SC3503-2021 (2010-00100-01)_1<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC3503-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-023-2010-00100-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de Sala Civil del veinticuatro de junio de 2021) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la demandada YANETH GARC\u00cdA MONTA\u00d1O frente a la sentencia proferida el 30 de abril de 2018 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil, en el proceso reivindicatorio que FLOR MARINA CRUZ PIRANEQUE adelant\u00f3 en contra de ANA SILVIA PIRANEQUE VIUDA DE CRUZ y la impugnante. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En la demanda con la que se dio inicio al proceso, que obra en los folios 53 a 61 del cuaderno No. 1, se solicit\u00f3, en s\u00edntesis, declarar que pertenece a la actora el dominio del apartamento 303 y del garaje 19 del edificio \u201cTORRES DE CALATAYUD ETAPA II \u2013 PROPIEDAD HORIZONTAL\u201d, ubicado en la diagonal 140 No. 67-30 de esta capital, identificados por los linderos y caracter\u00edsticas detallados en al libelo introductorio; ordenar a las accionadas restituirle dichos bienes, junto con todas las cosas que formen parte de ellos y se reputen inmuebles; condenar a Yaneth Garc\u00eda Monta\u00f1o, como poseedora de mala fe, a pagar a la accionante los frutos naturales o civiles percibidos o que la due\u00f1a hubiese podido percibir con mediana inteligencia y cuidado, desde que empez\u00f3 a poseer los referidos inmuebles y hasta cuando se verifique la restituci\u00f3n de los mismos; exonerar a la demandante de las expensas previstas en el art\u00edculo 965 del C\u00f3digo Civil; disponer la cancelaci\u00f3n de cualquier gravamen constituido sobre los bienes de que se trata y la inscripci\u00f3n de la sentencia; e imponer las costas a las convocadas. <\/p>\n
2. En sustento de esas s\u00faplicas, se adujeron los hechos que pasan a compendiarse: <\/p>\n
2.1. La promotora de la acci\u00f3n adquiri\u00f3 por adjudicaci\u00f3n en la sucesi\u00f3n de H\u00e9ctor Santos Cruz Piraneque los inmuebles objeto de sus pretensiones, trabajo debidamente registrado en los folios de matr\u00edcula correspondientes, sin que los haya enajenado o prometido en venta a persona alguna, menos a las demandadas. <\/p>\n
2.2. Pese a lo anterior, se encuentra privada de la posesi\u00f3n de dichos bienes, puesto que los mismos est\u00e1n en poder de Yaneth Garc\u00eda Monta\u00f1o, \u201cpor entrega fraudulenta y de mala fe que le hiciera la demandada ANA SILVIA PIRANEQUE\u201d, quien tambi\u00e9n intervino como heredera en la sucesi\u00f3n del mencionado causante \u201ccon tenencia de bienes\u201d, habida cuenta que sin ser propietaria y a sabiendas de la mencionada causa mortuoria, vendi\u00f3 a aqu\u00e9lla los bienes, contrato que, de un lado, la primera suscribi\u00f3 de mala fe, pues ten\u00eda pleno conocimiento de la adjudicaci\u00f3n de los inmuebles a la actora y de la sentencia aprobatoria del trabajo de partici\u00f3n; y, de otro, carece de validez, por la misma raz\u00f3n. <\/p>\n
2.3. La accionante, para que se efectuara la inscripci\u00f3n de la indicada adjudicaci\u00f3n, pag\u00f3 los impuestos de registro y predial respectivos. <\/p>\n
2.4. La circunstancia de que no se realizara la entrega de los bienes en el proceso de sucesi\u00f3n, obedeci\u00f3 a que la petici\u00f3n elevada con ese fin se present\u00f3 vencido el t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 613 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
2.5. La imposibilidad de ejercer la posesi\u00f3n ha irrogado a la actora perjuicios y p\u00e9rdidas econ\u00f3micas en cuant\u00eda que estim\u00f3 ascienden a $2.000.000 mensuales, que es el valor de \u201clos arriendos que ha venido y viene percibiendo la demandada YANETH GARC\u00cdA MONTA\u00d1O\u201d. <\/p>\n
3. El Juzgado Veintitr\u00e9s Civil del Circuito de esta capital admiti\u00f3 la demanda con auto del 15 de abril de 2010 (fl. 70, cd. 1), que notific\u00f3 personalmente a las demandadas por intermedio del apoderado judicial que constituyeron para que las representara, en diligencias verificadas los d\u00edas 13 y 21 de julio del mismo a\u00f1o (fls. 79 y 228, cd. 1). <\/p>\n
4. En escritos separados, pero de similar tenor, las accionadas replicaron la demanda formulando oposici\u00f3n a sus pretensiones, respondieron los hechos en ella aducidos y plantearon las excepciones que denominaron \u201cFALTA DE LEGITIMACI\u00d3N EN LA CAUSA POR ACTIVA\u201d, \u201cINEXISTENCIA DEL EFECTO JUR\u00cdDICO SUSTANCIAL DIRECTO ENTRE LAS PARTES\u201d y \u201cPOSESI\u00d3N DE BUENA FE\u201d (fls. 229 a 232 y 233 a 236, cd. 1). <\/p>\n
5. El proceso pas\u00f3 a conocimiento del Juzgado Cuarenta y Nueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1, el cual dict\u00f3 sentencia de primera instancia en audiencia del 15 de noviembre de 2017, en la que declar\u00f3 probada oficiosamente la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva de Ana Silvia Piraneque Viuda de Cruz, en frente de quien neg\u00f3 la totalidad de las pretensiones; desestim\u00f3 las excepciones propuestas por la otra demandada; declar\u00f3 que la propiedad de los inmuebles materia de la litis pertenece a la actora; y conden\u00f3 a Yaneth Garc\u00eda Monta\u00f1o a restituirle a aqu\u00e9lla dichos bienes y a pagarle tanto \u201clos frutos civiles por concepto de c\u00e1nones de arrendamiento\u201d causados entre marzo de 2008 y octubre de 2017, que tas\u00f3 en la suma de $333.971.709, as\u00ed como las costas del proceso (acta, fls. 472 y 472 vuelto, cd. 1; y CD, fl. 473 ib.). <\/p>\n
6. Apelado dicho fallo, el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala Civil, mediante el que emiti\u00f3 el 30 de abril de 2018, lo confirm\u00f3 (fls. 10 a 21, cd. 6). <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Para arribar a la decisi\u00f3n ratificatoria que adopt\u00f3, el ad quem esgrimi\u00f3 los razonamientos que a continuaci\u00f3n se sintetizan: <\/p>\n
1. No existe en este asunto litigioso, prueba que desvirt\u00fae la titularidad del derecho de dominio en la demandante, puesto que: <\/p>\n
1.1. Debe estarse a lo decidido en los procesos penales seguidos en su contra por los delitos de obtenci\u00f3n de documento p\u00fablico falso y fraude procesal, relacionados con su registro civil y con la utilizaci\u00f3n que hizo del mismo dentro del proceso de sucesi\u00f3n del causante H\u00e9ctor Santos Cruz Piraneque para que, sin tener la calidad de heredera, se le adjudicara la herencia, como quiera que \u201cen dichas causas no se lleg\u00f3 a establecer la responsabilidad\u201d de aqu\u00e9lla, habida cuenta que, respecto del primero de tales il\u00edcitos, \u201cen conclusi\u00f3n del a quo admitida por el recurrente, se profiri\u00f3 una preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n\u201d y en torno del segundo, \u201cse declar\u00f3 la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal\u201d. <\/p>\n
1.2. Dicha responsabilidad penal \u201cno puede establecerse a partir de pronunciamientos emitidos en esos procesos que no ten\u00edan por objeto establecerla, como es el auto por medio del cual la Sala Penal de este Tribunal determin\u00f3 en su momento que la preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n decretada por el Juzgado 18 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento era improcedente (fl. 285 y ss.)\u201d. <\/p>\n
1.3. Respecto de la existencia de otra investigaci\u00f3n contra la aqu\u00ed accionante \u201cpor el delito de falso testimonio, al parecer, por \u2018indicar ser hija biol\u00f3gica de Ana S. Piraneque\u2019 (cfr. Fl. 330-332 y 464)\u201d, debe tenerse en cuenta que \u201cactualmente, en relaci\u00f3n con el estado civil de la demandante, ya existe una decisi\u00f3n proferida por el Juzgado Noveno de Familia, en donde se declar\u00f3 la caducidad de la acci\u00f3n promovida por Ana Silvia Piraneque con el prop\u00f3sito de que se declara la nulidad del registro civil de Flor Marina Cruz Piraneque, documento que utiliz\u00f3 esta \u00faltima, como se sabe, para hacerse parte en la sucesi\u00f3n de marras\u201d. <\/p>\n
Esa determinaci\u00f3n del juzgado de familia, que data del 19 de diciembre de 2005 y que, seg\u00fan indagaciones de la Sala, adquiri\u00f3 ejecutoria, puesto que no fue invalidada en la acci\u00f3n de tutela intentada con ese fin, \u201ccobija por igual cualquier pretensi\u00f3n que tenga por objeto o como efecto poner en tela de juicio la veracidad de la filiaci\u00f3n\u201d, de modo que \u201cconsumado el t\u00e9rmino de caducidad al cual sujeta la ley el ejercicio del derecho de impugnaci\u00f3n, el reconocimiento sentado en el registro se consolida\u201d, planteamiento en pro del cual invoc\u00f3 un fallo de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
1.4. As\u00ed las cosas, \u201ccon los elementos de juicio de que dispone la Sala, y obviamente sin perjuicio de los eventuales alcances que llegue a darle el [j]uez penal a la decisi\u00f3n en torno a la denuncia por el delito de falso testimonio, es preciso concluir que de momento consta que el derecho de dominio adquirido por transmisi\u00f3n por la demandante en la sucesi\u00f3n de H\u00e9ctor Santos Cruz Piraneque es leg\u00edtim[o] y, en consecuencia, la habilita para reclamar que la posesi\u00f3n de la que est\u00e1 despojada le sea restituida\u201d. <\/p>\n
2. Ning\u00fan efecto tiene la confesi\u00f3n ficta, que en principio oper\u00f3 respecto de la actora, por las siguientes razones: <\/p>\n
2.1. En frente de las demandadas, cabr\u00eda predicar el mismo efecto, y por lo tanto, \u201cantes que declararlas mutuamente confesas respecto de situaciones que en la mayor\u00eda de los casos resultar\u00edan diametralmente opuestas, como contrapuestos son los intereses que las enfrentan, escenario en el cual el [j]uez ciertamente quedar\u00eda colocado en un estado de indefinici\u00f3n mucho m\u00e1s complejo, resultando por ende, inanes las confesiones as\u00ed obtenidas, lo que en rigor corresponde es que ambas partes, antes que quedar compelidas a buscar mutuamente pruebas que infirmen sendas confesiones, queden sujetas a la carga de demostrar las afirmaciones y negaciones que lanzaron en la demanda, su contestaci\u00f3n y el traslado de esta \u00faltima, como que tales afirmaciones son, con toda l\u00f3gica, las que en verdad interesan a la dial\u00e9ctica del proceso\u201d. <\/p>\n
2.2. De admitirse la confesi\u00f3n ficta de la actora, habr\u00eda que reconocer su infirmaci\u00f3n, puesto que versando sobre \u201cla presunta obtenci\u00f3n irregular del registro civil de nacimiento por parte de Flor Mar\u00eda Cruz Piraneque\u201d, la circunstancia ya advertida de que en los procesos penales en los cuales se investig\u00f3 esa conducta y un fraude procesal \u201cno llegaron a definir la responsabilidad penal en cabeza de la aqu\u00ed demandante\u201d, comportar\u00eda tal efecto. <\/p>\n
2.3. En la contestaci\u00f3n de la demanda \u201cnada se dijo en torno al punible de falso testimonio\u201d, sobre el que, \u201cen todo caso, esta Corporaci\u00f3n ya hizo las consideraciones pertinentes\u201d. <\/p>\n
3. Sobre la indebida demostraci\u00f3n por parte de la gestora del litigio de ser la propietaria de los inmuebles cuya reivindicaci\u00f3n pretendi\u00f3, \u201ccomo quiera que a juicio del recurrente no acompa\u00f1\u00f3 con la demanda la escritura p\u00fablica en la que se protocoliz\u00f3 la partici\u00f3n de la sucesi\u00f3n, referido como est\u00e1 el cargo a un asunto de conducencia de la prueba en punto a la acreditaci\u00f3n del derecho de dominio, la Sala considera que el acto que tiene la aptitud de acreditar -que no por ello constituir- esa situaci\u00f3n jur\u00eddica es la sentencia que aprueba la partici\u00f3n\u201d, tesis que sustent\u00f3 con la reproducci\u00f3n parcial de un fallo de esta Corte, que la llev\u00f3 a colegir que \u201csi la sentencia que aprueba la partici\u00f3n est\u00e1 llamada a ajustar formalmente la cadena de t\u00edtulos, lo cierto es que si dicha decisi\u00f3n se encuentra debidamente inscrita en el [r]egistro correspondiente, como ac\u00e1, tal estado de cosas se muestra m\u00e1s que suficiente para acreditar el derecho de dominio en cabeza de la demandante\u201d. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que as\u00ed lo preve\u00eda el C\u00f3digo de Procedimiento Civil en el art\u00edculo 611, ordenamiento jur\u00eddico vigente al inicio del proceso, al establecer que \u201c(\u2026) \u2018La sentencia que verse sobre bienes sometidos a registro ser\u00e1 inscrita (\u2026) en las oficinas respectivas\u2026\u2019 (\u2026), lo cual pone en evidencia que es la sentencia en s\u00ed, y no su protocolizaci\u00f3n en una [n]otar\u00eda, cual lo exige el recurrente, el documento que legalmente tiene la aptitud de acreditar que ha operado el modo sucesi\u00f3n mortis causa en un caso determinado y, por ende, que dicho documento y su inscripci\u00f3n en el registro correspondiente sean los medios id\u00f3neos para probar el derecho de dominio en cabeza del causahabiente\u201d. <\/p>\n
4. Finalmente, se ocup\u00f3 del cuestionamiento que las apelantes hicieron a la falta de legitimaci\u00f3n pasiva de la demandada Ana Silvia Piraneque declarada por el a quo, tem\u00e1tica en relaci\u00f3n con la cual el Tribunal puso de presente que en estos asuntos \u201cla pretensi\u00f3n tiene que dirigirse \u00fanicamente contra el poseedor que detenta la cosa al momento de ejercerse la acci\u00f3n\u201d y que, por el car\u00e1cter real de la misma, \u201cno parece claro que (\u2026) pueda dirigirse contra poseedores pret\u00e9ritos\u201d, pues no ser\u00edan ellos los obligados a la restituci\u00f3n correspondiente, ni al pago de frutos, \u201cpues tal pago corresponde a un derecho de cr\u00e9dito, incompatible con el car\u00e1cter meramente real de la reivindicaci\u00f3n, excepci\u00f3n hecha de las restituciones que la [l]ey faculta exigir del poseedor y, como tal, s\u00f3lo puede tenerse al actual\u201d. <\/p>\n
En tal orden de ideas y sobre la base de que en el proceso \u201cqued\u00f3 probado que la posesi\u00f3n \u00fanicamente estaba en cabeza de Yaneth Garc\u00eda Monta\u00f1o\u201d, ratific\u00f3 la exclusi\u00f3n que de la otra accionada efectu\u00f3 el juzgado del conocimiento. <\/p>\n
LOS RECURSOS DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Sea lo primero memorar que, si bien es verdad, las dos demandadas impugnaron extraordinariamente el fallo de segunda instancia, el cuestionamiento formulado en nombre de Ana Silvia Piraneque Viuda de Cruz fue inadmitido, por su falta de inter\u00e9s para recurrir, en tanto que dicho pronunciamiento le fue por completo favorable (auto del 5 de septiembre de 2018; fls. 3 a 6 vuelto precedentes). <\/p>\n
De suyo, entonces, corresponde a la Corte desatar \u00fanicamente la casaci\u00f3n planteada por la se\u00f1ora Yaneth Garc\u00eda Monta\u00f1o, en pro de la cual se formularon tres cargos, que se resolver\u00e1n empezando por los dos primeros conjuntados, habida cuenta que una misma raz\u00f3n fundamental determinar\u00e1 su fracaso, sin perjuicio, claro est\u00e1, que en relaci\u00f3n con cada acusaci\u00f3n se indiquen argumentos adicionales que conducen al mismo resultado. Se concluir\u00e1 con el cargo tercero, cuyo examen se har\u00e1 por separado. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Con apoyo en la causal inicial del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, se reproch\u00f3 al Tribunal la violaci\u00f3n directa de los art\u00edculos 957 del C\u00f3digo Civil, por no haberse hecho actuar, y 673, 946 y 952 de la misma obra, por indebida aplicaci\u00f3n. <\/p>\n
En resumen, se expuso: <\/p>\n
1. Tras reproducir los argumentos aducidos por el ad quem en torno a la falta de legitimaci\u00f3n de la demandada Ana Silvia Piraneque Viuda de Cruz y destacar que esa autoridad se percat\u00f3 de que ella \u201cse hab\u00eda desprendido de la posesi\u00f3n\u201d de los inmuebles sobre los que vers\u00f3 la acci\u00f3n, el censor reproch\u00f3 la no utilizaci\u00f3n del art\u00edculo 957 del C\u00f3digo Civil, que igualmente transcribi\u00f3, y en relaci\u00f3n con el cual trajo a colaci\u00f3n un fallo de la Corte. <\/p>\n
2. A continuaci\u00f3n puntualiz\u00f3, por una parte, que la promotora del litigio dirigi\u00f3 la acci\u00f3n en contra de la nombrada demandada y expl\u00edcitamente afirm\u00f3 que ella \u201cera poseedora\u201d y \u201ccedi\u00f3\u201d dicha calidad a la otra convocada; y, por otra, que esa \u201csituaci\u00f3n\u201d corresponde precisamente a la \u201chip\u00f3tesis normativa\u201d contemplada en el precepto atr\u00e1s mencionado, sin que, por lo tanto, fuera acertado que el sentenciador de segunda instancia hubiese estimado que ella no estaba llamada a resistir la acci\u00f3n, porque \u201cno detentaba los predios reclamados\u201d. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Con respaldo en el motivo identificado con ese mismo n\u00famero en el art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, se denunci\u00f3 la sentencia del Tribunal por ser indirectamente violatoria, por falta de aplicaci\u00f3n, de los art\u00edculos 37 de la Ley 57 de 1887; 673, 762 y siguientes, 950, 952, 1012 y siguientes del C\u00f3digo Civil; 210, 256, 265 y 611 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil; y 205, 248 y 256 del C\u00f3digo General del Proceso, como consecuencia de los errores de hecho y de derecho en que incurri\u00f3 esa autoridad, al apreciar las pruebas del proceso. <\/p>\n
La sustentaci\u00f3n del reproche transit\u00f3 por la senda que pasa a delinearse: <\/p>\n
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1. Errores de derecho: <\/p>\n
1.1. Falta de aportaci\u00f3n del \u201ct\u00edtulo protocolizado\u201d. <\/p>\n
1.1.1. Previa transcripci\u00f3n de los art\u00edculos 611, numeral 7\u00ba, y 615 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el censor sostuvo que \u201cla partici\u00f3n (\u2026) y la sentencia aprobatoria constituyen el t\u00edtulo de propiedad, pues resulta ser el v\u00ednculo jur\u00eddico entre el patrimonio del causante y el derecho de sus herederos\u201d; y que, conforme a esa misma normatividad, \u201cdicho t\u00edtulo, as\u00ed concebido, debe ser protocolizado\u201d, exigencia que el ad quem soslay\u00f3, provocando la vulneraci\u00f3n de los indicados preceptos. <\/p>\n
1.1.2. Luego de memorar que para el citado sentenciador, solamente la sentencia aprobatoria de la partici\u00f3n es el acto que tiene la aptitud de acreditar el dominio de los bienes adjudicados en una sucesi\u00f3n, el impugnante observ\u00f3 que con tal criterio \u201cdesde\u00f1\u00f3 el tema relativo a la protocolizaci\u00f3n de ese t\u00edtulo o acto judicial\u201d, error que \u201cafect\u00f3 uno de los pilares de la acci\u00f3n reivindicatoria como era acreditarse por parte de la actora, y de manera id\u00f3nea, el derecho de dominio de los bienes reclamados\u201d, descarr\u00edo que vulner\u00f3 el art\u00edculo 265 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, refrendado por el 256 del C\u00f3digo General de Proceso. <\/p>\n
1.1.3. Estim\u00f3 que la cita efectuada por el Tribunal de la sentencia de la Corte fechada el 30 de marzo de 2006, fue parcial y descontextualizada, raz\u00f3n por la cual trajo a colaci\u00f3n el siguiente aparte de la misma: <\/p>\n
Igualmente, esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que \u2018la consecuencia inmediata de una partici\u00f3n sucesoral es la de que los herederos se reputan due\u00f1os de los bienes adjudicados desde la fecha de la muerte del causante (art\u00edculo 1401 del C. C.). Por ministerio de la ley al acto de la partici\u00f3n y adjudicaci\u00f3n, debidamente protocolizado y registrado, se le reconoce efecto retroactivo y en esa virtud se presume que el adjudicatario sucede directamente al causante, respecto de los bienes heredados y legalmente adjudicados\u2019 (destaca la Corte), (Casaci\u00f3n Civil, sentencia de 6 de noviembre de 1941) -las l\u00edneas son de esta providencia-. <\/p>\n
1.2. Falta del debido registro de la partici\u00f3n. <\/p>\n
1.2.1. Critic\u00f3 al sentenciador de segunda instancia por haber desatendido el mandato del art\u00edculo 256 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, que reprodujo, puesto que \u201clas copias allegadas por la demandante para acreditar su calidad de due\u00f1a de los predios objeto de la reivindicaci\u00f3n, no tienen la constancia o la \u2018nota de haberse efectuado\u2019 la respectiva inscripci\u00f3n y el funcionario de conocimiento no las \u2018envi\u00f3\u2019 a la oficina correspondiente para suplir esa falla\u201d. <\/p>\n
1.2.2. La advertida deficiencia no puede entenderse suplida con el folio de matr\u00edcula aportado, como quiera que la referida disposici\u00f3n legal perentoriamente \u201cimpone que es en el texto o en nota adjunta que debe blandirse la constancia de registro\u201d. <\/p>\n
1.3. No haberse decretado la confesi\u00f3n ficta de la actora o tenido su inasistencia al interrogatorio que deb\u00eda absolver, como indicio grave en su contra. <\/p>\n
1.3.1. Luego de recordar lo que sobre el particular expuso el Tribunal, el impugnante asever\u00f3 que las normas disciplinantes de la materia \u201cno condicionan la confesi\u00f3n ficta a que sea solo una parte la renuente a cumplir la cita del juez\u201d, por lo que fue errada la apreciaci\u00f3n de esa Corporaci\u00f3n consistente en que, \u201cen el caso de faltar las dos partes[,] no opera la declaratoria de confesi\u00f3n presunta\u201d. <\/p>\n
1.3.2. Se equivoc\u00f3 dicho sentenciador cuando descart\u00f3 la prueba echada de menos, \u201cen la medida en que dar por cierto los hechos confesables de la contestaci\u00f3n y las excepciones y, por tanto, generar una consecuencia probatoria adversa a la actora, propio de la confesi\u00f3n, antes que tornarse inane o generar un estado de indefinici\u00f3n como lo calific\u00f3 el fallador, lo que hace es cumplir ese cometido probatorio, previsto en la normatividad procesal y tener por ciertos aspectos denunciados\u201d, sin que la circunstancia de que sean contrapuestos los intereses de las partes, corresponda a un factor que invalide la confesi\u00f3n, toda vez que \u201ccada consecuencia se debe valorar seg\u00fan la posici\u00f3n de cada litigante y, muy seguro, generar\u00e1 efectos diversos que, junto con las dem\u00e1s pruebas, le aportan al juzgador elementos para resolver\u201d. <\/p>\n
1.3.3. Se suma a lo anterior, que no fue solamente \u201cla alteraci\u00f3n del registro civil\u201d el tema comprendido por la confesi\u00f3n ficta, sino que \u201cexist\u00edan otras materias como, por ejemplo, que la demandante no es hija biol\u00f3gica de la se\u00f1ora Ana Silvia Piraneque; la posesi\u00f3n de buena fe en la cabeza de las demandadas, la fecha en que las mismas la adquirieron y, desde luego, lo atinente a los frutos\u201d. <\/p>\n
1.3.4. De admitirse que no hab\u00eda lugar a la confesi\u00f3n ficta, debi\u00f3 hacerse operar la parte final del art\u00edculo 210 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en donde se prev\u00e9 que la inasistencia de la parte al interrogatorio que debe absolver erige como indicio grave en su contra. <\/p>\n
2. Errores de hecho. <\/p>\n
2.1. El Tribunal cercen\u00f3 la r\u00e9plica de la demanda, cuando redujo la confesi\u00f3n ficta al tema de \u201cla adulteraci\u00f3n del registro civil de nacimiento de la actora\u201d, sin percatarse que all\u00ed las demandadas aludieron tambi\u00e9n \u201ca la \u00e9poca en que accedieron a la posesi\u00f3n de los inmuebles y la buena fe que les asisti\u00f3 en esa situaci\u00f3n\u201d y a que, \u201cpor esta raz\u00f3n, no se les impusiera el pago de frutos\u201d. <\/p>\n
2.2. Tambi\u00e9n incurri\u00f3 el ad quem en error f\u00e1ctico, cuando estim\u00f3 que el resultado de las investigaciones penales seguidas en contra de la actora infirm\u00f3 la confesi\u00f3n de la actora, como quiera que \u201c[s]upuso (\u2026) que la prescripci\u00f3n del fraude procesal y la ces[ac]i\u00f3n respecto del otro delito, eran equivalentes a la no existencia de la ilicitud denunciada\u201d, equivocaci\u00f3n que se torn\u00f3 \u201cm\u00e1s evidente\u201d, por cuanto \u201creconoci\u00f3 en la misma providencia que existe otra causa criminal en contra de la actora por falso testimonio, precisamente, alrededor de su estado civil\u201d. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, insisti\u00f3 en que los resultados de tales investigaciones, que no consistieron en la absoluci\u00f3n de la procesada, \u201cfueron aprehendidas de manera equivocada por el juez de segunda instancia\u201d y en que \u201cles dio una trascendencia probatoria\u201d desatinada, \u201cpues no implicaban, definitivamente, una [in]firmaci\u00f3n de la confesi\u00f3n ficta\u201d, am\u00e9n que pas\u00f3 por alto la investigaci\u00f3n por falso testimonio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Para poner las cosas en perspectiva, es necesario memorar: <\/p>\n
1. La sentencia de primera instancia, en la que, como ya se registr\u00f3, se declar\u00f3 de oficio la falta de legitimaci\u00f3n pasiva de la demandada Ana Silvia Piraneque Viuda de Cruz, se negaron la totalidad de las pretensiones respecto de ella, se desestimaron las excepciones propuestas por la otra convocada y se accedi\u00f3, en frente de esta \u00faltima, a la reivindicaci\u00f3n suplicada, fue apelada por las dos accionadas. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Al momento de la interposici\u00f3n de la alzada, en la audiencia de fallo surtida el 15 de noviembre de 2017, el apoderado de las demandadas se\u00f1al\u00f3, como motivos de inconformidad, la insatisfacci\u00f3n de los presupuestos estructurales de la acci\u00f3n, sin mayores especificaciones; que la actora no hab\u00eda sido declarada confesa, pese a no haber asistido a la audiencia en la que deb\u00eda absolver el interrogatorio de parte decretado; y que \u201cest\u00e1n probados los elementos materia de la investigaci\u00f3n, como se dijo, de la fiscal\u00eda 70\u201d. <\/p>\n
En escrito presentado dentro de la oportunidad contemplada en el inciso 2\u00ba del numeral 3\u00ba del art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso, ese mismo apoderado puso de presente: <\/p>\n
<\/p>\n
a. El juzgado del conocimiento pas\u00f3 inadvertida la investigaci\u00f3n penal que cursa en la Fiscal\u00eda 70 de la Unidad de Administraci\u00f3n P\u00fablica contra la actora, por \u201chechos relacionados con [su] identidad, es decir, frente al registro civil de nacimiento[,] en raz\u00f3n a que no(\u2026) es hija biol\u00f3gica de la se\u00f1ora ANA SILVIA PIRANEQUE VDA. DE CRUZ y a pesar de ello se hizo reconocer en la sucesi\u00f3n con derechos herenciales\u201d, comportamientos il\u00edcitos a los que, en sentir del censor, se refiri\u00f3 la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 en la providencia con la que confirm\u00f3 el prove\u00eddo dictado por el Juzgado 38 Penal del Circuito de Conocimiento, mediante el cual neg\u00f3 la preclusi\u00f3n del proceso seguido en contra de aqu\u00e9lla y su apoderado judicial por el delito de fraude procesal, que reprodujo in extenso. <\/p>\n
Al respecto a\u00f1adi\u00f3 que \u201csi bien, [en] el proceso penal est[\u00e1] extinguida la acci\u00f3n penal\u201d, las referidas conductas se siguen investigando, de modo que, como existe \u201cuna causa penal por resolver y en espera de su resoluci\u00f3n dada la falsedad presentada en el registro civil de la aqu\u00ed demandante[,] mal pod[\u00ed]a la operadora judicial entrar a decidir sobre la[s] pretensiones de la demanda cuando est\u00e1 en entredicho (\u2026) el verdadero estado civil de la demandante en esta causa, pues n\u00f3tese del acervo probatorio la existencia de dicha inconsistencia\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
b. La insatisfacci\u00f3n de los elementos axiol\u00f3gicos de la acci\u00f3n reivindicatoria, en tanto que no estando definida \u201cla verdadera situaci\u00f3n jur\u00eddica\u201d de su promotora, tampoco lo est\u00e1 \u201cla tradici\u00f3n de los bienes materia de la reivindicaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
c) Que, conforme a la jurisprudencia, el dominio del reivindicante debe ser anterior a la posesi\u00f3n del demandado, para que pueda as\u00ed entenderse desvirtuada la presunci\u00f3n de due\u00f1o que favorece al poseedor. <\/p>\n
d) La \u201cparte demandante no acredit[\u00f3] en debida forma la propiedad del bien\u201d, como quiera que dicha prueba, en trat\u00e1ndose de bienes inmuebles, \u201csolamente puede ser la escritura p\u00fablica con la constancia de registro\u201d, tal como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 509 del C\u00f3digo General de Proceso y lo contemplaba anteriormente el C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
e) La demandada Ana Silvia Piraneque Viuda de Cruz \u201cs[\u00ed] est\u00e1 legitimada como sujeto pasivo para comparecer en su condici\u00f3n de demandada por ser la persona interesada en las resultas del proceso, adem\u00e1s [fue] quien dio la posesi\u00f3n del bien que se pretende en esta acci\u00f3n a la aqu\u00ed demandada YANNETH GARC\u00cdA MONTA\u00d1O\u201d. <\/p>\n
f) En el proceso \u201cno fueron practicadas las pruebas decretadas en su totalidad\u201d y \u201cla inasistencia de la demandada al interrogatorio de parte\u201d, no condujo a que fuera \u201cdeclarada confesa\u201d. <\/p>\n
En la sustentaci\u00f3n de la alzada ante el Tribunal, verificada en la audiencia del 26 de abril de 2018, el apoderado de la demandada circunscribi\u00f3 su intervenci\u00f3n a los siguientes puntos: <\/p>\n
a) No haberse valorado \u201cprueba documental alguna\u201d. <\/p>\n
c) No se declar\u00f3 confesa a la actora, \u201cporque jam\u00e1s asisti\u00f3 al interrogatorio que decret\u00f3 el juzgado\u201d. <\/p>\n
d) No se practic\u00f3 el testimonio de Efra\u00edn Gonz\u00e1lez y de otras personas \u201cque estaban all\u00ed en el proceso\u201d. <\/p>\n
e) Se desconoci\u00f3 la incidencia de la \u201cindagaci\u00f3n preliminar\u201d que \u201c[c]ursa en la fiscal\u00eda 70\u201d por los delitos de \u201cfraude procesal en concurso con falso testimonio\u201d en contra de la accionante, puesto que \u201cla decisi\u00f3n que ah\u00ed se tome tiene que ver\u201d con el hecho de que ella \u201cse ha hecho parte dentro de ese proceso con un registro civil espurio\u201d. <\/p>\n
f) La insatisfacci\u00f3n de \u201clos presupuestos para el reivindicatorio\u201d. <\/p>\n
1.3. De lo precedentemente expuesto se colige que, de los reparos concretos inicialmente planteados por las recurrentes contra la sentencia de primera instancia, particularmente, de los expresados en el escrito allegado con fundamento en el inciso 2\u00ba del numeral 3\u00ba del art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso, atr\u00e1s relacionados, los \u00fanicos que fueron sustentados en la audiencia practicada por el Tribunal con base en el art\u00edculo 327 de la misma obra, fueron: <\/p>\n
1.3.1. En primer lugar, haberse soslayado por parte del a quo las investigaciones penales seguidas por los delitos de fraude procesal y falso testimonio, relacionados con el hecho de que la actora se hizo reconocer como heredera en la sucesi\u00f3n del se\u00f1or H\u00e9ctor Santos Cruz Piraneque con un registro civil de nacimiento \u201cespurio\u201d. <\/p>\n
1.3.2. Y, en segundo t\u00e9rmino, que no se declar\u00f3 confesa a la accionante, pese a que no asisti\u00f3 al interrogatorio de parte que deb\u00eda absolver. <\/p>\n
1.4. Por disposici\u00f3n del art\u00edculo 328 del C\u00f3digo General del Proceso, \u201c[e]l juez de segunda instancia deber\u00e1 pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley\u201d (se subraya), lo que el recurrente deber\u00e1 hacer, en trat\u00e1ndose de la apelaci\u00f3n de sentencias, \u201cal momento de interponer el recurso en la audiencia, si hubiere sido proferido en ella, o dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a su finalizaci\u00f3n o a la notificaci\u00f3n de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia\u201d, precisando, \u201cde manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisi\u00f3n\u201d (art\u00edculo 322, numeral 3\u00ba, inciso 2\u00ba, ib\u00eddem); y, adicionalmente, en la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo contemplada en el art\u00edculo 327 de la misma obra, por cuanto all\u00ed \u201cse oir\u00e1n las alegaciones de las partes\u201d, debiendo \u201c[e]l apelante (\u2026) sujetar su alegaci\u00f3n a desarrollar los argumentos expuestos ante el juez de primera instancia\u201d. <\/p>\n
Seg\u00fan el inciso final del ya citado numeral 3\u00ba del art\u00edculo 322, habr\u00e1 de declararse desierto el recurso por el a quo, \u201ccuando no se precisen los reparos a la sentencia apelada, en la forma prevista en este numeral\u201d; y por parte del juez de segunda instancia, cuando el recurso \u201cno hubiere sido sustentado\u201d. <\/p>\n
1.5. De lo anterior se sigue que, de casarse el fallo impugnado, como consecuencia de reconocerse prosperidad a cualquiera, o a los dos cargos auscultados, corresponder\u00eda a la Corte, en sede de segunda instancia, declarar la deserci\u00f3n de la alzada en todos aquellos aspectos que, no obstante haber constituido reparo contra la sentencia del a quo, no fueron sustentados en la audiencia que con tal fin se surti\u00f3 en el tr\u00e1mite de la segunda instancia y que corresponden a los siguientes: <\/p>\n
<\/p>\n
1. La insatisfacci\u00f3n de los presupuestos de la acci\u00f3n reivindicatoria, derivada de no encontrarse establecida la \u201ctradici\u00f3n de los bienes\u201d objeto de la misma, como consecuencia de la indefinici\u00f3n de la \u201csituaci\u00f3n jur\u00eddica de la demandante\u201d en lo que concierne con su verdadero estado civil. <\/p>\n
1.5.2. El incumplimiento del requisito consistente en que el dominio del reivindicante sea anterior a la posesi\u00f3n del demandado. <\/p>\n
1.5.3. La falta de demostraci\u00f3n del dominio de los inmuebles perseguidos por parte de la actora, habida cuenta que no aport\u00f3 la correspondiente \u201cescritura p\u00fablica con constancia de registro\u201d. <\/p>\n
1.5.4. La legitimaci\u00f3n de Ana Silvia Piraneque Viuda de Cruz para intervenir en el proceso como demandada. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Cotejada la anterior constataci\u00f3n con el contenido de los cargos que se examinan, se colige que en el primero se cuestion\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n de la prenombrada accionada; y que en el segundo se adujeron, como errores de derecho, la indebida comprobaci\u00f3n del dominio de los bienes materia de la reivindicaci\u00f3n suplicada habida cuenta que, por una parte, no se aport\u00f3 la escritura contentiva de la adjudicaci\u00f3n que de ellos se hizo a la actora y, por otra, no se acredit\u00f3 correctamente su registro. <\/p>\n
1.7. En tal orden de ideas, se colige en definitiva, la intrascendencia de las acusaciones en precedencia especificadas, porque as\u00ed se admitiera que el Tribunal incurri\u00f3 en los desatinos que sobre esos precisos aspectos de su decisi\u00f3n le fueron imputados por el recurrente, la Corte, al proferir la correspondiente sentencia sustitutiva, no podr\u00eda pronunciarse sobre ellos, en tanto que, se reitera, los mismos quedaron excluidos de la apelaci\u00f3n, por no haber sido sustentados en la segunda instancia, de lo que se sigue que las determinaciones que en torno de los mismos adopt\u00f3 el a quo son firmes sin que, entonces, puedan ser alteradas por efectos de la alzada planteada contra el fallo de primera instancia. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En lo que hace a la primera acusaci\u00f3n, de soslayarse la intrascendencia atr\u00e1s advertida, se encuentra que, de todas maneras, no estar\u00eda llamada a abrirse paso, puesto que la impugnante carece de inter\u00e9s para proponerla, como pasa a explicarse. <\/p>\n
2.1. Como en todos los recursos, en el de casaci\u00f3n, quien lo interponga, debe estar asistido de inter\u00e9s para su formulaci\u00f3n, condici\u00f3n que surge del menoscabo o lesi\u00f3n que a sus derechos le cause la decisi\u00f3n objeto de reproche. <\/p>\n
Ahora bien, en trat\u00e1ndose de la referida cesura extraordinaria, dicha exigencia se extiende a cada uno de los cargos que se planteen para sustentarla, de modo que en el inconforme deben concurrir el referido inter\u00e9s para recurrir y, adicionalmente, el que lo habilite para formular las acusaciones con las que, en concreto, controvierta el fallo acusado. <\/p>\n
En torno de lo segundo, es del caso especificar, entonces, que la legitimaci\u00f3n del recurrente se patentiza con el perjuicio que para \u00e9l se derive de la espec\u00edfica determinaci\u00f3n confutada en el respectivo cargo, de modo que es indispensable que dicha afectaci\u00f3n exista y que el embate apunte a removerla. <\/p>\n
Sobre el particular la Sala, en reciente pronunciamiento, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) En relaci\u00f3n con todo recurso, es principio conocido, que ahora se reitera, que quien lo proponga, debe estar asistido de \u2018inter\u00e9s jur\u00eddico, el que, como es sabido, deriva necesariamente del agravio que la decisi\u00f3n impugnada le cause o irrogue\u2019 (CSJ, SC del 1\u00ba de octubre de 2004, Rad. n.\u00b0 7560). <\/p>\n
(\u2026) Aplicada tal directriz a la casaci\u00f3n, se establece que tanto en su interposici\u00f3n, como en la formulaci\u00f3n de cada uno de los cargos que se propongan para sustentarlo, es necesario que el impugnante act\u00fae legitimado. <\/p>\n
De suyo, entonces, que como se desprende de los art\u00edculos 365, 366, 369 y 370 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, y actualmente de los art\u00edculos 333, 337 y 338 del C\u00f3digo General del Proceso, s\u00f3lo hay lugar al recurso, entendido como tal, frente a las providencias que irrogan un agravio al impugnante, sin que hubiese mediado renuncia por parte de \u00e9ste al inter\u00e9s de que estaba investido para ello, lesi\u00f3n que de ser econ\u00f3mica, debe superar el l\u00edmite establecido en la misma ley. <\/p>\n
Pero dicho inter\u00e9s para recurrir, no es suficiente. Es igualmente necesario, que el inconforme tenga la facultad de plantear cada uno de los cargos que aduzca con el prop\u00f3sito de combatir la sentencia blanco de su ataque, posibilidad que deriva de que las especificas decisiones cuestionadas a trav\u00e9s de ellos, le irroguen en verdad un perjuicio suficiente que habilite su cuestionamiento impugnativo. <\/p>\n
En palabras de la Corte: <\/p>\n
Est\u00e1 fuera de discusi\u00f3n la afirmaci\u00f3n seg\u00fan la cual es requisito indispensable para que se pueda recurrir una determinada providencia, que el impugnante se encuentre legitimado para hacerlo, lo cual necesariamente presupone que la providencia objeto del recurso le haya ocasionado alg\u00fan agravio, vale decir, una ofensa, un perjuicio que deba ser reparado, regla esta que, obviamente, se mantiene inalterable en trat\u00e1ndose de la impugnaci\u00f3n en casaci\u00f3n de las sentencias judiciales; por supuesto que s\u00f3lo quien ha sido derrotado, en el sentido de que en el fallo se acogen total o parcialmente las s\u00faplicas de la parte contraria o, simplemente, naufragan las propias, tiene abierta la posibilidad de solicitar su aniquilaci\u00f3n mediante el mencionado recurso extraordinario. <\/p>\n
Que el recurso de casaci\u00f3n, como todos los dem\u00e1s, exige que la decisi\u00f3n atacada cause un perjuicio al recurrente, es cuesti\u00f3n que aflora expl\u00edcita, de entrada, en el art\u00edculo 365 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el cual, al se\u00f1alar las finalidades de ese medio de impugnaci\u00f3n, destaca, justamente, la de reparar el agravio inferido a las partes por la sentencia cuestionada. Y seguidamente el art\u00edculo 366 ejusdem, determina el monto econ\u00f3mico que debe alcanzar la decisi\u00f3n desfavorable al impugnante, cuando ello sea del caso, a la par que consagra, de manera francamente excepcional, la posibilidad de interponer el recurso, aun cuando el inter\u00e9s que se tenga para hacerlo (que necesariamente debe existir), no alcance la exigencia legal, siempre y cuando la parte contraria, cuyo perjuicio le permita acceder al mismo, lo hubiese interpuesto. <\/p>\n
Del mismo modo, el inciso segundo del art\u00edculo 369 ib\u00eddem, frustra tal posibilidad si el vencido se abstiene de apelar la sentencia de primer grado o de adherir a la apelaci\u00f3n de la otra parte, cuando la sentencia del tribunal sea exclusivamente confirmatoria de aquella, pues entiende el legislador que en esa hip\u00f3tesis la parte ha renunciado al inter\u00e9s que inicialmente podr\u00eda asistirle. Y, para no hacer fatigoso el examen, sea suficiente reparar en el art\u00edculo 370 \u00eddem, que gobierna lo concerniente con la cuantificaci\u00f3n del perjuicio sufrido por el recurrente (CSJ, SC del 21 de octubre de 2003, Rad. n.\u00b0 6931; se subraya). <\/p>\n
En tiempo m\u00e1s reciente, la Corporaci\u00f3n, en sustento de la desestimaci\u00f3n que adopt\u00f3 en frente de uno de los recurrentes, del \u00fanico cargo planteado en casaci\u00f3n, memor\u00f3: <\/p>\n
Precisamente, para negar la prosperidad de dos cargos propuestos en casaci\u00f3n a la luz de las causales cuarta y quinta del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, la Sala precis\u00f3 que \u2018[e]n relaci\u00f3n con todos y cada uno de los motivos\u2019 previstos en esa norma, \u2018la Corte tiene establecido que \u2018es requisito indispensable que la parte que por esa v\u00eda recurre, tenga inter\u00e9s en la impugnaci\u00f3n (G.J. Tomo LXIV, p\u00e1g. 792), es decir, que frente a la resoluci\u00f3n cuya infirmaci\u00f3n se propone obtener, considerada esta \u00faltima desde el punto de vista de sus efectos pr\u00e1cticos determinados por las providencias en ella adoptadas por el \u00f3rgano jurisdiccional en orden a juzgar sobre el fundamento del litigio, ha de encontrarse dicho recurrente en una relaci\u00f3n tal que le permita conceptuarse perjudicado y as\u00ed justificar su actuaci\u00f3n encaminada a pedir la tutela que el recurso de casaci\u00f3n dispensa. Significa esto que el inter\u00e9s del cual viene haci\u00e9ndose m\u00e9rito est\u00e1 dado por el vencimiento total o parcial que para la parte representa el contenido decisorio del fallo definitivo de instancia, vencimiento que seg\u00fan definici\u00f3n prohijada por autorizados expositores (\u2026) se resuelve en el contraste concreto entre ese contenido y el inter\u00e9s desplegado por quien recurre durante el curso del proceso, desde luego en la medida en que no haya renunciado a hacer valer ese inter\u00e9s, de manera pues que el vencimiento est\u00e1 fincado en la lesi\u00f3n actual, clara y terminante que la sentencia discutida le ocasiona\u2019 (Cas. Civ., sentencia de 7 de septiembre de 1993, expediente No. 3475, G.J. T. CCXXV, No. 2464, p\u00e1g. 433)\u2019 (Cas. Civ., sentencia de 30 de noviembre de 2011, expediente No. 05001-3103-005-2000-00229-01) (CSJ, SC del 1\u00ba de noviembre de 213, Rad. n.\u00b0 1994-26630-01; se subraya) (CSJ, SC 19884 del 28 de noviembre de 2017, Rad. n.\u00b0 2009-00422-01; negrillas fuera del texto). <\/p>\n
2.2. Dirigido como est\u00e1 el cargo analizado, a cuestionar la falta de legitimaci\u00f3n pasiva de la demandada Ana Silvia Piraneque Viuda de Cruz, que de oficio declar\u00f3 el juzgado del conocimiento y que el Tribunal confirm\u00f3 en la sentencia de segunda instancia, no se establece c\u00f3mo esa determinaci\u00f3n le irrog\u00f3 un perjuicio real y concreto a la recurrente en casaci\u00f3n, quien, como se sabe, corresponde a la otra demandada, cuesti\u00f3n sobre la que el recurrente guard\u00f3 absoluto silencio. <\/p>\n
2.3. Teniendo de presente que no se cuestion\u00f3 la orden de restituci\u00f3n de los bienes objeto de la reivindicaci\u00f3n suplicada que se imparti\u00f3 a la se\u00f1ora Yaneth Garc\u00eda Monta\u00f1o, ni la condena al pago de frutos que se le impuso, no se avizora c\u00f3mo de la exclusi\u00f3n de la otra accionada pudo derivarse para aqu\u00e9lla una afectaci\u00f3n de las advertidas caracter\u00edsticas que, en pro de la protecci\u00f3n de sus derechos, deba repararse en sede casacional. <\/p>\n
2.4. La detectada falta de inter\u00e9s de la recurrente impide, per se, reconocer prosperidad al reproche que viene de explorarse y, aparejadamente, que la Corte pueda ocuparse del trasfondo del mismo. <\/p>\n
3. En cuanto hace al cargo segundo, es necesario el siguiente an\u00e1lisis complementario: <\/p>\n
3.1. Sobre los aspectos de \u00e9l que ya se identificaron como intrascendentes, cabe a\u00f1adir: <\/p>\n
3.1.1. La acusaci\u00f3n referente a la falta de aportaci\u00f3n de la escritura p\u00fablica contentiva de la adjudicaci\u00f3n a la actora de los bienes cuya reivindicaci\u00f3n aqu\u00ed solicit\u00f3, luce desenfocada, puesto que el Tribunal no soslay\u00f3 la exigencia de que la partici\u00f3n y la sentencia aprobatoria de la misma deban protocolizarse, que fue la cr\u00edtica que el censor le hizo a dicha Corporaci\u00f3n, sino que, sin desconocer esa formalidad, estim\u00f3 \u201cen punto a la acreditaci\u00f3n del derecho de dominio\u201d, que fue el alcance que le dio a la cr\u00edtica del apelante, que como de conformidad con el art\u00edculo 611 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, vigente para cuando se inici\u00f3 el proceso, el referido pronunciamiento era el que ten\u00eda que inscribirse, \u00e9l correspond\u00eda a prueba id\u00f3nea para demostrar la trasmisi\u00f3n de la propiedad al heredero. <\/p>\n
Luego de citar a la Corte, dijo el ad quem: <\/p>\n
Por manera que si la sentencia que aprueba la partici\u00f3n est\u00e1 llamada a ajustar formalmente la cadena de t\u00edtulos, lo cierto es que si dicha decisi\u00f3n se encuentra debidamente inscrita en el [r]egistro correspondiente, como ac\u00e1, tal estado de cosas se muestra m\u00e1s que suficiente para acreditar el derecho de dominio en cabeza de la demandante. <\/p>\n
As\u00ed, por lo dem\u00e1s, se infiere al rompe de la propia [l]ey, como que la normativa vigente al tiempo de promover la presente demandada -y en id\u00e9ntico sentido el C\u00f3digo General del Proceso (art. 509)- dispon\u00eda que dentro del tr\u00e1mite de partici\u00f3n \u2018La sentencia que verse sobre bienes sometidos a registro ser\u00e1 inscrita (\u2026) en las oficinas respectivas \u2026\u2019 (art. 611 cpc), lo cual pone en evidencia que es la sentencia en s\u00ed, y no su protocolizaci\u00f3n en una [n]otar\u00eda, cual lo exige el recurrente, el documento que legalmente tiene la aptitud de acreditar que ha operado el modo de sucesi\u00f3n mortis causa en un caso determinado y, por ende, que dicho documento y su inscripci\u00f3n en el registro correspondiente sean los medios id\u00f3neos para probar el derecho de dominio en cabeza del causahabiente (se subraya). <\/p>\n
Algo bien distinto fue que, con base en la primera parte del referido numeral, el Tribunal coligiera que la sentencia aprobatoria de la partici\u00f3n, una vez registrada, era documento id\u00f3neo para comprobar que \u201cha operado el modo de sucesi\u00f3n mortis causa en un caso determinado\u201d y, de esta forma, el dominio en cabeza de los adjudicatarios de los bienes a ellos asignados, an\u00e1lisis que por el referido desenfoque, no fue combatido por el recurrente, de modo que conserva vigencia y, por lo mismo, sigue irradiando toda su fuerza a la sentencia combatida. <\/p>\n
Al respecto, conveniente es memorar viejas ense\u00f1anzas de la Sala, que contin\u00faan vigentes a la luz de la exigencia de que los fundamentos de las acusaciones que se formulen en desarrollo del recurso extraordinario de que se trata, se expongan \u201cen forma clara, precisa y completa\u201d, contenida en el actual mandato del numeral 2\u00ba del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan las cuales \u201c[t]odos los cargos que se propongan en casaci\u00f3n, con respaldo en la primera de las causales que sirven a dicho recurso extraordinario\u201d, hoy en d\u00eda en los dos motivos iniciales del art\u00edculo 336 del precitado estatuto, \u201cdeben ser una cr\u00edtica sim\u00e9trica al fallo que controvierten, de modo que, con su formulaci\u00f3n, es necesario que resulten desvirtuados en su totalidad los genuinos fundamentos en los que ellos se respaldan\u201d, torn\u00e1ndose indispensable que exista cabal \u201ccorrespondencia entre los argumentos que sustenten, de un lado, la sentencia cuestionada y, de otro, las espec\u00edficas falencias que por la indicada v\u00eda se denuncien en desarrollo de la impugnaci\u00f3n extraordinaria de que se trata\u201d, exigencia que, por lo tanto, \u201cse desdobla en dos requisitos puntuales: en primer lugar, la completitud del cargo, que traduce la necesidad de que no se deje por fuera del ataque ninguno de los pilares esgrimidos por el juzgador de instancia; y, en segundo t\u00e9rmino, el adecuado enfoque de las censuras, esto es, que ellas versen sobre los verdaderos motivos que soporten el prove\u00eddo generador de la inconformidad, y no sobre unos que no tengan tal car\u00e1cter, surgidos de su inadecuada comprensi\u00f3n por parte del recurrente o de la inventiva de \u00e9ste\u201d (CSJ, SC 18563 del 16 de diciembre de 2016, Rad. n.\u00b0 2009-00438-01; se subraya). <\/p>\n
3.1.2. El error de derecho consistente en la indebida comprobaci\u00f3n del registro de las copias allegadas por la actora para comprobar el dominio de los bienes sobre los que vers\u00f3 la reivindicaci\u00f3n, se encuentra soportada en un hecho novedoso y, por lo mismo, inadmisible en casaci\u00f3n, como es que no se cumpli\u00f3 el art\u00edculo 256 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, toda vez que esas reproducciones \u201cno tienen la constancia o la \u2018nota de haberse efectuado\u2019 la respectiva inscripci\u00f3n\u201d, sin que la aportaci\u00f3n de los folios de matr\u00edcula de los bienes supla tal exigencia. <\/p>\n
Como dicho argumento s\u00f3lo vino a plantearse en casaci\u00f3n, no pudo ser considerado y evaluado por los sentenciadores de instancia, particularmente, por el ad quem, de lo que se sigue la imposibilidad de controvertir su fallo con base en esa presunta falla. <\/p>\n
Sobre el particular, la doctrina de la Sala ha sido consistente en sostener que \u201c[t]al proceder, por configurar un alegato novedoso, impide a la Corte hacer un pronunciamiento de fondo porque, como lo ha puntualizado de anta\u00f1o, avalar en el curso del juicio una situaci\u00f3n f\u00e1ctica y criticarla sorpresivamente en esta sede extraordinaria denota incoherencia en quien as\u00ed procede, actuar que por desleal no es admisible como quiera que habilitar\u00eda la conculcaci\u00f3n del derecho al debido proceso de su contendor, habida cuenta que \u00e9ste ver\u00eda cercenada la oportunidad de defensa regulada en la segunda instancia del proceso, caracter\u00edstica que no tiene el recurso de casaci\u00f3n; as\u00ed como porque implicar\u00eda tachar el prove\u00eddo del tribunal con base en argumentos que ante \u00e9l no fueron expuestos y de los cuales, por ende, no tuvo oportunidad de pronunciarse\u201d (CSJ, SC 1084 del 5 de abril de 2021, Rad. n.\u00b0 2006-00125-01). <\/p>\n
3.2. Respecto de las restantes acusaciones contenidas en el cargo de que se trata, a\u00fan no estudiadas, son pertinentes las siguientes apreciaciones: <\/p>\n
3.2.1. El error de derecho por no haberse declarado la confesi\u00f3n ficta de la actora debido a su inasistencia al interrogatorio de parte decretado, no se estructur\u00f3, porque, como pasa a verse, no hab\u00eda lugar a ello. <\/p>\n
Dispon\u00eda el art\u00edculo 210 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, que era la norma vigente al momento del decreto y pr\u00e1ctica de la referida prueba: <\/p>\n
La no comparecencia del citado a la audiencia, (\u2026), se har\u00e1 constar en el acta y har\u00e1 presumir ciertos los hechos susceptibles de prueba de confesi\u00f3n sobre los cuales versen las preguntas asertivas admisibles, contenidas en el interrogatorio escrito. <\/p>\n
La misma presunci\u00f3n se deducir\u00e1, respecto de los hechos de la demanda y de las excepciones de m\u00e9rito, o de sus contestaciones, cuando no habiendo interrogatorio escrito el citado no comparezca. <\/p>\n
En ambos casos, el juez har\u00e1 constar en el acta cu\u00e1les son los hechos susceptibles de confesi\u00f3n contenidos en el interrogatorio escrito, en la demanda, las excepciones de m\u00e9rito, o sus contestaciones que se presumen ciertos (se subraya). <\/p>\n
En contraste con esa disposici\u00f3n legal, el acta contentiva de la respectiva audiencia reza: <\/p>\n
En Bogot\u00e1, a los once d\u00edas del mes de mayo de dos mil once, a la hora se\u00f1alada de las 11:00 a.m. para llevar a cabo el interrogatorio decretado, el se\u00f1or juez para el efecto se constituy\u00f3 en audiencia p\u00fablica. A la pr\u00e1ctica de la diligencia concurrieron el apoderado de la parte demandada doctor SANTIAGO CARVAJAL VARGAS con T.P. No. 111968 del C.S.J. C.C. No. 6.8767.171. Acto seguido y como quiera que la demandante citada a interrogatorio no compareci\u00f3 se termina y firma como aparece (fl. 333, cd. 1). <\/p>\n
Se verifica, pues, que el juzgado del conocimiento, en la audiencia atr\u00e1s reproducida, no especific\u00f3 los hechos susceptibles de confesi\u00f3n contenidos en las contestaciones de la demanda y\/o en las excepciones alegadas por las accionadas, desatenci\u00f3n frente a la cual su apoderado, quien particip\u00f3 en ese acto, guard\u00f3 absoluto silencio, y que comport\u00f3 el franco incumplimiento de la exigencia normativa atr\u00e1s resaltada, trayendo consigo la imposibilidad de reconocer el comentado efecto jur\u00eddico a la inasistencia de la actora. <\/p>\n
La Corte, en un caso de caracter\u00edsticas similares, pero en relaci\u00f3n con la all\u00ed demandada, luego de advertir un comportamiento similar por parte del a quo, coligi\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) Como f\u00e1cilmente se constata, es patente el incumplimiento de la norma atr\u00e1s reproducida, toda vez que el juez encargado del asunto no hizo constar en el acta \u2018cu\u00e1les son los hechos susceptibles de confesi\u00f3n contenidos (…), en la demanda\u2019, como de forma imperativa lo establec\u00eda el inciso 3\u00ba del se\u00f1alado precepto, omisi\u00f3n que no amerit\u00f3 protesta alguna por parte de la apoderada de la accionante, interviniente en la audiencia. <\/p>\n
(\u2026) Dicho defecto, por s\u00ed solo, impide reconocer la configuraci\u00f3n de confesi\u00f3n ficta en contra de la demandada, por su inasistencia injustificada a la audiencia en la que deb\u00eda absolver el interrogatorio de parte que como prueba se decret\u00f3, toda vez que traduce el desconocimiento de los hechos en relaci\u00f3n con los cuales oper\u00f3 la misma (CSJ, SC 4857 del 7 de diciembre de 2020, Rad. n.\u00b0 2006-00042-01; se subraya). <\/p>\n
La acusaci\u00f3n examinada, por lo tanto, no conduce a nada, porque as\u00ed se admitiera que son equivocados los razonamientos en que se soport\u00f3 el ad quem para no reconocer la confesi\u00f3n ficta echada de menos por el censor, esta Corporaci\u00f3n, de todas maneras, no podr\u00eda, en sede de segunda instancia, arribar a una decisi\u00f3n diferente, en tanto que, se reitera, en la oportunidad correspondiente, no se establecieron los hechos que deb\u00edan presumirse ciertos. <\/p>\n
Siendo esa la raz\u00f3n para que, como acaba de concluirse, no se configurara la confesi\u00f3n ficta de la actora, no hay lugar al reconocimiento del indicio grave previsto en el inciso final del art\u00edculo 210 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pues su operancia derivaba, seg\u00fan all\u00ed aparec\u00eda consagrado, a que \u201clas preguntas no fueren asertivas\u201d o a que los hechos alegados \u201cno admtiere[n] prueba de confesi\u00f3n\u201d, supuestos que por efecto de lo primeramente visto, no se cumplen. <\/p>\n
3.2.2. El fracaso de la acusaci\u00f3n anterior, al tiempo, torna evidente la sinraz\u00f3n de los errores de hecho denunciados en el cargo auscultado, toda vez que si no hubo confesi\u00f3n, como viene de se\u00f1alarse, carece completamente de sentido verificar si el sentenciador de segunda instancia redujo los hechos aducidos por las accionadas al replicar la demanda o al fundamentar los medios de defesa que esgrimieron en su favor, o establecer el desacierto de los argumentos que invoc\u00f3 en sustento de la infirmaci\u00f3n de ese supuesto medio de convicci\u00f3n. <\/p>\n
4. Corolario de lo expresado, es el naufragio de los cargos examinados. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
Con estribo tambi\u00e9n en la causal segunda de casaci\u00f3n, se denunci\u00f3 la violaci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 673, 762, 946 y 952 del C\u00f3digo Civil y 37 de la Ley 57 de 1887, como consecuencia de la comisi\u00f3n por parte del Tribunal del error de derecho consistente en no haber decretado pruebas de oficio, omisi\u00f3n con la que vulner\u00f3 el art\u00edculo 177 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, hoy 169 del C\u00f3digo General del Proceso, junto con el ordinal 4\u00ba del art\u00edculo 42 y los art\u00edculos 164 y 170 de este \u00faltimo estatuto. <\/p>\n
El sustento de la censura consisti\u00f3 en lo siguiente: <\/p>\n
1. Conforme a la m\u00e1s reciente jurisprudencia, la oficiosidad en materia probatoria no es una mera facultad, sino \u201cun deber-obligaci\u00f3n\u201d, por lo que, \u201cante las deficiencias o inconsistencias que pueda aparecer en una disputa\u201d, el juzgador \u201cdebe concurrir con su compromiso en materia de pruebas y adoptar las decisiones necesarias para superar esa situaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
2. Una vez memor\u00f3 lo expuesto por el Tribunal sobre la investigaci\u00f3n penal por falso testimonio que cursa en contra de la actora, el censor le reproch\u00f3 \u201comisi\u00f3n, por cuanto que, en lugar de haber brindado al usuario un acceso real y efectivo a la administraci\u00f3n de justicia (art. 2 C. G. P.), habiendo hecho uso de la facultad oficiosa en materia probatoria y disponer lo necesario para constatar una eventual transgresi\u00f3n a las normas sobre la titularidad de los inmuebles reclamados, en cuanto que medi\u00f3 un posible fraude para hacerse la actora a ellos, opt\u00f3 por vindicar eventos como el transcurso del tiempo (caducidad) y las decisiones de otros funcionarios\u201d. <\/p>\n
3. Tild\u00f3 de \u201cindolente\u201d el comportamiento de la administraci\u00f3n de justicia frente a \u201cla causa de la se\u00f1ora Ana Silvia Piraneque\u201d, pues pese a la tramitaci\u00f3n de diferentes acciones penales, \u201cno se ha clarificado la situaci\u00f3n del registro civil adulterado que present\u00f3 la aqu\u00ed demandante para lograr la adjudicaci\u00f3n de varios bienes, entre ellos, los reclamados en reivindicaci\u00f3n\u201d, cuestionamiento que sustent\u00f3 con la transcripci\u00f3n in extenso de un fallo de la Corte alusivo, entre otros temas, al deber de los jueces de decretar pruebas de oficio. <\/p>\n
4. Tras reiterar las apreciaciones del sentenciador de segunda instancia sobre la referida investigaci\u00f3n penal, el recurrente destac\u00f3 que dicha autoridad contempl\u00f3 como probable que ella pudiera incidir en el presente asunto y asever\u00f3 que, por lo tanto, \u201cante esa realidad, lo correcto era haber hecho uso de la facultad oficiosa y as\u00ed proveerle a las demandadas un acceso cierto, efectivo y real a la administraci\u00f3n de justicia y no dejar en vilo un asunto que ata\u00f1e a la esencia de la contienda, am\u00e9n de comprometer un derecho de reconocimiento constitucional como es la propiedad privada\u201d, tesis que reforz\u00f3 con la reproducci\u00f3n de un segmento de otro pronunciamiento de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como en sentencia de muy reciente data lo puntualiz\u00f3 la Sala, la falta de utilizaci\u00f3n de la facultad-deber que tienen los sentenciadores de instancia de decretar pruebas de oficio se erige, en el plano de la casaci\u00f3n, en un protot\u00edpico error de derecho, fundamentalmente, en tres hip\u00f3tesis: cuando \u201cel medio de convicci\u00f3n[,] siendo exigido en la ley[,] el juez sin embargo no lo recauda (hip\u00f3tesis hoy positivamente consagrada como vicio de actividad, constitutivo de nulidad procesal)\u201d; cuando el elemento demostrativo est\u00e1 \u201cpresente en el expediente, pero no como prueba regular, [y] la autoridad no le da ingreso formal\u201d como tal; y, finalmente, cuando la prueba, \u201cde haber sido practicada[,] hubiera arrojado luces que despejaban al juez el camino para una decisi\u00f3n diferente de la adoptada (Cfr. SC-012-1998 de 4 mar 1998, Rad. n\u00b0 4921)\u201d (CSJ, SC 562 del 21 de marzo de 2021, Rad. n.\u00b0 2014-00177-01). <\/p>\n
Ello es as\u00ed, como quiera que la comentada prerrogativa no es irrestricta, ni ilimitada, en tanto que no constituye una alteraci\u00f3n del r\u00e9gimen general que, en materia probatoria, previ\u00f3 el legislador para los procesos civiles, sin que, de otro lado, pueda apuntar a relevar el deber que recae en las partes, de comprobar los supuestos de hecho en que fincan sus pretensiones o defensas. <\/p>\n
Tambi\u00e9n de manera pr\u00f3xima, esta Corporaci\u00f3n observ\u00f3 al respecto: <\/p>\n
Refiri\u00e9ndose al decreto oficioso de medios demostrativos, la Sala fij\u00f3 como derrotero que: <\/p>\n
\u2026[l]a facultad, a su vez, deber legal, tiene lugar, conforme a dichas disposiciones, cuando el juez \u2018considere conveniente[s]\u2019 o \u2018\u00fatiles\u2019 las pruebas, en orden a \u2018verificar\u2019 los hechos \u2018alegados\u2019 o \u2018relacionados\u2019 por las partes y \u2018evitar nulidades y providencias inhibitorias\u2019. <\/p>\n
No cualquier hecho, por tanto, puede ser comprobado inquisitivamente, porque de ser as\u00ed, se sorprender\u00eda a los extremos de la relaci\u00f3n procesal, en desmedro de las garant\u00edas m\u00ednimas de defensa y contradicci\u00f3n. De ah\u00ed que para formar su propio juicio, seg\u00fan la circunstancia de que se trate, el juez no puede salirse de las verdades o realidades objetivas que se encuentren involucradas, ni tampoco puede asaltar las supremas reglas probatorias de la conducencia, la pertinencia y utilidad del medio de convicci\u00f3n oficiosamente decretado\u2026 <\/p>\n
No se trata, desde luego, de cubrir la carga probatoria de los sujetos en contienda, respecto a un determinado hecho, propio del sistema dispositivo (art\u00edculo 177 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil), sino de encadenar los rasgos esenciales de ese principio con el poder deber oficioso mencionado, inherente al paradigma inquisitivo, para as\u00ed responder a la verdad y al derecho sustancial. <\/p>\n
La pr\u00e1ctica de oficio de pruebas, como facultad deber, en consecuencia, no es una potestad antojadiza o arbitraria, sino un medio para destruir la incertidumbre y procurar mayor grado de convicci\u00f3n o (…) aumentar el est\u00e1ndar probatorio (\u2026)\u2019, seg\u00fan se explic\u00f3 en el precedente antes citado, permitiendo as\u00ed, no solo fundamentar con mayor rigor y vigor la decisi\u00f3n, sino evitando el suced\u00e1neo de las providencias inhibitorias o la prevalencia de la regla de inexcusabilidad para fallar (non liquet). <\/p>\n
El decreto oficioso de pruebas no implica suprimir el principio dispositivo que regula en forma general esa precisa materia, ni supone aplicarlo de manera inopinada en todos los casos. Esto significa que el sistema h\u00edbrido, por lo visto, de car\u00e1cter excepcional, impone examinar para su aplicaci\u00f3n, la conducencia o idoneidad legal, la pertinencia y la utilidad, la conveniencia o necesidad del medio; precisamente, como hitos a la discrecionalidad o al desafuero del juez, seg\u00fan arriba se anticip\u00f3\u2026 (SC1656, 18 may. 2018, rad. n.\u00b0 2012-00274-01, reiterada SC1899, 31 may. 2019, rad. n.\u00b0 2015-00637-00). <\/p>\n
En este contexto, la omisi\u00f3n en el decreto de pruebas de oficio constituir\u00e1 un error de juzgamiento \u00abcuando existiendo motivos serios para que acuda a las facultades conferidas por los art\u00edculos 179 y 180 del estatuto procesal no lo hace, lo que ocurre, por ejemplo, cuando se requieren para \u2018impedir el proferimiento de fallos inhibitorios y para evitar nulidades\u2019 (\u2026) y en el evento de ser \u2018necesarias en la verificaci\u00f3n de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes\u2019, sin que ello conlleve suplir las cargas desatendidas por \u00e9stas y que le son propias\u00bb (SC8456, 24 jun. 2016, rad. n.\u00b0 2007-00071-01, reiterada SC5676, 19 dic. 2018, rad. n.\u00b0 2008-00165-01) (CSJ, SC 282 del 15 de febrero de 2021, Rad. n.\u00b0 2008-00234-01). <\/p>\n
2. En el cargo que se examina, su proponente afirm\u00f3 la comisi\u00f3n de error de derecho por parte del Tribunal, como quiera que no hizo \u201cuso de la facultad oficiosa en materia probatoria\u201d y no dispuso \u201clo necesario para constatar una eventual transgresi\u00f3n a las normas sobre la titularidad de los inmuebles reclamados, en cuanto que medi\u00f3 un posible fraude para hacerse la actora a ellos\u201d, sin especificar la prueba que correspond\u00eda ordenarse y, mucho menos, explicar c\u00f3mo ella hubiese conducido a una decisi\u00f3n diversa a la adoptada. <\/p>\n
3. Los vac\u00edos argumentativos que acaban de destacarse, comportan la deficiente formulaci\u00f3n de la acusaci\u00f3n, en tanto que no logra establecerse la trascendencia de la omisi\u00f3n imputada al sentenciador de segunda instancia, torn\u00e1ndose as\u00ed frustr\u00e1neo el cargo. <\/p>\n
Sobre el particular, debe destacarse que, en la primera de las sentencias atr\u00e1s citadas, la Corte, en sustento del fracaso que hall\u00f3 de una acusaci\u00f3n de la misma naturaleza, pero derivada de la falta del decreto oficioso del testimonio de dos personas mencionadas en ese proceso, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) es lo cierto que este tipo de yerro, como tambi\u00e9n el de hecho, para ser fuente de quiebre del fallo, debe ser trascendente, lo que significa que debe incidir de manera concluyente o terminante en la resoluci\u00f3n adoptada en la sentencia combatida, al punto de ser dable afirmar que, de no haberlo cometido el juzgador, forzosamente otra hubiese sido la conclusi\u00f3n: la arg\u00fcida por la censura. <\/p>\n
Bajo esa \u00f3ptica, habr\u00eda que colegir en este caso que, si el Tribunal cometi\u00f3 el yerro de derecho que se le endilga, es porque el efectivo recaudo de las declaraciones de (\u2026) y (\u2026)le hubieran llevado a otra conclusi\u00f3n, de modo inexorable. <\/p>\n
(\u2026) Pero tal aserto es s\u00f3lo una hip\u00f3tesis, que adem\u00e1s parte del hecho de que esos testimonios efectivamente se hubieran podido recibir, y de que sus dichos ineludiblemente habr\u00edan corroborado el supuesto f\u00e1ctico que persigue demostrar el recurrente, esto es, que con sus versiones se corroboraba que (\u2026) actu\u00f3 como diputado de (\u2026) en la celebraci\u00f3n de las compras de caf\u00e9 a terceros, cuyo precio fue sufragado mediante los anticipos que hizo la (\u2026) a pedido de aquel, en representaci\u00f3n de la se\u00f1ora (\u2026). <\/p>\n
Es incontestable que tal conclusi\u00f3n s\u00f3lo se sostiene a partir de conjeturas erigidas en un mar de dudas en torno a lo que hubiera podido ocurrir. Lo que, sin m\u00e1s, deja al pretendido yerro de derecho sin la necesaria trascendencia de que debe estar revestido. Porque nada permite suponer como infalibles que esas dos condiciones (recaudo efectivo de los testimonios y contenido de los mismos acordes con lo arg\u00fcido por la actora) en efecto se hubieran presentado. <\/p>\n
Esta sola circunstancia da al traste con la acusaci\u00f3n que el cargo propone, al margen de haber apelado el censor a un primer entendimiento de este particular yerro de derecho, ya superado por la jurisprudencia (CSJ, SC 562 del 21 de marzo de 2021, Rad. n.\u00b0 2014-00177-01). <\/p>\n
4. Evaluado el cargo desde otra perspectiva, se encuentra que el Tribunal, en punto de las investigaciones penales adelantadas contra la actora por la presunta utilizaci\u00f3n, en el proceso de sucesi\u00f3n del se\u00f1or H\u00e9ctor Santos Cruz Piraneque, de un registro civil de nacimiento ap\u00f3crifo, coligi\u00f3 que \u201cen dichas causas no se lleg\u00f3 a establecer la responsabilidad de la ac\u00e1 demandada (sic) en relaci\u00f3n con esos hechos, habida cuenta que en relaci\u00f3n con el fraude procesal se declar\u00f3 la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, y sobre el otro delito, en conclusi\u00f3n del a quo admitida por el recurrente, se profiri\u00f3 una preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
M\u00e1s adelante, a\u00f1adi\u00f3: <\/p>\n
Ahora, si bien se encuentra en curso una investigaci\u00f3n contra la demandante por el delito de falso testimonio, al parecer, por \u2018indicar ser hija biol\u00f3gica de Ana S. Piraneque\u2019 (cfr. fl. 330-332 y 464), sin embargo no es dado soslayar el hecho de que actualmente, en relaci\u00f3n con el estado civil de la demandante, ya existe una decisi\u00f3n proferida por el Juzgado Noveno de Familia, en donde se declar\u00f3 la caducidad de la acci\u00f3n promovida por Ana Silvia Piraneque con el prop\u00f3sito que se declarara la nulidad del registro civil de Flor Marina Cruz Piraneque, documento que utiliz\u00f3 esta \u00faltima, como se sabe, para hacerse parte en la sucesi\u00f3n de marras. No sobra decir que de la existencia de dicho proceso dio cuenta el propio apoderado judicial de las demandadas en uno de los memoriales en los que solicit\u00f3 la suspensi\u00f3n del proceso alegando prejudicialidad penal (f. 256, 258). <\/p>\n
En virtud de la decisi\u00f3n del Juez de Familia, que fue tomada el 19 de diciembre de 2005 y que por indagaciones que realiz\u00f3 esta Sala adquiri\u00f3 firmeza en vista de que la acci\u00f3n de tutela a trav\u00e9s de la cual se busc\u00f3 dejarla sin efectos (promovida en 2011) no fue patrocinada por la Corte Suprema de Justicia, es preciso asumir, conforme (\u2026) lo tiene establecido la jurisprudencia de esa misma Corporaci\u00f3n, que como al buscarse la declaraci\u00f3n de nulidad del registro -como ac\u00e1 sucedi\u00f3- en rigor lo que se est\u00e1 cuestionando es el hecho mismo de la maternidad, cuesti\u00f3n esta \u00faltima que no puede quedar sujeta a una constante indefinici\u00f3n, tiene decantado la [j]urisprudencia que la caducidad cobija por igual cualquier pretensi\u00f3n que tenga por objeto o como efecto poner en tela de juicio la veracidad de la filiaci\u00f3n, precisando que, consumado el t\u00e9rmino de caducidad al cual sujeta la ley el ejercicio del derecho de impugnaci\u00f3n, el reconocimiento sentado en el registro se consolida. <\/p>\n
En este orden de ideas, con los elementos de juicio de que dispone la Sala, y obviamente sin perjuicio de los eventuales alcances que llegue a darle el [j]uez penal a la decisi\u00f3n en torno de la denuncia por el delito de falso testimonio, es preciso concluir que de momento consta que el derecho de dominio adquirido por transmisi\u00f3n por la demandante en la sucesi\u00f3n de H\u00e9ctor Santos Cruz Piraneque es leg\u00edtima y, en consecuencia, la habilita para reclamar que la posesi\u00f3n de la que est\u00e1 despojada le sea restituida. <\/p>\n
Ninguna de esas apreciaciones del ad quem fue combatida por el censor, ni en este cargo, ni en los restantes, de lo que se sigue su firmeza y, por lo mismo, la inexistencia de la falta de certidumbre sobre la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la actora, en que aqu\u00e9l soport\u00f3 la censura ahora examinada, circunstancia que desvirt\u00faa el reproche auscultado y que impide su acogimiento. <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, el ataque en precedencia analizado, no est\u00e1 llamado a abrirse paso. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 30 de abril de 2018 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil, en el proceso que se dej\u00f3 plenamente identificado al comienzo de este prove\u00eddo. <\/p>\n
Costas en casaci\u00f3n a cargo de la parte recurrente. Como el extremo opositor no replic\u00f3 la demanda con la que se sustent\u00f3 la impugnaci\u00f3n extraordinaria, se se\u00f1ala la suma de $3.000.000.oo como agencias en derecho. Por la Secretar\u00eda de la Sala, efect\u00faese la respectiva liquidaci\u00f3n en el momento procesal correspondiente. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese, c\u00famplase y, en oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 <\/p>\n
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SC3503-2021 (2010-00100-01)_1 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente SC3503-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-023-2010-00100-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de Sala Civil del veinticuatro de junio de 2021) Bogot\u00e1 D.C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintiuno (2021).- Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56214","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56214","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56214"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56214\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56214"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56214"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56214"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}