SC3344-2021 (2012-00021-01)_2<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
SC3344-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-31-03-006-2012-00021-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cinco de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de agosto de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el Acuerdo n\u00ba 034 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos que propenden por la protecci\u00f3n de la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en esta providencia paralela, los nombres de las partes involucradas en el presente asunto ser\u00e1n reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
Anotado lo anterior, decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Mar\u00eda Paula Osorio P\u00e9rez y Jos\u00e9 Alejandro Benavides Castro contra la sentencia de 27 de noviembre de 2018, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso que promovieron contra Cl\u00ednica de Occidente S.A., Entidad Promotora de Salud Servicio Occidental de Salud S.A. (EPS SOS S.A.) y Cl\u00ednica Oriente Ltda. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La demandante, obrando en nombre propio y en el de sus hijas Luz Natalia Benavides Osorio y Cristina Pardo Osorio, y Jos\u00e9 Alejandro Benavides Castro, en su propio nombre y en representaci\u00f3n de la primera descendiente, solicitaron declarar que las convocadas son civilmente responsables por los perjuicios de toda \u00edndole ocasionados a la menor Natalia \u201cseg\u00fan hechos originados en el manejo irregular de su nacimiento\u201d.1 <\/p>\n
Pretendieron, en consecuencia, que se les condene, a t\u00edtulo de indemnizaci\u00f3n, a pagar las siguientes sumas de dinero: <\/p>\n
a. A favor de Luz Natalia Benavides Osorio: <\/p>\n
– El equivalente, a la ejecutoria del fallo, de 720 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, por concepto de lucro cesante futuro. <\/p>\n
– El equivalente, a la ejecutoria del fallo, de 1000 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, por el rubro de da\u00f1os morales psicol\u00f3gicos y fisiol\u00f3gicos. <\/p>\n
– El equivalente, a la ejecutoria del fallo, de 1000 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, por da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
b. A favor de Mar\u00eda Paula Osorio P\u00e9rez: <\/p>\n
– El equivalente, a la ejecutoria del fallo, de 552 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, por concepto de lucro cesante futuro. <\/p>\n
– El equivalente, a la ejecutoria del fallo, de 1000 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, por el rubro de da\u00f1os morales psicol\u00f3gicos. <\/p>\n
– El equivalente, a la ejecutoria del fallo, de 1000 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, por da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
c. A favor de Jos\u00e9 Alejandro Benavides Castro: <\/p>\n
– El equivalente, a la ejecutoria del fallo, de 500 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, por el rubro de da\u00f1os morales psicol\u00f3gicos. <\/p>\n
– El equivalente, a la ejecutoria del fallo, de 500 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, por da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n. <\/p>\n
d. A favor de Cristina Pardo Osorio: <\/p>\n
– El equivalente, a la ejecutoria del fallo, de 500 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, por el rubro de da\u00f1os morales psicol\u00f3gicos. <\/p>\n
– El equivalente, a la ejecutoria del fallo, de 500 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, por da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n. <\/p>\n
2. En sustento de sus pretensiones, adujeron lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Mar\u00eda Paula Osorio P\u00e9rez se desempe\u00f1aba como docente en el Colegio San Juan de la Cruz de Cali, relaci\u00f3n laboral en virtud de la cual se encontraba en el r\u00e9gimen contributivo de salud, afiliada a la EPS Servicio Occidental de Salud S.A. \u2013 SOS S.A. <\/p>\n
2.2. El 16 de diciembre de 2003, acudi\u00f3 a la Cl\u00ednica Oriente Ltda., donde se atendi\u00f3 su tercera gestaci\u00f3n, registr\u00e1ndose en la historia cl\u00ednica que hab\u00eda tenido dos ces\u00e1reas y un aborto. A la consulta se encontraba con dolor hipog\u00e1strico, malestar general, n\u00e1useas y sangrado escaso. <\/p>\n
2.3. Para la fecha del control de 16 de abril de 2004, su embarazo se acercaba a las 16 semanas, consign\u00e1ndose como riesgos: PP\/PE\/DG. <\/p>\n
2.4. La ecograf\u00eda realizada el 7 de mayo confirm\u00f3 que ten\u00eda 14 semanas y 6 d\u00edas de gravidez, hall\u00e1ndose feto \u00fanico y pod\u00e1lico, con actividad cardiaca y movimientos corporales presentes, tono y crecimiento fetal normales, y placenta de localizaci\u00f3n posterior f\u00fandica izquierda e inserci\u00f3n normal. <\/p>\n
2.5. En la atenci\u00f3n del 11 de junio, se registr\u00f3 con base en la ecograf\u00eda que el feto hab\u00eda cambiado su posici\u00f3n a cef\u00e1lica. Se reportaron los riesgos de PP\/PE\/DG y una amenaza de aborto, otorgando incapacidad m\u00e9dica. <\/p>\n
2.6. El 31 de julio le fueron prescritos los medicamentos \u201cBricanil\u201d y \u201cNifidipino\u201d, los cuales se utilizan para detener las contracciones y el parto, del cual se referencia que debe impedirse en anotaci\u00f3n del 1\u00b0 de agosto, consignada en el registro cl\u00ednico. <\/p>\n
2.7. La historia cl\u00ednica reporta que la paciente en el mes de septiembre de 2004 (no se indica el d\u00eda), con 33.5 semanas de gestaci\u00f3n a ese momento, solicit\u00f3 remisi\u00f3n para el alumbramiento. Se registraron los antecedentes de diabetes gestacional y amenaza de parto pret\u00e9rmino. <\/p>\n
2.8. La ecograf\u00eda practicada el 1\u00b0 de octubre obtuvo un resultado normal para un embarazo de 35 semanas, pero en el examen de laboratorio de 2 de octubre, el nivel de proteinuria se situ\u00f3 en 240 mg\/24H, cuando el valor de referencia oscila entre 10 y 150 mg\/24H. <\/p>\n
2.9. En el control de 8 de octubre de 2004, el m\u00e9dico tratante la remiti\u00f3 con orden de parto por ces\u00e1rea a la Cl\u00ednica de Occidente S.A., a la cual acudi\u00f3 al d\u00eda siguiente. <\/p>\n
2.10. Al ingreso, un informe radiol\u00f3gico reportaba bienestar fetal y todos los signos favorables, pero se anunci\u00f3 \u201cplacenta f\u00fandica con grado III de maduraci\u00f3n\u201d, raz\u00f3n por la cual desde ese momento debi\u00f3 procederse de inmediato a la ces\u00e1rea y no retrasarla hasta el 15 de octubre, a lo cual se atribuye el da\u00f1o sufrido por el neonato. <\/p>\n
2.11. El mismo 9 de octubre, en la epicrisis correspondiente al servicio de partos se consign\u00f3 que la paciente arrib\u00f3 con gestaci\u00f3n de 34 semanas, amenaza de nacimiento prematuro, diabetes gestacional (glucometr\u00eda alta) y preeclampsia, suministr\u00e1ndole f\u00e1rmacos para \u201cfrenar\u201d el alumbramiento e inductores de maduraci\u00f3n pulmonar al feto. Adem\u00e1s, la usuaria presentaba cuello cerrado posterior y \u00fatero \u2013 inhibici\u00f3n. No obstante, no se le practic\u00f3 el desembarazo. <\/p>\n
2.12. El 10 de octubre se continu\u00f3 con el plan de manejo instaurado, ordenando subirla a piso donde permaneci\u00f3 hasta el 15 de octubre, fecha en la cual, \u201cen vista de que la paciente no cede a los medicamentos suministrados para la uteroinhibici\u00f3n\u201d, se dispuso la ces\u00e1rea. <\/p>\n
2.13. El 17 de octubre, la madre presenta intoxicaci\u00f3n por exceso de medicinas para detener el parto. <\/p>\n
2.14. A la usuaria no se le brind\u00f3 ninguna explicaci\u00f3n sobre el retardo del procedimiento quir\u00fargico, sino \u00fanicamente por el galeno Ricardo Caicedo, quien le indic\u00f3 que \u201cella todav\u00eda no estaba para el parto\u201d y que este ser\u00eda normal, contraviniendo la remisi\u00f3n de la Cl\u00ednica Oriente, donde se especific\u00f3 que deb\u00eda ser por ces\u00e1rea. <\/p>\n
2.15. La menor Luz Natalia naci\u00f3 con asfixia perinatal severa, disfunci\u00f3n miocardial e hipertensi\u00f3n pulmonar severa. <\/p>\n
2.16. De acuerdo con el estudio de gen\u00e9tica y dismorfolog\u00eda ejecutado el 12 de septiembre de 2007, las afecciones de la ni\u00f1a, entonces de 2 a\u00f1os de edad, corresponden a \u201cprobables secuelas por Hipoxia Perinatal Severa\u201d, pues se descart\u00f3 una \u201ccromosomopat\u00eda\u201d. <\/p>\n
2.17. La infante padece par\u00e1lisis cerebral y discapacidad severa total permanente. <\/p>\n
2.18. El n\u00facleo familiar ha experimentado impedimentos, exigencias, dificultades, privaciones, vicisitudes, limitaciones y alteraciones definitivas como consecuencia del da\u00f1o personal de la criatura, en raz\u00f3n de la atenci\u00f3n completa que demanda, la cual mengua cualquier alternativa de vida normal. <\/p>\n
2.19. La demandante Mar\u00eda Paula Osorio fue despedida de su trabajo debido a la dedicaci\u00f3n obligada a su hija, la cual es de tiempo completo, circunstancia que le ha impedido volver a laborar. <\/p>\n
2.20. Natalia, por sus lesiones ps\u00edquicas, morfol\u00f3gicas, psicol\u00f3gicas, f\u00edsicas y de discapacidad permanente, se ha visto privada de una existencia en condiciones normales, y no podr\u00e1 realizar actividades como estudiar, trabajar y tener relaciones afectivas. <\/p>\n
Remat\u00f3 indicando que la actuaci\u00f3n del personal de la cl\u00ednica fue adecuada, oportuna y diligente, raz\u00f3n por la cual no existi\u00f3 la culpa atribuida y el trauma que se acus\u00f3 ocasionado a la criatura no tuvo lugar en la instituci\u00f3n. <\/p>\n
La Cl\u00ednica de Occidente S.A. se opuso al petitum de la demanda, no acept\u00f3 la mayor parte de los supuestos f\u00e1cticos aducidos por su contraparte y como excepciones de m\u00e9rito plante\u00f3 las de \u201cfalta de integraci\u00f3n del litisconsorcio necesario \u2013 culpa de un tercero\u201d, \u201cfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u201d, \u201checho fortuito y causa extra\u00f1a de fuente exclusiva de la v\u00edctima\u201d, \u201cinexistencia de nexo de causalidad entre el da\u00f1o que se pretende sea reparado y la actuaci\u00f3n de la cl\u00ednica\u201d, \u201causencia de responsabilidad por parte de la cl\u00ednica de occidente S.A. de acuerdo con la ley colombiana\u201d, \u201ccobro de lo no debido y enriquecimiento sin causa\u201d y la que se conoce como \u201cinnominada\u201d (folios 429 a 432, cno. 1A). <\/p>\n
Asegur\u00f3 que los actos imputados por los demandantes sucedieron en otras IPS y los relacionados con la entidad se vinculan con la decisi\u00f3n del m\u00e9dico tratante, con el cual no existe una relaci\u00f3n solidaria que la llame a responder por los eventuales perjuicios causados, y el da\u00f1o que se aleg\u00f3 no ocurri\u00f3 por ausencia de intervenci\u00f3n gal\u00e9nica, sino que corresponde a la naturaleza de una patolog\u00eda severa en la cual se involucran riesgos que la ciencia no puede evitar, que por s\u00ed misma explica la cadena de eventos acaecidos y el resultado adverso en la salud del feto. <\/p>\n
Las anteriores convocadas plantearon, adem\u00e1s, las excepciones previas de \u201cfalta de jurisdicci\u00f3n y competencia\u201d y \u201cprescripci\u00f3n\u201d, resueltas adversamente en prove\u00eddo de 24 de septiembre de 2013 (folios 1 a 13 y 29 a 32, cno. 2). <\/p>\n
La Cl\u00ednica de Occidente S.A. llam\u00f3 en garant\u00eda a la compa\u00f1\u00eda Aseguradora de Fianzas S.A. \u2013 Confianza S.A., quien se opuso al petitum del llamamiento y propuso como defensas las de \u201causencia de cobertura de da\u00f1os extrapatrimoniales por expresa exclusi\u00f3n\u201d, \u201causencia de cobertura de lucro cesante por expresa exclusi\u00f3n\u201d y \u201cprescripci\u00f3n del seguro\u201d; de forma subsidiaria, opuso la existencia de un \u201cdeducible\u201d, \u201cm\u00e1ximo valor asegurado\u201d y la defensa denominada \u201cgen\u00e9rica\u201d (folios 53 a 58 y 69 a 75, cno. 2). <\/p>\n
La Entidad Promotora de Salud Servicio Occidental de Salud S.A. SOS EPS S.A. manifest\u00f3 su oposici\u00f3n a las pretensiones de la demanda, acept\u00f3 solo algunos de los hechos base de la acci\u00f3n y en sustento de sus defensas de \u201ccumplimiento contractual por parte de la Entidad Promotora de Salud Servicio Occidental de Salud S.A. SOS\u201d, \u201cinexistencia de prueba de los elementos estructurantes de la responsabilidad civil extracontractual m\u00e9dica por parte del demandante\u201d e \u201cinexistencia de nexo de causalidad\u201d, expuso que garantiz\u00f3 a la usuaria la prestaci\u00f3n del servicio como afiliada al sistema general de seguridad social en salud, el da\u00f1o no se imput\u00f3 a la EPS y en relaci\u00f3n con el acto lesivo, los demandantes realizaron una errada interpretaci\u00f3n de la historia cl\u00ednica, confundiendo los signos de alarma all\u00ed anotados con diagn\u00f3sticos de patolog\u00edas, pero no est\u00e1 probado que la entidad hubiese obrado con culpa. En cuanto a la IPS COMFANDI de la ciudad de Cali, su personal m\u00e9dico y asistencial procedi\u00f3 bajo los principios de la lex artis ad-hoc y no se demostr\u00f3 el nexo de causalidad entre las lesiones permanentes de la menor y el obrar de la entidad (folios 657 a 671, cno. 1B). <\/p>\n
Adicionalmente, formul\u00f3 llamamiento en garant\u00eda a la Cl\u00ednica de Occidente S.A. (folios 674 a 676, ib.) <\/p>\n
4. Agotado el tr\u00e1mite de la instancia, el 16 de noviembre de 2017, el juez a quo profiri\u00f3 sentencia en la que neg\u00f3 las pretensiones de los reclamantes. <\/p>\n
Con base en las pruebas recaudadas, concluy\u00f3 que no existe un nexo de causalidad entre el da\u00f1o padecido por la reci\u00e9n nacida y la conducta de las demandadas, respecto de las cuales no se demostr\u00f3 su culpabilidad por negligencia o infracci\u00f3n a la lex artis al retardar el parto, pues ning\u00fan medio suasorio de car\u00e1cter t\u00e9cnico se\u00f1ala la causa de la hipoxia perinatal; por el contrario, de los practicados se colige la ausencia de culpa gal\u00e9nica (CD folio 823 cno. 1B). <\/p>\n
5. Contra la anterior decisi\u00f3n, los promotores de la litis interpusieron el recurso de apelaci\u00f3n (folios 826 a 851, \u00eddem). <\/p>\n
II. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Luego de precisar la concurrencia de los presupuestos procesales para fallar y explicar que su competencia se hallaba limitada por los reparos concretos expuestos por los apelantes contra la decisi\u00f3n de primer grado, destac\u00f3 que el principio rector de la responsabilidad en la actividad m\u00e9dica es el de la \u201cculpa probada\u201d, por cuanto la relaci\u00f3n facultativo \u2013 paciente genera obligaciones de medios de acuerdo con lo estatuido por el art\u00edculo 104 de la Ley 1438 de 2011, modificada por el precepto 26 de la Ley 1164 de 2017. <\/p>\n
De lo anterior dimana que corresponde a la parte demandante la demostraci\u00f3n de la negligencia, falta de cuidado o impericia del personal m\u00e9dico, am\u00e9n del adecuado v\u00ednculo causal entre la culpa y el da\u00f1o, excepci\u00f3n hecha del caso en que el profesional de la salud adquiere una obligaci\u00f3n de resultado, donde aquella se presume. <\/p>\n
El nexo causal que se reclama -explic\u00f3-, pese a las teor\u00edas existentes, es el de causalidad adecuada, de acuerdo con la cual se consideran los antecedentes que, de acuerdo con la experiencia, la razonabilidad y la l\u00f3gica, son los m\u00e1s adecuados e id\u00f3neos para producir el resultado, de all\u00ed que adicional a la culpa, deba acreditarse que \u00e9sta es la causa determinante del perjuicio generado. <\/p>\n
Con aplicaci\u00f3n de las preanotadas premisas coligi\u00f3 que los demandantes ten\u00edan la carga de demostrar que: i) el cuerpo galeno de la Cl\u00ednica de Occidente se equivoc\u00f3 en la decisi\u00f3n de retener el parto durante el lapso transcurrido entre el 9 de octubre de 2004 y el 15 del mismo mes y a\u00f1o; ii) esa determinaci\u00f3n contrariaba la lex artis y los protocolos de atenci\u00f3n pertinentes de acuerdo con los diagn\u00f3sticos previos de la gestante, esto es, los de amenaza de parto pret\u00e9rmino, diabetes gestacional y preeclampsia, y iii) dicha equivocaci\u00f3n es la causa de las precarias condiciones de salud con que naci\u00f3 la ni\u00f1a Luz Natalia Benavides Osorio. <\/p>\n
No obstante, los medios de convicci\u00f3n no revelan la existencia de la necesaria vinculaci\u00f3n causal. <\/p>\n
En primer lugar, reliev\u00f3 que no le corresponde al juzgador definir si es recomendable o no la realizaci\u00f3n de un acto m\u00e9dico, omisi\u00f3n que los recurrentes le reprocharon al a quo, porque obrar de ese modo vulnera el principio de necesidad de la prueba y la prohibici\u00f3n de aplicar el conocimiento privado del funcionario. Cuando de un asunto t\u00e9cnico se trata, es necesario que obre en el proceso un medio de convicci\u00f3n de igual talante que dilucide lo correspondiente en torno al objeto de la discusi\u00f3n. Aunque no se exige una tarifa legal, \u201cuna cuesti\u00f3n de tan meticulosa t\u00e9cnica como probar la culpa m\u00e9dica, requiere de medios probatorios conducentes que las partes aporten legal y oportunamente al proceso\u201d (folio 28, cno. Tribunal). <\/p>\n
La \u00fanica probanza que, en el acervo demostrativo, pod\u00eda ilustrar sobre la conveniencia o no de precipitar el alumbramiento, es el dictamen pericial practicado, en el cual el experto conceptu\u00f3 que \u201cno hab\u00eda urgencia inmediata para interrumpir el embarazo, pues lo m\u00e1s loable era esperar 37 semanas. En el evento en que hubiera nacido, es un beb\u00e9 que hubiera nacido prematuro y seguramente hubiera [sufrido], de acuerdo a la liberaci\u00f3n de una sustancia que se llama surfactante, un estr\u00e9s respiratorio\u201d (\u00eddem). Am\u00e9n de lo anterior, no faltaron pruebas diagn\u00f3sticas por realizar; por el contrario, en opini\u00f3n del facultativo, \u201chubo una s\u00faper valoraci\u00f3n del feto, porque se hicieron ex\u00e1menes que ni siquiera requer\u00eda\u201d. <\/p>\n
En cuanto al resultado adverso, el autor de la pericia indic\u00f3 que los ex\u00e1menes de bienestar fetal tienen una sensibilidad para detectar individuos enfermos de m\u00e1s del \u201c85 o 90%\u201d, por lo que existe un margen de posibilidad de que, a pesar del bienestar fetal, la criatura presente complicaciones, las cuales incluso, podr\u00edan tener origen gen\u00e9tico. <\/p>\n
De contera, no obra en el plenario alg\u00fan elemento de persuasi\u00f3n que respalde la tesis de los demandantes sobre la demora en la realizaci\u00f3n de la ces\u00e1rea como causa de las condiciones de salud de la neonata, y de acuerdo con la prueba t\u00e9cnica, \u201cla conducta m\u00e9dica reflejada en la historia cl\u00ednica fue adecuada\u201d (folio 28 dorso, ib.). <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que las afirmaciones del perito aparecen reafirmadas con la historia cl\u00ednica de la paciente, donde no milita una remisi\u00f3n emanada de la Cl\u00ednica Oriente con orden perentoria de practicar el procedimiento quir\u00fargico como se adujera en la demanda. Al consultar el 9 de octubre de 2004 en la Cl\u00ednica de Occidente, se efectuaron a la gestante ex\u00e1menes cl\u00ednicos a fin de determinar la urgencia del desembarazo, pero de ellos se concluy\u00f3 bienestar fetal y la necesidad, seg\u00fan el especialista, de llevar la gestaci\u00f3n al t\u00e9rmino de 37 semanas, m\u00e1s seguro para la madre y su hija. <\/p>\n
De all\u00ed que las atestaciones de los impulsores del juicio referentes a que, por sus antecedentes de aborto y ces\u00e1rea previas y las patolog\u00edas diagnosticadas de preeclampsia y diabetes gestacional, lo m\u00e1s recomendable era operar a la gestante inmediatamente, quedaron ayunas de respaldo demostrativo. En opuesto sentido, la experticia indica que lo sugerido en la pr\u00e1ctica gal\u00e9nica, ante la sanidad del feto, era procurar su maduraci\u00f3n hasta las 37 semanas para evitar el riesgo de muerte. <\/p>\n
Ning\u00fan medio de convencimiento ratifica, adicionalmente, que el parto haya sido tard\u00edo, ni que practicar la ces\u00e1rea a la indicada altura de desarrollo gestacional hubiese ocasionado el da\u00f1o, y el historial de atenciones dispensadas en el \u00faltimo establecimiento no acredita la culpa m\u00e9dica. <\/p>\n
Recurri\u00f3 a la literatura cient\u00edfica para explicar que la hipoxia perinatal severa se produce por m\u00faltiples causas que afectan el feto, la placenta, a la madre o al cord\u00f3n umbilical, y cuenta con diversos factores desencadenantes pregestacionales, prenatales, intraparto y neonatales, los cuales rese\u00f1\u00f3, pero ninguno de ellos refiere a la uteroinhibici\u00f3n, respecto de la cual no se comprob\u00f3 que hubiera causado el deterioro fetal; en cambio, los antecedentes cl\u00ednicos de la madre si est\u00e1n contemplados como elementos de riesgo (ces\u00e1rea anterior, diabetes gestacional, preeclampsia e hipertensi\u00f3n protein\u00farica), que se registraron de manera constante durante el embarazo, aunados a sangrados eventuales que la usuaria report\u00f3 un mes antes del nacimiento de la ni\u00f1a Luz Natalia. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que las obras especializadas tampoco describen que ante las condiciones especiales de la reclamante se hac\u00eda imperativa la pr\u00e1ctica inmediata de la ces\u00e1rea, ni existe prueba en el proceso que respalde el supuesto en que se sustenta la acci\u00f3n, esto es, que de haber sido intervenida el d\u00eda de su ingreso a la Cl\u00ednica de Occidente, la ni\u00f1a tendr\u00eda condiciones de salud normales, y seg\u00fan los protocolos m\u00e9dicos para la atenci\u00f3n de la amenaza de parto pret\u00e9rmino, la conducta a seguir supone el tratamiento con \u00fatero inhibidores y la maduraci\u00f3n pulmonar del feto, proceder asumido por el facultativo tratante. <\/p>\n
De la misma manera, no existe soporte probatorio para las manifestaciones de los familiares de la materna y de ella misma y de su c\u00f3nyuge, supuestamente ignorados por el a quo, en torno a que razones econ\u00f3micas y no m\u00e9dicas, motivaron la decisi\u00f3n de retardar el alumbramiento por ces\u00e1rea. Se a\u00f1ade que el dicho de las partes no goza de relevancia probatoria si no es corroborado por otros medios de convicci\u00f3n. <\/p>\n
Tampoco el plan de manejo de la afiliada fue el que se indic\u00f3 en el libelo genitor, pues desde su arribo a la \u00faltima instituci\u00f3n se defini\u00f3 una \u201cces\u00e1rea segmentaria\u201d y ella suscribi\u00f3 un escrito de consentimiento informado para la pr\u00e1ctica del procedimiento, lo que descarta que se hubiera pensado en inducir un parto natural. <\/p>\n
En cuanto a la remisi\u00f3n de la Cl\u00ednica de Oriente para la realizaci\u00f3n de la ces\u00e1rea, orden que, adem\u00e1s, no se demostr\u00f3, calific\u00f3 de adecuado el razonamiento del juez al sostener que una IPS de inferior nivel no puede ordenarle a una de mayor complejidad el procedimiento a seguir, m\u00e1xime de reparar en que, en la instituci\u00f3n receptora, la paciente fue atendida por especialistas y recibi\u00f3 una atenci\u00f3n acorde con el resultado de los ex\u00e1menes, brind\u00e1ndose el seguimiento pertinente. <\/p>\n
La historia cl\u00ednica, por \u00faltimo, no tiene las deficiencias resaltadas por los impugnantes; contrario a tal acusaci\u00f3n, dicho documento compendia los registros de servicio, paracl\u00ednicos, diagn\u00f3stico y atenciones. Carece de tachones, enmendaduras, siglas ininteligibles u omisiones comprobadas. <\/p>\n
En suma, no encontr\u00f3 acreditados los presupuestos de la responsabilidad m\u00e9dica atribuida a las demandadas. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
La acusaci\u00f3n se erigi\u00f3 sobre tres cargos, fundados en las causales primera y segunda del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. Se abordar\u00e1, en primer lugar, la censura inaugural y, posteriormente, aunadas las siguientes, porque unas mismas razones servir\u00e1n para su despacho. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Denunci\u00f3 la \u201cviolaci\u00f3n y falta de garant\u00eda\u201d de los preceptos 1\u00b0, 29, 42, 44, 48, 49 y 50 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, por afectaci\u00f3n de las prerrogativas constitucionales all\u00ed consagradas. <\/p>\n
En sustento, indic\u00f3 que los demandantes gozaban de una vida familiar estable y tranquila, previo a que se infligiera da\u00f1o a la salud de su menor hija, pero posterior a las irregularidades cometidas en la atenci\u00f3n del parto, experimentaron un dr\u00e1stico cambio en raz\u00f3n de la discapacidad que disminuye sus capacidades f\u00edsicas y sicol\u00f3gicas, pues se vieron obligados a asumir dificultades de tiempo, dinero y toda suerte de sacrificios a fin de sobreponerse a la tragedia familiar, quebrant\u00e1ndose su derecho a recibir la protecci\u00f3n integral del Estado. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, desde el 9 de octubre de 2004, a su ingreso a la Cl\u00ednica de Occidente, la embarazada, la ni\u00f1a por nacer y sus familiares recibieron un trato indignante de parte del m\u00e9dico asignado para atender a la primera. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto est\u00e1 probado que el feto gozaba de buena salud intrauterina, detect\u00e1ndose la hipoxia perinatal solo al momento del nacimiento, patolog\u00eda que -asever\u00f3- fue causada por la calcificaci\u00f3n de la placenta, en raz\u00f3n de la cual se obstruy\u00f3 el suministro de ox\u00edgeno al cerebro de la nasciturus, situaci\u00f3n inadvertida por el galeno tratante, quien, a pesar de la administraci\u00f3n de los f\u00e1rmacos \u201cnifedipino\u201d y \u201cbetametasona\u201d, indicados para \u201cla madurez de la placenta\u201d, decidi\u00f3, de manera inopinada, prolongar la gestaci\u00f3n, acto constitutivo de impericia. En la historia cl\u00ednica no se consignaron los motivos de tal proceder, ni \u00e9stos se informaron a los demandantes. <\/p>\n
Debido a las lesiones ocasionadas a la ni\u00f1a, su n\u00facleo parental a\u00fan se ve enfrentado a una lucha diaria, a trav\u00e9s de acciones de tutela e incidentes de desacato, para obtener que la menor sea atendida conforme a la gravedad progresiva de sus patolog\u00edas, vulner\u00e1ndose sus derechos a la vida, integridad f\u00edsica, salud, alimentaci\u00f3n, recreaci\u00f3n, libre expresi\u00f3n y comunicaci\u00f3n con el mundo exterior. <\/p>\n
La prestaci\u00f3n irregular -sostuvo- de los servicios de salud y seguridad social por parte de las demandadas gener\u00f3 la violaci\u00f3n de tales garant\u00edas fundamentales y el desconocimiento del mandato de protecci\u00f3n a los menores. <\/p>\n
Corolario de lo anotado, se\u00f1al\u00f3 que al existir \u201cdisonancia en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de la norma sustancial y errores de hecho manifiesto en la apreciaci\u00f3n de las pruebas\u201d, a los demandantes se les ha conculcado el postulado superior del debido proceso, atestaci\u00f3n que, dijo, ser\u00eda objeto de ampliaci\u00f3n en los siguientes embates. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. En raz\u00f3n de la naturaleza dispositiva del recurso de casaci\u00f3n, la Corte no est\u00e1 habilitada para suplir de oficio las deficiencias de la censura y su potestad jurisdiccional se encuentra circunscrita a las causales de casaci\u00f3n, que hall\u00e1ndose consagradas en la codificaci\u00f3n procesal, hayan sido formuladas por el impugnante (inciso final art. 336 C.G.P.). Tales motivos constituyen un numerus clausus que no puede ampliarse ni extenderse por v\u00eda de analog\u00eda. <\/p>\n
Desde esa limitaci\u00f3n, al Tribunal de Casaci\u00f3n le corresponde decidir dentro de los confines que le demarca el opugnador, sin que le est\u00e9 autorizado reformular los cargos deficitariamente planteados. Esto, sin perjuicio de las facultades oficiosas de que est\u00e1 investido para casar las sentencias en que brote ostensible la vulneraci\u00f3n del orden o patrimonio p\u00fablicos, o se atente contra los derechos y prerrogativas constitucionales. <\/p>\n
2. De lo anterior resulta que en la impugnaci\u00f3n extraordinaria no pueden ver las partes una tercera instancia, ni la oportunidad para abordar nuevamente el thema decidendum del proceso, o un escenario donde les sea l\u00edcito debatir la cuesti\u00f3n litigiosa y presentar sus particulares puntos de vista y posiciones en relaci\u00f3n con la materia que suscit\u00f3 la controversia. <\/p>\n
El objeto del juicio en la sede extraordinaria, como se ha dicho siempre, es el veredicto emitido por el enjuiciador, porque se pretende dilucidar si, en esa decisi\u00f3n, aqu\u00e9l incurri\u00f3 en desaciertos reprochables, tanto en su labor in iudicando, como en los aspectos rituales (vicios in procedendo), ambos transgresores de la ley. <\/p>\n
Como lo indicara el jurista espa\u00f1ol Manuel de La Plaza, \u201cerrar\u00eda gravemente quien no acertase a ver en el recurso de casaci\u00f3n otra cosa que un medio de velar por la defensa de la ley, o un expediente h\u00e1bil para dotar a la justicia de aquel sentido unitario en que estriba su mayor excelencia y su m\u00e1s subido valor\u201d.2 Ergo, el examen del componente f\u00e1ctico de la contienda en sede de la Corte es excepcional, y est\u00e1 ce\u00f1ido a la equivocada apreciaci\u00f3n que de este realice el enjuiciador al valorar los medios de prueba, siendo aquel desatino el veh\u00edculo para quebrantar normas sustanciales. <\/p>\n
3. Trat\u00e1ndose de vicios de juicio, se memora que al menoscabo de preceptos de la indicada categor\u00eda puede arribarse por dos sendas: violaci\u00f3n directa e indirecta. <\/p>\n
Ahora, si el censor opta por reprochar defectos in iudicando a la actividad del fallador, adem\u00e1s de invocar los preceptos sustanciales que considere infringidos, se le impone explicar la manera como se materializ\u00f3 la supuesta vulneraci\u00f3n, a la par que evidenciar la trascendencia del equ\u00edvoco en el sentido de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Dado que son pifias de ralea estrictamente de derecho (iuris in iudicando), suponen la absoluta prescindencia de cualquier reflexi\u00f3n relativa a la demostraci\u00f3n de los supuestos de facto invocados como causa petendi de la acci\u00f3n. Por tal raz\u00f3n se ha se\u00f1alado que la discusi\u00f3n en ese plano, ha de ce\u00f1irse a \u00abla cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria, por lo que debe estructurarse en forma adecuada c\u00f3mo se produjo la vulneraci\u00f3n ya por tomar en cuenta normas completamente ajenas al caso, pasar por alto las que lo reg\u00edan o, a pesar de acertarse en la selecci\u00f3n, terminar reconoci\u00e9ndoles implicaciones que no tienen\u00bb (CSJ AC3599-2018, 27 ago., rad. 2015-00704). <\/p>\n
En otras palabras, el an\u00e1lisis de la Corte recae sobre \u00ablos textos legales sustantivos \u00fanicamente, y ante ellos enjuicia el caso; ya sabe si los hechos est\u00e1n probados o no est\u00e1n probados, parte de la base de una u otra cosa, y s\u00f3lo le falta aplicar la ley a los hechos establecidos\u00bb (CSJ SC040, 25 abr. 2000, rad. 5212; CSJ SC 20 ago. 2014, rad. 00307; CSJ SC2342-2018, 26 jun. 2018, rad. 2009-00013-01; CSJ SC1043-2021, 5 abr., rad. 2013-00056-01). <\/p>\n
En consonancia con lo expuesto, al recurrente que opta por ese camino, le est\u00e1 vedado manifestar inconformidad o discrepancia con la apreciaci\u00f3n de los hechos efectuada por el sentenciador con base en las probanzas, es decir, ning\u00fan reproche puede lanzar aqu\u00e9l sobre el estudio de los elementos demostrativos y, de contera, no puede separarse de las conclusiones a que haya arribado el juzgador en esa tarea investigativa de la cuesti\u00f3n f\u00e1ctica de la litis. <\/p>\n
3.2. En cambio, la infracci\u00f3n indirecta de mandatos sustantivos recae precisamente sobre el trabajo anal\u00edtico que acomete el fallador frente a los elementos de cognici\u00f3n, debido a dislates que lo conducen a una defectuosa contemplaci\u00f3n de los hechos (error facti in iudicando), que a su vez lo hace transitar hacia la anotada falta contra preceptos de estirpe sustancial, de ah\u00ed que se le catalogue como una \u201cviolaci\u00f3n medio\u201d, que se origina en dos variantes: yerros de facto y errores de iure, seg\u00fan si acaecen en la contemplaci\u00f3n objetiva o en la apreciaci\u00f3n jur\u00eddica de las pruebas. <\/p>\n
4. Los demandantes adujeron el menoscabo de los mandatos de la Carta Pol\u00edtica que consagran los principios fundantes del Estado colombiano; el debido proceso; la instituci\u00f3n de la familia; las garant\u00edas supralegales de los ni\u00f1os y las ni\u00f1as; la seguridad social como prerrogativa y servicio p\u00fablico de car\u00e1cter obligatorio; la atenci\u00f3n en salud y el saneamiento ambiental; y, el derecho de los menores de un a\u00f1o a recibir servicios de salud de manera de gratuita a falta de cobertura por alg\u00fan tipo de protecci\u00f3n o seguridad social. <\/p>\n
No obstante, se abstuvieron de explicar de manera razonada varios aspectos necesarios para la estructuraci\u00f3n adecuada del embate. <\/p>\n
4.1. En efecto, los censores limitaron su despliegue discursivo a la transcripci\u00f3n de los preceptos supralegales que, en su opini\u00f3n, fueron transgredidos, pero si se repara en el agente al cual atribuyen la violaci\u00f3n, con extra\u00f1eza observa esta Corporaci\u00f3n como no se fustiga a la sentencia proferida por el Tribunal, sino que el ataque se encaus\u00f3 contra el proceder de la instituci\u00f3n prestadora de servicios m\u00e9dicos y asistenciales donde fue atendida la gestante Mar\u00eda Paula Osorio P\u00e9rez, demandante y madre de la hoy adolescente Luz Natalia Benavides Osorio. <\/p>\n
Obrando en contrav\u00eda de las caracter\u00edsticas y finalidad del recurso extraordinario, no plantearon cuestionamiento alguno sobre la actividad del juzgador, bien para rebatir la inaplicaci\u00f3n, aplicaci\u00f3n indebida o interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de los preceptos citados, ora para enfrentar la valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
4.2. Enfatizaron en la \u201cafectaci\u00f3n a las garant\u00edas Constitucionales de las normas Superiores antes referidas\u201d, partiendo de precisar la situaci\u00f3n econ\u00f3mica, social y familiar que ten\u00edan antes del nacimiento de la menor Luz Natalia y el abrupto cambio que experimentaron en sus condiciones de vida luego de la atenci\u00f3n de ese evento, la cual calificaron de inadecuada e imperita. <\/p>\n
Aparejada a la cita de cada precepto supuestamente transgredido, se\u00f1alaron el trato indignante que recibieron en la Cl\u00ednica de Occidente desde el ingreso de la futura madre el 9 de octubre de 2004, pues hall\u00e1ndose acreditada la pre \u2013 sanidad del feto, y que se hac\u00eda necesaria la inmediata intervenci\u00f3n quir\u00fargica para finalizar el embarazo, objetivo en pro del cual a la primera se le proporcionaron medicamentos que madurar\u00edan la placenta, el ginecobstetra tratante prolong\u00f3, sin justificaci\u00f3n alguna, el estado de gravidez de la usuaria. <\/p>\n
De lo preanotado concluyeron que se les hizo v\u00edctimas de \u201cla falta de informaci\u00f3n\u201d, directa o a trav\u00e9s de la historia cl\u00ednica, \u201cde los motivos y razones cient\u00edficos [sic] para optar por el procedimiento del freno del parto\u201d, y que resultado de ese desacertado plan terap\u00e9utico, se vieron obligados a asumir una nueva vida donde deben sortear todo tipo de obst\u00e1culos, vulner\u00e1ndose su derecho a la familia, porque ya no les es posible \u201cser derechosos de compartir los beneficios de la protecci\u00f3n integral que como tal les debe brindar el Estado\u201d.3 <\/p>\n
4.3. Aludieron a su continuo trasegar en procura de obtener que la ni\u00f1a Luz Natalia Benavides \u201csea atendida conforme a la gravedad progresiva de su salud, actuaciones que derivan dedicaci\u00f3n y sacrificio en contra del normal funcionamiento de lo que el estado [sic] Colombiano protege como n\u00facleo familiar\u201d4 y a que es evidente la violaci\u00f3n de los derechos fundamentales de la menor que trasunta en la censura, cat\u00e1logo del que extrae la seguridad social, la salud y la protecci\u00f3n de los ni\u00f1os para referir que las demandadas los prestaron irregularmente. <\/p>\n
Hasta aqu\u00ed el relato de los promotores del recurso en nada alude a vicios de actividad o de juicio en que hubiera incurrido el fallador de la segunda instancia; la acusaci\u00f3n se hace radicar en la actuaci\u00f3n de los facultativos, desatendiendo que el prop\u00f3sito del instrumento casacional es el restablecimiento de la ley, de modo que a trav\u00e9s suyo la Corte ejerce un control jurisdiccional sobre las sentencias de los juzgadores que se hallen sujetas al mecanismo. <\/p>\n
4.4. En el \u00faltimo apartado de la cr\u00edtica, sin guardar coherencia con lo descrito en forma precedente, enrostraron como violaci\u00f3n del debido proceso la \u201cdisonancia en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de la norma sustancial y errores de hecho manifiesto en la apreciaci\u00f3n de las pruebas\u201d. <\/p>\n
Sin embargo, omitieron explicar de qu\u00e9 forma ocurri\u00f3 el desconocimiento del art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, situaci\u00f3n que se replic\u00f3 respecto de los dem\u00e1s preceptos del ordenamiento superior que invocaron; no confrontaron el aducido quebranto con la argumentaci\u00f3n esgrimida por el juez plural para desestimar la alzada y con ello las pretensiones de los opugnadores de declarar la responsabilidad de las demandadas, conden\u00e1ndolas a resarcir los perjuicios infligidos; ni tampoco explicitaron razonamiento alguno en torno a la incidencia del presunto yerro, cualquiera haya sido, en las resultas de la litis, esto es, en el sentido de la providencia confutada. <\/p>\n
Todo ello revela que los cuestionamientos no se dirigieron a enfrentar ninguna de las consideraciones cardinales en que el ad quem soport\u00f3 su decisi\u00f3n, ni las de orden estrictamente jur\u00eddico, ni aquellas referentes a los aspectos f\u00e1cticos de la controversia, de acuerdo con el examen valorativo que realiz\u00f3 de los medios suasorios, alej\u00e1ndose por completo de las formalidades legal y jurisprudencialmente impuestas para la formulaci\u00f3n correcta de la impugnaci\u00f3n extraordinaria. <\/p>\n
5. En ese sentido, ati\u00e9ndase que no basta con endilgar la comisi\u00f3n de errores in iudicando, si la presencia de tales anomal\u00edas no se comprueba en el desarrollo del cargo, porque en ese evento no se quiebran los pilares sobre los cuales se levanta la sentencia combatida, ni se derruyen las presunciones de acierto y legalidad con que \u00e9sta arriba amparada a la sede de la Corte, de ah\u00ed que se exija a toda acusaci\u00f3n que trascienda del terreno de la enunciaci\u00f3n al de la demostraci\u00f3n \u00abhaci\u00e9ndose patentes los desaciertos, no como contraste de pareceres, o de interpretaciones, ni de meras disputas conceptuales o procesales, sino de la verificaci\u00f3n concluyente de lo contrario y absurdo, de modo que haga rodar al piso la resoluci\u00f3n combatida\u00bb (CSJ AC3587-2016, 17 jun., rad. 2013-00048-02; CSJ AC6094-2016, rad. 13 sep., rad. 2004-00191-01; CSJ AC3725-2019, 9 sep. 2019, rad. 2011-00130-01; CSJ AC2828-2020, 26 oct., rad. 2003-00891-01; CSJ AC856-2021, 15 mar., rad. 2011-00161-01; CSJ AC2115-2021, 2 jun., rad. 2013-00193-01, entre otras). <\/p>\n
5.1. Aun refutando la valoraci\u00f3n probatoria de manera insular, lo cierto es que los casacionistas dejaron ayuno de sustentaci\u00f3n el reproche referente a un yerro f\u00e1ctico, pues si en \u00e9ste se incurre cuando \u00abse supone o pretermite la prueba, entendi\u00e9ndose que incurrir\u00e1 en la primera hip\u00f3tesis el juzgador que halla un medio en verdad inexistente o distorsiona el que s\u00ed obra para darle un significado que no contiene, y en la segunda situaci\u00f3n cuando ignora del todo su presencia o lo cercena en parte, para, en esta \u00faltima eventualidad, asignarle una significaci\u00f3n contraria o diversa\u00bb (CSJ SC 21 feb. 2012, rad. 2004-00649-01, reiterada en CSJ SC131-2018, 9 feb., rad. 2007-00160-01), deb\u00eda el impugnador singularizar el anotado defecto con toda precisi\u00f3n y claridad, indicando en qu\u00e9 consiste y cu\u00e1les son, en concreto, las pruebas sobre las cuales recae la acusaci\u00f3n. <\/p>\n
Adem\u00e1s, dado que la estructuraci\u00f3n del dislate demanda su notoriedad y relevancia, al censor le correspond\u00eda acreditar, y no s\u00f3lo afirmar, que la falencia endilgada al fallador es protuberante y trascendi\u00f3 al campo de la resoluci\u00f3n adoptada en contra de sus aspiraciones porque fue determinante de aquella. <\/p>\n
La reiterada y uniforme jurisprudencia de la Corporaci\u00f3n ense\u00f1a que el yerro de facto ser\u00e1 evidente \u00abcuando su s\u00f3lo planteamiento haga brotar que el criterio del juez \u201cest\u00e1 por completo divorciado de la m\u00e1s elemental sind\u00e9resis; si se quiere, que repugna al buen juicio\u201d, lo que ocurre en aquellos casos en que \u00e9l \u201cest\u00e1 convicto de contraevidencia\u201d (\u2026); dicho en t\u00e9rminos diferentes, significa que la providencia debe aniquilarse cuando aparezca claro que \u201cse estrell\u00f3 violentamente contra la l\u00f3gica o el buen sentido com\u00fan, evento en el cual no es nada razonable ni conveniente persistir tozudamente en el mantenimiento de la decisi\u00f3n\u00bb (ib.). <\/p>\n
Distanciado de las m\u00ednimas reglas t\u00e9cnicas de obligatoria observancia en sede del recurso de casaci\u00f3n, los recurrentes no s\u00f3lo no enfrentaron de manera concreta y razonada los fundamentos esenciales de la sentencia rebatida, sino que no dejaron en evidencia un error paladino en la apreciaci\u00f3n de los medios probatorios que soportaron la decisi\u00f3n del ad quem. <\/p>\n
Al respecto, cabe resaltar que los censores omitieron el cumplimiento de su carga de demostrar el supuesto yerro a trav\u00e9s de efectuar un parang\u00f3n entre los elementos de convicci\u00f3n sobre los cuales habr\u00eda reca\u00eddo la incorrecta valoraci\u00f3n en cuanto a su real contenido objetivo y lo que de ellos infiri\u00f3 el Tribunal, precisando, adem\u00e1s, si lo ocurrido fue la pretermisi\u00f3n de tales pruebas porque no repar\u00f3 en lo que revelaban, o su tergiversaci\u00f3n, al alterar su materialidad adicion\u00e1ndole lo que no evidencian, cercen\u00e1ndolas o por ver en ellas lo que no se extrae de su substancia. Menos a\u00fan, se ocuparon de acreditar la transcendencia en lo decidido, por v\u00eda de haber llegado el juzgador a conclusiones contraevidentes, valga acotar, contrarias a la realidad f\u00e1ctica establecida a trav\u00e9s de los medios probatorios obrantes en el plenario. <\/p>\n
En ese orden, mem\u00f3rese que el soporte toral del pronunciamiento reprochado en el campo de lo f\u00e1ctico, estrib\u00f3 en la falta de prueba del comportamiento culposo atribuido en la demanda a la Cl\u00ednica de Occidente y consecuentemente, de nexo causal entre la indicada conducta y las afecciones en la salud f\u00edsica, cognitiva y sicol\u00f3gica de la menor Luz Natalia Benavides Osorio, apreciables al momento de su nacimiento. <\/p>\n
Lo dicho, porque, de acuerdo con la motivaci\u00f3n expuesta por el juez colegiado, los demandantes no acreditaron que el cuerpo m\u00e9dico de la referida instituci\u00f3n \u201cse equivoc\u00f3 en la decisi\u00f3n de retener el parto\u201d durante el lapso comprendido entre el arribo de la paciente el 9 de octubre de 2004 y la ces\u00e1rea que se practic\u00f3 el d\u00eda 15 del mismo mes y a\u00f1o, pues tal proceder \u201ccontrariaba la lex artis y protocolos cient\u00edficos pertinentes de cara al diagn\u00f3stico de la gestante -APP [amenaza de parto prematuro], DG [diabetes gestacional], PE [preeclampsia] y que esa equivocaci\u00f3n es la causa de las precarias condiciones de salud con que naci\u00f3 la ni\u00f1a (..)\u00bb.5 <\/p>\n
Y al respecto se\u00f1al\u00f3 el ad quem que \u201cseg\u00fan la prueba m\u00e1s conducente e id\u00f3nea que milita en el proceso [se refiere al dictamen pericial], la conducta m\u00e9dica reflejada en la historia cl\u00ednica fue adecuada y no hay prueba que indique lo contrario, que pueda respaldar el criterio de la parte demandante sobre la demora en la pr\u00e1ctica de la ces\u00e1rea como causa de las condiciones de salud de la reci\u00e9n nacida\u201d.6 <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que las atestaciones del experto en torno a la correcci\u00f3n de los procedimientos seguidos por los galenos y la inconveniencia de realizar la cirug\u00eda tendiente a desembarazar a la usuaria con antelaci\u00f3n a la semana 37 de gestaci\u00f3n, \u201cse encuentran reafirmadas en el contenido de la historia cl\u00ednica que no revela una remisi\u00f3n por parte de la Cl\u00ednica de Oriente con orden perentoria de ces\u00e1rea\u201d, y en vista de las patolog\u00edas preexistentes, se le realizaron los ex\u00e1menes cl\u00ednicos a que hizo referencia el perito para determinar la urgencia de la ces\u00e1rea \u201cy lo que se concluy\u00f3 fue el bienestar fetal y la necesidad seg\u00fan el especialista, de llevar el embarazo a un t\u00e9rmino m\u00e1s seguro para el binomio madre \u2013 hija, a las 37 semanas\u201d.7 <\/p>\n
A pesar de que las rese\u00f1adas fueron las premisas basilares de la argumentaci\u00f3n del fallo en relaci\u00f3n con la experticia y la historia cl\u00ednica de la demandante Mar\u00eda Paula Osorio, que le sirvieron de base para confirmar la negativa del petitum de la demanda, los censores las dejaron enhiestas en la acusaci\u00f3n, pues enfilaron su actividad discursiva a plantear cr\u00edticas paralelas al discurrir procesal, que en nada enfrentan la decisi\u00f3n adoptada por el Tribunal, ni su labor apreciativa de los mencionados medios de prueba. <\/p>\n
6. En suma, aunque asiste raz\u00f3n a los casacionistas en cuanto a que algunos de los preceptos invocados, tienen fuerza normativa suficiente para enarbolar, por s\u00ed, una recriminaci\u00f3n casacional y otros no ostentan esa calidad, con ello no basta a efectos de la adecuada sustentaci\u00f3n de la cr\u00edtica, pues era requerido que efectuaran una refutaci\u00f3n sim\u00e9trica a la providencia objeto del ataque, de modo que, con base en tales planteamientos, resulten desvirtuados en su integridad los genuinos fundamentos en que se respalda esa determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Era indispensable la plena correspondencia entre los argumentos que sustentan el fallo y los espec\u00edficos desperfectos que por la v\u00eda de la violaci\u00f3n de los preceptos materiales se denuncia, lo que se traduce en la completitud de la inculpaci\u00f3n, traducida en la necesidad de no dejar por fuera del reproche \u00abninguno de los pilares esgrimidos por el juzgador de instancia\u00bb; y, en el enfoque de la censura, t\u00f3pico ata\u00f1edero a que \u00e9sta verse sobre \u00ablos verdaderos motivos que soporten el prove\u00eddo generador de la inconformidad, y no sobre unos que no tengan tal car\u00e1cter, surgidos de su inadecuada comprensi\u00f3n por parte del recurrente o de la inventiva de \u00e9ste\u00bb (CSJ, SC 18563-2016, 16 dic., rad. 2009-00438-01; CJS SC4857-2020, 7 dic., rad. 2006-00042-01). <\/p>\n
7. Por lo discurrido, deviene frustr\u00e1nea la acusaci\u00f3n. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Recrimin\u00f3 la transgresi\u00f3n recta de los art\u00edculos 104 de la Ley 1438 de 2011; 1\u00b0 y 8\u00b0 de la Ley 100 de 1993; 33 a 36 de la Ley 23 de 1981; 5\u00b0 a 7\u00b0 de la Resoluci\u00f3n 1995 de 1999 expedida por el Ministerio de Salud; 23 de la Ley 599 de 2000; 167 y 176 de la Ley 1564 de 2012 y 1604 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
En cuanto a la primera de las normas citadas, acot\u00f3 que el Tribunal lo quebrant\u00f3 al considerar de manera generalizada que toda relaci\u00f3n m\u00e9dico – paciente es de medio, sin referir a las excepciones de la anotada previsi\u00f3n, como aquellas derivadas del canon 1604 del C\u00f3digo Civil, norma inaplicada que consigna el principio de libertad contractual en consonancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 5\u00b0 de la Ley 23 de 1981, como las cirug\u00edas est\u00e9ticas y todo aquello que libremente acuerden las partes. <\/p>\n
En la obstetricia -se\u00f1al\u00f3- la responsabilidad m\u00e9dica es objetiva \u201ccuando como en el caso que nos ocupa {,} el proceso de embarazo se presenta normal para la vida del feto\u201d, tesis que apoy\u00f3 en pronunciamiento emanado del Consejo de Estado8 que el a quo no acogi\u00f3 argumentando su falta de aceptaci\u00f3n por esta Corporaci\u00f3n, criterio que reprocha por contrariar el axioma de unidad imperante en la aplicaci\u00f3n de la ley en el Estado de Derecho, de ah\u00ed que el hecho de prestarse el servicio en un hospital p\u00fablico o en una instituci\u00f3n privada no es un par\u00e1metro diferenciador leg\u00edtimo. <\/p>\n
Reiter\u00f3 lo expuesto en la primera acusaci\u00f3n en torno a la ausencia de informaci\u00f3n de patolog\u00edas del feto, de ah\u00ed que la causa de la hipoxia haya sido la calcificaci\u00f3n placentaria. Por ello, es al galeno tratante a quien le corresponde demostrar y justificar su decisi\u00f3n de frenar el alumbramiento, prueba que -afirm\u00f3- deb\u00eda obrar obligatoriamente en la historia cl\u00ednica, contrario a la consideraci\u00f3n del ad quem. Tal omisi\u00f3n da origen a una culpa <\/p>\n
probada, que la sentencia recurrida echa de menos. <\/p>\n
El enjuiciador, adem\u00e1s, no dio aplicaci\u00f3n a las excepciones relativas a la libertad contractual en las obligaciones adquiridas por los facultativos, ni tom\u00f3 en consideraci\u00f3n la sanidad del feto y la providencia citada respecto de la actividad de la obstetricia. <\/p>\n
De otra parte, bajo el entendido de que la Ley 100 de 1993 -apunt\u00f3- \u201cestablece y regula la prestaci\u00f3n del servicio de salud como un sistema\u201d, y dentro de este se comprende la \u201cprotecci\u00f3n de las contingencias que afecten la calidad de vida del paciente acorde con la dignidad humana\u201d, las demandadas incumplieron esos deberes \u201ca pesar de las dolencias y manifestaciones debidamente probadas de la madre y sus consangu\u00edneos sin que fueran escuchados\u201d, pues desconocieron que a la gestante se le hab\u00edan administrado los medicamentos \u201cnifedipino\u201d y \u201cbetametasona\u201d para la madurez de la placenta, incurri\u00e9ndose en violaci\u00f3n al principio de integralidad que rige el sistema de seguridad social, inaplicado por el juzgador de la segunda instancia. <\/p>\n
Explic\u00f3 que, consider\u00e1ndose que al ingreso de la paciente el 9 de octubre de 2004 a la Cl\u00ednica de Occidente, remitida por la Cl\u00ednica de Oriente para ces\u00e1rea por APP (amenaza de parto prematuro), contando con la debida informaci\u00f3n sobre los antecedentes gestacionales, el estado de madurez de la placenta y las medicinas aplicadas para tal fin, sin raz\u00f3n alguna comprobada, el ginecobstetra decidi\u00f3 dilatar el nacimiento de la criatura mediante el uso de inhibidores, sin prever que la maduraci\u00f3n placentaria generaba riesgo de calcificaci\u00f3n y la consecuencia de hipoxia <\/p>\n
perinatal ocurrida.<\/p>\n
\n
En consecuencia, no hay duda sobre el error de diagn\u00f3stico, al asumir el riesgo de frenar el parto por ces\u00e1rea sin explicaci\u00f3n informada en la historia cl\u00ednica, lo que llev\u00f3 al da\u00f1o y por esta conducta negligente y\/o imperita, al nexo causal.<\/p>\n
Lo anterior -manifest\u00f3-, \u201cobliga a los operadores judiciales en sus respectivas instancias a dar aplicaci\u00f3n a las normas en este cargo invocadas, siendo evidente entonces la responsabilidad m\u00e9dica y la culpa probada, que ha sido el valladar de la prosperidad de las pretensiones\u201d.<\/p>\n
En relaci\u00f3n con las normas que establecen los requisitos a cumplir para el correcto diligenciamiento de la historia cl\u00ednica, cuyos errores denunci\u00f3 en las diferentes oportunidades del juicio, destac\u00f3 que el incumplimiento de tales exigencias supone una infracci\u00f3n directa de esos preceptos, lo que debi\u00f3 conducir al Tribunal a revocar el fallo de primer nivel y a \u201cacceder a las pretensiones de la demanda, declarando la responsabilidad m\u00e9dica y reconociendo los perjuicios conforme las posiciones jurisprudenciales en la materia\u201d.<\/p>\n
Arguy\u00f3 que la historia cl\u00ednica de la instituci\u00f3n donde se atendi\u00f3 el parto no es clara, legible, ni consigna el estado de evoluci\u00f3n de la afiliada, no explica las razones por las cuales se detuvo la realizaci\u00f3n de la ces\u00e1rea, no sigue un orden cronol\u00f3gico en la foliatura, no est\u00e1n claras las evoluciones y anotaciones hechas por el m\u00e9dico, no refleja la decisi\u00f3n de no practicar el procedimiento, ni tampoco las terribles consecuencias de insistir en un parto normal a pesar del estado de madurez de la placenta y su consecuente calcificaci\u00f3n. Ese irregular manejo del registro constituye un indicio de culpa grave en contra de la convocada.<\/p>\n
La noci\u00f3n de culpa -dijo- no halla definici\u00f3n t\u00e9cnica en la codificaci\u00f3n civil, siendo necesario recurrir al principio de integraci\u00f3n normativa y en aplicaci\u00f3n del mismo, traer a colaci\u00f3n el art\u00edculo 23 de la Ley 599 de 2000, todo para concluir que, si existe \u201cdescuido, negligencia, impericia, imprevisi\u00f3n o violaci\u00f3n de la normatividad\u201d, se configura la culpa; y esta, en el caso, dimana de la concurrencia de todas las modalidades mencionadas, pues el m\u00e9dico tratante no realiz\u00f3 un diagn\u00f3stico y, simplemente se neg\u00f3 a practicar la ces\u00e1rea, lo que, habr\u00eda obedecido, seg\u00fan la versi\u00f3n de la paciente, al costo del procedimiento para la EPS. Adicionalmente, no inform\u00f3 a la usuaria su estado de salud, ni el de la criatura por nacer. <\/p>\n
Al obrar de la preindicada manera, el galeno soslay\u00f3 el resultado de los ex\u00e1menes practicados, de acuerdo con los cuales, desde el 9 de octubre de 2004, la placenta se encontraba en grado Ill de maduraci\u00f3n, de modo que, al prolongar el estado de gravidez, permiti\u00f3 que se osificara, generando la asfixia severa fuente de las secuelas f\u00edsicas, fisiol\u00f3gicas y sicol\u00f3gicas objeto de la demanda. <\/p>\n
En el obrar del facultativo existi\u00f3 impericia por desconocimiento de las normas de la lex artis que resultan de los protocolos para ese tipo de procedimientos; cometi\u00f3 el yerro en el que no incurrir\u00eda un profesional de la medicina, debido a la equivocada apreciaci\u00f3n de los s\u00edntomas o manifestaciones del trastorno de salud que relata la paciente. Confi\u00f3 en que acelerando de manera terap\u00e9utica el parto, podr\u00eda evitar la intervenci\u00f3n quir\u00fargica; fue imprudente al someter a la embarazada a tratamientos riesgosos, innecesarios, no justificados o peligrosos. No le inform\u00f3 sobre el diagn\u00f3stico y tratamiento de manera clara, limit\u00e1ndose a desatender sus manifestaciones, sin obtener un consentimiento informado de su parte. Por el contrario, dispuso un procedimiento terap\u00e9utico que, despu\u00e9s y con urgencia, tuvo que enmendar practicando la ces\u00e1rea. Viol\u00f3 la ley y los reglamentos al no incluir en la historia cl\u00ednica los motivos t\u00e9cnicos y cient\u00edficos que lo indujeron a tomar la decisi\u00f3n de demorar el parto. <\/p>\n
La sentencia confutada inaplic\u00f3 la norma sustancial que define la culpa al desconocer que el obstetra actu\u00f3 dentro de las modalidades de ese elemento subjetivo.<\/p>\n
Por \u00faltimo, acus\u00f3 al fallador de aplicar en forma indebida los mandatos del estatuto adjetivo reguladores de la carga de la prueba y la apreciaci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n, porque el ad quem, al confirmar la decisi\u00f3n del inferior, le endilg\u00f3 a los promotores de la acci\u00f3n el incumplimiento de su carga demostrativa, pese a que acreditaron los elementos configurativos de la culpa de las llamadas a juicio, aunque los juzgadores no tuvieron en cuenta las declaraciones de los demandantes, le concedieron un valor superlativo a la versi\u00f3n del m\u00e9dico perito y se pretiri\u00f3 apreciar la falencia informativa de la historia cl\u00ednica como fuente de comunicaci\u00f3n dentro del Sistema de Seguridad Social. <\/p>\n
CARGO TERCERO<\/p>\n
Reproch\u00f3 el quebranto indirecto de la ley sustancial, como consecuencia de error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la historia cl\u00ednica y del dictamen pericial rendido en el proceso. <\/p>\n
Lo anterior por cuanto el sentenciador al valorar la primera, descart\u00f3 considerar en el actuar del ginecobstetra, su desatenci\u00f3n de los protocolos y la omisi\u00f3n de justificar la retenci\u00f3n del alumbramiento y la administraci\u00f3n de \u00fatero inhibidores, por lo que \u201cno se puede aceptar que este medio probatorio corresponde a la prueba regular que exige la ley para descartar la responsabilidad m\u00e9dica como funcionamiento del Sistema de Seguridad Social Integral\u201d. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, incluso, el ad quem acept\u00f3 que el galeno no indic\u00f3 el motivo por el cual no se realiz\u00f3 la ces\u00e1rea, raz\u00f3n que se consigna en la experticia, razonamiento alejado de una congruente argumentaci\u00f3n y de una recta aplicaci\u00f3n de la valoraci\u00f3n probatoria, pues el peritaje no suple las deficiencias de la historia cl\u00ednica. <\/p>\n
Respecto del dictamen pericial acus\u00f3 la infracci\u00f3n del art\u00edculo 232 del C\u00f3digo General del Proceso, porque el a quo le imprimi\u00f3 fuerza probatoria a dicho medio de cognici\u00f3n pese a que no cumple la finalidad que deb\u00eda satisfacer. <\/p>\n
En sustento, indic\u00f3 que la parte demandada aleccion\u00f3 al experto, m\u00e9dico no especializado en obstetricia, quien se solidariz\u00f3 con ese extremo y como resultado abund\u00f3 en \u201ccalificativos de aceptaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n m\u00e9dica\u201d, siendo ajeno a los hechos y sin contar con informaci\u00f3n suficiente en la historia cl\u00ednica. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que el juez del conocimiento no tuvo en cuenta el comportamiento parcializado del perito en la audiencia y las dem\u00e1s pruebas obrantes en el plenario; por ello, no repar\u00f3 en que el galeno fungi\u00f3 m\u00e1s como abogado defensor de las demandadas, al conceptuar sobre cuestiones reservadas al funcionario judicial como la ausencia de culpa del ginecobstetra y de las convocadas; en cambio, dej\u00f3 de analizar la historia cl\u00ednica, en la cual sostuvo apoyarse. <\/p>\n
El indicado documento deb\u00eda contener los motivos m\u00e9dicos y cient\u00edficos que determinaron al tratante para no cumplir la orden impartida en la remisi\u00f3n y fundamentar su decisi\u00f3n inicial de alargar la gestaci\u00f3n y posteriormente, la de interrumpirla con la pr\u00e1ctica de una ces\u00e1rea; como no registraba esta informaci\u00f3n, el experto no pod\u00eda emitir un concepto afirmando el buen proceder del especialista y de las entidades demandadas, raz\u00f3n por la cual el juez debi\u00f3 negarle eficacia demostrativa a la prueba.<\/p>\n
A lo dicho se a\u00fana que el perito rehus\u00f3 contestar las preguntas relacionadas con los primeros momentos y d\u00edas de la salud de la ni\u00f1a Luz Natalia, aduciendo que no ten\u00eda la especialidad de pediatr\u00eda. Sin embargo, siguiente al parto se realiz\u00f3 la reanimaci\u00f3n de la reci\u00e9n nacida, de ah\u00ed la importancia de esos instantes para dilucidar los da\u00f1os ocasionados y su causa, de modo que, aunque el facultativo no era pediatra, como ginec\u00f3logo deb\u00eda conocer los instantes del nacimiento. <\/p>\n
Incluso, de manera contradictoria, dictamin\u00f3 sobre temas pedi\u00e1tricos como el resultado de la prueba de Apgar practicada a la neonata, donde se determin\u00f3 que estaba muerta y fue despu\u00e9s regresada a la vida por el pediatra James Zapata, y tambi\u00e9n al fenotipo y cariotipo de la menor, para sugerir un origen cong\u00e9nito de la hipoxia, pero sin aludir, de manera alguna, a la anotaci\u00f3n consignada en la historia cl\u00ednica, referente a que se retuvo el parto por ocho d\u00edas con secuela de asfixia severa, con lo cual mantuvo su sesgo para favorecer a la promotora y prestadoras de servicios de salud. <\/p>\n
<\/p>\n
Remat\u00f3 acusando de indebida, la motivaci\u00f3n del fallo en lo referente al nexo de causalidad, en que el ad quem describi\u00f3 una serie de factores de riesgo o desencadenantes de la hipoxia perinatal, pues no existieron patolog\u00edas diferentes a la calcificaci\u00f3n placentaria que hayan podido alterar el normal funcionamiento anat\u00f3mico, impactando el transporte de ox\u00edgeno al cerebro del feto, de donde surge que la hipoxia fue producto de la actuaci\u00f3n m\u00e9dica, sin antecedentes a los que pueda achacarse el resultado adverso.<\/p>\n
Por los argumentos preanotados, solicit\u00f3 casar la providencia opugnada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La imputaci\u00f3n encaminada por las sendas de la transgresi\u00f3n directa e indirecta de disposiciones sustantivas precisa la invocaci\u00f3n de las normas de la se\u00f1alada estirpe que el censor estime vulneradas, como consecuencia, bien sea de indebida aplicaci\u00f3n al litigio, de su falta de acatamiento, o de la interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de tales disposiciones. <\/p>\n
De ellas, adem\u00e1s, se reclama, una innegable conexi\u00f3n con el debate sustancial y jur\u00eddico materia del proceso y con la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n, a tal punto que correspondan a los preceptos base esencial de la decisi\u00f3n o han debido integrar el sustrato de la misma, siendo suficiente la aducci\u00f3n de, al menos, una cualquiera. <\/p>\n
1.1. La calificaci\u00f3n de sustancial que se reclama de las normas aptas para edificar una censura casacional, se otorga a las previsiones que declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jur\u00eddicas concretas, es decir aquellas disposiciones que se ocupan de \u00abregular una situaci\u00f3n de hecho, respecto de la cual deba seguirse una consecuencia jur\u00eddica\u00bb (CSJ SC3530-2017, 14 mar., rad. 2006-00131-01; CSJ AC661-2021, 1 mar., rad. 2015-00231-01, entre otras). <\/p>\n
1.2. La anotada imposici\u00f3n obedece a que las causales primera y segunda del recurso extraordinario se dirigen a que la Corporaci\u00f3n derruya la sentencia combatida cuando infrinja una o varias previsiones materiales, como as\u00ed lo establece el art\u00edculo 336 del compendio instrumental, y sin este presupuesto esencial, no puede el Tribunal de Casaci\u00f3n emprender el estudio substancial de la problem\u00e1tica expuesta por el recurrente, labor que -se itera- le corresponde realizar dentro del marco que aqu\u00e9l le delinea, sin que le est\u00e9 autorizado sustituirlo en la tarea de integrar la queja y, por esa v\u00eda, emprender el an\u00e1lisis oficioso de una cr\u00edtica no planteada, como tampoco es su misi\u00f3n confrontar el veredicto objeto del recurso extraordinario con todas las disposiciones que componen el ordenamiento jur\u00eddico, a fin de verificar con cu\u00e1l de ellas se encuentra en abierta oposici\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Ahora, cuando se atribuye al enjuiciador la infracci\u00f3n recta de normas sustanciales, es trabajo del impugnante demostrar la manera como se produjo el desv\u00edo, lo que pudo ocurrir porque el juzgador soslay\u00f3 las que disciplinan la materia discutida, se bas\u00f3 en preceptos que resultan ajenos a la controversia, o aunque acert\u00f3 en la selecci\u00f3n normativa, le da a las disposiciones una hermen\u00e9utica que constitucional y legalmente no les corresponde. Recu\u00e9rdese que lo precedente, obviando las discusiones en torno de los medios probatorios, el establecimiento de los hechos juzgados y el resultado de la labor apreciativa sobre los mismos, las cuales se entienden superadas cuando se recurre a la proposici\u00f3n del ataque por la v\u00eda directa. <\/p>\n
3. Los casacionistas fundaron el inicial de los embates conjuntados en la violaci\u00f3n frontal de los art\u00edculos 104 de la Ley 1438 de 2011; 1604 de la codificaci\u00f3n civil; 1 y 8\u00b0 de la Ley 100 de 1993; 33 a 36 de la Ley 3 de 1981; 5 a 7 de la Resoluci\u00f3n 1995 de 1999; 23 de la Ley 599 de 2000; 167, y 176 y 232 del estatuto adjetivo. <\/p>\n
Si se repara en el contenido de los anteriores preceptos, se advierte que no tienen las caracter\u00edsticas necesarias para soportar las acusaciones, pues algunos carecen de la connotaci\u00f3n de sustanciales que el canon 336 del compendio procesal reclama, y otros, aun si se les reconociera tal calidad, no refulgen esenciales en el caso debatido, al no haber constituido base del fallo, o debido serlo. <\/p>\n
3.1. En efecto, el precepto 104 de la Ley 1438 de 2011 define el acto propio de los profesionales de la salud e indica las bases sobre las cuales \u00e9stos deben cumplir su responsabilidad gen\u00e9rica y permanente de autorregulaci\u00f3n, de modo que no declara, crea, modifica o extingue relaciones jur\u00eddicas concretas entre las personas involucradas en ellas, ni a las premisas del canon les sigue una consecuencia jur\u00eddica, y si se le tuviera como de car\u00e1cter material, lo cierto es que no fue ni debi\u00f3 ser soporte de la decisi\u00f3n censurada, toda vez que el debate central el litigio orbita sobre la declaraci\u00f3n del deber de resarcir los presuntos perjuicios inferidos por las convocadas a los demandantes con ocasi\u00f3n de la hipoxia perinatal padecida por la menor Luz Natalia Benavides Osorio, lo que ubica la discusi\u00f3n en los preceptos que regulan la responsabilidad, entre ellos el art\u00edculo 2341 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
La misma situaci\u00f3n se presenta respecto del canon 23 de la Ley 599 de 2000, en la medida que, habiendo cursado el proceso ante la especialidad civil de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, regulado por las disposiciones contenidas en el compendio del ramo y en la ley de enjuiciamiento, la invocada regla que, en el \u00e1mbito del estatuto penal, define la culpa, es claramente inaplicable. <\/p>\n
3.2. De otro lado, el art\u00edculo 1604 de la codificaci\u00f3n sustanciales de lo asuntos civiles, en cuanto al se\u00f1alamiento de los grados de culpa que delimitan la responsabilidad de deudor y acreedor en los contratos seg\u00fan el beneficio que les reporten y la exoneraci\u00f3n a favor del primero en el caso fortuito, salvo las excepciones que all\u00ed se consagran, no guarda conexi\u00f3n alguna con lo debatido en la litis, como quiera que la decisi\u00f3n del ad quem se contra\u00eda a establecer si concurr\u00edan los presupuestos de la responsabilidad por la actividad m\u00e9dica, esto es, la conducta culposa del centro asistencial donde se atendi\u00f3 el parto de la demandante Mar\u00eda Paula Osorio por la decisi\u00f3n del galeno tratante de llevar el embarazo hasta la semana 37 en lugar de realizar inmediatamente una ces\u00e1rea; el da\u00f1o padecido por la reci\u00e9n nacida, traducido en afectaciones f\u00edsicas y mentales permanentes; y, el nexo causal entre los anteriores. <\/p>\n
Y en lo que ata\u00f1e al inciso tercero de la precitada norma, no hay ninguna duda sobre que se trata de una pauta de naturaleza probatoria, en tanto reglamenta a cu\u00e1l de las partes en una relaci\u00f3n jur\u00eddica le corresponde la demostraci\u00f3n de la diligencia y el cuidado, y a quien le incumbe probar el fen\u00f3meno irresistible e impredecible del caso fortuito, y por esta naturaleza espec\u00edfica no puede servir de b\u00e1culo para la correcta estructuraci\u00f3n del cargo. <\/p>\n
3.3. De los preceptos 1\u00b0 y 8\u00b0 de la Ley 100 de 1993 que refieren a la integralidad del sistema de seguridad social, debe advertirse que, aun sin calificar su sustancialidad, no constituyeron base fundante de la sentencia impugnada, ni deb\u00edan serlo, porque no se discute en el proceso la falta de cobertura de prestaciones en salud de la usuaria y su hija, ni deficiencias relacionadas con la conformaci\u00f3n del indicado sistema. <\/p>\n
3.4. Las disposiciones 33 a 36 de la Ley 23 de 1981 y 5\u00aa a 7\u00aa de la Resoluci\u00f3n 1995 de 1999 se limitan a fijar el medio en que deben consignarse las prescripciones emitidas por los facultativos; la definici\u00f3n del documento denominado \u201chistoria cl\u00ednica\u201d; su ce\u00f1imiento a los modelos preestablecidos por el Ministerio de Salud en las instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud, y la forma en que debe diligenciarse dicho registro desde su apertura, raz\u00f3n por la cual ninguna entidad sustancial o material les puede ser reconocida. <\/p>\n
3.5. Por \u00faltimo, los art\u00edculos 167, 176 y 232 del C\u00f3digo General del Proceso disciplinan la carga de la prueba en los procesos, la apreciaci\u00f3n de los elementos de persuasi\u00f3n en general y del dictamen pericial en particular, tem\u00e1ticas todas propias del \u00e1mbito procesal y concretamente relacionadas con los medios probatorios y su evaluaci\u00f3n, per se ant\u00edtesis de los c\u00e1nones materiales, posici\u00f3n que la Sala ha expresado en diversos pronunciamientos, donde reafirm\u00f3 la caracter\u00edstica de las citadas disposiciones de ser pautas de estirpe probatoria (AC4186-2019, AC1427-2020, AC117-2020, AC2593-2021, AC605-2020, AC093-2021 y AC2593-2021, entre otras). <\/p>\n
Ha puntualizado esta Corporaci\u00f3n que \u00abno tienen la calidad de norma sustancial\u00bb las previsiones que regulan la actividad de las partes y el juez en orden al decreto, pr\u00e1ctica y valoraci\u00f3n de las pruebas, pues \u00abaun cuando pueden contener la garant\u00eda de derechos fundamentales como el del debido proceso, de defensa y contradicci\u00f3n, derechos que asimismo se garantizan con las normas meramente procedimentales, no regulan una situaci\u00f3n jur\u00eddica concreta\u201d (AC003, 14 ene. 2020, rad. 2011-00832-01, AC2828-2020, 26 oct. 2020, rad. 203-00891-01). <\/p>\n
4. La falencia que se pone de presente, impide elucidar si ocurri\u00f3 o no el quebranto aducido en los cargos y no puede la Sala completar la acusaci\u00f3n, se\u00f1alando los mandatos de orden legal o supralegal que resultaron desconocidos, como tampoco rearmar la cr\u00edtica. <\/p>\n
5. Aunque lo discurrido basta para desestimar los embates sin que sean necesarias otras disquisiciones, se observa que, aunque la censura contenida en la segunda acusaci\u00f3n se plante\u00f3 por la v\u00eda directa, la cual supone que los recurrentes se encuentran de acuerdo con las conclusiones f\u00e1cticas consignadas en la sentencia rebatida, en el desarrollo de la acusaci\u00f3n se adentraron en el terreno de la labor investigativa que el enjuiciador realiza mediante la valoraci\u00f3n de los medios probatorios. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto su inconformidad se centr\u00f3 en que el ad quem no aludi\u00f3 a las excepciones del postulado de \u201cculpa probada\u201d rector en la responsabilidad por el actuar gal\u00e9nico; desconoci\u00f3 que en la historia cl\u00ednica no figuraba informaci\u00f3n acerca de las patolog\u00edas del feto y que dicho documento no es claro, legible, cronol\u00f3gicamente diligenciado, ni registra la evoluci\u00f3n del estado gestacional, como tampoco las razones que motivaron no realizar la ces\u00e1rea al ingreso de la paciente, deficiencias que, en opini\u00f3n de los impugnantes, debieron apreciarse como indicio en contra de las llamadas al proceso. <\/p>\n
Cuestionaron, adem\u00e1s, que el sentenciador de segundo grado no apreci\u00f3 la conducta del ginecobstetra tratante, quien no realiz\u00f3 una adecuada diagnosis del caso, proceder por s\u00ed constitutivo de culpa; y no valor\u00f3 las declaraciones rendidas por los promotores de la acci\u00f3n, otorgando, en cambio, una credibilidad superlativa a \u201cla solidaria versi\u00f3n del m\u00e9dico perito\u201d.9 <\/p>\n
Los rese\u00f1ados planteamientos exceden del \u00e1mbito de la violaci\u00f3n directa de la ley sustancial y corresponden al campo de la v\u00eda indirecta, con lo cual se incurri\u00f3 en una indebida confusi\u00f3n de causales de casaci\u00f3n, y conllev\u00f3 que no se cuestionaran los fundamentos de orden jur\u00eddico de la providencia confutada, omisi\u00f3n en raz\u00f3n de la cual los censores permitieron que aquellos relativos a los presupuestos de la responsabilidad m\u00e9dica, el r\u00e9gimen de culpa aplicable y el tipo de causalidad imperante, permanezcan inc\u00f3lumes y presten apoyo firme a la decisi\u00f3n. <\/p>\n
6. Si bien el cuestionamiento a la estimaci\u00f3n de los instrumentos suasorios se contiene en la \u00faltima acusaci\u00f3n, recu\u00e9rdese que \u00absi impugnar es refutar, contradecir, controvertir, lo cual exige, como m\u00ednimo, explicar qu\u00e9 es aquello que se enfrenta, fundar una acusaci\u00f3n es entonces asunto mucho m\u00e1s elaborado, como quiera que no se logra con un simple alegar que el juzgador de instancia carece de raz\u00f3n, sino que impone, para el caso de violaci\u00f3n de la ley por la v\u00eda indirecta, concretar los errores que se habr\u00edan cometido al valorar unas espec\u00edficas pruebas, y mostrar de qu\u00e9 manera esas equivocaciones incidieron en la decisi\u00f3n que se repudia (auto de 29 de agosto de 2000, exp. 1994-0088). En suma, la exigencia de la demostraci\u00f3n de un cargo en casaci\u00f3n, no se satisface con afirmaciones o negaciones panor\u00e1micas -o generales- sobre el tema decidido, as\u00ed \u00e9stas resulten pertinentes respecto de las conclusiones del Tribunal, siendo menester superar el umbral de la enunciaci\u00f3n o descripci\u00f3n del yerro, para acometer, en concreto, el enjuiciamiento insoslayable de los argumentos del fallador, lo que se cumple mediante la exposici\u00f3n de la evidencia del error y de su incidencia en la decisi\u00f3n adoptada\u00bb -negrillas para destacar- (CSJ SC4901, 13 nov. 2019, rad. n.\u00b0 2007-00181-01). <\/p>\n
6.1. Contrario al proceder esperado y exigible en la sede extraordinaria, los casacionistas se contentaron con exponer un razonamiento contrapuesto al del fallador en cuanto al contenido objetivo del dictamen pericial y la historia cl\u00ednica, insuficiente para ocasionar el quiebre de la decisi\u00f3n recurrida, pues el rol de la Corte no es el de juzgar otra vez la controversia, como si se tratara de una instancia. <\/p>\n
Por el anotado motivo devienen impertinentes las alegaciones que se esbozan en la censura, las cuales lejos de endilgar yerros f\u00e1cticos concretos en la apreciaci\u00f3n de los comentados elementos de convicci\u00f3n, visibilizan apenas la divergencia de criterio con el del Tribunal, tomando como soporte meras opiniones en torno a lo que objetivamente revelan esas probanzas. <\/p>\n
Concretamente, no se ocuparon de precisar c\u00f3mo se gener\u00f3 la suposici\u00f3n de los hechos relativos a la conformidad del acto m\u00e9dico con la lex \u2013 artis ad-hoc, por v\u00eda de ver en la historia cl\u00ednica lo que ella en su objetividad no revelaba, sin que fuera suficiente exponer una dis\u00edmil apreciaci\u00f3n, pues era necesario demostrar que, a causa de errores manifiestos y trascendentes en la valoraci\u00f3n de ese instrumento persuasivo y tambi\u00e9n de los restantes, las consideraciones consignadas en el fallo resultaban insostenibles. <\/p>\n
6.3. Se suma que el reproche tampoco fue integral ni enfocado, esto es, no controvirti\u00f3 todos los fundamentos del fallo, ni siquiera los principales, pues los casacionistas dejaron sin cuestionamiento la consideraci\u00f3n, por dem\u00e1s basilar, relativa a que no se prob\u00f3 que la decisi\u00f3n de no realizar el procedimiento quir\u00fargico para desembarazar a la paciente no fue determinante en la hipoxia perinatal sufrida por la ni\u00f1a Luz Natalia Benavides Osorio, la cual soport\u00f3 el juzgador en el concepto rendido por el especialista experto que obr\u00f3 como perito en la actuaci\u00f3n y en la literatura m\u00e9dica empleada como complemento de la experticia. <\/p>\n
Inobserv\u00f3, entonces, que la cr\u00edtica debe guardar adecuada consonancia con lo esencial de la motivaci\u00f3n del pronunciamiento, \u00abvale decir que se refiera directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcci\u00f3n jur\u00eddica sobre la cual se asienta la sentencia, habida cuenta de que si blanco del ataque se hacen los supuestos que delinea a su mejor conveniencia el recurrente y no a los que constituyen el fundamento nuclear de la providencia, se configura un notorio defecto t\u00e9cnico por desenfoque que conduce al fracaso del cargo correspondiente\u00bb (SC18563-2016, 16 dic. 2016, rad. 2009-00438-01; SC295-2021, 15 feb. 2021, rad. 2003-00233-01). <\/p>\n
7. La secuela de lo discurrido es la improsperidad de las censuras analizadas. <\/p>\n
Se condenar\u00e1 en costas a los recurrentes y para la tasaci\u00f3n de las agencias en derecho se tendr\u00e1 en cuenta que la demanda de casaci\u00f3n fue replicada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 27 de noviembre de 2018 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso referenciado en el encabezamiento de esta providencia. <\/p>\n
Costas en casaci\u00f3n a cargo de los impugnantes. La Secretar\u00eda incluya en la liquidaci\u00f3n la suma de $6.000.000 por concepto de agencias en derecho. <\/p>\n
Oportunamente devu\u00e9lvase el expediente a la corporaci\u00f3n de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO OSORIO RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Folio 260 reverso, cno. 1. <\/p>\n
2\u0002 La Casaci\u00f3n Civil <\/p>\n
3\u0002 Folio 11 dorso y 12 cno. Corte. <\/p>\n
4\u0002 Ib\u00eddem. <\/p>\n
5\u0002 Folio 27 reverso, cno. Tribunal. <\/p>\n
6\u0002 Folio 28, \u00eddem. <\/p>\n
7\u0002 Folio 29, \u00eddem. <\/p>\n
8\u0002 Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci\u00f3n Tercera, Sentencia de 17 de agosto de 2000, exp. 12123. <\/p>\n
9\u0002 Folio 20 dorso, cno. Tribunal. <\/p>\n
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SC3344-2021 (2012-00021-01)_2 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente SC3344-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-31-03-006-2012-00021-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cinco de agosto de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de agosto de dos mil veintiuno (2021) ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR De conformidad con el Acuerdo n\u00ba 034 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56207","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56207","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56207"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56207\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56207"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56207"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56207"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}