SC3654-2021 (2012-00286-01)<\/p>\n
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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC3654-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-03-026-2012-00286-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala virtual de trece de mayo de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Paola Andrea Cifuentes Montoya respecto de la sentencia de 22 de noviembre de 2017, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil, en el proceso de pertenencia promovido por Nayibe Amalia Delgado Guti\u00e9rrez contra personas indeterminadas y la recurrente, en la cual \u00e9sta, por reconvenci\u00f3n, formul\u00f3 acci\u00f3n reivindicatoria. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.1. El petitum. La actora inicial solicit\u00f3 declarar que adquiri\u00f3 por el modo de la prescripci\u00f3n ordinaria, el derecho de dominio de un apartamento junto con garaje y dep\u00f3sito en el \u00abEdificio Cerros del Chic\u00f3\u00bb, ubicado en la calle 92 n\u00ba. 5-50 de esta ciudad, los cuales identifica. <\/p>\n
1.2. La causa petendi. Lo anterior, al detentar el inmueble con \u00e1nimo de se\u00f1ora y due\u00f1a de manera pac\u00edfica, p\u00fablica e ininterrumpida desde hace dos d\u00e9cadas, a partir del \u00ab30 de octubre 1990\u00bb. <\/p>\n
El \u00ab20 de diciembre de 1999\u00bb, mediante documento p\u00fablico inscrito en la Oficina de Registro, adquiri\u00f3 el dominio de la heredad por compra realizada a Hern\u00e1n S\u00e1nchez Cu\u00e9llar, quien, para ese entonces, era el propietario. <\/p>\n
Este \u00faltimo recibi\u00f3 el dominio de Roberto Daza Lamoroux, seg\u00fan Escritura P\u00fablica de compraventa n.\u00ba 7237 de 30 de octubre de 1990. Empero, \u00e9ste instrumento, a la postre, lo declar\u00f3 falso la jurisdicci\u00f3n ordinaria en lo penal, mediante sentencias de primera y segunda instancia proferidas el 6 de abril y 22 de junio de 1995, respectivamente. Tambi\u00e9n dispuso cancelar su anotaci\u00f3n en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria. <\/p>\n
Las se\u00f1aladas providencias no anularon la inscripci\u00f3n de la venta realizada por la convocante, por tanto, \u00abse encuentra vigente y (\u2026) constituye justo t\u00edtulo\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que el Juzgado Segundo de Familia de esta ciudad tramit\u00f3 el proceso de sucesi\u00f3n del se\u00f1or Roberto Daza Lamoroux, ordenando el embargo del comentado predio junto a sus anexos, empero, \u00abjam\u00e1s (\u2026) practic\u00f3 diligencia de secuestro\u00bb. <\/p>\n
Hern\u00e1n S\u00e1nchez Cu\u00e9llar ejerci\u00f3 el se\u00f1or\u00edo del inmueble y sus agregados entre el \u00ab30 de octubre de 1990 y 20 de diciembre de 1999\u00bb; y a partir de esta \u00faltima fecha, la demandante \u00abcontinu\u00f3 ejerciendo la posesi\u00f3n de buena fe, durante 11 a\u00f1os m\u00e1s\u00bb. <\/p>\n
Durante la posesi\u00f3n se comport\u00f3 como propietaria plena, pues conserv\u00f3 y explot\u00f3 el predio sin reconocer dominio ajeno, pues pag\u00f3 impuestos, administraci\u00f3n, servicios p\u00fablicos y, realiz\u00f3 mejoras \u00abnecesarias\u00bb. Tambi\u00e9n percibi\u00f3 frutos civiles por arrendamientos. <\/p>\n
1.4. Demanda de reconvenci\u00f3n. La formul\u00f3 Paola Andrea Cifuentes Montoya. <\/p>\n
1.4.1. El petitum. Declarar que le pertenece en dominio pleno y absoluto el mencionado predio junto con el garaje y dep\u00f3sito, los cuales describe. En consecuencia, exigi\u00f3 ordenar a la poseedora \u00abde mala fe\u00bb su restituci\u00f3n, con el pago de los frutos naturales y civiles percibidos por esta y \u00ablos que hubiere podido recibir\u00bb desde el inicio su posesi\u00f3n hasta la entrega efectiva. <\/p>\n
1.4.2. La causa petendi de la reconviniente. El \u00ab16 de junio de 2011\u00bb, adquiri\u00f3 los derechos herenciales de Crhistian Camilo Daza Ceballos en el juicio de sucesi\u00f3n de su padre Roberto Daza Lamoroux, donde le fueron adjudicados los inmuebles objeto de reivindicaci\u00f3n. <\/p>\n
No ha enajenado ni prometido en venta, afirma, el se\u00f1alado predio y agregados, destacando que su t\u00edtulo de dominio se halla \u00abvigente\u00bb en el registro de la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos. <\/p>\n
En la actualidad se encuentra privada de la posesi\u00f3n material del inmueble y sus anexos, pues la demandada en reconvenci\u00f3n la ejerce de manera \u00abregular\u00bb desde \u00abjulio de 2000\u00bb, data de firmeza de las sentencias de la jurisdicci\u00f3n penal que declararon la falsedad de la escritura de venta celebrada por Roberto Daza Lamoroux y Hern\u00e1n S\u00e1nchez Cu\u00e9llar. <\/p>\n
Antes de esa fecha, resalt\u00f3, la interpelada ejerci\u00f3 el se\u00f1or\u00edo de \u00abmala fe\u00bb y \u00absin justo t\u00edtulo\u00bb, pues tom\u00f3 el bien y sus adjuntos a trav\u00e9s de un documento adulterado y, por tanto, \u00abno re\u00fane los requisitos\u00bb para usucapir por la v\u00eda ordinaria. <\/p>\n
1.4.3. R\u00e9plica de la contrademanda. Se opuso a lo pretendido y formul\u00f3, entre otras, la excepci\u00f3n de \u00ab(\u2026) prescripci\u00f3n ordinaria adquisitiva de dominio (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
1.5. El fallo de primera instancia. El 23 de marzo de 2017, el Juzgado Veintis\u00e9is Civil del Circuito de Bogot\u00e1 neg\u00f3 las s\u00faplicas de la demanda primigenia, al no probarse la posesi\u00f3n regular, en particular, el \u00abjusto t\u00edtulo\u00bb, pues el esgrimido por la actora nunca tuvo el poder de transferir el dominio del bien, sino apenas \u00ab(\u2026) un derecho de posesi\u00f3n que una persona distinta al propietario aduc[\u00eda] ostentar (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con las pretensiones de reconvenci\u00f3n, las acogi\u00f3 parcialmente. Dispuso, de un lado, ordenarle a la poseedora entregar el predio y dem\u00e1s anexidades a la propietaria; y de otro, condenarla al pago de frutos, \u00ab(\u2026) pero solo aquellos (\u2026) percibidos despu\u00e9s de la contestaci\u00f3n de la demanda (\u2026)\u00bb (C.C., inc. 3\u00ba, art. 964). <\/p>\n
1.6. La sentencia de segundo grado. El superior, al resolver la apelaci\u00f3n de la convocante inicial, revoc\u00f3 la determinaci\u00f3n del a quo; y en su lugar, declar\u00f3 la usucapi\u00f3n \u00abordinaria\u00bb a favor de Nayibe Amalia Delgado Guti\u00e9rrez; negando a su vez la reivindicaci\u00f3n solicitada por la reconviniente Paola Andrea Cifuentes Montoya. <\/p>\n
2. LAS RAZONES DEL TRIBUNAL <\/p>\n
2.1. Hall\u00f3 probado los componentes axiol\u00f3gicos de la pertenencia y desestim\u00f3 el elemento \u00abdominio\u00bb en la acci\u00f3n reivindicatoria. Encontr\u00f3 la existencia del \u00abjusto t\u00edtulo\u00bb en la poseedora y el se\u00f1or\u00edo durante m\u00e1s de diez a\u00f1os; y con respecto a la reivindicante, concluy\u00f3 que su derecho de propiedad, acreditado de manera informal, por ser posterior a la posesi\u00f3n alegada, no se impon\u00eda. <\/p>\n
2.1.1. En efecto, es \u00abjusto t\u00edtulo\u00ab la escritura p\u00fablica de compraventa celebrada el 20 de noviembre de 1999 por Hern\u00e1n S\u00e1nchez Cu\u00e9llar y Nayibe Amalia Delgado, pues le permiti\u00f3 a esta adquirir el dominio por prescripci\u00f3n ordinaria adquisitiva. <\/p>\n
As\u00ed lo reconoci\u00f3 la demandante cuando al interrog\u00e1rsele sobre si conoc\u00eda la nulidad del t\u00edtulo antecedente, expres\u00f3: \u00abno, cuando yo compr\u00e9 el apartamento revisamos el certificado de tradici\u00f3n y libertad y all\u00ed no aparec\u00eda ninguna anotaci\u00f3n que restringiera la venta\u00bb. <\/p>\n
Si el \u00abjusto t\u00edtulo\u00bb es todo acto que por su naturaleza y \u00abcar\u00e1cter verdadero y v\u00e1lido\u00bb es id\u00f3neo, pero en \u00faltimas no apto para transferir el dominio, por cuanto \u00ab(\u2026) el enajenante no es el verdadero due\u00f1o (\u2026)\u00bb; en el sublite, as\u00ed ocurri\u00f3, pues Hern\u00e1n S\u00e1nchez Cu\u00e9llar, el vendedor, era en apariencia, el titular inscrito, \u00ab(\u2026) seg\u00fan da[ba]n cuenta las anotaciones 13 y 16 del folio de matr\u00edcula inmobiliaria 50C-226067 y 50C-226059, respectivamente (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, para la \u00e9poca de la celebraci\u00f3n de la mencionada compraventa, no exist\u00eda limitaci\u00f3n en el registro inmobiliario que prohibiera su inscripci\u00f3n y, porque, en todo caso, no hab\u00eda noticia sobre la cancelaci\u00f3n del instrumento antecedente, esto es, el n\u00ba. 7237 de 30 de octubre de 1990, donde Hern\u00e1n S\u00e1nchez Cu\u00e9llar, el vendedor, compr\u00f3 la propiedad a Roberto Daza Lamoroux. <\/p>\n
El acto registral de esa escritura solo dej\u00f3 de surtir efectos el \u00ab6 de marzo de 2008\u00ab, fecha de registro de la sentencia del Juzgado Cincuenta y Cinco Penal del Circuito de Bogot\u00e1, por la cual orden\u00f3 privarle de eficacia y oponibilidad (glosas 23 y 25 del respectivo folio de matr\u00edcula). <\/p>\n
Dicho fallo nada dispuso sobre las anotaciones posteriores, en concreto, frente a la compraventa celebrada por la actora principal. No obstante, a pesar de mantenerse inc\u00f3lume respecto a sus consecuencias, esta acudi\u00f3 a la jurisdicci\u00f3n para reafirmar su derecho y depurarlo, pues \u00ab(\u2026) nada se opone a que el due\u00f1o de un predio se haga a su favor la declaraci\u00f3n de pertenencia (\u2026)\u00bb (CSJ SC. Sentencia de 22 de agosto de 2006, exp. 8101). <\/p>\n
Al anularse el t\u00edtulo antecesor al \u00abjusto\u00bb, as\u00ed como su registro, erigi\u00f3 la figura de la venta de cosa ajena y, por tanto, la convocante inicial se convirti\u00f3 en poseedora regular y de buena fe (CSJ SC. Sentencia de 4 de diciembre de 2009, exp. 2002-00003-01). <\/p>\n
2.1.2. En cuanto a los dem\u00e1s presupuestos para adquirir por usucapi\u00f3n los bienes descritos, la demandante inicial los acredit\u00f3. <\/p>\n
Los actos de se\u00f1or\u00edo y el tiempo de posesi\u00f3n, por ejemplo, en lo depuesto por Hern\u00e1n S\u00e1nchez Cu\u00e9llar cuando afirm\u00f3 que le vendi\u00f3 el inmueble y sus anexos a la actora en 1999 \u00aby quien hasta donde tiene conocimiento lo ha habitado\u00bb. <\/p>\n
Norvey Cardona Montes, vigilante del edificio desde el 30 de mayo de 2000, identific\u00f3 a Nayibe Amalia Delgado Guti\u00e9rrez como due\u00f1a, confirmando que ella vivi\u00f3 en el predio durante cuatro a\u00f1os, y luego lo arrend\u00f3. <\/p>\n
Sergio Augusto Duarte Hern\u00e1ndez refiri\u00f3 que la poseedora y su pareja convivieron en el apartamento entre 1999 y 2006, y despu\u00e9s \u00abse fueron a vivir a Ch\u00eda y decidieron arrendar[lo]\u00bb. Justo Pastor Ulloa Parra dijo que la accionante \u00abreform\u00f3 una pared paralela a un columna\u00bb y luego lo rent\u00f3. <\/p>\n
Los deponentes, en general, expresaron que la poseedora usufructu\u00f3 el predio y sus anexos objeto de la litis. <\/p>\n
Igualmente, ciertos documentos evidencian la calidad de \u00abse\u00f1ora y due\u00f1a\u00bb de la heredad, como el contrato de administraci\u00f3n del bien, celebrado entre Nayibe Amalia Delgado Guti\u00e9rrez y Capital Grupo Inmobiliario Ltda.; el recibo de pago del Edificio Cerros del Chic\u00f3, en el cual se declara a \u00aba paz y salvo\u00bb a la convocante por la venta de 12 metros cuadrados de la terraza comunal de uso exclusivo para su apartamento. <\/p>\n
En consecuencia, la usucapiente ejerci\u00f3 la posesi\u00f3n regular desde 1999, prolong\u00e1ndose en el tiempo y, m\u00e1s exactamente, hasta el 26 de abril de 2012, fecha de presentaci\u00f3n del libelo. El se\u00f1or\u00edo, entonces, se detent\u00f3 de manera quieta, p\u00fablica, pac\u00edfica e ininterrumpida durante \u00ab10 a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
2.1.3. En relaci\u00f3n con la acci\u00f3n de dominio, la actora en reconvenci\u00f3n no demostr\u00f3 el dominio ni acredit\u00f3 mejor derecho en el tiempo frente a la poseedora. <\/p>\n
El t\u00edtulo de propiedad representado en la sentencia aprobatoria del trabajo de partici\u00f3n, proferida el 11 de junio de 2011, se alleg\u00f3 forma incompleta, pues se alleg\u00f3 el labor\u00edo de liquidaci\u00f3n y adjudicaci\u00f3n, en copia informal, careciendo de valor probatorio (C.P.C., art. 254), por no contar con la \u00abatestaci\u00f3n de ser id\u00e9nticas al original\u00bb (CSJ SC. Sentencia de 4 de noviembre de 2009, exp. 2001-0012601). <\/p>\n
Con todo, el se\u00f1alado t\u00edtulo es posterior a la posesi\u00f3n de la demandante primigenia. El primero, relativo a la \u00abadjudicaci\u00f3n en sucesi\u00f3n\u00bb, data del 16 de junio de 2011; y la segunda, correspondiente a la compraventa, convertida en \u00abjusto t\u00edtulo\u00bb, de 20 de diciembre de 1999. <\/p>\n
Igualmente, la reivindicante no acompa\u00f1\u00f3 la \u00abcadena ininterrumpida de t\u00edtulos\u00bb del inmueble y sus adjuntos, como la inicial, esto es, la escritura p\u00fablica n\u00ba. 2826 de 31 de diciembre de 1974, donde Manuel Javier Castellanos le vendi\u00f3 a Roberto Daza Lamoreaux. <\/p>\n
En un caso similar, la Sala de Casaci\u00f3n Civil expres\u00f3 que \u00ab(\u2026) el actor para demostrar su calidad de due\u00f1o sobre el bien reivindicable (\u2026)\u00bb debe acompa\u00f1ar el t\u00edtulo de su causahabiente, pues no basta presentar, trat\u00e1ndose de un derecho sucesorio, \u00ab(\u2026) el [documento] contentivo de la la hijuela de adjudicaci\u00f3n (\u2026)\u00ab (CSJ SC. Sentencia de 16 de julio de 1955, G.J. MMCLVII, p\u00e1gs. 703 a 707). <\/p>\n
2.2. En suma, confluyen todos los presupuestos sustanciales de la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio a favor de Nayibe Amalia Delgado Guti\u00e9rrez, como la posesi\u00f3n por 10 a\u00f1os, el \u00abjusto t\u00edtulo\u00bb, la vocaci\u00f3n prescriptiva del inmueble y anexos, con su identificaci\u00f3n plena. <\/p>\n
3. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Se formularon dos cargos. El inicial por v\u00eda directa, y el final por violaci\u00f3n de medio por error de derecho. <\/p>\n
Advirtiendo que fueron replicados por la contraparte demandada en reconvenci\u00f3n, la Corte estudiar\u00e1 los reproches en el orden l\u00f3gico respectivo. <\/p>\n
3.1. CARGO PRIMERO <\/p>\n
3.1.1. Acusa la transgresi\u00f3n directa de los art\u00edculos 764, 765, 766, 2518, 2521, 2528 y 2529 del C.C. El Tribunal, dice la recurrente: <\/p>\n
3.1.2. Interpret\u00f3 err\u00f3neamente las disposiciones mencionadas al considerar \u00abjusto t\u00edtulo\u00ab la compraventa de los bienes materia del litigio, esto es, la celebrada el 20 de noviembre de 1999 por Hern\u00e1n S\u00e1nchez Cu\u00e9llar y la actora Nayibe Amalia Delgado. <\/p>\n
El se\u00f1alado instrumento no es \u00edntegro para usucapir por v\u00eda ordinaria porque deriva de otro anulado por la existencia de una conducta punible. Esto, por cuanto el delito nunca puede generar ning\u00fan derecho. <\/p>\n
A prop\u00f3sito, el canon 777 ej\u00fasdem excluye de la noci\u00f3n de justo t\u00edtulo, entre otros, al \u00ab(\u2026) falsificado, el que adolece de un vicio de nulidad, el meramente putativo (\u2026)\u00bb, ejemplos todos relacionados con la legalidad del mismo. <\/p>\n
Adem\u00e1s, si el t\u00edtulo es \u00abla causa o raz\u00f3n por la que se recibi\u00f3 la cosa\u00bb, y lo justo, \u00absu conformidad con la ley\u00ab, vale decir, se tiene como tal, solo el que cumpla con todos los requisitos de validez y eficacia, como capacidad, consentimiento, objeto, \u00abcausa\u00ab y objeto \u00abl\u00edcitos\u00bb; y los elementos esenciales connaturales o propios. <\/p>\n
3.1.3. El juzgador, concluye la censura, al conferirle car\u00e1cter de \u00abjusto\u00bb a la mencionada escritura de compraventa, incidi\u00f3 en la decisi\u00f3n de conceder la adquisici\u00f3n de dominio por el modo de la prescripci\u00f3n ordinaria, pues de no hacerlo, seguramente desestimar\u00eda la pretensi\u00f3n. <\/p>\n
3.1.4. Solicita, en consecuencia, quebrar la sentencia de segundo grado y confirmar la de primera instancia. <\/p>\n
3.2. CARGO SEGUNDO <\/p>\n
3.2.1. Denuncia la violaci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 950, 951, 952, 961, 962, 964 del C\u00f3digo Civil; 169, 246, 624 y 625 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
3.2.2. En sentir de la censura, el Tribunal incurri\u00f3 en errores de derecho relacionados con las pruebas del derecho de dominio para reivindicar. <\/p>\n
Le rest\u00f3 eficacia demostrativa a las copias simples, no obstante, tener el mismo valor persuasivo que el original. Si bien, ello no era predicable en el gobierno del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, cierto era, el C\u00f3digo General del Proceso, art\u00edculo 246, vigente para la \u00e9poca de la sentencia cuestionada, s\u00ed la otorgaba. <\/p>\n
Y omiti\u00f3 decretar pruebas de oficio para \u00abcompletar las copias demostrativas del dominio aducidas por la promotora del juicio\u00bb. Ello tiene lugar, acorde con la jurisprudencia, en el evento de sobrevenir un hecho que altere o extinga la pretensi\u00f3n; o cuando en el proceso existan pruebas irregulares que acrediten el hecho. <\/p>\n
3.3.3. Concluye la censura que los dos errores probatorios enrostrados condujeron al Tribunal a negar, la reivindicaci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual solicita casar la decisi\u00f3n recurrida y confirmar la del juzgado. <\/p>\n
4. CONSIDERACIONES <\/p>\n
4.1. Los cargos compendiados, replicados por la contraparte, la Corte los a\u00fana para su estudio. En realidad, como se observa, son sucesivos, en tanto, la vida del segundo depende del \u00e9xito del primero. En el caso de ser acertada la decisi\u00f3n del Tribunal de declarar la pertenencia, esto significa que la actora en reconvenci\u00f3n quedar\u00eda excluida como propietaria de los inmuebles, por ende, sin legitimaci\u00f3n para ejercitar la acci\u00f3n de dominio. <\/p>\n
4.2. El problema que en esta oportunidad concita la atenci\u00f3n de la Corte es ajeno a la posesi\u00f3n. La v\u00eda escogida para denunciar la violaci\u00f3n de la ley sustancial, la directa, supone aceptar que se encuentra en cabeza de la demandante de la pertenencia. La pol\u00e9mica se reduce a establecer si esa relaci\u00f3n material la precede un justo t\u00edtulo. <\/p>\n
Pac\u00edfico tambi\u00e9n resulta en la cadena de t\u00edtulos de dominio que uno de ellos, exhibido por Hern\u00e1n S\u00e1nchez Cu\u00e9llar para enajenar las unidades inmobiliarias, la justicia penal, en decisiones ejecutoriadas, lo declar\u00f3 falso. Igualmente, que el aducido por Nayibe Amalia Delgado, la \u00faltima compradora, ninguna decisi\u00f3n judicial lo ha afectado, as\u00ed la tradici\u00f3n haya sufrido tropiezos. <\/p>\n
4.3. La prescripci\u00f3n adquisitiva, en su vertiente ordinaria, convierte al poseedor de un bien en su propietario, transitando del t\u00edtulo al modo. <\/p>\n
El instituto procura conquistar leg\u00edtimamente el derecho de dominio, considerado, seg\u00fan las diversas categor\u00edas hist\u00f3ricas, sagrado1 o inviolable2 en \u00e9pocas antiguas; natural en tiempos modernos3; y hoy, como garant\u00eda relativa y derecho humano para algunos, protegido por el ordenamiento jur\u00eddico pero susceptible de limitaciones4. En todo caso, \u00abcomo expresi\u00f3n del trabajo humanizador frente a la corporeidad\u00bb5. <\/p>\n
Se trata de un modo de adquirir las cosas ajenas cuando sus titulares las abandonan o sin que ello acaezca, alguien las toma para s\u00ed, directa o indirectamente, a fin de hacerlas suyas, ejerciendo se\u00f1or\u00edo por un tiempo determinado. Las adquiere, por tanto, quien las detenta materialmente y las explota mediante hechos p\u00fablicos, pac\u00edficos e ininterrumpidos durante el tiempo exigido por la ley. Claro est\u00e1, siempre que el bien sea susceptible de adquirirse por prescripci\u00f3n. <\/p>\n
4..3.1. La prescripci\u00f3n adquisitiva puede ser de dos clases: extraordinaria y abreviada. <\/p>\n
En los t\u00e9rminos del art\u00edculo 2531 del C\u00f3digo Civil, en armon\u00eda con el precepto 770, ib\u00eddem, la primera es la senda dise\u00f1ada para adquirir el dominio de las cosas cuando se poseen por m\u00e1s de diez a\u00f1os, sean muebles o inmuebles6. Difiere de la segunda en que la posesi\u00f3n material, el fundamento de una y otra, se ejercita de manera irregular. <\/p>\n
La ordinaria, a voces del art\u00edculo 2528, ej\u00fasdem, descansa en la posesi\u00f3n regular durante tres o cinco a\u00f1os, seg\u00fan se trate de muebles o inmuebles7. Supone, al tenor del canon 764 de la misma obra, \u201cjusto t\u00edtulo\u201d; y \u201cbuena fe\u201d, as\u00ed no subsista despu\u00e9s de adquirida la posesi\u00f3n. <\/p>\n
4.3.2. El justo t\u00edtulo, bajo la \u00e9gida de los art\u00edculos 765 y 766 del C\u00f3digo Civil, la Corte lo ha entendido como \u00abtodo hecho o acto jur\u00eddico que, por su naturaleza y por su car\u00e1cter de verdadero y v\u00e1lido, ser\u00eda apto para atribuir en abstracto el dominio. Esto \u00faltimo, porque se toma en cuenta el t\u00edtulo en s\u00ed, con prescindencia de circunstancias ajenas al mismo, que, en concreto, podr\u00edan determinar que, a pesar de su calidad de justo, no abrase la adquisici\u00f3n del dominio\u00bb8. <\/p>\n
El justo t\u00edtulo es el que act\u00faa como causa para materializar el modo de la tradici\u00f3n del derecho real de no mediar el vicio o el defecto por el cual la usucapi\u00f3n est\u00e1 llamada a remediar9. En consecuencia, el t\u00edtulo no traslada propiamente el dominio en nuestro derecho, sino que engendra un derecho personal que obliga al tradente a trasladarlo, facultando al adquirente para adquirirlo actuando entonces, como fuente obligacional o causa para el modo. La Corte, en posici\u00f3n consolidada, ha fijado tres requisitos para su configuraci\u00f3n10. <\/p>\n
El primero, corresponde a la existencia real y jur\u00eddica del t\u00edtulo o disposici\u00f3n voluntaria. No puede predicarse la justeza del t\u00edtulo cuando no existe. Jam\u00e1s se puede predicar t\u00edtulo sin acto; o si naciendo a la vida jur\u00eddica, se declara inexistente. <\/p>\n
El segundo, alude al car\u00e1cter traslativo. Es el que infunde al poseedor el convencimiento de adquirir leg\u00edtimamente el dominio del bien (art\u00edculo 765, inciso 3\u00ba del C\u00f3digo Civil), aun cuando no adquiera tal derecho (art. 753, ej\u00fasdem). Ah\u00ed, precisamente, reside la buena fe, la cual, en todo caso, se presume11. <\/p>\n
La justeza del t\u00edtulo es el tercer presupuesto. Se refiere a la legitimidad, que tambi\u00e9n se presume, \u00absalvo que se trate de t\u00edtulo injusto conforme al art. 766 C.C.\u00bb12. <\/p>\n
El t\u00edtulo falso es injusto, ciertamente, al no ser otorgado realmente por la persona que dice ser el due\u00f1o, pues suplanta al verdadero. Su exclusi\u00f3n como justo se encuentra dispuesta en el art\u00edculo 766, numeral 1\u00ba del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
4.3.3. La buena fe es la \u00abconciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios leg\u00edtimos, exentos de fraudes y de todo otro vicio\u00bb. Esta condici\u00f3n debe hallarse presente al iniciarse la posesi\u00f3n (art\u00edculo 764, citado), que unida al justo t\u00edtulo convierte la posesi\u00f3n en regular. <\/p>\n
Son elementos complementarios y heterog\u00e9neos. El inciso segundo ej\u00fasdem, afirma que \u00abse puede ser poseedor regular y poseedor de mala fe, como viceversa, el poseedor de buena fe puede ser poseedor irregular\u00bb. <\/p>\n
Como lo ha explicado la Corte, \u00abel justo t\u00edtulo y la buena fe inicial, como requisitos de la posesi\u00f3n regular, son factores distintos, cada uno con contenido propio, no obstante ser relacionables entre s\u00ed hasta el punto de que el justo t\u00edtulo pueda servir para explicar la buena fe del poseedor, cuando no incida circunstancia alguna contraindicante (\u2026)\u00bb (G.J. CVII, p\u00e1g. 365). <\/p>\n
4.4. Frente a lo anterior, salta de bulto que el error iuris in iudicando no se estructura. El t\u00edtulo injusto se predica de uno distinto al ostentado por la poseedora. En concreto el ajustado entre Roberto Daza Lamoroux, vendedor, y Hern\u00e1n S\u00e1nchez Cu\u00e9llar, comprador, el cual corresponde al antecedente del allegado por la demandante principal, que permiti\u00f3 edificar uno de los basamentos de la prescripci\u00f3n regular. <\/p>\n
Resta establecer si la falsedad del anterior t\u00edtulo irradi\u00f3, ipso iure, el siguiente, verdadero quid en \u00e9ste asunto. La compraventa celebrada entre Hern\u00e1n S\u00e1nchez Cu\u00e9llar, vendedor, y Nayibe Amalia Delgado, compradora. As\u00ed se plantea en la acusaci\u00f3n. <\/p>\n
4.5. Ut supra se asent\u00f3 que el t\u00edtulo, para ser justo, adem\u00e1s de su existencia real, jur\u00eddica, traslaticia, debe ser v\u00e1lido y verdadero, y que la ley enuncia los injustos. El ordenamiento, sin embargo, nada dice sobre los efectos de un t\u00edtulo antecedente declarado falso con respecto a los subsiguientes. Se anticipa, se trata de las eventuales consecuencias adversas, de sanciones para ser exactos. <\/p>\n
4.5.1. El justo t\u00edtulo en posesi\u00f3n no puede interpretarse exclusivamente desde el contexto de la tradici\u00f3n en la perspectiva dogm\u00e1tica del C. C. patrio, porque su inserci\u00f3n legal se halla en el cap\u00edtulo relativo a la posesi\u00f3n y a sus diferentes calidades, para edificar la posesi\u00f3n regular, de tal modo que no puede confundirse con los modos, como acontece en el cargo. La tradici\u00f3n es un modo, y as\u00ed haya relaciones rec\u00edprocas con el t\u00edtulo, aqu\u00e9lla es modo y \u00e9ste es una fuente o causa, la primera es un efecto que como modo fija el derecho real de dominio, el t\u00edtulo apenas es el punto de partida y la fuente que habilita una prestaci\u00f3n positiva pero no el derecho de dominio. <\/p>\n
Cosa muy diferente es la tradici\u00f3n y la eficacia del t\u00edtulo para dar paso al negocio jur\u00eddico traditivo o, sencillamente para materializar el modo de la tradici\u00f3n; en otros t\u00e9rminos, para que el t\u00edtulo posea la virtualidad en edificarse en causa id\u00f3nea para transferir el derecho de dominio; requiriendo que haya \u201c(\u2026) por una parte la facultad e intenci\u00f3n de transferir el dominio, y por otra la capacidad e intenci\u00f3n de adquirirlo\u201d (art. 740 del C.C.); caso en el cual de no ostentar el t\u00edtulo aducido, ese magno atributo de quien es verdadero due\u00f1o, como acontece con los falsificados, el correspondiente a la venta de cosa ajena, o en general, los enumerados en el art. 766 ej\u00fasdem, los cuales per s\u00e9, apenas dan paso a una mera entrega, m\u00e1s pl\u00e1sticamente hablando, a una pseudotradici\u00f3n o si se quiere falsa tradici\u00f3n o presunta tradici\u00f3n; pero jam\u00e1s, a la aut\u00e9ntica o ver\u00eddica por estar hu\u00e9rfanos del contenido, vaciados del todo de la esencia del \u201cdominus\u201d, en quien funge como aparente tradente. <\/p>\n
Para ser m\u00e1s figurativos, cuando se habla de un contrato como el de compraventa denunciado, nos hallamos con un t\u00edtulo o causa traditionis, pero no con el modo, porque en ese acto jur\u00eddico asentado en la tradici\u00f3n romanista, el vendedor, deja en potencia, en posibilidad o le otorga vocaci\u00f3n al comprador para adquirir el derecho real, cuyo medio eficaz, legal o id\u00f3neo es el modo, en el ejemplo, el de la traditio, raz\u00f3n por la cual se reducen a dos las obligaciones de quien vende: \u201c(\u2026) a la (\u2026) tradici\u00f3n, y [a]l saneamiento de la cosa vendida\u201d (art. 1880 del C.C.), como base jur\u00eddica de nuestra concepci\u00f3n jur\u00eddica vigente. <\/p>\n
De tal modo que cuando el tradente carece del derecho de dominio por no ser genuino \u00abdue\u00f1o\u00bb, pues nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet; no pueden debilitarse los efectos derivados de la posesi\u00f3n material, ni confundirse, la \u201cobtenci\u00f3n de la posesi\u00f3n con la transmisi\u00f3n del derecho de dominio\u201d13. Por lo tanto, en esas hip\u00f3tesis cuando los actos jur\u00eddicos est\u00e1n contaminados por nulidad o inexistencia, y por consiguiente, no generan tradici\u00f3n del derecho de dominio, una cosa distinta es el fen\u00f3meno de la posesi\u00f3n material, que aunque el hecho est\u00e9 directamente relacionado con la tradici\u00f3n, se distingue notablemente, cuando los actos conllevan las entregas materiales, f\u00e1cticas y reales del corpus o de la cosa existencialmente, porque a la luz del art. 753 del C.C., esa pseudotradici\u00f3n o seg\u00fan se las quiera denominar abren un sendero apto para la prescripci\u00f3n material. En efecto, esa tradici\u00f3n no ver\u00eddica o falsa, es ineficaz, pero materialmente tiene como efecto que \u201c(\u2026) da al adquirente, en los casos y del modo que las leyes se\u00f1alan, el derecho de ganar por la prescripci\u00f3n el dominio de que el tradente carec\u00eda, aunque el tradente no haya tenido ese derecho\u201d, y como en otra ocasi\u00f3n lo dijo esta Sala, la tradici\u00f3n de la posesi\u00f3n \u201cequivale a la entrega del bien\u201d14. <\/p>\n
El ordenamiento jur\u00eddico patrio, como ya se anticip\u00f3 arriba, recu\u00e9rdese, distingue el t\u00edtulo del modo. \u00abEl primero es el hecho o acto jur\u00eddico generador de obligaciones, apto para atribuir en abstracto el dominio u otro derecho real, pero no involucra su transferencia\u00bb15. El segundo es la manera espec\u00edfica y directa prevista por el legislador para adquirir de manera efectiva el derecho real16. <\/p>\n
La compraventa, la donaci\u00f3n y la permuta constituyen meros t\u00edtulos de adquisici\u00f3n. Carecen de efecto para radicar la propiedad en cabeza del acreedor, en tanto, \u00fanicamente se concreta con la respectiva tradici\u00f3n. Es el resultado de la ejecuci\u00f3n de la obligaci\u00f3n de dar. <\/p>\n
El art\u00edculo 740, citado, define la tradici\u00f3n como \u00abun modo de adquirir el dominio de las cosas\u00bb que \u00abconsiste en la entrega que el due\u00f1o hace de ellas a otro, habiendo de una parte la facultad e intenci\u00f3n de transferir el dominio, y por otra la capacidad e intenci\u00f3n de adquirirlo\u00bb. Trat\u00e1ndose de bienes ra\u00edces, tiene lugar \u00abpor la inscripci\u00f3n del t\u00edtulo en la oficina de registro de instrumentos p\u00fablicos\u00bb (art. 756, ib\u00eddem). <\/p>\n
La doctrina nacional tiene sentado que, el C\u00f3digo Civil, \u00aben el particular se ha separado del franc\u00e9s, no son los contratos los que transmiten el dominio, sino la tradici\u00f3n que a ellos debe seguir, para que, en vez de acreedores de las cosas compradas, por ejemplo, seamos propietarios de ellas. A esto puede contestarse que cuando a los contratos indicados se les llama t\u00edtulos traslaticios de dominio, es porque por su naturaleza sirven para fundar la tradici\u00f3n de \u00e9ste\u00bb17. <\/p>\n
El punto ha sido clarificado por la Sala. La \u00abcabal comprensi\u00f3n de la cuesti\u00f3n parece necesario recordar que el C\u00f3digo Civil colombiano adopt\u00f3 en materia de la adquisici\u00f3n y transmisi\u00f3n de los derechos reales el sistema del t\u00edtulo y el modo cuyo antecedente hist\u00f3rico debe encontrarse en la \u201ctraditio\u201d romana, pero cuya elaboraci\u00f3n doctrinaria suele atribuirse a los expositores de la edad media, quienes la extendieron a los dem\u00e1s derechos reales, am\u00e9n de que, apoy\u00e1ndose en los conceptos escol\u00e1sticos de la causa pr\u00f3xima y la causa remota, concibieron los conceptos de t\u00edtulo y modo para identificar dos fen\u00f3menos dis\u00edmiles aunque estrechamente ligados por una relaci\u00f3n de causalidad: mediante el t\u00edtulo el interesado adquiere la mera posibilidad de que la transferencia del derecho se produzca, es decir que se erige en condici\u00f3n necesaria para que ese traspaso, apenas latente, se haga efectivo; en cambio, como la tradici\u00f3n concretaba o hac\u00eda efectiva esa transmisi\u00f3n, se le denomin\u00f3 como el modo\u00bb18. <\/p>\n
Si el t\u00edtulo no transfiere, por s\u00ed mismo, el dominio, pues genera para el acreedor el derecho a obtener la propiedad del bien que constituya el objeto de la prestaci\u00f3n y para el deudor el deber de hacer la tradici\u00f3n prometida, la tradici\u00f3n deviene, entonces, \u00abcomo aquella convenci\u00f3n que hace efectiva la transferencia debida mediante la entrega que del bien hace el due\u00f1o al acreedor\u00bb19. <\/p>\n
Existiendo, por una parte, la facultad e intenci\u00f3n de transferir el dominio, y por otra, la capacidad e intenci\u00f3n de adquirirlo (C\u00f3digo Civil, art\u00edculo 740), por mandato del art\u00edculo 756 ej\u00fasdem, trat\u00e1ndose de inmuebles, la tradici\u00f3n se materializa mediante la inscripci\u00f3n del t\u00edtulo en la oficina de registro de instrumentos p\u00fablicos. <\/p>\n
Lo expuesto implica que la declaraci\u00f3n de invalidez de un negocio jur\u00eddico reintegra el bien al patrimonio del enajenante. La soluci\u00f3n de continuidad de las tradiciones del dominio no tiene otra explicaci\u00f3n. Por lo mismo, los efectos de la falsedad de un t\u00edtulo repercuten \u00fanicamente en las tradiciones sucesivas y deja inc\u00f3lumes los t\u00edtulos correspondientes mientas no sean invalidados por decisi\u00f3n judicial. El fundamento de ello descansa en que nadie puede entregar m\u00e1s derechos de los que tiene. Como lo ha asentado la Corte: <\/p>\n
\u00abLa declaratoria de nulidad absoluta de un determinado negocio jur\u00eddico no apareja, per se, la nulidad del acto mediante el cual uno de los contratantes afectados hubiese dispuesto del bien objeto de aqu\u00e9l. M\u00e1s exactamente: dentro de los diversos efectos que se desprenden, ipso iure, de la declaratoria de nulidad absoluta de un negocio jur\u00eddico no se encuentra el de invalidar, a su vez, el t\u00edtulo mediante el cual uno de los contratantes hubiese transferido a un tercero el bien que hubiese sido el objeto del contrato anulado, pues, por el contrario, conforme a lo prescrito por el art\u00edculo 1748 del C\u00f3digo Civil, \u201cLa nulidad judicialmente pronunciada da acci\u00f3n reivindicatoria contra terceros poseedores, sin perjuicio de las excepciones legales\u00bb (se resalta). <\/p>\n
\u00abNo hay duda, pues, que la declaraci\u00f3n de nulidad de un contrato, lejos de implicar la invalidez del t\u00edtulo mediante el cual un tercero adquiere el bien objeto del negocio anulado, apareja simplemente el que \u00e9ste, el tercero, podr\u00e1 hallarse, en un determinado evento, abocado a una reivindicaci\u00f3n impetrada por el contratante cuyo derecho, a la postre, nunca fue transferido\u00bb20. <\/p>\n
Las consecuencias de la falsedad de un t\u00edtulo, por tanto, son restrictivas, no extensivas. Al fin de cuentas, se trata de una sanci\u00f3n, como tal, cobija solo a la cuesti\u00f3n juzgada. Lo dem\u00e1s, para derivar consecuencias adversas, tambi\u00e9n debe ser objeto de pronunciamiento. <\/p>\n
4.5.2. Conforme a lo discurrido, el Tribunal tampoco pudo incurrir en error iuris in iudicando al no irradiar los efectos de una falsedad de un t\u00edtulo o otros enlazados. La escritura de compraventa de 30 de octubre de 1990, mediante la cual, Roberto Daza Lamoroux enajen\u00f3 los inmuebles a Hern\u00e1n S\u00e1nchez Cu\u00e9llar, simplemente, produjo su reintegro al patrimonio del primero. De esa manera quedaron sin efecto, en lo pertinente, la tradici\u00f3n del \u00faltimo comprador a la demandada en reconvenci\u00f3n, Nayibe Amalia Delgado Guti\u00e9rrez. Sin embargo, el t\u00edtulo que sirvi\u00f3 de causa a la \u00faltima transferencia de dominio es v\u00e1lido y justo, mientras no sea declarado falso o nulo por los jueces, esto es, no hubo cosa juzgada aniquil\u00e1ndolo. <\/p>\n
Como atr\u00e1s se dijo, la nulidad, falsedad o inexistencia judicialmente declarada ciertamente da acci\u00f3n reivindicatoria al verus domini contra terceros poseedores (art. 1740 del C.C.), pero esta legitimaci\u00f3n sustancial no exonera al reivindicante de la obligaci\u00f3n de demostrar en juicio los elementos configurantes de la respectiva acci\u00f3n. Y en el asunto juzgado, como la demandante principal inco\u00f3 la acci\u00f3n de pertenencia que devino pr\u00f3spera, debi\u00f3 en todo caso quebrar los elementos que la edifican, tarea que no cumpli\u00f3. En relaci\u00f3n con el t\u00edtulo, si la aducida era la posesi\u00f3n regular, le compel\u00eda a la parte demandada o recurrente, derrumbar la existencia del presunto justo t\u00edtulo, o que de alg\u00fan modo, y en forma patente, que la falsedad del t\u00edtulo antecedente, irradiaba, proyectaba o reflejaba efectos nocivos en el t\u00edtulo subsiguiente aducido por el pretensor en pertenencia pues no fue declarado falso, as\u00ed como la mala fe de quien demandaba dicha prescripci\u00f3n, por cuanto la buena fe se presume. Pero como nada de ello aconteci\u00f3, la recurrida sigue en pie. <\/p>\n
4.6. El cargo primero, en consecuencia, no se abre paso, y como secuela, deja sin piso el argumento del segundo. En la hip\u00f3tesis de haberse incurrido en los errores de derecho enrostrados, ninguna decisi\u00f3n contraria resultar\u00eda. La prescripci\u00f3n adquisitiva del dominio radic\u00f3 el derecho en cabeza de la demandante inicial y esto, por s\u00ed, implica que la contrademandante no es propietaria y, desde esa \u00f3ptica, sin legitimaci\u00f3n alguna para reivindicar. <\/p>\n
4.7. Aunque lo dicho es suficiente para negar prosperidad a ambos cargos, el primero, por no existir los errores estrictamente jur\u00eddicos denunciados, y el segundo, por su intrascendencia, es bueno precisar, en punto de las copias simples, su valor probatorio. <\/p>\n
4.7.1. La Corte, inveteradamente, conforme al art\u00edculo 254 del C\u00f3digo de procedimiento Civil, sostuvo que las copias simples no ten\u00edan eficacia demostrativa21. <\/p>\n
Por regla general, quien pretend\u00eda hacer valer dentro del proceso documentos que se encontraban en su poder, deb\u00eda adjuntarlos con la demanda o en la contestaci\u00f3n, seg\u00fan lo se\u00f1alan los preceptos 77, num. 6\u00ba, y 92, num. 5\u00ba, inciso 2\u00ba, \u00eddem. el mismo criterio se halla en los art\u00edculos 84, num. 3\u00ba, y 96, num. 5\u00ba, inciso 2\u00ba del C.G.P. <\/p>\n
La aportaci\u00f3n de reproducciones mec\u00e1nicas o fotost\u00e1ticas no pod\u00eda realizarse de cualquier modo. El canon 254 del otrora Estatuto Procesal Civil, condicionaba su importancia denotativa, entre otros casos, \u00abcuando hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de polic\u00eda, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada\u00bb. <\/p>\n
Acorde con la mencionada disposici\u00f3n, la regla 268 \u00eddem, consagraba las excepciones que autorizaban a las partes a adjuntar \u00aben copia\u00bb los documentos. <\/p>\n
En primer lugar, los protocolizados; en segundo orden, los que formaban parte de otro proceso de donde no pod\u00edan desglosarse, siempre y cuando la reproducci\u00f3n se expidiera por orden de un juez; y en tercer lugar, aqu\u00e9llos cuyo original no se encontraba en poder de quien lo aportaba, caso en el cual, era necesario que su autenticidad fuera certificada por notario o secretario de oficina judicial, o reconocida por la parte contraria o demostrada mediante cotejo. <\/p>\n
4.7.2. La anotada regla probatoria, reafirmada por la jurisprudencia de esta Corte22, hoy en d\u00eda, comprende contextos procesales donde haya duda en el origen o en el contenido del instrumento allegado en copia simple. No se extiende a los casos en que los mismos sujetos en contienda cejan la incertidumbre. El fallo SC4792 de 7 diciembre de 2020, citado, condensa lo dicho. Como lo advierte: <\/p>\n
\u00abLa Sala ha sostenido que las copias sin autenticar tanto de los instrumentos privados como de los p\u00fablicos \u00abcarecen de valor probatorio\u00bb, inclusive en vigencia de la Ley 1395 de 201023. La doctrina, sin embargo, ha sido morigerada. En \u00faltimas, con relaci\u00f3n al C\u00f3digo de Procedimiento Civil y sus reformas, le ha conferido a las copias simples valor demostrativo. <\/p>\n
\u00abLo primero, al asentar que \u00abcuando un documento es aportado por la parte que, ex ante, lo elabor\u00f3 y firm\u00f3, sin ser tachado de falso por ella o por la parte contra quien se presenta, ello es importante, no es menester detenerse a examinar si se trata de original o de copia y, en esta \u00faltima hip\u00f3tesis, si cumple con las exigencias del art\u00edculo 254 del C. de P.C., pues la autenticidad, en ese evento, se deduce o emerge de su aportaci\u00f3n, sin protesta\u00bb24. <\/p>\n
\u00abLo segundo, al decir que en la hora de ahora la \u00abdirectriz jurisprudencial debe entenderse en un marco donde no exista certeza sobre la procedencia o el contenido del instrumento de que se trate, pero no cuando la conducta de los sujetos en contienda, trat\u00e1ndose de copias informales de documentos p\u00fablicos, cejan la incertidumbre\u00bb25. <\/p>\n
\u00abLa anterior posici\u00f3n no hab\u00eda sido aislada. Para el Consejo de Estado, \u00absi bien en principio las copias simples de un documento p\u00fablico (\u2026) carecen de valor probatorio dentro del proceso, una vez conocidas por la contraparte sin que \u00e9sta efect\u00fae manifestaci\u00f3n negativa o cuestionamiento alguno en su contra respecto de su legitimidad, \u00e9stas adquieren plena validez dentro del proceso\u00bb26. <\/p>\n
\u201cEn el mismo sentido la Corte Constitucional. En su entender, cuando la \u00abcopia informal de la prueba documental es de pleno conocimiento de la contraparte sin que sea cuestionada en alg\u00fan momento, total o parcialmente su autenticidad y contenido, \u00e9sta adquiere plena eficacia jur\u00eddica para militar dentro del proceso bajo la presunci\u00f3n de autenticidad que le otorga el art\u00edculo 252 del C.P.C., como quiera que el \u00f3bice para su revisi\u00f3n -que se concreta en la salvaguarda del derecho de contradicci\u00f3n de la contraparte- queda manifiestamente superado\u00bb27. <\/p>\n
\u00abComo corolario, para la \u00e9poca, las copias simples de los documentos privados provenientes de las partes o de terceros que no sean dispositivos, as\u00ed como de los p\u00fablicos, se encontraban libradas de allegarse con la constancia de coincidir con los originales o con una copia autenticada\u00bb. <\/p>\n
Frente a los \u00abdocumentos privados manuscritos, firmados o elaborados por las partes, presentados (…) en copia para ser incorporados a un expediente judicial con fines probatorios\u00bb, el art\u00edculo 11 de la Ley 1395 de 2010, modificatorio del inciso 4\u00ba del canon 252 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, les confiri\u00f3 autenticidad iuris tantum en las tipolog\u00edas citadas. La misma presunci\u00f3n se insert\u00f3 en el en el canon 244 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
El cumplimiento de las formalidades tendientes a hallar la autenticidad, resulta esencial frente a las copias simples, cuando existe incertidumbre sobre el autor o procedencia del documento, sea p\u00fablico o privado. Deja de serlo en los casos en que las partes no las controviertan. Como lo estatu\u00eda el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 252 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, lo importante era tener \u00abcerteza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado\u00bb. <\/p>\n
Lo atinente a la autor\u00eda del instrumento, tambi\u00e9n lo asent\u00f3 la Corte en la sentencia SC4792 de 7 de diciembre de 2020, al identificarla como una circunstancia que \u00abes muy distinta a la relacionada con la identidad de la copia con el original\u00bb. <\/p>\n
El hecho de concordar no implicaba certeza de su contenido. El precepto lo \u00abpresume\u00bb del original o de la reproducci\u00f3n simple del documento p\u00fablico. No la otorgaba a los instrumentos privados de las partes o de terceros, sean en original o en copia sin autenticar. As\u00ed se interpretaba en el contexto del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. Ello quiere decir que la certeza de la autor\u00eda del documento deb\u00eda demostrarse. <\/p>\n
El canon 244 del C\u00f3digo General del Proceso, es cierto, en cambio radical, abrig\u00f3 con dicha presunci\u00f3n a todos los \u00abdocumentos p\u00fablicos y privados emanados de las partes o de terceros, en original o en copia\u00bb. <\/p>\n
4.8. Lo dicho del t\u00edtulo y modo, tambi\u00e9n obliga precisar que la presencia en el proceso del primero se impone al no haber sido desquiciado, por cuanto no destruy\u00f3, sus efectos adversos para poner en tela de juicio su contenido o su eficacia y validez. <\/p>\n
Si nada al respecto se procura o discute, basta acreditar que se realiz\u00f3 el modo de la tradici\u00f3n. La raz\u00f3n de ello estriba en que, para inscribir el t\u00edtulo el Registrador de Instrumentos P\u00fablicos lo tuvo a la vista, calific\u00f3 e inscribi\u00f3. La existencia de la cadena de t\u00edtulos que refleja el certificado de tradici\u00f3n, en l\u00ednea de principio general, no hay lugar a ponerla en duda. <\/p>\n
4.9. Ninguno de los cargos, en consecuencia, prospera. <\/p>\n
5. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, no casa la sentencia de 22 de noviembre de 2017, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil, en el proceso de pertenencia promovido por Nayibe Amalia Delgado Guti\u00e9rrez contra Paola Andrea Cifuentes Montoya y personas indeterminadas, con demanda de mutua petici\u00f3n. <\/p>\n
Las costas en casaci\u00f3n corren a cargo de la recurrente, demandada contrademandante. En la liquidaci\u00f3n, incl\u00fayase la suma de seis millones de pesos ($6\u2019000.000), por concepto de agencias en derecho, teniendo en cuenta que la demanda de casaci\u00f3n fue replicada. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y cumplido lo anterior, devu\u00e9lvase el expediente a la oficina de origen. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-026-2012-00286-01 <\/p>\n
Con el respecto de siempre por las decisiones adoptadas en la Sala, manifiesto que en la presente no comparto la alusi\u00f3n seg\u00fan la cual el art\u00edculo 11 de la ley 1395 de 2010, modificatorio del canon 252 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, otorg\u00f3 valor probatorio a las copias informales de un documento, porque dicha alteraci\u00f3n s\u00f3lo vino a decantarse con la entrada en vigencia integral del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Lo anterior en raz\u00f3n a que el canon 252 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil preve\u00eda el valor probatorio de los documentos, al paso que el precepto 254 de la misma obra regulaba el m\u00e9rito demostrativo de sus copias. <\/p>\n
Y como la reforma contenida en el canon 11 de la ley 1395 de 2010 estuvo dirigida al primero de aquellos mandatos (art. 252), no al segundo (art. 254), de bulto brota que no es de recibo el argumento seg\u00fan el cual esa variaci\u00f3n legislativa otorg\u00f3 valor probatorio a las copias informales de un documento. <\/p>\n
Entonces son aspectos probatorios diversos el instrumento y su copia, al punto que el ordenamiento procesal consagraba de forma independiente los requisitos para que cada uno otorgue convicci\u00f3n. As\u00ed tuvo oportunidad de esbozarlo en pasada oportunidad esta Sala, al se\u00f1alar: <\/p>\n
amplio an\u00e1lisis dedic\u00f3 la Corte a efectos de precisar la autenticidad del documento privado y su valor probativo, como tambi\u00e9n el m\u00e9rito que tienen en el juicio las copias simples, pues dijo: \u201cEl censor afirma que la presunci\u00f3n de autenticidad estipulada en la comentada normatividad cobija a todos los documentos privados presentados por las partes, incluyendo las copias informales, dejando de lado los emanados de terceros, en raz\u00f3n a que ellos no s\u00f3lo son aut\u00e9nticos en los casos contemplados en los art\u00edculos 254 y 268 Ib\u00eddem, sino tambi\u00e9n en los previstos en el art\u00edculo 252, modificado por el art\u00edculo 26 de la Ley 794 de 2003, en armon\u00eda con lo dispuesto en el art\u00edculo 269, porque as\u00ed se desgaja de la norma reformatoria en cuesti\u00f3n, la cual fue expedida con posterioridad y su aplicaci\u00f3n presupone \u00fanicamente que los susodichos elementos de convicci\u00f3n vayan a ser incorporados a un expediente judicial con fines probatorios, am\u00e9n que consagra casos de autenticidad adicionales a los relacionados en los dos primeros preceptos mencionados. La Corte, por el contrario, considera que las copias que carecen de la atestaci\u00f3n de que son id\u00e9nticas al original no prestan m\u00e9rito probatorio, salvo que re\u00fanan las condiciones del art\u00edculo 254 del c\u00f3digo de enjuiciamiento o de cualquier otra norma que as\u00ed lo se\u00f1ale. Varias y de muy distinto temperamento son las razones que conducen a esa conclusi\u00f3n. De un lado, porque en los t\u00e9rminos en que fue concebido el art\u00edculo 25 del Decreto 2651 de 1991, as\u00ed como los art\u00edculos 11, 12 y 13 de la Ley 446 de 1998, es evidente que todos ellos hacen referencia a la autenticidad del documento, vale decir, a la certeza que debe tenerse respecto de quien es su autor, requisito ineludible para efecto de establecer su valor demostrativo. Tal elucidaci\u00f3n deviene en axiom\u00e1tica, en cuanto se advierte que el legislador al reformar el estatuto procesal civil, mediante la Ley 794 de 2003, incorpor\u00f3 esas normas, justamente, en el citado art\u00edculo 252, el cual, como es sabido, gobierna lo relativo a la autenticidad de la prueba documental, esto es, reit\u00e9rase a\u00fan a riesgo de fatigar, lo concerniente con la certeza de la autor\u00eda del mismo, cuesti\u00f3n que, y ello es evidente, es muy distinta a la relacionada con la identidad de la copia con el original. Puede acontecer, ciertamente, que a pesar de que la copia est\u00e9 debidamente autenticada, vale decir, que sea id\u00e9ntica al original, no por ese mero hecho adquiere la condici\u00f3n de aut\u00e9ntica, pues si el original no lo es, es decir, si respecto de \u00e9l no se tiene certeza de quien es su autor, otro tanto ocurrir\u00e1 con la copia. Es evidente que si se hubiere querido que esas normas tuvieren alguna relaci\u00f3n con el cr\u00e9dito probatorio de las copias las habr\u00eda integrado al art\u00edculo 254 Ib\u00eddem\u201d. (Cas. Civ. sentencia de 4 noviembre de 2009). (CSJ SC 18 dic. 2012, rad. n\u00ba 2006-00104-01). <\/p>\n
Siendo as\u00ed las cosas, en manera alguna la reforma mencionada (art. 11, ley 1395 de 2010) vari\u00f3 los requisitos que requer\u00eda la copia de un documento para darle valor probatorio, pues n\u00f3tese que el m\u00e9rito de las reproducciones estaba consagrado en el art\u00edculo 254 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil mientras que la disposici\u00f3n modificada por el legislador fue el canon 252. <\/p>\n
Sobre el punto la Sala ha indicado que: <\/p>\n
(\u2026) resulta incuestionable que, como regla general, los documentos privados han de presentarse en original, salvo las excepciones que consagra el preanotado art\u00edculo 268, y, a falta de \u00e9stos, se pueden aportar copias de los mismos siempre y cuando cumplan con las formalidades que se acaban de trascribir. De ello se deduce, necesariamente, que las copias simples o informales carecen en nuestro ordenamiento procesal de todo valor probatorio. La anterior posici\u00f3n ha sido asumida de manera reiterada por la jurisprudencia de esta Corte, sin que exista raz\u00f3n alguna para modificar ese criterio, pues la legislaci\u00f3n al respecto no ha introducido ninguna variaci\u00f3n. De hecho, frente a la opini\u00f3n de alg\u00fan sector de la doctrina que se inclina por afirmar que la Ley 1395 de 2010 suprimi\u00f3 la obligaci\u00f3n de aportar los documentos originales o, en su defecto, las copias autenticadas de los mismos, d\u00e1ndole el mismo valor a las copias simples, conviene realizar las siguientes precisiones. El art\u00edculo 11 de la Ley 1395 de 2010, que modific\u00f3 el inciso 4\u00ba del art\u00edculo 252 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, se refiere a la presunci\u00f3n de autenticidad que poseen los documentos privados emanados de las partes, y que son presentados en original o en copia para fines probatorios. Es decir que la ley presume aut\u00e9nticos tanto los documentos suscritos por la parte que los aporta, como los creados por la parte contra quien se aducen, respecto de los cuales no exige presentaci\u00f3n personal ni autenticaci\u00f3n. La anterior norma no presenta ning\u00fan problema cuando la presunci\u00f3n de autenticidad se predica de los documentos que se presentan en original o en copias que cumplan los requisitos se\u00f1alados por el art\u00edculo 268 de la ley procesal. Pero cuando se trata de un documento que se aporta en copia simple o informal, esa presunci\u00f3n no puede admitirse, pues ello equivaldr\u00eda tanto como a dejar a la contraparte sin derecho a ejercer su defensa. En efecto, la presunci\u00f3n de autenticidad contemplada en la referida disposici\u00f3n es una presunci\u00f3n legal, y como tal admite prueba en contrario. Luego, la parte contra quien se opone el documento ha de tener la posibilidad de desconocerlo en la forma prevista en el art\u00edculo 275 de la ley procesal, es decir mediante tacha de falsedad, la cual se formula y tramita en la forma y t\u00e9rminos se\u00f1alados en los art\u00edculos 289 y 290 del mismo ordenamiento. En ese orden, si para la demostraci\u00f3n de la autenticidad del documento se requiere del cotejo pericial de la firma o del manuscrito, o de un dictamen sobre las posibles adulteraciones, resultar\u00eda imposible a los expertos determinar el hecho que se quiere probar \u00fanicamente con la reproducci\u00f3n mec\u00e1nica o fotost\u00e1tica, dado que, por lo general, ese tipo de documentos no es susceptible de ser analizado como s\u00ed lo es el original. De hecho, sobre unas copias simples no es posible examinar elementos como la identidad de la firma, la presi\u00f3n ejercida sobre el papel, el calibre y contorno de los trazos, entre otros, necesarios para determinar la verdadera autor\u00eda del instrumento. A partir de esas consideraciones se colige que la presunci\u00f3n de autenticidad de las copias simples que se\u00f1ala el inciso 4\u00ba del art\u00edculo 252, modificado por el art\u00edculo 11 de la Ley 1395 de 2010, s\u00f3lo es aplicable si se trata de documentos que se aportan en original o en copias que cumplan con los requisitos se\u00f1alados en los art\u00edculos 254 y 268 del estatuto adjetivo. De manera que el art\u00edculo 11 de la Ley 1395 de 2010 no equipar\u00f3 el valor de las copias simples al del documento original, ni derog\u00f3 las exigencias contempladas en los art\u00edculos 254 y 268 del ordenamiento procesal; por lo que no tiene ning\u00fan sentido afirmar algo distinto, pues si el legislador as\u00ed lo hubiera querido, le habr\u00eda bastado con eliminar del ordenamiento procesal las normas que imponen los aludidos requisitos o, simplemente, habr\u00eda preceptuado que las copias informales tienen para todos los efectos legales el mismo valor que el original, lo que, evidentemente, no ha hecho. De todo lo expuesto se concluye que las copias simples o informales carecen de todo valor probatorio, como lo ha venido sosteniendo esta Corporaci\u00f3n en pret\u00e9ritas decisiones; por lo que dictar una sentencia con fundamento en esa especie de documentos constituye, evidentemente, una violaci\u00f3n al debido proceso. (CSJ STC 7 jun. 2012, rad. n\u00ba 11001-02-03-000-2012- 01083-00, reiterada en STC518-2014, rad. n\u00ba 2014-00039-00). <\/p>\n
En suma, con anterioridad a la entrada en vigencia de forma \u00edntegra del C\u00f3digo General del Proceso, no resulta viable darle fuerza de convicci\u00f3n a copias simples de un documento en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 11 de la Ley 1395 de 2010 modificatorio del art\u00edculo 252 del C. de P.C., pues, tales disposiciones se aplicaban en trat\u00e1ndose del original que no de sus reproducciones. <\/p>\n
Respecto de los documentos de naturaleza privada se\u00f1alaba en una \u00e9poca el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 252 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, modificado por el art\u00edculo 26 de la Ley 794 de 2003, que es aut\u00e9ntico \u00abSi ha sido reconocido ante el juez o notario, o si judicialmente se orden\u00f3 tenerlo por reconocido\u00bb. <\/p>\n
La atestaci\u00f3n a que alud\u00eda ese mandato legal es la que realizaba en forma voluntaria quien suscrib\u00eda el instrumento, al concurrir ante un notario para manifestar su deseo de dar autenticidad a su firma, conforme al art\u00edculo 68 del Decreto 960 de 1970, a cuyo tenor \u00abpodr\u00e1n acudir ante el notario para que \u00e9ste autorice el reconocimiento que hagan de sus firmas y del contenido de aqu\u00e9l. En este caso se proceder\u00e1 a extender una diligencia en el mismo documento o en hoja adicional, en que se expresen el nombre y descripci\u00f3n del cargo del notario ante quien comparecen; el nombre e identificaciones de los comparecientes; la declaraci\u00f3n de \u00e9stos de que las firmas son suyas y el contenido del documento es cierto, y el lugar y fecha de la diligencia, que terminar\u00e1 con las firmas de los declarantes y del notario quien, adem\u00e1s, estampar\u00e1 el sello de la notar\u00eda\u00bb. <\/p>\n
La modificaci\u00f3n introducida al art\u00edculo 252 mencionado a trav\u00e9s del 26 de la ley 794 de 2003 consisti\u00f3 en dejar como legislaci\u00f3n permanente el art\u00edculo 11 de la Ley 446 de 1998, seg\u00fan el cual \u00abEn todos los procesos, los documentos privados presentados por las partes para ser incorporados a un expediente judicial con fines probatorios, se reputar\u00e1n aut\u00e9nticos, sin necesidad de presentaci\u00f3n personal ni autenticaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
De lo anterior se desprende que la consecuencia de la mutaci\u00f3n de marras fue otorgar autenticidad al documento expedido en forma privada, esto es, suprimiendo la necesidad de que su suscriptor realizara el reconocimiento de su firma. <\/p>\n
Con otras palabras, el requisito abolido con el art\u00edculo 11 de la ley 1395 de 2010 y preceptos de similar tenor anteriores a la expedici\u00f3n del C\u00f3digo General del Proceso, fue el de autenticaci\u00f3n de r\u00fabricas que otrora \u00e9poca resultaba indispensable. <\/p>\n
Fecha ut supra. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 FUSTEL de Coulanges. \u00abLa Cit\u00e9 Antique. \u00c9tude sur le Culte, le Droit, les Institutions de la Gr\u00e9ce et de Rome\u00bb. Editorial Cambridge Library Collection. New York. 2009. <\/p>\n
2\u0002 PETIT, E. \u201cTratado Elemental de Derecho Romano\u201d. 9\u00ba Edici\u00f3n. Ediciones Jur\u00eddicas. Buenos Aires. P\u00e1g. 229. <\/p>\n
3\u0002 GALGANO, F. \u00abHistoria del Derecho Mercantil\u00bb. Ed. Marcial Pons. Madrid. 2016. <\/p>\n
4\u0002 El art\u00edculo 58 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica garantiza la propiedad privada, no obstante, la misma debe ceder por motivos de utilidad p\u00fablica, inter\u00e9s social o ecol\u00f3gicos. Dichas restricciones se suman a las limitaciones decimon\u00f3nicas del art\u00edculo 793 del C.C.: \u00ab(\u2026) 1\u00ba por haber de pasar a otra persona en virtud de una condici\u00f3n; 2\u00ba por el gravamen de un usufructo, uso o habitaci\u00f3n a que una persona tenga derecho en las cosas que pertenecen a otra; y 3\u00ba por las servidumbres (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 CSJ. SC 3271-2020. <\/p>\n
6\u0002 La prescripci\u00f3n extraordinaria para vivienda de inter\u00e9s social, es de 5 a\u00f1os, seg\u00fan lo previsto por el art\u00edculo 51 de la Ley 9\u00aa de 1989; mientras que, el de la ordinaria, es de 3 a\u00f1os. <\/p>\n
7\u0002 Art\u00edculo 4 de la Ley 791 de 2002, modificatorio de la regla 2529 del C.C.. <\/p>\n
8\u0002 Sentencia ib\u00eddem; en igual sentido, G.J. T. CXLII, p\u00e1g. 68, sentencia de 29 de febrero de 1972; fallo de 4 febrero de 2013, rad. 2008-00471-01. Por supuesto, con relaci\u00f3n al t\u00edtulo, caben distinciones; en algunos coinciden el t\u00edtulo y la tradici\u00f3n en el derecho real, como ocurre en el mutuo, o el constitutivo de la prenda civil; otros, en el caso de la compraventa, la donaci\u00f3n o la permuta son la fuente de la obligaci\u00f3n de dar para materializar la tradici\u00f3n; otros no son traslaticios, como el arrendamiento y el comodato, pues no buscan transferir el dominio, resultan la causa de la obligaci\u00f3n de hacer; al mismo tiempo que la promesa de contrato no genera la obligaci\u00f3n de dar, sino la prestaci\u00f3n de hacer: celebrar el contrato futuro. En consecuencia, el t\u00edtulo no siempre es traslaticio del derecho del dominio porque en verdad lo traslada la tradici\u00f3n. El t\u00edtulo en realidad obliga a dar o hacer, o no hacer, seg\u00fan el caso. <\/p>\n
9\u0002 CSJ SC G.J. CVII, p\u00e1g. 365; en similar sentido, G.J. CXLII, p\u00e1g. 68, y CLIX, 347, entre otras. <\/p>\n
10\u0002 CSJ SC., sentencia de 9 de marzo de 1989, no publicada oficialmente, citada en sentencia de 23 de septiembre de 2004, exp. 7362. <\/p>\n
11\u0002 CSJ. SC. Sentencia de 28 de junio de 2005, exp. 14747. <\/p>\n
12\u0002 \u00cddem. <\/p>\n
13\u0002 CSJ SC. Sentencia de 4 de febrero de 2013, exp. 2008- 00471-01. <\/p>\n
14\u0002 CSJ SC. Sentencia de 16 de abril de 2008, exp. SS-4128931030022000-00050-01. <\/p>\n
15\u0002 CSJ SC3728-2020. <\/p>\n
16\u0002 \u00cddem. <\/p>\n
17\u0002 VALENCIA ZEA, Arturo. La Posesi\u00f3n,1978, p\u00e1g. 147. <\/p>\n
18\u0002 CSJ SC. Sentencia de 23 de mayo de 2002, expediente 6277. <\/p>\n
19\u0002 \u00cddem. <\/p>\n
20\u0002 CSJ SC3728-2020. <\/p>\n
21\u0002 CSJ SC 4 de noviembre de 2009, exp. 2001-00127-01; 6 de abril de 2011, exp. 2004-00206-01; 18 de diciembre de 2012, rad. 00104; 1 de diciembre de 2015, exp. 00080; y 27 de agosto de 2014, rad. SC 11347. Recientemente se halla la SC4792 de 7 diciembre de 2020. <\/p>\n
22\u0002 \u00cddem. <\/p>\n
23\u0002 CSJ. SC. Sentencias de 4 de noviembre de 2009, expediente 00127; de 18 de diciembre de 2012, radicado 00104; y de 1\u00ba de diciembre de 2015, exp. 00080. <\/p>\n
24\u0002 CSJ. SC. Sentencia 291 de 22 de noviembre de 2005, expediente 1325. <\/p>\n
25\u0002 CSJ. SC. Sentencia de 18 de mayo de 2018, expediente 00274. <\/p>\n
26\u0002 Consejo de Estado, Secci\u00f3n Segunda \u2013 Subsecci\u00f3n \u201cA\u201d. Sentencia de 4 de marzo de 2010 (radicaci\u00f3n 00015), reiterando doctrina contenida en el fallo de 22 de mayo de 2008 (expediente 1371) de la misma Secci\u00f3n y Subsecci\u00f3n. <\/p>\n
27\u0002 Corte Constitucional. Sentencia T-113 de 20 de febrero de 2012. <\/p>\n
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SC3654-2021 (2012-00286-01) LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado Ponente SC3654-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-03-026-2012-00286-01 (Aprobado en Sala virtual de trece de mayo de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintiuno (2021) Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Paola […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56219","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56219","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56219"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56219\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56219"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56219"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56219"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}