SC3403-2021 (2015-02029-00)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
SC3403-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2015-02029-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el Acuerdo n\u00ba 034 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos que propenden por la protecci\u00f3n de la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en esta providencia paralela, los nombres de las partes involucradas en el presente asunto ser\u00e1n reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
Anotado lo anterior, decide la Corte sobre la solicitud de exequ\u00e1tur promovida por Laura Juliana Morales Ruge, respecto de la sentencia dictada el treinta de mayo de dos mil catorce, por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucci\u00f3n No. 3 de Vilagarc\u00eda de Arousa, Espa\u00f1a. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n
La demandante, a trav\u00e9s de apoderada judicial, solicit\u00f3 homologar el fallo que se viene de referenciar, mediante el cual se decret\u00f3 el divorcio del matrimonio que contrajo con Manuel Alonso Restrepo Yate, (folio 22). <\/p>\n
B. Los hechos <\/p>\n
1. El 7 de julio de 2004 los accionantes, de nacionalidad colombiana, contrajeron nupcias en Cali, Valle del Cauca. <\/p>\n
2. La pareja radic\u00f3 su residencia y domicilio permanente en el Reino de Espa\u00f1a. <\/p>\n
3. Durante la uni\u00f3n naci\u00f3 un hijo y no se adquirieron bienes. <\/p>\n
4. En el a\u00f1o 2012 el c\u00f3nyuge abandon\u00f3 el hogar y el hijo qued\u00f3 al cuidado de la madre, quien present\u00f3 demanda de divorcio ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucci\u00f3n No. 3 de Villagarc\u00eda de Arousa. <\/p>\n
5. Previo a declarar en situaci\u00f3n de rebeld\u00eda al demandado, la juzgadora for\u00e1nea, en sentencia de 30 de mayo de 2014, accedi\u00f3 a las pretensiones, esto es, decret\u00f3 el divorcio y, como consecuencia de ello, dispuso la disoluci\u00f3n de la sociedad de gananciales y regul\u00f3 lo atinente a la custodia, visitas y alimentos del hijo, habida cuenta que encontr\u00f3 cumplidos los presupuestos consagrados en los art\u00edculos 81 (numeral 2\u00ba) y 86 del C\u00f3digo Civil Espa\u00f1ol (folios 23 a 26, cno. Corte). <\/p>\n
C. El tr\u00e1mite del exequ\u00e1tur <\/p>\n
1. El 18 de septiembre de 2015 se admiti\u00f3 la demanda y se corri\u00f3 el traslado de rigor al Ministerio P\u00fablico, (Folio 29, cno. Corte) <\/p>\n
2. Previo emplazamiento al demandado, le fue designado curador ad litem para su defensa, quien notificado se\u00f1al\u00f3, que las peticiones son procedentes y las pruebas viables, (folio 63, ib.). <\/p>\n
3. La Procuradora Delegada para Asuntos Civiles se opuso a la concesi\u00f3n del exequ\u00e1tur y, para el efecto, adujo que no se encuentran acreditados ninguno de los presupuestos establecidos por la Ley colombiana, (folios 35 a 38, cno. Corte). <\/p>\n
4. Por su parte, la funcionaria designada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia indic\u00f3 que existe plena identidad de las causales que motivaron el divorcio en Vilagarc\u00eda de Arousa y las contempladas en la Ley 25 de 1992 que modific\u00f3 el art\u00edculo 154 del C\u00f3digo Civil nacional, (folios 39 a 42, ib.). <\/p>\n
5. En la debida oportunidad se admitieron las pruebas presentadas con la demanda, y se orden\u00f3 librar oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores para que informara si entre Colombia y Espa\u00f1a existen convenios internacionales vigentes sobre la reciprocidad en el reconocimiento de sentencias proferidas por autoridades jurisdiccionales de ambos pa\u00edses; as\u00ed como al C\u00f3nsul de nuestro pa\u00eds en Madrid (Espa\u00f1a) para que enviara con destino al proceso, copia total o parcial, de la Ley vigente en dicho lugar en materia de divorcio, (folios 66 y 67, ib.). <\/p>\n
6. Finalmente se corri\u00f3 traslado para alegar, conforme lo dispuesto en el numeral 6\u00b0 del art\u00edculo 695 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, (folio 282, ib.) <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El art\u00edculo 625 del C\u00f3digo General del Proceso que establece las reglas para la transici\u00f3n de legislaci\u00f3n de aquellas controversias que se iniciaron bajo el anterior estatuto procesal, en sus numerales 5 y 6 se precisa que: <\/p>\n
\u201c5. (\u2026) los recursos interpuestos, la pr\u00e1ctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los t\u00e9rminos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se est\u00e9n surtiendo, se regir\u00e1n por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los t\u00e9rminos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones (\u2026) 6. En los dem\u00e1s procesos, se aplicar\u00e1 la regla general prevista en el numeral anterior\u201d. (Subrayado fuera del texto). <\/p>\n
De all\u00ed se colige que, al no existir una referencia concreta al exequ\u00e1tur, la aplicaci\u00f3n de la ley est\u00e1 sujeta a la \u00faltima regla transcrita, es decir, aquellos tr\u00e1mites de homologaci\u00f3n iniciados antes de la entrada en vigencia de del C\u00f3digo General del Proceso, se regir\u00e1n por las normas dispuestas en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
En ese orden, como el asunto que concita la atenci\u00f3n de la Corte se present\u00f3 el 1\u00ba de septiembre de 2015, cuando a\u00fan no se encontraba vigente la nueva legislaci\u00f3n, se resolver\u00e1 de acuerdo a las normas del anterior estatuto procesal. <\/p>\n
2. Establecido el marco normativo que define el presente tr\u00e1mite, cumple recordar que el exequatur es un instrumento dispuesto para contribuir a la cooperaci\u00f3n mutua y reciprocidad entre Estados, su finalidad radica en asegurar la eficacia, en otros territorios, de las providencias emitidas en determinado pa\u00eds, previo cumplimiento de formalidades legales que, entre otras cosas, impiden contrariar la soberan\u00eda nacional. <\/p>\n
En Colombia, la tarea de verificar dicho acatamiento, as\u00ed como tambi\u00e9n, la de autorizar la homologaci\u00f3n de decisiones extranjeras, le ha sido asignada por virtud de la Constituci\u00f3n a esta Corporaci\u00f3n, la cual, en aras de establecer la reciprocidad diplom\u00e1tica debe constatar que entre nuestro pa\u00eds y el que profiri\u00f3 el fallo existan tratados que revistan de valor en ese territorio las providencias emitidas por la jurisdicci\u00f3n patria y, en contraprestaci\u00f3n, aqu\u00ed se les d\u00e9 igual tratamiento a sus decisiones. <\/p>\n
No obstante, ante la ausencia de tales convenios, debe proceder a cotejar la legislaci\u00f3n de ambas naciones a fin de determinar si consagran disposiciones en el mismo sentido (art. 693 C.P.C.). <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha sostenido que \u00ab(\u2026) debe establecerse si entre los pa\u00edses involucrados existe un acuerdo o convenio sobre la suerte de las determinaciones que emiten sus funcionarios judiciales; en otros t\u00e9rminos, si ha sido regulado de manera directa y expresa por los propios Estados, la validez o no de las sentencias emitidas en uno u otro. En defecto de un tratado sobre el asunto, surge el imperativo de constatar la presencia de un texto legal alusivo al tema. En ese orden, acreditada la reciprocidad diplom\u00e1tica, la legislativa resulta innecesaria\u00bb, (CSJ SC20806-2017, reiterada en SC4253-2019, oct. 8, rad: 2019-01228-00). <\/p>\n
Adicional al requisito de reciprocidad, para que un fallo extranjero surta efectos vinculantes en nuestro pa\u00eds, es imperioso que se acredite la concurrencia de los presupuestos que reclama el ordenamiento legal interno, espec\u00edficamente los contenidos en el Cap\u00edtulo I del Libro V del T\u00edtulo XXXVI del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
Bajo ese entendido, el tr\u00e1mite del exequ\u00e1tur deber\u00e1 sujetarse a la forma y t\u00e9rminos establecidos en el art\u00edculo 695 ejusdem, y la providencia cuyo reconocimiento se persigue, deber\u00e1 cumplir con las formalidades dispuestas en el art\u00edculo 694 del mismo ordenamiento, entre ellas, la de no oponerse \u00aba leyes u otras disposiciones colombianas de orden p\u00fablico, exceptuadas las de procedimiento\u00bb, (n\u00fam. 2\u00ba, ib.). <\/p>\n
3. El caso que se analiza involucra una decisi\u00f3n judicial pronunciada en Espa\u00f1a, pa\u00eds frente al cual se encontr\u00f3 demostrada la reciprocidad diplom\u00e1tica, circunstancia que de suyo implica el reconocimiento de sus efectos en este pa\u00eds, por raz\u00f3n del tratado bilateral celebrado el 30 de mayo de 1908, vigente e incorporado en Colombia mediante la Ley 7\u00aa del mismo a\u00f1o, y allegado a este diligenciamiento por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, (Folio 108). <\/p>\n
Dicho acuerdo prev\u00e9 que \u00abLas sentencias civiles pronunciadas por los Tribunales comunes de una de las Altas Partes Contratantes ser\u00e1n ejecutadas en la otra, siempre que re\u00fanan los requisitos siguientes: Primero. Que sean definitivas y que est\u00e9n ejecutoriadas como en derecho se necesitar\u00eda para ejecutarlas en el pa\u00eds en que se hayan dictado; Segundo. Que no se opongan a las leyes vigentes en el Estado en que se solicite su ejecuci\u00f3n\u00bb, (art\u00edculo 1\u00ba). <\/p>\n
Por la misma senda, impone la necesidad de aportar \u00abun certificado expedido por el Ministro de Gobierno o de Gracia y Justicia, siendo la firma de \u00e9stos legalizada por el correspondiente Ministro de Estado o de Relaciones Exteriores, y la de \u00e9ste a su vez por el Agente Diplom\u00e1tico respectivo acreditado en el lugar de la legalizaci\u00f3n\u00bb, esto, con el \u00e1nimo de acreditar la ejecutoria de la decisi\u00f3n judicial. (art\u00edculo 2\u00b0) <\/p>\n
Visto el presente asunto de cara a los anteriores apartes normativos, se vislumbra acreditado el acatamiento del primero de ellos, pues del documento que obra a folios 16 y 17 del expediente, emana con claridad que la decisi\u00f3n judicial sometida a homologaci\u00f3n, se encuentra debidamente ejecutoriada. As\u00ed lo hizo constar la funcionaria competente del Ministerio de Justicia de Espa\u00f1a, en certificaci\u00f3n que se apostill\u00f3 con seguimiento de los requerimientos contenidos en la \u00abConvenci\u00f3n sobre la abolici\u00f3n del requisito de legalizaci\u00f3n para documentos p\u00fablicos extranjeros\u00bb, suscrita en la ciudad de La Haya (Pa\u00edses Bajos) el 5 de octubre de 1961, a la cual Colombia adhiri\u00f3 el 27 de abril de 2000 y la aprob\u00f3 mediante la Ley 455 de1998. <\/p>\n
4. Sin embargo, como es sabido que para la procedencia del exequ\u00e1tur no resulta suficiente con que se haya demostrado la mencionada reciprocidad diplom\u00e1tica, sino que tambi\u00e9n es forzoso corroborar que la decisi\u00f3n no contraviene el orden p\u00fablico, ha de procederse en este caso a hacer dicha verificaci\u00f3n. <\/p>\n
Ello, porque seg\u00fan lo ha sostenido esta Corte, aun cuando \u00abno existe inconveniente para un pa\u00eds en aplicar leyes extranjeras que, aunque difieran de sus propias leyes, no chocan con los principios b\u00e1sicos de sus instituciones (\u2026) [si] una ley extranjera o la sentencia que la aplica, se basan en principios no solo diferentes, sino contrarios a las instituciones fundamentales del pa\u00eds en que aquellas pretenden aplicarse, los jueces del Estado pueden, excepcionalmente, negarse a aplicar la ley o el fallo extranjero que se aparta de esa comunidad de principios\u00bb, en tanto, actuar en contrav\u00eda de \u00e9ste o aquella, \u00ab(\u2026) implicar\u00eda aceptar la excepci\u00f3n de orden p\u00fablico como \u2018un simple subterfugio para facilitar el triunfo de antojadizos nacionalismos\u2019 que conducir\u00edan al \u2018absurdo de permitir a las personas residentes en Colombia asumir compromisos en el exterior, sabiendo que pueden incumplir impunemente en tanto se pongan al abrigo de las fronteras de su pa\u00eds\u2019\u00bb. (se destac\u00f3) (CSJ SC, 27 de julio de 2011, Rad. 2007-01956-00, reiterada en SC4714-2020, dic. 7, rad: 2017-01493). <\/p>\n
De cara a dichas nociones surge que, \u00fanicamente una incompatibilidad grave entre el pronunciamiento jurisdiccional para el que se pide el exequ\u00e1tur y los principios fundamentales en que se inspira la normatividad nacional, podr\u00eda dar lugar a que aquel no fuera objeto de homologaci\u00f3n, pues al fallador, como asunto propio de su decisi\u00f3n, tan solo le corresponde cotejar si la aludida determinaci\u00f3n se opone o no a los pilares de las instituciones jur\u00eddicas patrias. <\/p>\n
En cumplimiento de aquella tarea se corrobora que el procedimiento fue promovido por Laura Juliana Morales sin oposici\u00f3n del demandado, a quien se declar\u00f3 en situaci\u00f3n de rebeld\u00eda, mediante diligencia de ordenaci\u00f3n del 19 de marzo de 2014, ante su inactividad absoluta (folio 6). <\/p>\n
Tal desinter\u00e9s, aunado a \u201cla separaci\u00f3n de las partes y el abandono del domicilio por el padre\u201d (folio 8) por un lapso superior a \u201cdos a\u00f1os\u201d, como lo aleg\u00f3 la convocante y no fue desvirtuado por el c\u00f3nyuge, conllevaron a la juzgadora a acoger las pretensiones, es decir, a declarar la disoluci\u00f3n del matrimonio y, como consecuencia de ello, regular lo correspondiente a la custodia, visitas y alimentos del menor, de conformidad con lo estatuido en el art\u00edculo 94 de la codificaci\u00f3n civil de ese pa\u00eds, decisi\u00f3n cuya inscripci\u00f3n en el registro civil correspondiente fue dispuesta por la juez del caso, y deviene armoniosa con nuestra legislaci\u00f3n nacional. <\/p>\n
Significa lo precedente que se satisfacen los requerimientos que, sobre el particular, contempla la regulaci\u00f3n contenida en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 154 y 1\u00ba del art\u00edculo 165 del C\u00f3digo Civil, toda vez que se disolvi\u00f3 el v\u00ednculo matrimonial, entre otras cosas, por la separaci\u00f3n de los c\u00f3nyuges y la dejaci\u00f3n prolongada del n\u00facleo familiar por parte del demandado. <\/p>\n
5. Y no se diga, como err\u00f3neamente lo sugiri\u00f3 la Procuradora Delegada para Asuntos Civiles, que el argumento que sirvi\u00f3 de fundamento a la decisi\u00f3n for\u00e1nea, no se enmarca en ninguna de las causales dispuestas en el ordenamiento jur\u00eddico colombiano como habilitantes del divorcio, pues, seg\u00fan da cuenta la documental tra\u00edda en copia del proceso a que aqu\u00ed se hace m\u00e9rito, la motivaci\u00f3n de aquella providencia, se insiste, tuvo sustento en el rompimiento de la uni\u00f3n causada por el esposo de la convocante. <\/p>\n
Es cierto que la norma en que se resguardaron las consideraciones mencionadas, faculta la solicitud de disoluci\u00f3n del v\u00ednculo cuando han transcurrido apenas tres meses desde la celebraci\u00f3n de las nupcias; sin embargo, su aplicaci\u00f3n en el caso concreto no implica la desatenci\u00f3n de las disposiciones patrias, seg\u00fan las cuales, entre otras causas para divorciarse, se encuentra la ya citada separaci\u00f3n de cuerpos por un lapso superior a dos a\u00f1os. <\/p>\n
Lo anterior, porque seg\u00fan da cuenta el registro de matrimonio adosado al plenario, la pareja celebr\u00f3 su boda en el a\u00f1o 2004 (folio 21 dorso y anverso) y al inicio del tr\u00e1mite de disoluci\u00f3n matrimonial, los consortes llevaban separados de cuerpos un tiempo mayor al previsto en la normatividad colombiana, seg\u00fan lo se\u00f1al\u00f3 la solicitante, afirmaci\u00f3n cuya veracidad debe presumirse en virtud del postulado de buena fe contenido en el art\u00edculo 83 de la Carta Pol\u00edtica, fortalecido con la desidia del implicado para comparecer tanto al juicio de divorcio, como al presente procedimiento, y la falta de oposici\u00f3n del profesional designado para su defensa, quien, incluso, encontr\u00f3 procedentes las pretensiones del escrito inaugural. <\/p>\n
Bajo ese entendido, ninguna discordancia existe, en el caso particular, entre la decisi\u00f3n cuyos efectos pretende la reclamante sean acogidos y la causal de la codificaci\u00f3n civil nacional invocada como sustento de tal pedimento, circunstancia que sumada a la reciprocidad diplom\u00e1tica certificada respecto de la mentada sentencia por la Subdirectora General Adjunta de Cooperaci\u00f3n Jur\u00eddica Internacional (folio 17), ratificada dentro de las presentes actuaciones, impone la ejecuci\u00f3n en Colombia del divorcio decretado por la autoridad judicial espa\u00f1ola. <\/p>\n
6. Lo mismo ocurre en cuanto toca con la definici\u00f3n del asunto en materia de alimentos, custodia y r\u00e9gimen de visitas del menor, como quiera que la determinaci\u00f3n a homologar resulta concordante con lo establecido en las reglas positivas que regulan la materia. <\/p>\n
Afirmase as\u00ed, porque los art\u00edculos 91 a 94 del C\u00f3digo Civil Espa\u00f1ol prev\u00e9n como consecuencia de la disoluci\u00f3n del matrimonio, el establecimiento del r\u00e9gimen de visitas, alimentos y custodia de los hijos, disposiciones que acompasan con las de nuestro ordenamiento sustantivo, valga decir, los preceptos 23 de la Ley 1098 de 20061; 1602, 4113, 253 a 2644 y 2885 de la codificaci\u00f3n civil, normas cuyo objeto com\u00fan y primordial no es otro distinto a \u201cgarantizar a los ni\u00f1os, a las ni\u00f1as y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensi\u00f3n. Prevalecer\u00e1 el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminaci\u00f3n alguna\u201d (art. 1\u00ba Ley 1098 de 2006), consonante con las previsiones internacionales emitidas sobre la materia6. <\/p>\n
As\u00ed justamente ha procedido esta Corte en casos similares al que aqu\u00ed se examina, en los que la sentencia for\u00e1nea, a m\u00e1s de definir lo relativo al divorcio, resuelve lo ata\u00f1edero a las visitas, alimentos y custodia del hijo menor, al considerar que \u201ctales disposiciones se adec\u00faan a las nociones de orden p\u00fablico y armonizan con la orientaci\u00f3n trazada al respecto por las normas positivas del pa\u00eds\u201d (CSJ SC 29 jul. 2009, rad. 2007-01704-00, citada en CSJ SC 19 dic. 2011, rad. 2011-00892-00; CSJ SC18557-2016, 16 dic., rad. 2014-01928-00 y CSJ SC1424-2019, 24 abr., rad. 2015-01279-00). <\/p>\n
7. Finalmente, respecto de la exigencia contenida en el numeral 3\u00b0 de la norma precitada, impone destacarse que al plenario se alleg\u00f3 copia debidamente legalizada de la determinaci\u00f3n a homologar; igualmente se vislumbran cumplidos los requisitos de apostilla, como lo reglan, en su orden, la Convenci\u00f3n sobre la abolici\u00f3n del requisito de legalizaci\u00f3n para documentos p\u00fablicos extranjeros a que se hizo merito en l\u00edneas precedentes. <\/p>\n
8. De este modo las cosas, dado que la sentencia cuyos efectos pretende la accionante sean extensivos en Colombia, alcanz\u00f3 ejecutoria de conformidad con la ley de la naci\u00f3n de origen, se present\u00f3 ante la Corte en copia debidamente autenticada y legalizada, no compromete el orden p\u00fablico por no ser contraria a los principios en los que se inspiran las disposiciones legales que disciplinan el instituto jur\u00eddico del divorcio, los alimentos ni la custodia del menor, materias que, como se ha dicho, no son de competencia exclusiva de los jueces colombianos, y no obra prueba de que en el territorio nacional exista proceso en curso, deviene ineludible el reconocimiento de sus efectos jur\u00eddicos. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO. CONCEDER el exequatur de la sentencia dictada el treinta de mayo de dos mil catorce, por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucci\u00f3n No. 3 de Vilagarc\u00eda de Arousa (Espa\u00f1a), mediante la cual se decret\u00f3 el divorcio del matrimonio que contrajeron Laura Juliana Morales Ruge y Manuel Alonso Restrepo Yate, el siete de julio de dos mil cuatro, y se regul\u00f3 lo correspondiente al r\u00e9gimen de visitas, alimentos y custodia de su menor hijo. <\/p>\n
SEGUNDO. Para los efectos previstos en los art\u00edculos 6\u00b0, 10, 11, 22 y 72 del Decreto 1260 de 1970 y de conformidad con los art\u00edculos 1\u00b0 y 2\u00b0 del Decreto 2158 de 1970, se ordena la inscripci\u00f3n de esta providencia junto con la sentencia reconocida, en el folio correspondiente al registro civil de matrimonio celebrado entre Laura Juliana Morales Ruge y Manuel Alonso Restrepo Yate, y en el de nacimiento de ambos. Por secretar\u00eda l\u00edbrense los oficios a que haya lugar. <\/p>\n
Sin costas en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Custodia y cuidado personal de los ni\u00f1os. <\/p>\n
2\u0002 Efectos del divorcio. <\/p>\n
3\u0002 Alimentos. <\/p>\n
4\u0002 Cuidado de los hijos y visitas. <\/p>\n
5\u0002 Patria potestad. <\/p>\n
6\u0002 Art\u00edculo 9\u00b0, Convenci\u00f3n sobre los derechos del ni\u00f1o. <\/p>\n
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SC3403-2021 (2015-02029-00) HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada Ponente SC3403-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2015-02029-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de diez de junio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1 D.C., once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021) ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR De conformidad con el Acuerdo n\u00ba 034 de esta […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56211","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56211","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56211"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56211\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56211"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56211"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56211"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}