SC3398-2021 (2019-03271-00)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
SC3398-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2019-03271-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Decide la Corte la solicitud de exequatur promovida por Liliana Cancino Campo, respecto de la sentencia dictada el veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, por el Juzgado Segundo de Familia de San Jos\u00e9, Costa Rica. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n
La demandante, a trav\u00e9s de apoderada judicial, solicit\u00f3 homologar el fallo que se viene de referenciar, mediante el cual se decret\u00f3 el divorcio del matrimonio que contrajo con Edgardo Maya Boh\u00f3rquez (folios 25 a 32). <\/p>\n
B. Los hechos <\/p>\n
1. El 17 de septiembre de 1999, la convocante y el se\u00f1or Maya Boh\u00f3rquez, de nacionalidad colombiana, contrajeron nupcias en Cartago, Valle (folio 19). <\/p>\n
2. La pareja radic\u00f3 su residencia y domicilio permanente en San Jos\u00e9, Costa Rica. <\/p>\n
3. En la demanda no se inform\u00f3 sobre la procreaci\u00f3n de hijos dentro de la uni\u00f3n. <\/p>\n
4. Ante el Juzgado Segundo de Familia del lugar de su domicilio, los c\u00f3nyuges presentaron un acuerdo conciliatorio en el cual convinieron la distribuci\u00f3n de los bienes adquiridos durante su enlace para que fuera convalidado. <\/p>\n
5. Mediante sentencia de 25 de septiembre de 2018, el citado despacho, entre otras disposiciones, declar\u00f3 disuelto el v\u00ednculo matrimonial entre las partes (folios 5 a 10). <\/p>\n
1. El 17 de octubre de 2019 se admiti\u00f3 la demanda y dispuso dar traslado al Ministerio P\u00fablico (folio 36). <\/p>\n
2. La Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, luego de discurrir sobre las normas relativas a la homologaci\u00f3n, manifest\u00f3 encontrar cumplidos los requisitos legales, por cuanto la providencia no versaba sobre derechos reales, se encontraba debidamente ejecutoriada y no era contraria al orden p\u00fablico (folios 38 y 39). <\/p>\n
3. En la debida oportunidad se admitieron las pruebas presentadas por la convocante y se orden\u00f3 librar oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores para que informara si entre Colombia y Costa Rica existen convenios internacionales vigentes sobre la reciprocidad en el reconocimiento de sentencias proferidas por autoridades jurisdiccionales de ambos pa\u00edses; as\u00ed como al C\u00f3nsul de nuestro pa\u00eds en San Jos\u00e9, para que enviara copia total o parcial de la legislaci\u00f3n vigente en materia de divorcio (folio 41 dorso y anverso). <\/p>\n
4. Ante la inexistencia de contradicci\u00f3n y de solicitud de medios de convicci\u00f3n que ameritaran su pr\u00e1ctica, por auto de 2 de diciembre de 2020, se dispuso el decreto de pruebas, limitadas \u00e9stas a las documentales y, agregadas en su totalidad, se orden\u00f3 el ingreso del expediente al despacho para proferir sentencia por escrito y sin necesidad de audiencia (folio 62). <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De conformidad con el art\u00edculo 278 del C\u00f3digo General del Proceso, en cualquier estado del proceso, \u00abel juez deber\u00e1 dictar sentencia anticipada, total o parcial\u00bb, cuando, entre otras causas \u00abno hubiere pruebas por practicar\u00bb. <\/p>\n
Precepto que es aplicable a los tr\u00e1mites de exequatur, por lo que, si en curso de la actuaci\u00f3n, se advierte la inexistencia de medios probatorios para recaudar, deber\u00e1 proferirse el correspondiente fallo, sin que sea necesario agotar el procedimiento establecido en el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 607 del C\u00f3digo General del Proceso, el cual prescribe que \u201cvencido el traslado se decretar\u00e1n las pruebas y se fijar\u00e1 audiencia para practicarlas, o\u00edr los alegatos de las partes y dictar la sentencia\u201d (subrayado fuera del texto). <\/p>\n
Tal eventualidad tiene lugar en el presente asunto, en tanto no existen medios probatorios que deban practicarse, por lo que deviene necesario proferir el presente pronunciamiento de manera antelada, por escrito y fuera de audiencia. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala ha indicado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la esencia del car\u00e1cter anticipado de una resoluci\u00f3n definitiva supone la pretermisi\u00f3n de fases procesales previas que de ordinario deber\u00edan cumplirse; no obstante, dicha situaci\u00f3n est\u00e1 justificada en la realizaci\u00f3n de los principios de celeridad y econom\u00eda que informan el fallo por adelantado en las excepcionales hip\u00f3tesis que el legislador habilita dicha forma de definici\u00f3n de la litis. <\/p>\n
De igual manera, cabe destacar que, aunque la esquem\u00e1tica preponderantemente oral del nuevo ordenamiento procesal civil, supone por regla general una sentencia dictada de viva voz, es evidente que tal pauta admite numerosas excepciones, de la que es buen ejemplo la presente, donde la causal para proveer de fondo por anticipado se configur\u00f3 cuando la serie no ha superado su fase escritural y la convocatoria a audiencia resulta inane\u00bb. (CSJ SC12137-2017, 15 ago., rad. 2016-03591-00, reiterada en CSJ SC647-2020, 2 mar., rad. 2017-00149-00 y CSJ SC2168-2020, 13 jul., rad. 2018-03171-00). <\/p>\n
2. En virtud del postulado de la exclusividad de la jurisdicci\u00f3n, los jueces de cada Estado son los \u00fanicos que, en principio, pueden proferir decisiones judiciales obligatorias al interior de sus respectivos pa\u00edses, pues de no ser ello as\u00ed, se violar\u00eda la soberan\u00eda nacional, lo que quiere decir que ninguna providencia dictada por jueces extranjeros, tiene obligatoriedad ni ejecuci\u00f3n forzada en Colombia, a menos que medie la autorizaci\u00f3n del \u00f3rgano judicial competente, valga decir, la Corte Suprema de Justicia por disposici\u00f3n de la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
Esa excepci\u00f3n a la regla general se justifica en virtud de los principios de cooperaci\u00f3n internacional y reciprocidad, en atenci\u00f3n a los cuales es posible que a las sentencias dictadas en otras naciones se les otorgue validez en la nuestra, siempre y cuando en aqu\u00e9llas se le reconozca valor al mismo tipo de decisiones emanadas del poder judicial colombiano. <\/p>\n
La reciprocidad diplom\u00e1tica se puede verificar con la existencia de tratados celebrados entre nuestro pa\u00eds y la naci\u00f3n donde se profiri\u00f3 el fallo, de modo que en su territorio se otorgue valor a las decisiones pronunciadas por la jurisdicci\u00f3n colombiana. A falta de esos convenios, debe acreditarse reciprocidad legislativa, la cual consiste, al tenor del art\u00edculo 605 del estatuto procesal, en la consagraci\u00f3n en ambas naciones de disposiciones legales con igual sentido. <\/p>\n
3. Adem\u00e1s del anterior requisito, para que un fallo extranjero surta efectos vinculantes en nuestro pa\u00eds, se requiere que se cumplan los presupuestos consagrados en el ordenamiento legal interno, espec\u00edficamente los contenidos en el Cap\u00edtulo I del Libro V del T\u00edtulo I del compendio adjetivo. <\/p>\n
El tr\u00e1mite del exequatur deber\u00e1 ce\u00f1irse, por tanto, a la forma y t\u00e9rminos establecidos en el art\u00edculo 607 eiusdem, y la providencia cuyo reconocimiento se pretende, deber\u00e1 cumplir con los requerimientos previstos en el art\u00edculo 606 de la misma codificaci\u00f3n, cuyo numeral segundo reclama que la determinaci\u00f3n judicial extranjera no se oponga \u201ca leyes u otras disposiciones colombianas de orden p\u00fablico, exceptuadas las de procedimiento\u201d. <\/p>\n
4. En el asunto bajo escrutinio, el Ministerio de Relaciones Exteriores inform\u00f3 que \u201cno hay tratado bilateral vigente entre la Rep\u00fablica de Colombia y la Rep\u00fablica de Costa Rica en materia de reconocimiento de sentencias civiles (\u2026) si bien la Rep\u00fablica de Costa Rica es signataria de la \u2018Convenci\u00f3n Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros\u00b4, adoptada en Montevideo, Uruguay el 8 de mayo de 1979, a la fecha no la ha ratificado\u201d (folio 24); es decir, sobre la homologaci\u00f3n de sentencias entre Colombia y Costa Rica, no existe evidencia de reciprocidad diplom\u00e1tica; empero, s\u00ed de la de orden legislativo, porque as\u00ed lo evidencian las probanzas recaudadas y los precedentes de la Corte. <\/p>\n
N\u00f3tese del plexo normativo remitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de San Jos\u00e9, Costa Rica, que seg\u00fan lo establecido en el art\u00edculo 705 del C\u00f3digo Procesal Civil de ese pa\u00eds, \u201cpara que la sentencia, el auto con car\u00e1cter de sentencia, o el laudo arbitral extranjero surtan efectos en el pa\u00eds, deber\u00e1n reunir los siguientes requisitos: 1) Que est\u00e9n debidamente autenticados\u2026 2) Que el demandado hubiere sido emplazado, representado o declarado rebelde, con arreglo a la ley del pa\u00eds de origen, y que hubiere sido notificado legalmente de la sentencia, auto con car\u00e1cter de sentencia o laudo\u2026 3) Que la pretensi\u00f3n invocada no sea de competencia exclusiva de los tribunales costarricenses\u2026 4) Que no exista en Costa Rica un proceso en tr\u00e1mite, ni una sentencia ejecutoriada, por un tribunal costarricense, que produzca cosa juzgada\u2026 5) Que sean ejecutorios en el pa\u00eds de su origen\u2026 6) Que no sean contrarios al orden p\u00fablico\u201d (folio 54 dorso). <\/p>\n
Tales requerimientos guardan armon\u00eda con los exigidos en Colombia para an\u00e1loga finalidad y, por tanto, al concurrir, hacen ejecutables en nuestra naci\u00f3n los fallos pronunciados por jueces de aquella. <\/p>\n
5. Como viene de referirse, tanto en Costa Rica como en Colombia, para la procedencia de la homologaci\u00f3n de la sentencia for\u00e1nea, es imperioso verificar que la determinaci\u00f3n sometida a tal tr\u00e1mite no contravenga el orden p\u00fablico, conceptuado por esta Corporaci\u00f3n como \u00ab(\u2026) la indispensable defensa de esos principios esenciales en los que est\u00e1 cimentado el esquema institucional e ideol\u00f3gico del Estado en aras de Salvaguardarlo\u00bb (CSJ SC, 8 jul. 2013, rad. 2008-2099-00, reiterada en CSJ SC647-2020, 2 mar., rad. 2017-00149-00 y CSJ SC648-2020, 2 mar., rad. 2017-00073-00). <\/p>\n
Lo anterior conduce a predicar que la noci\u00f3n que debe acogerse en estos casos es la de \u00aborden p\u00fablico internacional\u00bb, el cual habr\u00e1 de ser atendido por el juez estatal cuando se trata del reconocimiento y la ejecuci\u00f3n de un fallo proferido en otro pa\u00eds, con el prop\u00f3sito principal de evitar que una decisi\u00f3n o ley extranjera sea admitida cuando sugiera violaci\u00f3n de los principios fundamentales. <\/p>\n
Bajo ese entendido, \u00fanicamente una incompatibilidad grave entre aquellos y el pronunciamiento jurisdiccional para el que se pide el exequatur, podr\u00eda dar lugar a que \u00e9ste no fuera objeto de homologaci\u00f3n, pues al fallador tan solo le corresponde verificar si se opone o no a los pilares de las instituciones jur\u00eddicas patrias. <\/p>\n
En cumplimiento de dicha tarea, se logr\u00f3 establecer, luego de una b\u00fasqueda detallada en el sistema de consulta jurisprudencial de esta Corte que, a pesar del informe rendido por la relatora de esta Sala, conforme al cual \u201cno se encontraron registros de sentencias proferidas por la Sala que conceden exequatur en materia de divorcio procedente de Costa Rica\u201d (folio 46), s\u00ed existen precedentes en tal sentido, los cuales corroboran la compatibilidad legislativa entre uno y otro pa\u00eds, en virtud de la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 1\u00ba de la ley 1\u00aa de 1976 (CSJ SC646-2020 y CSJ SC648-2020 que se vienen citando). <\/p>\n
Seg\u00fan dicho precepto, el domicilio en el exterior de los c\u00f3nyuges, determina que \u00abesa ley extranjera -la del domicilio conyugal que all\u00ed se tenga- es la reguladora de la procedencia, causa, procedimiento y clase de divorcio (incluyendo en \u00e9ste, el divorcio por mutuo acuerdo y el divorcio contencioso)\u201d por lo que \u201cresulta compatible con dicha legislaci\u00f3n y ejecutable en Colombia el divorcio decretado por mutuo acuerdo (\u2026)\u201d\u00bb (CSJ SC664-2020, 3 mar., rad. 2019-01347-00 que reitera providencia anterior). <\/p>\n
En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, el divorcio fue consecuencia del acuerdo al que llegaron los c\u00f3nyuges, determinante en la decisi\u00f3n de la Juez Segunda de Familia de San Jos\u00e9 de acceder a la disoluci\u00f3n matrimonial, circunstancia que se adec\u00faa a la causal prevista en el numeral 9\u00ba del art\u00edculo 154 y el precepto 164 de nuestra compilaci\u00f3n civil, circunstancia por la cual, adem\u00e1s, no era necesaria la citaci\u00f3n a este tr\u00e1mite del esposo no solicitante, en tanto la providencia no fue dictada en proceso contencioso. <\/p>\n
6. En cuanto toca con el requisito dispuesto en el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 606 de la obra procedimental patria, se pudo constatar su cumplimiento, habida cuenta que al plenario fue adosada copia debidamente legalizada y ejecutoriada de la providencia cuya homologaci\u00f3n se persigue. <\/p>\n
Afirmase as\u00ed, porque de la observancia del folio 4 (dorso), puede verificarse que el mencionado documento se apostill\u00f3 en la forma dispuesta por el inciso segundo del art\u00edculo 251 ibidem y la convenci\u00f3n sobre la abolici\u00f3n del requisito de legalizaci\u00f3n para documentos p\u00fablicos extranjeros, suscrita en la Haya el 5 de octubre de 1961, es decir, se\u00f1al\u00f3 con claridad a que t\u00edtulo obraba cada uno de los signatarios y se acompa\u00f1\u00f3 del certificado a que aluden los c\u00e1nones 3\u00b0 a 5\u00b0 de dicho pacto (folio 4). <\/p>\n
7. Entonces, como decantado qued\u00f3 el cumplimiento de cada una de las exigencias necesarias para la confirmaci\u00f3n de la sentencia de divorcio emitida por la Juez Segunda de Familia de San Jos\u00e9, ata\u00f1ederas a ejecutoria, legalizaci\u00f3n, observancia del orden p\u00fablico y de los principios que rigen la materia en Colombia, cuyo objeto no es exclusivo de los jueces nacionales, es procedente reconocer sus efectos jur\u00eddicos, como as\u00ed se har\u00e1. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO. CONCEDER el exequatur de la sentencia dictada el 25 de septiembre de 2018 por el Juzgado Segundo de Familia de San Jos\u00e9, Costa Rica, la cual decret\u00f3 el divorcio del matrimonio celebrado el 17 de septiembre de 1999 entre Liliana Cancino Campo y Edgardo Maya Boh\u00f3rquez. <\/p>\n
SEGUNDO: Para los efectos previstos en los art\u00edculos 6\u00b0, 10, 11, 22 y 72 del Decreto 1260 de 1970 y de conformidad con los preceptos 1\u00b0 y 2\u00b0 del Decreto 2158 de 1970, se ordena la inscripci\u00f3n de esta providencia junto con la sentencia reconocida, en el folio correspondiente al registro civil de matrimonio celebrado entre Liliana Cancino Campo y Edgardo Maya Boh\u00f3rquez, y en el de nacimiento de aqu\u00e9lla. Por secretar\u00eda, l\u00edbrense los oficios a que haya lugar. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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