SC3259-2021 (1998-01235-01)<\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
SC3259-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-011-1998-01235-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (04) de agosto de dos mil veintiuno <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la sociedad Francisco Luis G\u00f3mez y Hermanos Almacenes el Lobo – en liquidaci\u00f3n frente a la sentencia de 19 de julio de 2012, proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil, dentro del proceso que promovi\u00f3 contra Banco de Bogot\u00e1, Banco Santander Colombia S.A., Central de Inversiones S.A., Jorge Arturo Acu\u00f1a Garc\u00eda, Banco Nacional del Comercio – B.N.C. (Fusionado con BBVA), Gerardo L\u00f3pez Londo\u00f1o, Banco Popular, Banco Andino Colombia S.A., Banco Uni\u00f3n Colombiano, Banco del Estado (Fiduprevisora como vocera del P.A. BanEstado liq.), Banco Colpatria Red Multibanca Colpatria S.A. y Corporaci\u00f3n de Ahorro y Vivienda Colpatria Upac Colpatria S.A., Delta Bol\u00edvar Compa\u00f1\u00eda de Financiamiento Comercial S.A., Financiera Berm\u00fadez y Valenzuela S.A. y Financiera Andina S.A. (Davivienda S.A.), Banco Davivienda como sucesor de Banco Cafetero, Inversora Pichincha S.A., Bancolombia S.A. y Compa\u00f1\u00eda Suramericana de Financiamiento Comercial S.A. \u201cSufinanciamiento\u201d, Banco de Occidente, Banco Ganadero S.A. (hoy BBVA), Corporaci\u00f3n de Superaci\u00f3n Educativa Popular \u201cSuperar\u201d, Cofersa Comercializadora Ferretera S.A. – Cofersa, y Jairo V\u00e9lez Arango, en el cual intervinieron como coadyuvantes Alberto G\u00f3mez G\u00f3mez, Javier Roa Qui\u00f1ones, Gloria G\u00f3mez G\u00f3mez y Juan Jos\u00e9 G\u00f3mez Jaramillo. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En el escrito inaugural de la controversia, con su posterior reforma, la demandante solicit\u00f3 que se declarara la invalidez absoluta, o en subsidio, la relativa, de las daciones en pago contenidas en las escrituras p\u00fablicas n.\u00b0 2231, 2232, 2233 y 2234, de 6 de agosto de 1996, otorgadas en la Notar\u00eda 11 del c\u00edrculo de Bogot\u00e1, con la consecuente cancelaci\u00f3n de los documentos p\u00fablicos y las anotaciones en los folios de matr\u00edcula inmobiliaria, as\u00ed como a la condena del pago de los perjuicios irrogados (folios 1 a 14 de la carpeta 1D). <\/p>\n
2. En resumen, la actora aleg\u00f3 que los mencionados actos dispositivos se realizaron en transgresi\u00f3n del acuerdo concordatario suscrito con los accionados, en particular, sin contar con un aval\u00fao definitivo al 31 de enero de 1993, exigencia que no pod\u00eda ser modificada de manera unilateral por los acreedores financieros, la junta de vigilancia o el contralor designado. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que, ante la falta de peritaci\u00f3n, la deudora ten\u00eda que expresar su consentimiento para que las daciones fueran v\u00e1lidas; sin embargo, sucedi\u00f3 lo opuesto, esto es, la deudora se opuso a su realizaci\u00f3n, como consta en la manifestaci\u00f3n realizada ante notario. <\/p>\n
Adem\u00e1s, critic\u00f3 que las escrituras p\u00fablicas fueran otorgadas, pues el pago del impuesto predial fue realizado por quien no era due\u00f1o; asegur\u00f3 que el \u00fanico legitimado para efectuar su cancelaci\u00f3n era la demandante, en su calidad de propietaria y poseedora, siendo ileg\u00edtimos los formularios prediales presentados por las entidades financieras. <\/p>\n
Aleg\u00f3 objeto y causa il\u00edcitos, porque las daciones en pago se hicieron en contravenci\u00f3n de normas imperativas. Tambi\u00e9n existi\u00f3 nulidad relativa, por el incumplimiento de los requisitos concordatarios, siendo aplicables al caso las normas civiles, por faltar el consentimiento de la deudora. <\/p>\n
3. Las convocadas, en m\u00faltiples escritos, se opusieron a las pretensiones, rechazando algunos hechos y aclarando otros. En sinopsis, alegaron las excepciones de validez y eficacia de los negocios traslaticios, imputabilidad de las omisiones a la demandante, mala fe, dolo eventual, enriquecimiento sin justa causa, legalidad del pago por un tercero, inexistencia de condici\u00f3n resolutoria, cosa juzgada, entre otras. <\/p>\n
Financiera Andina S.A. y Delta Bol\u00edvar formularon demanda de reconvenci\u00f3n, por los perjuicios derivados de la imposibilidad de explotar econ\u00f3micamente los predios pose\u00eddos por la accionante. <\/p>\n
5. El Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Bogot\u00e1 (Descongesti\u00f3n) dict\u00f3 sentencia el 13 de diciembre de 2011, en la cual deneg\u00f3 las pretensiones de las actoras y del escrito de mutua petici\u00f3n (folios 1378 a 1413 del cuaderno 1E). <\/p>\n
6. Apelada esta decisi\u00f3n por la convocante y los coadyuvantes, en silencio de los reconvinientes, el superior desat\u00f3 la alzada el 19 de julio de 2012 y confirm\u00f3 la providencia de primera instancia, por las razones que se compendian m\u00e1s adelante (folios 151 a 169 del cuaderno 1 del Tribunal). <\/p>\n
7. La sociedad Francisco Luis G\u00f3mez y Hermanos Almacenes el Lobo – en liquidaci\u00f3n (folios 172 y 173 idem), as\u00ed como Juan Jos\u00e9 G\u00f3mez Jaramillo (folio 174 ibidem), Alberto G\u00f3mez G\u00f3mez (folios 175 y 176), Javier Roa Qui\u00f1ones y Gloria G\u00f3mez G\u00f3mez (folios 178 y 179), interpusieron sendos recursos de casaci\u00f3n, los cuales fueron concedidos, y en tiempo h\u00e1bil se radicaron cuatro (4) escritos de sustentaci\u00f3n. <\/p>\n
El primero fue aceptado a estudio parcialmente por auto de 23 de septiembre de 2014 (AC5746, folios 180 a 203); los dem\u00e1s fueron inadmitidos por prove\u00eddo AC4858 de 2 de agosto de 2017 (folios 478 a 526). <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Despu\u00e9s de transcribir las causales de nulidad y los requisitos de la daci\u00f3n en pago, desestim\u00f3 la existencia de causa u objeto il\u00edcitos, porque los actos censurados se ajustaron a las normas de orden p\u00fablico que le son aplicables y se celebraron por personas capaces. <\/p>\n
Desestim\u00f3 la invalidez pues los bienes enajenados no estaban fuera del comercio y \u00abel prop\u00f3sito que inspir\u00f3 su celebraci\u00f3n fue un acuerdo concordatario para la extinci\u00f3n de las deudas que ten\u00eda el demandante\u2026 lo cual no resulta ajeno a la naturaleza y finalidad del concordato, ni a la de la daci\u00f3n\u00bb (folio 163 del cuaderno 20). Precis\u00f3 que el decreto 350 de 1989 permite la celebraci\u00f3n de estos acuerdos, con el prop\u00f3sito de solucionar las deudas insatisfechas y evitar la liquidaci\u00f3n de la deudora, lo que precisamente se busc\u00f3 en este caso por medio de las daciones, raz\u00f3n para excluir un objeto il\u00edcito. <\/p>\n
Encontr\u00f3 que la causa era acorde al orden p\u00fablico en tanto las enajenaciones se hicieron en virtud del concordato avalado por la Superintendencia de Sociedades, lo que permiti\u00f3 solventar acreencias impagadas, como se consagr\u00f3 en las cl\u00e1usulas tercera y cuarta del convenio. <\/p>\n
Estableci\u00f3 que las daciones fueron suscritas por personas con capacidad de disposici\u00f3n, ya que el deudor, \u00absi bien no otorg\u00f3 la escritura directamente\u2026[,] tal eventualidad fue prevista en la cl\u00e1usula sexta del acuerdo\u2026 otorgando la facultad al contralor para suscribirla\u00bb (folio 165 ibidem), auxiliar de la justicia que deb\u00eda cumplir las funciones consagradas en el art\u00edculo 8 del decreto 350 de 1989 y en el mencionado acuerdo. <\/p>\n
Desestim\u00f3 la configuraci\u00f3n de causales de nulidad relativa o la invalidez por la confecci\u00f3n extempor\u00e1nea del aval\u00fao, pues \u00e9ste finalmente se realiz\u00f3 el 9 de febrero de 1993, por la entidad dispuesta por las partes. \u00abPor lo tanto, el retardo en su elaboraci\u00f3n si bien podr\u00eda comportar un incumplimiento a lo acordado, no constituye supuesto de nulidad o anulabilidad en la forma que determina el legislador\u00bb (folio 166 ejusdem). <\/p>\n
Sostuvo que las irregularidades relativas al nombramiento del contralor debieron ser ventiladas en el tr\u00e1mite concordatario, sin que esto genere anulabilidad de las daciones en pago; m\u00e1s a\u00fan si se tiene en cuenta que el referido tr\u00e1mite culmin\u00f3 el 21 de enero de 1999 y se precis\u00f3 que los actos realizados no se afectar\u00edan. <\/p>\n
Por \u00faltimo, advirti\u00f3 que se habr\u00eda configurado la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n de nulidad relativa, pues las daciones se realizaron el 6 de agosto de 1996 y la demanda se promovi\u00f3 el 18 de septiembre de 1998. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
El demandante propuso cuatro (4) embistes (folios 6 a 20 del cuaderno Corte), de los cuales fueron inadmitidos los tres (3) iniciales por auto de 23 de septiembre de 2014, quedando por resolver el final. <\/p>\n
CARGO CUARTO <\/p>\n
Con fundamento en la causal 4\u00aa de casaci\u00f3n la opugnante achac\u00f3 la vulneraci\u00f3n de la prohibici\u00f3n de reforma peyorativa porque, de la simple comparaci\u00f3n entre las sentencias de primera y segunda instancia, se observa que en la alzada se declar\u00f3 la prescripci\u00f3n extintiva de la nulidad relativa deprecada, materia que jam\u00e1s fue objeto de pronunciamiento en primer grado. <\/p>\n
Asever\u00f3 que, al reconocerse la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n por el paso del tiempo, se \u00ablevant\u00f3 sorpresivamente un muro imposible de escalar porque frente a \u00e9l todas las peticiones del recurrente resultaban inaudibles. Se abort\u00f3, entonces, la viabilidad de una reconsideraci\u00f3n en segunda instancia de los fundamentos tenidos en cuenta por el A-quo. En estas condiciones y por empeorarse la situaci\u00f3n del apelante se configura la reformatio impejus (sic) expresamente prohibida en la propia Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u00bb (folio 19 del cuaderno Corte). <\/p>\n
Despu\u00e9s de transcribir los art\u00edculos 29 de la Carta Fundamental y 357 del CPC, as\u00ed como una parte de la sentencia de 27 de febrero de 2012 de la Corte Suprema de Justicia, reliev\u00f3 que la prescripci\u00f3n extintiva no le fue desfavorable en primera instancia, de all\u00ed que, al reconocerse en la apelaci\u00f3n, se le violaron gravemente los derechos de defensa y debido proceso que le asisten al apelante \u00fanico; \u00abtal modificaci\u00f3n no era indispensable porque no obedec\u00eda a una necesidad impuesta por razones de car\u00e1cter l\u00f3gico atinentes a la consistencia misma del pronunciamiento jurisdiccional y a su completa efectividad inmediata\u00bb (folio 20 idem). <\/p>\n
Pidi\u00f3 casar la sentencia del Tribunal y, en sede de instancia, declarar la nulidad relativa de las daciones en pago por violaci\u00f3n del decreto extraordinario 350 de 1989. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Sea lo primero se\u00f1alar que, por mandato del art\u00edculo 40 de la ley 153 de 1887, relativo a la vigencia de la ley procesal en el tiempo, \u00ablos recursos interpuestos\u2026 se regir\u00e1n por las leyes vigentes cuando se interpusieron\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, si bien el C\u00f3digo General del Proceso -CGP- entr\u00f3 en vigencia de forma general el 1\u00b0 de enero de 2016, como la casaci\u00f3n formulada por la Sociedad Francisco Luis G\u00f3mez y Hermanos Almacenes el Lobo – en liquidaci\u00f3n se interpuso el 30 de julio de 2012 (folios 172 y 173 del cuaderno 1 del Tribunal), continuar\u00e1 gobern\u00e1ndose por el estatuto procesal entonces en vigor, esto es, el C\u00f3digo de Procedimiento Civil -CPC-. <\/p>\n
2. La reformatio in pejus es una garant\u00eda que integra el debido proceso, consagrada de forma expresa en el inciso segundo del art\u00edculo 31 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica en los siguientes t\u00e9rminos: \u00abEl superior no podr\u00e1 agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante \u00fanico\u00bb. <\/p>\n
Es un deber impuesto a los juzgadores de segundo grado para que, al desatar los recursos bajo su conocimiento, no profieran una decisi\u00f3n que vaya en detrimento de los intereses del impugnante \u00fanico, esto es, cuando s\u00f3lo exista un inconforme con la determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Arm\u00f3nicamente el canon 357 del CPC prescribe: \u00abLa apelaci\u00f3n se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podr\u00e1 enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en raz\u00f3n de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos \u00edntimamente relacionados con aqu\u00e9lla\u00bb. <\/p>\n
Se impuso un l\u00edmite a la actividad jurisdiccional del superior, \u00abde manera tal que lo resuelto por el inferior en beneficio del apelante debe ser respetado, en la medida en que no puede hacer m\u00e1s gravosa la situaci\u00f3n de este, cuando la contraparte no ha apelado, ni adherido a dicho recurso\u00bb (SC, 19 dic. 2005, rad. n.\u00b0 1998-00027-01). \u00abEsto significa que el juez de segunda instancia igualmente se encuentra maniatado por la voluntad expresamente manifestada por los recurrentes, como cuando, respecto de determinadas decisiones que les son adversas, las aceptan o solicitan que sean confirmadas\u00bb (SC, 4 dic. 2009, rad. n.\u00b0 2005-00103-01). <\/p>\n
Tal restricci\u00f3n, en \u00faltimas, busca que el apelante solitario no sea sorprendido al resolverse su queja, en el sentido de que la determinaci\u00f3n del superior le desmejore la situaci\u00f3n jur\u00eddica, en comparaci\u00f3n con el fallo de primer grado y frente al cual alz\u00f3 sus cr\u00edticas, en salvaguardia de caros derechos como los de defensa, contradicci\u00f3n y confianza leg\u00edtima, pues la ausencia de impugnaci\u00f3n de la contraparte procesal equivale al sometimiento de \u00e9sta a lo decidido (SC14427, 10 oct. 2016, rad. n.\u00b0 2013-02839-00). <\/p>\n
Y es que, el ejercicio del derecho de impugnaci\u00f3n, cuando proviene de una sola de las partes, no puede servir de excusa para que sea penada por medio de una decisi\u00f3n que agravie su situaci\u00f3n, en cuanto sea privado de los derechos que le fueron reconocidos en primer grado, se reduzca su alcance o contenido, o se le impongan condenas mayores. <\/p>\n
Deviene que la reforma peyorativa tendr\u00e1 ocurrencia, d\u00e1ndose los presupuestos anteriores, cuando el sentenciador de segundo grado innove, para desmejorar, la posici\u00f3n procesal que cre\u00f3 el prove\u00eddo de primer grado para el apelante, siempre que esta enmienda no obedezca a una necesidad l\u00f3gica o jur\u00eddica atinente a la coherencia del pronunciamiento jurisdiccional. Innovar, seg\u00fan la jurisprudencia, consiste en que \u00abel fallo de segunda instancia lesione el inter\u00e9s jur\u00eddico del impugnante \u00fanico\u00bb, siempre que dicha enmienda no se imponga en raz\u00f3n de la necesidad de \u00abmodificar aspectos \u00edntimamente relacionados con la providencia o trat\u00e1ndose de una materia de previo an\u00e1lisis forzoso, verbi gratia, los presupuestos procesales (CCVII, p. 212, cas. octubre 20\/2000, exp. 5682, CCLXVII) o de aquellas que el ordenamiento jur\u00eddico impone el deber de pronunciarse\u00bb (SC, 25 en. 2008, rad. n.\u00b0 2002-00373-01). <\/p>\n
En resumen, para que se conculque el principio de la non reformatio in pejus \u00abse requiere, como lo tiene esclarecido la Corte y record\u00f3 en S.C. de 19 de septiembre de 2000, rad. 5405, \u2018a) vencimiento parcial de un litigante, b) apelaci\u00f3n de una sola de las partes, porque la otra no lo hizo ni principal ni adhesivamente, c) que el juez de segundo grado haya empeorado con su decisi\u00f3n la situaci\u00f3n del \u00fanico recurrente, y d) que la reforma no verse sobre puntos \u00edntimamente relacionados con lo que fue objeto de la apelaci\u00f3n\u2019\u00bb (SC8410, 1\u00b0 jul. 2014, rad. n.\u00b0 2005-00304-01). <\/p>\n
4. Trasluce, del contenido de esta m\u00e1xima, que \u00fanicamente concierne al ac\u00e1pite resolutivo de las providencias parangonadas, por corresponder al par\u00e1grafo donde finalmente se desatan las pretensiones enarboladas, as\u00ed como las excepciones planteadas o que oficiosamente deban reconocerse. <\/p>\n
Esto debido a que la agravaci\u00f3n de la situaci\u00f3n del apelante \u00fanico s\u00f3lo puede materializarse frente a la asignaci\u00f3n concreta de los derechos en disputa o las condenas impuestas, lo cual reluce del decisum de los veredictos en comparaci\u00f3n. <\/p>\n
No sucede lo mismo frente a las razones que sirvieron al Tribunal para arribar a sus conclusiones, cuando las mismas son dis\u00edmiles a las de su inferior funcional, siempre que la determinaci\u00f3n final sea la misma, pues las motivaciones del fallo, per se, no cambian la situaci\u00f3n jur\u00eddica concreta del apelante solitario. <\/p>\n
Dicho de otra manera, cuando el ad quem revela las premisas argumentativas de su veredicto, sean equivalentes o diversas a las del a quo, est\u00e1 ejerciendo la labor hermen\u00e9utica que es connatural a su funci\u00f3n jurisdiccional, sin vulnerar la m\u00e1xima de la non reformatio in pejus, en tanto este proceder no compromete los derechos, obligaciones o cargas de los sujetos procesales, lo cual s\u00f3lo puede vislumbrarse en la resoluci\u00f3n. <\/p>\n
Ha dicho la Sala que \u00ab[n]o es verdad entonces que el Tribunal\u2026 [desmejore] la posici\u00f3n del apelante \u00fanico\u2026 [cuando] el fracaso de las pretensiones tal como ven\u00eda de primera instancia se mantuvo en segunda, aunque por motivos diferentes\u00bb (SC, 14 dic. 2016, 2000-00194-01; en el mismo sentido SC, 25 en. 2008, rad. n.\u00b0 2002-00373-01; SC10051, 31 jul. 2014, rad. n.\u00b0 1997-00455-01); it\u00e9rese, \u00abes en la parte resolutiva de la sentencia, por ser la que est\u00e1 revestida de poder vinculante, donde debe buscarse el desbordamiento de la limitaci\u00f3n que impide al juzgador hacer m\u00e1s gravosa la condici\u00f3n del \u00fanico apelante, y no en su parte expositiva\u00bb (SC, 4 may. 2005, rad. n.\u00b0 2000-00052-01). <\/p>\n
De all\u00ed que cuando el casacionista pretenda justificar un embiste por la causal cuarta, sin atender el contenido y alcance del decisum, basado \u00fanicamente en las motivaciones, lejos de demostrar una reforma peyorativa est\u00e1 desnaturalizando su contenido, raz\u00f3n suficiente para rehusar el pedimento casacional; dicho de otra forma, cuando en el remedio extraordinario se efect\u00faen reproches en torno a la motivaci\u00f3n del fallo y se omite \u00abel an\u00e1lisis de la cuesti\u00f3n decidida en la sentencia de primer grado, que constitu\u00eda el objeto propio del recurso interpuesto\u2026, son por lo mismo inid\u00f3neos para perfilar el defecto que se predica del fallo, vicio que, se insiste, \u2018\u2026 se mide sobre la resoluci\u00f3n de los fallos, no sobre las razones, conceptos o conclusiones que expongan sus considerandos, porque la relaci\u00f3n procesal no se desata en la parte motiva, sino en la resolutiva\u2019 (G.J. CL, p\u00e1g. 65)\u00bb (idem). <\/p>\n
5. Visto el anterior estado del arte, se abre con perspicuidad que la acusaci\u00f3n enarbolada carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, pues ninguna desmejora se produjo en la situaci\u00f3n del recurrente \u00fanico con ocasi\u00f3n de la apelaci\u00f3n resuelta por el Tribunal Superior de Distrito de Judicial de Bogot\u00e1. <\/p>\n
5.1. Recu\u00e9rdese que en la acusaci\u00f3n se censur\u00f3 que el ad quem, para rehusar la s\u00faplica de nulidad relativa, asintiera en la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n, bajo la consideraci\u00f3n de que el a quo no mencion\u00f3 esta tem\u00e1tica, situaci\u00f3n que, en sentir del casacionista, constituye un desconocimiento de la prohibici\u00f3n de reforma peyorativa. <\/p>\n
5.2. La acusaci\u00f3n, entonces, en lugar de develar una desmejora en la situaci\u00f3n jur\u00eddica del recurrente que brote de la comparaci\u00f3n de los ac\u00e1pites resolutivos de los fallos de primera y segunda instancia, se centr\u00f3 en las motivaciones que sirvieron para soportar la denegaci\u00f3n de las pretensiones, en desconocimiento del contenido inherente a la garant\u00eda invocada. <\/p>\n
Total, para soportar la supuesta vulneraci\u00f3n del mandato constitucional, la opugnante no se centr\u00f3 en el decisum del veredicto de alzada, sino que invoc\u00f3 \u00ab[l]as razones expuestas en la parte motiva\u00bb, en particular, transcribi\u00f3 la afirmaci\u00f3n del Tribunal en la que asegur\u00f3 que \u00ab[h]abr\u00e1 de confirmarse la sentencia de primera instancia pues las daciones en pago contenidas en las Escrituras P\u00fablicas Nos. 2231, 2231 (sic), 2233 y 2234 del 6 de agosto de 1996 de la Notar\u00eda Once del C\u00edrculo de Bogot\u00e1 no adolecen de nulidad absoluta ni relativa y, respecto de \u00e9sta \u00faltima se ha consolidado la prescripci\u00f3n extintiva\u00bb (resaltado original, folio 17 del cuaderno Corte). Frente a esta \u00faltima afirmaci\u00f3n, evoc\u00f3 que en primer grado \u00abla prescripci\u00f3n extintiva jam\u00e1s fue objeto de pronunciamiento alguno\u00bb, por tanto \u00abjam\u00e1s se neg\u00f3 declarar la nulidad relativa por prescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n que le es propia\u00bb (idem). <\/p>\n
Es evidente que el cargo no gir\u00f3 en torno al agravio que la apelaci\u00f3n irrog\u00f3 a la promotora, en punto a los derechos denegados o las condenas rehusadas, con el fin de develar una desmejora en su estatus jur\u00eddico; en su lugar, la queja gravit\u00f3 sobre las consideraciones que, blandidas en segunda instancia, sirvieron para confirmar la determinaci\u00f3n del a quo. <\/p>\n
De esta forma se ignor\u00f3 que la prohibici\u00f3n de reforma peyorativa, como ya explic\u00f3 y a riesgo de hastiar, se manifiesta en las decisiones adoptadas en instancia, raz\u00f3n para rehusar la prosperidad de la acusaci\u00f3n. <\/p>\n
5.3. Se suma a lo anterior que la impugnante dej\u00f3 de lado que, los par\u00e1grafos resolutivos de los fallos de primer y segundo grado, en lugar de comportar un cambio en la situaci\u00f3n jur\u00eddica preexistente de la demandante, se mantuvieron inc\u00f3lumes, porque la \u00faltima se limit\u00f3 a homologar la primigenia. <\/p>\n
El ad quem no introdujo ning\u00fan cambio en las determinaciones de la providencia que cerr\u00f3 el grado inicial, sino que, por el contrario, las mantuvo in integrum, limit\u00e1ndose a revalidarlas; es decir, teniendo el Tribunal \u00abla posibilidad de confirmar \u00edntegramente el fallo, de confirmarlo en una parte y revocarlo en otra, y de revocarlo \u00edntegramente\u00bb2, determin\u00f3 que lo procedente era la primera eventualidad, en el sentido de conservar inalteradas las decisiones apeladas. <\/p>\n
Por esta senda se descarta una reforma peyorativa en el sub lite, al no haberse efectuado cambio alguno entre las declaraciones o condenas proferidas por el a quo y las dispuestas por el Tribunal, raz\u00f3n agregada para cerrar la senda extraordinaria promovida. <\/p>\n
La Sala tiene decantado \u00abque si en dicho pronunciamiento [se refiere al confutado en sede extraordinaria] se confirm\u00f3 \u00edntegramente la decisi\u00f3n de primer grado, es decir, se mantuvo por el ad-quem lo all\u00ed resuelto, sin variaci\u00f3n, no hay manera de afirmar que hizo m\u00e1s dif\u00edcil, para el apelante, la situaci\u00f3n establecida por el sentenciador de primera instancia, circunstancia que obvia y necesariamente excluye una acusaci\u00f3n por esa causa\u00bb (SC, 4 may. 2005, rad. n.\u00b0 2000-00052-01). <\/p>\n
5.4. Agregadamente, advierte la Corte que, por ser la decisi\u00f3n de primera instancia denegatoria de la totalidad de las pretensiones, la cual fue confirmada en la alzada, no es dable hallar resquicio alguno de una reforma en perjuicio del apelante. <\/p>\n
Lo anterior en raz\u00f3n a que el Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Bogot\u00e1 (Descongesti\u00f3n), cuando resolvi\u00f3 los pedimentos enarbolados en el libelo genitor del proceso, determin\u00f3 \u00abdenegar las pretensiones invocadas por la Sociedad Francisco Luis G\u00f3mez y Hermanos Almacenes el Lobo\u00bb, as\u00ed como \u00ablas pretensiones invocadas en reconvenci\u00f3n\u00bb, por \u00ablas razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia\u00bb (folio 1413). Resoluciones que, ins\u00edstase, fueron revalidadas al desatar la apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Frente al rechazo de las pretensiones, en particular, la tocante a que se declarara \u00abla nulidad relativa y consiguiente rescisi\u00f3n de la daci\u00f3n en pago que con los bienes inmuebles de propiedad de Francisco Luis G\u00f3mez y Hermanos Almacenes El Lobo se efectu\u00f3 en favor de los demandados mediante las escrituras p\u00fablicas No. 2231\u2026 2232\u2026 2233\u2026 2234\u00bb, junto a la \u00abcancelaci\u00f3n tanto de la escritura p\u00fablica contentiva de la daci\u00f3n en pago declarada nula, como la del registro de la misma en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos\u00bb y la condena \u00aba los demandados a pagar solidariamente\u2026 los da\u00f1os y perjuicios constitutivos de lucro cesante y da\u00f1o emergente\u00bb, y su invariabilidad en la apelaci\u00f3n, resulta inasible una supuesta desmejora en la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la impugnante. <\/p>\n
Y es que, habi\u00e9ndose rehusado la invalidez pretendida y sus efectos consecuenciales, reclamos que constituyeron el eje del presente litigio, no se advierte c\u00f3mo el fallo de segundo grado puedo agravar la situaci\u00f3n del demandante, porque ante la negativa de las declaraciones y condenadas pretendidas, mal podr\u00eda existir una providencia que resulte superlativamente perniciosa a sus intereses. <\/p>\n
En este punto conviene recordar el pensamiento de esta Corporaci\u00f3n: \u00ab[como el] apelante lleg\u00f3 a segunda instancia, sin derecho alguno\u2026 y en esas mismas condiciones prosigui\u00f3 con la determinaci\u00f3n adoptada por el Tribunal, [se] descarta la modificaci\u00f3n en perjuicio pregonada por el impugnante extraordinario\u00bb (SC10051, 31 jul. 2014, rad. n.\u00b0 1997-00455-01). <\/p>\n
Tesis con antecedentes pac\u00edficos: <\/p>\n
[H]a de verse c\u00f3mo el juez de segundo grado no pudo haberle hecho m\u00e1s gravosa la situaci\u00f3n al demandante, habida cuenta que ese sentenciador, por las razones que adujo, simplemente se limit\u00f3 a confirmar, sin m\u00e1s, la sentencia de primera instancia, en la cual el juzgado hab\u00eda negado todas las pretensiones incorporadas en el acto introductorio; de suerte que al proceder de esa manera no efectu\u00f3 ninguna reforma en perjuicio contra los intereses de aqu\u00e9l atendida su condici\u00f3n de apelante \u00fanico (SC, 7 sep. 2006, rad. n.\u00b0 1997-00491-01). <\/p>\n
5.5. Con todo, conviene llamar la atenci\u00f3n sobre la incorrecci\u00f3n de varios argumentos esgrimidos por la casacionista, que dejan de lado relevantes razonamientos de las sentencias de instancia que desdicen sobre la reforma peyorativa. <\/p>\n
(i) En primer lugar, es alejado de la realidad procesal dar por sentado que, ante la ausencia de pronunciamiento por parte del a quo, la prescripci\u00f3n extintiva alegada como medio de defensa por los accionados se decidi\u00f3 de forma favorable a la demandante. <\/p>\n
Tal error de apreciaci\u00f3n es fruto de una lectura parcializada de la providencia inicial, pues all\u00ed se dej\u00f3 en claro que las defensas izadas no ser\u00edan objeto de estudio por sustracci\u00f3n de materia, en atenci\u00f3n a que en el proceso no se acreditaron los supuestos de hecho de las pretensiones, lo que era suficiente para fallar en contra de la demandante. <\/p>\n
Se dijo en la sentencia de 13 de diciembre de 2001: \u00abPor los argumentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos que se han expuesto se impone como conclusi\u00f3n de la litis, no acceder a las pretensiones del acto en el presente asunto, inclusive sin que sea menester entrar a examinar las excepciones esgrimidas por el extremo demandado\u00bb (negrilla fuera de texto, folio 1411 del cuaderno 1E). <\/p>\n
En verdad, el a quo no hizo ninguna manifestaci\u00f3n sobre las consecuencias del paso del tiempo en la reclamaci\u00f3n por nulidad relativa, de la cual pudiera colegirse que se resolvi\u00f3 favorablemente para la parte demandante; por el contrario, fue contundente en precisar que no har\u00eda ninguna manifestaci\u00f3n. <\/p>\n
Por tanto, en aplicaci\u00f3n extensiva del art\u00edculo 306 del CPC, que consagra las reglas adjetivas relativas a la resoluci\u00f3n de las excepciones, nada se opon\u00eda a que el superior resolviera sobre la defensa de prescripci\u00f3n blandida y que no fue estudiada por el a quo, \u00abaunque quien la[s] aleg\u00f3 no haya apelado de la sentencia\u00bb. <\/p>\n
Este proceder, ajustado a la ley, no transgrede la m\u00e1xima de la non reformatio in pejus, pues se trata de una de aquellas materias que, por su conexi\u00f3n jur\u00eddica con lo decidido, debe ser fallada de consuno con los puntos concretos de la apelaci\u00f3n. Ins\u00edstase, existe \u00abla facultad excepcional\u00bb para que los falladores decidan los puntos que tengan \u00abcar\u00e1cter indispensable e inseparable de la decisi\u00f3n que deba adoptarse\u00bb (SC17723, 7 dic. 2016, rad. n.\u00b0 2006-00123-02), como sucede precisamente con las defensas que deban resolverse en el caso. <\/p>\n
(ii) De otro lado no es cierto que, con ocasi\u00f3n del reconocimiento de la prescripci\u00f3n extintiva en segunda instancia, se \u00ablevant\u00f3 sorpresivamente un muro imposible de escalar porque frente a \u00e9l todas las peticiones del recurrente resultaban inaudibles [y] se abort\u00f3, entonces la viabilidad de una reconsideraci\u00f3n en segunda instancia de los fundamentos tenidos en cuenta por el A-quo\u00bb (folio 19 del cuaderno Corte). <\/p>\n
Lo anterior pues dicho argumento fue expuesto como una idea final para reafirmar la juridicidad de la decisi\u00f3n confirmada, despu\u00e9s de desestimar los razonamientos esgrimidos por la promotora para argumentar que los negocios confutados eran nulos relativamente (o anulables). <\/p>\n
In extenso, arguy\u00f3 el Tribunal: <\/p>\n
La parte demandante tampoco acredit\u00f3 que los negocios de daci\u00f3n hayan sido celebrados por una persona relativamente incapaz o producto de un error, fuerza o dolo por parte de quienes los realizaron, raz\u00f3n por la cual, no se puede predicar de aquellos su anulabilidad. <\/p>\n
Y el hecho que no se haya llevado a cabo el aval\u00fao de los predios en la fecha convenida, en nada afecta las obligaciones y las consecuencias jur\u00eddicas que de estos se predican, tanto m\u00e1s, si en cuenta se tiene que dicho justiprecio se llev\u00f3 a cabo el 9 de febrero de 1993 de manera corporativa, fue conclusivo y concluyente\u2026 <\/p>\n
Por dem\u00e1s, las presuntas irregularidades denunciadas por la parte demandante en relaci\u00f3n con el nombramiento y la designaci\u00f3n del \u2018contralor\u2019, debieron ser ventiladas en su escenario natural, esto es, en el interior del tr\u00e1mite concordatario\u2026; tanto m\u00e1s, si incumplido el acuerdo concordatario, fue declarada la terminaci\u00f3n del concordato mediante auto 410-670-599 del 21 de enero de 1999\u2026 y la empresa entr\u00f3 en etapa de liquidaci\u00f3n obligatoria, terminaci\u00f3n que conforme a la normatividad vigente para la \u00e9poca no afecta los actos ejecutados en desarrollo del mismo y autorizados en \u00e9l, como se evidencia de los contenidos en las escrituras relacionadas en la demanda cuya celebraci\u00f3n data de agosto de 196 (folios 165 y 166 del cuaderno 1 del Tribunal). <\/p>\n
Es evidente que la supuesta barrera que impidi\u00f3 el estudio de los argumentos de alzada no existi\u00f3, sino que, por el contrario, el ad quem se adentr\u00f3 en su estudio de cara a la pretensi\u00f3n enarbolada, lo que sirvi\u00f3 para repeler su prosperidad, sin perjuicio de que a rengl\u00f3n seguido advirtiera que, con todo, hab\u00eda transcurrido el tiempo legalmente establecido para la consumaci\u00f3n de la prescripci\u00f3n extintiva. <\/p>\n
5.5. Por las razones explayadas en precedencia habr\u00e1 de denegarse el \u00fanico cargo admitido a estudio de la demanda de casaci\u00f3n propuesta por la demandante. <\/p>\n
Conforme al inciso final del art\u00edculo 375 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil se condenar\u00e1 en costas a la recurrente. Las agencias en derecho se tasar\u00e1n, por el magistrado ponente, seg\u00fan el numeral 3 del art\u00edculo 393 ibidem y las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura, para lo cual se tendr\u00e1 en cuenta que el escrito de sustentaci\u00f3n del remedio fue replicado por varios opositores. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, no casa la sentencia de de 19 de julio de 2012, proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil, en el presente proceso. <\/p>\n
Se condena en costas a la recurrente en casaci\u00f3n. Por secretar\u00eda de Tribunal incl\u00fayase en la liquidaci\u00f3n la suma de veinte (20) s.m.l.m.v., por concepto de agencias en derecho que fija el magistrado ponente. <\/p>\n
En su oportunidad, devu\u00e9lvase la actuaci\u00f3n surtida al Tribunal de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Diccionario de la Lengua Espa\u00f1ola, Real Academia Espa\u00f1ola, actualizaci\u00f3n 2019, www.rae.es. <\/p>\n
2\u0002 Eduardo J. Couture, Fundamentos del Derecho Procesal Civil, 3\u00aa Ed., Depalma Buenos Aires, 1958, p. 367. <\/p>\n
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SC3259-2021 (1998-01235-01) AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente SC3259-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-011-1998-01235-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de junio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., cuatro (04) de agosto de dos mil veintiuno Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la sociedad Francisco […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56205","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56205","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56205"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56205\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56205"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56205"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56205"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}