba solo y ya no trabajaba la tierra. <\/p>\n
\u201cTampoco le asiste raz\u00f3n a la opositora cuando arguye que la familia Ariza Berbesi no puede ser considerada v\u00edctima porque con el producto de la venta adquiri\u00f3 otro inmueble en la zona urbana del mismo municipio o porque Prospero Landinez adquiri\u00f3 otro inmueble colindante al predio La Esperanza, pues adem\u00e1s que dicha afirmaci\u00f3n se contradice con el argumento referente a que el se\u00f1or Ariza vendi\u00f3 porque estaba solo ya que sus hijos lo hab\u00edan abandonado, lo cierto es que sobre este t\u00f3pico no se arrim\u00f3 prueba alguna que acredite dicha colindancia. No sobra agregar, que la condici\u00f3n de desplazado interno surge no de aspectos formales como los atr\u00e1s esbozados, sino del retiro obligado del lugar donde se tiene el hogar, y la ubicaci\u00f3n no previamente deseada en otro sitio as\u00ed sea del mismo municipio. Por ello, los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, emanados de la Comisi\u00f3n de Derechos Humanos, Consejo Econ\u00f3mico y Social (ECOSOC) de la Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas define a los desplazados internos como \u2018las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, por situaciones de violencia generalizada, por violaciones de derechos humanos o por cat\u00e1strofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida\u2019. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
\u201cPor ello, como en el caso sub examine, no solamente fue asesinado el hijo de crianza de la familia Ariza Berbesi, sino que al se\u00f1or Nepomuceno se le hizo una amenaza velada por reclamar esa situaci\u00f3n y por el estado de zozobra, miedo y temor que gener\u00f3 el conflicto armado imperante en el municipio, no puede exigirse, que para la calificaci\u00f3n del desplazamiento interno, la familia Ariza tuviera que haberse ido m\u00e1s all\u00e1 de los l\u00edmites territoriales del propio municipio\u201d. <\/p>\n
Luego precis\u00f3, frente a la estructuraci\u00f3n del despojo, lo siguiente: <\/p>\n
\u201cEn el tr\u00e1mite de la actuaci\u00f3n la se\u00f1ora Ilia Mar\u00eda Berbesi declar\u00f3 que en el a\u00f1o 1990 fue asesinado su hijo de crianza Manuel Ni\u00f1o Suarez, que las averiguaciones que realiz\u00f3 su esposo lo llevaron a reclamarle a los hombres de Camilo Morantes por el homicidio quienes le contestaron que no preguntara tanto \u2018porque para \u00e9l tambi\u00e9n hab\u00eda\u2019. Esas situaciones generaron temor en el se\u00f1or Nepomuceno \u2018qui\u00e9n era muy nervioso\u2019, por ello, en el a\u00f1o 1993 decidi\u00f3 poner en venta la heredad. Agreg\u00f3, \u2018…nosotros nos dimos cuenta de la gente que mataban por el dique de la quebrada de Los Santos; una vez mataron tres de un solo golpe, mataron uno en santos, uno en tripa ciega y una se\u00f1ora en el dique del rio y al nieto de esa se\u00f1ora se lo mataron en la carretera de Los Santos. Es decir, nos d\u00e1bamos cuenta de lo que pasaba en otras veredas cerquita a la de nosotros.\u2019 Adem\u00e1s, en el interrogatorio de parte se\u00f1al\u00f3 que, aunque no fueron amenazados, el se\u00f1or Nepomuceno se llen\u00f3 de miedo por la situaci\u00f3n atr\u00e1s referida, lo que dio lugar a la venta del predio. Respecto de la venta que hizo el se\u00f1or Nepomuceno Ariza a la se\u00f1ora Mar\u00eda Trinidad Rinc\u00f3n indic\u00f3: \u2018el vendi\u00f3 por lo mismo que les digo, por el miedo, porque nosotros no ten\u00edamos pensado vender, pues regalar porque eso es un regalo…\u2019. A esta \u00faltima se\u00f1ora manifest\u00f3 conocerla \u2018cuando lleg\u00f3 a comprar y duramos uno o dos meses ah\u00ed con ella viviendo, ella cogi\u00f3 una pieza y nosotros las otras, la casa es de piezas, mientras nos acab\u00f3 de pagar, y luego ella quedo halla y nosotros salimos\u2019. Finalmente, expres\u00f3 que no se acuerda de la fecha exacta en que tuvo que abandonar el predio, sin embargo, recuerda que salieron de ah\u00ed en el mismo a\u00f1o en que lo vendieron. Por \u00faltimo, aduj\u00f3 no tener conocimiento de ninguna acci\u00f3n administrativa por parte del Incoder ni de otra autoridad semejante. <\/p>\n
\u201cNo pasa por alto la Sala que la declaraci\u00f3n que la se\u00f1ora Berbesi de Ariza rindi\u00f3 ante la UAEGRTD y el Juzgado del Conocimiento no es detallada, incluso en algunos apartes podr\u00eda tildarse de confusa y hasta de incompleta, sin embargo, tampoco puede omitir que puede ser producto de su edad -85 a\u00f1os- o del inclemente paso del tiempo respecto de la fecha en la que acontecieron los supuestos f\u00e1cticos narrados, por ello justamente, la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado que \u2018al analizarse los casos de los desplazados -incluidos los solicitantes de restituci\u00f3n de tierras- se debe tener en cuenta el principio constitucional de la buena fe; recordarse que como posibles secuelas mentales y por el transcurrir del tiempo, la persona no es capaz de recordar los hechos con total nitidez y coherencia, y a\u00fan m\u00e1s, es sujeto que merece especial protecci\u00f3n del Estado\u2019. Precisamente por ello, \u2018las contradicciones en lo dicho por una persona desplazada no tienen como consecuencia perder la atenci\u00f3n a la que se tiene derecho como desplazado, a no ser que se compruebe que el sujeto no es en realidad desplazado\u2019, es decir, que la incompatibilidad entre los enunciados de la declaraci\u00f3n, relacionados con hechos accidentales o accesorios, son irrelevantes. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
\u201cA voces del literal e) de la referida disposici\u00f3n: \u2018Cuando no se logre desvirtuar la ausencia de consentimiento en los contratos y negocios mencionados, celebrados sobre los inmuebles atr\u00e1s referidos, el acto o negocio de que se trate ser\u00e1 reputado inexistente y todos los actos o negocios posteriores que se celebren sobre la totalidad o parte del bien estar\u00e1n viciados de nulidad absoluta\u2019. <\/p>\n
\u201cDe lo expuesto por la se\u00f1ora Berbesi de Ariza la UAEGRTD infiere que se configur\u00f3 despojo jur\u00eddico mediante la negociaci\u00f3n que da cuenta el documento privado titulado \u2018Promesa de venta de una parcela Incorada\u2019 suscrito el 11 de febrero de 1993 entre los se\u00f1ores Nepomuceno Ariza e Ilia Mar\u00eda Berbesi en condici\u00f3n de vendedores y Mar\u00eda Trinidad Rinc\u00f3n de Hern\u00e1ndez, como compradora. En dicho instrumento los primeros prometieron dar a t\u00edtulo de venta a favor de la \u00faltima \u2018el derecho de dominio o propiedad y la posesi\u00f3n\u2019 que tienen sobre el predio La Esperanza. Adicionalmente, con posterioridad a la suscripci\u00f3n de dicho instrumento, el Incora mediante Resoluci\u00f3n No. 1194 de 2 de julio de 1993 revoc\u00f3 la resoluci\u00f3n de adjudicaci\u00f3n del se\u00f1or Ariza y adjudic\u00f3 el bien a la se\u00f1ora Mar\u00eda Trinidad Rinc\u00f3n de Hern\u00e1ndez.\u201d <\/p>\n
Lo que complement\u00f3 el Tribunal diciendo, despu\u00e9s de citar el art\u00edculo 1502 del C\u00f3digo Civil y jurisprudencia de la Corte acerca de la fuerza mayor como vicio del consentimiento, que <\/p>\n
\u201cAplicado todo lo expuesto al caso objeto de pronunciamiento, puede v\u00e1lidamente afirmarse que el negocio que se vio obligado a celebrar el se\u00f1or Ariza en el a\u00f1o 1993 con la se\u00f1ora Rinc\u00f3n de Hern\u00e1ndez, sobre el predio La Esperanza, en cuya colindancia ocurrieron actos de violencia generalizados, fen\u00f3menos de desplazamiento forzado colectivo, y violaciones graves a los derechos humanos, constituye despojo jur\u00eddico por ausencia de consentimiento y objeto il\u00edcito, pues de conformidad con la Resoluci\u00f3n 0395 de 1979 el adjudicatario estaba obligado a no transferir, gravar, ceder, o limitar total o parcialmente sin autorizaci\u00f3n escrita y previa del Incora, su dominio, posesi\u00f3n o tenencia, sobre las tierras que se le adjudicaron. <\/p>\n
\u201cA otra conclusi\u00f3n no puede arribarse cuando fue dentro del contexto del conflicto armado, donde la presi\u00f3n y las amenazas acompa\u00f1adas del grado de crueldad y sevicia con que act\u00faan los diferentes grupos ilegales que all\u00ed operan en aras de controlar el territorio y a la poblaci\u00f3n, que el se\u00f1or Nepomuceno Ariza en condici\u00f3n de v\u00edctima directa (por la muerte de su hijo de crianza y posteriormente sujeto de amenazas) e indirecta (por el temor y miedo que gener\u00f3 en la zona la presencia de grupos ilegales), objeto de terror y miedo se vio en la necesidad, para salvaguardar su vida e integridad, de negociar ineficazmente la tierra que adquiri\u00f3 y trabaj\u00f3 por m\u00e1s de trece a\u00f1os, pues la fuerza injusta a la que fue incapaz de resistir, le gener\u00f3 un temor grave y justificado que se constituy\u00f3 en el m\u00f3vil determinante en la celebraci\u00f3n del referido acto. Incluso, el apuro de salir de all\u00ed lo llev\u00f3 a permitir que la compradora, a qui\u00e9n ni siquiera conoc\u00eda con antelaci\u00f3n, se trasladara a vivir a su propia morada mientras le terminaba de pagar el saldo del precio pactado. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
\u201cDespojo jur\u00eddico que tambi\u00e9n se pretendi\u00f3 legalizar con la apariencia de legalidad que proyecta la emisi\u00f3n de la Resoluci\u00f3n No. 1194 de 2 de julio de 1993 donde se revoc\u00f3 la Resoluci\u00f3n 0395 de 12 de junio de 1979, por medio de la cual se adjudic\u00f3 el predio objeto de restituci\u00f3n al se\u00f1or Nepomuceno Ariza, y se re adjudic\u00f3 a la se\u00f1ora Mar\u00eda Trinidad Rinc\u00f3n, toda vez que aquella se fundament\u00f3 en que el primero de ellos \u2018mediante escrito debidamente presentado, renunci\u00f3 al derecho de adjudicaci\u00f3n, lo cual es procedente de conformidad con el art. 73 del Decreto 01 de 1984\u2019 y se adjudic\u00f3 a la segunda porqu\u00e9 \u2018El Comit\u00e9 de Selecci\u00f3n de Adjudicatarios de la Regional, en reuni\u00f3n celebrada el 15 de marzo de 1993, aprob\u00f3 al nuevo beneficiario\u2019. Sin embargo, el Grupo de Archivo Central -Gesti\u00f3n Documental del Incoder certific\u00f3 el 02 de julio de 2013 que no encontr\u00f3 informaci\u00f3n relacionada con ese expediente, es decir, que no obra prueba alguna ni de la renuncia expresa y escrita debidamente presentada por el se\u00f1or Ariza, ni del acta del Comit\u00e9 donde se aprob\u00f3 a la nueva adjudicataria. A\u00fan m\u00e1s, si solo en aras de discusi\u00f3n se aceptar\u00e1 que dichos instrumentos si fueron expedidos, pero que se extraviaron en las instalaciones de la oficina en cita, no entiende la Sala porqu\u00e9 si la negociaci\u00f3n que realiz\u00f3 el se\u00f1or Nepomuceno Ariza con la se\u00f1ora Mar\u00eda Trinidad Rinc\u00f3n data del 11 de febrero de 1993, fecha en la que \u00e9sta entr\u00f3 a convivir con la familia Ariza Berbesi, aquella logr\u00f3 que el Comit\u00e9 de Selecci\u00f3n de Adjudicatarios la aprobara como beneficiaria el 15 de marzo siguiente, y se le adjudicara por el Incora el predio el 2 de julio, cuando tampoco reun\u00eda los requisitos legales para ello, pues apenas ingres\u00f3 al predio -y no como colona- a principios de esa misma anualidad. Finalmente, genera inquietud a la Sala el hecho que la adjudicaci\u00f3n que se realiz\u00f3 a la se\u00f1ora Rinc\u00f3n el 2 de julio de 1993 tan solo se haya registrado, seg\u00fan anotaciones Nos. 5 y 6 del folio de matr\u00edcula inmobiliaria el 5 de septiembre de 1994, evitando tal vez de esta forma, plasmar en el registro de tradici\u00f3n la pre negociaci\u00f3n que un a\u00f1o antes se hab\u00eda verificado sobre el predio, sin autorizaci\u00f3n previa y expresa del Incora, y transcurridos ya los 15 a\u00f1os que ten\u00eda el colono para enajenar el bien dando opci\u00f3n prioritaria a la entidad adjudicataria para que hiciera uso de la primera opci\u00f3n de readquirirla dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de recepci\u00f3n del aviso. <\/p>\n
\u201cLa consecuencia de configurarse a favor de la v\u00edctima la presunci\u00f3n legal prevista en el literal a) del art. 77 de la Ley 1448 de 2011 comporta, a voces del tenor literal de dicha disposici\u00f3n, la declaratoria de inexistencia del negocio jur\u00eddico y del acto administrativo aparente, y de contera la nulidad de los negocios que en forma subsiguiente se hubieren tambi\u00e9n celebrado sobre la totalidad o parte del bien.\u201d <\/p>\n
En adici\u00f3n, sostuvo que <\/p>\n
\u201cAhora, aunque resultar\u00eda inane analizar la configuraci\u00f3n de los supuestos f\u00e1cticos que sirven de fundamento a la presunci\u00f3n del literal d) de la citada disposici\u00f3n, esto es, que el valor formalmente consagrado en el instrumento que da cuenta del negocio, o el valor efectivamente pagado por el bien, fue inferior al cincuenta por ciento (50%) del valor real del derecho que ostent\u00f3 el solicitante. Ello, porque \u2018la inexistencia es el no ser en el mundo jur\u00eddico, como el jam\u00e1s haberse celebrado un acto\u2019. Entonces \u2018el acto o contrato no tuvo existencia legal, y … por imperativo de l\u00f3gica, hay que restaurar las cosas al estado en que se hallar\u00edan si dicho acto o contrato no se hubiese celebrado\u2019, a ello se proceder\u00e1 teniendo en cuenta que la solicitante consider\u00f3 que adem\u00e1s de haber vendido el bien por miedo tambi\u00e9n se enajen\u00f3 a muy bajo precio. Sobre el t\u00f3pico expres\u00f3: \u2018\u00e9l vendi\u00f3 por lo mismo que les digo, por el miedo, porque nosotros no ten\u00edamos pensado vender, pues regalar porque eso es un regalo en 14 millones\u2019. <\/p>\n
\u201cPara ello, preliminarmente se puntualiza que cuando el literal d) del art. 77 de la Ley 1448 de 2011 hace referencia al t\u00e9rmino \u2018valor real\u2019 se remite al fijado en el aval\u00fao comercial, \u00fanica estimaci\u00f3n que sirve al prop\u00f3sito de restablecer el equilibrio en las prestaciones. En consecuencia, como se trata de una apreciaci\u00f3n meramente objetiva la que debe tener el juez para sustentar la decisi\u00f3n, si los peritos dictaminan cu\u00e1l es el valor real y se prueba que el precio pagado o recibido, es inferior al cincuenta por ciento, se configura una lesi\u00f3n enorme que debe ser declarada. <\/p>\n
\u201cEstablecido lo anterior, se impone se\u00f1alar que ese despojo jur\u00eddico y administrativo igualmente se configur\u00f3 y se acredit\u00f3 con el aval\u00fao comercial que elabor\u00f3 el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi, que da cuenta, que para el a\u00f1o 1993, fecha en la que se negoci\u00f3 el bien, su valor real ascend\u00eda a $56’148.702.00, cuando el acordado apenas fue de $14’750.000.00. Prueba pericial frente a la cual no se present\u00f3 objeci\u00f3n alguna dentro del traslado que para el efecto se concedi\u00f3 a los intervinientes\u201d. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, la citada Colegiatura analiz\u00f3 lo concerniente a la buena fe exenta de culpa de la opositora, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u201cEn el sub judice, del an\u00e1lisis en conjunto del material probatorio, no se advierte la presencia de elementos constitutivos de buena fe exenta de culpa que d\u00e9 lugar a compensaci\u00f3n alguna a favor de la se\u00f1ora Martha Isabel Legu\u00edzamo Pe\u00f1a, pues si bien adquiri\u00f3 el predio mediante adjudicaci\u00f3n dentro del juicio de sucesi\u00f3n de sus fallecidos progenitores, lo cierto es que estos omitieron por completo y en forma flagrante la situaci\u00f3n de conocimiento p\u00fablico y notorio de violencia generalizada que se vivi\u00f3 en el Municipio de Sabana de Torres. En torno a esta situaci\u00f3n debe precisar la Sala que el Principio 17.4 de los Principios sobre la Restituci\u00f3n de las Viviendas y el Patrimonio de los Refugiados y las Personas Desplazadas, prev\u00e9 que \u2018… la gravedad del desplazamiento que origin\u00f3 el abandono de los bienes puede entra\u00f1ar una notificaci\u00f3n impl\u00edcita de la ilegalidad de su adquisici\u00f3n, lo cual excluye en tal caso la formaci\u00f3n de derechos de buena fe sobre la propiedad\u2019. <\/p>\n
\u201cSegundo, porque olvidaron los adquirentes que resulta contrario al principio de buena fe adquirir tierras a un bajo precio a una poblaci\u00f3n que huye para salvar su vida o la de sus familiares y que por el fen\u00f3meno de violencia generalizada alter\u00f3 en forma negativa el mercado inmobiliario. <\/p>\n
\u201cTercero, porque tampoco se acredit\u00f3 que su progenitor haya adelantado actuaci\u00f3n o diligencia alguna para establecer con certeza la realidad de la situaci\u00f3n jur\u00eddica del bien que adquiri\u00f3, de tal manera que le diera seguridad de que su obrar estaba encaminado a evitar conductas antijur\u00eddicas, impropias o actos contrarios a los par\u00e1metros morales que existen en un conglomerado social. Olvid\u00f3 realizar un estudio de t\u00edtulos que le hubiera permitido determinarlas irregularidades que se presentaron en la emisi\u00f3n de la resoluci\u00f3n que revoc\u00f3 la adjudicaci\u00f3n que inicialmente se hizo al se\u00f1or Ariza y las que se presentaron cuando se re adjudic\u00f3 el predio a la se\u00f1ora Rinc\u00f3n de Hern\u00e1ndez, y que como cada qui\u00e9n transfiere los derechos que tiene, la adquisici\u00f3n del derecho que se hizo de manos de esta \u00faltima, tambi\u00e9n le transfiri\u00f3 esas irregularidades. <\/p>\n
\u201cEn consecuencia, en caso de haber existido en momento alguno conciencia de haber cre\u00eddo que se actu\u00f3 correctamente, ello no es suficiente para generar a favor de la hoy opositora la compensaci\u00f3n que el legislador \u00fanicamente estableci\u00f3 para los adquirentes de buena fe exenta de culpa, cualificada o creadora de derechos\u201d. <\/p>\n
Finalmente, neg\u00f3 \u201cla pretensi\u00f3n de restituci\u00f3n por equivalente solicitada en favor de la v\u00edctima y la titulaci\u00f3n del bien a favor del Fondo de la UAEGRTD toda vez que no se acredit\u00f3 en forma alguna que se configure alguna de las previsiones de que trata el art. 97 de la Ley 1448 de 2011\u201d, as\u00ed como la petici\u00f3n de aplicaci\u00f3n del canon 99 de dicha disposici\u00f3n, por cuanto \u201cla parte opositora no acredit\u00f3 la buena fe exenta de culpa\u201d6. <\/p>\n
II. EL RECURSO DE REVISI\u00d3N <\/p>\n
1. Mediante escrito de demanda7, Martha Isabel Legu\u00edzamo Pe\u00f1a formul\u00f3 recurso extraordinario de revisi\u00f3n contra la sentencia identificada anteriormente8, con fundamento en la causal prevista en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 380 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, alusiva a \u201c[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso\u201d, por lo que a partir de ese motivo de impugnaci\u00f3n pidi\u00f3, concretamente, declarar fundado el mecanismo y, en consecuencia, anular la referida determinaci\u00f3n, para que en su lugar, se devuelva el asunto al Tribunal de origen para que dicte un nuevo fallo9. <\/p>\n
2. Para sustentar el fundamento de invalidaci\u00f3n alegado y las s\u00faplicas deprecadas, la recurrente adujo, en s\u00edntesis: <\/p>\n
2.1. Que se configura la causal invocada \u201cpor falta de competencia funcional del Tribunal\u201d que emiti\u00f3 la providencia confutada, toda vez que \u00e9ste \u201cactiv\u00f3 una competencia de la cual carec\u00eda, por cuanto la se\u00f1ora Ilia Mar\u00eda Berbesi de Ariza no ten\u00eda ni tiene la calidad de v\u00edctima, en los t\u00e9rminos de la ley 1448 de 2011\u201d, debido a que \u201cel supuesto da\u00f1o NO lo sufri\u00f3 como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos\u201d, menos a\u00fan \u201ccon ocasi\u00f3n del conflicto armado interno\u201d. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto \u201c[l]a muerte de Manuel Ni\u00f1o Su\u00e1rez, hijo de crianza de la demandante, que ella le atribuye al grupo paramilitar comandado por alias Camilo Morantes, no pudo ser cometido por ese grupo, sino por la delincuencia com\u00fan\u201d, ya que cuando ocurri\u00f3 ese fat\u00eddico hecho, esto es, el 8 de agosto de 1990, \u201cno operaba en \u201cSabana de Torres [dicho] grupo paramilitar (\u2026), ya que sus actividades las comenz\u00f3 all\u00ed en 1994\u201d, por lo que \u201cni del mismo pudieron surgir las amenazas que se afirma sufri\u00f3 el se\u00f1or Nepomuceno Ariza\u201d, circunstancia por la cual el caso \u201cno pod\u00eda ser avocado, conocido, tramitado y resuelto por la justicia transicional, sino por la ordinaria\u201d. <\/p>\n
Adem\u00e1s, dicha autoridad \u201cno cumpli\u00f3 su obligaci\u00f3n de precisar c\u00f3mo, dentro del especifico plano f\u00e1ctico expuesto como fundamento de las pretensiones de la demanda, pudo producirse la transgresi\u00f3n de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario\u201d. <\/p>\n
2.2. Que existe nulidad originada en la sentencia opugnada \u201cpor insuficiente, contradictoria y precaria motivaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
2.3. El Tribunal sustituy\u00f3 \u201cel supuesto de hecho de la demanda\u201d, en la medida que cambi\u00f3 la \u201ccausa petendi\u201d condensada en los hechos quinto y sexto de la demanda \u201cpor otros hechos\u201d. <\/p>\n
2.4. La providencia censurada es \u201ccompletamente inicua\u201d, en tanto que \u201cle concedi\u00f3 absolutamente todo a la demandante\u201d, mientras que le arrebat\u00f3 todo a la opositora, por lo que es \u201ctotalmente inequitativa, arbitraria e injusta\u201d. <\/p>\n
2.5. El juez colegiado se \u201cextralimit[\u00f3] en sus funciones\u201d al proferir dicha determinaci\u00f3n, toda vez que \u201cdeclar\u00f3 la inexistencia de la promesa de compraventa celebrada entre Nepomuceno Ariza y Mar\u00eda Trinidad Rinc\u00f3n de Hern\u00e1ndez\u201d, pero no as\u00ed la que suscribi\u00f3 Ilia Mar\u00eda Berbesi de Ariza con \u00e9sta, por lo que se sobrepas\u00f3 al ordenar que se le restituyera el predio objeto de disputa, de ah\u00ed que, debi\u00f3 la opositora seguir posey\u00e9ndolo. <\/p>\n
2.6. La sentencia criticada es \u201cdiminuta\u201d, dado que en ella no se examin\u00f3 \u201cla excepci\u00f3n de inconstitucionalidad de la ley 1448 de 2011 al compararla con el contenido de los art\u00edculos 4\u00b0, 29 y 58 de la Constituci\u00f3n\u201d, mucho menos se escudri\u00f1\u00f3 la conducta de la opositora en aras de determinar si actu\u00f3 con buena fe exenta de culpa al adquirir la propiedad rural que origina la controversia, sumado a que neg\u00f3 el pago de la compensaci\u00f3n econ\u00f3mica establecida en el art\u00edculo 98 de la Ley 1448 de 2011, as\u00ed como el de las mejoras plantadas, y se omiti\u00f3 \u201cadoptar las determinaciones necesarias en orden a volver las cosas al estado anterior a la celebraci\u00f3n del contrato de compraventa [tantas veces mencionado]\u201d. <\/p>\n
2.7. La decisi\u00f3n adoptada por el Tribunal debi\u00f3 \u201cser desestimatoria\u201d, dado que la demandante no estaba legitimada para incoar la demanda restitutoria, en la medida que no invoc\u00f3 su calidad de heredera de Nepomuceno Ariza, menos a\u00fan la demostr\u00f3, raz\u00f3n por la que no debieron acogerse las s\u00faplicas incoadas por \u00e9sta10. <\/p>\n
III. EL TR\u00c1MITE DEL RECURSO EXTRAORDINARIO <\/p>\n
1. Luego de subsanadas las deficiencias advertidas en la demanda de revisi\u00f3n, la Corte orden\u00f3 oficiar al Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Barrancabermeja, a efecto de que remitiera el expediente respectivo11; recibido \u00e9ste, se admiti\u00f3 aquella y se dispuso correr traslado de esta a los dem\u00e1s intervinientes del proceso de restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras despojadas o abandonadas forzosamente12. <\/p>\n
2. Enterados algunos interesados del asunto de manera personal, y otros por emplazamiento, se pronunciaron de la siguiente manera: <\/p>\n
2.1. El Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi -IGAC-, a trav\u00e9s de apoderado judicial, dijo carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva en el presente tr\u00e1mite, comoquiera que no fue parte en el litigio de tierras objeto de revisi\u00f3n, dentro del cual solo cumpli\u00f3 un papel t\u00e9cnico en calidad de perito13. <\/p>\n
2.2. Ilia Mar\u00eda Berbesi de Ariza, por intermedio de precursor judicial se opuso al \u00e9xito del remedio extraordinario, tras manifestar, en lo cardinal, que dentro del juicio de tierras referido quedaron demostrados los presupuestos para que saliera avante la restituci\u00f3n all\u00ed deprecada; sin embargo, solicit\u00f3, en caso de declararse fundado el recurso de revisi\u00f3n, que se le otorgue \u201cuna compensaci\u00f3n en el sentido de ubicarla en otra heredad rural en el mismo municipio con similares caracter\u00edsticas de ubicaci\u00f3n geogr\u00e1fica, extensi\u00f3n y productividad\u201d14. <\/p>\n
2.3. El Director Jur\u00eddico de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, luego de hacer una explicaci\u00f3n y recuento de las fases administrativa y judicial por las que traseg\u00f3 el proceso restitutorio, advirti\u00f3 que \u201clas decisiones adoptadas por los magistrados en los procesos de restituci\u00f3n de tierras atacadas por el recurrente, son absolutamente independientes y aut\u00f3nomas de las actuaciones realizadas por la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras en la etapa administrativa\u201d, raz\u00f3n por la que \u201cno se pronunciar\u00e1 respecto de las causales y argumentos alegados en el presente recurso, y por consiguiente se atendr\u00e1 a la decisi\u00f3n que [se] tome\u201d15. <\/p>\n
2.4. El curador ad-litem de los emplazados16, luego de se\u00f1alar que no le constan los hechos que sirven de fundamento al mecanismo extraordinario, indic\u00f3 que se opone a lo pretendido17. <\/p>\n
2.5. El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -INCODER-, hoy liquidado, a trav\u00e9s de representante judicial se opuso a las pretensiones incoadas con la impugnaci\u00f3n extraordinaria, tras advertir su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva18. <\/p>\n
2.6. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n
3. El proceso pas\u00f3 a la etapa de instrucci\u00f3n, agotada la cual, se dio la oportunidad para alegar de conclusi\u00f3n, dentro de la que se pronunciaron la recurrente19, la Agencia Nacional de Tierras -ANT-20 y el Ministerio P\u00fablico21. <\/p>\n
Declarado impedido el Magistrado sustanciador22 y aceptado este por la Sala en prove\u00eddo de 23 de marzo de los corrientes23, pas\u00f3 el expediente al Despacho que le sigue en turno. Por lo tanto, corresponde ahora dictar la sentencia pertinente, previas las siguientes <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Competencia <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia es la facultada para resolver la impugnaci\u00f3n de la referencia, pues en virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo 92 de la Ley 1448 de 2011, contra la sentencia que se profiera en los procesos de restituci\u00f3n de tierras -como la aqu\u00ed confutada que se dict\u00f3 por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Distrito Judicial de C\u00facuta-, \u201cse podr\u00e1 interponer el recurso de revisi\u00f3n ante la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 379 y siguientes del C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u201d (se resalta). <\/p>\n
Adem\u00e1s, esta impugnaci\u00f3n extraordinaria ser\u00e1 definida bajo las previsiones del se\u00f1alado estatuto, comoquiera que fue interpuesta en vigencia de este24, y de acuerdo con las reglas de tr\u00e1nsito legislativo pertinentes, particularmente la del numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 625 de la Ley 1564 de 2012, \u201c\u2026 los recursos interpuestos [\u2026] se regir\u00e1n por las leyes vigentes cuando se interpusieron\u201d. <\/p>\n
2. Problema jur\u00eddico planteado <\/p>\n
El proponente de este recurso estima que la sentencia cuestionada de 22 de enero de 2014, por medio de la cual se acogieron las s\u00faplicas restitutorias de Ilia Mar\u00eda Berbesi de Ariza, quien se present\u00f3 como v\u00edctima del conflicto armado, es nula porque respecto del juicio dentro del que se emiti\u00f3 se estructura la causal octava de revisi\u00f3n prevista en el art\u00edculo 380 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
Precisado en breves palabras lo perseguido con este recurso, a la Corte corresponder\u00e1 establecer si el remedio de revisi\u00f3n se introdujo oportunamente y la actora est\u00e1 legitimada para ello, y despu\u00e9s s\u00ed, efectivamente, a la luz de lo que indica la norma y de la jurisprudencia sobre el particular, la causal invocada es fundada o no, para finalmente, de ser positiva la respuesta, declarar sin valor la sentencia y devolver el proceso al Tribunal de origen para que la dicte de nuevo. <\/p>\n
En ese sentido, antes de entrar en el examen de fondo de esas cuestiones jur\u00eddicas, es aconsejable realizar algunas consideraciones y reflexiones sobre la justicia transicional y el proceso de restituci\u00f3n de tierras como una de sus modalidades. Las mismas permitir\u00e1n entender de qu\u00e9 forma debe realizarse el examen y resoluci\u00f3n de un recurso de naturaleza extraordinaria, previsto para derruir sentencias proferidas, en principio, en procesos de linaje ordinario, pero que por dise\u00f1o legislativo se extiende, como en este caso, a fallos emitidos en un juicio de justicia transicional25. <\/p>\n
3. El proceso de restituci\u00f3n de tierras como componente de la justicia transicional <\/p>\n
El proceso de restituci\u00f3n de tierras es un mecanismo propio de la justicia transicional, que vio luz en el ordenamiento jur\u00eddico colombiano mediante la Ley 1448 de 2011. Su prop\u00f3sito, en esencia, es revertir la situaci\u00f3n de despojo y abandono de las tierras, padecida por las v\u00edctimas del conflicto, procurando, preferentemente, retornarlas a los predios que ocupaban como propietarias o poseedoras antes de la situaci\u00f3n an\u00f3mala que les impuso salir de all\u00ed, ya que de no ser posible se contempla, subsidiariamente, la restituci\u00f3n por equivalente o el reconocimiento de una compensaci\u00f3n26. <\/p>\n
La restituci\u00f3n de tierras por abandono forzado o despojo se surte con un tr\u00e1mite que incorpora dos etapas, una primera de naturaleza administrativa ante la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras y la segunda de linaje judicial, a cargo de los jueces civiles del circuito especializados en restituci\u00f3n de tierras y de la Salas Civiles Especializadas en Restituci\u00f3n de Tierras de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial. <\/p>\n
En la fase inicial, la URT determina cu\u00e1les reclamaciones de quienes se presentan como v\u00edctimas de despojo o abandono por el conflicto cumplen las exigencias legales para ser incluidas en el registro de tierras,27lo cual, es prerrequisito para pasar a la etapa judicial28, escenario en el que la Unidad est\u00e1 facultada para representar o agenciar los intereses de los peticionarios, si estos as\u00ed lo quieren29. <\/p>\n
Ya en el estadio judicial, la competencia de los jueces civiles especializados en restituci\u00f3n de tierras, cuando no hay opositores, est\u00e1 dada para desarrollar todo el tr\u00e1mite procesal y dictar la sentencia respectiva. En cambio, si hay contenci\u00f3n, formulada por quien se presenta como opositor, la competencia de esos juzgadores no abarca la facultad para dictar sentencia, que corresponde a las salas civiles especializadas en restituci\u00f3n de tierras de los tribunales30. <\/p>\n
El juicio de restituci\u00f3n de tierras se surte en \u00fanica instancia, sin perjuicio de los mecanismos de impugnaci\u00f3n previstos en la aludida ley especial, esto es, la consulta de los fallos desestimatorios de los jueces, de la que conocen las salas especializadas del tribunal31, y el recurso de revisi\u00f3n de \u201cla sentencia\u201d ante la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia32. <\/p>\n
La introducci\u00f3n de elementos de la justicia transicional en el proceso de restituci\u00f3n de tierras, se observa principalmente en la utilizaci\u00f3n del principio de la buena fe33 frente a las declaraciones de los accionantes, y en la flexibilizaci\u00f3n e inversi\u00f3n de las cargas probatorias tambi\u00e9n a su favor34. Las nociones sobre las cuales se ha hecho girar toda la teor\u00eda de la onus probandi, entendida como la conducta procesal que debe asumir un sujeto para conseguir el \u00e9xito de sus pretensiones, cambia notablemente en estos asuntos, toda vez que es al demandado u opositor en quien radica la obligaci\u00f3n, bien de desestimar la condici\u00f3n de v\u00edctima del demandante, o de acreditar su buena fe exenta de culpa para recibir una compensaci\u00f3n, que en ning\u00fan caso \u201cexceder\u00e1 el valor del predio acreditado en el proceso\u201d35. <\/p>\n
Adicionalmente, en lo que respecta a los negocios jur\u00eddicos ajustados sobre los predios, en estos asuntos restitutorios se establecen varias presunciones, tanto de derecho como legales, encontr\u00e1ndose entre estas \u00faltimas, las relacionadas \u201ccon ciertos contratos\u201d, a cuyo tenor \u201c[s]alvo prueba en contrario, para efectos probatorios dentro del proceso de restituci\u00f3n, se presume que en los siguientes negocios jur\u00eddicos hay ausencia de consentimiento o de causa l\u00edcita, en los contratos de compraventa y dem\u00e1s actos jur\u00eddicos mediante los cuales se transfiera o se prometa transferir un derecho real, la posesi\u00f3n o la ocupaci\u00f3n sobre inmuebles siempre y cuando no se encuentre que la situaci\u00f3n est\u00e1 prevista en el numeral anterior, en los siguientes casos:\/\/d. En los (\u2026) que el valor formalmente consagrado en el contrato, o el valor efectivamente pagado, sean inferiores al cincuenta por ciento del valor real de los derechos cuya titularidad se traslada en el momento de la transacci\u00f3n\u201d36. <\/p>\n
Ahora bien, la buena fe que opera en favor de los reclamantes no adopta la connotaci\u00f3n de exonerarlos de cualquier esfuerzo demostrativo, ya que como damnificados que se anuncian del conflicto, es de su resorte probar, acorde con el art\u00edculo 78 de la aludida ley, por lo menos de manera sumaria su condici\u00f3n de v\u00edctimas y la relaci\u00f3n jur\u00eddica o de hecho con el fundo objeto del proceso, y acreditados estos, ah\u00ed s\u00ed, la aplicaci\u00f3n del principio de la buena fe37 trae como corolario que se asuma como cierta su narraci\u00f3n sobre las circunstancias en las que se produjo el abandono o el despojo, y que la carga de desvirtuar la calidad de v\u00edctima del demandante o de demostrar la buena fe (simple o exenta de culpa dependiendo de las circunstancias seg\u00fan el pronunciamiento C-330 de 2016 de la Corte Constitucional) en la adquisici\u00f3n del bien se traslada al demandado o al opositor, \u201csalvo que estos tambi\u00e9n hayan sido reconocidos como desplazados o despojados del mismo predio\u201d, caso en el cual, se entiende, operaran para cada uno de los extremos litigiosos las reglas generales en materia probatoria previstas en la norma procesal civil. <\/p>\n
Empi\u00e9cese por decir que el proceso de restituci\u00f3n de tierras, pese a su connotaci\u00f3n constitucional, representa una excepci\u00f3n al principio de la doble instancia, y que se justifica -la brevedad del tr\u00e1mite- en cuanto medida necesaria para proteger a las v\u00edctimas que evita la perpetuaci\u00f3n de despojo jur\u00eddico de los predios, lo que para la Corte Constitucional corresponde a una \u201cfinalidad leg\u00edtima e importante\u201d, aunado a que no obstante su brevedad, los interesados en esos pleitos cuentan con las garant\u00edas suficientes para \u201csolicitar pruebas y controvertir las que hayan sido presentadas (\u2026) el nombramiento de apoderado judicial que represente a los terceros determinados que no se presenten al proceso para que haga valer sus derechos, la intervenci\u00f3n obligatoria del Ministerio P\u00fablico como garant\u00eda de los derechos de despojados y opositores, la participaci\u00f3n del representante legal del municipio o municipios donde se encuentre ubicado el predio, y en el caso de procesos iniciados sin la intervenci\u00f3n de la Unidad de Tierras, la posibilidad de tomar parte como posible opositora, garantizan un debate amplio de los derechos de todos los que tengan inter\u00e9s en la restituci\u00f3n y de las pruebas que permitan llegar al convencimiento sobre la procedencia de la misma\u201d38. <\/p>\n
Pero lo que ahora interesa subrayar, es que m\u00e1s all\u00e1 de que el proceso restitutorio sea de \u00fanica instancia, la ley ofrece expresamente la posibilidad de que una autoridad diferente a la que profiri\u00f3 el respectivo fallo lo examine, lo cual, sucede con la consulta del fallo desestimatorio que dicte el juez de tierras, o con la revisi\u00f3n de todas las sentencias proferidas ora por jueces o ya por las salas civiles especializadas de los tribunales. <\/p>\n
El de revisi\u00f3n, mecanismo de impugnaci\u00f3n que ahora convoca la atenci\u00f3n de la Corte, no tiene en la Ley 1448 de 2011 un desarrollo particular, pues, ciertamente que el legislador se limit\u00f3 a se\u00f1alar en el art\u00edculo 92 su procedencia frente a los fallos que se emitan en los juicios de restituci\u00f3n, la autoridad encargada de resolverlo (Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia) y que sus reglas ser\u00edan las de los art\u00edculos 379 y siguientes del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, que con la derogatoria de esta codificaci\u00f3n, hoy en d\u00eda son los preceptos 354 a 360 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Pero cabe preguntarse si a esa remisi\u00f3n normativa al procedimiento civil conlleva aplicarle alg\u00fan matiz, por haberse dictado la sentencia reprochada dentro de un proceso de justicia transicional, con evidente trascendencia constitucional por resolverse sobre el derecho fundamental a la restituci\u00f3n de tierras. <\/p>\n
Para dar respuesta a ese interrogante jur\u00eddico, es preciso recordar que el recurso de revisi\u00f3n se concibi\u00f3 en la normativa procesal civil como un mecanismo excepcional para remover la inmutabilidad de las decisiones judiciales definitivas, en aras de preservar la supremac\u00eda de la justicia cuando se configure alguna de las circunstancias que el legislador estableci\u00f3 de manera taxativa en el art\u00edculo 380 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil39, que permiten infirmar las sentencias que se hayan pronunciado sin contar con documentos que hubieran modificado el criterio del fallador y que por las razones all\u00ed consagradas no pudieron aportarse en la oportunidad legal, as\u00ed como, las obtenidas fraudulentamente o con quebrantamiento del debido proceso, e incluso, en la hip\u00f3tesis del numeral 9\u00ba ib\u00eddem se tutela la seguridad jur\u00eddica al impedir la coexistencia de providencias contradictorias. <\/p>\n
En esa medida, como medio de impugnaci\u00f3n extraordinario que es, la revisi\u00f3n no constituye un escenario de instancia en el que puedan exponerse o debatirse las mismas pretensiones o excepciones ventiladas y ya decididas a lo largo del proceso en que se profiri\u00f3 la sentencia enjuiciada, pues en s\u00ed mismo, el mencionado recurso es un remedio extremo, concebido para conjurar situaciones irregulares que en su momento distorsionaron la sana y recta administraci\u00f3n de justicia, hasta tal punto que, de no subsanarse, se privilegiar\u00eda la adopci\u00f3n de decisiones opuestas a dicho valor, en contrav\u00eda de principios fundamentales del Estado de Derecho. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido de anta\u00f1o, que este instrumento procesal \u201cno franquea la puerta para tornar el replanteamiento de temas ya litigados y decididos en proceso anterior, ni es la v\u00eda normal para corregir los yerros jur\u00eddicos o probatorios que hayan cometido las partes en litigio precedente, ni es camino para mejorar la prueba mal aducida o dejada de aportar, ni sirve para encontrar una nueva oportunidad para proponer excepciones o para alegar hechos no expuestos en la causa petendi. Como ya se dijo por la Corte, el recurso de revisi\u00f3n no se instituy\u00f3 para que los litigantes vencidos remedien los errores cometidos en el proceso en que se dict\u00f3 la sentencia que se impugna\u201d (CSJ SC, 24 abr. 1980, reiterada hace poco en CSJ SC3362-2020). <\/p>\n
Ahora bien, que el proceso de restituci\u00f3n de tierras haga parte de un modelo de justicia transicional o que dentro del mismo se est\u00e9 resolviendo sobre un derecho fundamental, no var\u00eda la naturaleza extraordinaria del recurso de revisi\u00f3n frente a los fallos que all\u00ed se dicten, toda vez que el legislador del 2011 claramente remiti\u00f3 a las reglas del procedimiento civil, art\u00edculos 379 y siguientes del C. de P.C., que actualmente corresponden a los c\u00e1nones 354 a 360 de la Ley 1564 de 2012, y de paso, esa remisi\u00f3n incorpor\u00f3, igualmente, los desarrollos y entendimiento que sobre cada una de las causales de revisi\u00f3n ha tenido la Corte Suprema de Justicia en su consolidada jurisprudencia sobre la materia. <\/p>\n
De manera que el recurso de revisi\u00f3n frente a los fallos proferidos en materia de restituci\u00f3n de tierras, por disposici\u00f3n legal, mantiene la estructura y din\u00e1mica propias de ese mecanismo impugnaticio dentro del procedimiento civil, con lo cual, la posibilidad de desvirtuar la cosa juzgada de la que est\u00e1n revestidos los fallos dictados por los jueces y tribunales de tierras, solo puede darse en los precisos y estrictos casos mencionados en la norma40. <\/p>\n
En ese orden de ideas, se tiene que el recurso de revisi\u00f3n en forma alguna autoriza un amplio margen de maniobra para el recurrente, descart\u00e1ndose as\u00ed que este sea un escenario para reformular la controversia, o para enmendar las omisiones presentadas en las instancias, o para plantear otros argumentos de defensa no esgrimidos en el debate original, o para reparar cualquier irregularidad en la sentencia, o para cuestionar una indebida fundamentaci\u00f3n. <\/p>\n
Tampoco es el recurso de revisi\u00f3n de las sentencias de tierras una oportunidad para que la Corte emprenda un examen oficioso de lo decidido en la instancia por los jueces o tribunales especializados, ya que ni la Ley 1448 de 2011 como tampoco el estatuto procesal civil lo contemplaron, contrario a lo que ocurre, por ejemplo, con el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, en donde se otorg\u00f3 a esta Sala la potestad de casar la sentencia oficiosamente \u201ccuando sea ostensible que la misma comprometa gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico, o atenta contra los derechos y garant\u00edas constitucionales\u201d41. <\/p>\n
5. El recurso de revisi\u00f3n ac\u00e1 propuesto <\/p>\n
5.1. Oportunidad <\/p>\n
En lo que concierne a la tempestividad para proponer el recurso de revisi\u00f3n, el art\u00edculo 381 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil dispone que este \u201cpodr\u00e1 interponerse dentro de los dos a\u00f1os siguientes a la ejecutoria de la respectiva sentencia, cuando se invoque alguna de las causales consagradas en los numerales, 1\u00ba, 6\u00ba, 8\u00ba y 9\u00ba del art\u00edculo precedente\u201d42. Por lo tanto, como en el caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala el fallo atacado fue proferido el 22 de enero de 2014, alcanzando ejecutoria el 30 de enero siguiente43, se impone concluir que la demanda radicada el 31 de octubre de esa misma anualidad44 fue presentada dentro del bienio previsto en la citada normativa procesal. <\/p>\n
5.2. La legitimaci\u00f3n de la accionante para recurrir en revisi\u00f3n <\/p>\n
Como precedentemente se detall\u00f3, con la sentencia del Tribunal se acogieron las s\u00faplicas incoadas en la demanda de restituci\u00f3n de tierras presentada en favor de Ilia Mar\u00eda Berbesi de Ariza y, en consecuencia, se orden\u00f3 a la opositora, aqu\u00ed impugnante, restituir el predio denominado la \u201cParcela 102 La Esperanza\u201d, a quien adem\u00e1s se le neg\u00f3 la compensaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 98 de la Ley 1448 de 2011, as\u00ed como la aplicaci\u00f3n del canon siguiente, lo que le genera, sin duda alguna, un inter\u00e9s personal para atacar dicha decisi\u00f3n a trav\u00e9s del presente mecanismo excepcional. <\/p>\n
5.3. La causal alegada <\/p>\n
El motivo de impugnaci\u00f3n esgrimido es el preceptuado en el numeral 8\u00ba del canon 355 del citado estatuto procesal, que alude a \u201c[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso\u201d, la cual surge, seg\u00fan lo ha determinado la Corte, en el acto mismo de dictar el fallo con que termina el juicio, siempre y cuando no procedan en su contra los recursos de apelaci\u00f3n o de casaci\u00f3n, pues ante esta posibilidad, la irregularidad deber\u00e1 alegarse al sustentar tales mecanismos de defensa; de modo que si la respectiva impugnaci\u00f3n no se interpuso, se produce el saneamiento del eventual vicio. <\/p>\n
Ello, por cuanto se ha dicho, de tiempo atr\u00e1s, que \u201cno se trata, pues, de alguna nulidad del proceso nacida antes de proferir en \u00e9ste el fallo que decide el litigio, la que por tanto puede y debe alegarse antes de esta oportunidad, so pena de considerarla saneada; ni tampoco de indebida representaci\u00f3n ni falta de notificaci\u00f3n o emplazamiento, que constituye causal espec\u00edfica y aut\u00f3noma de revisi\u00f3n, como lo indica el numeral 7\u00ba del texto citado, sino de las irregularidades en que, al tiempo de proferir la sentencia no susceptible del recurso de apelaci\u00f3n o casaci\u00f3n, pueda incurrir el fallador y que sean capaces de constituir nulidad, como lo ser\u00eda, por ejemplo, el proferir sentencia en proceso terminado anormalmente por desistimiento, transacci\u00f3n o perenci\u00f3n; o condenar en ella a quien no ha figurado como parte; o cuando dicha providencia se dicta estando suspendido el proceso\u201d45. <\/p>\n
De igual modo, la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha aclarado que la nulidad que surge del fallo tiene que ser de naturaleza procesal, en tanto la finalidad del recurso de revisi\u00f3n se dirige a \u201cabolir una sentencia cuando en ella misma o con ocasi\u00f3n de su pronunciamiento se ha vulnerado el debido proceso o menoscabado el derecho de defensa\u201d46, es decir, que ha de tratarse de \u201cuna irregularidad que pueda caber en los casos espec\u00edficamente se\u00f1alados por el legislador como motivos de anulaci\u00f3n, puesto que en el punto rige en el procedimiento civil el principio de taxatividad, como es bien conocido. (SR 078 de 12 de marzo de 1991, sin publicar), lo cual significa que \u2018los motivos de nulidad procesal de la sentencia son estrictamente aquellos que -a m\u00e1s de estar expresamente previstos en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil- \u2026se hayan configurado exactamente en la sentencia y no antes\u201d47. <\/p>\n
En ese sentido, se ha indicado en complemento, que este tipo de nulidad puede originarse \u201ccon la sentencia firmada con menor n\u00famero de magistrados o adoptada con un n\u00famero de votos diversos al previsto por la ley, o la pronunciada en proceso legalmente terminado por desistimiento, transacci\u00f3n, perenci\u00f3n, o suspendido o interrumpido (Hernando MORALES MOLINA. Curso de derecho procesal civil. Parte general. 8a ed. Bogot\u00e1: ABC, 1983. P. 652)\u201d48, as\u00ed como \u201ccuando se condena a quien no ha figurado en el proceso como parte, o si al resolver la solicitud de aclaraci\u00f3n del fallo se termina modific\u00e1ndolo, y cuando se dicta sentencia \u00b4sin haberse abierto el proceso a pruebas o sin que se hayan corrido los traslados para alegar cuando el procedimiento as\u00ed lo exija\u00b4\u201d49. <\/p>\n
Ahora bien, en cuanto a las \u201cdeficiencias graves de motivaci\u00f3n\u201d como fundamento para invocar la causal en ciernes, son dos las tesis que en la actualidad se presentan en la jurisprudencia de la Corte, sin que hasta el momento la Sala haya podido unificar criterios50. La primera, que apunta a que dicha circunstancia s\u00ed constituye un motivo de nulidad originada en la sentencia51, mientras que la segunda, todo lo contrario52. <\/p>\n
Como sustento toral de aquella postura, se ha se\u00f1alado que la normatividad procesal exige al juzgador explicitar las razones que lo llevaron a adoptar su determinaci\u00f3n, para as\u00ed honrar caros principios superiores relativos a la publicidad, al debido proceso, la seguridad jur\u00eddica y la igualdad. Muestra de ese razonamiento es la reciente sentencia de revisi\u00f3n del 11 de diciembre de 2018, SC5408-2018, en la que se pregon\u00f3 mayoritariamente, es decir, no sin salvedades, que \u201cla exigencia de la motivaci\u00f3n de las sentencias judiciales, (\u2026) es inherente al debido proceso, lo cual explica la ineficacia de un fallo en que no se ha cumplido la perentoria obligaci\u00f3n de poner al descubierto las razones de la decisi\u00f3n, para permitir el examen p\u00fablico de ellas y el ejercicio de los controles que el ordenamiento tiene establecidos\u201d53. <\/p>\n
Providencia en la que tambi\u00e9n se dej\u00f3 claro que, \u201cel cuestionamiento a la providencia por \u2018deficiencias graves de motivaci\u00f3n\u2019, no puede obedecer a un replanteamiento de la cuesti\u00f3n litigiosa o un disentimiento de la valoraci\u00f3n probatoria del fallador, sino la demostraci\u00f3n de que la fundamentaci\u00f3n que \u00e9ste brinda es ficticia o presunta en relaci\u00f3n con el tema que se somete a su estudio, por ser ajena al mismo o arbitrariamente contraria\u201d, de ah\u00ed que \u2018un razonamiento l\u00f3gico y coherente al desatar el debate, no constituye un desafuero, por el mero hecho que los aspectos sean de tal envergadura que admitan posiciones divergentes\u2019\u201d (resalto intencional)54. <\/p>\n
Por su parte, la otra posici\u00f3n ha venido sosteniendo que \u201cla causal octava de revisi\u00f3n\u2026 se refiere, de manera exclusiva, a la ausencia de alguno de los requisitos formales que la ley exige para la constituci\u00f3n de ese acto procesal, mirado \u00fanicamente desde una perspectiva procedimental; es decir por faltar el presupuesto adjetivo que se requiere para que dicho acto produzca los efectos jur\u00eddicos que la ley instrumental le atribuye. De ah\u00ed que pueda ser considerado como una nulidad procesal y no como un error en la argumentaci\u00f3n, pues esto \u00faltimo podr\u00e1 ser objeto de casaci\u00f3n \u2013en los casos en que la ley lo permite\u2013, o de tutela cuando no existe ning\u00fan otro medio de defensa, pero no de revisi\u00f3n\u201d (\u00e9nfasis ajeno al texto)55. Por tanto, las insuficiencias o precariedades en las consideraciones de una resoluci\u00f3n judicial no son un aspecto externo a la misma, \u201ccondici\u00f3n sine qua non de todas y cada una de las causales de revisi\u00f3n\u201d56. <\/p>\n
Premisas a partir de las cuales, se ha concluido, que \u201cla nulidad originada en la sentencia no puede confundirse con las deficiencias o excesos que pueda tener el contenido de la sentencia, es decir, en relaci\u00f3n a su fundamentaci\u00f3n jur\u00eddica o probatoria, a la razonabilidad de sus conclusiones o, en fin, a cualquier tema relacionado con el fondo de la controversia; (\u2026) porque aceptarlo ser\u00eda reconocer una nueva discusi\u00f3n sobre la materia tratada y definida en el proceso\u201d (destaco deliberado)57. <\/p>\n
5.4. El caso concreto <\/p>\n
Preliminarmente cabe decir, que la providencia objeto de cr\u00edtica qued\u00f3 en firme por carecer de recurso alguno, dado que de conformidad con la Ley 1448 de 201158, contra la sentencia que decrete la restituci\u00f3n a favor del despojado, con o sin reconocimiento de opositores, solo procede el remedio extraordinario de revisi\u00f3n, siendo admisible el jurisdiccional de consulta ante el Tribunal de Tierras frente al fallo proferido por los jueces civiles de dicha especialidad que niegue dicho decreto (Arts. 79 y 92). <\/p>\n
Dicho lo anterior, en el presente asunto la recurrente esgrime en sustento de la causal invocada varias circunstancias, las cuales se pasan a analizar a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
5.4.1. En primer lugar, aduce la actora que existe nulidad originada en la sentencia por falta de competencia funcional de la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de C\u00facuta para emitirla, toda vez que la solicitante \u201cno ten\u00eda ni tiene la calidad de v\u00edctima, en los t\u00e9rminos de la ley 1448 de 2011\u201d, debido a que \u00e9sta no ha sufrido da\u00f1o alguno como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario con ocasi\u00f3n del conflicto armado interno, por lo que el asunto no debi\u00f3 ser \u201cavocado, conocido, tramitado y resuelto por la justicia transicional, sino por la ordinaria\u201d, am\u00e9n de que dicha autoridad no cumpli\u00f3 su obligaci\u00f3n de precisar c\u00f3mo, dentro del contexto f\u00e1ctico expuesto como fundamento de las pretensiones de la demanda, pudo producirse la transgresi\u00f3n de los derechos humanos o de la citada normativa especial. <\/p>\n
Para la Sala, el vicio alegado ciertamente no pudo germinar en el fallo opugnado, al ser incuestionable que de haberse estructurado la nulidad denunciada, ella se habr\u00eda dado en el preciso momento en que se admiti\u00f3 a tr\u00e1mite la demanda por parte del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Barrancabermeja. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se presta a dudas que la nulidad por falta de competencia funcional alegada por la recurrente, de admitirse en gracia de discusi\u00f3n su estructuraci\u00f3n, no se dio en el fallo confutado, circunstancia que descarta el cumplimiento del mentado requisito, concerniente a que la \u201cnulidad\u201d ha de ser \u201coriginada en la sentencia\u201d. <\/p>\n
Ahora, aunque la accionante tambi\u00e9n afirma que la referida Corporaci\u00f3n omiti\u00f3 explicar c\u00f3mo se dio la violaci\u00f3n a los derechos humanos de la reclamante, as\u00ed como las normas del Derecho Internacional Humanitario desde el marco f\u00e1ctico se\u00f1alado en el libelo inicial del juicio de tierras, ello no tiene sustento en el expediente, pues basta leer los hechos narrados por la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas del Magdalena Medio para darse cuenta que, en forma sucinta, se detallaron los supuestos f\u00e1cticos que dieron lugar a tales infracciones, y que ameritaron la aprehensi\u00f3n del asunto, primero desde la fase administrativa y luego desde la judicial, con el respectivo agotamiento de la etapa instructiva por parte del juzgador de tierras, y posteriormente con el avocamiento de lo concerniente a la decisi\u00f3n por el tribunal de tierras pertinente. <\/p>\n
En ese orden de cosas, se repite, el que se hubiere asumido el conocimiento de las diligencias por parte de la especialidad de tierras -en un caso que la impugnante estima era \u201ccom\u00fan\u201d, por no ser Ilia Mar\u00eda Berbesi de Ariza, o su grupo familiar, v\u00edctima del conflicto armado- no es cuesti\u00f3n que se pueda predicar como \u201coriginada\u201d en la providencia recurrida en revisi\u00f3n, presupuesto imprescindible para configurar el motivo octavo previsto en el numeral octavo del art\u00edculo 380 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
Concordante con lo dicho, esta Corte ha se\u00f1alado en su reiterada jurisprudencia, que la irregularidad que posibilita la prosperidad del recurso de revisi\u00f3n, \u201cno se trata, pues, de alguna nulidad del proceso nacida antes de proferir en este el fallo que decide el litigio, la que por tanto puede y debe alegarse antes de esta oportunidad, so pena de considerarla saneada\u2026\u201d59. Apunt\u00e1ndose, tambi\u00e9n, por esta Corporaci\u00f3n, que \u201cpor regla general, la nulidad por falta de competencia no es un vicio que pueda originarse en la sentencia, pues la leg\u00edtima atribuci\u00f3n del poder de decisi\u00f3n para conocer del respectivo litigio se define en el umbral del proceso y no al momento de adoptar la resoluci\u00f3n de m\u00e9rito\u201d60. <\/p>\n
5.4.2. De otro lado, la impugnante indica que se estructura el motivo de invalidaci\u00f3n alegado, por cuanto la determinaci\u00f3n censurada es \u201cinsuficiente, contradictoria y precaria [en] motivaci\u00f3n\u201d, seg\u00fan los hechos que se exponen in extenso a continuaci\u00f3n, dada su trascendencia para la resoluci\u00f3n del punto: <\/p>\n
\u201c1) No tuvo en cuenta el Tribunal que seg\u00fan la demandante, ni ella ni su n\u00facleo familiar fueron amenazados o perseguidos por los grupos armados ilegales. <\/p>\n
\u201c2) No fueron apreciados los testimonios de Mar\u00eda Trinidad Rinc\u00f3n, Pablo Emilio Arismendi Garz\u00f3n, Gloria Rojas G\u00f3mez. Gilberto D\u00edaz Corzo, Jos\u00e9 Ramiro Ospina, Jairo Gamboa Rodr\u00edguez. M\u00e9lida M\u00e1rquez, en particular, en cuanto afirmaron que la venta se llev\u00f3 a cabo sin impedimento ni vicio, con total libertad del vendedor Nepomuceno Ariza. <\/p>\n
\u201c3) Tampoco consider\u00f3 el concepto emitido por el Ministerio P\u00fablico, Procuradur\u00eda 12 Judicial II para la Restituci\u00f3n de Tierras, que si bien estim\u00f3 procedente la restituci\u00f3n pedida, tambi\u00e9n juzg\u00f3 pertinente el reconocimiento y pago de compensaci\u00f3n a favor de la opositora, al calificar su actuar como de buena fe exenta de culpa. <\/p>\n
\u201c4) Omiti\u00f3 valuar la resoluci\u00f3n 1194 de 2 de julio de 1993, mediante la cual el Incora revoc\u00f3 la adjudicaci\u00f3n que le hab\u00eda hecho con la 0395 de 12 de junio de 1979 a Nepomuceno Ariza, y re-adjudic\u00f3 la \u2018Parcela 102 La Esperanza\u2019 a la se\u00f1ora Mar\u00eda Trinidad Rinc\u00f3n de Hern\u00e1ndez; tampoco el concepto previo favorable a esa nueva adjudicaci\u00f3n, emitido por el Comit\u00e9 de Selecci\u00f3n de Adjudicatarios de la Regional Santander, en reuni\u00f3n de 15 de marzo de 1993. <\/p>\n
\u201c5) Ning\u00fan examen llev\u00f3 a cabo el Tribunal de la renuncia presentada por Nepomuceno Ariza a la adjudicaci\u00f3n que el Incora le hab\u00eda hecho de la \u2018Parcela 102 La Esperanza\u2019, mediante resoluci\u00f3n 395 de 12 de junio de 1979, manifestaci\u00f3n que efectu\u00f3 en escrito \u2018debidamente presentado\u2019, como as\u00ed se indica en el mencionado acto administrativo. <\/p>\n
\u201c6) Pas\u00f3 por alto el Tribunal la promesa de venta de una parcela incorada, suscrita el 11 de febrero de 1993 entre Nepomuceno Ariza e Ilia Mar\u00eda Berbesi de Ariza, como prometientes vendedores y Mar\u00eda Trinidad Rinc\u00f3n de Hern\u00e1ndez, en calidad de prometiente compradora, en la que se pact\u00f3 un precio de $14750.000. <\/p>\n
\u201c7) Dej\u00f3 de apreciar el oficio OGL-0166 de la Fiscal Seccional adscrita a la Jefatura de la Unidad Nacional para la Justicia y Paz, en el que inform\u00f3 que la se\u00f1ora Berbesi Ariza no se encontraba registrada como v\u00edctima en el tr\u00e1mite de la ley 975 de 2005. <\/p>\n
\u201c8) Tampoco valor\u00f3 el certificado emitido por la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las Victimas, en el sentido de que la se\u00f1ora Berbesi Ariza \u2018no figura como v\u00edctima de la violaci\u00f3n ni por desplazamiento ni por otro delito seg\u00fan verificaci\u00f3n en el Registro de v\u00edctimas RUV-13\u2019. <\/p>\n
\u201c9) Dej\u00f3 fuera de todo estudio lo informado por la Fiscal Delegada ante el Tribunal Superior de C\u00facuta, seg\u00fan el cual \u2018las autodefensas campesinas de Santander y Sur del Cesar AUUSAC surge en el mes de octubre de 1994 al mando de alias Camilo Morantes\u2019. <\/p>\n
\u201c10) Se abstuvo el Tribunal de escudri\u00f1ar los oficios provenientes del Departamento de Polic\u00eda de Santander y de la Personer\u00eda del municipio de Sabana de Torres, donde informan que para los a\u00f1os 1990 a 1995 \u2018no se evidenci\u00f3 ninguna clase de denuncia, queja o reclamaci\u00f3n o informaci\u00f3n sobre la situaci\u00f3n de orden p\u00fablico y desplazamiento forzado en la zona rural de San Pedro Distrito del R\u00edo Lebrija, Jurisdicci\u00f3n del Municipio de Sabana de Torres\u2019. <\/p>\n
\u201c11) Descart\u00f3 ponderar que la opositora Martha Isabel Legu\u00edzamo Pe\u00f1a no fue parte en el negocio de compra venta de la \u2018Parcela 102 La Esperanza\u2019, pues la adquiri\u00f3 fue dentro de la sucesi\u00f3n de su se\u00f1ora madre, mortuoria en la cual simult\u00e1neamente se efectu\u00f3 la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal de sus progenitores. <\/p>\n
\u201c12) Ninguna ponderaci\u00f3n concreta llev\u00f3 a cabo en orden a determinar que efectivamente en la adquisici\u00f3n de la \u2018Parcela 102 La Esperanza\u2019 la se\u00f1ora Martha Isabel Legu\u00edzamo Pe\u00f1a actu\u00f3 con buena fe exenta de culpa, m\u00e1xime si ning\u00fan reparo formul\u00f3 a su actuaci\u00f3n. <\/p>\n
\u201c13) Sin estar demostrado, asumi\u00f3 que Nepomuceno Ariza era v\u00edctima del desplazamiento y de la venta forzada. <\/p>\n
\u201c14) Pas\u00f3 por alto estudiar si exist\u00eda alcance retroactivo o retrospectivo de la Ley 1448 de 2011 y, en especial, su efecto frente a las transferencias de la \u2018Parcela 102 La Esperanza\u2019, ocurridas mucho antes de ser promulgada. <\/p>\n
\u201c16) Asimismo, se desentendi\u00f3 el Tribunal de ponderar la aplicabilidad del art\u00edculo 58 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, (\u2026). <\/p>\n
\u201c17) De igual forma, se mantuvo silente frente a la forma de expropiaci\u00f3n de que fue v\u00edctima do\u00f1a Martha Isabel Legu\u00edzamo Pe\u00f1a, sin ninguna indemnizaci\u00f3n (\u2026). <\/p>\n
\u201c18) De la misma manera, call\u00f3 el Tribunal en torno a por qu\u00e9 la restituci\u00f3n deb\u00eda operar con todas las mejoras hechas por do\u00f1a Martha Isabel, principalmente el cultivo de palma africana en extensi\u00f3n de diez (10) hect\u00e1reas, de aproximadamente tres (3) a\u00f1os de edad, los pastos mejorados, que ocupan un \u00e1rea aproximada de veinticinco (25) hect\u00e1reas, el corral para el manejo del ganado, la ramada, la remodelaci\u00f3n de la casa, las nuevas cercas y los 800 \u00e1rboles maderables, c\u00edtricos, guayabos, mango, etc., es decir, todo aquello que no estaba cuando don Nepomuceno Ariza y do\u00f1a Ilia Mar\u00eda le vendieron y entregaron la \u2018Parcela 102 La Esperanza\u2019 a la se\u00f1ora Mar\u00eda Trinidad Rinc\u00f3n de Hern\u00e1ndez; ni expres\u00f3 en virtud de qu\u00e9 norma, regla, principio o fuente de derecho correspond\u00eda a la se\u00f1ora Berbesi de Ariza enriquecerse con todas esas mejoras, plantadas con el esfuerzo, dineros y trabajo de la se\u00f1ora Legu\u00edzamo Pe\u00f1a. <\/p>\n
\u201c19) Tampoco pronunci\u00f3 palabra el Tribunal en torno a la raz\u00f3n por la que la demandante Ilia Mar\u00eda Berbesi de Ariza no deb\u00eda restituir los $14.750.000 que con don Nepomuceno Ariza recibieron como pago del precio de la \u2018Parcela 102 La Esperanza\u2019. No dijo por qu\u00e9 ni siquiera deba devolver lo que a\u00fan conserva de los bienes adquiridos con aquellos dineros, pese a estar probado que con tales recursos compr\u00f3 y tiene en su poder una casa situada en la parte urbana de Sabana de Torres. <\/p>\n
\u201c20) En cambio, s\u00ed fue diligente y expreso aquel \u00f3rgano colegiado al disponer que, aparte de la restituci\u00f3n del predio, la casa y todas sus mejoras, el Banco Agrario deb\u00eda priorizar la entrega de subsidio de vivienda rural a do\u00f1a Ilia Mar\u00eda Berbesi de Ariza, por supuesto, sin ofrecer argumentos sustentantes. <\/p>\n
\u201c21) Absoluto silencio guard\u00f3 en torno a cu\u00e1les disposiciones legales vigentes exig\u00edan determinadas investigaciones o diligencias en orden a configurar la buena fe exenta de culpa en la compra de inmuebles rurales, por la \u00e9poca en que don Nepomuceno Ariza y su compa\u00f1era transfirieron la \u2018Parcela 102 La Esperanza\u2019 o para el momento en que do\u00f1a Martha Isabel la adquiri\u00f3 mediante el modo de la sucesi\u00f3n por causa de muerte. <\/p>\n
\u201c22) No tuvo presente el Tribunal c\u00f3mo la se\u00f1ora Mar\u00eda Trinidad Rinc\u00f3n de Hern\u00e1ndez s\u00ed adelant\u00f3 las investigaciones y diligencias pertinentes ante el Instituto Colombiano Agropecuario (Incora) de Bucaramanga, en procura de establecer la situaci\u00f3n real de la \u2018Parcela 102 La Esperanza\u2019 que se propon\u00eda adquirir, incluso en compa\u00f1\u00eda de don Nepomuceno Ariza; y que hasta acat\u00f3, al pie de la letra, las indicaciones de tales funcionarios, para asegurarse de realizar en forma adecuada tal negociaci\u00f3n. <\/p>\n
\u201c23) No se acord\u00f3 el Tribunal de establecer la trascendencia de la actuaci\u00f3n de dichos funcionarios del Estado cuando a do\u00f1a Mar\u00eda Trinidad y a don Nepomuceno les indicaron c\u00f3mo deb\u00edan proceder para realizar correctamente la transferencia de la \u2018Parcela 102 La Esperanza\u2019. <\/p>\n
\u201c24) No se detuvo el Tribunal a mirar la importancia del oficio 3115 de 25 de agosto de 2010 a trav\u00e9s del cual el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -Incoder- de Bucaramanga cancel\u00f3 \u2018providencia administrativa r\u00e9gimen de unidad agr\u00edcola familiar y condici\u00f3n resolutoria\u2019. <\/p>\n
\u201c25) En cambio expres\u00f3 que el padre de la opositora Martha Isabel fue un tercero adquirente que no prob\u00f3 su buena fe exenta de culpa, siendo que \u00e9l jam\u00e1s adquiri\u00f3 el dominio de la \u2018Parcela 102 La Esperanza\u2019. <\/p>\n
\u201c26) Inadvirti\u00f3 la presencia de prueba testifical seg\u00fan la cual la se\u00f1ora Ilia Mar\u00eda y su compa\u00f1ero siguieron viviendo en \u2018Parcela 102 La Esperanza\u2019 con los compradores, que hasta hicieron fiesta de despedida cuando finalmente se fueron, que a do\u00f1a Mar\u00eda Trinidad le entregaron quince (15) reses al aumento, y que cuando terminaron esa compa\u00f1\u00eda don Nepomuceno le vendi\u00f3 a ella dos vacas. <\/p>\n
\u201c27) Pretiri\u00f3 el Tribunal ponderar que, cual lo aseveraron algunos testigos, la compradora Mar\u00eda Trinidad Rinc\u00f3n de Hern\u00e1ndez era una vecina del municipio de Sabana de Torres, sin mayores recursos econ\u00f3micos, carente de vivienda, motivo por el que debi\u00f3 buscar albergue provisional al lado de la familia Ariza-Berbesi. <\/p>\n
\u201c28) No se fij\u00f3 el Tribunal en las declaraciones conforme a las cuales cuando se efectu\u00f3 la venta por la pareja Ariza -Berbesi en los alrededores de la \u2018Parcela 102 La Esperanza\u2019 no hab\u00eda presencia de grupos armados, y que la situaci\u00f3n de orden p\u00fablico era tranquila. <\/p>\n
\u201c29) Igualmente dej\u00f3 de valorar el significado de atestaciones en el sentido de que las verdaderas razones por las cuales el se\u00f1or Nepomuceno Ariza decidi\u00f3 vender la \u2018Parcela 102 La Esperanza\u2019 fueron por la avanzada edad de \u00e9l y la de su pareja, que ya estaban cansados de trabajar, que sus hijos no les ayudaban en las labores de esa heredad, y que estaban all\u00ed los dos solos. <\/p>\n
\u201c30) No raciocin\u00f3 el Tribunal en lo tocante con la prueba testimonial seg\u00fan la cual a Manuel Ni\u00f1o Su\u00e1rez lo mataron porque era un ladr\u00f3n y que no se supo qui\u00e9n cometi\u00f3 ese homicidio. <\/p>\n
\u201c31) No razon\u00f3 alrededor de c\u00f3mo realmente estaba integrado el n\u00facleo familiar de do\u00f1a Ilia Mar\u00eda y don Nepomuceno, pese a existir probanzas que dan cuenta de la soledad en la que viv\u00edan en la \u00e9poca en que decidieron vender la \u2018Parcela 102 La Esperanza\u2019. <\/p>\n
\u201c32) No discurri\u00f3 el Tribunal en torno a c\u00f3mo pudo do\u00f1a Mar\u00eda Trinidad Rinc\u00f3n aprovecharse de las supuestas amenazas de que hab\u00eda sido v\u00edctima don Nepomuceno Ariza y su familia, si no conoci\u00f3 de su existencia. <\/p>\n
\u201c33) Prescindi\u00f3 el Tribunal de llevar a cabo el correspondiente examen cr\u00edtico del dictamen rendido por el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi, en lo tocante con su firmeza, precisi\u00f3n, calidad de sus fundamentos e idoneidad del perito, ni en conjunci\u00f3n con las dem\u00e1s pruebas acopiadas. <\/p>\n
\u201cPor ejemplo, no consider\u00f3 la viabilidad de hacer el aval\u00fao a febrero de 1993 con metodolog\u00eda establecida en las normas inexistentes para entonces, el Decreto 1420 de 1998 y la Resoluci\u00f3n 620 de 2008 del IGAC. <\/p>\n
\u201cNada dijo acerca de la validez del m\u00e9todo de establecer el valor \u2018partiendo del an\u00e1lisis de ofertas, transacciones o valoraciones recientes de bienes comparables al de aval\u00fao\u2019. <\/p>\n
\u201cTampoco se detuvo a calificar la viabilidad de buscar \u2018establecer el valor comercial del bien objeto de aval\u00fao a partir de estimar el costo total de la construcci\u00f3n a precios de hoy de un bien semejante al objeto de aval\u00fao, y restarle la depreciaci\u00f3n acumulada\u2019 y, por tanto, no defini\u00f3 si tal m\u00e9todo \u00fanicamente es aplicable en trat\u00e1ndose de obligaciones dinerarias. <\/p>\n
\u201cEn silencio se mantuvo el Tribunal frente a la posici\u00f3n del perito de establecer el aval\u00fao de la \u2018Parcela 102 La Esperanza\u2019 para febrero de 1993 con base en el precio estimado para mayo de 2013, echando mano de un simple \u2018ejercicio matem\u00e1tico, con base en el valor del \u00edndice de precios al consumidor\u2019, o sea, apoyado en un m\u00e9todo de deflactaci\u00f3n, mas no cimentado en las condiciones reales del inmueble para aquella \u00e9poca. <\/p>\n
\u201cNo tom\u00f3 en cuenta el Tribunal c\u00f3mo el perito se\u00f1al\u00f3 que uno de los factores determinantes del valor estimado por \u00e9l fue la \u2018buena productividad y estado actual de pastos y cultivo de palma principal actividad econ\u00f3mica del predio\u2019, as\u00ed como \u2018uso actual potencial del suelo\u2026, caracter\u00edsticas, reformas y buen estado de la construcci\u00f3n principal; buen estado de las construcciones anexas\u2026\u2019, siendo que los mismos no exist\u00edan en febrero de 1993. <\/p>\n
\u201cAparte de ello, ning\u00fan comentario le mereci\u00f3 la manifestaci\u00f3n del perito, en el sentido de que \u2018en algunos casos se encontr\u00f3 transacciones efectivas de las cuales no se pudo comprobar su valor real\u2019, ni sobre la siguiente contundente afirmaci\u00f3n del experto: \u2018dejo constancia bajo la gravedad del juramento que la utilizaci\u00f3n de esta modalidad (encuesta a propietarios, comisionistas y avaluadores…) se debe a que en el momento de la realizaci\u00f3n del aval\u00fao no exist\u00edan ofertas de venta, arriendo, ni transacciones de bienes confiables comparables al del objeto de estimaci\u00f3n\u2019, vale decir, que, en \u00faltimas, el valor lo fij\u00f3 el auxiliar con base en la opini\u00f3n de terceros, que ni siquiera conoc\u00edan ni visitaron el predio, de los que su competencia, formaci\u00f3n y experiencia se desconocen. Pero nada de eso le import\u00f3 al Tribunal pues pas\u00f3 por encima de la experticia, pero no se detuvo a examinarla. <\/p>\n
\u201cAdicionalmente, no advirti\u00f3 que, a la postre, la transferencia de la \u2018Parcela 102 La Esperanza\u2019 no oper\u00f3 por venta de la pareja Ariza\u00ad Berbesi sino por la adjudicaci\u00f3n que a do\u00f1a Maria Trinidad Rinc\u00f3n de Hern\u00e1ndez le hizo el Incora, mediante la resoluci\u00f3n 1194 de 2 de julio de 1993, con la cual a la vez revoc\u00f3 la que le hab\u00eda hecho con la 0395 de 12 de junio de 1979 a Nepomuceno Ariza. <\/p>\n
\u201cAun cuando acept\u00f3 el Tribunal que el aval\u00fao catastral representa una estimaci\u00f3n aproximada o un criterio general aproximado, ning\u00fan valor le dio al establecido para 1993 a la \u2018Parcela 102 la Esperanza\u2019. <\/p>\n
\u201cNinguna consideraci\u00f3n hizo respecto del aval\u00fao de la \u2018Parcela 102 La Esperanza\u2019, realizado por la Lonja de Propiedad Ra\u00edz de Santander, acompa\u00f1ado al escrito de oposici\u00f3n de do\u00f1a Martha Isabel Legu\u00edzamo Pe\u00f1a, cuando ha debido apreciar las experticias conjuntamente, tal y como lo establece el inciso 2\u00b0 art\u00edculo 241 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
\u201c34) Hizo caso omiso el Tribunal de la unanimidad de la prueba testimonial de ser justo y real el precio de $14.750.000 para el momento de la negociaci\u00f3n, debido a las condiciones en que se encontraba la \u2018Parcela 102 La Esperanza\u2019, como as\u00ed lo atestiguaron Pablo Emilio Arismendi Garz\u00f3n, Jes\u00fas Mart\u00ednez Carre\u00f1o, Mar\u00eda Trinidad Rinc\u00f3n, Gloria Rojas G\u00f3mez, Gilberto D\u00edaz Corzo, Jairo Gamboa Rodr\u00edguez, M\u00e9lida Lizarazo M\u00e1rquez y Jos\u00e9 Ramiro Ospina, este \u00faltimo tecn\u00f3logo agropecuario, quien para entonces trabaj\u00f3 en el \u00e1rea como supervisor de cr\u00e9dito, o sea, versado en el tema, quien dijo: \u2018para esa \u00e9poca el precio estaba entre 300 y 400 mil pesos la hect\u00e1rea\u2026 y muy buenas a 500 mil pesos\u2026\u2019. <\/p>\n
\u201c35) En cuanto a la aplicabilidad de los art\u00edculos 83 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, 965, 768, 769 y 1746 del C\u00f3digo Civil igualmente permaneci\u00f3 mudo el Tribunal. <\/p>\n
\u201c37) Tuvo por probado el matrimonio entre Ilia Mar\u00eda Berbesi de Ariza y Nepomuceno Ariza, as\u00ed como la defunci\u00f3n del \u00faltimo, sin detenerse a observar con qu\u00e9 medio probativo se demostraron esos estados civiles. Lo cierto es que no obran en el expediente los respectivos registros civiles, \u00fanico medio id\u00f3neo para probarlos. <\/p>\n
\u201c38) Brilla por su ausencia cualquier razonamiento del Tribunal en derredor de cu\u00e1ndo, d\u00f3nde, c\u00f3mo y por qui\u00e9nes ocurrieron las amenazas que seg\u00fan la demanda sufri\u00f3 don Nepomuceno Ariza, ni si esos hechos fueron investigados por alguna autoridad ni su resultado, ni ech\u00f3 de ver la necesidad de decretar pruebas de oficio para establecer tales circunstancias. <\/p>\n
\u201c39) Pese a que nada dice la demanda en relaci\u00f3n con cu\u00e1ndo, c\u00f3mo o d\u00f3nde ocurri\u00f3 el homicidio de Manuel Ni\u00f1o Su\u00e1rez el hijo de crianza de do\u00f1a Ilia Mar\u00eda, ning\u00fan an\u00e1lisis hizo el Tribunal sobre esa reticencia, y tampoco decret\u00f3 pruebas en orden a clarificar dichos aspectos. <\/p>\n
\u201c40) Al \u00f3rgano sentenciador no le mereci\u00f3 ni el m\u00e1s m\u00ednimo razonamiento el hecho de que seg\u00fan la demanda, la advertencia que Nepomuceno Ariza era para que no averiguara m\u00e1s por la muerte de Manuel Ni\u00f1o Su\u00e1rez, pero nunca para que se desplazara con su familia de la regi\u00f3n o con el fin de que vendiera la \u2018Parcela 102 la Esperanza\u2019. <\/p>\n
\u201c41) Ignor\u00f3 por completo el Tribunal que con el informe t\u00e9cnico de georreferencia aportado con la demanda, se anex\u00f3 estudio especializado del folio de matr\u00edcula inmobiliaria, correspondiente a la \u2018Parcela 102 la Esperanza\u2019, seg\u00fan el cual \u00abNo se evidenci\u00f3 ninguna irregularidad de \u00edndole registral\u2019 (fol. 43 c. 1). <\/p>\n
\u201c42) Trat\u00f3 con desd\u00e9n el Tribunal que don Nepomuceno Ariza fue quien ofreci\u00f3 en venta [la] \u2018Parcela 102 la Esperanza\u2019, le fij\u00f3 el precio, consigui\u00f3 un comisionista a quien le pag\u00f3 la comisi\u00f3n con dos (2) camuros, lo vendi\u00f3 a una mujer conocida y vecina de la regi\u00f3n, hizo otros contratos con ella, y que respecto de esa persona no se demostr\u00f3 que tuviera alguna relaci\u00f3n o nexo con grupos paramilitares o guerrilleros. <\/p>\n
\u201c43) Dej\u00f3 de lado el Tribunal las probanzas demostrativas de que Pr\u00f3spero Landinez, se\u00f1alado componente del n\u00facleo familiar de do\u00f1a Ilia Mar\u00eda, era vecino, de [la] \u2018Parcela 102 la Esperanza\u2019; que hab\u00eda adquirido una heredad muy cercana y all\u00ed sigui\u00f3 despu\u00e9s de la venta que hizo Nepomuceno Ariza; que ayud\u00f3 a levantar el informe de linderos; y que era visitado con frecuencia por la pareja Ariza-Berbesi. <\/p>\n
\u201c44) Aun cuando enunci\u00f3 la obligaci\u00f3n que tiene el juez de precisar en cada caso las circunstancias en que se produce la violaci\u00f3n de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario, finalmente la incumpli\u00f3, pues no concret\u00f3 c\u00f3mo, en el espec\u00edfico marco factual de la demanda, pudo producirse la transgresi\u00f3n de las mencionadas prerrogativas, ni con qu\u00e9 medios probativos lo hall\u00f3 corroborado. <\/p>\n
\u201c45) A pesar de haber precisado que a t\u00e9rminos del art\u00edculo 81 de la Ley 1448 de 2011, cuando el despojado estuviere fallecido, pueden iniciar la acci\u00f3n los llamados a sucederlo, de conformidad con el C\u00f3digo Civil, se silenci\u00f3 en cuanto a las probanzas con las cuales encontr\u00f3 demostrado, por un lado, el fallecimiento de Nepomuceno Ariza y, por el otro, que Ilia Mar\u00eda Berbesi fuera su sucesora y en qu\u00e9 calidad. En relaci\u00f3n con lo primero, se limit\u00f3 a se\u00f1alar que obraba constancia de la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil de estar cancelada su c\u00e9dula de ciudadan\u00eda por muerte, pero omiti\u00f3 toda valoraci\u00f3n sobre la pertinencia y el alcance demostrativo de tal documento. Sobre lo segundo, mantuvo rotunda mudez. <\/p>\n
\u201c46) Sin m\u00e1s, dijo el Tribunal que Nepomuceno Ariza fue amenazado en forma \u2018velada, privada, y verbal\u2019 por parte de \u2018personas armadas que pertenec\u00edan a alguno de los grupos armados ilegales que conflu\u00edan alternativamente en el municipio\u2019, pero no hizo alusi\u00f3n a los medios de prueba con apoyo en los cuales pudo edificar semejante convencimiento ni concret\u00f3 a qu\u00e9 grupo se refer\u00eda ni si correspond\u00eda al determinado en los hechos de la demanda. <\/p>\n
\u201c47) Afirm\u00f3 el Tribunal que la muerte de Manuel Ni\u00f1o Su\u00e1rez y las amenazas a Nepomuceno Ariza se presentaron dentro del contexto del conflicto armado, pero en forma irreflexiva, por cuanto es ostensible la absoluta ausencia del examen critico de los elementos de persuasi\u00f3n que lo hubieran llevado a tal convencimiento, fuera de no precisar c\u00f3mo y por qu\u00e9 pudieron ocurrir en ese marco. <\/p>\n
\u201c48) Se\u00f1al\u00f3 que la declaraci\u00f3n de Ilia Mar\u00eda era coincidente con los informes de autoridades pertinentes que daban cuenta del contexto de violencia para esa \u00e9poca en el municipio de Sabana de Torres, mas, como se observa a simple vista, no dijo ni cu\u00e1les informes, ni qu\u00e9 autoridades, ni en d\u00f3nde est\u00e1n ni c\u00f3mo los apreci\u00f3 y, menos a\u00fan, por qu\u00e9 los hall\u00f3 cre\u00edbles. Si se mira con detenimiento, como corresponde, no obran en el expediente. <\/p>\n
\u201c49) Con total absurdidad, contra clara evidencia y desparpajo, descalific\u00f3 las declaraciones de los testigos convocados al proceso por solicitud de la opositora, al expresar que si bien eran coherentes, perd\u00edan credibilidad al contrastarlas con los informes sobre el contexto de violencia, sumado a que no daban cuenta de la raz\u00f3n de sus dichos en cuanto a que el se\u00f1or Ariza vendi\u00f3 porque estaba solo y ya no trabajaba la tierra. <\/p>\n
\u201cComo lo pueden apreciar los honorables magistrados, el Tribunal desmereci\u00f3 aquellos testimonios en forma gen\u00e9rica y abstracta, sin un estudio particular de cada uno y luego uno posterior conjunto y, adem\u00e1s, con evidentes falacias, pues los testigos si dieron cuenta de la raz\u00f3n de la ciencia de sus dichos: unos porque escucharon directamente de boca de don Nepomuceno lo que declararon, otros porque eran vecinos y vieron los hechos que declararon y los dem\u00e1s porque percibieron lo testificado en forma directa y personal. N\u00f3tese como, contrario a lo concluido por el Tribunal, la propia Ilia Mar\u00eda Berbesi declar\u00f3 que con Nepomuceno Ariza hab\u00edan quedado solos en la finca. <\/p>\n
\u201cEn suma, ninguna valoraci\u00f3n concreta y precisa hizo el Tribunal de tales declaraciones. Las descart\u00f3 con total irreflexi\u00f3n. <\/p>\n
\u201c50) Contrario a lo probado, afirm\u00f3 el Tribunal que no se hab\u00eda aportado prueba de que la propiedad adquirida por el se\u00f1or Pr\u00f3spero Landinez, uno de los integrantes del n\u00facleo familiar de la demandante Ilia Mar\u00eda Berbesi fuera colindante con la \u2018Parcela 102 La Esperanza\u2019, siendo que en el expediente, folio 29 del cuaderno uno, obra el acta de verificaci\u00f3n de colindancias, en la que precisamente dicho se\u00f1or fue quien hizo la identificaci\u00f3n de los linderos de la citada parcela 102, aparte de que a folio 2 del cuaderno 3, obra la declaraci\u00f3n de do\u00f1a Ilia Mar\u00eda Berbesi de Ariza, en la que afirm\u00f3 que \u2018\u00e9l compr\u00f3 la finca, frente a la diagonal con nosotros, pasando el dique\u2019. <\/p>\n
\u201cEn todo caso, aqu\u00ed lo importante no era verificar la colindancia, sino si efectivamente dicho se\u00f1or hab\u00eda comprado la citada finca y si los se\u00f1ores Ariza-Berbesi la visitaban. <\/p>\n
\u201c51) Aunque dej\u00f3 entrever que la sedicente victima podr\u00eda finalmente no serlo, ninguna indagaci\u00f3n precisa adelant\u00f3 en procura de establecer si en este evento en verdad do\u00f1a Ilia Mar\u00eda Berbesi de Ariza lo era. <\/p>\n
\u201c52) Guard\u00f3 completo silencio el Tribunal respecto de las razones, causales, motivos o circunstancias para proceder a invalidar la promesa de compraventa en relaci\u00f3n con la prometiente vendedora Ilia Mar\u00eda Berbesi de Ariza, ni lo declar\u00f3 expresamente en la sentencia. <\/p>\n
\u201c53) Nada dijo el Tribunal sobre la presencia de las condiciones exigidas por el art\u00edculo 78 de la ley 1448 de 2011 para que pudiera operar la inversi\u00f3n de la carga de la prueba. <\/p>\n
\u201c54) No advirti\u00f3 dicho \u00f3rgano judicial que si la pareja Ariza-Berbesi no fue amenazada ni perseguida por grupos armados ilegales, el miedo que se afirma invadi\u00f3 a Nepomuceno Ariza no pudo provenir de tales organizaciones, ni pod\u00eda servir de base para el \u00e9xito de las pretensiones. <\/p>\n
\u201c55) No vio el Tribunal que el negocio de promesa de compraventa fue celebrado entre personas en igualdad de condiciones e id\u00e9nticas fuerzas de poder. <\/p>\n
\u201c56) No tom\u00f3 en consideraci\u00f3n el Tribunal que \u00fanicamente demostrada la violencia armada cuando la pareja Ariza-Berbesi decidi\u00f3 dar en venta la \u2018Parcela 102 La Esperanza\u00bb, era dable aplicar las presunciones que a favor de do\u00f1a Ilia Mar\u00eda Berbesi tuvo en cuenta en la sentencia. <\/p>\n
\u201c57) Concluy\u00f3 el Tribunal de modo antojadizo, sin explicaci\u00f3n ni se\u00f1alamiento de las pruebas sobre las cuales lleg\u00f3 a tal persuasi\u00f3n, que en la colindancia de la \u2018Parcela 102 La Esperanza\u2019 ocurrieron actos de violencia generalizada, fen\u00f3menos de desplaza miento forzado colectivo y violaciones graves a los derechos humanos. <\/p>\n
\u201c58) Contra toda l\u00f3gica, sin argumento ni prueba, asever\u00f3 el Tribunal que el temor grave y justificado que sufri\u00f3 Nepomuceno Ariza fue el m\u00f3vil de la venta de la \u2018Parcela 102 La Esperanza\u2019, y que el apuro de salir de all\u00ed lo llev\u00f3 a permitir que la compradora se pasara a vivir all\u00e1 hasta pagarle el precio. <\/p>\n
\u201c60) Arbitrariamente descalific\u00f3 el Tribunal la adjudicaci\u00f3n que el Incora hizo a La se\u00f1ora Mar\u00eda Trinidad Rinc\u00f3n, as\u00ed como el concepto favorable previo que expidi\u00f3 el Comit\u00e9 de Selecci\u00f3n de Adjudicatarios de dicha entidad, s\u00f3lo porque el Grupo de Archivo Central Gesti\u00f3n Documental del Incoder certific\u00f3 que \u2018no encontr\u00f3 informaci\u00f3n relacionada con ese expediente\u2019, es decir, por culpa de funcionarios de la administraci\u00f3n p\u00fablica, nunca de la opositora. <\/p>\n
\u201c61) Con la misma arbitrariedad, dijo que \u2018no obra prueba alguna ni de la renuncia expresa y escrita debidamente presentada por el senior Ariza, ni del acta del Comit\u00e9 donde se aprob\u00f3 a la nueva adjudicataria\u2019, imponiendo de esa manera una sanci\u00f3n a la parte opositora por actuaciones que no le son imputables y contrariando el texto claro y preciso de la resoluci\u00f3n 1194 de 2 de julio de 1993, mediante la cual el Incora revoc\u00f3 la adjudicaci\u00f3n que le hab\u00eda hecho con la 0395 de 12 de junio de 1979 a Nepomuceno Ariza, y re-adjudic\u00f3 la \u2018Parcela 102 La Esperanza\u2019 a la se\u00f1ora Mar\u00eda Trinidad Rinc\u00f3n de Hern\u00e1ndez. <\/p>\n
\u201c62) Sin argumento ni raz\u00f3n, dijo que Mar\u00eda Trinidad Rinc\u00f3n de Hern\u00e1ndez no cumpl\u00eda los requisitos legales para ser adjudicataria de la \u2018Parcela 102 La Esperanza\u2019, pero no precisa cu\u00e1les le faltaron, por qu\u00e9, ni cu\u00e1les elementos de convicci\u00f3n demostraban dicho incumplimiento. <\/p>\n
\u201c63) Aplic\u00f3 el Tribunal las presunciones previstas en los literales a) y d) del numeral 2\u00ba y numeral 3\u00ba del art\u00edculo 77 de la ley 1448 de 2011, siendo que ninguno de los supuestos de hecho de tales disposiciones concurr\u00edan, a tal punto que no los identific\u00f3 ni discrimin\u00f3, ni dijo en qu\u00e9 forma fueron demostrados. <\/p>\n
\u201c64) Se contradijo abiertamente el Tribunal cuando, en principio, consider\u00f3 inane estudiar la configuraci\u00f3n de la presunci\u00f3n del literal d), numeral 2\u00b0, art\u00edculo 77 de la ley 1448 de 2011, pero m\u00e1s adelante s\u00ed la tuvo en cuenta, al punto de tener como estructurada una lesi\u00f3n enorme, declaraci\u00f3n que al final no hizo. <\/p>\n
\u201c65) Se\u00f1al\u00f3 el Tribunal que el precio pactado y pagado fue de $14\u2019500.000, siendo que conforme al tenor literal de la promesa de compraventa fue de $14\u2019750.000. <\/p>\n
\u201c66) Con total falta de fundamento, el Tribunal consider\u00f3 que por la \u00e9poca de la celebraci\u00f3n del aludido contrato de promesa de compraventa exist\u00eda en la zona donde est\u00e1 ubicada la \u2018Parcela 102 La Esperanza\u2019 un fen\u00f3meno de violencia generalizada, sin se\u00f1alar cu\u00e1les fueron los comportamientos constitutivos del mismo, ni de qui\u00e9nes proven\u00edan los desafueros, ni como fuero establecidos dentro del proceso. <\/p>\n
\u201c67) Le achac\u00f3 al progenitor de la demandante en revisi\u00f3n no haber realizado un estudio de t\u00edtulos que le hubiera permitido determinar las irregularidades que se presentaron en la emisi\u00f3n de la Resoluci\u00f3n que revoc\u00f3 la adjudicaci\u00f3n al se\u00f1or Ariza y las que se presentaron cuando re-adjudic\u00f3 el inmueble a la se\u00f1ora Rinc\u00f3n de Hern\u00e1ndez, siendo que, se reitera, dicho progenitor no fue adquirente de la \u00abParcela 102 La Esperanza\u00b7. Aparte de ello, no precis\u00f3 el Tribunal cu\u00e1les fueron las mentadas irregularidades ni qu\u00e9 trascendencia ten\u00edan ni c\u00f3mo un profano en materias jur\u00eddicas pod\u00eda descubrirlas y establecer su repercusi\u00f3n. <\/p>\n
\u201c68) No tuvo en cuenta el Tribunal que la buena o la mala fe son personales e intransferibles. <\/p>\n
\u201c69) Dijo el Tribunal haber encontrado probado que por ocasi\u00f3n del da\u00f1o que padeci\u00f3 Nepomuceno Ariza dentro del conflicto armado, se vio obligado a enajenar el bien, desde luego, sin precisar el fundamento probativo de tal afirmaci\u00f3n. <\/p>\n
\u201c70) Asimismo afirm\u00f3 estar probado que Ilia Mar\u00eda Berbesi de Ariza convivi\u00f3 con Nepomuceno Ariza para la \u00e9poca del despojo, siendo que la ven\u00eda teniendo como la c\u00f3nyuge. Con todo, no precis\u00f3 cu\u00e1les fueron los medios con los cuales se prob\u00f3 tal convivencia, ni cu\u00e1l el examen critico que hizo de los mismos. <\/p>\n
\u201c71) Prueba fehaciente de que el Tribunal profiri\u00f3 la sentencia a tientas, sin siquiera haber establecido qui\u00e9nes pudieron amenazar o perseguir a don Nepomuceno Ariza y dar muerte a Ni\u00f1o Su\u00e1rez, la constituye la orden que imparti\u00f3 en el numeral d\u00e9cimo s\u00e9ptimo de compulsar copias para investigar \u00b7el autor intelectual o material del asesinato del se\u00f1or Manuel Ni\u00f1o Su\u00e1rez y de los autores del constre\u00f1imiento ilegal de que fue v\u00edctima el se\u00f1or Nepomuceno Arias\u2019. <\/p>\n
\u201c72) En fin, incumpli\u00f3 en grado sumo la obligaci\u00f3n legal conforme a la cual la sentencia deber\u00e1 ser suficientemente motivada, tal y como lo establece el inciso 2\u00ba, articulo 91 de la ley 1448 de 2011.\u201d <\/p>\n
Al examinarse cada uno de los anteriores cuestionamientos, se advierte que los mismos obedecen a una discrepancia con la interpretaci\u00f3n normativa y la valoraci\u00f3n probatoria realizada por el juzgador, los cuales escapan a la naturaleza del presente mecanismo excepcional, ya que no encuadran en ninguno de los supuestos que esta Corte ha admitido como causa de nulidad originada en la sentencia, ni siquiera, bajo aquel criterio que acepta como tal las \u201cdeficiencias graves de motivaci\u00f3n\u201d, pues, como se explic\u00f3 en precedencia, el sustento invocado bajo esa premisa no puede responder \u201ca un replanteamiento de la cuesti\u00f3n litigiosa o un disentimiento de la valoraci\u00f3n probatoria del fallador\u201d61, como aqu\u00ed lo pretende la actora. <\/p>\n
Adem\u00e1s, la resoluci\u00f3n rebatida no carece de la exposici\u00f3n de los motivos que la inspiraron, y contrariamente, en el cuerpo del fallo proferido quedaron rese\u00f1adas las razones que tuvo el Tribunal para decidir en la forma en que lo hizo, con independencia de si fue adecuado o no el ejercicio valorativo realizado por este para llegar a ellas, lo que permite concluir, entonces, que se atendieron las exigencias regladas en los art\u00edculos 304 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y 51 y siguientes de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el inciso segundo del canon 91 de la Ley 1448 de 2011. <\/p>\n
No est\u00e1 dem\u00e1s memorar, que si el vicio que se debe alegar como fundante de la causal octava de revisi\u00f3n ha de ser de naturaleza eminentemente procesal, ac\u00e1 no caben discusiones sustanciales como las que propone la recurrente, ata\u00f1ederas a si las pruebas permit\u00edan o no inferir la calidad de v\u00edctima de la solicitante de la restituci\u00f3n de tierras; o si la opositora era en verdad adquirente de buena fe de acuerdo con los medios de acreditaci\u00f3n obrantes en el plenario; o si se le debi\u00f3 conceder a esta \u00faltima el derecho a una compensaci\u00f3n, etc. <\/p>\n
5.4.3. La recurrente acusa al Tribunal de haber reemplazado \u201cel supuesto de hecho de la demanda\u201d, particularmente, lo expuesto en los hechos quinto62 y sexto63 de esta, ya que en la sentencia se dijo, contrariando la causa invocada, <\/p>\n
i) Que \u201chubo violencia generalizada en la zona donde est\u00e1 ubicada la \u2018parcela 102 La Esperanza\u2019 y en la vecindad\u201d, cuando tal situaci\u00f3n no fue planteada; <\/p>\n
ii) Que \u201cel despojo ocurri\u00f3 mediante la suscripci\u00f3n de la promesa de compraventa suscrita el 11 de febrero de 1993 entre Nepomuceno Ariza e Ilia Mar\u00eda Berbesi de Ariza, como promitentes vendedores y Mar\u00eda Trinidad Rinc\u00f3n, en calidad de promitente compradora\u201d, siendo que ello no se adujo; <\/p>\n
iii) Que \u201cla familia Ariza-Berbesi ven\u00eda siendo objeto de otros hechos victimizantes\u201d; <\/p>\n
iv) Que \u201chabiendo transcurrido aproximadamente tres (3) a\u00f1os del asesinato de Manuel Ni\u00f1o Su\u00e1rez, don Nepomuceno Ariza se atrevi\u00f3 a reclamar a los hombres del grupo insurgente que all\u00ed operaba\u201d, lo que se supuso; <\/p>\n
v) Que tal hecho \u201cocurri\u00f3 el 8 de agosto de 1990\u201d, sin decir nada frente al silencio de la demandante sobre tal data; <\/p>\n
vi) Que las amenazas efectuadas a \u00e9ste \u201cprovinieron de personas armadas que pertenec\u00edan a \u2018alguno de los grupos ilegales que conflu\u00edan alternativamente en el municipio\u2019\u201d; <\/p>\n
vii) Que asumi\u00f3, de manera acomodaticia, que el referido homicidio \u201cpudo no haber sido perpetrado por [el aludido] grupo paramilitar (\u2026) sino por cualquier otro grupo armado ilegal, por malas costumbres del occiso o por ajuste de cuentas o por limpieza social que realizaban esas estructuras delincuenciales, con lo cual cambi\u00f3 por completo lo aducido al respecto [en] el libelo introductorio\u201d; <\/p>\n
viii) Que sin haberse advertido en dicho escrito, ni expresar como lo hall\u00f3 demostrado, asegur\u00f3 que la muerte de Ni\u00f1o Su\u00e1rez y las amenazas a Nepomuceno Ariza \u201cse presentaron dentro del contexto del conflicto armado\u201d; <\/p>\n
ix) Que adujo que \u201cen la colindancia del predio (\u2026) ocurrieron actos de violencia generalizados, fen\u00f3menos de desplazamiento forzado colectivo y violaciones graves a los derechos humanos\u201d, cuando ello no se afirm\u00f3 en la demanda; <\/p>\n
x) Que imagin\u00f3 dicha autoridad que \u201cel temor y el miedo de Nepomuceno Ariza fueron determinantes de la venta de la \u2018Parcela 102 La Esperanza\u2019\u201d; <\/p>\n
xi) Que indic\u00f3 que \u201clos progenitores de Martha Isabel Legu\u00edzamo Pe\u00f1a no tuvieron en cuenta la situaci\u00f3n de violencia generalizada, situaci\u00f3n que ni fue planteada, ni debatida ni demostrada\u201d; <\/p>\n
xii) Que invent\u00f3 que \u201ccuando [aqu\u00e9l] celebr\u00f3 el contrato de promesa de compraventa hu\u00eda por la situaci\u00f3n de violencia generalizada\u201d; <\/p>\n
xiii) Que expres\u00f3 que dicha situaci\u00f3n \u201calter\u00f3 en forma negativa el mercado inmobiliario\u201d, cuando ello no se mencion\u00f3 ni se demostr\u00f3; y <\/p>\n
xiv) Que manifest\u00f3 que el padre de la opositora \u201cno adelant\u00f3 actuaci\u00f3n o diligencia para establecer la realidad, cuando eso no constituye parte de la causa petendi ni dicho se\u00f1or fue parte en el proceso, ni en la adquisici\u00f3n [del fundo], ni precis\u00f3 (\u2026) qu\u00e9 realidad deb\u00eda descubrir\u201d, y tampoco hizo \u201cel estudio de t\u00edtulos que le hubiera permitido ver las irregularidades de las resoluciones del Incora, siendo que tal circunstancia no se expuso en la demanda, ni se advierten anomal\u00edas en aquellos actos administrativos, ni ese examen los podr\u00eda demostrar, ni \u00e9l fue el adquirente [del terreno]\u201d. <\/p>\n
Pues bien, vista como fue propuesta la incongruencia del fallo, pronto advierte la Corte que lo que con ella se quiere formular es, desde otra perspectiva, la censura a los razonamientos sustanciales del Tribunal para haber acogido la s\u00faplica restitutiva. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, si en el marco del libelo restitutorio se pidi\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental a la restituci\u00f3n de tierras64, y el regreso a la situaci\u00f3n acaecida antes del despojo presentado, no es posible, en sede del recurso de revisi\u00f3n predicar incongruencia por la estimaci\u00f3n de tales s\u00faplicas, y la negativa expresa a una compensaci\u00f3n para la opositora. <\/p>\n
Adem\u00e1s, como se dijo en precedencia, los reparos a la ponderaci\u00f3n de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica, no encuadran en ninguno de los supuestos que la Sala ha admitido como causa de nulidad originada en la sentencia, lo cual descarta el \u00e9xito del recurso por tales motivos. <\/p>\n
De manera que, si bien la incongruencia es un vicio de procedimiento que eventualmente puede llegar a configurar el motivo de revisi\u00f3n invocado por el recurrente, al quebrantar los postulados del art\u00edculo 305 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, que imponen al juzgador el deber de fallar <\/p>\n
\u201cen consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las dem\u00e1s oportunidades que este c\u00f3digo contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si as\u00ed lo exige la ley. \u2013 No podr\u00e1 condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en \u00e9sta. \u2013 Si lo pedido por el demandante excede de lo probado, se le reconocer\u00e1 solamente lo \u00faltimo. \u2013 En las sentencias se tendr\u00e1 en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido despu\u00e9s de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a m\u00e1s tardar en su alegato de conclusi\u00f3n, y cuando este no proceda, antes de que entre el expediente al Despacho para sentencia, o que la ley permita considerarlo de oficio\u201d. <\/p>\n
Lo cierto es que aqu\u00ed, en lo que corresponde a lo suplicado en la demanda para la restituci\u00f3n de tierras, y a la causa para pedir, no se advierte al rompe el vicio de conducta aseverado, porque al corresponder el libelo a un asunto que ata\u00f1e a un derecho fundamental, como la restituci\u00f3n de tierras despojadas, nada hay de inconsonancia en la averiguaci\u00f3n de todas las circunstancias que jur\u00eddica y materialmente pudieron ocasionar el despojo, independientemente de que hayan o no sido enunciadas en el pliego rector del proceso. <\/p>\n
Y en esto \u00faltimo es donde con mayor fuerza viene a aplicar aquello que la Corte se\u00f1al\u00f3 sobre la incongruencia en revisi\u00f3n, en el sentido de que no cualquier irregularidad en el fallo, o cualquier incongruencia, tiene entidad suficiente para invalidar la sentencia [pues] Ha de tratarse de una irregularidad que pueda caber en los casos espec\u00edficamente se\u00f1alados por el legislador como motivos de anulaci\u00f3n\u2026\u201d65. <\/p>\n
5.4.4. Los dem\u00e1s argumentos esgrimidos por la impugnante con el fin de configurar el motivo de invalidaci\u00f3n que alegada corren la misma suerte que los anteriores, en la medida que no encajan en ninguno de los eventos aceptados por la Corte para su procedencia. <\/p>\n
En efecto, \u00e9sta adujo que la providencia confutada es completamente inicua, en tanto que accedi\u00f3 a todas las pretensiones de la demandante, mientras que a ella le arrebat\u00f3 todo, por lo que es \u201ctotalmente inequitativa, arbitraria e injusta\u201d, raciocinio que solo exhibe una inconformidad. <\/p>\n
As\u00ed mismo, dijo que el Tribunal se extralimit\u00f3 en sus funciones, toda vez que declar\u00f3 la inexistencia del contrato de promesa de compraventa celebrada entre Nepomuceno Ariza y Mar\u00eda Trinidad Rinc\u00f3n de Hern\u00e1ndez, pero no as\u00ed el que suscribi\u00f3 Ilia Mar\u00eda Berbesi de Ariza con \u00e9sta, por lo que se excedi\u00f3 al ordenar que se restituyera el predio objeto de disputa, afirmaci\u00f3n que plantea una disparidad frente a c\u00f3mo se debi\u00f3 resolver el asunto, pero que en todo caso escapa a la l\u00f3gica, pues aqu\u00e9l negocio jur\u00eddico fue suscrito por la pareja Ariza-Berbesi y aqu\u00e9lla, es decir, que es un solo contrato, no dos. <\/p>\n
Igualmente sostuvo que la sentencia cuestionada es diminuta, puesto que en ella no se analiz\u00f3 \u201cla excepci\u00f3n de inconstitucionalidad de la ley 1448 de 2011 al compararla con el contenido de los art\u00edculos 4\u00b0, 29 y 58 de la Constituci\u00f3n\u201d, mucho menos la conducta de ella a fin de determinar si act\u00fao de buena fe exenta de culpa al adquirir el predio objeto de restituci\u00f3n, sumado a que neg\u00f3 el pago de la compensaci\u00f3n econ\u00f3mica establecida en el art\u00edculo 98 de la Ley 1448 de 2011, as\u00ed como el de las mejoras plantadas y, se omiti\u00f3 adoptar las \u00f3rdenes necesarias para que las cosas volvieran al estado anterior a la celebraci\u00f3n del contrato de promesa de compraventa, aspectos que, a excepci\u00f3n del primero, que no era de obligada resoluci\u00f3n por no ser planteada en aqu\u00e9l litigio, si fueron abordados y resueltos en la decisi\u00f3n reprochada, al margen, se insiste, del acierto que pudo o no tener la aludida autoridad al hacerlo. <\/p>\n
Finalmente, asever\u00f3 que la susodicha sentencia debi\u00f3 ser desestimatoria de las pretensiones incoadas, dado que la solicitante no estaba legitimada para promover la demanda restitutoria, en la medida que no invoc\u00f3 ser heredera de Nepomuceno Ariza, hecho que tampoco demostr\u00f3 dentro del proceso, argumento que sigue la misma l\u00ednea de los dem\u00e1s, esto es, la de exponer un descontento frente a lo resuelto, a partir de la cr\u00edtica a la valoraci\u00f3n probatoria realizada por el Tribunal de tierras, lo cual es extra\u00f1o al presente tr\u00e1mite extraordinario. <\/p>\n
Por tanto, la censura planteada por la actora obedece m\u00e1s a su inconformidad con lo decidido, producto de la valoraci\u00f3n probatoria efectuada por dicha autoridad, que nada tiene que ver con los motivos habilitados por la Corte para declarar fundada la causal octava de revisi\u00f3n, incluido, en gracia a la discusi\u00f3n si se quiere, el de \u201cfalta de motivaci\u00f3n\u201d, lo que torna improcedente la impugnaci\u00f3n extraordinaria formulada. <\/p>\n
6. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Por todo lo expuesto y de lo que consta en las actuaciones judiciales, se llega a la conclusi\u00f3n que el recurso extraordinario de revisi\u00f3n propuesto es infundado, comoquiera que no cumple con las exigencias legales previstas para hacer prospera la causal invocada, motivo por el cual se declarar\u00e1 impr\u00f3spero el mecanismo de impugnaci\u00f3n de que aqu\u00ed se trata; no obstante, no se condenar\u00e1 en costas a su promotora, por ser amparada por pobre, conforme lo prev\u00e9 el inciso primero del art\u00edculo 163 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil66. <\/p>\n
V. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En armon\u00eda con las consideraciones precedentes, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso de revisi\u00f3n propuesto por MARTHA ISABEL LEGU\u00cdZAMO PE\u00d1A contra la sentencia descrita en el encabezamiento de esta providencia. <\/p>\n
SEGUNDO: Sin condena en costas a la impugnante, seg\u00fan lo establecido en el art\u00edculo 163 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
TERCERO: Cumplido lo anterior, devu\u00e9lvase el expediente a la oficina judicial de origen, a excepci\u00f3n de la actuaci\u00f3n relativa al recurso de revisi\u00f3n. Por Secretar\u00eda, of\u00edciese. <\/p>\n
CUARTO: Archivar, en su momento, el expediente aqu\u00ed conformado. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Con impedimento aceptado <\/p>\n
1\u0002 Folios 2 a 13, cdno. I (Rad. 2012-00089-00), Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Barrancabermeja. <\/p>\n
2\u0002 Ejusdem. <\/p>\n
3\u0002 Folios 88 a 90, Cit. <\/p>\n
4\u0002 Folios 111 a 116, Ob. <\/p>\n
5\u0002 Folios 449 a 519, cdno. 2, Tribunal de Tierras. <\/p>\n
6\u0002 Cit. <\/p>\n
7\u0002 La cual fue admitida luego de ser subsanada (fls. 204 a 206, Cdno. 1 Corte). <\/p>\n
8\u0002 Por conducto del abogado de oficio que se design\u00f3 por el Magistrado sustanciador, producto del amparo de pobreza que le fuera concedido en prove\u00eddo de 13 de agosto de 2014 (fls. 66 a 69, ib\u00eddem). <\/p>\n
9\u0002 Folios 74 a 98, Cit. <\/p>\n
10\u0002 Ejusdem. <\/p>\n
11\u0002 Auto de 13 de marzo de 2015 (fl. 188, Cdno. 1, Corte). <\/p>\n
12\u0002 Prove\u00eddo del 15 de mayo de 2015 (fls. 204 a 206, Cit.). <\/p>\n
13\u0002 Folios 256 a 259, Ob. <\/p>\n
14\u0002 Folios 262 a 266, Cfr. <\/p>\n
15\u0002 Folios 286 a 292, Cdno. 1, Corte. <\/p>\n
16\u0002 \u201cpersonas que tengan derechos leg\u00edtimos relacionados con el predio, los acreedores con garant\u00eda real y otros acreedores de obligaciones relacionadas con el predio, as\u00ed como las personas que se consideren afectadas por la suspensi\u00f3n del proceso y procedimientos administrativos (\u2026) y de los herederos indeterminados del causante NEPOMUCENO ARIZA\u201d. <\/p>\n
17\u0002 Folios 373 a 376, Cit. <\/p>\n
18\u0002 Folios 412 a 416, Ob. <\/p>\n
19\u0002 Folios 661 a 670, Cdno. 2, Corte. <\/p>\n
20\u0002 Folios 682 a 686, Ob. <\/p>\n
21\u0002 Folios 707 a 726, \u00eddem. <\/p>\n
22\u0002 Folio 788, Cfr. <\/p>\n
23\u0002 Folios 790 a 796, Cit. <\/p>\n
24\u0002 El 31 de octubre de 2014 (fl. 98, Cdno. 1, Corte). <\/p>\n
25\u0002 Tal y como se hizo en la sentencia del 25 de junio de 2019 (SC339-2019), dentro del radicado No. 11001-02-03-000-2015-02695-00. <\/p>\n
26\u0002 Art\u00edculo 72 de la Ley 1448 de 2011. <\/p>\n
27\u0002 Art\u00edculo 76 ib. <\/p>\n
28\u0002 Art\u00edculo 76 inc. 5\u00ba ib. <\/p>\n
29\u0002 Art\u00edculo 82 ib. <\/p>\n
30\u0002 Art\u00edculo 79 ib. <\/p>\n
31\u0002 Art\u00edculo 79 ib. <\/p>\n
32\u0002 Art\u00edculo 92 ib. <\/p>\n
33\u0002 Seg\u00fan el art\u00edculo 5\u00ba ib., \u201cEl Estado presumir\u00e1 la buena fe de las v\u00edctimas de que trata la presente ley. La v\u00edctima podr\u00e1 acreditar el da\u00f1o sufrido, por cualquier medio legalmente aceptado. En consecuencia, bastar\u00e1 a la v\u00edctima probar de manera sumaria el da\u00f1o sufrido ante la autoridad administrativa, para que esta proceda a relevarla de la carga de la prueba. En los procesos en los que se resuelvan medidas de reparaci\u00f3n administrativa, las autoridades deber\u00e1n acudir a reglas de prueba que faciliten a las v\u00edctimas la demostraci\u00f3n del da\u00f1o sufrido y aplicar\u00e1n siempre el principio de buena fe a favor de estas. En los procesos judiciales de restituci\u00f3n de tierras, la carga de la prueba se regular\u00e1 por lo dispuesto en el art\u00edculo 78 de la presente Ley\u201d. <\/p>\n
34\u0002 De acuerdo con el art\u00edculo 78 ib., \u201cBastar\u00e1 con la prueba sumaria de la propiedad, posesi\u00f3n u ocupaci\u00f3n y el reconocimiento como desplazado en el proceso judicial, o en su defecto, la prueba sumaria del despojo, para trasladar la carga de la prueba al demandado o a quienes se opongan a la pretensi\u00f3n de la v\u00edctima en el curso del proceso de restituci\u00f3n, salvo que estos tambi\u00e9n hayan sido reconocidos como desplazados o despojados del mismo predio\u201d. <\/p>\n
35\u0002 Art\u00edculo 98 ib. <\/p>\n
36\u0002 Numeral 2\u00ba, art\u00edculo 78 ib. <\/p>\n
37\u0002 La buena fe est\u00e1 consagrada constitucionalmente en el art\u00edculo 83 superior, y para estos casos se encuentra tambi\u00e9n en instrumentos internacionales como el Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 y los Principios Rectores de Desplazamientos Internos. <\/p>\n
39\u0002 Que quedaron id\u00e9nticas en el C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
40\u0002 Ver en este sentido, CSJ, SC339-2019. <\/p>\n
41\u0002 Inciso final del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
42\u0002 El art\u00edculo 356 del C\u00f3digo General del Proceso es de id\u00e9ntico tenor. <\/p>\n
43\u0002 Folio 649, Cdno. 3, Corte. <\/p>\n
44\u0002 Folio 98, Cdno. 1, ejusdem. <\/p>\n
45\u0002 G.J. CXLVIII, 1985, reiterada en CSJ SR, 30 Sep. 1996, Rad. 5490; SR, 14 Dic. 2010, Rad. 2006-01737-00; SC4415-2016; SC16880-2017; y, SC3951-2019. <\/p>\n
46\u0002 CSJ SC, 22 Sep. 1999. Exp. 7421. <\/p>\n
47\u0002 CSJ SC, 29 Oct. 2004. Exp. 03001. <\/p>\n
48\u0002 CSJ, SC14427-2016. <\/p>\n
49\u0002 CSJ SC, 29 Ago. 2008. Rad. 2004-00729. <\/p>\n
50\u0002 Se intent\u00f3 sin suerte en las sentencias SC5408-2018 y SC5671-2018. <\/p>\n
51\u0002 CSJ SC, 29 ago. 2008\uff0cRad. 2004-00729-01, citada en SC, 1\u00ba jun. 2010\uff0cRad\uff0e2008-00825-00; SC, 8 abr\uff0e2011\uff0cRad. 2009-00125-00; SC12377-2014; SC12559-2014; y, SC12377-2014, entre otras. Ver tambi\u00e9n, CSJ AC7457-2017 y AC5139-2019. <\/p>\n
52\u0002 CSJ SC14427-2016; SC7121-2017; SC20187-2017, SC5671-2018, entre otras. Ver tambi\u00e9n, CSJ AC1363-2019; AC3933-2019; AC4038-2019; y, AC8744-2019. <\/p>\n
53\u0002 CSJ SC5408-2018. <\/p>\n
54\u0002 CSJ, SC12377-2014. <\/p>\n
55\u0002 CSJ, AC3933-2019. <\/p>\n
56\u0002 CSJ, SC12948-2016, citada hace poco en SC4339-2019. <\/p>\n
57\u0002 CSJ, SC339-2019, reiterada en SC3362-2020. <\/p>\n
58\u0002 \u201cPor la cual se dictan medidas de atenci\u00f3n, asistencia y reparaci\u00f3n integral a las v\u00edctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones.\u201d <\/p>\n
59\u0002 CSJ SC 16880-2017. <\/p>\n
60\u0002 CSJ SC 16880-2017 <\/p>\n
61\u0002 CSJ, SC12377-2014, citada en SC5408-2018. <\/p>\n
62\u0002 Que indica: \u201cEl comandante de los grupos paramilitares que operaban en la zona, para el a\u00f1o 1993 era el se\u00f1or DOMINGO CRISTANCHO, reconocido con el alias de CAMILO MORANTES\u201d. <\/p>\n
63\u0002 Que se\u00f1ala: \u201cUna vez se produce el homicidio, el se\u00f1or NEPOMUCENO ARIZA, hizo algunas averiguaciones sobre la muerte de su hijo, cuesti\u00f3n que lo llev\u00f3 a reclamar a los hombres de Camilo Morantes, quienes sin dilaci\u00f3n alguna le dijeron que no preguntara tanto o si no para \u00e9l tambi\u00e9n hab\u00eda, lo que se configur\u00f3 como una amenaza velada.\u201d <\/p>\n
64\u0002 En Colombia, la restituci\u00f3n de tierras es un derecho fundamental que permite a las v\u00edctimas del conflicto armado retornar a los predios que debieron abandonar por causa de la violencia. Esta garant\u00eda jur\u00eddica, seg\u00fan la sentencia SU648 de 2017 de la Corte Constitucional, hace parte de las medidas de reparaci\u00f3n que debe procurar el Estado, para alcanzar el \u201crestablecimiento de la v\u00edctima a la situaci\u00f3n anterior al hecho de la violaci\u00f3n, entendida \u00e9sta como una situaci\u00f3n de garant\u00eda de sus derechos fundamentales\u201d. <\/p>\n
65\u0002 CSJ SC de 15 de julio de 2008, Rad. 2007-00037. <\/p>\n
66\u0002 Que reza: \u201cEl amparado por pobre no estar\u00e1 obligado a prestar cauciones procesales ni a pagar expensas, honorarios de auxiliares de la justicia u otros gastos de la actuaci\u00f3n, y no ser\u00e1 condenado en costas.\u201d <\/p>\n
1 <\/p>\n
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SC3258-2021 (2014-01502-00) \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente SC3258-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2014-01502-00 (Discutido y aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintid\u00f3s de julio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., cuatro (04) de agosto de dos mil veintiuno (2021).- Procede la Corte a desatar el recurso […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56204","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56204","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56204"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56204\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56204"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56204"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56204"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}