SC3535-2021 (2013-00820-01)_2<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC3535-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-10-004-2013-00820-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala virtual de once de marzo de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Mar\u00eda Camila Fallaci Beltr\u00e1n, representada por su guardadora Mar\u00eda del Rosario Cifuentes Lizarazo, respecto de la sentencia del 31 de mayo de 2016, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala de Familia, en el proceso adelantado por Diego Fernando Cifuentes G\u00f3mez frente a la recurrente y Juan Diego Cifuentes Beltr\u00e1n, ambos en su condici\u00f3n de sucesores de la causante Erica Beltr\u00e1n Cifuentes, y herederos indeterminados. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.1. Petitum. En el escrito incoativo presentado el 26 de agosto de 2013, se solicit\u00f3 declarar que entre el demandante y la fallecida existi\u00f3 una uni\u00f3n marital de hecho. Como consecuencia, una sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes. <\/p>\n
1.2. Causa petendi. El precursor y la causante convivieron como pareja desde el 28 de febrero de 2007, hasta el 23 de octubre de 2012, fecha del deceso de ella. Durante ese lapso se socorrieron y ayudaron mutuamente. Y procrearon a Juan Diego Cifuentes Beltr\u00e1n. <\/p>\n
1.3. La posici\u00f3n de los demandados. El curador ad \u2013litem designado a los determinados, Mar\u00eda Camila Fallaci Beltr\u00e1n y Juan Diego Cifuentes Beltr\u00e1n, hijos de la interfecta Erica Beltr\u00e1n Cifuentes, dada su minoridad, se atuvo a cuanto resultare probado. No encontr\u00f3 elementos de juicio para oponerse. La misma posici\u00f3n, en general, asumi\u00f3 el nombrado a los herederos indeterminados. <\/p>\n
La guardadora de Mar\u00eda Camila Fallaci Beltr\u00e1n concurri\u00f3 a la audiencia del art\u00edculo 101 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. En la diligencia solicit\u00f3 la pr\u00e1ctica de pruebas. Luego, impetr\u00f3 la nulidad de lo actuado ante la ausencia de investigaci\u00f3n sobre si la menor contaba con representante. El incidente se rechaz\u00f3 en auto de 27 de junio de 2015. Se adujo que \u201cya se dict\u00f3 sentencia y la nulidad alegada no tuvo ocurrencia con posterioridad a \u00e9sta\u201d. <\/p>\n
1.5. El fallo de primer grado. El Juzgado Cuarto de Familia de Bogot\u00e1, el 29 de mayo de 2015, accedi\u00f3 a las s\u00faplicas. Encontr\u00f3 probados los hechos con los testimonios de Flor Olivares Rodr\u00edguez, Ricardo Cifuentes Lizarazo, Elvia Mar\u00eda Lizarazo de Cifuentes y Tob\u00edas Cifuentes. Reforz\u00f3 la decisi\u00f3n con la prueba documental. En su sentir: <\/p>\n
\u201cErica Beltr\u00e1n Cifuentes y Diego Fernando Cifuentes G\u00f3mez, iniciaron una relaci\u00f3n amorosa desde que el demandante ten\u00eda 14 a\u00f1os, la que se fortaleci\u00f3 y conllev\u00f3 a que la pareja entrara a convivir compartiendo techo, lecho y mesa desde 2007, hasta la fecha en que falleci\u00f3 la se\u00f1ora Beltr\u00e1n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
La \u201ctacha de sospecha\u201d de los declarantes, incluido el de Mar\u00eda \u00c1ngela G\u00f3mez Ar\u00e9valo, no prosperaba. Si bien eran parientes y allegados de las partes, el \u201c\u00e1mbito reservado que caracteriza a la relaci\u00f3n de pareja, son los m\u00e1s id\u00f3neos para testificar sobre las circunstancias que rodearon la convivencia marital demandada\u201d. <\/p>\n
Lo narrado por \u00c1lvaro Vargas tampoco estaba afectado. Como lo confes\u00f3 el actor, simplemente, fue presentado ante \u00e9l como hijo de la causante, cuando no lo era. Esto, debido a su edad para la \u00e9poca. <\/p>\n
1.6. La sentencia de segunda instancia. Confirm\u00f3 la anterior decisi\u00f3n. Para el Tribunal: <\/p>\n
1.6.1. Los testigos, a excepci\u00f3n de \u00c1lvaro Vargas, coincidieron en la convivencia permanente y singular de la pareja. Sus dichos se corroboraban con las declaraciones trasladadas de otro proceso de familia entre la guardadora de la menor demandada, abuela materna, y el actor. Y aunque all\u00ed Carlos Alberto Moreno Holgu\u00edn y Mar\u00eda del Rosario Cifuentes dijeron no conocer la relaci\u00f3n marital, esto no significaba que la misma fuera inexistente. <\/p>\n
1.6.2. La tacha de sospecha de Flor Olivares Rodr\u00edguez carec\u00eda de sustento. La de Mar\u00eda \u00c1ngela G\u00f3mez Ar\u00e9valo, madre del accionante, no era de recibo, en tanto, sus afirmaciones coincid\u00edan con las de otros testigos. Lo propio deb\u00eda decirse de lo vertido en uno y otro proceso por Ricardo Cifuentes Lizarazo, padre del precursor, por cuanto las diferencias accidentales no desdibujaban el aspecto central de sus relatos. Y la denuncia penal contra Carlos Alberto Moreno Holgu\u00edn, Mar\u00eda Lizarazo de Cifuentes y Tob\u00edas Cifuentes, el primero compa\u00f1ero de la madre de la causante Erica Beltr\u00e1n Cifuentes, ninguna relevancia ten\u00eda. <\/p>\n
1.6.2. Los elementos de juicio acopiados, valorados en conjunto, indicaban, en efecto, que entre la difunta y el demandante \u201cexisti\u00f3 una uni\u00f3n marital de hecho\u201d. Relaci\u00f3n que \u201cse prolong\u00f3 hasta el d\u00eda del deceso de aquella\u201d. <\/p>\n
1.7. La demanda de casaci\u00f3n. Contiene formulados dos cargos. Sustanciados bajo la \u00e9gida del C\u00f3digo General del Proceso, la Corte los estudiar\u00e1 empezando por el \u00faltimo. Este en realidad, al margen de consideraciones t\u00e9cnicas, denuncia un error de procedimiento. <\/p>\n
2. CARGO SEGUNDO <\/p>\n
2.1. Acusa la violaci\u00f3n indirecta de los preceptos 1757 del C\u00f3digo Civil; 177 y 183, C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
2.2. Lo anterior, por una parte, derivado de omitirse notificar en debida forma a Mar\u00eda del Rosario Cifuentes Lizarazo, guardadora provisional de Mar\u00eda Camila Fallacci Beltr\u00e1n, desde diciembre de 2013, en lugar de nombrarle curador ad-litem. Por otra, al no indicarse la direcci\u00f3n para el efecto, no obstante, conocerla el actor. <\/p>\n
3. CONSIDERACIONES <\/p>\n
3.1. El defecto de t\u00e9cnica de acusar la comisi\u00f3n de errores de juzgamiento por la v\u00eda indirecta y desarrollarlos como de procedimiento, no obsta una decisi\u00f3n de fondo. La informalidad, en realidad, \u00fanicamente se entronca con la nominaci\u00f3n de la falta, no con el contenido. <\/p>\n
Ello permite a la Corte interpretar el cargo por el camino adecuado. Entre otras cosas, si bien se acusa la infracci\u00f3n de normas probatorias, ninguna consideraci\u00f3n sobre el particular aparece argumentada, ciertamente, como susceptible de ser contestada por la parte actora, opositora en el recurso. As\u00ed que, en lo esencial, sus derechos de defensa y contradicci\u00f3n quedaron a salvo. <\/p>\n
3.2. El problema se reduce a establecer si la guardadora de la menor demandada estuvo debidamente vinculada al proceso. La direcci\u00f3n para su notificaci\u00f3n, en la hip\u00f3tesis de haber sido omitida, pese a ser conocida del demandante, hace parte de esa controversia. <\/p>\n
3.2.1. La causal de casaci\u00f3n sustentada en la existencia de una irregularidad procesal, tiene por finalidad restablecer el derecho de defensa de la parte agraviada. Si se trata de falta o de err\u00f3nea notificaci\u00f3n, citaci\u00f3n o emplazamiento del extremo demandado o de quien ha debido ser citado, realizando la vinculaci\u00f3n debidamente. <\/p>\n
Requiere para su configuraci\u00f3n, entre otros requisitos, que la falta sea trascendente. Y si es susceptible de saneamiento, que no haya sido convalidada1. Lo primero, conlleva menoscabo del derecho fundamental a un debido proceso. Lo segundo, tiene en cuenta la conducta del afectado. Si no alega la nulidad cuando concurre a la contienda se entiende que ninguna consecuencia adversa le ha irrogado2. Empero, si la hubo, impl\u00edcitamente la acepta. <\/p>\n
Ello acaece cuando se procede contra providencia ejecutoriada del superior, se revive un proceso legalmente concluido o se pretermite \u00edntegramente la instancia (art\u00edculos 144, in fine, del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y 136 del C\u00f3digo General del Proceso, par\u00e1grafo \u00fanico). La enumeraci\u00f3n no incluye la falta o indebida notificaci\u00f3n, citaci\u00f3n o emplazamiento. Esto significa que ese vicio es saneable. Su alegaci\u00f3n, al fin de cuentas, depende de la voluntad del indebidamente notificado, citado o emplazado. <\/p>\n
Los mismos preceptos lo establecen. El primero, al estatuir que ello ocurre \u00abcuando la persona indebidamente representada, citada o emplazada, act\u00faa en el proceso sin alegar la nulidad correspondiente\u00bb. El segundo, al se\u00f1alar que \u201ccuando la parte que pod\u00eda alegarla no lo hizo oportunamente o actu\u00f3 sin proponerla\u201d. <\/p>\n
Para hablar de convalidaci\u00f3n de un error adjetivo, desde luego, conlleva partir de su estructuraci\u00f3n. Esto, al resultar un imposible l\u00f3gico sanear lo inexistente. <\/p>\n
3.2.2. En el caso, ante todo, se impone auscultar si la abuela de la menor Mar\u00eda Camila Fallaci Beltr\u00e1n, demandada en el litigio y recurrente en casaci\u00f3n, se\u00f1ora Mar\u00eda del Rosario Cifuentes Lizarazo, ha debido ser notificada. Claro est\u00e1, en calidad de representante, no como interpelada, pues carec\u00eda de esa condici\u00f3n. <\/p>\n
Lo alegado, a la postre, envuelve un problema de representaci\u00f3n. Desde esa perspectiva, el error de procedimiento se descarta. La raz\u00f3n estriba en que, para la \u00e9poca del escrito incoativo, 26 de agosto de 2013, la ascendiente de la menor demandada no era su guardadora. Como se manifiesta en la misma acusaci\u00f3n, esas funciones se las encomendaron \u201cdesde diciembre de 2013\u201d. <\/p>\n
En el cargo no se indica nada sobre la potestad parental de la menor con anterioridad a dicha fecha. No obstante, al design\u00e1rsele un curador ad-litem se comprende que en el interregno carec\u00eda de representaci\u00f3n o que quien la ejerc\u00eda se encontraba impedido o ausente. Esas hip\u00f3tesis se encuentran previstas en los art\u00edculos 45 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y 55 del C\u00f3digo General del Proceso. La representada, entonces, estaba a derecho en el proceso y esto elimina cualquier vicio de actividad. <\/p>\n
La actuaci\u00f3n del auxiliar de la justicia se extend\u00eda hasta cuando el representante de la menor concurriera al proceso. As\u00ed se contempla en los art\u00edculos 46 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y 56 del C\u00f3digo General del Proceso. La guardadora, en efecto, por conducto de apoderado, se hizo presente en la audiencia del art\u00edculo 101 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y solicit\u00f3 la pr\u00e1ctica de pruebas. El curador ad-litem, entonces, result\u00f3 desplazado. <\/p>\n
3.2.3. El vicio alegado en la censura, por tanto, cae por su propia base. La notificaci\u00f3n a la abuela de la menor convocada o la investigaci\u00f3n sobre su cargo no hab\u00eda lugar a realizarla. De ah\u00ed tambi\u00e9n la intrascendencia del debate sobre la direcci\u00f3n para efectos de las comunicaciones. <\/p>\n
3.3. Con todo, en el hipot\u00e9tico caso de haberse incurrido en alg\u00fan error alrededor de tales circunstancias, los mismos se encuentran saneados. <\/p>\n
La se\u00f1ora Mar\u00eda del Rosario Cifuentes Lizarazo, en la condici\u00f3n dicha, en efecto, compareci\u00f3 al proceso en la audiencia de que trata el art\u00edculo 101 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. En el transcurso de la diligencia no aleg\u00f3 la nulidad. Simplemente, cual se advirti\u00f3, solicit\u00f3 la pr\u00e1ctica de pruebas. Las faltas, por tanto, si las hubo, quedaron convalidadas, al no invocarlas en su oportunidad. <\/p>\n
3.4. La acusaci\u00f3n, en consecuencia, resulta totalmente infundada. <\/p>\n
4. CARGO PRIMERO <\/p>\n
4.1. Denuncia la violaci\u00f3n de los art\u00edculos 117 del C\u00f3digo Civil y 2\u00ba de la Ley 54 de 1990. <\/p>\n
4.2. Sostiene la parte recurrente que el demandante, Diego Fernando Cifuentes G\u00f3mez, ten\u00eda impedimento legal para contraer matrimonio. En la fecha del inicio de la uni\u00f3n marital de hecho, el 23 de junio de 1992, apenas contaba con catorce a\u00f1os y ocho meses de edad. <\/p>\n
4.3. Agrega que el Tribunal valor\u00f3 equivocadamente los testimonios de cargo. Sus versiones, dadas las relaciones familiares con el demandante, deb\u00edan tenerse por sospechosas, temerarias e irreales. <\/p>\n
4.4. Concluye que los errores enrostrados incidieron en las normas sustanciales se\u00f1aladas. <\/p>\n
5. CONSIDERACIONES <\/p>\n
5.1. El contenido del embate, cual se observa, contiene dos acusaciones. La inicial, alude a la v\u00eda escogida, la directa, para denunciar la transgresi\u00f3n normativa. La segunda, en cambio, es ajena a esa nominaci\u00f3n, en tanto, involucra errores en la apreciaci\u00f3n de la prueba testimonial. <\/p>\n
La Corte las separa para su estudio en el mismo orden propuesto. Si el demandante carec\u00eda de capacidad para adquirir el estatus de compa\u00f1ero permanente, no ha podido originar la uni\u00f3n marital, as\u00ed se encuentre probada. Se impone, entonces, analizar prioritariamente el punto. <\/p>\n
5.2. El negocio jur\u00eddico es un acto de autonom\u00eda privada y de autorregulaci\u00f3n de los propios intereses. Se trata de una figura con amplia y precisa configuraci\u00f3n en el derecho. Tambi\u00e9n de inveterada, amplia e indiscutible recepci\u00f3n en la jurisprudencia y de expositores patrios. <\/p>\n
5.2.1. Consultada la autorizada doctrina nacional3 y los precedentes jurisprudenciales4, la Corte tiene ocasi\u00f3n de puntualizar la materia. La acepci\u00f3n \u00abnegocio jur\u00eddico\u00bb debe entenderse, desde un punto de vista pr\u00e1ctico \u2013y para todos sus efectos-, como sin\u00f3nima de \u00abacto jur\u00eddico\u00bb. Su regulaci\u00f3n general se encuentra en los art\u00edculos 1494 y siguientes del C\u00f3digo Civil, 822 y siguientes del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
Las distinciones entre una y otra categor\u00eda, responden a precisas evoluciones hist\u00f3ricas. La de negocio jur\u00eddico (Rechtsgesch\u00e4ft; negozio giuridico) halla su g\u00e9nesis en el labor\u00edo cient\u00edfico de la Escuela Pandect\u00edstica e Hist\u00f3rica de Friedrich Karl Von Savigny y Bernhard Winscheid5, y es ampliamente utilizada, modernamente, en el lenguaje jur\u00eddico alem\u00e1n6, italiano7 y espa\u00f1ol8. El acto jur\u00eddico (acte juridique), por su parte, corresponde a una formulaci\u00f3n te\u00f3rica de la doctrina francesa, en boga en esa Naci\u00f3n9. <\/p>\n
Esta Corte ha acu\u00f1ado la expresi\u00f3n \u00abnegocio jur\u00eddico\u00bb. La ha empleado en numeros\u00edsimas oportunidades. En la sentencia CSJ SC del 9 de abril de 1937, explicando la configuraci\u00f3n y efectos de las condiciones del Derecho de las Obligaciones, tuvo ocasi\u00f3n de declarar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Cuando el acontecimiento futuro e incierto no limita la producci\u00f3n del efecto jur\u00eddico o su cesaci\u00f3n, sino que de su llegada o presencia depende, por disposici\u00f3n expresa de la ley, la eficacia del efecto jur\u00eddico, no exige una condici\u00f3n propiamente dicha sino impropia o aparente (\u2026) Los negocios jur\u00eddicos que contienen esta clase de condiciones suelen ser calificados de ineficaces pendientes (\u2026)\u201d (Se resalta). <\/p>\n
En sentencia de 27 de septiembre de 1961, al tratar las distinciones entre el \u00abhecho jur\u00eddico\u00bb y el \u00abacto jur\u00eddico\u00bb, defini\u00f3 de esta manera a los \u00faltimos: <\/p>\n
\u201cLa distinci\u00f3n entre actos y hechos jur\u00eddicos, por necesidad l\u00f3gica, se ha impuesto al legislador como criterio diferencial en materia de restricci\u00f3n o libertad probatoria. Porque, siendo el acto jur\u00eddico una manifestaci\u00f3n de voluntad, que tiene por fin la creaci\u00f3n, la modificaci\u00f3n o la extinci\u00f3n de un derecho, es posible, en el momento en que tal manifestaci\u00f3n se produce, consignarla por escrito, ya en orden a la constituci\u00f3n misma del acto, ya para que le sirva simplemente de prueba\u201d (Subrayas y negrillas fuera del original). <\/p>\n
5.2.2. La categor\u00eda de acto o negocio jur\u00eddico, explica la raz\u00f3n por la cual la Sala se ha valido para calificar conductas o situaciones de la m\u00e1s variada \u00edndole. Y sin importar, dicho sea de paso, si son gobernadas por las normas del Derecho Civil o del Derecho Comercial. Tocante a los contratos, se ha calificado como tales al de agencia10; el dep\u00f3sito11; el seguro12; el mandato13; el transporte14; e, inclusive, la compraventa15. <\/p>\n
El calificativo se ha asignado a otros actos que responden a una tipolog\u00eda din\u00e1mica y filos\u00f3fica muy diferentes. Por ejemplo, el testamento16; la estipulaci\u00f3n para otro17; la daci\u00f3n en pago18; las cesiones de cr\u00e9ditos19 y del derecho de herencia20; el remate21; las particiones sucesorales22; y la opci\u00f3n en materia de venta23. <\/p>\n
5.2.3. El desarrollo jurisprudencial no se ha detenido. Es lugar com\u00fan considerar el acto jur\u00eddico como una instituci\u00f3n aut\u00f3noma, particular y plenamente individualizada. Por su abstracci\u00f3n, susceptible de cobijar m\u00faltiples fen\u00f3menos, m\u00e1s all\u00e1 de la mera individualidad de las figuras y subespecies negociales que le conforman. <\/p>\n
La jurisprudencia de la Sala ha puesto de presente c\u00f3mo es posible construir, a partir de las normas legales, una aut\u00e9ntica teor\u00eda, general y propia, del acto o negocio jur\u00eddico. Por esto, ha preferido, desde el punto de vista t\u00e9cnico, referir una interpretaci\u00f3n del negocio jur\u00eddico m\u00e1s que del contrato24. Lo propio puede sostenerse respecto de la simulaci\u00f3n25, de la rescisi\u00f3n por lesi\u00f3n de ultramitad26, de la acci\u00f3n pauliana o revocatoria27, y de la oblicua o subrogatoria28, esta \u00faltima, en caso de aceptarse su existencia. <\/p>\n
5.2.4. El fen\u00f3meno de la eficacia, y de su ant\u00edpoda, la ineficacia, que ocupa lugar protag\u00f3nico en la teor\u00eda del acto o negocio jur\u00eddico, tampoco ha escapado a este lento pero irrefrenable desarrollo. La Corporaci\u00f3n, desde \u00e9pocas bien tempranas, ha venido haciendo alusi\u00f3n al mismo29. Su concepto, magistralmente expuesto en 1968, es el siguiente: <\/p>\n
\u201cIneficaz, en t\u00e9rminos globales, es el negocio carente de las consecuencias propias de la autonom\u00eda privada en general o de aquellas caracter\u00edsticas de la figura. En tal acepci\u00f3n, la ineficacia comprende todo desconocimiento o alteraci\u00f3n de dichos resultados (\u2026) La ineficacia en sentido propio o restringido, consiste en la alteraci\u00f3n de los resultados finales de la figura, aquellos que responden a su funci\u00f3n pr\u00e1ctico-social, cimentados en el compromiso, pero que no se cofunden con \u00e9l; alteraci\u00f3n en m\u00faltiples aspectos: por estipulaci\u00f3n particular que refiere tales efectos a acontecimientos futuros, ciertos o aleatorios, en forma de condici\u00f3n, t\u00e9rmino o modo; por determinaci\u00f3n legal, que los subordina a su iniciaci\u00f3n o en su permanencia a determinados factores contingentes (condicio iuris); o por fuerza de una impugnaci\u00f3n de parte o de un extra\u00f1o legitimado para ello, factores ex\u00f3genos, pero referidos al negocio, en \u00edntima conexi\u00f3n con \u00e9l, que influyen decisivamente en su marcha, sin afectar su validez, circunscritos en su operancia a los resultados pr\u00e1cticos de la reglamentaci\u00f3n de intereses.\u201d (Sentencia de 21 de mayo). <\/p>\n
La doctrina de los expositores30, y la Corte con ellos, convienen en que la invalidez31, como categor\u00eda de la ineficacia que es32, se erige en uno de los conceptos m\u00e1s importantes dentro del Derecho del Negocio o Acto Jur\u00eddico. Es una de las instituciones con el m\u00e1s prol\u00edfico \u2013y no siempre uniforme- desarrollo jurisprudencial. Prueba de ello, es el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala. <\/p>\n
5.3. Los art\u00edculos 117, 118 y 140, numeral 2\u00ba del C\u00f3digo Civil establecen, en t\u00e9rminos generales, que los menores de dieciocho a\u00f1os y mayores de catorce a\u00f1os, hombres o mujeres33, \u00abno pueden contraer matrimonio sin el permiso expreso, por escrito, de sus padres\u00bb. La transcripci\u00f3n denota dos circunstancias. <\/p>\n
Una, las personas entre esos rangos de edad son due\u00f1as de la decisi\u00f3n para unirse en matrimonio. Otra, la falta de autorizaci\u00f3n no es algo de la esencia del acto, pues no genera su nulidad. Conlleva, solamente, consecuencias econ\u00f3micas. El eventual desheredamiento y revocatoria de las donaciones recibidas antes de las nupcias. As\u00ed se prev\u00e9 en los c\u00e1nones124 y 125 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Ese ha sido el parecer de la Corte Constitucional. Lo asent\u00f3 al examinar la constitucionalidad del art\u00edculo 117 del C\u00f3digo Civil. Como lo se\u00f1al\u00f3, \u00abalgunas legislaciones, entre ellas la de Espa\u00f1a y Francia, permiten demandar la nulidad del matrimonio del menor, cuando se celebra sin el permiso debido. Entre nosotros no existe la nulidad, sino una sanci\u00f3n menos grave\u00bb34. <\/p>\n
Lo mismo, en l\u00ednea general, lo sostuvo al examinar la constitucionalidad del art\u00edculo 125 del C\u00f3digo Civil. Refiri\u00e9ndose a los efectos econ\u00f3micos, no a la capacidad de los menores de dieciocho a\u00f1os y mayores de catorce, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026), la ausencia de permiso para celebrar el matrimonio no afecta su validez ni mengua los efectos del contrato matrimonial, sino que dota a los padres de una herramienta eficaz, tanto para obligar a los menores a tomar una decisi\u00f3n reflexiva, como para que, en el evento de que el matrimonio se realice no obstante la falta de permiso, los padres o quienes en esta importante misi\u00f3n los sustituyen, mitiguen, al menos patrimonialmente, las consecuencias de la decisi\u00f3n\u201d35. <\/p>\n
5.3.1. La sentencia C-507-0436 que discuti\u00f3 la exequibilidad de los art\u00edculos 34 y 140, numeral 2 del C\u00f3digo Civil, con relaci\u00f3n a la nulidad matrimonio contra\u00eddo por los menores de 14 a\u00f1os, reiter\u00f3 la tesis de la sentencia C-344 de 1993 que declar\u00f3 exequible el canon 124, ib\u00eddem, respecto del desheredamiento por causa del matrimonio contra\u00eddo por adolescentes sin el consentimiento de sus representantes; as\u00ed como la inserta en C-1264 de 2000 tocante con el precepto 125, ej\u00fasdem, a prop\u00f3sito de la revocabilidad de las donaciones por carencia de asenso para el p\u00faber para ese acto solemne. En todas esas hip\u00f3tesis encontr\u00f3 ajustado al ordenamiento el matrimonio de las personas celebrado desde los catorce a\u00f1os, antes de adquirir la mayor\u00eda de edad o la plena capacidad. <\/p>\n
Para esta Corte la capacidad de obligarse y de asumir responsabilidad por quien se casa o inicia una uni\u00f3n marital, desde los 14 a\u00f1os (edad nivelada por la decisi\u00f3n judicial C-507 de 2004), deviene razonable por virtud de la progresividad de las facultades morfol\u00f3gicas, f\u00edsicas, ps\u00edquicas y de discernimiento de los adolescentes; por causa del aprendizaje din\u00e1mico y del creciente descubrimiento del mundo, como menores adultos, para asumir directamente el ejercicio de derechos y deberes con relaci\u00f3n a la formaci\u00f3n de una familia. De tal modo que a\u00fan cuando resultan nulos absolutamente los actos de infantes e imp\u00faberes; con relaci\u00f3n a los menores adultos, el ordenamiento los habilita expl\u00edcitamente para unirse y formar una familia y para asumir las responsabilidades del caso, motivo por el cual, con relaci\u00f3n a \u00e9stos, no puede predicarse por esa sola circunstancia, la ineficacia de la uni\u00f3n marital de hecho o del matrimonio que contraigan. Por ello, justamente, pueden obtener la emancipaci\u00f3n (312 del C\u00f3digo Civil). <\/p>\n
Si matrimonio y uni\u00f3n marital se hallan asimiladas en un todo en casos de este linaje, salvo en cuanto tiene que ver con el r\u00e9gimen sancionatorio, no puede predicarse inexistencia o nulidad de los actos que permiten formar esta familia consensual por las personas mayores de 14 a\u00f1os, porque es el ejercicio de la la libertad general de hacer o no hacer algo, de fundar una familia; pero tambi\u00e9n es obligaci\u00f3n por parte del Estado, la de respetarla y protegerla por virtud de la protecci\u00f3n reforzada de los menores adultos prevista en la regla 45 de la Carta37, y por tratarse del ejercicio de la garant\u00eda a no ser molestado o perturbado en las opciones vitales, no prohibidas por el ordenamiento. <\/p>\n
5.3.2. El corpus iuris internacional otorga a los propios Estados, la potestad de regular la edad para contraer el matrimonio; del mismo modo, en coherencia con ese cuerpo normativo, el art\u00edculo 42 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica defiere o reserva a la ley, esa facultad cuando expresa: \u201clas formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y derechos (\u2026) se rigen por la ley civil\u201d. Por consiguiente, es el legislativo quien tiene la atribuci\u00f3n para fijar la edad apropiada para contraer matrimonio o para dar eficacia a la uni\u00f3n marital, ampliando el rango etario, por ejemplo, dej\u00e1ndolo en los 14 a\u00f1os, fij\u00e1ndolo en 16 o en 18 a\u00f1os. <\/p>\n
De tal modo, lo previsto por el ordenamiento se aviene a la autorizaci\u00f3n constitucional y armoniza con los convenios y tratados internacionales sobre la materia, en especial, con el sistema interamericano de derechos humanos. Por ejemplo, la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos (CADH) en el art\u00edculo 17.2 dispone que el hombre y la mujer tienen derecho a a contraer matrimonio y a fundar una familia, siempre y cuando \u201c(\u2026) tengan la edad y las dem\u00e1s condiciones requeridas para ello por las leyes internas, y \u00e9stas no afecten el principio de no discriminaci\u00f3n establecido en la Convenci\u00f3n\u201d. De modo que si la nulidad es una sanci\u00f3n legal, que debe estar prevista normativamente, sin estarlo, resulta vano reclamarla, con mayor raz\u00f3n, cuando en lo tocante con la edad, es facultad del legislador desplazarla o limitarla, interpretando los signos de los tiempos y de la cultura. Por ese motivo en materia de edad m\u00ednima para formar una pareja los ordenamientos de los pa\u00edses adoptan diversos baremos. <\/p>\n
Precisamente la sentencia C-507 de 2004, alude al conocido caso de Khan v. UK (1986) donde la Comisi\u00f3n Europea estudi\u00f3 la situaci\u00f3n de una persona condenada por haber tenido relaciones sexuales con una ni\u00f1a menor de 16 a\u00f1os, al haber contra\u00eddo matrimonio, seg\u00fan la ley isl\u00e1mica que autorizaba casarse desde los 12 a\u00f1os, uni\u00f3n celebrada, sin el consentimiento de sus padres. El asunto no fue llevado a la Corte Europea de Derechos Humanos porque la Comisi\u00f3n lo neg\u00f3 al considerar \u201cmanifiestamente infundado\u201d al establecer que el derecho a casarse est\u00e1 sujeto a las leyes internas de cada Estado, las cuales gobiernan su ejercicio. <\/p>\n
5.3.3. Las sanciones que fija el legislador por no obtener el asenso por parte de los menores adolescentes para casarse, no adicionan ni suplen la capacidad o la voluntad negocial, porque la ley, hasta el momento, como en el caso concreto, considera a las parejas que hayan alcanzado esa edad, plenamente capaces para constitu\u00edr una familia por v\u00ednculos naturales o jur\u00eddicos, as\u00ed haya alguna incongruencia entre capacidad g\u00e9nesica y consentimiento plenamente maduro. <\/p>\n
5.4. El derecho a conformar libremente una familia por v\u00ednculos jur\u00eddicos o naturales, desde luego, es un derecho fundamental. Como se expresa en el art\u00edculo 42 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, surge de la \u201cdecisi\u00f3n libre\u201d de contraer matrimonio o de la \u201cvoluntad responsable\u201d de conformarla. Esa libertad y voluntad se predica igualmente y en forma directa de los mayores de catorce a\u00f1os y menores de dieciocho a\u00f1os. Al fin de cuentas son sus protagonistas. <\/p>\n
Conforme a su edad y madurez, en efecto, deben decidir sobre sus propias vidas y asumir responsabilidades. Nadie m\u00e1s podr\u00eda ser due\u00f1o de sus destinos. As\u00ed que se les debe considerar personas libres y aut\u00f3nomas y con la plenitud de sus derechos. Son ellos, entonces, quienes deben tomar la \u00abdecisi\u00f3n libre\u00bb de casarse o de la \u00abvoluntad responsable\u00bb de conformar una familia. <\/p>\n
5.5. La igualdad de derechos y deberes de las parejas en sus relaciones de familia (art\u00edculo 42, inciso 4\u00ba de la Carta Pol\u00edtica), ha llevado a la jurisprudencia a asimilar, en general, al matrimonio y la uni\u00f3n marital de hecho. <\/p>\n
En sentencia de 25 de octubre de 1994, esta Corte se\u00f1al\u00f3 que la \u00abConstituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 (\u2026), reconoce la familia extramatrimonial y ordena dar un trato al que se le da a la familia matrimonial\u201d. En fallo de 5 de noviembre de 1998, adoctrin\u00f3 que la \u00abCarta protege la familia extramatrimonial en cuanto llene las caracter\u00edsticas de la familia matrimonial, pudiendo afirmarse que para serlo solamente faltar\u00eda el v\u00ednculo conyugal, debiendo ser tratada de manera semejante, en plano de igualdad\u00bb. <\/p>\n
Esta doctrina ha sido uniforme y reiterada. As\u00ed puede verse en auto de 17 de junio de 2008 y en las sentencias de 11 de marzo de 2009, de 26 de noviembre de 2010 y de 24 de febrero de 2011, entre otras muchas. En \u00faltimas, con algunos matices, en la actualidad, la uni\u00f3n marital de hecho recibe un tratamiento an\u00e1logo al matrimonio. <\/p>\n
5.6. Sin embargo, el permiso para que los menores de dieciocho a\u00f1os y mayores de catorce a\u00f1os puedan contraer nupcias no es predicable de la uni\u00f3n marital de hecho. Esto constituye una de sus exclusiones. <\/p>\n
5.6.1. La voluntad responsable para conformar la uni\u00f3n marital surge de facto y el consentimiento de sus protagonistas aparece impl\u00edcito. Y si su constituci\u00f3n no se encuentra sujeta a tr\u00e1mites previos, ning\u00fan escenario existir\u00eda para exigir y diligenciar el referido benepl\u00e1cito <\/p>\n
5.6.2. Lo m\u00e1s importante, las consecuencias adversas derivadas de la falta de permiso, proh\u00edben correlacionar esos efectos. El legislador las previ\u00f3 para el matrimonio, no para la uni\u00f3n marital de hecho. Y como se trata de sanciones, no se pueden aplicar extensivamente. <\/p>\n
La doctrina \u00abestima como ileg\u00edtimo el empleo de la analog\u00eda cuando se trata de sanciones. Nuestro orden jur\u00eddico ha aceptado como regla fundamental el postulado de que sin texto legal claro y preciso no puede existir sanci\u00f3n. Ese postulado tiene vigencia no solo en el derecho penal (nulla poena sine lege), sino tambi\u00e9n en el derecho civil. Todo se reduce a saber qu\u00e9 debe entenderse por sanci\u00f3n en derecho civil. En general, es sanci\u00f3n civil todo perjuicio que haya de sufrir uno de los contratantes. As\u00ed, la nulidad de un contrato constituye sanci\u00f3n, pues al ser anulado el contrato, la parte beneficiada de \u00e9l sufre un perjuicio\u00bb38. <\/p>\n
El car\u00e1cter sancionatorio del desheredamiento, incluida la indignidad, ha sido tambi\u00e9n pac\u00edfico en la jurisprudencia constitucional. En ella se dej\u00f3 sentado que \u00abtanto la indignidad como el desheredamiento son una sanci\u00f3n, una pena, de car\u00e1cter civil, y en ello son semejantes\u00bb39. <\/p>\n
La restricci\u00f3n tiene su raz\u00f3n de ser en el principio de legalidad. Trat\u00e1ndose de disposiciones de naturaleza sancionatoria, su operatividad \u00fanicamente lo es en los casos para los cuales fueron promulgadas. <\/p>\n
5.7. Frente a lo discurrido, surge claro, el Tribunal no incurri\u00f3 en el error iuris in iudicando denunciado. <\/p>\n
Si constat\u00f3, como as\u00ed se entiende, dado el ataque por la v\u00eda directa, que el demandante, al inicio de la uni\u00f3n marital de hecho, contaba apenas con catorce a\u00f1os y ocho meses, ello no obstaba la uni\u00f3n marital solicitada. Como la declar\u00f3, la cuesti\u00f3n implicaba, por una parte, que el actor s\u00ed gozaba de capacidad para conformarla. Y, por otra, que ninguna restricci\u00f3n se opon\u00eda, como la se\u00f1alada en el art\u00edculo 117 del C\u00f3digo Civil. La norma, ciertamente, de manera alguna aplicaba. Y en la hip\u00f3tesis de ser de recibo, sus incidencias ser\u00edan patrimoniales, no personales. <\/p>\n
Si lo anterior fuera poco, el supuesto impedimento, referido a la incapacidad para surgir la relaci\u00f3n personal, nada ten\u00eda que ver con el art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 54 de 1990. La raz\u00f3n estriba en que, se reitera, dicho precepto trata los efectos econ\u00f3micos. De ah\u00ed que, en el caso de existir la causal, enervar\u00eda la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, no la uni\u00f3n marital de hecho. La disposici\u00f3n, por tanto, tampoco pudo ser transgredida. <\/p>\n
5.8. Concluido que el precursor s\u00ed ten\u00eda capacidad para iniciar una uni\u00f3n marital de hecho a los catorce a\u00f1os y ocho meses, pasa la Corte a establecer si el Tribunal se equivoc\u00f3 al dejarla probada. <\/p>\n
5.8.1. Los errores probatorios que se pueden alegar en casaci\u00f3n son de hecho y de derecho. <\/p>\n
En cambio, los de derecho se refieren a la diagnosis jur\u00eddica de las pruebas, a su raciocinio. Aqu\u00ed obra el pensamiento, no los sentidos. Tienen lugar, en general, cuando se desconocen las normas que regulan su solicitud, decreto, admisi\u00f3n, pr\u00e1ctica, incorporaci\u00f3n y valoraci\u00f3n. <\/p>\n
5.8.2. La censura, en el caso, no discute que las probanzas recopiladas, en especial, los distintos testimonios, indicaban la uni\u00f3n marital de hecho; pretende demeritar tales declaraciones. Seg\u00fan la recurrente, derivado de la familiaridad y cercan\u00eda de los testigos con el demandante, eran parcializados, temerarios e irreales. <\/p>\n
Supone lo anterior dos cosas. Por una parte, que el Tribunal pas\u00f3 de largo sobre las circunstancias que daban lugar a dudar de la credibilidad de los deponentes. Por otra, que les dio eficacia demostrativa, empero, ayunos de respaldo en otros medios de convicci\u00f3n. Sin embargo, como pasa a verse, nada de ello tuvo ocurrencia. <\/p>\n
Lo primero, el Tribunal, expresamente, se\u00f1al\u00f3 que los motivos de sospecha carec\u00edan de sustento. As\u00ed que, en la fijaci\u00f3n del contenido objetivo de la prueba, no omiti\u00f3 los hechos que hac\u00edan dudar de la credibilidad de los testigos. <\/p>\n
En lo dem\u00e1s, tampoco incurri\u00f3 en error al otorgarle eficacia demostrativa al dicho de los parientes y allegados del demandante. Seg\u00fan lo se\u00f1al\u00f3, encontraban corroboraci\u00f3n en otros medios de convicci\u00f3n. En general, con lo manifestado por otros deponentes. Y en especial, con las declaraciones trasladadas de otro proceso de familia. <\/p>\n
La tacha de sospecha, la parcialidad del testigo (ahora en el marco del art\u00edculo 211 del C\u00f3digo General del Proceso), por s\u00ed, al afectar \u201csu credibilidad o imparcialidad\u201d por razones de parentesco, dependencia, sentimiento o inter\u00e9s, que ha de formularse con expresi\u00f3n de los motivos en que se funda y se analiza en el momento de fallar, no es suficiente para menguar la fuerza demostrativa de un testimonio. De esa sola circunstancia, sin m\u00e1s, no cabe inferir que el testigo falt\u00f3 a la verdad. En palabras de la Corte: <\/p>\n
\u00ab[L]a sospecha no descalifica de antemano \u2013pues ahora se escucha al sospechoso-, sino que simplemente se mira con cierta aprensi\u00f3n a la hora de auscultar qu\u00e9 tanto cr\u00e9dito merece. Por suerte que bien puede ser que a pesar de la sospecha haya modo de atribuirle credibilidad a testigo semejante, si es que, primeramente, su relato carece de mayores objeciones dentro de un an\u00e1lisis cr\u00edtico de la prueba, y, despu\u00e9s \u2013acaso lo m\u00e1s prominente- halla respaldo en el conjunto probatorio\u00bb40. <\/p>\n
5.8.3. Para la recurrente, con todo, el demandante, dada su minoridad para la \u00e9poca de los hechos, habitaba con sus padres. Estos lo manten\u00edan y le pagaban sus estudios. Adem\u00e1s, Erica Beltr\u00e1n Cifuentes, la supuesta compa\u00f1era permanente, viv\u00eda con su hija en una residencia propia, lugar donde no hac\u00eda vida con nadie. <\/p>\n
La alegaci\u00f3n, sin embargo, no aparece en el contenido de las declaraciones de los familiares del pretensor. En concreto, en las de Mar\u00eda \u00c1ngela G\u00f3mez Ar\u00e9valo y Ricardo Cifuentes, sus padres (folios 7 y 8). Tampoco en la de su abuelo, Tob\u00edas Cifuentes Jim\u00e9nez (folios 8 y 10). Esto confirma que el Tribunal no result\u00f3 contraevidente. Menos cuando dej\u00f3 sentado que los dichos de aquellos ten\u00edan respaldo en otros medios de convicci\u00f3n. <\/p>\n
5.9. El cargo, en su contexto, igualmente fracasa. <\/p>\n
6. DECISI\u00d3N <\/p>\n
Las costas en casaci\u00f3n corren a cargo de los recurrentes. En la liquidaci\u00f3n, incl\u00fayase la suma de seis millones de pesos ($6\u2019000.000), por concepto de agencias en derecho, teniendo en cuenta que la demanda fue replicada por la parte actora opositora. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y cumplido lo anterior, devu\u00e9lvase el expediente a la oficina de origen. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
(Presidente de Sala) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Con aclaraci\u00f3n de voto) <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-10-004-2013-00820-01 <\/p>\n
Aunque estoy de acuerdo con la decisi\u00f3n de no casar la sentencia del 31 de mayo de 2016, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, disiento de las razones que se expusieron en dicha providencia, en lo concerniente a la definici\u00f3n del segundo cargo. <\/p>\n
No comparto que, percibido el error de t\u00e9cnica del recurrente al \u00abacusar la comisi\u00f3n de errores de juzgamiento por la v\u00eda indirecta y desarrollarlos como de procedimiento\u00bb, se hubiera estudiado el embate de fondo, aduciendo que la \u00abinformalidad (\u2026) \u00fanicamente se entronca con la nominaci\u00f3n de la falta, no con el contenido\u00bb, por lo que la sala pod\u00eda interpretarlo y resolverlo \u00abpor el camino adecuado\u00bb, al tamiz de la causal quinta. <\/p>\n
Si bien es cierto que el C\u00f3digo General del Proceso flexibiliz\u00f3 el estudio del recurso de casaci\u00f3n en los t\u00e9rminos de los par\u00e1grafos 1\u00b0 a 3\u00b0 del art\u00edculo 344, de all\u00ed no se deriva la absoluta discrecionalidad de la Corte para desconocer las exigencias que conlleva la formulaci\u00f3n de los cargos en esta extraordinaria v\u00eda de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
En mi criterio, como la situaci\u00f3n advertida al momento de discernir sobre el segundo embate da cuenta de que su proponente se alej\u00f3 por completo de la exigencia de exponer los fundamentos que le serv\u00edan de soporte para dar v\u00eda a la segunda causal de casaci\u00f3n que ata\u00f1e a la violaci\u00f3n indirecta de normas sustanciales por error de hecho o de derecho, esto es, por vicios in iudicando, su an\u00e1lisis a partir de criterios de un posible yerro in procedendo, es a todas luces inadmisible, en la medida que no se ajusta a ninguna de las hip\u00f3tesis excepcionales previstas en los par\u00e1grafos 1\u00b0 a 3\u00b0 del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En s\u00edntesis, no comparto que en casaci\u00f3n se pueda estudiar un cargo planteado como in iudicando, por el sendero de los vicios in procedendo, sin embargo, como de todas maneras \u00e9ste no sali\u00f3 avante, mi reflexi\u00f3n queda expuesta a manera de aclaraci\u00f3n en el sentido indicado. <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 CSJ. Civil. Sentencia SC8210 de 21 junio de 2016. <\/p>\n
2\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 19 de diciembre de 2011, radicaci\u00f3n 00084. <\/p>\n
3\u0002 GUERRERO, Mario. La Simulaci\u00f3n en el Derecho Civil Colombiano. 1957. P\u00e1gs. 13-18; NAM\u00c9N VARGAS, William. La Ineficacia del Negocio Jur\u00eddico. En: VENEGAS FRANCO, Alejandro\/ C\u00c1RDENAS MEJ\u00cdA, Juan Pablo\/MANTILLA ESPINOSA, Fabricio (Editores). Estudios de Derecho Privado. Homenaje a C\u00e9sar G\u00f3mez Estrada. Tomo II. 2009. P\u00e1g. 190; RAMIREZ BAQUERO, Edgar. La Ineficacia en el Negocio Jur\u00eddico. 2008. 12 pie de p\u00e1gina 1; RODRIGUEZ AZUERO, Sergio. Contratos Bancarios. Su Significaci\u00f3n en Am\u00e9rica Latina. 2009. P\u00e1gs. 56-57; OSPINA FERN\u00c1NDEZ, Guillermo\/OSPINA ACOSTA, Eduardo. Teor\u00eda General del Contrato y del Negocio Jur\u00eddico. 2015. P\u00e1gs. 5-17; OSPINA FERN\u00c1NDEZ, Guillermo. R\u00e9gimen General de las Obligaciones. 2008. P\u00e1gs. 37-38; HINESTROSA, Fernando. Tratado de las Obligaciones II. De las fuentes de las obligaciones: El Negocio Jur\u00eddico. Vol. I. 2015. P\u00e1gs. 65-66. Entre los m\u00e1s significativos. <\/p>\n
4\u0002 Cfr. CSJ SSC del 4 y del 21 de mayo de 1968; del 2 de julio de 1993; del 8 de septiembre de 2011; del 13 de mayo de 2013; del 15 de enero y del 24 de febrero de 2015. <\/p>\n
5\u0002 SCALISI, Vincenzo. La Teoria del Negozio Giuridico a Cento Anni dal BGB. En: CEDAM (Editor). I Cento Anni dal Codice Civile Tedesco in Germania e nella Cultura Giuridica Italiana. Atti del Convegno di Ferrara (26-28 de septiembre de 1996). 2002. P\u00e1g. 177; HINESTROSA, Fernando. Tratado de las Obligaciones II. De las fuentes de las obligaciones: El Negocio Jur\u00eddico. Vol. I. P\u00e1g. 219. <\/p>\n
6\u0002 V\u00e9ase: MEDICUS, Dieter. Il Ruolo Centrale delle Disposizioni Relative al Negozio Giuridico. En: En: CEDAM (Editor). I Cento Anni dal Codice Civile Tedesco in Germania e nella Cultura Giuridica Italiana. Atti del Convegno di Ferrara (26-28 de septiembre de 1996). 2002. P\u00e1gs. 155-176; MARKESINIS, Sir Basil\/UNBERATH, Hannes\/JOHNSON, Angus. The German Law of Contract. 2006. P\u00e1gs. 25-27; es encomiable, sobre el punto, la consulta de las ya cl\u00e1sicas obras de Andreas Von Tuhr y Karl Larenz (disponibles en castellano): VON TUHR, Andreas. Tratado de las Obligaciones. 2007. P\u00e1gs. 81 y ss.; LARENZ, Karl. Derecho de las Obligaciones. Tomo I. Trad. de Jaime Santos Briz. 1958. P\u00e1gs. 55-58; LUDWIG ENNECCERUS, Ludwig. Derecho Civil (Parte General). Vol. II. 1981. Trad. de Blas P\u00e9rez y Jos\u00e9 Alguer. P\u00e1gs. 62 y ss.; LANGE, Heinrich. BGB. Allgemeiner Teil. 1961. P\u00e1gs. 251 y ss.; HATTENHAUER, Hans. Conceptos Fundamentales del Derecho Civil. 1987. P\u00e1gs. 63-75. <\/p>\n
7\u0002 Cfr. SCALISI, Vincenzo. La Teoria del Negozio Giuridico a Cento Anni dal BGB. En: CEDAM (Editor). I Cento Anni dal Codice Civile Tedesco in Germania e nella Cultura Giuridica Italiana. Atti del Convegno di Ferrara (26-28 de septiembre de 1996). 2002. P\u00e1gs. 177-236; GALGANO, Francesco. Diritto Privato. 2013. P\u00e1gs. 233-236: COVIELLO, Nicol\u00e1s. Doctrina General del Derecho Civil. Traducci\u00f3n de Felipe de J. Tena. 1938. P\u00e1gs. 342-355; PARADISO, Massimo. Corso di Istituzioni di Diritto Privato. 2004. P\u00e1gs. 97-99; ZATTI, Paolo\/COLUSSI, Vittorio. Lineamienti di Diritto Privato. 2003. P\u00e1gs. 117-119; TRIMARCHI, Pietro. Istituzioni di Diritto Privato. 2002. P\u00e1gs. 152-153; BETTI, Emilio. Teor\u00eda General del Negocio Jur\u00eddico. Trad. de A. Mart\u00edn P\u00e9rez. 2000. P\u00e1gs. 43 y ss.; MESSINEO, Francesco. Manual de Derecho Civil y Comercial. Tomo II. Trad. de Santiago Mendis Melendo. 1954. P\u00e1gs. 332 y ss. <\/p>\n
8\u0002 ESP\u00cdN, Diego. Manuel de Derecho Civil. Vol. I. Parte General. 1974. P\u00e1gs. 406 y ss.; DIEZ PICAZO, Luis. Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial. Vol. I. Introducci\u00f3n Teor\u00eda del Contrato. 2007. P\u00e1gs. P\u00e1gs. 91-102; ALBADALEJO GARC\u00cdA, Manuel. El Hecho Jur\u00eddico. 2013. P\u00e1gs. 59 y ss.; DIEZ PICAZO, Luis\/GULL\u00d3N, Antonio. Sistema de Derecho Civil. Vol. I. 1982. P\u00e1gs. 500-519; DE CASTRO Y BRAVO, Federico. El Negocio Jur\u00eddico. 1985. P\u00e1gs. 1 y ss.; DE CASSO Y ROMERO, Ignacio\/CERVERA Y JIM\u00c9NEZ-ALFARO, Francisco. Diccionario de Derecho Privado. Tomo II. 1950. P\u00e1gs. 2740-2748. <\/p>\n
9\u0002 Cfr. PLANIOL, Marcel\/RIPERT, Georges. Trait\u00e9 \u00c9l\u00e9mentaire de Droit Civil. Tomo I. 1928. P\u00e1gs. 105 y ss.; JOSSERAND, Louis. Derecho Civil. Teor\u00eda General de las Obligaciones. Traducci\u00f3n de Santiago Cuchillos Manterola. 1950. P\u00e1g. 13; LARROUMET, Christian. Derecho Civil. Introducci\u00f3n al Estudio del Derecho Privado. Traducci\u00f3n a cargo de Viviana D\u00edaz Perilla. P\u00e1gs. 377-329; y, especialmente, COLIN, Ambroise\/CAPITANT, Henri. Cours \u00c9l\u00e9mentaire de Droit Civil Fran\u00e7ais. Tomo I. 1939. P\u00e1gs. 61 y ss. <\/p>\n
10\u0002 CSJ SSC del 2 de julio de 2010; del 19 de octubre de 2011; y del 19 de junio de 2015. <\/p>\n
11\u0002 CSJ SSC del 21 de noviembre de 2005; y del 26 de febrero de 2010. <\/p>\n
12\u0002 CSJ SSC del 19 de septiembre de 2002; del 12 de febrero, del 28 de julio y del 22 de noviembre de 2005; del 27 de agosto y del 19 de diciembre de 2008; del 14 de julio de 2009 (fallo sustitutivo); del 1 de septiembre y del diciembre de 2010; del 5 de abril de 2011; del 25 de mayo y del 18 de diciembre de 2012; del 28 de mayo, del 25 de agosto y del 7 de octubre de 2015. <\/p>\n
13\u0002 CSJ SSC del 1 de abril de 2007; del 31 de mayo de 2010; y del 1 de julio de 2014. <\/p>\n
14\u0002 CSJ SSC del 8 de noviembre de 2005; y del 16 de diciembre de 2010. <\/p>\n
15\u0002 CSJ SSC del 26 de octubre de 1995; del 5 de abril de 2001; del 13 de junio de 2002; del 1 de diciembre de 2004; del 5 de agosto de 2009; y del 15 de diciembre de 2013. <\/p>\n
16\u0002 CSJ SSC del 20 de febrero de 1968; del 22 de abril de 2002; del 26 de octubre y del 15 de diciembre de 2004; del 13 de julio de 2005; del 29 de septiembre de 2006; y del 17 de septiembre de 2010. <\/p>\n
17\u0002 CSJ SC del 1 de julio de 2009. <\/p>\n
19\u0002 CSJ SSC del 1 de diciembre de 2011; y del 23 de octubre de 2015. <\/p>\n
20\u0002 CSJ SSC del 20 de mayo de 2003; y del 9 de noviembre de 2006. <\/p>\n
21\u0002 CSJ SSC del 16 de septiembre de 1940; del 14 de julio de 1953; del 3 de octubre de 1955; del 22 de febrero 1963; del 23 de marzo de 1981; del 22 de abril de 1987; del 1 de diciembre de 2000; y del 9 de julio de 2008. <\/p>\n
22\u0002 CSJ SSC del 13 de marzo de 1964; 11 de marzo de 1994; 23 de febrero de 2000; y del 30 de junio de 2011. <\/p>\n
23\u0002 CSJ SSC del 23 de junio y del 28 de julio de 2000. <\/p>\n
24\u0002 CSJ SSC del 12 de noviembre de 1936; del 3 de febrero de 1938; del 24 de marzo de 1955; del 11 de septiembre de 1984; del 15 de mayo de 1992; del 14 de agosto de 2000; del 28 de febrero de 2005; del 29 de octubre de 2007; del 7 de febrero y del 27 de mayo de 2008; del 6 de julio de 2009; del 2 de julio de 2010; del 30 de agosto de 2011; del 27 de marzo de 2012; del 24 de julio de 2012; del 19 de septiembre de 2013; del 9 de septiembre de 2014; y del 22 de julio de 2015. <\/p>\n
25\u0002 CSJ SSC del 17 de junio de 1963; del 13 de agosto de 1964; del 26 de mayo de 1968; del 24 de julio de 1969; del 13 de junio de 2002; del 16 de diciembre de 2003; del 24 de octubre de 2006; del 16 de diciembre de 2010; y del 1 de noviembre de 2013. <\/p>\n
26\u0002 CSJ SSC del 31 de octubre de 1941; del 4 de mayo de 1968; del 15 de abril y del 13 de agosto de 1969; del 31 de marzo de 1982; del 16 de julio de 1993; del 9 de agosto de 1995; del 5 de mayo de 1998; del 23 de febrero de 2000; del 23 de agosto de 2000; del 13 de junio de 2002; del 23 de septiembre de 2002; del 9 de diciembre de 2005; del 17 de julio de 2006; del 16 de mayo y del 1 de diciembre de 2008; del 15 de diciembre de 2009; del 30 de junio y del 5 de diciembre de 2011; del 14 de junio de 2013; y del 18 de diciembre de 2014 <\/p>\n
27\u0002 CSJ SSC del 26 de octubre de 2004; del 14 de marzo de 2008; y del 25 de enero de 2010. <\/p>\n
28\u0002 CSJ SC del 2 de julio de 1993. <\/p>\n
29\u0002 CSJ SSC del 27 de agosto de 1935; del 8 de diciembre de 1936; del 9 de abril de 1937; del 29 de mayo de 1942; del 15 de abril de 1955; del 3 de julio de 1958; del 3 de julio de 1958; del 29 de agosto de 1963; del 29 de abril de 1966; del 4 y del 21 de mayo de 1968; del 30 de junio y del 5 de septiembre de 1972; del 23 de septiembre de 1974; del 4 de octubre de 1977; del 10 de octubre de 1978; del 19 de marzo de 1986; del 1 de marzo de 1991; del 2 de julio de 1993; del 16 de junio de 1995; del 24 de junio de 1997; del 14 de julio de 1998; del 24 de mayo y del 14 de junio de 2000; del 24 de febrero y del 13 de mayo de 2003; del 11 de marzo y del 1 de octubre de 2004; del 26 de enero, del 14 de febrero, del 24 de abril de 2006 y del 19 de diciembre de 2006; del 1 de julio, del 7 de octubre y del 19 de diciembre de 2008; del 31 de septiembre y del 3 de diciembre de 2009; del 11 de julio, del 30 de agosto, del 8 de septiembre y del 13 de octubre de 2011; de, 23 de marzo de 2012; del 13 de diciembre de 2013; del 10 de abril de 2014; y del 31 de julio de 2015. <\/p>\n
30\u0002 HINESTROSA FORERO, Fernando. Tratado de las Obligaciones II. De las Fuentes de las Obligaciones. El Negocio Jur\u00eddico. Vol. II. 2015. P\u00e1g. 707. <\/p>\n
31\u0002 La invalidez, m\u00e1s que un fen\u00f3meno predicable \u00fanicamente respecto de los contratos, es una figura que abarca, en l\u00ednea de principio, a cualquier acto o negocio jur\u00eddico, comercial o civil. V\u00e9ase, en este sentido, las CSJ SSC del 27 de agosto de 1935; del 22 de julio y del 24 de agosto de 1938; del 6 de octubre de 1942; del 21 de octubre de 1946; del 24 de marzo de 1950; del 28 de enero de 1952; del 20 de mayo de 1952; del 23 de mayo de 1955; del 17 de febrero de 1958; del 17 de octubre de 1962; del 17 de junio de 1963; del 13 de agosto de 1964; del 21 de mayo de 1968; del 24 de julio de 1969 y del 13 de agosto de 1969; del 12 de diciembre de 1970; del 12 de agosto y del 22 de octubre de 1971; del 10 de octubre de 1978; del 1 de diciembre de 1981; del 8 de septiembre de 1982; del 3 de mayo de 1984; del 22 de abril de 1987; del 13 de junio de 1991; del 1 de febrero de y del 7 de marzo de 1994; del 15 de junio y del 30 de octubre de 1995; del 24 de junio de 1997; del 18 de agosto de 1998; del 11 de abril y del 15 de junio de 2000; del 24 de febrero de 2003; del 1 de octubre de 2004; del 25 de abril, del 15 de agosto y del 19 de diciembre de 2006; del 30 de enero de 2007; del 1 de julio y del 19 de diciembre de 2008; del 23 de febrero de 2009; del 11 de julio de 2011; del 6 de marzo de 2012; del 15 de abril y del 19 de mayo de 2014; del 14 y del 31 de julio de 2015; y del 27 de agosto de 2015. <\/p>\n
32\u0002 Cfr. CSJ SSC 29 de mayo del 1942; del 10 de octubre de 1944; 8 de junio y 2 de septiembre de 1954; del 30 de septiembre de 1960; del 21 de mayo de 1968; del 24 de julio de 1969; del 24 de febrero de 2003; del 1 de octubre de 2004; del 1 de julio de 2008; del 19 de diciembre de 2008; del 13 de octubre de 2011; del 6 de marzo de 2012; del 14 de julio y del 19 de mayo de 2014; del 31 de mayo y del 14 de diciembre de 2015. En doctrina colombiana, v\u00e9ase, especialmente: BUENAVENTURA LALINDE, Eduardo\/SAAVEDRA LOZANO, Sa\u00fal. Derecho Romano. Traducciones y Apuntes. Tomo III. Segunda Parte. 1942. P\u00e1g. 100; CARREJO, Sim\u00f3n. Derecho Civil. Introducci\u00f3n-Personas. 1967. P\u00e1g. 83; CANOSA TORRADO, Fernando. Las Nulidades en el Derecho Civil. 1997. P\u00e1g. 25; OSPINA FERN\u00c1NDEZ, Guillermo\/OSPINA ACOSTA, Eduardo. Teor\u00eda General del Contrato y del Negocio Jur\u00eddico. 2015. P\u00e1gs. 434 y ss; HINESTROSA FORERO, Fernando. Tratado de las Obligaciones II. De las Fuentes de las Obligaciones. El Negocio Jur\u00eddico. Vol. II. 2015. P\u00e1gs. 707 y ss; RAM\u00cdREZ BAQUERO, \u00c9dgar. La Ineficacia en el Negocio Jur\u00eddico. 2009. P\u00e1gs. 51 y 53; NAM\u00c9N VARGAS, William. La Ineficacia del Negocio Jur\u00eddico. En: VENEGAS FRANCO, Alejandro\/C\u00c1RDENAS MEJ\u00cdA, Juan Pablo\/MANTILLA ESPINOSA, Fabricio (Editores). Estudios de Derecho Privado. Homenaje a C\u00e9sar G\u00f3mez Estrada. Tomo II. 2009. P\u00e1gs. 198-205. En Derecho espa\u00f1ol, al igual que en el nuestro, existe consenso en que la nulidad es una especie, si acaso la m\u00e1s importante, de la ineficacia; sobre el punto, cons\u00faltese: ESPIN CANOVAS, Diego. Derecho Civil Espa\u00f1ol. Tomo I. 1974. P\u00e1gs. 443-450; GORDILLO, Antonio. Nulidad, Anulabilidad e Inexistencia. En: AUTORES VARIOS. Centenario del C\u00f3digo Civil (1889-1989). Tomo I. 1990. P\u00e1g. 937; LASARTE, Carlos. Curso de Derecho Civil Patrimonial. Introducci\u00f3n al Derecho. 1991. P\u00e1gs. 345 y ss; y DIEZ PICAZO, Luis\/GULL\u00d3N, Antonio. Sistema de Derecho Civil. Tomo I. Vol. II. 2015. P\u00e1gs. 90-101; AMOR\u00d3S GUARDIOLA, Manuel. La Ineficacia del Negocio Jur\u00eddico. En: AUTORES VARIOS. Conferencias en Homenaje al Profesor Federico de Castro y Bravo. 1997. P\u00e1gs. 160 y ss.; y la importante obra: CASTRO Y BRAVO, Federico. El Negocio Jur\u00eddico. 1985. P\u00e1gs. 491 y ss. Lo mismo cabe sostener respecto del Derecho italiano: SCOGNAMIGLIO, Renato. Teor\u00eda General del Contrato. Trad. a cargo de Fernando Hinestrosa. 1961. P\u00e1gs. 302 y ss; GALGANO, Francesco. Diritto Privato. 2013. P\u00e1g. 297; COVIELLO, Nicol\u00e1s. Doctrina General del Derecho Civil. 1938. Trad. de Felipe de J. Tena. P\u00e1gs. 357 y ss.; BIGLIAZI CERI, Lina\/BRECCIA, Umberto\/ BUSNELLI, Francesco\/NATOLI, Ugo. Derecho Civil. Tomo I. Vol. II. Traducci\u00f3n de Fernando Hinestrosa. 1992. P\u00e1gs. 1033 y ss; ZATTI, Paolo\/COLUSSI, Vittorio. Lineamienti di Diritto Privato. 2003. P\u00e1g. 121. <\/p>\n
33\u0002 La Corte Constitucional mediante sentencia C-507 de 25 de mayo de 2004, declar\u00f3 inexequible la expresi\u00f3n \u201cde doce\u201d contenida en el numeral 2 del art\u00edculo 140 del C\u00f3digo Civil y equipar\u00f3 a catorce a\u00f1os la edad m\u00ednima de la mujer y del hombre para contraer nupcias. <\/p>\n
34\u0002 Corte Constitucional. Sentencia C-344 de 26 de agosto de 1993. <\/p>\n
35\u0002 Corte Constitucional. Sentencia C-1264 de 20 de septiembre de 2000. <\/p>\n
36\u0002 C.CONST. Sent. C-507 de 2004, del 25 de mayo de 2004, Mag. Pon Dr. Manuel Jos\u00e9 Cepeda Espinosa. <\/p>\n
37\u0002 \u201cEl adolescente tiene derecho a la protecci\u00f3n y a la formaci\u00f3n integral\u201d: C.N. de 1991, art. 45. <\/p>\n
38\u0002 VALENCIA ZEA, Arturo. Derecho civil. Tomo I. Parte general y personas. Bogot\u00e1, Temis, 1981, p\u00e1g. 186. <\/p>\n
39\u0002 Corte Constitucional. Sentencia C-430 de 27 de mayo de 2003. <\/p>\n
40\u0002 SSC CSJ del 28 de septiembre de 2004, expediente 07147; reiterada en la SC CSJ del 7 de noviembre de 2013. <\/p>\n
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SC3535-2021 (2013-00820-01)_2 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado Ponente SC3535-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-10-004-2013-00820-01 (Aprobado en Sala virtual de once de marzo de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintiuno (2021) Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Mar\u00eda […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56215","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56215","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56215"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56215\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56215"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56215"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56215"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}