SC3631-2021 (2017-00068-01)_1<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
SC3631-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-036-2017-00068-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide el recurso extraordinario de casaci\u00f3n que interpusieron las demandantes frente a la sentencia que el 20 de noviembre de 2019 profiri\u00f3 la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el proceso verbal promovido por Mammoet Lifting and Transport S.A.S., AIG Europe Limited y HDI-Gerling Verzekeringen N.V., contra Tayrona Off Shore Services S.A.S. y Tr\u00e1fico y Log\u00edstica S.A. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Pretensiones. <\/p>\n
Las actoras solicitaron que se declarara \u00abel incumplimiento, por culpa grave, del contrato de transporte de la gr\u00faa LR 1400 desde la zona franca de Palermo (Barranquilla) hasta el municipio de Apiay (Meta), celebrado entre Mammoet Lifting and Transport S.A.S. y Tayrona Off Shore Services S.A.S., al no haber sido entregada la gr\u00faa LR 1400 en el mismo estado en que fue recibida para su transporte\u00bb. Asimismo, pidieron reconocer que Tr\u00e1fico y Log\u00edstica S.A. es solidariamente responsable de esa infracci\u00f3n negocial, \u00abpor haber sido la empresa que condujo la operaci\u00f3n de transporte\u00bb. <\/p>\n
Consecuencialmente, reclamaron que las convocadas fueran condenadas a pagar, en favor de AIG Europe Limited y HDI-Gerling Verzekeringen N.V., una suma equivalente a \u20ac979.362,25, \u00abcorrespondientes a los perjuicios que las mismas han pagado por los da\u00f1os y perjuicios a la empresa Intramar B.V., due\u00f1a de la gr\u00faa LR 1400\u00bb; y en favor de Mammoet Lifting and Transport S.A.S., el importe de \u20ac109.534,62, que corresponden al \u00abdeducible del seguro evidenciado en la p\u00f3liza de seguro n.\u00ba T0100038778\/1004, que fue descontado a la empresa Mammoet Holding B.V.\u00bb (\u20ac100.000), m\u00e1s los costos de \u00ablas inspecciones que debieron hacer a la gr\u00faa LR 1400 para cuantificar la magnitud del da\u00f1o causado\u00bb (\u20ac9.534,62). <\/p>\n
2.1. Intramar B.V. y Mammoet Holding B.V. son sociedades neerlandesas, \u00abque hacen parte de un mismo grupo empresarial\u00bb, siendo la primera de ellas la propietaria de la mencionada gr\u00faa LR 1400. <\/p>\n
2.2. Mammoet Holding B.V. encomend\u00f3 a Mammoet Lifting and Transport S.A.S. el transporte de esa m\u00e1quina \u00abdesde la zona franca de Palermo (Barranquilla) hasta el municipio de Apiay\u00bb; para cumplir con la tarea, el \u00faltimo de los referidos entes societarios \u00abcelebr\u00f3 contrato de transporte de la gr\u00faa LR 1400 con Tayrona Off Shore Services S.A.S.\u00bb, quien a su vez subcontrat\u00f3 el servicio de transporte con Tr\u00e1fico y Log\u00edstica S.A. <\/p>\n
2.3. El 15 de noviembre de 2014, \u00abdurante el transporte de la gr\u00faa LR 1400 entre Sogamoso y Aguazul (Boyac\u00e1), en la ruta n.\u00ba 65, por impericia del conductor del veh\u00edculo que la transportaba (…), sufri\u00f3 un accidente en el que la gr\u00faa sufri\u00f3 da\u00f1os (sic), debido a que la misma cay\u00f3 a la carretera\u00bb. <\/p>\n
2.4. El 13 de febrero de 2015 y el 20 de mayo de 2016, Mammoet Lifting and Transport S.A.S. reclam\u00f3 a Tayrona Off Shore Services S.A.S. la indemnizaci\u00f3n de los da\u00f1os causados a la gr\u00faa, los cuales estim\u00f3 en \u20ac1.088.896,67. La convocada, sin embargo, consider\u00f3 que la causa del accidente fue el mal estado de la v\u00eda, lo cual \u00abexcluye la responsabilidad del transportador\u00bb. <\/p>\n
2.5. La gr\u00faa LR 1400 se encontraba amparada por el contrato de seguro del que da cuenta la p\u00f3liza n.\u00ba T0100038778, \u00aben la que fue designada como asegurada la sociedad Mammoet Holding B.V.\u00bb, y donde fungieron como coaseguradores las hoy demandantes, AIG Europe Limited y HDI-Gerling Verzekeringen N.V. <\/p>\n
2.6. En virtud de ese negocio aseguraticio, AIG Europe Limited y HDI-Gerling Verzekeringen N.V. pagaron a Mammoet Holding B.V. \u00abuna indemnizaci\u00f3n equivalente a \u20ac979.362,25 y aplicaron un deducible de \u20ac100.000\u00bb, debi\u00e9ndose precisar que las aseguradoras ejercen ahora el recobro \u00fanicamente respecto del primer guarismo. <\/p>\n
2.7. Entre Mammoet Holding B.V. y Mammoet Lifting and Transport S.A.S. \u00abse celebr\u00f3 un contrato de cesi\u00f3n de derechos patrimoniales del valor del deducible aplicado por las compa\u00f1\u00edas de seguros por un total de \u20ac100.000 y por el valor de los gastos pagados por la inspecci\u00f3n que debi\u00f3 hacerse a la gr\u00faa LR 1400, por un total de \u20ac9.534,62\u00bb. <\/p>\n
3. Actuaci\u00f3n procesal. <\/p>\n
3.1. La demanda se admiti\u00f3 por auto de 14 de marzo de 2017, el cual se notific\u00f3 a las querelladas a trav\u00e9s de aviso. Estas concurrieron oportunamente, se opusieron a las pretensiones, objetaron el juramento estimatorio y formularon excepciones de m\u00e9rito. <\/p>\n
Tayrona Off Shore Services S.A.S. propuso las denominadas \u00abinexistencia de responsabilidad desde el punto de vista subjetivo\u00bb; \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa de la parte demandante\u00bb; \u00ablimitaci\u00f3n de responsabilidad\u00bb; \u00abprescripci\u00f3n\u00bb y \u00abremisi\u00f3n\u00bb. Tr\u00e1fico y Log\u00edstica S.A., a su turno, enarbol\u00f3 las de \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa\u00bb; \u00abaplicaci\u00f3n de la causal exonerativa de responsabilidad (…) por configuraci\u00f3n de una causa extra\u00f1a\u00bb; \u00abausencia de uno de los varios requisitos de la responsabilidad civil contractual\u00bb; \u00abaplicaci\u00f3n de los l\u00edmites indemnizatorios a la declaraci\u00f3n de valor de la carga\u00bb; \u00abincumplimiento por parte de la demandante (sic) de los requisitos para ejercer la acci\u00f3n de subrogaci\u00f3n\u00bb; \u00abcontrato no cumplido\u00bb y \u00abcompensaci\u00f3n de obligaciones\u00bb. <\/p>\n
3.2. La segunda de las citadas sociedades llam\u00f3 en garant\u00eda a La Previsora S.A. Compa\u00f1\u00eda de Seguros, con apoyo en la p\u00f3liza de transporte \u201cPrevi-trayectos\u201d n.\u00ba 1002577, y a Transportes Log\u00edsticos del Sur S.A.S., \u00aben desarrollo del contrato de encargo a terceros suscrito entre las partes de conformidad con los art\u00edculos 984 y 991 del C\u00f3digo de Comercio\u00bb. <\/p>\n
Una vez enterada de su vinculaci\u00f3n al proceso, la aseguradora excepcion\u00f3 \u00abausencia de solidaridad de Tr\u00e1fico y Log\u00edstica S.A. dada la nulidad absoluta del contrato de transporte suscrito entre Mammoet Lifting and Transport S.A.S. y Tayrona Off Shore [Services] S.A.S.\u00bb; \u00abimprocedencia de la obligaci\u00f3n condicional a cargo de la Previsora S.A., derivada del contrato de seguro (…), operancia de l\u00edmites negativos de la p\u00f3liza\u00bb; \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa. Improcedencia del ejercicio de la acci\u00f3n de subrogaci\u00f3n por inexistencia de los requisitos legales\u00bb; \u00abinexistencia de responsabilidad de la sociedad asegurada, por la intervenci\u00f3n de una causa extra\u00f1a\u00bb y \u00abl\u00edmites de la responsabilidad de la Previsora S.A.\u00bb. Por su parte, Transportes Log\u00edsticos del Sur S.A.S. aleg\u00f3 \u00abfalta de legitimaci\u00f3n para llamar en garant\u00eda\u00bb; \u00abprescripci\u00f3n\u00bb; \u00abfalta de requisitos de la responsabilidad civil contractual\u00bb y \u00abcontrato no cumplido\u00bb. <\/p>\n
3.3. Posteriormente, Tayrona Off Shore Services S.A.S. llam\u00f3 en garant\u00eda a la codemandada, Tr\u00e1fico y Log\u00edstica S.A., y a la aseguradora de esta, La Previsora S.A. Compa\u00f1\u00eda de Seguros, con apoyo en el contrato de transporte celebrado entre las dos primeras personas jur\u00eddicas. Las llamadas en garant\u00eda se pronunciaron reiterando, en lo medular, las defensas compendiadas en precedencia. <\/p>\n
3.4. Mediante fallo de 8 de febrero de 2019, el Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de Bogot\u00e1 acogi\u00f3 las excepciones formuladas por las llamadas en garant\u00eda y desestim\u00f3 las defensas de las demandadas. Por consiguiente, declar\u00f3 el incumplimiento contractual y orden\u00f3 el pago de los perjuicios reclamados, en id\u00e9ntica cuant\u00eda a la que se consign\u00f3 en la demanda. <\/p>\n
Las demandadas apelaron. <\/p>\n
SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
En providencia de 20 de noviembre de 2019, el tribunal revoc\u00f3 lo resuelto por la juez a quo, y deneg\u00f3 integralmente el petitum, con fundamento en las siguientes consideraciones: <\/p>\n
(i) La legitimaci\u00f3n en la causa constituye \u00abuno de los elementos de la pretensi\u00f3n, que seg\u00fan lo ha sostenido la doctrina y jurisprudencia, es la facultad o titularidad legal que tiene una persona para demandar exactamente de otra el derecho o la cosa controvertida, por ser justamente quien debe responderle\u00bb. <\/p>\n
(ii) En este asunto, \u00ablas sociedades HDI-Gerling Verzekeringen N.V., AIG Europe Limited y Mammoet Lifting and Transport S.A.S., demandaron a las compa\u00f1\u00edas Tr\u00e1fico y Log\u00edstica S.A., as\u00ed como a Tayrona Off Shore Services S.A.S., para que se declare que incumplieron el contrato de transporte de la gr\u00faa LR 1400 desde la Zona Franca de Palermo, en Barranquilla, hasta el municipio de Apiay (…). Pues bien, HDI-Gerling Verzekeringen N.V. y AIG Europe Limited accionan contra los terceros que consideran responsables del accidente o siniestro, a fin de recuperar la suma entregada a la asegurada Mammoet Holding B.V. a consecuencia de los da\u00f1os producidos a la gr\u00faa LR 1400, cuya indemnizaci\u00f3n corri\u00f3 en virtud de la p\u00f3liza de seguro T0100038778\/1004\u00bb. <\/p>\n
(iii) Es evidente que las sociedades extranjeras \u00abse subrogaron en los derechos y acciones de Mammoet Holding B.V., aun cuando de acuerdo a los t\u00e9rminos de la p\u00f3liza de seguros, no era la \u00fanica que pod\u00eda fungir como asegurada, como bien se esboz\u00f3 por la profesional de derecho holand\u00e9s cuyo concepto fue allegado al plenario. Por dem\u00e1s, para la viabilidad de la subrogaci\u00f3n, est\u00e1 demostrada la existencia de la p\u00f3liza T0100038778\/1004; el pago v\u00e1lido a favor de Mammoet Holding B.V., con la certificaci\u00f3n del 16 de octubre de 2016 y el recibo de pago de las aseguradoras; el da\u00f1o que dio a luz a esa cancelaci\u00f3n hace parte del riesgo asegurado en la p\u00f3liza, de acuerdo a la \u201csecci\u00f3n equipos\u201d de la p\u00f3liza (sic). Adem\u00e1s, las gr\u00faas fueron cobijadas expresamente como bienes asegurados\u00bb. <\/p>\n
(iv) En estricto sentido, \u00abMammoet Holding B.V. no celebr\u00f3 negocio jur\u00eddico alguno con las demandadas, a quienes se les achaca haber generado los perjuicios reclamados, ya que el contrato de transporte lo suscribieron Mammoet Lifting and Transport S.A.S. y Tayrona Off Shore Services S.A.S., quien subcontrato la operaci\u00f3n con tr\u00e1fico y log\u00edstica S.A. En esas condiciones, las aseguradoras extranjeras no son titulares de ning\u00fan tipo de acci\u00f3n contractual, pues la asegurada a la que reemplazaron con la subrogaci\u00f3n \u2013Mammoet Holding B.V.\u2013 es ajena a las convenciones (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
(v) En cuanto al deducible reclamado y el valor de los gastos de inspecci\u00f3n, \u00abse adujo que los respectivos derechos patrimoniales para la reclamaci\u00f3n de esos rubros fueron cedidos a favor de Mammoet Lifting and Transport S.A.S. Sin embargo, no debe perderse de vista que la aludida sociedad constituye una persona jur\u00eddica independiente de Mammoet Holding B.V., aun si se consideran parte de un grupo empresarial (…). Adem\u00e1s, esa relaci\u00f3n no est\u00e1 demostrada, porque en el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal figura como controlante otra compa\u00f1\u00eda \u2013Mammoet Am\u00e9rica South Holding B.V.\u2013 y no fueron aportados elementos para presumirla\u00bb. <\/p>\n
(vi) De lo expuesto se sigue que \u00ablas tres sociedades demandantes se presentan ante la jurisdicci\u00f3n por un derecho que se deriva de Mammoet Holding B.V. En el caso de las aseguradoras, por la subrogaci\u00f3n emanada del monto que reconocieron respecto de la p\u00f3liza T0100038778\/1004, mientras que Mammoet Lifting and Transport S.A.S. adujo en el libelo genitor ser cesionaria de sus derechos respecto del deducible aplicado y los gastos de inspecci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
(vii) Ello explica que, \u00abpese a que Mammoet Lifting and Transport S.A.S. intervino en el contrato de transporte, el asunto no debe estudiarse desde la responsabilidad contractual, como fue solicitado, porque los pedimentos van enfilados a reclamar los perjuicios que sufri\u00f3 Mammoet Holding B.V., sociedad que, ins\u00edstase, es ajena al negocio jur\u00eddico. En otras palabras, el hecho da\u00f1oso que soporta la pretensi\u00f3n no es la relaci\u00f3n jur\u00eddica nacida de la convenci\u00f3n, sino de la obligaci\u00f3n general de indemnizar el da\u00f1o causado a otro\u00bb. <\/p>\n
(viii) Aunque el apoderado de las actoras aleg\u00f3 que \u00abcomo Intramar B.V. asegur\u00f3 la gr\u00faa a trav\u00e9s de un seguro de transporte, ostenta la acci\u00f3n para reclamar los perjuicios derivados del incumplimiento del contrato de transporte\u00bb, lo cierto es que la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 16 de diciembre de 2010, acogi\u00f3 una interpretaci\u00f3n incompatible con esa tesis, de modo que \u00aba la luz de las directrices jurisprudenciales, es palmar que el sub judice debe despacharse en los mismos t\u00e9rminos\u00bb. <\/p>\n
(ix) El art\u00edculo 1124 del C\u00f3digo de Comercio \u00abda la facultad al propietario de la mercanc\u00eda, aunque no sea remitente, a contratar el seguro all\u00ed regulado, pero esa disposici\u00f3n no lo hace necesariamente parte del contrato de transporte, ya que a voces del canon 1008 del mismo compendio normativo, figuran como tales \u201cel transportador y el remitente\u201d\u00bb; as\u00ed como el destinatario, \u00abcuando acepte el respectivo contrato\u00bb. <\/p>\n
(x) Adicionalmente, la postura que defiende el recurrente pudiera tener cabida si se tratara de un seguro de transporte, pero \u00aben el sub judice no estamos frente a una p\u00f3liza de esa naturaleza. Ciertamente, en la \u201csecci\u00f3n equipos\u201d de la \u201cp\u00f3liza de protecci\u00f3n log\u00edstica\u201d, la cobertura corresponde a \u201ctodas las p\u00e9rdidas de y da\u00f1o material a los bienes asegurados ocurridos por cualquier causa\u201d (…) luego no corresponde a un seguro de transporte, porque carece de los presupuestos m\u00ednimos que debe contener esa convenci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
(xi) En este juicio \u00abno hay lugar a interpretar que la responsabilidad que pretend\u00eda la parte actora fue la aquiliana, pues resulta claro que enfil\u00f3 la contractual, frente a la que carece de legitimaci\u00f3n activa\u00bb, raz\u00f3n por la cual \u00abla Sala se releva del estudio de fondo del pedimento, al igual que los dem\u00e1s reproches de la censura circunstancia conlleva la improsperidad de las pretensiones\u00bb. <\/p>\n
DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Al sustentar su impugnaci\u00f3n extraordinaria, las convocantes propusieron cuatro cuestionamientos, todos fincados en la causal consagrada en el art\u00edculo 336-2 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Se acus\u00f3 al tribunal de trasgredir, de forma indirecta, los art\u00edculos 1568 a 1580, 1603, 1604, 1606, 1613, 1614, 1615 y 1616 del C\u00f3digo Civil, as\u00ed como los preceptos 981, 982, 984, 991, 992, 998, 1030 y 1031 del C\u00f3digo de Comercio, dada la comisi\u00f3n de errores de derecho. La censura se fundament\u00f3 en los siguientes argumentos: <\/p>\n
(i) Las actoras aportaron oportunamente \u00abel medio probatorio conducente para acreditar el derecho extranjero, esto es, el dictamen pericial rendido por una abogada experta en derecho holand\u00e9s\u00bb, quien determin\u00f3 \u00abla legislaci\u00f3n aplicable y las reglas para la interpretaci\u00f3n que deb\u00eda d\u00e1rsele al contrato de seguro contenido y evidenciado en la p\u00f3liza de seguro de transporte T0100038778, en atenci\u00f3n a que dicha p\u00f3liza de seguro estaba sujeta a la ejecuci\u00f3n, aplicaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n de la ley holandesa\u00bb. <\/p>\n
(ii) La comentada probanza t\u00e9cnica permite establecer que, \u00abal verificarse el pago del siniestro (da\u00f1os causados a la gr\u00faa LR 1400 durante su transporte) con cargo a dicho seguro de transporte, las aseguradoras demandantes (…) se subrogaron en los derechos de las aseguradas y beneficiarias mencionadas en el contrato de seguro, esto es, Mammoet Holding B.V. y sus empresas subordinadas, entre las que se encontraban Intramar B.V. y Mammoet Lifting and Transport S.A.S.\u00bb. <\/p>\n
(iii) El tribunal \u00abinfringi\u00f3 la norma que regula la conducencia, pertinencia y eficacia del medio de prueba, pues no le otorg\u00f3 el valor y el m\u00e9rito persuasivo que la ley se\u00f1ala, esto es, no tuvo el dictamen como prueba del derecho extranjero aplicable tanto al contrato de seguro celebrado, como a la legitimaci\u00f3n en la causa, desconociendo los art\u00edculos 177 y 226 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
(iv) Adem\u00e1s, la referida colegiatura, \u00aben vez de darle el m\u00e9rito probatorio de dictamen pericial como prueba del derecho extranjero a la experticia rendida por la profesional del derecho holand\u00e9s (Carlijn Ten Bruggencate), valor\u00f3 dicho dictamen como un concepto jur\u00eddico\u00bb, cuando este medio de prueba solo resulta viable en trat\u00e1ndose del derecho nacional. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Denunciando la existencia de yerros de hecho en la labor de valoraci\u00f3n probatoria del tribunal, las actoras se\u00f1alaron la trasgresi\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 1568 a 1580, 1062, 1603, 1604, 1606, 1613, 1614, 1615 y 1616 del C\u00f3digo Civil, y 981, 982, 984, 991, 992, 998, 999, 1008, 1023, 1024, 1030, 1031, 1035, 1096, 1124 del C\u00f3digo de Comercio. Para apuntalar su cr\u00edtica, expusieron: <\/p>\n
(i) El tribunal pretermiti\u00f3 \u00abel contenido de la p\u00f3liza de protecci\u00f3n log\u00edstica identificada con el n\u00famero T0100038778 y el dictamen pericial como prueba del derecho extranjero, rendido por la abogada experta en derecho holand\u00e9s\u00bb, error que lo llev\u00f3 a concluir \u00abque exist\u00eda una falta de legitimaci\u00f3n de la parte actora para demandar en sede contractual, violando indirectamente la ley\u00bb. <\/p>\n
(ii) En el fallo de segunda instancia se entendi\u00f3 que \u00abla subrogaci\u00f3n que ejercen las aseguradoras no opera para derechos distintos a aquellos que no estuvieran en cabeza del asegurado. As\u00ed, aunque el tribunal reconoci\u00f3 la existencia de los presupuestos que daban lugar a la subrogaci\u00f3n de las aseguradoras demandantes (…) resolvi\u00f3 declarar la falta de legitimaci\u00f3n en la causa en la medida en que, en su equivocado criterio, el asegurado Mammoet Holding B.V. no ten\u00eda acci\u00f3n contractual en contra de los transportadores demandados, al ser \u201cajena\u201d a estas convenciones\u00bb. <\/p>\n
(iii) Tambi\u00e9n se equivoc\u00f3 el ad quem al calificar la naturaleza de la p\u00f3liza de seguro aportada, pues consider\u00f3 que se hab\u00eda afectado el seguro de operaciones log\u00edsticas, perdiendo de vista que all\u00ed deben entenderse incluidas \u00abtodas las actividades de transporte y la entrega del producto al consumidor final\u00bb, de manera que \u00ablos riesgos derivados de la ejecuci\u00f3n de actividades de transporte (…) est\u00e1n cubiertos por la p\u00f3liza T0100038778\u00bb. <\/p>\n
(iv) Adicionalmente, la colegiatura de segundo grado \u00abdesconoci\u00f3 los hechos que hab\u00edan sido acreditados mediante el dictamen pericial como prueba del derecho extranjero, esto es, que el contrato de seguro, los t\u00e9rminos y efectos del mismo, el derecho de subrogaci\u00f3n, y la legitimaci\u00f3n en la causa se reg\u00edan conforme la legislaci\u00f3n extranjera, por lo que, como bien lo entendi\u00f3 el juez a quo, correspond\u00eda tener por acreditadas esas circunstancias, frente a las cuales no era dable aplicar la ley nacional\u00bb. <\/p>\n
(v) Al cubrir la indemnizaci\u00f3n derivada del siniestro, las sociedades extranjeras demandantes \u00abse subrogaron en los derechos de todas sus aseguradas contra las personas responsables del siniestro\u00bb, debi\u00e9ndose advertir que \u00abel hecho de que las diferentes condiciones que deban reunirse para que opere la subrogaci\u00f3n contra los responsables del siniestro se cumplan por parte de diferentes personas jur\u00eddicas no invalida la subrogaci\u00f3n derivada del contrato de seguro, siempre que todas esas personas jur\u00eddicas ostenten la condiciones de aseguradas bajo la misma p\u00f3liza de seguro\u00bb. <\/p>\n
(vi) Era necesario aplicar los art\u00edculos 1023 y 1024 del C\u00f3digo de Comercio, \u00abpara reconocer y declarar que al tener la condici\u00f3n de remitente y destinatario del contrato de transporte de la gr\u00faa LR 1400 celebrado con Tayrona Off Shore [Services] S.A.S., Mammoet Lifting and Transport S.A.S. est\u00e1 legitimado para reclamar de esta, y solidariamente de Tr\u00e1fico y Log\u00edstica S.A., los da\u00f1os derivados del incumplimiento del contrato, independientemente de si los perjuicios reclamados reca\u00edan sobre s\u00ed misma o sobre un tercero, m\u00e1xime cuando este tercero (Mammoet Holding B.V.) tambi\u00e9n es asegurado (…). Esta legitimaci\u00f3n del destinatario se traslada al remitente, cuando el destinatario no ejerce sus derechos contra el transportador\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. R\u00e9gimen aplicable al recurso. <\/p>\n
El remedio en estudio se interpuso en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, raz\u00f3n por la cual se ha de regir por esa misma normativa. <\/p>\n
2. Violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial por errores de hecho. <\/p>\n
La comisi\u00f3n de un yerro f\u00e1ctico, de tal magnitud que comporte la infracci\u00f3n indirecta de una norma sustancial, presupone para su acreditaci\u00f3n que, entre otras exigencias, se compruebe que la inferencia probatoria cuestionada es manifiestamente contraria al contenido objetivo de la prueba; es decir, que el desacierto sea tan evidente y notorio que se advierta sin mayor esfuerzo ni raciocinio. <\/p>\n
Adem\u00e1s, como las sentencias llegan a la Corte amparadas por una presunci\u00f3n de legalidad y acierto, le incumbe al recurrente desvirtuarla, para lo cual debe realizar una cr\u00edtica concreta, sim\u00e9trica, razonada y coherente frente a los aspectos del fallo que considera desacertados, con indicaci\u00f3n de los fundamentos generadores de la infracci\u00f3n a la ley, am\u00e9n de hacer evidente la trascendencia del yerro \u00aben el sentido del fallo\u00bb y atacar, de modo eficaz e integral, todos los pilares de la decisi\u00f3n impugnada. <\/p>\n
En esta precisa materia, la Sala ha explicado: <\/p>\n
\u00abEl error de hecho (…) ocurre cuando se supone o pretermite la prueba, entendi\u00e9ndose que incurrir\u00e1 en la primera hip\u00f3tesis el juzgador que halla un medio en verdad inexistente o distorsiona el que s\u00ed obra para darle un significado que no contiene, y en la segunda situaci\u00f3n cuando ignora del todo su presencia o lo cercena en parte, para, en esta \u00faltima eventualidad, asignarle una significaci\u00f3n contraria o diversa. <\/p>\n
El error \u201cata\u00f1e a la prueba como elemento material del proceso, por creer el sentenciador que existe cuando falta, o que falta cuando existe, y debido a ella da por probado o no probado el hecho\u201d (G. J., t. LXXVIII, p\u00e1g. 313). Denunciada una de las anteriores posibilidades, el impugnador debe acreditar que la falencia endilgada es manifiesta y, adem\u00e1s, que es trascendente por haber determinado la resoluci\u00f3n reprochada (\u2026). <\/p>\n
Acorde con la a\u00f1eja, reiterada y uniforme jurisprudencia de la Corporaci\u00f3n, el yerro f\u00e1ctico ser\u00e1 evidente o notorio, \u201ccuando su s\u00f3lo planteamiento haga brotar que el criterio\u201d del juez \u201cest\u00e1 por completo divorciado de la m\u00e1s elemental sind\u00e9resis; si se quiere, que repugna al buen juicio\u201d, lo que ocurre en aquellos casos en que \u00e9l \u201cest\u00e1 convicto de contraevidencia\u201d (sentencias de 11 de julio de 1990 y de 24 de enero de 1992), o cuando es \u201cde tal entidad que a primer golpe de vista ponga de manifiesto la contraevidencia de la determinaci\u00f3n adoptada en el fallo combatido con la realidad que fluya del proceso\u201d (sentencia 146 de 17 de octubre de 2006, exp. 06798-01). Dicho en t\u00e9rminos diferentes, significa que la providencia debe aniquilarse cuando aparezca claro que \u201cse estrell\u00f3 violentamente contra la l\u00f3gica o el buen sentido com\u00fan, evento en el cual no es nada razonable ni conveniente persistir tozudamente en el mantenimiento de la decisi\u00f3n so pretexto de aquella autonom\u00eda\u201d (G. J., T. CCXXXI, p\u00e1gina 644)\u00bb (CSJ SC 21 feb. 2012, rad. 2004-00649-01, reiterada en CSJ SC131-2018, 12 feb.). <\/p>\n
Con similar orientaci\u00f3n, se ha sostenido que, <\/p>\n
\u00ab(…) partiendo de la base de que la discreta autonom\u00eda de los juzgadores de instancia en la apreciaci\u00f3n de las pruebas conduce a que los fallos lleguen a la Corte amparados en la presunci\u00f3n de acierto, es preciso subrayar que los errores de hecho que se les endilga deben ser ostensibles o protuberantes para que puedan justificar la infirmaci\u00f3n del fallo, justificaci\u00f3n que por lo tanto no se da sino en tanto quede acreditado que la estimaci\u00f3n probatoria propuesta por el recurrente es la \u00fanica posible frente a la realidad procesal, tornando por lo tanto en contraevidente la formulada por el juez; por el contrario, no producir\u00e1 tal resultado la decisi\u00f3n del sentenciador que no se aparta de las alternativas de razonable apreciaci\u00f3n que ofrezca la prueba o que no se impone frente a \u00e9sta como afirmaci\u00f3n il\u00f3gica y arbitraria, es decir, cuando s\u00f3lo se presente apenas como una posibilidad de que se haya equivocado. Se infiere de lo anterior, entonces, que cualquier ensayo cr\u00edtico sobre el \u00e1mbito probatorio que pueda hacer m\u00e1s o menos factible un nuevo an\u00e1lisis de los medios demostrativos apoyados en razonamientos l\u00f3gicos, no tiene virtualidad suficiente para aniquilar una sentencia si no va acompa\u00f1ado de la evidencia de equivocaci\u00f3n por parte del sentenciador (\u2026)\u00bb (CSJ SC, 8 sep. 2011, rad. 2007-00456-01). <\/p>\n
3. Violaci\u00f3n indirecta de la Ley sustancial por errores de derecho. <\/p>\n
Las normas sustanciales tambi\u00e9n pueden ser trasgredidas como consecuencia del desconocimiento de las pautas probatorias que gobiernan el juicio. As\u00ed ocurre, a modo de ejemplo, cuando el juez estima un medio de convicci\u00f3n que carece de validez; deja de observar una probanza v\u00e1lida, pretextando que no lo era; omite decretar pruebas de oficio cuando ellas resultan imperativas, o no las aprecia \u00aben conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica [y] sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos\u00bb (art\u00edculo 176, C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
Conviene precisar, adem\u00e1s, que como ha tenido la oportunidad de indicarlo la Corte, <\/p>\n
\u00ab(…) Para su acreditaci\u00f3n se impone realizar un ejercicio comparativo entre la sentencia y el correspondiente medio de persuasi\u00f3n, con la finalidad de evidenciar \u201cque, conforme a las reglas propias de la petici\u00f3n, decreto, pr\u00e1ctica o apreciaci\u00f3n de las pruebas, el juicio del sentenciador no pod\u00eda ser el que, de hecho, consign\u00f3. En consecuencia, si dijo que la prueba era apta para demostrar el hecho o acto, debe hacerse notar que no lo era en realidad; o si la desestim\u00f3 como id\u00f3nea, debe puntualizarse que s\u00ed era adecuada. Todo, con sujeci\u00f3n a las susodichas normas reguladoras de la actividad probatoria dentro del proceso, las cuales, en consecuencia, resultan quebrantadas, motivo por el cual y a fin de configurar el error, debe denunciarse su violaci\u00f3n\u201d (CSJ SC 6 abr. 2011, exp. 2004-00206-00)\u00bb (CSJ SC5676-2018, 19 dic.). <\/p>\n
Igualmente, es imperioso destacar que una acusaci\u00f3n de este linaje exige del casacionista <\/p>\n
\u00ab\u201cdemostrar el error y se\u00f1alar su trascendencia en el sentido de la sentencia\u201d, seg\u00fan lo establece el literal a) del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso. No basta con que se se\u00f1ale la existencia de una equivocaci\u00f3n por parte del juzgador \u201csino que adem\u00e1s se hace necesario mostrar su trascendencia, esto es, seg\u00fan tambi\u00e9n se tiene definido, poner de \u201c(\u2026) presente c\u00f3mo se proyect\u00f3 en la decisi\u00f3n\u201d (CSJ. AC. 26 de noviembre de 2014, rad. 2007-00234-01). Solo el error manifiesto, evidente y trascedente es susceptible de apoyar la causal de casaci\u00f3n que por esta v\u00eda dar\u00eda al traste con el pronunciamiento impugnado. Los yerros cuya incidencia determinante no aparezca demostrada, a pesar de su concurrencia, no bastan para infirmar la decisi\u00f3n mediante el recurso extraordinario\u00bb (CSJ SC876-2018, 23 mar.). <\/p>\n
4. Naturaleza del concepto rendido por la abogada Carlijn Ten Bruggencate y la falta de prueba de la ley extranjera escrita. <\/p>\n
4.1. De acuerdo con el art\u00edculo 165 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00ab[s]on medios de prueba la declaraci\u00f3n de parte, la confesi\u00f3n, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspecci\u00f3n judicial, los documentos, los indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean \u00fatiles para la formaci\u00f3n del convencimiento del juez\u00bb. Las categor\u00edas mencionadas comparten un n\u00facleo te\u00f3rico com\u00fan, pero fueron reguladas aut\u00f3nomamente, a trav\u00e9s de pautas que consagran sendas formas de aducci\u00f3n, producci\u00f3n, contradicci\u00f3n y valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
Expresado de otro modo, determinada pieza de evidencia podr\u00e1 reputarse como dictamen pericial, testimonio, declaraci\u00f3n de parte, documento, etc., siempre y cuando concurran en ella las caracter\u00edsticas previstas en las leyes adjetivas para la respectiva tipolog\u00eda probatoria; y como dichos rasgos son diferenciales, tanto en la forma, como en el contenido, cada prueba del proceso solo podr\u00e1 pertenecer a una de esas categor\u00edas t\u00edpicas, o a ninguna de ellas, caso en el cual habr\u00e1 de considerarse como at\u00edpica. <\/p>\n
Esta precisi\u00f3n es relevante porque los argumentos de las recurrentes penden de elucidar la naturaleza jur\u00eddica de la \u00abopini\u00f3n legal rendida por la abogada Carlijn ten Bruggencate\u00bb, con la que se pretendi\u00f3 acreditar la ley escrita de los Pa\u00edses Bajos, hecho que solo puede ser probado a trav\u00e9s de copia expedida \u00abpor la autoridad competente del respectivo pa\u00eds, por el c\u00f3nsul de ese pa\u00eds en Colombia o solicitarse al c\u00f3nsul colombiano en ese pa\u00eds\u00bb, o mediante la aportaci\u00f3n de un \u00abdictamen pericial rendido por persona o instituci\u00f3n experta en raz\u00f3n de su conocimiento o experiencia en cuanto a la ley de un pa\u00eds o territorio fuera de Colombia, con independencia de si est\u00e1 habilitado para actuar como abogado all\u00ed\u00bb, conforme lo prescribe el art\u00edculo 177 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Consecuente con esa previsi\u00f3n normativa, y sin importar por cu\u00e1l de esas dos opciones se decante la parte interesada, esta no podr\u00e1 arrimar al proceso un medio de juicio distinto, pues carecer\u00eda de conducencia para acreditar el hecho que pretende esclarecerse. As\u00ed, si opta por la primera posibilidad, tendr\u00e1 que aportar un facs\u00edmil del texto legal for\u00e1neo, con las caracter\u00edsticas y origen se\u00f1alados en la norma citada; y si prefiere la segunda alternativa, ser\u00e1 necesario que arrime al expediente una experticia con el lleno de los requisitos legales, lo que significa que su contenido, aportaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y contradicci\u00f3n deben ser compatibles con las reglas de los c\u00e1nones 226 a 235 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
4.2. Perdiendo de vista estas previsiones, el extremo actor aport\u00f3 un documento titulado \u00abopini\u00f3n legal rendida por la abogada Carlijn ten Bruggencate\u00bb, el cual no comparte ninguno de los atributos del dictamen pericial que contempla el ordenamiento procesal civil vigente. En efecto, ese elemento de juicio fue anunciado en el escrito con el que se descorri\u00f3 el traslado de las excepciones, en el ac\u00e1pite de \u00abpruebas documentales\u00bb; adem\u00e1s, no fue expresamente decretado como prueba en el auto pertinente (dictado en audiencia de 21 de enero de 20191), sin reproche de las partes, de manera que la referida evidencia tampoco tuvo contradicci\u00f3n, en la forma se\u00f1alada en el art\u00edculo 228 citado2. <\/p>\n
Adicionalmente, al breve escrito elaborado por la profesional neerlandesa3, solamente se anej\u00f3 una copia de su curriculum vitae, pero no los certificados id\u00f3neos para acreditar su condici\u00f3n profesional, conforme lo dispone el numeral 3 del precepto 226 del C\u00f3digo General del Proceso; asimismo, aquella no incluy\u00f3 \u2013en lo pertinente\u2013 la informaci\u00f3n y manifestaciones que indican los numerales 5 a 9 ibidem. Por ello, estima la Corte que la probanza mencionada carece de cualquiera de los rasgos distintivos propios de las pericias. <\/p>\n
En contraposici\u00f3n, la \u00abopini\u00f3n legal rendida por la abogada Carlijn ten Bruggencate\u00bb encaja en la descripci\u00f3n de otra prueba t\u00edpica, a saber, el documento declarativo emanado de tercero4, pues se trata de un escrito en el que se consign\u00f3 la opini\u00f3n de su autora acerca de la correcta interpretaci\u00f3n del contrato de seguro arrimado junto a la demanda; y siendo ello as\u00ed, como lo es, esa evidencia no podr\u00eda asumir una morfolog\u00eda distinta a la que le corresponde, simplemente para amoldarse (ex post) a las necesidades argumentativas de las casacionistas. <\/p>\n
4.3. Si bien la naturaleza documental de la \u00abopini\u00f3n jur\u00eddica\u00bb tantas veces citada no le resta fatalmente vigor demostrativo (de hecho, el tribunal la consider\u00f3 en uno de los argumentos secundarios del fallo impugnado), lo cierto es que esa pieza del expediente no resulta apta para acreditar la ley escrita de los Pa\u00edses Bajos, comoquiera que \u2013se itera\u2013 ese hecho espec\u00edfico solo puede demostrarse en la forma que contempla el citado canon 177, es decir, mediante la aportaci\u00f3n de una copia del texto legal, expedida por la autoridad competente, o a trav\u00e9s de un dictamen pericial, tipolog\u00edas que son ajenas a la rese\u00f1ada pieza de evidencia. <\/p>\n
De lo expuesto, concluye la Sala que los sentenciadores de segundo grado no infringieron de manera indirecta la normativa sustancial al considerar que el contenido del derecho escrito de los Pa\u00edses Bajos no se demostr\u00f3, pues como qued\u00f3 dicho, brillan por su ausencia los elementos de juicio conducentes para despejar el punto. <\/p>\n
5. La legitimaci\u00f3n en la causa de las demandantes. <\/p>\n
La legitimaci\u00f3n en la causa, elemento material para la sentencia estimatoria \u2013o, lo que es lo mismo, una de las condiciones sustanciales para el \u00e9xito de las pretensiones\u2013, denota la correspondencia entre los extremos activo y pasivo del derecho sustancial reclamado, con los extremos activo y pasivo de la relaci\u00f3n procesal mediante la cual se pretende su instrumentalizaci\u00f3n. La legitimatio ad causam se estructurar\u00e1 cuando coincidan la titularidad procesal afirmada en la demanda y la sustancial que otorgan las normas jur\u00eddicas de ese linaje. <\/p>\n
No basta, pues, con la auto-atribuci\u00f3n o asignaci\u00f3n del derecho por parte del demandante en su escrito inicial, sino que es necesaria la efectiva titularidad del derecho material discutido en el juicio; por ello la legitimaci\u00f3n se ubica en los presupuestos materiales para la sentencia de fondo estimatoria, y no en los presupuestos procesales de la acci\u00f3n, que son condiciones formales para el v\u00e1lido desarrollo de la relaci\u00f3n instrumental5. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, la jurisprudencia de la Corte ense\u00f1a que <\/p>\n
\u00abla legitimaci\u00f3n en la causa (…) \u201ces cuesti\u00f3n propia del derecho sustancial y no del procesal, por cuanto alude a la pretensi\u00f3n debatida en el litigio y no a los requisitos indispensables para la integraci\u00f3n y desarrollo v\u00e1lido de \u00e9ste\u201d (Cas. Civ. Sentencia de 14 de agosto de 1995 exp. 4268), en tanto, \u201cseg\u00fan concepto de Chiovenda, acogido por la Corte, la \u2018legitimatio ad causam\u2019 consiste en la identidad de la persona del actor con la persona a la cual la ley concede la acci\u00f3n (legitimaci\u00f3n activa) y la identidad de la persona del demandado con la persona contra la cual es concedida la acci\u00f3n (legitimaci\u00f3n pasiva) (Instituciones de Derecho Procesal Civil, I, 185)\u201d (CXXXVIII, 364\/65)\u00bb (CSJ SC, 13 oct. 2011, rad. 2002-00083). <\/p>\n
M\u00e1s recientemente, se insisti\u00f3 en que la legitimaci\u00f3n en la causa <\/p>\n
\u00abcorresponde a \u201cla identidad de la persona del actor con la persona a la cual la ley concede la acci\u00f3n (legitimaci\u00f3n activa) y la identidad de la persona del demandado con la persona contra la cual es concedida la acci\u00f3n (legitimaci\u00f3n pasiva)\u201d (…), aclarando que \u201cel acceso a la administraci\u00f3n de justicia como garant\u00eda de orden superior (art\u00edculo 229 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica), para su plena realizaci\u00f3n, requiere que quien reclama la protecci\u00f3n de un derecho sea su titular, ya sea que se pida a t\u00edtulo personal o por sus representantes, pues, no se trata de una facultad ilimitada. Ese condicionamiento, precisamente, es el que legitima para accionar y, de faltar, el resultado solo puede ser adverso, sin siquiera analizar a profundidad los puntos en discusi\u00f3n\u201d (CSJ SC14658, 23 oct. 2015, Rad. 2010-00490-01; en ese mismo sentido: CSJ SC, 1\u00ba jul. 2008, Rad. 2001-06291-01). Y a\u00f1adi\u00f3: \u201cla legitimaci\u00f3n en la causa es cuesti\u00f3n propia del derecho sustancial y no del procesal, en cuanto concierne con una de las condiciones de prosperidad de la pretensi\u00f3n debatida en el litigio y no a los requisitos indispensables para la integraci\u00f3n y desarrollo v\u00e1lido de \u00e9ste, motivo por el cual su ausencia desemboca irremediablemente en sentencia desestimatoria debido a que quien reclama el derecho no es su titular o porque lo exige ante quien no es el llamado a contradecirlo\u201d (CSJ SC, 14 Mar. 2002, Rad. 6139)\u00bb (CSJ SC16279-2016, 11 nov.). <\/p>\n
5.2. Breve caracterizaci\u00f3n del problema de la legitimaci\u00f3n en este litigio. <\/p>\n
En l\u00edneas generales, el presente tr\u00e1mite versa sobre la reparaci\u00f3n de los da\u00f1os que sufri\u00f3 la gr\u00faa LR 1400, de propiedad de la sociedad Intramar B.V.6 (domiciliada en Utrecht, Pa\u00edses Bajos), mientras era movilizada por cuenta de las demandadas entre la Zona Franca de Palermo (Barranquilla) y el municipio de Apiay (Meta); lo anterior, en ejecuci\u00f3n del contrato de transporte celebrado entre Mammoet Lifting and Transport S.A.S., remitente y destinataria de la m\u00e1quina, y Tayrona Off Shore Services S.A.S. <\/p>\n
Precisado lo anterior, resulta pertinente se\u00f1alar que el dominus del bien mueble afectado no compareci\u00f3 al proceso, al paso que la remitente-destinataria (Mammoet Lifting and Transport S.A.S.) s\u00ed lo hizo, pero sin prevalerse de su condici\u00f3n de parte del contrato de transporte \u2013conforme se explicar\u00e1 m\u00e1s adelante\u2013. Seg\u00fan se infiere del texto de la demanda (que, sobre el particular, no es ilustrativo), tan excepcional configuraci\u00f3n litigiosa obedecer\u00eda a que el costo de reparaci\u00f3n de la gr\u00faa fue parcialmente cubierto por varias coaseguradoras, lideradas por AIG Europe Limited y HDI-Gerling Verzekeringen N.V., con cargo a la p\u00f3liza de seguro n.\u00ba T0100038778, cuya tomadora es la sociedad neerlandesa Mammoet Holding B.V., \u00fanica accionista de Intramar B.V.7 y, al menos aparentemente8, tambi\u00e9n de Mammoet Finance B.V., que a su vez ser\u00eda la propietaria de todas las acciones de Mammoet Am\u00e9rica South Holding B.V., controlante de Mammoet Lifting and Transport S.A.S.9. <\/p>\n
Dicho en otros t\u00e9rminos, Mammoet Holding B.V., que ser\u00eda la casa matriz de Intramar B.V. y de Mammoet Lifting and Transport S.A.S. \u2013propietaria y remitente, en su orden, de la gr\u00faa LR 1400\u2013, recibi\u00f3 de manos de las aseguradoras que figuran hoy como demandantes el pago de \u20ac986.16010, monto que corresponde al costo total de reparaci\u00f3n de la gr\u00faa averiada, estimado por una firma ajustadora en \u20ac1.079.362,25, menos el deducible de \u20ac100.000 que convinieron las partes del negocio aseguraticio. <\/p>\n
Con fundamento en las circunstancias descritas, las querellantes pretendieron edificar su legitimaci\u00f3n en la causa; precisamente, las aseguradoras defend\u00edan haberse subrogado en los derechos de su asegurada, al paso que Mammoet Lifting and Transport S.A.S. respald\u00f3 sus s\u00faplicas en su condici\u00f3n de cesionaria contractual de Mammoet Holding B.V. e Intramar B.V., con relaci\u00f3n al \u00abderecho patrimonial a reclamar los perjuicios sufridos por ellas con ocasi\u00f3n de la aplicaci\u00f3n del deducible evidenciado en la p\u00f3liza de seguro N\u00ba T0100038778\/1004\u00bb11. <\/p>\n
Aunque en primera instancia los razonamientos de la parte actora tuvieron acogida, el tribunal consider\u00f3 que tan peculiar forma de edificar la legitimaci\u00f3n no resultaba formalmente admisible, dado que los derechos que las convocantes pretendieron instrumentalizar a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de incumplimiento, realmente provendr\u00edan \u2013por v\u00eda de cesi\u00f3n, o de subrogaci\u00f3n\u2013 de Mammoet Holding B.V., persona jur\u00eddica que no hizo parte del contrato de transporte cuya inobservancia constituir\u00eda el pilar fundamental de las pretensiones indemnizatorias. <\/p>\n
Al sustentar su recurso de casaci\u00f3n, las actoras intentaron controvertir ese argumento del fallo de segunda instancia, alegando que \u00ablas empresas del grupo \u201cMammoet\u201d conformaban un grupo econ\u00f3mico conforme a la ley holandesa\u00bb, y que \u00abtodas ellas ostentaban la condici\u00f3n de aseguradas\u00bb, raz\u00f3n por la cual \u00ablos derechos de todas y cada una de las aseguradas hab\u00edan sido subrogadas (sic) en favor de las aseguradoras demandantes, tras el pago de la indemnizaci\u00f3n prevista en el seguro, y por ende, bajo el imperio de dicha legislaci\u00f3n, las demandantes ten\u00edan legitimaci\u00f3n en la causa para obrar y reclamar del transportador la responsabilidad contractual\u00bb. <\/p>\n
No obstante, ese razonamiento carece de asidero, como se explicar\u00e1 seguidamente. <\/p>\n
5.3. Alcances de la subrogaci\u00f3n del asegurador. <\/p>\n
De acuerdo con la jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
\u00ab(…) el art\u00edculo 1096 del C\u00f3digo de Comercio, que tambi\u00e9n integra el r\u00e9gimen jur\u00eddico del negocio asegurativo, consagra la subrogaci\u00f3n que, por ministerio de la ley, obra en favor del asegurador que satisface el d\u00e9bito contractual, en los derechos del asegurado frente al responsable del da\u00f1o, hasta concurrencia de la suma indemnizada (…). De modo que, como ocurre en el derecho com\u00fan, en el que, por efecto de la subrogaci\u00f3n personal -como modalidad del pago-, se traslada al acreedor subrogado el cr\u00e9dito del cual era titular el subrogante, derecho que no sufre mutaci\u00f3n alguna y consiguientemente pasa inalterado de sus manos a las de aqu\u00e9l \u2013art\u00edculo 1666\u2013, al verificarse el presupuesto que por ministerio de la ley sirve de percutor para que entre en funcionamiento el mecanismo de la subrogaci\u00f3n instituido en favor del asegurador, cual es el pago de la indemnizaci\u00f3n, ipso jure sustituye al asegurado-damnificado en el cr\u00e9dito que antes de ser indemnizado ten\u00eda contra el responsable del da\u00f1o, es decir, ocupa su lugar en esa relaci\u00f3n obligacional, en id\u00e9ntica situaci\u00f3n a la que ten\u00eda el asegurado como directo perjudicado, cuyo derecho a ser indemnizado por el responsable, se reitera, supervive sin modificaci\u00f3n en el asegurador como nuevo acreedor, desde luego, con la limitaci\u00f3n cuantitativa ya dicha, todo lo cual pone de relieve que el derecho que por ese medio adquiere la compa\u00f1\u00eda aseguradora no es un derecho propio, sino derivado del que ten\u00eda el asegurado en su condici\u00f3n de primitivo acreedor, abreva en la misma fuente, que no es el contrato de seguro, al cual es ajeno, sino la conducta reprochable del causante del siniestro, en la cual tiene tambi\u00e9n origen la deuda de responsabilidad a cargo de \u00e9ste, circunstancia que explica, como apunt\u00f3 la Corte (…), que est\u00e9 \u201cayuno de sustantividad y autonom\u00eda, como quiera que la entidad aseguradora \u2013he ah\u00ed la importancia del fen\u00f3meno sustitutivo que aflora de la subrogaci\u00f3n-, adquiere el mismo derecho que antes del pago resid\u00eda en la \u00f3rbita patrimonial del asegurado damnificado (…) no sufre ninguna mella o alteraci\u00f3n por migrar del asegurado a la entidad aseguradora (principio de identidad). Muy por el contrario, ese derecho permanece indeleble, al punto que los responsables del siniestro, como lo impera el art\u00edculo 1096 del C\u00f3digo de Comercio \u2013en muestra de diciente acatamiento de la prenotada etiolog\u00eda y naturaleza-, podr\u00e1n oponer al asegurador las mismas excepciones que pudieren hacer valer contra el damnificado, es decir, no una defensa precaria o limitada por el hecho de ser su demandante el asegurador, sino una que tenga el talante que reclama el derecho litigado, sin miramiento a la persona que se presenta como su titular\u201d. <\/p>\n
Por supuesto que si el derecho del asegurado a ser resarcido por el victimario es id\u00e9ntico al que se radica en el asegurador por obra de la subrogaci\u00f3n, tambi\u00e9n lo es la acci\u00f3n mediante la cual puede hacerlo valer, ya que esa es consecuencia del principio de identidad anotado, que se produce, adem\u00e1s, como efecto propio del instituto jur\u00eddico por el cual se engendra la sustituci\u00f3n de un acreedor a otro, dado que en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 1670 del C\u00f3digo Civil, con independencia de su origen, convencional o legal, la subrogaci\u00f3n \u201ctraspasa al nuevo acreedor todos los derechos, acciones y privilegios, prendas e hipotecas del antiguo, as\u00ed contra el deudor principal como contra cualesquiera terceros, obligados solidaria y subsidiariamente a la deuda\u201d, de modo que al producirse la transferencia tanto de los derechos del primitivo acreedor, como de las acciones tutelares del mismo, el asegurador, como en su momento lo estaba el asegurado, queda habilitado para reclamar del agente del da\u00f1o el pago de la prestaci\u00f3n debida, mediante el ejercicio de la acci\u00f3n de responsabilidad respectiva (…)\u00bb (CSJ SC, 16 dic. 2005, rad. 1999-00206-01). <\/p>\n
Conforme se indic\u00f3, la subrogaci\u00f3n legal que consagra el art\u00edculo 1096 del C\u00f3digo de Comercio opera en favor del \u00abasegurador que pague una indemnizaci\u00f3n\u00bb, en cumplimiento de lo pactado en el contrato de seguro, traslad\u00e1ndole \u00ablos derechos del asegurado contra las personas responsables del siniestro\u00bb. La validez de esta forma de transferencia de derechos y acciones, entonces, pende de que la realizaci\u00f3n del riesgo asegurado sea jur\u00eddicamente imputable a un tercero (el agente da\u00f1ador), y tambi\u00e9n de que las secuelas de ese suceso en el patrimonio de la v\u00edctima (acreedor primario de la prestaci\u00f3n de indemnizar) sean cubiertas, total o parcialmente, por el asegurador. <\/p>\n
En el supuesto explicado, el pago del asegurador no libera al responsable del da\u00f1o de su obligaci\u00f3n de reparar a la v\u00edctima, sino que traslada \u2013ope legis\u2013 el derecho de reclamar una compensaci\u00f3n, del patrimonio del titular del inter\u00e9s asegurable lesionado, al de su asegurador, quedando este \u00faltimo facultado para perseguir la correspondiente reparaci\u00f3n de parte del agente da\u00f1ador, bien por la senda negocial, o por la extranegocial, seg\u00fan corresponda. Por supuesto, esta l\u00f3gica se sustenta en la preexistencia, en cabeza del asegurado, del derecho a ser indemnizado por un tercero, precisi\u00f3n que parece obvia, pero que reviste importancia capital en la presente litis. <\/p>\n
Lo anterior, en tanto que las coaseguradoras, lideradas por AIG Europe Limited y HDI-Gerling Verzekeringen N.V., pagaron la indemnizaci\u00f3n contratada en la p\u00f3liza de seguro n.\u00ba T0100038778 a Mammoet Holding B.V., quien no es ni la remitente o destinataria de la gr\u00faa averiada, ni tampoco su propietaria, debi\u00e9ndose a\u00f1adir que a lo largo del proceso no se aleg\u00f3, ni se demostr\u00f3 tampoco, la existencia de otro inter\u00e9s jur\u00eddico concreto de la tomadora en la conservaci\u00f3n de la m\u00e1quina, que permitiera inferir que su descompostura le produjo un da\u00f1o patrimonial cierto. <\/p>\n
Por esa v\u00eda, al no encontrarse probado que Mammoet Holding B.V. viera menoscabado su patrimonio como consecuencia de los da\u00f1os de la gr\u00faa, resulta improbable que surgiera en su favor alg\u00fan derecho de cr\u00e9dito en contra de Tayrona Off Shore Services S.A.S. o de Tr\u00e1fico y Log\u00edstica S.A., conclusi\u00f3n que no var\u00eda porque la asegurada extranjera pudiera ser la controlante de Intramar B.V. o de Mammoet Lifting and Transport S.A.S., no solo porque de ello no obra prueba en el expediente, sino porque esa condici\u00f3n no modifica el hecho de tratarse de personas jur\u00eddicas distintas, con patrimonios diferenciados12. <\/p>\n
Con fundamento en lo indicado, colige la Sala que durante el juicio no se acreditaron razones suficientes para dotar de eficacia a la transferencia de derechos y acciones resarcitorias \u2013sean estas de estirpe negocial o extranegocial\u2013 entre Mammoet Holding B.V. y las aseguradoras que pagaron la indemnizaci\u00f3n convenida en la p\u00f3liza n.\u00ba T0100038778, lo que ratifica la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa que advirti\u00f3 el tribunal en el fallo confutado. <\/p>\n
Ahora bien, se insiste en que las casacionistas pretendieron salvar ese escollo alegando que, seg\u00fan la legislaci\u00f3n de los Pa\u00edses Bajos, la sociedad matriz del grupo podr\u00eda recibir de las coaseguradoras el pago de la indemnizaci\u00f3n de los da\u00f1os que sufriera cualquiera de sus subordinadas (aseguradas y beneficiarias del contrato de seguro), y del mismo modo, las coaseguradoras podr\u00edan subrogarse en los derechos y acciones de todas las personas jur\u00eddicas que conformar\u00edan el \u201cgrupo Mammoet\u201d, incluyendo a la remitente Mammoet Lifting and Transport S.A.S. Sin embargo, como se explic\u00f3 supra, esa hipot\u00e9tica normativa for\u00e1nea no puede ser considerada, porque su contenido no se prob\u00f3, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 177 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Adem\u00e1s, si se obviara esa deficiencia formal, la conclusi\u00f3n no cambiar\u00eda, pues el concepto de la abogada neerlandesa que invocaron las recurrentes no dice lo que las impugnantes insin\u00faan. All\u00ed simplemente se afirm\u00f3 que \u00abIntramar B.V. y Mammoet Lifting and Transport S.A.S. son partes aseguradas en la LPP seg\u00fan el p\u00e1rrafo 1 de las condiciones complementarias del seguro, [raz\u00f3n por la cual] las condiciones y l\u00edmites de cobertura mencionadas en el p\u00e1rrafo 3 de las condiciones complementarias del seguro no se aplica a ellas\u00bb, aseveraci\u00f3n que no sirve de apoyo a ninguna de las premisas de la censura. <\/p>\n
Ciertamente, la teor\u00eda general del seguro permite contratar un aseguramiento por cuenta ajena, pero ese tipo de convenci\u00f3n, per se, no autoriza al tomador a recibir indemnizaciones por p\u00e9rdidas superiores a su propio inter\u00e9s asegurable13, ni mucho menos habilita al asegurador para subrogarse en los derechos y acciones de una persona distinta del asegurado que efectivamente recibi\u00f3 el pago de la indemnizaci\u00f3n pactada. Y, aunque es cierto que las legislaciones extranjeras (particularmente, la de los Pa\u00edses Bajos) pudieran prever otra cosa, los elementos de juicio recaudados no sugieren que ello sea as\u00ed. <\/p>\n
Lo expuesto deja en claro que la hip\u00f3tesis de la parte demandante se encuentra absolutamente ayuna de apoyos probatorios, al punto que en la sustentaci\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n no pudieron identificarse ni la fuente, ni el contenido concreto de la norma for\u00e1nea que permitir\u00eda a las coaseguradoras subrogarse en \u00ablos derechos de todas y cada una de las aseguradas\u00bb; y si esa regla no estaba debidamente acreditada, como no lo est\u00e1, los yerros f\u00e1cticos y jur\u00eddicos denunciados no pudieron tener lugar. <\/p>\n
6. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Para rebatir el principal sost\u00e9n argumentativo del fallo impugnado, las actoras adujeron que, conforme al derecho neerland\u00e9s, el pago realizado en favor de Mammoet Holding B.V., facultaba a las coaseguradoras para subrogarse en todas las acciones indemnizatorias en cabeza de las sociedades que conforman el \u201cgrupo Mammoet\u201d, incluyendo las contractuales de la remitente, Mammoet Lifting and Transport S.A.S. Esta premisa, sin embargo, no fue corroborada, por la falta de aportaci\u00f3n de una prueba conducente del contenido de la legislaci\u00f3n extranjera. <\/p>\n
En consecuencia, los dos primeros cargos no resultan aptos para revelar alg\u00fan yerro de juzgamiento en la labor del tribunal, autoridad que coligi\u00f3, fundadamente, que como el pago de las aseguradoras no se entreg\u00f3 a la susodicha remitente (Mammoet Lifting and Transport S.A.S.), sino a un tercero (Mammoet Holding B.V.), las demandantes no estaban legitimadas para ejercer la acci\u00f3n de responsabilidad contractual de la que pretendieron prevalerse. <\/p>\n
En definitiva, las dos primeras censuras no prosperan. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
Invocando de nuevo la trasgresi\u00f3n indirecta de los preceptos indicados en las censuras anteriores, las convocantes sostuvieron que \u00abel ad quem incurri\u00f3 en un error de hecho manifiesto y trascendente por indebida interpretaci\u00f3n y valoraci\u00f3n probatoria de los documentos en los que consta la celebraci\u00f3n del contrato de transporte entre Mammoet Lifting [and Transport S.A.S.] como parte remitente y tambi\u00e9n destinataria de la mercanc\u00eda con la compa\u00f1\u00eda Tayrona\u00bb. En ese sentido, expusieron: <\/p>\n
(i) Se encontraba probado \u00abque Mammoet Lifting [and Transport S.A.S.] hab\u00eda celebrado el contrato de transporte como remitente de la carga a transportar, esto es, figuraba en el contrato como la parte que se obliga por cuenta propia o ajena, a entregar las cosas para su conducci\u00f3n, por lo que, de acuerdo con las normas sustanciales, ten\u00eda legitimaci\u00f3n en la causa para exigir del transportador la responsabilidad por el incumplimiento del contrato\u00bb. <\/p>\n
(ii) Pese a ello, \u00aby en evidente desacierto, el tribunal en la parte resolutiva de la sentencia declara que Mammoet Lifting [and Transport S.A.S.] carec\u00eda de legitimaci\u00f3n en la causa por activa para ejercer la acci\u00f3n contractual derivada del contrato de transporte por ella celebrado en calidad de remitente, por haber reclamado como cuant\u00eda del perjuicio sufrido los valores que le fueron cedidos por Mammoet Holding B.V. e Intramar B.V., por concepto de deducible\u00bb. <\/p>\n
(iii) El ad quem \u00abentendi\u00f3 err\u00f3neamente que, por virtud de la existencia del contrato de cesi\u00f3n de derechos patrimoniales, el hecho da\u00f1ino era la indemnizaci\u00f3n y el nexo causal era la existencia del contrato de cesi\u00f3n, concluyendo tambi\u00e9n de manera equivocada que la responsabilidad que se reclamaba no era contractual, por haberse pedido como cuant\u00eda del perjuicio los valores objeto del contrato de cesi\u00f3n, desquiciando de esa manera todos los elementos de la responsabilidad contractual y las pretensiones de la demanda\u00bb. <\/p>\n
(iv) Esa colegiatura \u00abdebi\u00f3 haber apreciado las pruebas en el sentido de concluir que, debido a que Mammoet Lifting [and Transport S.A.S.] era tambi\u00e9n asegurada-beneficiaria en la p\u00f3liza de seguro n.\u00ba T0100038778, los perjuicios derivados del siniestro de la gr\u00faa le fueron pagados por las aseguradoras HDI y AIG a trav\u00e9s del pago realizado a su empresa matriz (Mammoet Holding B.V.). As\u00ed las cosas, los valores que quedaban por reclamar derivados como consecuencia directa del incumplimiento del contrato de transporte, eran el valor del deducible que le hab\u00edan cedido Mammoet Holding B.V. e Intramar B.V., raz\u00f3n por la que la cuant\u00eda del perjuicio reclamado por Mammoet Lifting [and Transport S.A.S.] era, precisamente, la derivada de la cesi\u00f3n de esos derechos patrimoniales, que eran los mismos que (…) ten\u00eda derecho a reclamar dada su condici\u00f3n de asegurada\u00bb. <\/p>\n
(v) La confusi\u00f3n del fallo impugnado \u00abse origina en el hecho de haberse reclamado como cuant\u00eda del perjuicio el valor que le fue cedido a Mammoet Lifting [and Transport S.A.S.] por Mammoet Holding B.V., entendiendo entonces equivocadamente que se estaba reclamando \u201cla responsabilidad de una fuente obligacional diversa al contrato\u201d, por haber apreciado err\u00f3neamente el dictamen pericial que daba cuenta que Mammoet Lifting [and Transport S.A.S.] era tambi\u00e9n asegurada y beneficiaria del seguro, raz\u00f3n por la que reclamaba los valores que no hab\u00edan sido cubiertos por dicha p\u00f3liza\u00bb. <\/p>\n
(vi) En realidad, Mammoet Lifting and Transport S.A.S. \u00abhabr\u00eda podido reclamar el deducible de \u20ac100.000 derivado de la aplicaci\u00f3n del contrato de seguro (…), sin necesidad de cesi\u00f3n alguna de este derecho por parte de Mammoet Holding B.V., por cuanto este constituye una parte del perjuicio derivado del da\u00f1o causado a la gr\u00faa LR 1400 durante su transporte. Y el aludido contrato de cesi\u00f3n de este deducible no altera la legitimaci\u00f3n de esta demandante, ni mucho menos que ese valor es uno de los perjuicios derivados del incumplimiento del contrato de transporte\u00bb. <\/p>\n
CARGO CUARTO <\/p>\n
Con apoyo en la misma causal de casaci\u00f3n, se denunci\u00f3 la comisi\u00f3n de errores de hecho en la sentencia de segunda instancia, pretextando que \u00abel tribunal erradamente consider\u00f3 que no era aplicable el principio general de iura novit curia, argumentando que su facultad de interpretar el sentido y alcance de la demanda y de establecer el derecho aplicable al caso, no pod\u00eda llegar hasta variar o distorsionar el contenido medular de lo pretendido por las partes\u00bb. Para apuntalar su cr\u00edtica, se\u00f1alaron: <\/p>\n
(ii) En este litigio \u00abse encontraban acreditados todos los elementos de la responsabilidad civil, pues se acredit\u00f3 que el hecho generador del da\u00f1o fue el transporte de la gr\u00faa en el que se ocasion\u00f3 la aver\u00eda de la misma por el volcamiento del veh\u00edculo en el cual era transportada. Asimismo, asumiendo que la responsabilidad era extracontractual, trat\u00e1ndose del transporte de una m\u00e1quina, el criterio de imputaci\u00f3n es el mismo que en materia contractual, esto es, la culpa presunta de los demandados por el ejercicio de actividades peligrosas\u00bb. <\/p>\n
(iii) Igualmente, \u00abse acredit\u00f3 la existencia del da\u00f1o por aver\u00eda de la gr\u00faa, la relaci\u00f3n de causalidad entre el hecho de ser transportada y el da\u00f1o causado, y finalmente se acredit\u00f3 la cuant\u00eda del perjuicio. Lo anterior mediante la notificaci\u00f3n del incidente, el registro fotogr\u00e1fico del accidente, el informe policial del accidente, as\u00ed como la demanda y la aceptaci\u00f3n sobre la ocurrencia del siniestro por parte de las demandadas en sus contestaciones y testimonios\u00bb. <\/p>\n
(iv) El tribunal, entonces, \u00abdebi\u00f3 haber privilegiado la realizaci\u00f3n del derecho sustancial y la administraci\u00f3n de justicia, en vez de inhibirse de resolver de m\u00e9rito o de fondo el asunto, con la justificaci\u00f3n de una falta de legitimaci\u00f3n en la causa por la escogencia equivocada de la acci\u00f3n. En verdad, como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia, siendo el juzgador quien conoce el sistema procesal vigente, estaba en la obligaci\u00f3n de salvar la equivocaci\u00f3n y hacer la correcta adecuaci\u00f3n t\u00edpica o subsunci\u00f3n que le permitiera resolver de fondo la controversia y garantizar la realizaci\u00f3n del derecho sustancial\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La trasgresi\u00f3n indirecta de la ley sustancial por errores en la apreciaci\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
La demanda \u2013puntualmente, los hechos relatados y las pretensiones elevadas\u2013 constituye un elemento de particular trascendencia para la estructuraci\u00f3n del marco de la controversia. Por consiguiente, resulta posible que en la labor de interpretaci\u00f3n que de ese escrito realice el tribunal al construir su decisi\u00f3n, incurra en un error de tal magnitud que termine tergiversando \u2013en forma evidente\u2013 el contenido y alcance de esa pieza procesal, y por esa v\u00eda, alterando tambi\u00e9n la caracterizaci\u00f3n del conflicto y su subsunci\u00f3n en las normas sustanciales pertinentes. <\/p>\n
Sobre esta problem\u00e1tica, la Sala tiene dicho: <\/p>\n
\u00abCuando el juez advierta ambig\u00fcedad, vaguedad o anfibolog\u00eda de la demanda a punto de no expresar con exactitud su sentido pr\u00edstino, sea por la complejidad del asunto, sea por cualesquiera falencia o defecto de suficiencia t\u00e9cnica, terminol\u00f3gica o descriptiva, \u201cpara \u2018no sacrificar el derecho material en aras de un culto vano al formalismo procesal\u2019 (CCXXXIV, 234), est\u00e1 obligado a interpretarla en busca de su sentido genuino sin alterarlo ni sustituirlo, consultando la prevalencia del derecho sustancial, el acceso a la administraci\u00f3n de justicia y la soluci\u00f3n real de los conflictos. A este respecto, la Sala de tiempo atr\u00e1s, acent\u00faa la labor del juez en la interpretaci\u00f3n de la demanda \u2018para que los derechos de las partes que se discuten en el proceso alcancen en la pr\u00e1ctica la certeza que legalmente les corresponde. M\u00e1s si ello es as\u00ed, tampoco hay lugar a perder de vista que dicho poder encu\u00e9ntrase de todos modos, supeditado a los t\u00e9rminos y conceptos de los que el demandante se hubiere valido para exponer tanto la pretensi\u00f3n como la causa petendi de la misma. Por mejor decirlo, el juez, en la b\u00fasqueda del real sentido de la demanda, tiene que averiguar es por lo que su autor quer\u00eda expresar por medio de ella y no por lo que \u00e9l, el juez, desee ver en ese escrito. Por tanto, la b\u00fasqueda de la que se habla s\u00f3lo tiene cabida cuando el lenguaje de la demanda, sin ser indescifrable por completo, no se ajusta a la claridad y precisi\u00f3n indispensables en tan delicada materia\u2019 (CLXXXVIII, 139). <\/p>\n
Por supuesto, el juzgador, no puede reemplazar ni cambiar la demanda, est\u00e1ndole vedado \u2018moverse ad libitum o en forma ilimitada hasta el punto de corregir desaciertos de fondo, o de resolver sobre pretensiones no propuestas, o decidir sobre hechos no invocados. Porque en tal labor de hermen\u00e9utica no le es permitido descender hasta recrear una causa petendi o un petitum, pues de lo contrario se cercenar\u00eda el derecho de defensa de la contraparte y, por dem\u00e1s, el fallo resultar\u00eda incongruente.\u2019 (CCXVI, p. 520; sentencias de 26 de junio de 1986, 28 de febrero de 1992 y 23 de septiembre de 2004, S-114-2004 [7279], no publicadas oficialmente). <\/p>\n
En id\u00e9ntico sentido, la labor judicial interpretativa de la demanda, implica un an\u00e1lisis serio, fundado y razonable de todos sus segmentos, \u2018siempre en conjunto, porque la intenci\u00f3n del actor est\u00e1 muchas veces contenida no s\u00f3lo en la parte petitoria, sino tambi\u00e9n en los fundamentos de hecho y de derecho\u2019 y \u2018[n]o existe en nuestra legislaci\u00f3n procedimental un sistema r\u00edgido o sacramental que obligue al demandante a se\u00f1alar en determinada parte de la demanda o con f\u00f3rmulas especiales su intenci\u00f3n, sino que basta que ella aparezca claramente en el libelo, ya de una manera directa o expresa, ya por una interpretaci\u00f3n l\u00f3gica basada en todo el conjunto de la demanda\u2019 (XLIV, p. 527; XIV, 488 y 833; LXI, 460; CXXXII, 241; CLXXVI, 182 y CCXXV, 2\u00aa parte, 185). Por lo anterior, el defecto de claridad del libelo genitor de un proceso, puede y debe disiparse mediante su interpretaci\u00f3n racional, l\u00f3gica, sistem\u00e1tica e integral y s\u00f3lo \u2018cuando la demanda sea tan vaga que (\u2026) no permita indagaci\u00f3n de su real sentido, lo que corresponde es que se la desestime como inepta\u201d (CLXXXVIII, 169).\u2019\u201d (Sent. Cas. Civ. No. 084 de 27 de agosto de 2008; subrayas de la Sala). <\/p>\n
Ahora bien, cuando el resultado de tan significativa labor hermen\u00e9utica no refleja fielmente lo reclamado en la demanda, en particular si el fallo incorpora, antojadizamente, la percepci\u00f3n del juez sobre la dimensi\u00f3n y naturaleza de los hechos y pretensiones, \u201ccomo ocurre cuando tergiversa de modo evidente su texto, o lo hace decir lo que no expresa o, tambi\u00e9n cuando cercena su real contenido (\u2026)\u201d, \u201c\u2018el sentenciador incurre en yerro de facto, pues no se puede olvidar que la demanda, no solo constituye una pieza con la cual se inicia el proceso, sino que a la vez asume el car\u00e1cter de elemento o medio de convicci\u00f3n\u2019 (G. J. Tomo LXVII, 434; CXLII, p\u00e1g. 200)\u201d (Sent. Cas. Civ. de 22 de agosto de 1989; \u00e9nfasis de la Corporaci\u00f3n), equ\u00edvoco denunciable en casaci\u00f3n al amparo de la causal primera del art\u00edculo 368 \u00eddem, pues la violaci\u00f3n de la ley proviene de error de hecho en la apreciaci\u00f3n de la demanda, error in iudicando, que ruega la confrontaci\u00f3n de su texto con aquello que de ella dedujo el tribunal al fin de establecer si procede su quiebre, conforme al art\u00edculo 374 ib\u00eddem. <\/p>\n
A este prop\u00f3sito, \u201cno se puede olvidar que la demanda, no solo constituye una pieza con la cual se inicia el proceso, sino que a la vez asume el car\u00e1cter de elemento o medio de convicci\u00f3n\u2019 (G. J. Tomo LXVII, 434; CXLII, p\u00e1g. 200)\u2019 (Casaci\u00f3n Civil de 22 de agosto de 1989)\u201d (Sent. Cas. Civ. No. 084 de 27 de agosto de 2008), y como tal, puede ser indebidamente apreciada o interpretada por el Tribunal, caso en el cual, la vulneraci\u00f3n de la ley sustancial, la existencia del yerro f\u00e1ctico, su naturaleza manifiesta u ostensible e incidencia en la providencia recurrida, se determinar\u00e1 contrastando, cotejando o confrontando las consideraciones espec\u00edficas de la decisi\u00f3n con el escrito introductor\u00bb (CSJ SC, 19 sep. 2009, rad. 2003-00318-01). <\/p>\n
2. La interpretaci\u00f3n de la demanda en los juicios de responsabilidad civil (negocial o extranegocial). <\/p>\n
2.1. En ocasiones, la posibilidad de que la v\u00edctima de un hecho da\u00f1oso obtenga una reparaci\u00f3n se ha visto frustrada por el hecho de haber fincado su acci\u00f3n judicial en la vertiente equivocada de la responsabilidad civil. No es infrecuente que pretensiones resarcitorias no salgan avante porque el actor fundament\u00f3 su reclamo en el incumplimiento de una convenci\u00f3n, cuando para el juez de la causa deb\u00eda haberse acudido a las reglas propias de la responsabilidad aquiliana, o viceversa. <\/p>\n
Este resultado, que suele percibirse como injusto, o potencialmente contrario a los derechos de acceso a la justicia y reparaci\u00f3n de la v\u00edctima, ha llevado a proponer soluciones muy variadas, entre ellas la que sugiere la parte recurrente, conforme la cual el texto de la demanda debe ser siempre interpretado en el sentido que franquee el paso al reclamo indemnizatorio. <\/p>\n
Sin embargo, esa regla totalizadora no repara en las variables particulares de cada conflicto, y contrar\u00eda la naturaleza dispositiva del derecho privado, el derecho a la defensa del demandado y la regla de congruencia que disciplina la actividad judicial en materia civil y comercial. <\/p>\n
2.2. En efecto, la libertad de disposici\u00f3n y la autonom\u00eda de la voluntad que despuntan en esta materia no parecen consistentes con la idea de asignar a la jurisdicci\u00f3n la facultad omn\u00edmoda de desechar las pretensiones y los enunciados f\u00e1cticos relevantes incorporados por la parte actora en su demanda (o en las oportunidades procesales pertinentes), para reconstruir el reclamo judicial por una v\u00eda que dote de eficacia la tutela reclamada por la v\u00edctima. <\/p>\n
Con similar orientaci\u00f3n, se destaca que la posibilidad de suplantar por completo la estrategia de litigio del extremo actor, amenaza gravemente al derecho al debido proceso y la contradicci\u00f3n del convocado, a quien no le bastar\u00eda preparar su defensa frente a los hechos y pedimentos que razonablemente pudieran inferirse del texto del escrito introductor, sino que tambi\u00e9n tendr\u00eda que preocuparse por intentar pronosticar las aristas del litigio que pudieran surgir posteriormente, cuando el juez de la causa reconfigurara \u2013a su arbitrio\u2013 el petitum y la causa petendi de la demanda. <\/p>\n
Finalmente, la consagraci\u00f3n de una prerrogativa absoluta como la ya rese\u00f1ada, pondr\u00eda en entredicho el principio de congruencia14, en virtud del cual, \u00abla sentencia deber\u00e1 estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las dem\u00e1s oportunidades que este c\u00f3digo contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si as\u00ed lo exige la ley\u00bb, de modo que \u00abno podr\u00e1 condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta\u00bb (art\u00edculo 281, C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
Es innegable que el debate acerca de la procedencia del derecho de reparaci\u00f3n de la v\u00edctima no puede quedar reducido a verificar si esta incluy\u00f3 en su demanda la palabra \u201ccontractual\u201d, o us\u00f3 la expresi\u00f3n \u201cextracontractual\u201d, porque esos detalles \u2013anecd\u00f3ticos\u2013 no relevan al juez de su designio de restablecer el orden justo y proveer la tutela efectiva de los derechos de las personas. <\/p>\n
En consecuencia, se considera pertinente buscar un prudente equilibrio entre las soluciones opuestas explicadas, que permita remover cualquier obst\u00e1culo para la realizaci\u00f3n de los derechos sustanciales de las v\u00edctimas, a condici\u00f3n de que con ello no se lesione el derecho a la defensa del demandado, ni se incurra en inconsonancia. <\/p>\n
2.4. Con el prop\u00f3sito anunciado, se muestra pertinente insistir en la doctrina probable de esta Corporaci\u00f3n, conforme con la cual, <\/p>\n
\u00abel juez debe interpretar la demanda en su conjunto, con criterio jur\u00eddico, pero no mec\u00e1nico, auscultando en la causa para pedir su verdadero sentido y alcance, sin limitarse a un entendimiento literal, porque debe trascenderse su misma redacci\u00f3n, para descubrir su naturaleza y esencia, y as\u00ed por contera superar la indebida calificaci\u00f3n jur\u00eddica que eventualmente le haya dado la propia parte demandante. Tales hechos, ha dicho la Corte, \u2018son los que sirven de fundamento al derecho invocado y es sobre la comprobaci\u00f3n de su existencia y de las circunstancias que los informan sobre que habr\u00e1 de rodar la controversia\u2019 (Sentencia de 2 de diciembre de 1941). Si est\u00e1n probados los hechos, anot\u00f3 en otra ocasi\u00f3n, \u2018incumbe al juez calificarlos en la sentencia y proveer de conformidad, no obstante los errores de las s\u00faplicas: da mihi factum, dabo tibi ius\u2019 (G.J. No. 2261 a 2264, p\u00e1g. 137). En materia de interpretaci\u00f3n de la demanda, dijo m\u00e1s recientemente, \u2018la desacertada calificaci\u00f3n que el libelista le d\u00e9 en su demanda a las s\u00faplicas, no tiene por qu\u00e9 repercutir en el tratamiento jur\u00eddico del caso, puesto que corresponde al juzgador y no a los litigantes, definir el derecho que se controvierte\u2019 (\u2026). Es m\u00e1s, a\u00fan en el evento de una denominaci\u00f3n incorrecta, dicha circunstancia no ten\u00eda porque repercutir en el tratamiento jur\u00eddico del caso, puesto que corresponde al juzgador y no a los litigantes, definir el derecho en conflicto: jura novit curia\u2019. <\/p>\n
En sentencia n\u00b0 071 de 16 de julio de 2008, se anot\u00f3 sobre el tema lo que a continuaci\u00f3n se destaca: \u201c(\u2026) para identificar una pretensi\u00f3n no basta con reparar en lo que se solicita, sino que ese petitum, que constituye el objeto inmediato de lo que se demanda, debe relacionarse con la causa para pedir invocada, la que comprende la situaci\u00f3n de hecho aducida y las consecuencias que a ella le asigna el demandante. Por tanto, esos dos factores que inescindiblemente se conjugan en la causa petendi, determinan el t\u00edtulo de la pretensi\u00f3n y, por ende, para la configuraci\u00f3n de \u00e9ste concurren razones de hecho y de derecho, entendi\u00e9ndose que las primeras est\u00e1n dadas por el relato hist\u00f3rico de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica de la que se busca deducir lo que se pide a la jurisdicci\u00f3n, mientras que las segundas \u2018son afirmaciones concretas de car\u00e1cter jur\u00eddico que referidas a esos antecedentes de hecho, le permiten al demandante autoatribuirse el derecho subjetivo en que apoya su solicitud de tutela a las autoridades judiciales, afirmaciones estas que, desde luego, no hay lugar a confundir en modo alguno con los motivos abstractos de orden legal que se aduzcan para sustentar la demanda incoada\u2019 (ib\u00eddem). – Es funci\u00f3n privativa de los juzgadores examinar el contenido de la litis, labor para la cual cuentan con amplias facultades, con miras a concretar los preceptos que consideren aplicables al caso, aunque tengan que hacerlo separ\u00e1ndose de las alegaciones en derecho efectuadas por las partes o suplir sus omisiones\u201d <\/p>\n
(\u2026) Tambi\u00e9n en la sentencia inmediatamente citada, la Corte reiter\u00f3 su doctrina en el sentido de que el yerro en el que incurre el sentenciador cuando no atina a comprender cu\u00e1l es la acci\u00f3n, si contractual o extracontractual, que promueve el demandante con la finalidad de obtener el reconocimiento y pago de unos perjuicios que afirma le fueron ocasionados por la conducta omisiva e irregular de la parte accionada, es de facto y no jur\u00eddico (…). Y en este punto es menester acotar que no se trata de restringir o menoscabar las potestades hermen\u00e9uticas del juzgador, ni mucho menos que al conjuro de un determinado vocablo utilizado por el actor, quede irremediablemente ligado a esa expresi\u00f3n. Por el contrario, ya se ha recalcado, y nuevamente se enfatiza, que el juez tiene el deber de desentra\u00f1ar el verdadero y m\u00e1s equitativo sentido de la demanda, por supuesto, sin distorsionarla, labor en cuya realizaci\u00f3n puede acontecer que el demandante, descuidada o ambiguamente sit\u00fae su petici\u00f3n en el \u00e1mbito de la responsabilidad extracontractual, pero al exponer el objeto de su reclamaci\u00f3n o la causa para expedir evidencie con nitidez lo contrario, es decir que su pedimento se afinca en la responsabilidad derivada del incumplimiento negocial, pues en esa hip\u00f3tesis deber\u00e1 el juzgador emprender el ejercicio intelectivo pertinente, enderezado a establecer el genuino sentido de dicho libelo, sin que necesaria e ineludiblemente deba atenerse a la denominaci\u00f3n que al desgaire le hubiere imprimido el accionante. Otro tanto ocurrir\u00e1 en la hip\u00f3tesis antag\u00f3nica\u00bb (CSJ SC, 16 jul. 2008, rad. 1997-00457-01). <\/p>\n
Posteriormente, se ratific\u00f3 que <\/p>\n
\u00ab(…) sin desconocer la dicotom\u00eda normativa entre la responsabilidad contractual y extracontractual por sus directrices o reglas jur\u00eddicas diferenciales (…), ni las cr\u00edticas (…) y futuro de la distinci\u00f3n (…), [se] ha admitido, en determinadas hip\u00f3tesis, el deber resarcitorio del quebranto inferido a sujetos diversos, precisamente en repudio de la impunidad a que conducir\u00eda la exclusi\u00f3n de la reparaci\u00f3n del da\u00f1o inmotivado causada a la esfera tutelada por el ordenamiento jur\u00eddico, verbi gratia, en trat\u00e1ndose de los intereses de consumidores y usuarios cuya protecci\u00f3n \u2018no puede verse restringida o limitada por el principio de la relatividad de los contratos, cuyo alcance, por cierto, tiende cada vez a ser morigerado por la doctrina jurisprudencial (sentencia de 28 de julio de 2005, exp. 00449-01), puesto que, con independencia del v\u00ednculo jur\u00eddico inmediato que ellos pudieran tener con el sujeto que les enajen\u00f3 o provey\u00f3 un determinado bien o servicio, las medidas tuitivas propias de su condici\u00f3n han de verse extendidas hasta la esfera del productor o fabricante\u2019 (cas. civ. 7 de febrero de 2007, exp. 23162-31-03-001-1999-00097-01, [SC-016-2007]) y, de la responsabilidad m\u00e9dica, por cuanto, en oportunidades, unos mismos hechos, actos o conductas, a m\u00e1s de lesionar el contrato y, por tanto, los derechos e intereses de las partes contratantes, pueden generar un detrimento a terceros extra\u00f1os al v\u00ednculo contractual, o sujetos distintos pueden causar el quebranto a una misma persona o a varias personas bajo distintas relaciones o situaciones jur\u00eddicas o diversos t\u00edtulos de imputaci\u00f3n, por ello legitimados para reclamarlos de conformidad con las normas legales (cas. civ. 11 de septiembre de 2002 [SC-172-2002], exp. 6430; 13 de septiembre de 2002, exp. 6199; 27 de septiembre de 2002, exp. 6143; 18 de mayo de 2005, exp. 14405)\u201d (cas. civ. sentencia de 4 de mayo de 2009, exp. 05001-3103-002-2002-00099-01). <\/p>\n
La Sala, en situaciones como las rese\u00f1adas, acent\u00faa el deber legal del juzgador de interpretar la demanda para ubicar con exactitud la responsabilidad civil, particularmente en casos de confusi\u00f3n, duda o anfibolog\u00eda sobre su naturaleza contractual o extracontractual. A este respecto, \u201c\u2018cuando el lenguaje de la demanda, sin ser indescifrable por completo, no se ajusta a la claridad y precisi\u00f3n indispensables en tan delicada materia\u2019 (CLXXXVIII, 139), para \u2018no sacrificar el derecho material en aras de un culto vano al formalismo procesal\u2019 (CCXXXIV, 234), \u2018el juzgador est\u00e1 obligado a interpretarla en busca de su sentido genuino sin alterarlo ni sustituirlo, consultando la prevalencia del derecho sustancial, el acceso a la administraci\u00f3n de justicia y la soluci\u00f3n real de los conflictos\u2019, realizando \u2018un an\u00e1lisis serio, fundado y razonable de todos sus segmentos\u2019, \u2018mediante su interpretaci\u00f3n racional, l\u00f3gica, sistem\u00e1tica e integral\u2019 (cas. civ. sentencia de 27 de agosto de 2008, [SC-084-2008], expediente 11001-3103-022-1997-14171-01, \u00e9nfasis de la Sala), \u2018siempre en conjunto, porque la intenci\u00f3n del actor est\u00e1 muchas veces contenida no s\u00f3lo en la parte petitoria, sino tambi\u00e9n en los fundamentos de hecho y de derecho\u2019, bastando \u2018que ella aparezca claramente en el libelo, ya de una manera directa o expresa, ya por una interpretaci\u00f3n l\u00f3gica basada en todo el conjunto de la demanda\u2019 (XLIV, p. 527; XIV, 488 y 833; LXI, 460; CXXXII, 241; CLXXVI, 182 y CCXXV, 2\u00aa parte, 185)\u201d (cas. civ. sentencias de 6 de mayo de 2009, Exp. N\u00b0 11001-3103-032-2002-00083-01; 3 de noviembre de 2010, exp. 20001-3103-003-2007-00100-01), \u201cde manera que en procura de evitar el sacrificio del derecho sustantivo, pueda enmendar con su actividad dial\u00e9ctica la confusa presentaci\u00f3n de los hechos, de las pretensiones o de las excepciones que hayan efectuado las partes intervinientes en el proceso\u201d (cas. civ. sentencia de 11 de julio de 2000, exp. 6015). <\/p>\n
Aplicada la citada doctrina jurisprudencial, del an\u00e1lisis l\u00f3gico, sistem\u00e1tico, integral, fundado y razonable de la demanda no obstante calificar de contractual la responsabilidad civil, a simple vista refulge el reclamo por los demandantes de la reparaci\u00f3n de sus propios da\u00f1os, esto es, act\u00faan iure proprio, piden para s\u00ed y por s\u00ed perjuicios personales por la muerte de la v\u00edctima directa (pretensiones declarativas y de condena, hechos primero a noveno, estimativo de perjuicios materiales (fls. 34-37, cdno. 1). Justamente, la conjugaci\u00f3n de esas circunstancias, y la interpretaci\u00f3n de la demanda, patentiza que la responsabilidad suplicada por los demandantes mediante el ejercicio de la acci\u00f3n iure proprio, \u201ces extracontractual\u201d, por tratarse de terceros ajenos al v\u00ednculo, quienes no pueden invocar el contrato para exigir la indemnizaci\u00f3n de sus propios da\u00f1os \u201ccon el fallecimiento de la v\u00edctima-contratante, debiendo situarse, para tal prop\u00f3sito, en el campo de la responsabilidad extracontractual\u201d (cas. civ. sentencia de 18 de mayo de 2005, [SC-084-2005], exp. 14415)\u00bb (CSJ SC, 17 nov. 2011, rad. 1999-00533-01; reiterada en CSJ SC7024-2014, 5 jun.). <\/p>\n
2.5. A partir de los precedentes citados, puede construirse la siguiente subregla: el juez tiene el deber de interpretar los hechos y pretensiones esgrimidos por la v\u00edctima en su demanda, dot\u00e1ndolos del sentido que interfiera en menor medida con la procedencia de la reparaci\u00f3n reclamada, siempre y cuando esa hermen\u00e9utica no sea abiertamente incompatible con las manifestaciones del propio convocante en su escrito inaugural, o sus modificaciones. <\/p>\n
Esto se traduce en que el juez est\u00e1 obligado a desentra\u00f1ar el verdadero y adecuado sentido de la demanda, especialmente en aquellos eventos en los que la descripci\u00f3n f\u00e1ctica incluida en esa pieza procesal sea ininteligible, sugiera un tipo de responsabilidad diferente del expresamente invocado en las pretensiones, o evidencie un supuesto en el que los linderos entre el campo de aplicaci\u00f3n de la responsabilidad contractual y el supuesto residual de la responsabilidad aquiliana no est\u00e9n definidos plenamente. <\/p>\n
Pero si lo que ocurre es que el convocante eligi\u00f3 de manera di\u00e1fana un camino procesal equivocado, esa intervenci\u00f3n excepcional del funcionario se tornar\u00eda injustificada, pues el deber de interpretaci\u00f3n no puede conducir a que la jurisdicci\u00f3n recomponga la estrategia procesal de los litigantes, o la sustituya por otra m\u00e1s adecuada para la gesti\u00f3n de sus intereses. <\/p>\n
3.1. En los dos \u00faltimos cuestionamientos, las casacionistas plantearon cr\u00edticas relacionadas \u2013de forma directa o indirecta\u2013 con la interpretaci\u00f3n de su demanda. En el tercer cargo, destacaron la comparecencia como demandante de Mammoet Lifting and Transport S.A.S., arguyendo que no resulta coherente que el tribunal hubiera concluido que dicha entidad no estaba legitimada para ejercer una acci\u00f3n contractual, cuando fungi\u00f3 como remitente y destinataria en la convenci\u00f3n de transporte que se denunci\u00f3 incumplida. <\/p>\n
En sentido opuesto, la \u00faltima censura defendi\u00f3 que el contrato de cesi\u00f3n de derechos celebrado entre Mammoet Holding B.V. e Intramar B.V., como cedentes, y Mammoet Lifting and Transport S.A.S., como cesionaria, legitimaba a esta \u00faltima en la causa para pedir, por la senda de la responsabilidad aquiliana, la indemnizaci\u00f3n por la aver\u00eda de la gr\u00faa LR 1400. A partir de all\u00ed, las recurrentes resaltaron que en la foliatura obra prueba del da\u00f1o, de la conducta culposa de las transportadoras y del nexo causal entre una y otra cosa, de manera que no pod\u00eda el ad quem abstenerse de ordenar la indemnizaci\u00f3n pedida. <\/p>\n
3.2. Precisado lo anterior, se reitera que la acreditaci\u00f3n de un error de hecho como el denunciado exige a la parte interesada comprobar que el significado que el tribunal le asign\u00f3 a la demanda no puede conciliarse con el contenido material de ese escrito. En contraposici\u00f3n, si lo que termina avizor\u00e1ndose es que la hermen\u00e9utica aplicada por el juez de la apelaci\u00f3n fue razonable \u2013como ocurrir\u00e1 cuando este opta por una de entre varias lecturas l\u00f3gicamente admisibles del escrito inicial\u2013, la acusaci\u00f3n no puede salir avante. <\/p>\n
En el asunto sub ex\u00e1mine, el error de valoraci\u00f3n del ad quem no qued\u00f3 demostrado; por el contrario, luce incontestable que el ad quem termin\u00f3 decant\u00e1ndose por una lectura bastante plausible de la demanda. Tal como se anot\u00f3 en otro aparte de esta providencia, en el fallo impugnado en casaci\u00f3n se asegur\u00f3 que Mammoet Lifting and Transport S.A.S., AIG Europe Limited y HDI-Gerling Verzekeringen N.V, pretendieron ejercer una acci\u00f3n indemnizatoria por el incumplimiento del contrato de transporte de la gr\u00faa LR 1400, pero legitim\u00e1ndose como subrogatarias o cesionarias de una persona jur\u00eddica ajena a esa convenci\u00f3n, ex\u00e9gesis que luce fundada, si se tiene en cuenta que: <\/p>\n
(i) En la introducci\u00f3n del memorial inicial, se anunci\u00f3 que se trataba de una \u00abdemanda declarativa verbal de mayor cuant\u00eda de responsabilidad civil contractual\u00bb. <\/p>\n
(ii) En el ac\u00e1pite de pretensiones, las interesadas solicitaron \u00abque se declare el incumplimiento, por culpa grave, del contrato de transporte de la gr\u00faa LR 1400\u00bb, reclamando m\u00e1s adelante el resarcimiento \u00abde los da\u00f1os y perjuicios causados como consecuencia del incumplimiento del contrato de transporte\u00bb. <\/p>\n
(iii) AIG Europe Limited y HDI-Gerling Verzekeringen N.V. suplicaron el pago de \u20ac979.362,25, \u00abcorrespondiente a los perjuicios que las mismas han pagado por los da\u00f1os y perjuicios a la empresa Intramar B.V., due\u00f1a de la gr\u00faa LR 1400 (…) en virtud del derecho de subrogaci\u00f3n que tiene (…) conforme al art\u00edculo 1096 del C\u00f3digo de Comercio\u00bb. <\/p>\n
(iv) La remitente, Mammoet Lifting and Transport S.A.S., solicit\u00f3 en su favor dos condenas. La primera, por \u20ac100.000, \u00abcorrespondientes al deducible del seguro evidenciado en la p\u00f3liza de seguro n.\u00ba T0100038778\/1004, que fue descontado a la empresa Mammoet Holding B.V. y que esta \u00faltima cedi\u00f3 a favor de Mammoet Lifting and Transport S.A.S.\u00bb. La segunda, por \u20ac9.534,62, \u00abcorrespondientes a las inspecciones que debieron hacer a la gr\u00faa LR 1400 para cuantificar la magnitud del da\u00f1o (…) suma que fue pagada por Mammoet Holding B.V., y cr\u00e9dito que esta \u00faltima cedi\u00f3 a favor de Mammoet Lifting and Transport S.A.S.\u00bb. <\/p>\n
(v) Al realizar el juramento estimatorio sobre los montos descritos, las actoras insistieron en que estos correspond\u00edan a \u00abla indemnizaci\u00f3n que debieron pagar las compa\u00f1\u00edas de seguros\u00bb; \u00abel deducible aplicado por las compa\u00f1\u00edas de seguros a la sociedad Mammoet Holding B.V.\u00bb, y \u00abel pago de las inspecciones que tuvieron que realizarse\u00bb. <\/p>\n
(vi) A la demanda se anex\u00f3 el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de Mammoet Holding B.V., la constancia del pago que se le hiciera de la indemnizaci\u00f3n contratada en el contrato de seguro, la convenci\u00f3n aseguraticia, y la de cesi\u00f3n de derechos econ\u00f3micos en favor de Mammoet Lifting and Transport S.A.S. <\/p>\n
3.3. Si se conjugan los elementos rese\u00f1ados, refulge la ausencia de incorrecci\u00f3n evidente en la labor contemplativa del tribunal. A partir de los apartes trasuntados, aparece veros\u00edmil la inferencia de dicha colegiatura, acorde con la cual Mammoet Lifting and Transport S.A.S. no compareci\u00f3 al proceso pidiendo sus propios perjuicios como parte cumplida del contrato de transporte, sino que lo hizo con el fin de reclamar la protecci\u00f3n de los derechos de cr\u00e9dito que le cedi\u00f3 Mammoet Holding B.V., quien no particip\u00f3 en la referida convenci\u00f3n. <\/p>\n
En ese escenario, y dadas las expresas manifestaciones contenidas en el libelo genitor, luce entendible que el tribunal no reparara en la legitimaci\u00f3n de la demandante como parte contratante, sino que evaluara la de Mammoet Holding B.V., en su condici\u00f3n de titular originario de los derechos que pretendieron instrumentalizarse en este juicio. Al fin y al cabo, la legitimaci\u00f3n en la causa no es un concepto que pueda definirse en abstracto, sino que debe correlacionarse con el fundamento f\u00e1ctico y el contenido material de las pretensiones que esgrimen los litigantes, en ejercicio de un determinado derecho de acci\u00f3n. <\/p>\n
Y si de lo que se consign\u00f3 de forma expresa e inequ\u00edvoca de la demanda no parece factible deducir un reclamo contractual directo de parte de Mammoet Lifting and Transport S.A.S., mucho menos lo ser\u00e1 extraer una s\u00faplica de naturaleza extranegocial, como la que ser\u00eda de rigor para acoger la \u00faltima censura. Conforme se indic\u00f3, en el escrito que milita a folios 252 a 268 del cuaderno principal no existen referencias equ\u00edvocas, contradicciones o zonas grises entre vertientes distintas de la responsabilidad civil; all\u00ed, simplemente, la parte actora opt\u00f3 por ejercer una acci\u00f3n contractual, pero prevali\u00e9ndose de derechos provenientes de un tercero ajeno al acuerdo bilateral. <\/p>\n
Esta circunstancia muestra que el prop\u00f3sito que persiguen las recurrentes con sus cuestionamientos finales no es que se realice una adecuada ex\u00e9gesis de la demanda inicial, sino que el contenido de esta sea sustituido por otro cualquiera (de naturaleza contractual o extracontractual), que le permita garantizar la realizaci\u00f3n de su derecho de reparaci\u00f3n, sin importar que ese resultado sea abiertamente incompatible con el propio texto de dicha pieza del expediente, con la conducta procesal de las actoras a lo largo del juicio, con la posibilidad de defensa y contradicci\u00f3n de los demandados, o con la regla de consonancia que prev\u00e9 el art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso. Y como esos fines no son admisibles, los cargos no prosperan. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Dado que no se acredit\u00f3 la comisi\u00f3n de yerros evidentes en la labor de interpretaci\u00f3n de la demanda, las censuras tercera y cuarta no se abren paso. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. NO CASAR la sentencia de 20 de noviembre de 2019, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el proceso verbal promovido por Mammoet Lifting and Transport S.A.S., AIG Europe Limited y HDI-Gerling Verzekeringen N.V., contra Tayrona Off Shore Services S.A.S. y Tr\u00e1fico y Log\u00edstica S.A. <\/p>\n
SEGUNDO. COSTAS a cargo de la parte demandante. Liqu\u00eddense en la forma que prev\u00e9 el art\u00edculo 366 del C\u00f3digo General del Proceso, teniendo en cuenta la suma de $6.000.000 como agencias en derecho de esta actuaci\u00f3n. <\/p>\n
TERCERO. REM\u00cdTASE el expediente a la autoridad judicial competente. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Fol. 838, cdno. 1-C. <\/p>\n
2\u0002 Art\u00edculo 228, C\u00f3digo General del Proceso: \u00abLa parte contra la cual se aduzca un dictamen pericial podr\u00e1 solicitar la comparecencia del perito a la audiencia, aportar otro o realizar ambas actuaciones. Estas deber\u00e1n realizarse dentro del t\u00e9rmino de traslado del escrito con el cual haya sido aportado o, en su defecto, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de la providencia que lo ponga en conocimiento. En virtud de la anterior solicitud, o si el juez lo considera necesario, citar\u00e1 al perito a la respectiva audiencia, en la cual el juez y las partes podr\u00e1n interrogarlo bajo juramento acerca de su idoneidad e imparcialidad y sobre el contenido del dictamen. La contraparte de quien haya aportado el dictamen podr\u00e1 formular preguntas asertivas e insinuantes. Las partes tendr\u00e1n derecho, si lo consideran necesario, a interrogar nuevamente al perito, en el orden establecido para el testimonio. Si el perito citado no asiste a la audiencia, el dictamen no tendr\u00e1 valor (…)\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 Fol. 527 a 531, cdno. 1-C. <\/p>\n
4\u0002 Sobre la naturaleza de esta clase de documentos, puede consultarse la sentencia CSJ SC16929-2015, 9 dic., entre otras. <\/p>\n
5\u0002 Esos presupuestos constituyen los requisitos adjetivos indispensable para que pueda concretarse v\u00e1lidamente la acci\u00f3n. Tambi\u00e9n para que nazca, se trabe, se desarrolle y termine v\u00e1lidamente la relaci\u00f3n jur\u00eddica procesal. Se integra por jurisdicci\u00f3n, competencia, capacidad para ser parte, capacidad para comparecer, demanda en forma, no caducidad de la acci\u00f3n y solicitud de conciliaci\u00f3n extrajudicial en derecho cuando est\u00e1 exigida. Su importancia radica no solo en la vigencia del debido proceso, sino en que garantiza la aptitud formal del instrumento procesal para proferir el fallo de fondo. Una vez verificada la validez formal del instrumento procesal, procede examinar el sentido de la decisi\u00f3n, esto es, el acogimiento o no de la pretensi\u00f3n y la excepci\u00f3n, aspecto en el cual el escrutinio versa sobre el derecho material debatido, integrado justamente por los presupuestos materiales para la sentencia de fondo estimatoria, esto es, inter\u00e9s para obrar y legitimaci\u00f3n en la causa. <\/p>\n
6\u0002 La titularidad del bien mueble qued\u00f3 establecida a partir del informe de ajuste y la factura de venta que obran a folios 24, c. 1-A y 542, c. 1-C, respectivamente. <\/p>\n
7\u0002 Fol. 139 (t. 144), cdno. 1-A. <\/p>\n
8\u0002 As\u00ed lo sostuvo la abogada Carlijn ten Bruggencate en su \u00abopini\u00f3n legal\u00bb (f. 535, cdno. 1-C), aunque no existen documentos que soporten esa versi\u00f3n. <\/p>\n
9\u0002 Conforme se sigue del certificado de existencia y representaci\u00f3n legal que obra a folio 67, cdno. 1-A. <\/p>\n
10\u0002 Fol. 47, ib. <\/p>\n
11\u0002 Fol. 19, ib. <\/p>\n
12\u0002 Recu\u00e9rdese que, por expresa consagraci\u00f3n legal, en nuestro ordenamiento \u00abla sociedad, una vez constituida legalmente, forma una persona jur\u00eddica distinta de los socios individualmente considerados\u00bb (art\u00edculo 98, C\u00f3digo de Comercio). En palabras de la jurisprudencia patria, \u00abla separaci\u00f3n del patrimonio de la sociedad y de los accionistas obedece a un prop\u00f3sito constitucional consistente en permitir el flujo de capital, la inversi\u00f3n y la estimulaci\u00f3n del desarrollo empresarial del pa\u00eds, de conformidad con el art\u00edculo 333 Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u00bb, a lo que conviene a\u00f1adir que \u00abnegar la garant\u00eda de la separaci\u00f3n patrimonial entre socios y sociedad es desconocer la naturaleza jur\u00eddica aut\u00f3noma de una persona moral, e implica privar a la econom\u00eda, al derecho y al Estado de la principal herramienta para fortalecer el crecimiento y el desarrollo como pilares fundamentales de la Constituci\u00f3n Econ\u00f3mica (\u2026). \u201cSi las personas jur\u00eddicas de riesgo limitado son pilares estructurales para el desarrollo del pa\u00eds, no admite discusi\u00f3n alguna que el hecho de asistir al desaparecimiento de sus atributos, pondr\u00eda en riesgo la estabilidad y el orden econ\u00f3mico como fines esenciales del Estado, previstos tanto en el pre\u00e1mbulo como en los art\u00edculos 1\u00b0, 25, 39, 150-8, 189-24, 333 y 334 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u201d (Sentencia C-090 de 2014)\u00bb (CC, C-865 de 2004). <\/p>\n
13\u0002 Sobre el punto, explica OSSA: \u00ab(…) el inter\u00e9s jur\u00eddico econ\u00f3mico [del que toma un seguro por cuenta] no se traduce, ocurrido el siniestro, en la percepci\u00f3n del tomador de suma alguna, sino en la extinci\u00f3n virtual de resarcir el da\u00f1o al damnificado. Porque si, como lo preconiza la leu, el seguro por cuenta vale como seguro \u201ca favor del tomador\u201d hasta concurrencia de su inter\u00e9s en el contrato, hay que concluir que su responsabilidad est\u00e1 asegurada igual que el inter\u00e9s asegurable del tercero (…). Pero \u201cel tomador\u201d puede no tener un \u201cinter\u00e9s asegurable\u201d strictus sensu. Su inter\u00e9s puede consistir tan solo en la guarda de una obligaci\u00f3n de hacer, derivada de un acuerdo contractual con el tercero, cuya inobservancia puede generar a su cargo una responsabilidad indemnizatoria. En este caso, el seguro mismo no le reporta ning\u00fan beneficio, y, ocurrido el siniestro, est\u00e1 llamado a operar exclusivamente como estipulaci\u00f3n en provecho de tercero (art. 1042)\u00bb (OSSA, J. Efr\u00e9n. Teor\u00eda General del contrato de seguro, Tomo II (El contrato). Ed. Temis, Bogot\u00e1. 1991, p. 211 <\/p>\n
14\u0002 El principio de congruencia \u00abtiene extraordinaria importancia, (\u2026) pues se liga \u00edntimamente con el derecho constitucional a la defensa, ya que este exige que el ajusticiado en cualquier clase de proceso conozca las pretensiones o las imputaciones que contra \u00e9l o frente a \u00e9l se han formulado, por lo que la violaci\u00f3n de la congruencia implica la de aqu\u00e9l derecho; la actividad probatoria, las excepciones o simples defensas, y las alegaciones se orientan l\u00f3gicamente por las pretensiones, imputaciones, excepciones y defensas formuladas en el proceso\u00bb. DEVIS, Hernando. Teor\u00eda General del Proceso. Ed. Temis, Bogot\u00e1. 2017, p. 50. <\/p>\n
<\/p>\n
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SC3631-2021 (2017-00068-01)_1 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente SC3631-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-036-2017-00068-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintiuno (2021). Se decide el recurso extraordinario de casaci\u00f3n que interpusieron las demandantes […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56216","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56216","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56216"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56216\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56216"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56216"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56216"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}