SC3644-2021 (2015-00638-01)_1<\/p>\n
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OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
SC3644-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001 31 03 008 2015 00638 01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de abril de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte los recursos de casaci\u00f3n interpuestos por los demandados Roger Ernesto Parra Bueno y Strategy Fund Investments Colombia S.A.S. en Liquidaci\u00f3n, frente a la sentencia de 16 de mayo de 2018, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro del proceso verbal promovido por Marina Natalie Tatiana Wynia, contra los recurrentes y Acci\u00f3n Sociedad Fiduciaria S.A. <\/p>\n
1.-ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Se solicit\u00f3 en el libelo declarar, de manera principal, que por falta de consentimiento, se decrete la nulidad absoluta de los contratos contenidos en las Escrituras P\u00fablicas 1377 del 19 de junio de 2012 y 3174 del 31 de diciembre de 2012, por las cuales, en su orden, Roger Ernesto Parra Bueno constituy\u00f3 hipoteca abierta de cuant\u00eda indeterminada a favor de Strategy Fund Investments Colombia S.A.S., y transfiri\u00f3 el derecho de dominio a favor del Fideicomiso Parqueo ADK, cuya vocera es Acci\u00f3n Sociedad Fiduciaria, sobre los inmuebles de matr\u00edculas inmobiliarias 50N-283904 y 50N-949887. <\/p>\n
De manera consecuencial, ordenar la cancelaci\u00f3n del registro de esos actos en el certificado de libertad y tradici\u00f3n, as\u00ed como la inoponibilidad, respecto de la sucesi\u00f3n de Alexandre De Kluguenau, de las obligaciones contenidas en los pagar\u00e9s 0208-2012, 2611-2012 y 2012-2012, otorgados a favor de Strategy Fund Investments Colombia S.A.S. y la \u00abinexigibilidad de los citados instrumentos en relaci\u00f3n con la misma parte demandante\u00bb. <\/p>\n
Subsidiariamente, por falta de consentimiento, declarar inexistentes los referidos contratos, y en subsidio de \u00e9sta, por la misma causa, declarar la inoponibilidad frente a la sucesi\u00f3n il\u00edquida e intestada de Alexandre de Kluguenau, de los referidos contratos (fls. 130 – 132 c.1). <\/p>\n
2.- En sustento se afirm\u00f3 que Alexandre De Kluguenau, ciudadano Franc\u00e9s, falleci\u00f3 el 3 de febrero de 2011 en Clamart – Francia; su estado civil era soltero y por no tener hijos sus \u00fanicos herederos eran sus sobrinos Catherine Olga Wynia, Michel Arnold Wynia y Marina Natalie Tatiana Wynia, est\u00e1 \u00faltima en calidad de representante de la sucesi\u00f3n il\u00edquida. <\/p>\n
El causante a trav\u00e9s de la Escritura P\u00fablica No. 2462 del 7 de diciembre de 2004, otorgada en la Notar\u00eda Novena del C\u00edrculo de Bogot\u00e1, confiri\u00f3 poder general a Roger Ernesto Parra Bueno para que lo representara en todos los actos relacionados con los bienes, derechos y obligaciones, respecto de los inmuebles La Caba\u00f1ita y La Caba\u00f1a, de matr\u00edculas. 50N-283904 y 50N-949887. <\/p>\n
Aunque el mandatario se enter\u00f3 de la muerte de su mandante el 12 de febrero de 2011, actuando en calidad de apoderado general de aquel suscribi\u00f3 los pagar\u00e9s 0208-2012, 2611-2012 y 2012-2012, por $280\u2019000.000, $300\u2019000.000 y $420\u2019000.000, en su orden, garantizando esas obligaciones con hipoteca abierta sin l\u00edmite de cuant\u00eda documentada en la Escritura P\u00fablica No. 1377 de la Notar\u00eda 35 del C\u00edrculo de Bogot\u00e1 a favor de Strategy Fund Investments Colombia S.A.S. sobre los citados predios, pese a que el mandato se hab\u00eda extinguido por la muerte del poderdante. La acreedora promovi\u00f3 proceso ejecutivo, dentro del cual se dict\u00f3 mandamiento de pago y se orden\u00f3 el embargo de los bienes gravados con hipoteca. <\/p>\n
Posteriormente, actuando en esa misma condici\u00f3n, por Escritura No. 3174 de 31 de diciembre de 2012 de la Notar\u00eda 35 del C\u00edrculo de Bogot\u00e1, Roger Parra le transfiri\u00f3 al Fideicomiso Parqueo ADK, cuya vocera es Acci\u00f3n Sociedad Fiduciaria S.A., el derecho de dominio de los mismos inmuebles, a t\u00edtulo de fiducia mercantil. <\/p>\n
3.- Los convocados se opusieron y a manera de excepciones de m\u00e9rito, Roger Ernesto Parra Bueno invoc\u00f3 a su favor \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb (fls. 146 a 152 c. 1). Strategy Fund Investments Colombia S.A.S. aleg\u00f3 \u00abbuena fe derivada de la presunci\u00f3n de la vigencia del contrato de mandato\u00bb e \u00abinoponibilidad de la expiraci\u00f3n del mandato frente a terceros de buena fe, en raz\u00f3n de los actos celebrados por el mandatario\u00bb (fls. 230 a 237), y Acci\u00f3n Sociedad Fiduciaria S.A., adujo \u00abbuena fe de la acci\u00f3n sociedad fiduciaria S.A.\u00bb y \u00abla gen\u00e9rica\u00bb (fls. 242 a 246). <\/p>\n
4.- En su sentencia el a quo declar\u00f3 la nulidad absoluta por falta del consentimiento de la hipoteca y la transferencia de dominio de los predios objeto del litigio, adem\u00e1s, declar\u00f3 la inoponibilidad de los pagar\u00e9s firmados por Roger Parra Bueno, respecto de los herederos de Alexandre De Kluguenau (fl. 322 c.1). <\/p>\n
5.- Esa determinaci\u00f3n fue apelada por Roger Ernesto Parra Bueno y Strategy Fund. Investments Colombia S.A.S. <\/p>\n
6.- El ad quem modific\u00f3 el fallo de primera instancia para adicionarla en el sentido de oficiar a la Notar\u00eda 35 del C\u00edrculo de Bogot\u00e1 y al Juzgado 13 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 donde cursa el proceso ejecutivo mixto adelantado por Strategy contra Acci\u00f3n Sociedad Fiduciaria S.A., Alexandre de Kluguenau y Roger Parra Bueno. En lo dem\u00e1s la confirm\u00f3. <\/p>\n
2.-FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO <\/p>\n
El primer problema jur\u00eddico a resolver consiste en determinar si los actos celebrados por Roger Parra Bueno con posterioridad a la muerte de Alexandre De Kluguenau, se hicieron por fuera del mandato otorgado por el \u00faltimo al primero, y luego determinar si los actos contenidos en las Escrituras 1377 y 3174 de 2012 le son inoponibles o no a los codemandados. <\/p>\n
Del art\u00edculo 1741 del C\u00f3digo Civil se infiere que solo es posible invocar nulidad absoluta de un acto o contrato por las causas all\u00ed se\u00f1aladas. La eficacia de los actos jur\u00eddicos puede verse afectada por otros fen\u00f3menos como la inexistencia o la inoponibilidad, sin embargo haciendo un recuento de la jurisprudencia, se puede colegir que trat\u00e1ndose de asuntos generados dentro del marco del derecho civil, los motivos que pudieran desencadenar en el fen\u00f3meno de la inexistencia, regulado \u00fanicamente en materia mercantil, deben ser analizados bajo la normatividad que regula la nulidad absoluta, m\u00e1s aun cuando al postularse el petitum est\u00e1 \u00faltima se invoc\u00f3 como principal y as\u00ed se acogi\u00f3 en el fallo. <\/p>\n
La demandante edific\u00f3 su pretensi\u00f3n de nulidad absoluta alegando que los actos denunciados carec\u00edan del requisito esencial del consentimiento, porque para la \u00e9poca en que se suscribieron los pagar\u00e9s y la hipoteca contenida en la Escritura P\u00fablica No. 1377 de 19 de junio de 2012 de la Notar\u00eda 35 de Bogot\u00e1 D.C., se hab\u00eda extinguido el poder general por la muerte del mandante Alexandre de Kluguenau ocurrida el 3 de febrero de 2011, situaci\u00f3n de la cual era conocedor el mandatario. <\/p>\n
El numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 2189 del C\u00f3digo Civil, establece que el mandato termina por la muerte del mandante o del mandatario y el canon 2194 ejusdem, prev\u00e9 que el mandato se puede extender m\u00e1s all\u00e1 de la muerte del poderdante, solamente si de suspenderse se causa un perjuicio a los herederos de \u00e9ste, y sobre el alcance de esa normativa se han pronunciado jurisprudencia y doctrina. <\/p>\n
En principio, la muerte del mandante genera la terminaci\u00f3n del contrato de mandato, salvo que la ejecuci\u00f3n de determinado acto hubiese iniciado antes del deceso de aquel, que de suspenderse causar\u00eda un perjuicio a sus causahabientes o que entre el mandante y el mandatario se haya pactado un inter\u00e9s rec\u00edproco. <\/p>\n
Del interrogatorio absuelto por Roger Parra Bueno, las documentales y los hechos admitidos en la contestaci\u00f3n de la demanda, se desprende que \u00e9l se enter\u00f3 de la muerte de Alexandre de Kluguenau, cuando menos el 12 de febrero de 2011, es decir, una semana despu\u00e9s de su deceso, lo que permite deducir que ten\u00eda pleno conocimiento de la extinci\u00f3n del mandato por esa causa. Es decir, \u00abpara la \u00e9poca en la que se contrajo la obligaci\u00f3n respaldada con hipoteca -19 de junio de 2012-, el mandante no estaba expresando su voluntad a trav\u00e9s de su mandatario o lo que es lo mismo no existi\u00f3 consentimiento por parte del difunto, pues aunque formalmente se hubiera acreditado el mismo a trav\u00e9s de la aportaci\u00f3n del poder general con la respectiva constancia de vigencia al momento de protocolizarse el gravamen hipotecario el 19 de julio 2012, es claro, que el mandante no lo estaba expresando por intermedio de su mandatario, puesto que la fecha de concreci\u00f3n de ese negocio jur\u00eddico es posterior a la de su deceso\u00bb. <\/p>\n
El contrato atacado fue celebrado \u00aben nombre de quien no ostentaba la condici\u00f3n de persona\u00bb conforme a los art\u00edculos 74, 90, y 94 del C\u00f3digo Civil, pues su personalidad se extingui\u00f3 por muerte, entonces, dicha convenci\u00f3n carece de consentimiento, como lo afirm\u00f3 el a quo, y la falta de tal requisito acorde con la jurisprudencia rese\u00f1ada, genera nulidad absoluta del acto por configurarse la segunda de las causales contenidas en el art\u00edculo 1740 ib\u00eddem, de modo que el mismo no puede producir efecto jur\u00eddico alguno. <\/p>\n
En el expediente no obra ni un solo elemento de convicci\u00f3n que permita inferir de manera razonada que la constituci\u00f3n de la hipoteca a favor de la sociedad Strategy se hizo en ejecuci\u00f3n de una labor iniciada antes de la extinci\u00f3n del mandato, y tampoco aparece acreditado el inter\u00e9s rec\u00edproco entre mandatario y mandante, pues de la lectura del poder general solo se deprende que Roger Parra administraba los negocios de Alexandre en el territorio colombiano, y aunque en la apelaci\u00f3n se dijo que aquel es propietario del 85% de los predios objeto de la litis, lo cierto es que de los certificados de tradici\u00f3n y libertad no se establece tal circunstancia, por el contrario, de las anotaciones 7 y 11 de las matr\u00edculas 50N-949887 y 50N-2083904, respectivamente, se determina que el \u00fanico titular del derecho de domino era su mandante. <\/p>\n
Otro aspecto medular y objeto de reparo es el hecho que la nulidad absoluta de tales actos es inoponible a los aqu\u00ed recurrentes, por ser terceros de buena fe exenta de culpa. Al respecto, se tiene que \u00abla inoponiblidad se predica frente a terceros, calidad que no ostenta ninguno de los dos convocados recurrentes\u00bb. Roger Parra Bueno, quien actu\u00f3 en calidad de mandatario en la formaci\u00f3n del contrato de hipoteca viciado de nulidad, \u00abera sabedor del deceso del mandante desde el 12 de febrero de 2011 y, sin embargo, decidi\u00f3 adelantar con posterioridad tal negociaci\u00f3n, de modo que de aqu\u00e9l no se puede predicar ni la buena fe, menos a\u00fan que se trata de una persona ajena a dicho negocio jur\u00eddico\u00bb. <\/p>\n
No obra prueba de que Strategy Fund. Investments Colombia S.A.S. fuera conocedora de la muerte del mandatario, de modo que no se puede decir que haya actuado contrariando las buenas costumbres, empero, \u00abno es dable consider\u00e1rsele como un tercero habida cuenta que dentro de la Escritura P\u00fablica No. 1377 de 19 de junio de 2012, actu\u00f3 en calidad de acreedor hipotecario, es decir, ostent\u00f3 calidad de parte; y adem\u00e1s la aplicaci\u00f3n de esa figura jur\u00eddica -inoponibilidad- presupone la existencia y validez del negocio jur\u00eddico, valga reiterarlo: el contrato de hipoteca, siendo esta \u00faltima exigencia, justamente la que aqu\u00ed no est\u00e1 presente\u00bb. <\/p>\n
A tono con la jurisprudencia de la Corte, las causas de inoponibilidad, son variadas, no se limitan a la falta de publicidad y presuponen la existencia y validez del negocio jur\u00eddico, a las cuales no se asimila \u00aby, no puede ser invocada m\u00e1s que por terceros afectados en quienes concurra: as\u00ed, de ordinario, los efectos del negocio jur\u00eddico son plenos entre las partes y no respecto de terceros, cuyos intereses escapan a la esfera dispositiva de las partes, careciendo de eficacia, en sentido negativo o positivo, salvo en las precisas situaciones f\u00e1cticas disciplinadas por el ordenamiento como estipulaci\u00f3n por otro, contrato a favor de terceros, etc. <\/p>\n
Por lo anotado, el a quo no aplic\u00f3 de manera errada el art\u00edculo 2199 del C\u00f3digo Civil, pues el mandatario era conocedor de la extinci\u00f3n del mandato y los aqu\u00ed recurrentes \u00abno pueden ser considerados como terceros habida cuenta que fueron parte en la formaci\u00f3n del acto jur\u00eddico viciado de nulidad absoluta\u00bb, y aunque es cierto que la demandante era conocedora de la existencia del poder, ello no es suficiente para derivar la validez de los negocios, pues \u00e9stos \u00abson nulos de nulidad absoluta porque en ellos no concurri\u00f3 el consentimiento del de cujus y, adem\u00e1s por ser ese contrato intuite personae, la carga de publicidad a que alude el inciso 3\u00b0 de la norma en comento gravita en cabeza del mandatario y no en los causahabientes del mandante\u00bb. <\/p>\n
III.- DEMANDAS DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Acudieron en esta sede extraordinaria, en forma separada, los demandados Roger Parra Bueno y Strategy Fund Investment Colombia S.A.S. <\/p>\n
IV. DEMANDA DE ROGER PARRA BUENO <\/p>\n
Formul\u00f3 un solo cargo y con fundamento en la causal primera del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso acusa violaci\u00f3n directa de normas jur\u00eddicas sustanciales por falta de aplicaci\u00f3n y por aplicaci\u00f3n indebida. <\/p>\n
El Tribunal decret\u00f3 la nulidad absoluta de los contratos demandados con sustento en que Roger Parra actu\u00f3 en nombre y representaci\u00f3n del se\u00f1or De Kluguenau sin tener poder para hacerlo pues el conferido finiquit\u00f3 por la muerte del mandante; as\u00ed como la inoponibilidad a la accionante de las obligaciones originadas en los pagar\u00e9s otorgados a favor de Strategy Fund Investment Colombia S.A.S. Tales decisiones violaron en forma directa las normas invocadas, por lo siguiente. <\/p>\n
Por falta de aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 833 inciso 2\u00b0 y 841 del C\u00f3digo de Comercio, toda vez que la consecuencia que la ley atribuye a la falta de poder no es la nulidad absoluta del acto afectado sino su inoponibilidad al poderdante del acto celebrado por el supuesto apoderado. Al respecto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte en SC 30 nov. 1994, se\u00f1al\u00f3 que \u00ablos actos de los representantes que desborden los l\u00edmites antedichos son sancionados por el ordenamiento con una particular forma de ineficacia que se conoce como la inoponibilidad del negocio frente al representado, figura distinta a cualquier otro tipo de sanci\u00f3n de los actos irregulares, especialmente las dimanantes de la incapacidad de la persona\u00bb, posici\u00f3n reiterada en SC 15 ago. 2006 y en el mismo sentido se ha pronunciado la doctrina nacional. Es claro que al concluir que la \u00abfalta de poder\u00bb de Roger Parra gener\u00f3 la nulidad absoluta de los actos impugnados, se trasgredieron las citadas normas. <\/p>\n
Por otra parte, se aplicaron de manera indebida los art\u00edculos 1741 y 1746 del C\u00f3digo Civil y 899 del C\u00f3digo de Comercio, que permiten declarar la nulidad absoluta de un acto y sus efectos y, seg\u00fan se dej\u00f3 visto, no son aplicables cuando la irregularidad que se presenta es la \u00abfalta de poder\u00bb. <\/p>\n
Se vulneraron tambi\u00e9n los art\u00edculos 842 y 843 del C\u00f3digo de Comercio y 2199 del C\u00f3digo Civil, pues, no obstante que en la sentencia recurrida se declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de buena fe propuesta por Strategy Fund Investments Colombia S.A.S. y Acci\u00f3n Fiduciaria S.A., se declar\u00f3 la inoponibilidad a la demandante de las obligaciones originadas en los pagar\u00e9s otorgados a favor de la primera de dichas sociedades. <\/p>\n
Las referidas disposiciones permiten inferir que la terminaci\u00f3n del mandato no le es oponible a terceros de buena fe, calidad que ostenta Strategy Fund Investments Colombia S.A.S., como se reconoci\u00f3 expresamente en la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia al declarar probada la excepci\u00f3n que sobre el particular propusieron las compa\u00f1\u00edas accionadas, aspecto que no fue objeto de reparo por ninguna de las partes, por lo tanto, era inmodificable de conformidad con los art\u00edculos 320 (inciso 1\u00b0) y 328 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Por virtud del tr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n y el numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 625 de la Ley 1564 de 2012, conforme al cual los recursos interpuestos, \u00abse regir\u00e1n por las leyes vigentes cuando se interpusieron\u00bb, en la definici\u00f3n de este asunto se tendr\u00e1n en cuenta las normas del C\u00f3digo General del Proceso, pese a que el tr\u00e1mite se inici\u00f3 bajo los lineamientos de la normatividad anterior. <\/p>\n
2.- Cuando por v\u00eda del recurso extraordinario de casaci\u00f3n se alega violaci\u00f3n directa de la ley sustancial, es claro que los reparos del recurrente deben ce\u00f1irse a cuestionar la sentencia de segunda instancia por haber resuelto la controversia vali\u00e9ndose de una norma jur\u00eddica ajena a ella, o porque habiendo aplicado la pertinente le atribuy\u00f3 efectos distintos a los que ella prev\u00e9 y le merm\u00f3 su alcance; de manera que le queda vedado apartarse de las conclusiones a las que haya arribado el tribunal en aspectos f\u00e1cticos, cuya discusi\u00f3n solo es factible por la v\u00eda indirecta. <\/p>\n
Son aspectos pac\u00edficos en este asunto: i) que mediante Escritura P\u00fablica No. 2462 del 7 de diciembre de 2004, otorgada en la Notar\u00eda Novena del C\u00edrculo de Bogot\u00e1, Alexandre De Kluguenau le confiri\u00f3 poder general a Roger Ernesto Parra Bueno para que lo representara en todos los actos relacionados con los bienes, derechos y obligaciones, respecto de dos inmuebles identificados con los folios inmobiliarios 50N-283904 y 50N-949887; ii) que el poderdante falleci\u00f3 el 3 de febrero de 2011; iii) que el mandatario tuvo conocimiento de la muerte de su mandante por lo menos el 12 de febrero de 2011, iv) que con posterioridad, actuando en calidad de apoderado general de Alexandre de Kluguenau y a nombre de \u00e9l, suscribi\u00f3 los pagar\u00e9s Nos. 0208-2012, 2611-2012 y 2012-2012, obligaciones cuyo cumplimiento garantiz\u00f3 con hipoteca abierta sin l\u00edmite de cuant\u00eda documentada en la Escritura 1377 dela Notar\u00eda 35 de Bogot\u00e1 a favor de la demandada Strategy Fund Investments Colombia S.A.S. sobre los mencionados inmuebles; v) actuando en esa misma condici\u00f3n Roger Parra Bueno transfiri\u00f3 a t\u00edtulo de fiducia mercantil a favor del Fideicomiso Parqueo ADK, cuya vocera es Acci\u00f3n Sociedad Fiduciaria S.A., el derecho de dominio de dichos bienes, por Escritura 3174 de 31 de diciembre de 2012 de la Notar\u00eda 35 de Bogot\u00e1. <\/p>\n
El marco normativo sobre el cual el Tribunal erigi\u00f3 su fallo se circunscribi\u00f3 a las normas del C\u00f3digo Civil que regulan el contrato de mandato (arts. 2189, 2194, 2199), los elementos de la esencia de los actos jur\u00eddicos (art. 1502, 1508) y el r\u00e9gimen de nulidades (arts. 1740 y 1742), sin valerse de ninguna norma del c\u00f3digo mercantil que regulara materias semejantes, lo que permite evidenciar que su hermen\u00e9utica se concret\u00f3 al estudio de los efectos jur\u00eddicos de un mandato de car\u00e1cter civil celebrado entre dos personas f\u00edsicas. <\/p>\n
3.- La parte demandante sustent\u00f3 su reclamo de tutela judicial alegando que los contratos cuestionados carec\u00edan del requisito esencial del consentimiento, por cuanto en su celebraci\u00f3n intervino Roger Parra Bueno aduciendo la calidad de mandatario de Alexandre De Klueguenau, pese a que el poder que le fue conferido se hab\u00eda extinguido desde 2011 por causa de la muerte del mandante, hecho del que tuvo conocimiento el apoderado en la misma \u00e9poca que acaeci\u00f3. A partir de esos supuestos f\u00e1cticos, cuestion\u00f3 su eficacia por \u00abfalta de consentimiento\u00bb, y formul\u00f3 sus pretensiones desde las tres modalidades que le permitieran desconocer sus efectos, categoriz\u00e1ndolas, as\u00ed: i) Primera principal, se decrete la nulidad absoluta de los contratos contenidos en las Escrituras P\u00fablicas Nos. 1377 del 19 de junio de 2012 y 3174 del 31 de diciembre de 2012; ii) primera subsidiaria, se declare la inexistencia de los mismos negocios jur\u00eddicos y iii) segunda subsidiaria, declarar la inoponibilidad frente a la sucesi\u00f3n il\u00edquida e intestada de Alexandre de Kluguenau, de los referidos contratos; iv) quinta principal, declarar la inoponibilidad respecto de la misma sucesi\u00f3n, de las obligaciones contenidas en los pagar\u00e9s 0208-2012, 2611-2012 y 2012-2012, otorgados a favor de Strategy Fund Investments Colombia S.A.S. <\/p>\n
Naturalmente, como lo imponen las normas de procedimiento el Juzgador debe analizar en primer lugar aquellas aspiraciones que el accionante proponga de manera principal atendiendo el mayor inter\u00e9s que \u00e9ste deja al descubierto al momento de clasificarlas. De ah\u00ed, que las s\u00faplicas formuladas con car\u00e1cter subsidiario solo deben ser consideradas en el evento de que las principales no salgan airosas. <\/p>\n
3.1.- Desde esa perspectiva, es claro que, ni el juzgador de primera instancia ni su superior se equivocaron al no abordar el examen de las segundas pretensiones subsidiarias concernientes a la inoponibilidad a la demandante de los actos jur\u00eddicos controvertidos, pues en sus respectivos razonamientos encontraron procedente acceder al decreto de la nulidad absoluta de aquellos contratos; espec\u00edficamente, el ad quem, asever\u00f3 que el caso se analizar\u00eda \u00abbajo la normatividad que regula la nulidad absoluta, m\u00e1s a\u00fan cuando al postularse el petitum est\u00e1 \u00faltima se invoc\u00f3 como principal y as\u00ed se acogi\u00f3 en el fallo\u00bb. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que en su escrito de r\u00e9plica Roger Parra no cuestion\u00f3 en forma alguna la viabilidad de las pretensiones de invalidez de los contratos formuladas de manera principal por la promotora, pues a manera de defensa se limit\u00f3 a alegar que se opon\u00eda al \u00e9xito de las pretensiones con relaci\u00f3n a \u00e9l por cuanto \u00abno intervino a t\u00edtulo personal en las operaciones censuradas\u00bb, y solo excepcion\u00f3 \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva en cabeza del demandado Roger Ennesto Parra Bueno\u00bb (fls. 146 \u2013 152, c 1). <\/p>\n
De otra parte, si bien al exponer los puntos de inconformidad con la sentencia de primer grado, aleg\u00f3 que la consecuencia jur\u00eddica frente a los actos celebrados por un mandatario que actuara sin mandato o excediendo los t\u00e9rminos del conferido, era la inoponibilidad y no la nulidad absoluta, y con miras a que se le concediera el recurso aleg\u00f3 que le asist\u00eda \u00abinter\u00e9s rec\u00edproco\u00bb, lo cierto es que el Tribunal no encontr\u00f3 probado tal inter\u00e9s para deducir una excepci\u00f3n al finiquito del mandato y, como ese aspecto particular del fallo no fue controvertido por el ahora recurrente, esa inferencia resulta inamovible en esta oportunidad. <\/p>\n
3.2.- Por lo que ata\u00f1e a la falta de aplicaci\u00f3n de las normas del C\u00f3digo de Comercio invocadas, el opugnante no explica por qu\u00e9 considera que el juzgador se equivoc\u00f3 en la selecci\u00f3n normativa con apego \u00fanicamente al C\u00f3digo Civil, ni por qu\u00e9 las normas que debieron regir su soluci\u00f3n eran las del estatuto mercantil, limit\u00e1ndose a enunciar algunos preceptos de ese \u00faltimo, alegando error iuris por no haber sido considerados. <\/p>\n
Omiti\u00f3 el inconforme se\u00f1alar en qu\u00e9 consiste el yerro de juzgamiento referente al argumento del Tribunal en punto a que, \u00abtrat\u00e1ndose de asuntos generados dentro del marco del derecho civil, las causas que pudieran desencadenar en el fen\u00f3meno de la inexistencia, regulado \u00fanicamente en materia mercantil, deben ser analizados bajo la normatividad que regula la nulidad absoluta, m\u00e1s a\u00fan cuando al postularse el petitum est\u00e1 \u00faltima se invoc\u00f3 como principal y as\u00ed se acogi\u00f3 en el fallo (\u2026). Bajo esta perspectiva, la parte demandante edifica su pretensi\u00f3n de nulidad absoluta al carecer los actos denunciados de uno de los requisitos esenciales, cual es el consentimiento\u00bb. Dicha falencia no puede ser suplida por la Corte, dada la naturaleza dispositiva del recurso extraordinario. <\/p>\n
3.3.- En adici\u00f3n a lo anterior, no sobra destacar que, en todo caso, al margen de la discusi\u00f3n dogm\u00e1tica acerca de cu\u00e1l es la sanci\u00f3n jur\u00eddica derivada de la falta o del abuso del poder para actuar en representaci\u00f3n de una persona en actos que comprometan su patrimonio, no puede desconocerse que era al \u00absupuestamente\u00bb representado, a quien incumb\u00eda impetrar la acci\u00f3n para obtener la declaraci\u00f3n judicial de ineficacia de los negocios jur\u00eddicos \u2013ll\u00e1mese inexistencia, nulidad o inoponibilidad-; en este caso, los causahabientes del mandante en la forma que consideraran m\u00e1s adecuada para obtener su cometido. <\/p>\n
En esa medida, es claro que habiendo salido avante las pretensiones principales de invalidez de los contratos, con lo cual la convocante obtuvo su prop\u00f3sito en el juicio, ning\u00fan inter\u00e9s le asiste al codemandado Parra Bueno para procurar la modificaci\u00f3n del fallo, no solo porque no tiene ninguna potestad para sustituir a la parte actora en la prioridad de sus reclamaciones, sino, adem\u00e1s, porque a\u00fan si se le concediera raz\u00f3n a su argumento, de todas maneras la decisi\u00f3n devendr\u00eda favorable a las aspiraciones de su contendiente en esta causa. <\/p>\n
3.4.- Resta se\u00f1alar que en la forma como arriba el proceso a esta sede, la \u00fanica legitimada para exponer inconformidad en punto a la indebida aplicaci\u00f3n del 2199 del C\u00f3digo Civil ser\u00eda Strategy Fund Investments Colombia S.A.S. en liquidaci\u00f3n, como quiera que en el se\u00f1or Parra Bueno no recae la condici\u00f3n de tercero de buena fe que la citada disposici\u00f3n exige para reclamar su aplicaci\u00f3n, en esa medida, ninguna valoraci\u00f3n al respecto se har\u00e1 en este segmento del an\u00e1lisis sobre el cuestionamiento esgrimido al respecto frente al fallo del Tribunal. <\/p>\n
En consecuencia, el cargo no se abre paso. <\/p>\n
V.- DEMANDA DE STRATEGY FUND INVESTMENTS COLOMBIA S.A.S. -EN LIQUIDACI\u00d3N. <\/p>\n
Propuso dos cargos con soporte en las causales primera y segunda del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, acusando violaci\u00f3n directa e indirecta de la ley sustancial, los cuales ser\u00e1n estudiados en forma conjunta dada la similitud de sus argumentos. <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
La sentencia viola recta v\u00eda los art\u00edculos 1505, 2189, 2199 del C\u00f3digo Civil y 836, 837, 842, 843, 1284 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
En lo que concierne a Strategy Fund Investments Colombia S.A.S., el Tribunal aplic\u00f3 indebidamente el art\u00edculo 2199 del C\u00f3digo Civil en concordancia con el 843 del de Comercio, referentes a la expiraci\u00f3n del mandato y sus efectos frente a terceros de buena fe. <\/p>\n
En este caso se prob\u00f3 que Strategy actu\u00f3 de buena fe al pactar con el mandatario pues solo se enter\u00f3 del deceso del se\u00f1or Alexandre cinco a\u00f1os despu\u00e9s de su ocurrencia, as\u00ed lo declar\u00f3 la juez de primera instancia, y el Tribunal consider\u00f3 que \u00abno obraba ni una sola prueba que llevara a la plena convicci\u00f3n de que Strategy era conocedora de la muerte del poderdante, por lo que no se le pod\u00eda atribuir que haya actuado contrariando las buenas costumbres\u00bb pero a rengl\u00f3n seguido afirm\u00f3 que \u00abera m\u00e1s bien parte que no un tercero dentro de esas negociones, raz\u00f3n por la cual se abstuvo de dar aplicaci\u00f3n al inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 2199 (\u2026) bajo una interpretaci\u00f3n sesgada y equivocada de la norma\u00bb. <\/p>\n
El sentenciador se equivoc\u00f3 por interpretaci\u00f3n indebida del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 2199 del C\u00f3digo Civil, y por no haber dado aplicaci\u00f3n a la consecuencia all\u00ed prevista, lo que lo condujo a desconocer que los efectos de la expiraci\u00f3n del mandato no le eran aplicables a Strategy, por estar dados los supuestos exigidos en esa norma para el efecto, en tanto esa sociedad era ajena a la relaci\u00f3n negocial entre mandante y mandatario, y adem\u00e1s, obr\u00f3 de buena fe, pues, de acuerdo con las vigencias de poder expedidas por la Notar\u00eda Novena de Bogot\u00e1, dentro de su \u00e1mbito cognitivo estaba que el mandatario se obligaba tambi\u00e9n por los actos efectuados en representaci\u00f3n por su mandante. <\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
Por violaci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 1505, 2189, 2199 del C\u00f3digo Civil, y 836, 837, 842, 843 y 1284 del C\u00f3digo de Comercio, como consecuencia de error de hecho en la apreciaci\u00f3n de la contestaci\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
El Tribunal omiti\u00f3 su deber de interpretar la contestaci\u00f3n de la demanda, lo que conllev\u00f3 la inaplicaci\u00f3n del inciso segundo del art\u00edculo 2199 del C\u00f3digo Civil, relativo \u00aba la obligaci\u00f3n del mandante, como si el mandato subsistiese, en los eventos en que el mandatario, sabedor de la causa que lo haya hecho expirar, hubiere pactado con terceros de buena fe\u00bb. Ello era suficiente para que se declarara probada la excepci\u00f3n formulada por Strategy, en su escrito de contestaci\u00f3n, denominada \u00abInoponibilidad de la expiraci\u00f3n del mandato frente a terceros de buena, en raz\u00f3n de los actos celebrados con el mandatario\u00bb. <\/p>\n
En el proceso quedaron acreditados los supuestos de hecho de la norma en menci\u00f3n: se prob\u00f3 que el mandante otorg\u00f3 poder general a Roger Parra el 7 de diciembre de 2004, mediante escritura p\u00fablica No. 2462 de la Notar\u00eda Novena de Bogot\u00e1, para que lo representase \u00abcon las m\u00e1s amplias facultades dispositivas y administrativas en lo relacionado especialmente con los inmuebles denominados la Caba\u00f1ita y la Caba\u00f1a, identificados con los folios de matr\u00edcula Nos. 50N-283904 y 50N-949887\u00bb; que la muerte de aquel sobrevino en territorio franc\u00e9s el 3 de febrero de 2011, hecho del cual tuvo conocimiento Roger Parra desde la \u00e9poca del fallecimiento, sin embargo, actuando como apoderado general constituy\u00f3 despu\u00e9s de la muerte de su mandante, hipoteca abierta sin l\u00edmite de cuant\u00eda sobre los inmuebles de propiedad de este \u00faltimo, y otorg\u00f3 pagar\u00e9s por valor de mil millones de pesos, en ambos casos, a favor de Strategy. <\/p>\n
El juez colegiado desconociendo esas probanzas, determin\u00f3 que a Strategy no le era aplicable la excepci\u00f3n de que trata el inciso segundo de la precitada norma, aduciendo que esta sociedad no ostentaba la calidad de tercero sino de parte dentro del negocio jur\u00eddico de hipoteca viciado de nulidad y, adem\u00e1s, que la inoponibilidad presupon\u00eda la existencia y validez de dicho acto. <\/p>\n
No tuvo en cuenta que, en lo que respecta a la alzada propuesta por Strategy, el problema jur\u00eddico radicaba en determinar si a esa sociedad le era o no oponible la expiraci\u00f3n del mandato a luz de las normas civiles (art. 1505, 2189, 2199) y comerciales (arts. 836, 837, 842, 843) que regulan la materia, acreditado como estaba que Roger Parra conoc\u00eda del deceso del mandante al momento de contratar con Strategy y que esta sociedad no conoc\u00eda esa circunstancia, pues la notar\u00eda en la cual se protocoliz\u00f3 la escritura contentiva del mandato, sigui\u00f3 expidiendo certificados de vigencia incluso cinco a\u00f1os despu\u00e9s de ocurrida la muerte del causante, y la demandante no se preocup\u00f3 por dar noticia al p\u00fablico sobre la ocurrencia de ese hecho, muy a pesar de que conoc\u00eda la existencia del referido poder y los negocios de su t\u00edo en territorio colombiano, luego, s\u00ed compel\u00eda a esta parte realizar todos los actos tendientes a informar y prevenir a terceros sobre el deceso del causante. <\/p>\n
El error del Tribunal se concret\u00f3 en no haber interpretado \u00abque la inoponibilidad alegada por Strategy en la contestaci\u00f3n de la demanda era respecto de la expiraci\u00f3n del mandato que no del negocio viciado de nulidad\u00bb, pues para efectos de aplicar al caso concreto la disposici\u00f3n que le daba soluci\u00f3n al tema, resultaba completamente irrelevante si Roger Parra se encontraba facultado o no para seguir ejecutando el mandato ya en beneficio de los herederos del causante, toda vez que el art\u00edculo 2199 del C\u00f3digo Civil, es claro al determinar que el poderdante quedar\u00e1 as\u00ed mismo obligado como si subsistiera el mandato, en caso de que el mandatario, conocedor de la causa que lo haya hecho expirar, hubiere pactado con terceros de buena fe, siendo estos dos \u00faltimos los \u00fanicos supuestos de hecho que deb\u00edan verificarse para dar aplicaci\u00f3n al inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 2199, en concordancia con el 843 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
Se debe casar la sentencia y, en su lugar, adicionar la de primera instancia, para declarar probada tambi\u00e9n la excepci\u00f3n de \u00abinoponibilidad de la expiraci\u00f3n del mandato frente a terceros de buena fe, en raz\u00f3n de los actos celebrados con el mandatario\u00bb, propuesta por Strategy Fund Investments Colombia S.A.S. – En Liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
1.- El estudio conjunto de los cargos obedece a que, en esencia, en ambos insiste la recurrente en la inadecuada contemplaci\u00f3n del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 2199 del C\u00f3digo Civil, que desde su punto de vista ha debido regir la soluci\u00f3n del caso y cuyo desconocimiento condujo al Tribunal a desestimar la excepci\u00f3n de inoponibilidad propuesta. La reiteraci\u00f3n argumentativa que se advierte, amerita un an\u00e1lisis unificado de los embates, con mayor raz\u00f3n cuando se invoca afrenta de las mismas normas sustanciales. <\/p>\n
2.- La ineficacia del negocio jur\u00eddico comprende las diferentes variables que afectan las repercusiones esperadas de los acuerdos privados, y en t\u00e9rminos generales, se compendian en las figuras de inexistencia, nulidad e inoponibilidad, \u00faltimas que resultan relevantes en este asunto. <\/p>\n
De conformidad con las normas del C\u00f3digo Civil que prev\u00e9n la sanci\u00f3n de nulidad absoluta, \u00abes nulo todo acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato seg\u00fan su especie y la calidad o estado de las partes\u00bb, nulidad que puede ser absoluta o relativa (art. 1740). Trat\u00e1ndose de la absoluta, puede y debe ser declarada por el Juez a\u00fan sin que medie petici\u00f3n de parte cuando aparezca de manifiesto en el acto o contrato y puede alegarla todo el que tenga alg\u00fan inter\u00e9s en ello (art. 1742); es producida por un objeto o causa il\u00edcita, por la omisi\u00f3n de alg\u00fan requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideraci\u00f3n a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las personas que los ejecutan o acuerdan, o en los actos y contratos de personas absolutamente incapaces (art. 1741) y puede sanearse por la ratificaci\u00f3n de las partes cuando no es generada por objeto o causa il\u00edcitos, y en todo caso por prescripci\u00f3n extraordinaria (art. 1742). <\/p>\n
La inoponiblidad, guarda relaci\u00f3n con que los efectos jur\u00eddicos de los actos o negocios solo se surten entre los intervinientes, pero no frente a terceros. Respecto a esta figura, en CSJ SC9184-2017 reiterada en SC3201-2018 y SC3251-2020, se expuso que, <\/p>\n
(\u2026) es la ineptitud frente a terceros de buena fe, de un negocio jur\u00eddico v\u00e1lido entre las partes, o de su declaraci\u00f3n de invalidez. <\/p>\n
Es decir que la inoponibilidad es una garant\u00eda que tienen los terceros adquirentes de buena fe para que un negocio del que no hicieron parte no los afecte cuando no se cumpli\u00f3 el requisito de publicidad; de suerte que ni su celebraci\u00f3n ni su eventual nulidad pueden perjudicarlos, por lo que la declaraci\u00f3n judicial que se haga respecto de la validez de aquel acto no tiene la aptitud de afectar su propio derecho leg\u00edtimamente conseguido. La inoponibilidad valora la confianza razonable de los terceros de buena fe en aquellos negocios que se presentan objetivamente como v\u00e1lidamente celebrados. <\/p>\n
\u00abEn t\u00e9rminos generales, terceros son todas aquellas personas extra\u00f1as a la convenci\u00f3n. Todos aquellos que no han concurrido con su voluntariedad a su generaci\u00f3n. Toda persona que no es parte, es tercero\u00bb (Ra\u00fal Diez Duarte. La simulaci\u00f3n de contrato en el C\u00f3digo Civil Chileno. Santiago de Chile, 1957. p. 64.). Son terceros relativos quienes no tuvieron ninguna intervenci\u00f3n en la celebraci\u00f3n del contrato, ni personalmente ni representados, pero con posterioridad entran en relaci\u00f3n jur\u00eddica con alguna de las partes, de suerte que el acto en el que no participaron podr\u00eda acarrearles alguna lesi\u00f3n a sus intereses, por lo que les importa establecer su posici\u00f3n jur\u00eddica frente al v\u00ednculo previo del que son causahabientes, y esa certeza s\u00f3lo la pueden adquirir mediante una declaraci\u00f3n judicial; como por ejemplo el comprador, el acreedor hipotecario, el acreedor quirografario, el legatario, el donatario, el cesionario, etc. Son terceros absolutos (penitus extranei) todas las dem\u00e1s personas que no tienen ninguna relaci\u00f3n con las partes, por lo que el v\u00ednculo jur\u00eddico no les concierne ni les afecta de ninguna manera, pues sus consecuencias jur\u00eddicas no los alcanzan en virtud del principio de relatividad de los efectos del negocio jur\u00eddico; o sea que carecen de todo inter\u00e9s en la causa. <\/p>\n
Para que una persona pueda beneficiarse de la invocaci\u00f3n de la inoponibilidad, tiene que ser un tercero relativo al que la celebraci\u00f3n del contrato, su nulidad, simulaci\u00f3n, o cualquier efecto entre las partes, no puede degradar su posici\u00f3n jur\u00eddica por ser un adquirente in loco domini, es decir que su derecho deriva leg\u00edtimamente del dominus; de manera que la suerte que corra el acto ajeno (v\u00e1lido o inv\u00e1lido entre las partes) en virtud de una declaraci\u00f3n judicial, tendr\u00e1 que respetar y reafirmar el car\u00e1cter incuestionable de su propio derecho. <\/p>\n
3.- Al tenor del art\u00edculo 1494 del C\u00f3digo Civil, el nacimiento de las obligaciones contractuales exige el \u00abconcurso real de las voluntades de dos o m\u00e1s personas\u00bb, y conforme al 1502 ibidem, para que una persona se obligue a otra por un acto o declaraci\u00f3n de voluntad, es necesario: que sea legalmente capaz; que consienta en dicho acto o declaraci\u00f3n y su consentimiento no adolezca de vicio; que recaiga sobre un objeto l\u00edcito y que tenga una causa l\u00edcita. <\/p>\n
El consentimiento, entendido como expresi\u00f3n de la voluntad, es uno de los elementos esenciales previstos por el legislador para que una persona se obligue a otra por un acto de declaraci\u00f3n, de manera que no es posible la conformaci\u00f3n de un acto jur\u00eddico sin consentimiento v\u00e1lidamente manifestado por los intervinientes, porque contrariar\u00eda lo estipulado en el art\u00edculo 1502 del C\u00f3digo Civil. Sin embargo, esa manifestaci\u00f3n de la voluntad no solo puede ser expresada por el contratante, sino que \u00e9ste puede delegar en un representante esa facultad, para que a su nombre celebre el negocio jur\u00eddico, y sus efectos se vean reflejados en provecho o en contra del representado, as\u00ed se desprende del art\u00edculo 1505 del C\u00f3digo Civil, conforme al cual, \u00ab[l]o que una persona ejecuta a nombre de otra, estando facultada por ella o por la ley para representarla, produce respecto del representado iguales efectos que si hubiese contratado \u00e9l mismo\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, al tenor del art\u00edculo 2142 del C\u00f3digo Civil, el mandato es un contrato en el que una persona conf\u00eda la gesti\u00f3n de uno o m\u00e1s negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera; el mismo compendio normativo en su canon 2189 refiere las causas de terminaci\u00f3n de ese tipo negocial, entre las que se encuentra \u00abla muerte del mandante o del mandatario\u00bb, lo que se justifica por tratarse de un contrato intuito personae, no obstante, esa causa de fenecimiento tiene dos claras excepciones previstas en los art\u00edculos 2194 y 2195 ibidem, referidas a que la muerte del mandante tiene por efecto que cese el mandatario en sus funciones, a menos i) que de suspenderlas se siga perjuicio a los herederos del mandante, lo que lo obliga a finalizar la gesti\u00f3n iniciada, y, ii) que el mandato est\u00e9 destinado a ejecutarse despu\u00e9s de ella. <\/p>\n
De acuerdo con las disposiciones citadas, adem\u00e1s de verificarse el fallecimiento del mandante es indispensable que el mandatario haya tenido conocimiento del hecho para poner fin al encargo, en ese sentido se pronunci\u00f3 la Sala en SC 31 may. 2010, exp. 2005-05178-01, <\/p>\n
(\u2026) el mandato es negocio jur\u00eddico intuitus personae, celebrado en consideraci\u00f3n a las calidades del mandatario y confianza dispensada por el mandante (art\u00edculo 2142 C\u00f3digo Civil). Por esto, la muerte de una o ambas partes termina el mandato (solvitur mandatum, art\u00edculo 2189, numeral 5\u00ba C\u00f3digo Civil), si se produce \u201cres integra\u201d, o sea, antes de iniciar la ejecuci\u00f3n del encargo o agotar su objeto (Gayo, 3.16; Justiniano, 3.26.10; Digesto 17.1.27.3), pues los actos ejecutados o consumados con antelaci\u00f3n mantienen sus efectos vinculantes, debi\u00e9ndose adem\u00e1s conocer la defunci\u00f3n, por cuanto los actos principiados o realizados ignor\u00e1ndose de buena fe (si tamen per ignorantiam impletum est), tambi\u00e9n los conservan en protecci\u00f3n de las partes, terceros y de la seguridad o certeza del tr\u00e1fico jur\u00eddico (\u2026) En consecuencia, en l\u00ednea de principio, producida y conocida la muerte del mandante, cesa en sus funciones el mandatario. <\/p>\n
Por lo que concierne a los efectos que frente a terceros produce la extinci\u00f3n del mandato, dispone el art\u00edculo 2199 del C\u00f3digo Civil, <\/p>\n
En general, todas las veces que el mandato expira por una causa ignorada del mandatario, lo que \u00e9ste haya hecho en ejecuci\u00f3n del mandato ser\u00e1 valido, y dar\u00e1 derecho a terceros de buena fe, contra el mandante. <\/p>\n
Quedar\u00e1 as\u00ed mismo obligado el mandante, como si subsistiera el mandato, a lo que el mandatario, sabedor de la causa que lo haya hecho expirar, hubiere pactado con terceros de buena fe; pero tendr\u00e1 derecho a que el mandatario le indemnice. <\/p>\n
Cuando el hecho que ha dado causa a la expiraci\u00f3n del mandato, hubiere sido notificado al p\u00fablico por peri\u00f3dicos o carteles, y en todos los casos en que no pareciere probable la ignorancia del tercero, podr\u00e1 el juez en su prudencia, absolver al mandante. <\/p>\n
4.- La Corte no se detendr\u00e1 en disertaciones dogm\u00e1ticas referente a si la ausencia de un requisito esencial del negocio jur\u00eddico como es el consentimiento, genera nulidad absoluta, inexistencia o inoponibilidad, por cuanto el tratamiento que, como causal de nulidad absoluta le dispensaron los falladores de instancia, atendiendo la pretensi\u00f3n principal propuesta por la demandante, no fue refutado por la opositora ahora recurrente, en ninguna fase del tr\u00e1mite ni como reparo concreto en casaci\u00f3n, por lo que ese aspecto queda por fuera de discusi\u00f3n en esta senda extraordinaria. <\/p>\n
4.1. El ad quem concentr\u00f3 el an\u00e1lisis del caso en la viabilidad de las s\u00faplicas principales de la demanda enfocadas a que se declarara la nulidad absoluta de los contratos contenidos en las Escrituras P\u00fablica 1377 del 19 de junio de 2012 y 3174 del 31 de diciembre de 2012, sustentadas en que en esos negocios jur\u00eddicos no hubo consentimiento del obligado Alexandre De Kluguenau. <\/p>\n
A partir de esas espec\u00edficas s\u00faplicas y las excepciones que frente a las mismas propusieron los convocados, el thema decidendum se circunscribi\u00f3 al escrutinio de la validez de los negocios jur\u00eddicos censurados, y la oponibilidad que frente a la demandante pudieran tener los pagar\u00e9s otorgados a nombre de Alexandre De Kluguenau, por quien hab\u00eda dejado de ser su mandatario, al ser esas las aspiraciones que con mayor ah\u00ednco present\u00f3 la promotora, m\u00e1s a\u00fan, cuando ninguno de los intervinientes abog\u00f3 por la existencia o validez de los negocios jur\u00eddicos objeto de controversia. <\/p>\n
En ese contexto, emerge con nitidez que el tema de la inoponibilidad le fue propuesto al juzgador desde dos \u00e1mbitos distintos: de un lado, como pretensi\u00f3n segunda subsidiaria de la principal de nulidad absoluta, formulada por la promotora de la litis, respecto a los contratos cuya ineficacia demand\u00f3 (hipoteca y transferencia de dominio al fideicomiso) y, de otro, a manera de excepci\u00f3n de m\u00e9rito alegada por la codemandada Strategy Fund Investments Colombia S.A.S, mediante la defensa que denomin\u00f3 \u00abinoponibilidad de la expiraci\u00f3n del mandato frente a terceros de buena fe, en raz\u00f3n de los actos celebrados con el mandatario\u00bb, referida a que la terminaci\u00f3n del mandato no surt\u00eda efectos en su contra por su calidad de tercero de buena fe, conforme al inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 2199 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Ahora bien, si las instancias ordinarias resolvieron el problema jur\u00eddico desde la \u00f3ptica de la nulidad absoluta por falta de consentimiento, dejando sentado que la muerte del mandante tuvo como repercusi\u00f3n la terminaci\u00f3n del mandato en la medida que no se present\u00f3 ninguno de los eventos excepcionales que le permit\u00edan al mandatario continuar realizando gestiones con posterioridad a ese hecho, es claro que los efectos de la invalidez contractual declarada necesariamente vinculaban a quienes all\u00ed fungieron como partes, con independencia de que hubieran actuado de buena fe. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, los reproches de la casacionista han debido dirigirse a socavar los argumentos jur\u00eddicos del fallador para resolver el caso del modo que lo hizo, esto es, haber dejado sin efectos el contrato de hipoteca que lo vincul\u00f3 como acreedor del fallecido se\u00f1or De Kluguenau, bajo el entendido que en su conformaci\u00f3n no concurri\u00f3 el requisito esencial del consentimiento del obligado y que por ello estaba viciado de nulidad absoluta, cuestionamientos que se echan de menos en su demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Por otra parte, del cotejo de los argumentos esgrimidos por el ad quem para soportar su decisi\u00f3n y los expuestos por la censura para refutarla, surge ostensible que estos \u00faltimos son incompletos al no combatir todos los pilares argumentativos del fallo, seg\u00fan pasa exponerse: <\/p>\n
En efecto, revisada la providencia de segunda instancia, resulta palmario que su argumento medular para refrendar la del a quo, ata\u00f1e a la falta de consentimiento del obligado, como defecto con relevancia suficiente para restarle validez del acto, en orden a lo cual razon\u00f3: <\/p>\n
De las probanzas arrimadas al plenario tales como: interrogatorio de parte absuelto por Roger Parra Bueno (fl. hora 1:13:30 y s.s. fl. 309 ej.), las documentales (fl. 54 y 55 ib\u00eddem), al igual que hechos admitidos en la contestaci\u00f3n de la demanda (fl. 146 \u00eddem), se desprende de manera fehaciente que en verdad Parra Bueno se enter\u00f3 de la muerte de Alexandre de Kluguenau, cuando menos el 12 de febrero de 2011, es decir, tan solo una semana despu\u00e9s de su deceso, lo que a la postre permite colegir que ten\u00eda pleno conocimiento de la extinci\u00f3n del mandato por esa causa, pese a lo anterior, con posterioridad, es decir, que para la \u00e9poca en la que se contrajo la obligaci\u00f3n respaldada con hipoteca -19 de junio de 2012-, el mandante no estaba expresando su voluntad a trav\u00e9s de su mandatario o lo que es lo mismo no existi\u00f3 consentimiento por parte del difunto, pues aunque formalmente se hubiera acreditado el mismo a trav\u00e9s de la aportaci\u00f3n del poder general con la respectiva constancia de vigencia al momento de protocolizarse el gravamen hipotecario -19 de julio 2012-, es claro, se itera, que el mandante no lo estaba expresando por intermedio de su mandatario, puesto que la fecha de concreci\u00f3n de ese negocio jur\u00eddico es posterior a la de su deceso -3 de febrero de 2011-. <\/p>\n
Ello es as\u00ed, habida cuenta que el contrato que se ataca de nulidad fue celebrado en nombre de quien no ostentaba la condici\u00f3n de persona conforme lo prev\u00e9n los art\u00edculos 74, 90, y 94 del C\u00f3digo Civil, es decir, que carec\u00eda de personalidad jur\u00eddica, pues \u00e9sta se extingui\u00f3 con su muerte, entonces, la convenci\u00f3n en comento adolece de consentimiento, como bien lo afirm\u00f3 la Juez de primera instancia, pues la falta de tal requisito acorde con la jurisprudencia rese\u00f1ada, genera nulidad absoluta del acto por configurarse la segunda de las causales contenidas en el art\u00edculo 1740 ib\u00eddem, de modo que el mismo no puede producir efecto jur\u00eddico alguno1. <\/p>\n
Sin embargo, el casacionista lejos de rebatir la improcedencia de la decisi\u00f3n adoptada, insiste en que ha debido darse aplicaci\u00f3n al inciso segundo del art\u00edculo 2199 del C\u00f3digo Civil, dado que en su calidad de tercero de buena fe no le era oponible la terminaci\u00f3n del mandato, desconociendo que al permanecer enhiesta la declaratoria de nulidad absoluta porque el mismo no la refut\u00f3 por v\u00eda de apelaci\u00f3n, ni en esta oportunidad, es claro que sus efectos lo cobijan porque, tal y como lo acot\u00f3 el tribunal en ese negocio \u00e9l fue parte contratante y no un tercero. <\/p>\n
Ese desacierto, impide la prosperidad de su embate que, en esas condiciones, apenas podr\u00eda asemejarse a un alegato de instancia por el que la inconforme presenta una visi\u00f3n distinta de la manera como ha debido resolverse una controversia, sin idoneidad para derruir la presunci\u00f3n de legalidad y acierto que ampara al fallo del juzgador. Al respecto, en CSJ SC 18563- 2016, se indic\u00f3, <\/p>\n
Todos los cargos que se propongan en casaci\u00f3n, con respaldo en la primera de las causales que sirven a dicho recurso extraordinario [actualmente, con fundamento en los dos motivos iniciales previstos en el art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General de Proceso, se aclara por la Sala], deben ser una cr\u00edtica sim\u00e9trica al fallo que controvierten, de modo que, con su formulaci\u00f3n, es necesario que resulten desvirtuados en su totalidad los genuinos fundamentos en los que ellos se respaldan. <\/p>\n
2. Esa correspondencia entre los argumentos que sustenten, de un lado, la sentencia cuestionada y, de otro, las espec\u00edficas falencias que por la indicada v\u00eda se denuncien en desarrollo de la impugnaci\u00f3n extraordinaria de que se trata, para los efectos de esta \u00faltima, se desdobla en dos requisitos puntuales: en primer lugar, la completitud del cargo, que traduce la necesidad de que no se deje por fuera del ataque ninguno de los pilares esgrimidos por el juzgador de instancia; y, en segundo t\u00e9rmino, el adecuado enfoque de las censuras, esto es, que ellas versen sobre los verdaderos motivos que soporten el prove\u00eddo generador de la inconformidad, y no sobre unos que no tengan tal car\u00e1cter, surgidos de su inadecuada comprensi\u00f3n por parte del recurrente o de la inventiva de \u00e9ste. <\/p>\n
(\u2026) Con insistencia, la Sala, de tiempo atr\u00e1s, ha se\u00f1alado \u2018que en raz\u00f3n a la naturaleza misma del recurso de casaci\u00f3n y su reglamentaci\u00f3n legal[,] cuando se apoya en (\u2026) [las referidas causales de casaci\u00f3n], el escrito destinado a fundamentarlo (\u2026), debe contener una cr\u00edtica concreta y razonada de las partes de la sentencia que dicho litigante estima equivocadas, se\u00f1alando asimismo las causas por las cuales ese pronunciamiento materia de impugnaci\u00f3n resulta ser contrario a la ley. Y para que este requisito quede satisfecho del modo que es debido, es indispensable que esa cr\u00edtica guarde adecuada consonancia con lo esencial de la motivaci\u00f3n que se pretende descalificar, vale decir que se refiera directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcci\u00f3n jur\u00eddica sobre la cual se asienta la sentencia, habida cuenta que si blanco del ataque se hacen los supuestos que delinea a su mejor conveniencia el recurrente y no los que objetivamente constituyen fundamento nuclear de la providencia, se configura un notorio defecto t\u00e9cnico por desenfoque que conduce al fracaso del cargo correspondiente\u2019 (CSJ, SC del 26 de marzo de 1999, Rad. n.\u00b0 5149; se subraya). <\/p>\n
Deviene de lo expuesto, que si bien Strategy era un tercero relativo con respecto al contrato de mandato y su extinci\u00f3n, esa misma calidad no puede predicarse en lo concerniente a los negocios jur\u00eddicos controvertidos en esta causa, en los cuales fungi\u00f3 como parte, de all\u00ed que su declaratoria de invalidez necesariamente lo afectaba por virtud del principio res inter alios acta, ali\u00eds nec nocere nec prodesse potest o de relatividad de los efectos del negocio jur\u00eddico, de modo que \u00e9stos solo aprovechan o perjudican a las partes intervinientes. <\/p>\n
En esas condiciones, con independencia del yerro en que pudiera haber incurrido el sentenciador en la interpretaci\u00f3n de la excepci\u00f3n de m\u00e9rito propuesta por la casacionista al contestar la demanda, que ciertamente estaba orientada a hacer valer su calidad de tercero relativo respecto del contrato de mandato y no de la hipoteca como lo entendi\u00f3, es patente que el mismo ser\u00eda irrelevante, toda vez que al mantener su firmeza la soluci\u00f3n jur\u00eddica del caso a partir del r\u00e9gimen de la nulidad absoluta de los contratos cuestionados, es claro que sus efectos le son oponibles a quienes all\u00ed fungieron como partes. <\/p>\n
Al respecto, ilustra lo sostenido por la Sala en SC 30. Nov. 1994, exp. 4025. <\/p>\n
(\u2026) mientras la invalidez es un juicio negativo del valor del contrato \u201c\u2026al que le falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato seg\u00fan su especie y calidad o estado de las partes\u2026\u201d (art. 1740 ejusdem), que acarrea como consecuencia su extinci\u00f3n frente a las partes y a terceros, de manera tal que, una vez declarada judicialmente se reputa como si nunca hubiese existido, la inoponibilidad no conduce a la desaparici\u00f3n del negocio, sino que neutraliza la producci\u00f3n de los efectos del mismo en frente de alguien, todo bajo el entendido de que su validez entre las partes es incontrovertible. En este caso, el negocio es, en s\u00ed mismo, v\u00e1lido, pero es la expansi\u00f3n de sus efectos propios la que se ve disminuida ante quienes de otro modo, ser\u00edan sus destinatarios naturales. O lo que es igual, la inoponibilidad hace siempre relaci\u00f3n a alguien que, por determinadas circunstancias, suscitadas en su propia g\u00e9nesis, no es afectado por el negocio. Pero como \u00e9ste, entre quienes le dieron origen, no tiene ning\u00fan reproche sigue, siendo v\u00e1lido y por ende eficaz. La declaratoria de nulidad, en cambio, sea relativa o absoluta, genera la extinci\u00f3n del negocio y de sus efectos, no s\u00f3lo frente a las partes, sino tambi\u00e9n frente a terceros. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, no prosperan los cargos. <\/p>\n
5.- Como la decisi\u00f3n es adversa a los recurrentes, se les condenar\u00e1 en costas, de conformidad con el art\u00edculo 349 del C\u00f3digo General del Proceso. Para su cuantificaci\u00f3n se tendr\u00e1 en cuenta que la demandante se pronunci\u00f3 dentro del t\u00e9rmino de traslado. <\/p>\n
VI.- DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida 16 de mayo de 2018, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro del proceso verbal de Marina Natalie Tatiana Wynia, contra los recurrentes y Acci\u00f3n Sociedad Fiduciaria S.A. <\/p>\n
Se condena en costas a los impugnantes. Por concepto de agencias en derecho, se fija la suma de seis millones de pesos ($6.000.000), a favor de la parte demandante. <\/p>\n
Notif\u00edquese y devu\u00e9lvase <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Audiencia de segunda instancia: hora: 15.35.30 <\/p>\n
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SC3644-2021 (2015-00638-01)_1 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE SC3644-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001 31 03 008 2015 00638 01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de abril de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1 D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte los recursos de casaci\u00f3n interpuestos […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56218","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56218","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56218"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56218\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56218"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56218"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56218"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}