SC3675-2021 (2013-00381-01)<\/p>\n
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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC3675-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n: 11001-31-03-001-2013-00381-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala virtual de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Impulso y Mercadeo S.A., respecto de la sentencia de 9 de marzo de 2016, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil, en el proceso incoado por la recurrente contra Cencosud S.A. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.1. Petitum. Declarar la existencia de un contrato indefinido de suministro, desde 1998, y su incumplimiento, a partir del 4 de marzo de 2013, por la demandada. Como secuela, su terminaci\u00f3n y la condena a pagar perjuicios. <\/p>\n
1.2. Causa petendi. El objeto del convenio consisti\u00f3 en prestar asistencia log\u00edstica integral y surtir g\u00f3ndolas en las tiendas y supermercados de la interpelada en todo el territorio nacional. Comprend\u00eda trasladar, organizar, acomodar y exhibir las mercanc\u00edas que comercializaba. <\/p>\n
El precio estipulado lo facturaba la pretensora cada mes a los proveedores de la accionada de acuerdo con la hora persona suministrada. Esta \u00faltima, por su parte, pagaba a aquella lo facturado mensualmente. <\/p>\n
El 8 de enero de 2013, la convocada indic\u00f3 que manejar\u00eda la operaci\u00f3n. El 28 de enero, comunic\u00f3 el plan de toma de almacenes. Y el 30 de enero, v\u00eda correo electr\u00f3nico, remiti\u00f3 el acta de la reuni\u00f3n sin las firmas de los asistentes ni con las inconformidades expresadas por la demandante. <\/p>\n
Por el mismo canal, el 20 de febrero, la querellada inform\u00f3 que aplicar\u00eda la estrategia en seis tiendas a partir del 4 de marzo. Lo hizo con empleados de la actora, sustra\u00eddos con mejores ofertas salariales y extralegales. <\/p>\n
El 15 de marzo, por primera vez, la denunciada notific\u00f3 la determinaci\u00f3n unilateral de dar por terminado el negocio celebrado. En la misma fecha remiti\u00f3 el cronograma de disminuci\u00f3n del servicio y sus modificaciones fueron noticiadas el 24 de abril y 14 de mayo. <\/p>\n
La toma directa de la operaci\u00f3n log\u00edstica, en definitiva, se ejecutar\u00eda: El 19% en marzo, el 34% el 6 de mayo, el 18% el 15 de mayo, y el 29% el 1\u00b0 de junio. En la fecha de la demanda, 31 de mayo, ya cobijaba el 71%. <\/p>\n
El contrato de suministro, entonces, fue desatendido por la demandada, omiti\u00f3 el preaviso de extinci\u00f3n para asumir paulatinamente la actividad de su contraparte. <\/p>\n
La conducta de la pasiva caus\u00f3 perjuicios. La demandante, en efecto, tuvo que indemnizar a sus trabajadores. Adem\u00e1s, dej\u00f3 de percibir utilidades. <\/p>\n
1.3. R\u00e9plica. La convocada neg\u00f3 que se haya sustra\u00eddo a cumplir. En enero de 2013, dijo, con adecuada antelaci\u00f3n, hab\u00eda comunicado la voluntad de terminar la relaci\u00f3n. <\/p>\n
1.4. Fallo de primer grado. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogot\u00e1, el 9 de junio de 2015, declar\u00f3 la existencia del contrato y su terminaci\u00f3n unilateral por la actora. No as\u00ed, el incumplimiento imputado. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que la intimaci\u00f3n de fulminar el suministro se llev\u00f3 a cabo en las reuniones bilaterales de 8 y 28 de enero de 2013. Todo, con la suficiente anticipaci\u00f3n de cuatro meses. M\u00e1s, cuando fue escalonado a partir del 4 de marzo. <\/p>\n
1.5. Sentencia de segunda instancia. Confirm\u00f3 la decisi\u00f3n por apelaci\u00f3n de la accionante. <\/p>\n
1.5.1. Seg\u00fan el Tribunal, el reproche de incongruencia era inexistente. Las pretensiones se sustentaron tambi\u00e9n en falencias del preaviso para poner fin a la relaci\u00f3n sustancial. Y en la \u201cfijaci\u00f3n del litigio\u201d no se hizo reparo alguno. La toma parcial de la operaci\u00f3n log\u00edstica, por tanto, no constitu\u00eda la causa exclusiva de la demanda. <\/p>\n
Las s\u00faplicas tampoco fueron alteradas ante el orden de las respuestas. As\u00ed se haya abordado primero la terminaci\u00f3n de la relaci\u00f3n y luego su incumplimiento, lo importante era la decisi\u00f3n de todo el litigio. <\/p>\n
1.5.2. La alegaci\u00f3n sobre la ausencia de requisitos para fulminar unilateralmente el contrato no prosperaba. La duraci\u00f3n era indefinida y esto habilitaba a cualquiera de las partes para extinguirlo, mediando preaviso razonable. <\/p>\n
Gerardo Ignacio Cabrera Falla, representante de la convocante, reconoci\u00f3 el hecho en el interrogatorio. Se\u00f1al\u00f3 que, en reuni\u00f3n de 8 de enero, se habl\u00f3 de \u201cdesmontar la operaci\u00f3n\u201d de manera \u201cgradual\u201d. Esto desvirtuaba que fuera solo para \u201cestudiar\u201d, \u201cevaluar\u201d y \u201canalizar\u201d el tema. A la par, permit\u00eda superar cualquier falencia en las comunicaciones, como la falta de firma. En definitiva, \u201cs\u00ed hubo una voluntad, as\u00ed fuere t\u00e1cita, para terminar la relaci\u00f3n comercial\u201d. <\/p>\n
La data de culminaci\u00f3n aparec\u00eda reflejada. Los correos electr\u00f3nicos enviados por Ana Mar\u00eda Mantilla G\u00f3mez a Carlos Eduardo Correa Ben\u00edtez y Gerardo Ignacio Cabrera Falla, conten\u00edan el cronograma de disminuci\u00f3n y de expiraci\u00f3n total. Esto \u00faltimo el 22 de mayo, luego, el 1\u00ba de junio y la operaci\u00f3n \u201cbazar\u201d y \u201cvive ch\u00e9vere\u201d, en diciembre. <\/p>\n
Ninguna duda abrigaba la actuaci\u00f3n de Mantilla G\u00f3mez para \u201cconvenir\u201d en nombre de la demandada. El poder general contenido en la escritura p\u00fablica 217 de 23 de enero de 2013, protocolizada en la Notar\u00eda Treinta y Siete de Bogot\u00e1, indicaba la facultad para \u201ccelebrar toda clase de arreglos (\u2026) con los proveedores, contratistas o terceras personas naturales o jur\u00eddicas\u201d. <\/p>\n
1.5.4. El alegato acerca del impacto en la uniformidad y permanencia del personal para la operaci\u00f3n log\u00edstica y su desmonte, como causa de incumplimiento, estuvo ayuno de prueba. En el contrato, por el contrario, no se pact\u00f3 \u201ccuant\u00eda del suministro\u201d; y conforme al \u201cmaterial probatorio\u201d, fluctuaba y variaba con las temporadas del mercado. <\/p>\n
1.6. Demanda de casaci\u00f3n. La actora recurrente formul\u00f3 cinco cargos sustanciados bajo la \u00e9gida del C\u00f3digo General del Proceso, con r\u00e9plica de la otra parte. La Corte, ante todo, abordar\u00e1 el estudio del cuarto por denunciar un vicio de actividad; luego, los dem\u00e1s, en el mismo orden, aunque conjuntados el segundo, tercero y quinto. <\/p>\n
2. CARGO CUARTO <\/p>\n
2.1. Acusa de incongruente la sentencia con los hechos y las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
2. Sostiene la impugnante que las razones blandidas por el Tribunal para concluir en la consonancia del fallo apelado, no se ajustaban a la realidad. <\/p>\n
2.2.1. Las peticiones se basaron en el \u201cincumplimiento de prestaciones a cargo de la demandada\u201d. De manera alguna refirieron la \u201cfalta de un preaviso de terminaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Consist\u00eda en la toma de seis tiendas a partir del 4 de marzo de 2013, para la fecha de la demanda, el equivalente al 71%; esto implicaba que la interpelada dej\u00f3 de solicitar el personal que habitualmente se le suministraba. <\/p>\n
Si bien el hecho de falta de preaviso se expuso, fue malentendido. Se mencion\u00f3 solo como una \u201ccircunstancia adicional o complementaria a la toma directa o eliminaci\u00f3n paulatina o gradual del servicio de operaci\u00f3n log\u00edstica\u201d. <\/p>\n
2.2.2. El juzgador, por \u00faltimo, decidi\u00f3 la terminaci\u00f3n unilateral del contrato en junio de 2013. Empero, las pruebas documentales apreciadas para el efecto no fueron se\u00f1aladas en la demanda como \u201cmotivantes\u201d. <\/p>\n
2.3. Solicita casar la sentencia del Tribunal y proceder de conformidad. <\/p>\n
3. CONSIDERACIONES <\/p>\n
3.1. La actividad de los juzgadores de instancia no es irrestricta o absoluta. Se delimita por las pretensiones y las excepciones probadas o que deben ser alegadas, como la prescripci\u00f3n, compensaci\u00f3n y nulidad relativa. Se restringe tambi\u00e9n a los hechos en que unas y otras se fundamentan. <\/p>\n
3.1.1. Los art\u00edculos 305 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y 289 del C\u00f3digo General del Proceso, as\u00ed lo consagran. En su tenor, la \u00absentencia deber\u00e1 estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las dem\u00e1s oportunidades que este c\u00f3digo contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si as\u00ed lo exige la ley\u00bb. <\/p>\n
La Corte tiene sentado que \u00ab[a] la luz del principio dispositivo que rige primordialmente el procedimiento civil, debe el juez, al dictar el fallo con el cual dirime la controversia, respetar los l\u00edmites o contornos que las partes le definen a trav\u00e9s de lo que reclaman (pretensiones o excepciones) y de los fundamentos f\u00e1cticos en que se basan ante todo los pedimentos, salvo el caso de las excepciones que la ley permite reconocer de oficio, cuando aparecen acreditadas en el proceso, o de pretensiones que, no aducidas, asimismo deben declararse oficiosamente por el juez\u00bb1. <\/p>\n
Se trata de una regla con raigambre constitucional. Controla los eventuales caprichos o arbitrariedades de los falladores y garantiza los caros derechos fundamentales de defensa y contradicci\u00f3n. A su turno, permite a los litigantes saber de antemano que no van a quedar expuestos a decisiones sorpresivas, s\u00fabitas e intempestivas. <\/p>\n
3.1.2. El problema se presenta cuando se desborda o recorta ese marco decisorio. <\/p>\n
(i) La incongruencia objetiva (atinente al petitum), ocurre en los eventos en que se peca por exceso (extra o ultra petita) o por defecto (citra petita). Se predica de los fallos total o parcialmente estimatorios, porque son los \u00fanicos que permiten mensuras de esa naturaleza. <\/p>\n
(ii) En cambio, la disonancia f\u00e1ctica (concerniente a los hechos), cobija tanto a las sentencias condenatorias o mixtas, como a las absolutorias. La raz\u00f3n estriba en que las cuestiones de hecho fijadas preceden a las decisiones y de ser incongruentes arrasar\u00edan con todas \u00e9stas. <\/p>\n
Tiene lugar frente a la invenci\u00f3n o imaginaci\u00f3n de hechos. Es el abandono de los aducidos por las partes para apalancar sus aspiraciones. Cuando el juez, dice la Corte, al \u00abconsiderar los hechos sustentantes de la pretensi\u00f3n, no hace cosa distinta a la de despreocuparse de la demanda para tomar \u00fanicamente en cuenta aquellos que, de acuerdo con su personal criterio, resultan dignos de ser valorados\u00bb2. <\/p>\n
Se diferencia de la pretermisi\u00f3n o tergiversaci\u00f3n de hechos, caso en el cual, no hay suplantaci\u00f3n f\u00e1ctica. Simplemente, respecto de las mismas circunstancias expuestas como fundamento de las pretensiones o excepciones, se omiten o se les asigna una inteligencia distinta. Ah\u00ed el problema ser\u00eda de juzgamiento por error de hecho en la apreciaci\u00f3n de la demanda o su contestaci\u00f3n. <\/p>\n
(iii) Lo discurrido se explica en la forma de reparar las fallas de incongruencia. En la objetiva, la sentencia se mantendr\u00eda, pues se supone acertada la respuesta, solo que diminuta o excesiva. En la f\u00e1ctica, simplemente, no habr\u00eda decisi\u00f3n, en tanto, la equivocaci\u00f3n recaer\u00eda en los hechos imaginados o inventados, y no en lo resuelto o adoptado. <\/p>\n
Ese ha sido el pensamiento de la Corte. \u201c[E]n el primer evento, todo se concretar\u00eda a eliminar lo concedido por fuera o por encima de lo pedido, a reducir la condena a lo probado o a completar los faltantes; en la segunda, a retirar el cuadro factual adicionado arbitrariamente por el juzgador, junto con los efectos jur\u00eddicos atribuidos\u00bb3. <\/p>\n
Si nada al respecto se procura, las eventuales faltas no ser\u00edan de actividad, sino de la estructura y fundamentos de las decisiones, las cuales, son atacables en casaci\u00f3n por las v\u00edas dise\u00f1adas para enrostrar errores de juzgamiento. <\/p>\n
3.1.3. Frente a lo anterior, la incongruencia denunciada en el cargo no se estructura. <\/p>\n
(i) El contraste alrededor del contrato de suministro se circunscribe a tres decisiones confirmadas por el Tribunal. La declaraci\u00f3n de existencia, el negado incumplimiento y el aval acerca de su terminaci\u00f3n unilateral. <\/p>\n
Las dos \u00faltimas agravian a la recurrente. La primera a ninguno de los contendientes perjudica, adem\u00e1s, es un hecho totalmente pac\u00edfico en el proceso, el reconocer la relaci\u00f3n sustancial como el antecedente necesario para hablar de incumplimiento o del preaviso de terminaci\u00f3n. <\/p>\n
(ii) Lo dicho significa que la declaraci\u00f3n de extinci\u00f3n unilateral del convenio no ha podido ser solicitada por el extremo demandante. Su fundabilidad, en l\u00ednea de principio, enervar\u00eda cualquier desatenci\u00f3n contractual porque una cosa es la fulminaci\u00f3n propia e incausada del negocio de suministro, lo cual supone cumplimiento de quien lo preavisa, y otra la terminaci\u00f3n por incumplimiento. El juzgado, en la decisi\u00f3n confirmada por el superior, neg\u00f3 esto \u00faltimo, ciertamente, ante la presencia del preaviso. <\/p>\n
La decisi\u00f3n de declarar terminada de \u201cmanera unilateral\u201d la relaci\u00f3n sustancial, por tanto, tuvo que ser instada por la pasiva. As\u00ed ocurri\u00f3. En la misma demanda de casaci\u00f3n, la censura, reconoce, aqu\u00e9l extremo adujo que el \u201cpreaviso fue efectuado en forma oportuna y (\u2026) no puede alegarse que la terminaci\u00f3n fuese intempestiva o sorpresiva\u201d. <\/p>\n
No es cierto, entonces, que el respectivo tema fuese ajeno a los contornos del debate, puesto que en el contexto aparece planteado expresamente; distinto es que, se hayan reconocido, empero, suplantando los hechos narrados para sustentarlo. Nada, sin embargo, se cuestion\u00f3 sobre el particular. <\/p>\n
(iii) Los dem\u00e1s fundamentos del cargo tampoco tornan incongruente la sentencia confutada. <\/p>\n
En el escrito incoativo del litigio, hecho 41, se afirm\u00f3 que la convocada \u201cno dio preaviso\u201d a la actora y, pese a ello, comenz\u00f3 a suprimir la operaci\u00f3n log\u00edstica. No obstante, si esto, cual se indica, \u201crectamente entendido\u201d, ten\u00eda otra significaci\u00f3n, el error de imaginar o inventar hechos queda descartado. De existir, ata\u00f1er\u00eda a un error de juzgamiento por la comisi\u00f3n de traspi\u00e9s probatorios. <\/p>\n
Lo mismo debe decirse del desmonte total del contrato en junio de 2013. Si la decisi\u00f3n se fundament\u00f3 en \u201cunos documentos no se\u00f1alados en la demanda como motivantes\u201d, esto alude a las pruebas del hecho. El antecedente citado en apoyo (sentencia de esta Corte de 18 de enero de 2010, radicado 00137), no se aplicaba. All\u00ed el \u201cjuzgador\u201d advirti\u00f3 la expiraci\u00f3n del contrato de suministro para \u201cuna \u00e9poca muy diferente a la se\u00f1alada por la parte actora\u201d. En el caso, la fecha estar\u00eda demostrada, pero con medios no pedidos. <\/p>\n
3.2. El error de actividad o de procedimiento, por lo tanto, no se configura. <\/p>\n
4. CARGO PRIMERO <\/p>\n
4.1. Denuncia la transgresi\u00f3n directa de los art\u00edculos 822, 824, 833, 840, 870, 871, 969-4, 972, 973, 977 y 1263 del C\u00f3digo de Comercio, y 1535, 1546, 1551, 1602, 1603, 1613, 1614, 1615, 2144, 2158 y 2167 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
4.1.1 Seg\u00fan la recurrente, el preaviso de terminaci\u00f3n unilateral del contrato de suministro deb\u00eda estar \u201crodeado de ciertas caracter\u00edsticas sin las cuales carece de eficacia para aniquilar la convenci\u00f3n\u201d. Entre otras, manifestarse la intenci\u00f3n en forma \u201cexpresa\u201d e \u201cinequ\u00edvoca\u201d, con indicaci\u00f3n de la \u201cfecha\u201d en que tendr\u00eda lugar, y efectuarse con una \u201canticipaci\u00f3n acorde con la naturaleza del suministro\u201d. <\/p>\n
El Tribunal desconoci\u00f3 las normas que gobernaban la convenci\u00f3n cuestionada. Reconoci\u00f3 el preaviso enarbolado por la pasiva, empero, \u201csin la manifestaci\u00f3n de la voluntad expresa de extinguir la convenci\u00f3n\u201d y \u201csin la fijaci\u00f3n del plazo restante\u201d. Adem\u00e1s, sustituy\u00f3 la \u201cvoluntad expresa\u201d por la \u201cvoluntad t\u00e1cita\u201d o por \u201cconducta concluyente\u201d. <\/p>\n
4.1.2. Las normas del mandato igualmente fueron transgredidas. El ad-quem extendi\u00f3 un poder general otorgado para celebrar \u201carreglos\u201d judiciales y extrajudiciales a los efectos de \u201cponer fin a un contrato\u201d. Para ello, la persona que actu\u00f3 a nombre de la demandada requer\u00eda facultades espec\u00edficas y esto se echaba de menos. <\/p>\n
4.1.3. En la hip\u00f3tesis de mediar el preaviso expreso y determinado, las partes deb\u00edan cumplir las obligaciones hasta \u00faltimo momento. Sin embargo, el juzgador entendi\u00f3 que, mientras pend\u00eda aquello, el contratante que hab\u00eda emitido la voluntad unilateral de terminar lo pactado quedaba \u201cexcusado de honrar a cabalidad las prestaciones a su cargo\u201d. <\/p>\n
4.2. Solicita la censura \u201ccasar parcialmente la sentencia impugnada\u201d. <\/p>\n
5. CONSIDERACIONES <\/p>\n
5.1. La violaci\u00f3n directa de la ley sustancial \u201csupone que ninguna discrepancia surge para el recurrente en casaci\u00f3n acerca del cuadro f\u00e1ctico o probatorio que subyace congruente con la acusaci\u00f3n\u00bb4. Se entiende, llanamente, que la censura lo acepta como fue fijado por el Tribunal. <\/p>\n
La raz\u00f3n estriba en que, para verificar los errores iuris in iudicando, la Corte no trabaja con las pruebas ni con los hechos del proceso. \u00danicamente tiene en cuenta, como lo tiene explicado, los \u201ctextos legales sustantivos (\u2026) y ante ellos enjuicia el caso; ya sabe si los hechos est\u00e1n probados o no est\u00e1n probados, parte de la base de una u otra cosa, y s\u00f3lo le falta aplicar la ley a los hechos establecidos\u00bb5. <\/p>\n
Esto comporta que, por ese camino, el estudio queda confinado a pol\u00e9micas sustantivas. En concreto, asociadas con las normas de car\u00e1cter subjetivo que han debido o debieron gobernar el caso. De una parte, su pertinencia (aplicaci\u00f3n o inaplicaci\u00f3n); y de otra, su interpretaci\u00f3n o alcance. Por ello, el art\u00edculo 344, numeral 2\u00ba, literal a), inciso 1\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso, establece que la acusaci\u00f3n \u201cse circunscribir\u00e1 a la cuesti\u00f3n jur\u00eddica, sin comprender ni extenderse a la materia probatoria\u201d. <\/p>\n
5.2. Frente a lo anterior, sin m\u00e1s, los errores iuris in iudicando, no se estructuran. <\/p>\n
5.2.1. El Tribunal neg\u00f3 las pretensiones al encontrar acreditado que el desmonte de la operaci\u00f3n log\u00edstica, a partir del 4 de marzo de 2013, no respond\u00eda a un incumplimiento contractual de la demandada. Obedec\u00eda, dijo, a la ejecuci\u00f3n de su voluntad unilateral de dar por terminada la relaci\u00f3n sustancial, decisi\u00f3n que, acot\u00f3, fue comunicada a la precursora con la debida antelaci\u00f3n. <\/p>\n
Las precedentes conclusiones probatorias se supone la recurrente las avala. Solo que el Tribunal se equivoc\u00f3 al subsumir los hechos as\u00ed establecidos en las respectivas hip\u00f3tesis normativas, porque la v\u00eda escogida, la directa, para denunciar la infracci\u00f3n de las normas sustanciales, lo demandan. Nada al respecto, sin embargo, es aceptado. <\/p>\n
5.2.2. En los t\u00e9rminos del cargo, la infracci\u00f3n recta v\u00eda denunciada, implica que el ad-quem, probatoriamente, dej\u00f3 establecidas varias circunstancias: <\/p>\n
El preaviso extintivo, empero, \u201csin la manifestaci\u00f3n de la voluntad expresa de extinguir la convenci\u00f3n\u201d y \u201csin la fijaci\u00f3n del plazo restante\u201d. Un poder ayuno de facultades para \u201cponer fin a un contrato\u201d. Y el incumplimiento del contrato de suministro por parte del extremo demandado, \u00fanica manera para hablar que fue \u201cexcusado de honrar a cabalidad las prestaciones a su cargo\u201d. <\/p>\n
Ese cuadro f\u00e1ctico, con todo, no fue el fijado en la providencia confutada, en consecuencia, tampoco pudo ser objeto de una adecuaci\u00f3n t\u00edpica. La equivocaci\u00f3n, por tanto, si la hubo, no es estrictamente jur\u00eddica, sino relacionada con la apreciaci\u00f3n de la demanda y de las pruebas que as\u00ed lo indicaban. A ello se contraen, precisamente, los siguientes cuestionamientos. <\/p>\n
5.3. La acusaci\u00f3n, en consecuencia, est\u00e1 llamada al fracaso. <\/p>\n
6. LOS RESTANTES CARGOS <\/p>\n
6.1. En general, acusan la violaci\u00f3n de los art\u00edculos 822, 824, 832, 833, 840, 841, 870, 871, 969-4 y par\u00e1grafo, 972, 973, 977 y 1263 del C\u00f3digo de Comercio; 1535, 1546, 1551, 1602, 1603, 1613, 1614, 1615, 2144, 2157, 2158, 2159, 2167 y 2469 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
6.2. En el cargo segundo, seg\u00fan la recurrente, a ra\u00edz de los errores de hecho en que incurri\u00f3 el Tribunal. <\/p>\n
6.2.1. Distorsion\u00f3 e ignor\u00f3 ciertas narraciones de la demanda. Entendi\u00f3 fundado el incumplimiento en la toma escalonada del servicio por Cencosud Colombia S.A., a partir del 4 de marzo de 2013, y en la falta de preaviso a Impulso y Mercadeo S.A. de la terminaci\u00f3n de lo pactado. <\/p>\n
Lo primero s\u00ed fue aducido como desatenci\u00f3n contractual. Lo segundo, solo como hecho indicador de la toma paulatina del suministro sin una causa v\u00e1lida o justificada, nada m\u00e1s. Por esto, en las pretensiones, no se solicit\u00f3 declarar la extinci\u00f3n injusta, abrupta, indebida, irregular o anticipada de la relaci\u00f3n sustancial. <\/p>\n
En adici\u00f3n, dej\u00f3 a un lado el otro incumplimiento invocado. La conquista de la convocada de los trabajadores de Impulso y Mercadeo S.A., en tanto, los contrat\u00f3 para desempe\u00f1ar las mismas labores del suministro. <\/p>\n
6.2.3. Omiti\u00f3 la versi\u00f3n de Fanny Teresa Godoy, en la \u00e9poca, Directora Administrativa y Financiera de Impulso y Mercadeo S.A., sobre facturaci\u00f3n regular del servicio prestado y su reducci\u00f3n significativa entre marzo y junio de 2013. <\/p>\n
6.2.4. Ignor\u00f3 el testimonio de Adriana Hilari\u00f3n, a la saz\u00f3n, empleada del \u00e1rea de operaci\u00f3n log\u00edstica de Cencosud Colombia S.A., en lo tocante con el n\u00famero de personas requeridas mensualmente y la disminuci\u00f3n entre marzo y junio de 2013, hasta llegar a ser nula. <\/p>\n
6.2.5. Pas\u00f3 por alto la declaraci\u00f3n de Francy Elena Garc\u00eda, para entonces, Directora de Recursos Humanos de Cencosud Colombia S.A., en punto de la cuant\u00eda del contrato y su reducci\u00f3n importante en el mismo lapso. <\/p>\n
6.2.6. Adicion\u00f3 a cada uno de los correos electr\u00f3nicos de 15 de marzo, 24 de abril y 14 de mayo de 2013, la expresi\u00f3n \u201cterminaci\u00f3n\u201d. Los documentos solo hablaban de un cronograma para desmontar los servicios prestados. <\/p>\n
El plan piloto de toma de seis tiendas no ten\u00eda esa significaci\u00f3n. Como lo depuso Carlos Eduardo Correa, as\u00ed hab\u00eda ocurrido en el 2009, cuando se redujo el servicio en un 50%, ante el ingreso de otro operador log\u00edstico. <\/p>\n
6.2.7. Desconoci\u00f3 el borrador del contrato cruzado mediante correo de 18 de noviembre de 2010, tendiente a formalizar por escrito la relaci\u00f3n. Su terminaci\u00f3n unilateral contemplaba un preaviso de 180 d\u00edas. Los detalles al respecto expuestos por Carlos Eduardo Correa Ben\u00edtez y Vladimir Iwanoff, tambi\u00e9n fueron desatendidos. <\/p>\n
En gracia de discusi\u00f3n, el supuesto preaviso de terminaci\u00f3n unilateral del convenio en las reuniones de 8 y 28 de enero, y en los correos de 15 de marzo, 24 de abril y 14 de mayo, no ten\u00edan esa anticipaci\u00f3n. Se trataba de un t\u00e9rmino razonable sin causar da\u00f1o a la otra parte. <\/p>\n
6.2.8. Entendi\u00f3 que al fijarse el litigio se introdujeron cambios. La parte actora, por el contrario, manifest\u00f3 que no hac\u00eda ninguna modificaci\u00f3n a las pretensiones. <\/p>\n
6.2.9. Supuso en el certificado de existencia y representaci\u00f3n de Cencosud Colombia S.A., a partir de la escritura p\u00fablica 217 de 23 de enero de 2013, inscrita hasta el 1\u00ba de febrero, el poder suficiente para que Ana Mar\u00eda Mantilla pudiera \u201cconvenir\u201d gradualmente la fulminaci\u00f3n del suministro. La facultad era para poner fin a \u201cdiferencias\u201d. En todo caso, todo se rehus\u00f3 y protest\u00f3. <\/p>\n
6.2.10. Evadi\u00f3 el correo electr\u00f3nico de 2 de enero de 2013, donde Impulso y Mercadeo S.A. inform\u00f3 a Cencosud Colombia S.A., la tarifa \u201chora hombre\u201d \u201cconvenida\u201d para 2013. Sobre el mismo hecho, igualmente, el dictamen de Roc\u00edo Amparo Alba G\u00f3mez y sus anexos. <\/p>\n
6.2.11. Tergivers\u00f3 la declaraci\u00f3n de parte de Impulso y Mercadeo S.A., respecto de la reuni\u00f3n de 8 de enero. Se acept\u00f3 que se estaba \u201cevaluando\u201d un proyecto para asumir la operaci\u00f3n y se iba a entregar el cronograma. Esto es distinto a exteriorizar la intenci\u00f3n de terminar el contrato. <\/p>\n
6.2.12. Soslay\u00f3 los testimonios de Carlos Correa Ben\u00edtez, Adriana Hilari\u00f3n, Francy Elena Garc\u00eda y Vladimir Iwanoff. Estuvieron presentes en la reuni\u00f3n de 8 de enero y narraron los mismos hechos del numeral anterior. <\/p>\n
6.2.13. Eludi\u00f3 los dict\u00e1menes de \u201cD\u00edaz Valdiri\u201d y de Roci\u00f3 Alba G\u00f3mez sobre el da\u00f1o y monto de los perjuicios. <\/p>\n
6.3. En el cargo tercero, la transgresi\u00f3n normativa, literalmente, se hace derivar de la comisi\u00f3n de los mismos errores de hecho denunciados en el cargo anterior. Salvedad hecha del borrador final del contrato y de los correos electr\u00f3nicos cruzados el 18 de noviembre de 2010. <\/p>\n
Seg\u00fan la censura, el ataque se formula \u201cpara el caso en que la Honorable Corte estime que con la forma difusa en que el Tribunal ponder\u00f3 la prueba arrimada, la examin\u00f3 en su totalidad, porque en abstracto dijo que sus conclusiones las \u00abinfiere del material probatorio obrante en el proceso\u00bb\u201d. <\/p>\n
6.4. En el cargo quinto, en sentir de la impugnante, la violaci\u00f3n de los preceptos enlistados tuvo como causa la infracci\u00f3n medio de los art\u00edculos 269 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y 272 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
El acta de la reuni\u00f3n de 8 de enero de 2013, en efecto, carec\u00eda de eficacia demostrativa. No estaba suscrita por Impulso y Mercadeo S.A., y adem\u00e1s fue desconocida. <\/p>\n
6.5. Corolario. Solicita la recurrente casar la sentencia cuestionada, \u201cpor cualquiera de las causales invocadas\u201d y, en la de reemplazo, acoger las pretensiones. <\/p>\n
7. CONSIDERACIONES <\/p>\n
7.1. El estudio conjunto de los cargos surge de bulto al ameritar consideraciones comunes. Por una parte, en general, acusan la violaci\u00f3n de las mismas normas legales; por otra, el tercero se encuentra comprendido en el segundo. Y, como en su momento se ver\u00e1, la vida del error de contemplaci\u00f3n jur\u00eddica denunciado en el \u00faltimo se supedita al resultado del dislate de hecho relacionado. <\/p>\n
7.2. Seg\u00fan el art\u00edculo 968 del C\u00f3digo de Comercio, el suministro es un contrato nominado y t\u00edpico. Por su virtud, una parte se obliga, a cambio de una contraprestaci\u00f3n, a cumplir a favor de otra, en forma independiente, prestaciones peri\u00f3dicas o continuadas de cosas o servicios. <\/p>\n
7.1.1. La periodicidad y duraci\u00f3n constituyen los rasgos caracter\u00edsticos de esa relaci\u00f3n sustancial. Solo as\u00ed es dable materializar la funci\u00f3n econ\u00f3mica llamada a cumplir. <\/p>\n
No consiste, al decir de la doctrina, \u201cen asegurar a las partes una prestaci\u00f3n \u00fanica, aunque realizada en momentos diversos, sino en asegurar por cierto tiempo varias prestaciones o una prestaci\u00f3n continuada\u201d6. <\/p>\n
En palabras de la Corte, lo dicho \u201ctrasciende, en la pr\u00e1ctica, al ahorro de tiempo, fuera de que reduce el desgaste administrativo y negocial, pues con esta figura contractual se evita la celebraci\u00f3n continua de contratos de compraventa, e incluso se garantiza continuidad en la obtenci\u00f3n de los bienes y servicios suministrados\u201d7. <\/p>\n
Los beneficios tanto para el proveedor como para el consumidor se justifican en la medida en que la convenci\u00f3n perdure. Para decirlo de otra manera, en general, los resultados del suministro son directamente proporcionales al t\u00e9rmino de su duraci\u00f3n. <\/p>\n
7.1.2. La perduraci\u00f3n del convenio no implica perpetuidad, puede ser determinada o indeterminada, pero determinable, o indefinida. La primera, abarca un t\u00e9rmino previamente establecido. La segunda, se sujeta a la concurrencia de ciertos hechos, por ejemplo, hasta agotar un n\u00famero determinado de entregas. Y la tercera, cuando su ejecuci\u00f3n es sucesiva y sin limitaciones temporales. <\/p>\n
7.1.2.1. Sea cual fuere la extensi\u00f3n, la terminaci\u00f3n del contrato puede sobrevenir ante un incumplimiento resolutorio. La instituci\u00f3n encuentra regulaci\u00f3n aut\u00f3noma en el art\u00edculo 973 del C\u00f3digo de Comercio8. Tiene lugar, por una parte, si la desatenci\u00f3n de las obligaciones ocasiona perjuicios graves a la parte cumplida; y por otra, cuando el hecho es capaz, por s\u00ed solo, de minar su confianza. <\/p>\n
7.1.2.2. En los convenios de duraci\u00f3n indefinida, cualquiera de las partes puede darlo por terminado sin el asentimiento de la otra, con apego estricto del respetivo contratante a los compromisos adquiridos. Si es reo de un incumplimiento resolutorio vigente, en l\u00ednea de principio, no habr\u00eda forma de expresar una voluntad unilateral de extinci\u00f3n, pues el contrato, con su conducta, estar\u00eda terminado de antemano. <\/p>\n
El ejercicio de dicha potestad tambi\u00e9n est\u00e1 reglado en forma aut\u00f3noma. Por esto, no hay lugar a confundirla con el incumplimiento relevante. Se condiciona a un preaviso con sujeci\u00f3n al t\u00e9rmino estipulado en el contrato o al establecido por la costumbre. En su defecto, \u201ccon una anticipaci\u00f3n acorde con la naturaleza del suministro\u201d. El art\u00edculo 977 del C\u00f3digo de Comercio9, as\u00ed lo contempla. <\/p>\n
La norma tiende a evitar que el otro contratante se vea sorprendido por una decisi\u00f3n unilateral inesperada o intempestiva. Para la Corte, \u201ces menester, en virtud de la aplicaci\u00f3n del principio de buena fe, la existencia de un preaviso; en el entendido que el anuncio anticipado de la culminaci\u00f3n del pacto crea al comerciante las condiciones favorables para lograr hacer el tr\u00e1nsito de actividad o implementar medidas para evitar perjuicios\u201d10. <\/p>\n
Trat\u00e1ndose del proveedor, permite planear y atenuar las consecuencias en infraestructura, personal, y dem\u00e1s costos asociados a la ejecuci\u00f3n del objeto del contrato. Y del consumidor, buscar los bienes o servicios que deja de recibir para evitar traumatismos en su empresa. Ninguno de los contratantes lograr\u00eda esos cometidos si el preaviso no se extiende; o cuando el efectuado, seg\u00fan sea el caso, se sustrae a observar los t\u00e9rminos estipulados en el contrato, es ajeno al se\u00f1alado en la costumbre o es discordante con la naturaleza del suministro. <\/p>\n
7.1.2.3. Constituye incumplimiento relevante, por ello, cuando se termina el contrato de suministro sin preaviso o el realizado incumple los requisitos legales. <\/p>\n
Ese ha sido el pensamiento de la Corte. \u201c[E]ncontrar, eventualmente, una forma de terminaci\u00f3n del v\u00ednculo negocial ajena a una u otra de las hip\u00f3tesis esbozadas, esto es, al margen de lo convenido por los contratantes o de lo regulado en la ley, evidenciar\u00eda, de manera palpable, un incumplimiento de la relaci\u00f3n referida\u201d11. <\/p>\n
En tales casos, todo traducir\u00eda en inexistencia de la voluntad unilateral de terminar la relaci\u00f3n. Sus efectos, por supuesto, irradiar\u00edan negativamente a la parte cumplida, quien confiada estaba en que el suministro culminar\u00eda de acuerdo a los par\u00e1metros indicados y no de manera s\u00fabita o inoportuna. El incumplimiento del preaviso, no cabe duda, deviene igualmente en desatenci\u00f3n contractual. <\/p>\n
7.1.2.4. Mediando un preaviso eficaz, mientras se ejecuta, los compromisos adquiridos deben seguir honr\u00e1ndose. En un caso de revocaci\u00f3n unilateral del seguro, la Corte, mutatis mutandis, lo asent\u00f3: <\/p>\n
\u201cDe ah\u00ed que (\u2026) la revocaci\u00f3n \u2013o su equivalente en el Derecho nacional pertinente- deba entenderse como \u2018una declaraci\u00f3n de voluntad unilateral incausada\u2019 (\u2026), lo que pone de presente, en lo que a su g\u00e9nesis ata\u00f1e, que es altamente subjetiva, que ella \u201cdebe dejarse al arbitrio unilateral de cada uno de los contratantes\u201d (ad nutum), (\u2026) sin que ello signifique, de ninguna manera, que el revocante escape al inexorable y plausible deber constitucional y legal de no abusar de sus derechos (art. 95-1 C. Pol. y 830 C. de Co.), habida cuenta que el reconocimiento de una facultad o poder, de por s\u00ed, no constituye salvoconducto o patente de corso para propiciar la arbitrariedad, so pena de la condigna indemnizaci\u00f3n de los perjuicios irrogados. Es por ello por lo que el abuso, en s\u00ed, trasciende al mero arbitrio o a la simple volici\u00f3n\u201d12. <\/p>\n
La potestad de terminar unilateralmente el contrato, en consecuencia, no se erige en carta de navegaci\u00f3n para desatender lo estipulado. Esto implica que durante el preaviso no se descarta un incumplimiento relevante sobreviniente. Si es imputable a quien lo hab\u00eda emitido, la voluntad de extinci\u00f3n que hab\u00eda manifestado quedar\u00eda en entredicho por su incumplimiento sobreviniente. La facultad o poder conferida para, sin explicar el motivo, poner t\u00e9rmino a la relaci\u00f3n sustancial, conlleva seguir honrando las obligaciones hasta \u00faltimo momento, \u201cso pena de la condigna indemnizaci\u00f3n de los perjuicios irrogados\u201d, seg\u00fan se asent\u00f3 en el precedente citado. <\/p>\n
7.1.3. El art\u00edculo 977 del C\u00f3digo de Comercio, no supedita la noticia de fenecer en forma unilateral el contrato a solemnidad alguna ni a frases sacramentales. Lo importante es que, al margen de la terminolog\u00eda empleada, sea inequ\u00edvoca, adem\u00e1s, comunicada a su destinatario. La seguridad de su ocurrencia, en \u00faltimas, se examina en funci\u00f3n de este \u00faltimo, pues quien ejercita la potestad, se supone, ya ha tomado todas las previsiones del caso. <\/p>\n
La decisi\u00f3n del preaviso, en s\u00ed misma considerada, es distinta de su materializaci\u00f3n. Aquella, por ser unilateral, conlleva excluir la participaci\u00f3n o aprobaci\u00f3n del otro contratante; su ejecuci\u00f3n, en cambio, puede ser acordada, aunque no obligatoria, como un mecanismo para hacer m\u00e1s llevadera y menos traum\u00e1tica la situaci\u00f3n de los intervinientes. Verbi gratia, la disminuci\u00f3n gradual y ordenada, no abrupta, del bien o servicio suministrado. <\/p>\n
7.1.4. El t\u00e9rmino del preaviso es otra cuesti\u00f3n trascendente. No depende del capricho o de la arbitrariedad de los contratantes, pues la ley regula la forma de fijar su duraci\u00f3n. Conforme a la norma, debe responder prelativamente al se\u00f1alado en el contrato siguiendo el principio de la autonom\u00eda de la voluntad o, al establecido por la costumbre, en su defecto, el t\u00e9rmino coherente con la naturaleza del suministro. <\/p>\n
7.1.4.1. Esta \u00faltima hip\u00f3tesis, por ser subjetiva, propicia controversias. <\/p>\n
La Corte, sin embargo, ha pincelado su alcance. \u201cEl sentido com\u00fan ense\u00f1a que se requieren tiempos m\u00ednimos o prudenciales para culminar una determinada relaci\u00f3n; por ejemplo, para poder verificar y finiquitar los an\u00e1lisis contables, los estudios de cr\u00e9ditos, los per\u00edodos de prueba en asuntos laborales, el otorgamiento de garant\u00edas; la cesaci\u00f3n del arrendamiento o su no pr\u00f3rroga, etc.\u201d13. <\/p>\n
En ocasi\u00f3n m\u00e1s reciente, la Sala at\u00f3 la extensi\u00f3n de dicho t\u00e9rmino a los periodos de cumplimiento de las obligaciones. Se establece, anot\u00f3, \u201csiguiendo los mismos criterios dispuestos para el cumplimiento de las prestaciones propias del contrato de suministro\u201d14. <\/p>\n
En Francia, la discusi\u00f3n se encuentra zanjada, por el art\u00edculo 134-11 del C\u00f3digo de Comercio, el cual prev\u00e9 que el \u201cplazo del preaviso ser\u00e1 de un mes para el primer a\u00f1o del contrato, de dos meses para el segundo a\u00f1o comenzado, de tres meses para el tercer a\u00f1o comenzado y los a\u00f1os siguientes\u201d. <\/p>\n
La jurisprudencia espa\u00f1ola, en alusi\u00f3n a lo resuelto en las instancias, aval\u00f3 el se\u00f1alado de un a\u00f1o. As\u00ed, dijo, de \u201cacuerdo con la naturaleza y ejecuci\u00f3n del contrato de distribuci\u00f3n llevado a cabo, particularmente de su duraci\u00f3n indefinida, de su car\u00e1cter de exclusiva y su prolongada ejecuci\u00f3n, consideran una anualidad como periodo razonable y ajustado para valorar el plazo de preaviso\u201d15. <\/p>\n
El proyecto de C\u00f3digo Civil de Argentina de 1998, unificado con el de Comercio, estatu\u00eda que el \u201cplazo del preaviso debe ser de un mes por cada a\u00f1o de vigencia del contrato, hasta un m\u00e1ximo de seis meses\u201d. El criterio, sin embargo, \u201cno fue seguido por el art\u00edculo 1492 del C\u00f3digo Civil y Comercial de la Naci\u00f3n de 2015 (\u2026). De cualquier modo (\u2026), el preaviso extintivo exigible debe ser siempre \u2018razonable\u2019, ni exiguo ni exorbitante, pues de lo que se trata es (\u2026) solo de dar tiempo al otro contratante para que pueda salir del negocio ordenadamente y sin perjuicios\u201d16. <\/p>\n
7.1.4.4. Salvo el caso de la \u201canualidad\u201d tratada en la jurisprudencia espa\u00f1ola, el t\u00e9rmino del preaviso que responde a la \u201cnaturaleza del suministro\u201d en los convenios de duraci\u00f3n indefinida, no ha ido m\u00e1s all\u00e1 de seis meses. Ese t\u00e9rmino m\u00e1ximo, en l\u00ednea de principio, a falta de su fijaci\u00f3n legal, debe estimarse y avalarse como razonable. <\/p>\n
En el C\u00f3digo de Comercio se prev\u00e9 la terminaci\u00f3n de diversos contratos mediante aviso previo17. Se destaca el de arrendamiento de local comercial. Se trata de un acuerdo de tracto sucesivo donde el legislador ofrece especial protecci\u00f3n al empresario que, por m\u00e1s de dos a\u00f1os consecutivos, ha desarrollado la misma actividad. Se entiende que ha conquistado una clientela y creado una reputaci\u00f3n; de ah\u00ed que, no puede verse expuesto a una terminaci\u00f3n sorpresiva e inoportuna. <\/p>\n
Seg\u00fan el art\u00edculo 518, ib\u00eddem, el arrendatario que ha honrado sus compromisos tiene derecho a renovar el contrato, salvo las excepciones all\u00ed previstas. Cuando el inmueble donde funciona el establecimiento deba ser reconstruido o reparado y se requiera su entrega, o demolido ante su ruina; y cuando el propietario lo necesita para su propia habitaci\u00f3n o para establecer una empresa sustancialmente distinta a la existente. En cualquier caso, el art\u00edculo 520, ej\u00fasdem, exige desahuciar al inquilino \u201ccon no menos de seis meses de anticipaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Aunque las disposiciones son ajenas al contrato de suministro, para su fulminaci\u00f3n unilateral, s\u00ed gu\u00edan el preaviso y permiten controlar consideraciones subjetivas, a veces caprichosas o arbitrarias y devienen pertinentes, mutatis mutandis, con mayor raz\u00f3n cuando la regla 980 del C\u00f3digo de Comercio al regular el contrato de suministro, dispone la aplicaci\u00f3n de las normas de otros contratos, cuando expresa: \u201cSe aplicar\u00e1n al suministro, en cuanto sean compatibles con las obligaciones precedentes, las reglas que regulan los contratos a que corresponden las prestaciones aisladas\u201d. La raz\u00f3n estriba en su finalidad protectora y estabilizadora. La compatibilidad del t\u00e9rmino, hasta ese m\u00e1ximo en los contratos de duraci\u00f3n indefinida que han perdurado por m\u00e1s de dos a\u00f1os consecutivos, no abriga dudas de ninguna clase. <\/p>\n
7.1.4.3. El preaviso realizado siguiendo los anteriores derroteros, el cual, se entiende, avenido \u201ccon la naturaleza del suministro\u201d, ninguna discusi\u00f3n tendr\u00eda. El problema surgir\u00e1 cuando el t\u00e9rmino se\u00f1alado para ejecutar la terminaci\u00f3n unilateral del contrato sea insuficiente a efectos de permitir su transici\u00f3n en forma adecuada, oportuna y sin tropiezos. En tal caso, si no es justo, ni equitativo, la utilidad pr\u00e1ctica de establecerlo solamente se reflejar\u00eda en la liquidaci\u00f3n de perjuicios. <\/p>\n
La parte que decide fulminar el contrato, por tanto, debe adecuar su comportamiento a la buena fe y a la \u00e9tica convencional. El contrato, al fin de cuentas, cumple una funci\u00f3n econ\u00f3mica y social. Se encamina al beneficio com\u00fan y no individual. Esto implica que, desde la etapa precontractual hasta la finalizaci\u00f3n de lo estipulado, las partes deben evitar conductas constitutivas de abuso del derecho o de sometimiento ante una posici\u00f3n privilegiada o dominante. As\u00ed lo tiene sentado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u201c[L]a potestad que la ley brinda a las personas para decidir, libremente, la suerte de sus destinos, no es posible considerarla, como ya se dijo, en t\u00e9rminos absolutos; la realizaci\u00f3n de esa facultad impone, simult\u00e1neamente, observar un m\u00ednimo de exigencias: \u201cel ejercicio de un Derecho subjetivo es contrario a la buena fe no s\u00f3lo cuando no se utiliza para la finalidad objetiva o funci\u00f3n econ\u00f3mica o social para la cual ha sido atribuido a su titular, sino tambi\u00e9n cuando se ejercita de una manera o en unas circunstancias que lo hacen desleal, seg\u00fan las reglas que la conciencia social impone en el tr\u00e1fico jur\u00eddico (\u2026) Los derechos subjetivos han de ejercitarse siempre de buena fe (\u2026). Se espera, entonces, conciencia que el ejercicio de ciertos derechos impone, concomitantemente, el respeto por los ajenos; es patentizar valores como la razonabilidad, el equilibrio contractual, el fin com\u00fan; es, en definitiva, vindicar, de manera privilegiada, comportamientos libres de prop\u00f3sitos ego\u00edstas e individualistas, que al ejercitar los derechos legales o contractuales, seg\u00fan el caso, arrasen con los intereses de la parte con la que se pact\u00f3\u201d18. <\/p>\n
Lo anterior significa que la fijaci\u00f3n del t\u00e9rmino del preaviso, en funci\u00f3n de la \u201cnaturaleza del suministro\u201d, debe ser razonable. El par\u00e1metro aludido llama a tener en cuenta, am\u00e9n de la duraci\u00f3n indefinida, circunstancias como la calidad y cantidad de los bienes y servicios involucrados, los tiempos invertidos para cumplir los cometidos fijados y los necesitados para disminuirlos o desmontarlos, el car\u00e1cter exclusivo o no de la relaci\u00f3n y si ha sido o no prolongada su ejecuci\u00f3n, entre otras variables a examinar en causa. <\/p>\n
7.2. En el caso, frente al punto razonado y debatido, cabe precisarse que los errores de hecho denunciados se asocian con la apreciaci\u00f3n de la demanda y su contestaci\u00f3n, y con la valoraci\u00f3n probatoria. Aquello, cuando se tergiversan sus contenidos; lo otro, en los eventos en que se omite la presencia f\u00edsica de las pruebas en el proceso, se suponen o distorsionan. Esta \u00faltima modalidad, en las subespecies de adici\u00f3n, cercenamiento o alteraci\u00f3n. En cualquier hip\u00f3tesis, las faltas deben ser manifiestas, en cuanto conciernen a los sentidos, en tanto, se constatan por percepci\u00f3n directa. <\/p>\n
7.3. En cambio, los de derecho aluden a la diagnosis jur\u00eddica de las pruebas, a su raciocinio, en forma individual y en conjunto, relacionados con las diferentes fases del acto probatorio, su regularidad y valoraci\u00f3n. Aqu\u00ed obra el pensamiento, no los sentidos. <\/p>\n
(i) En lo singular, despuntan cuando se desconocen las normas que regulan su solicitud, incorporaci\u00f3n, admisi\u00f3n, decreto, pr\u00e1ctica, asunci\u00f3n y valoraci\u00f3n. A la par, los preceptos que involucran su contradicci\u00f3n y conducencia. Tienen lugar, al decir de la Corte, cuando: <\/p>\n
\u201c[Se] exige, para demostrar un acto o un hecho, una prueba especial que la ley no reclama; o cuando viendo la prueba en su exacta dimensi\u00f3n no le atribuye a ella el m\u00e9rito que la ley le asigna para demostrarlo; o, en fin, cuando se lo niega por estimar que el medio fue ilegalmente producido cuando as\u00ed no sucedi\u00f3\u00bb19. <\/p>\n
(ii) Relacionado con la valoraci\u00f3n de las pruebas en conjunto, se presentan en los casos en que se contrar\u00edan los dictados de la l\u00f3gica, de la ciencia y de la experiencia, que son las reglas de la sana cr\u00edtica (art\u00edculos 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y 176 del C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
Ello reclama un claro objetivo. Lograr, dice la Sala, \u00abplena coherencia (\u2026), de modo que se tengan en cuenta las necesarias conexiones, concordancias o discrepancias entre esos diversos componentes; y (\u2026) se tenga \u201cpor derrotero \u00fanicamente las reglas de la l\u00f3gica, de la ciencia y de la experiencia (\u2026) aplicables a un determinado caso\u201d\u00bb20. <\/p>\n
Lo dicho, mediante la conjugaci\u00f3n de los m\u00e9todos anal\u00edtico y sint\u00e9tico. El primero, consistente en el estudio de lo constatado y detallado por cada prueba. El otro, traducido en el an\u00e1lisis integral, eslabonado y sistem\u00e1tico del todo con la parte. De esa manera, el muestrario probatorio permite sacar las inferencias respectivas. <\/p>\n
(iii) El trabajo de contemplaci\u00f3n jur\u00eddica de las pruebas, desde luego, presupone, como paso ineludible, su apreciaci\u00f3n acertada en los campos material y objetivo. <\/p>\n
\u00danicamente los hechos que, sin discusi\u00f3n posible, han quedado fijados en los elementos de juicio acopiados, sean positivos o negativos, son los que permiten su encadenamiento. Se trata de un requisito necesario para realizar la labor de mostrar incompatibilidades, concatenaciones, exclusiones y conclusiones. Todo, asidos de las reglas de la l\u00f3gica, la ciencia y la experiencia. <\/p>\n
7.4. En el caso, ambas especies de error fueron denunciados. Se procede, por tanto, a su estudio. <\/p>\n
7.4.1. La actora no solicit\u00f3 declarar la terminaci\u00f3n unilateral del contrato. Los hechos, por lo mismo, no pod\u00edan conducir en esa direcci\u00f3n, menos que as\u00ed hayan quedado depurados al fijarse el litigio. La toma de las tiendas por la demandada a partir del 4 de marzo de 2013, inclusive, paulatina, hasta su totalidad en el mes de junio, siguiente, simplemente, se adujo como la causa del incumplimiento. <\/p>\n
Lo relacionado con el preaviso, por tanto, no pudo ser invocado por el extremo actor de manera aut\u00f3noma para fulminar la relaci\u00f3n sustancial. El Tribunal, al confirmar la decisi\u00f3n del juzgado de declarar terminado el contrato por anteponerse una voluntad unilateral, se supone, lo hizo sobre la base de la afirmaci\u00f3n o fijaci\u00f3n del hecho y de la prueba de la notificaci\u00f3n anticipada de su extinci\u00f3n, antecedida del preaviso razonable y proporcional. <\/p>\n
Lo anterior significa que, desde la perspectiva de la demanda y todo lo relacionado a su alrededor, el Tribunal incurri\u00f3 en error al apreciarla. No obstante, la equivocaci\u00f3n carece de incidencia en la soluci\u00f3n de ese particular. Como qued\u00f3 estudiado al despachar el cargo de incongruencia, la parte pasiva opuso a la incriminada deshonra contractual, precisamente, la voluntad unilateral de terminar la relaci\u00f3n, diligenciada en forma debida desde enero de 2013. <\/p>\n
7.4.2. En la sentencia impugnada, debe reconocerse, ninguna menci\u00f3n se hizo al incumplimiento edificado sobre la toma de hecho de los trabajadores y contrataci\u00f3n directa para desempe\u00f1ar id\u00e9nticas labores del suministro. <\/p>\n
Se resalta, sin embargo, el ad-quem no lo hizo de manera inopinada. Los reparos a los cuales redujo la competencia funcional los identific\u00f3 plenamente: 1. Establecer si exist\u00eda incongruencia. 2. Puntualizar si se verific\u00f3 la terminaci\u00f3n unilateral del contrato. Y, 3. Constatar si la \u201cimplementaci\u00f3n del plan de desmonte gradual del servicio comport\u00f3 un incumplimiento contractual\u201d. <\/p>\n
En los cargos ninguna falta se atribuy\u00f3 al juzgador acerca de dicha delimitaci\u00f3n. Ning\u00fan error de omisi\u00f3n se le puede enrostrar al pasar por alto el conjeturado incumplimiento contractual ante la supuesta conquista de trabajadores de la demandante. En caso de haber acertado al fijar los contornos de la apelaci\u00f3n, surge claro, no ten\u00eda que hacer consideraci\u00f3n alguna sobre el particular. Distinto es que el tema hubiese sido protestado y se haya negado err\u00f3neamente o soslayado fijarlo como materia de decisi\u00f3n, y por consecuencia, preterida la respuesta. Esto no aparece planteado en casaci\u00f3n por los cauces correspondientes. <\/p>\n
Lo anterior ser\u00eda suficiente para negar prosperidad a este apartado de la acusaci\u00f3n, claro est\u00e1, en la hip\u00f3tesis de haber ocurrido, por un lado, la sustracci\u00f3n de los trabajadores; y por otro, constituir el hecho un incumplimiento contractual o una conducta reprochable desde el punto de vista jur\u00eddico. Aceptando que lo primero, en efecto, ocurri\u00f3, esto, por s\u00ed, que es objetivo, no es suficiente para seguir, necesariamente, lo segundo, en concreto, una responsabilidad subjetiva. <\/p>\n
La buena fe, es regla de principio, se presume. Lo contario, por tanto, debe quedar plenamente acreditado, para de ah\u00ed derivar las consecuencias en derecho. La contrataci\u00f3n de personal por Cencosud Colombia S.A., como se acepta, con mejores garant\u00edas laborales y sociales, para recobrar y asumir directamente su propia actividad, nada tiene de particular dentro de una gama de circunstancias normales. Distintos es que lo haya sido para convertirse en empresaria de la misma operaci\u00f3n log\u00edstica que suministraba la demandante y ofertarla al p\u00fablico en general. Y esa, sencillamente, no es la materia de debate. <\/p>\n
7.4.3. El grueso de la pol\u00e9mica, en definitiva, se reduce a establecer si las conclusiones probatorias sobre la voluntad de terminaci\u00f3n unilateral del contrato, debidamente preavisada, son contraevidentes. <\/p>\n
7.4.3.1. Para el Tribunal, en la reuni\u00f3n de 8 de enero de 2013, Cencosud Colombia S.A. manifest\u00f3 que \u201cquer\u00eda extinguir la relaci\u00f3n contractual, quien anunci\u00f3 asumir directamente, de manera gradual, la operaci\u00f3n log\u00edstica\u201d. <\/p>\n
El representante de Impulso y Mercadeo S.A., Gerardo Ignacio Cabrera Falla, \u201creconoci\u00f3 haber estado en la reuni\u00f3n\u201d y \u201cacept\u00f3 tratarse de un simple \u00abenunciado\u00bb (\u2026) de \u00abdesmontar la operaci\u00f3n\u00bb de manera \u00abgradual\u00bb\u201d; \u00e9sto, dijo, serv\u00eda para superar la \u201causencia de firma\u201d, se entiende, de los correos electr\u00f3nicos y actas resultantes. <\/p>\n
En los cargos segundo y tercero se transcriben apartes de la diligencia. All\u00ed se observa lo se\u00f1alado por el Tribunal. \u201cEl 8 de enero Grandes Superficies de Colombia nos invit\u00f3 a una reuni\u00f3n\u201d. En ese encuentro nos \u201cmanifestaron\u201d, \u201cdijeron\u201d, que \u201ciban\u201d a \u201cevaluar un proyecto para irse tomando paulatina, progresiva y consensuadamente el servicio\u201d. En el cotejo, no cabe duda, el juzgador y la recurrente coinciden con el contenido objetivo de la prueba. <\/p>\n
(i) El error de facto, desde esa \u00f3ptica, se descarta por completo. La divergencia, entonces, es muy otra. Tiene que ver con la indivisibilidad del hecho investigado. Sin los agregados de \u201csimple \u00abenunciado\u00bb\u201d, al decir del ad-quem, o de solo \u201cevaluar un proyecto\u201d, seg\u00fan el interrogado, el resultado ser\u00eda una confesi\u00f3n pura y simple. <\/p>\n
La prueba, por tanto, se apreci\u00f3 con las aclaraciones, modificaciones y explicaciones concernientes al hecho confesado, salvo que, al tenor de los art\u00edculos 200 y 196 de del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y del C\u00f3digo General del Proceso, respecto de esas adiciones, \u201cexista prueba que las desvirt\u00fae\u201d. <\/p>\n
Lo anterior, ciertamente, aparece que lo tuvo en cuenta el Tribunal al dejar por sentada y comunicada la voluntad unilateral de la convocada de terminar el contrato. Ninguna duda, dijo, abrigaba el hecho y as\u00ed se \u201cdesvirt\u00faa\u201d que la \u201creuni\u00f3n no fuera m\u00e1s all\u00e1 que para \u00abestudiar\u00bb, \u00abevaluar\u00bb y \u00abanalizar\u00bb el aludido tema\u201d. En otras palabras, encontr\u00f3 contraprobados los agregados de la confesi\u00f3n. <\/p>\n
En los cargos aunados en ninguna parte se confuta esa conclusi\u00f3n probatoria, si es que, en verdad, desde el punto de vista de la materialidad u objetividad de los distintos elementos de juicio, o en su an\u00e1lisis en conjunto, era dable concluir que las aclaraciones, modificaciones y explicaciones concernientes al hecho confesado, no quedaron desvirtuadas. De ah\u00ed, al margen del juicio del Tribunal, el corolario de que esas adiciones de la confesi\u00f3n quedaron contrarrestadas, sigue amparado por la presunci\u00f3n de legalidad y acierto, suficiente, por s\u00ed, para seguir sosteniendo en el punto la decisi\u00f3n. <\/p>\n
(ii) No sobra acotar, como pruebas impl\u00edcitas, las testigos Adriana del Pilar Hilari\u00f3n Arango y Franci Elena Garc\u00eda Gait\u00e1n, presentes en la reuni\u00f3n de 8 de enero, as\u00ed lo indicaron. En los cargos segundo y tercero se transcriben apartes de sus dichos. La primera se\u00f1al\u00f3, \u201cyo particip\u00e9 (\u2026) claramente, se hizo la comunicaci\u00f3n\u201d. La segunda mencion\u00f3, \u201centonces se les inform\u00f3 (\u2026) yo estuve presente y dijimos que \u00edbamos a hacer un desmonte gradual (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Al margen de la forma como se llevar\u00eda a cabo la toma y el desmonte de la operaci\u00f3n log\u00edstica, respecto de lo cual se propendi\u00f3 por el consenso, en el acta de la reuni\u00f3n de 8 de enero, la demandada expres\u00f3 el hecho. Y para ello no requer\u00eda el consentimiento de la otra parte, pues el preaviso extintivo es unilateral y no bilateral. Se dijo, su objeto era \u201ccomunicar\u201d el \u201ccambio\u201d del servicio \u201cpor un modelo directo\u201d. \u201cSe hir\u00e1 (sic) desmontando gradualmente con un tiempo m\u00e1ximo de cuatro meses\u201d. Esto mismo se reiter\u00f3, pr\u00e1cticamente, en el acta de la reuni\u00f3n de 28 de enero. <\/p>\n
Sobre el documento, el representante de la pretensora, en el interrogatorio, manifest\u00f3 que \u201cno es un acta porque no est\u00e1 firmada por nosotros debe ser un memorial interno de ellos porque nosotros nunca recibimos eso\u201d. La respuesta de negar el recibo de ese instrumento no es confesi\u00f3n ni declaraci\u00f3n de parte. Ante todo, es una manifestaci\u00f3n en beneficio de quien la hace; y no favorece a la otra parte (art\u00edculos 195-2 y 191-2 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y del C\u00f3digo General del Proceso). Y, suficientemente es conocido, nadie puede crearse su propia prueba. <\/p>\n
Si lo anterior fuera poco, todo, en contraste con lo aceptado desde la misma demanda. Las comunicaciones fluidas entre las partes se llevaban por medios electr\u00f3nicos. Por ejemplo, con el borrador del contrato (hecho noveno y siguientes), con las \u201c\u00f3rdenes, instrucciones, comunicaciones y acuerdos posteriores\u201d (hecho decimosexto y siguientes), el cambio de la forma de pago (hecho vig\u00e9simocuarto) y, lo m\u00e1s diciente, en el hecho vig\u00e9simooctavo, expresamente, al afirmarse que \u201cCencosud remiti\u00f3 correo electr\u00f3nico de 30 de enero de 2013 a la demandante, anexando el acta de la reuni\u00f3n llevada a cabo el 28 de enero de los corrientes\u201d. <\/p>\n
7.4.3.2. La otra pol\u00e9mica relacionada con el preaviso extintivo hace relaci\u00f3n a su t\u00e9rmino. El error, sin embargo, no existente, en tanto, los cuestionados correos electr\u00f3nicos de 15 de marzo, 24 de abril y 14 de mayo de 2013, solo entroncan temas asociados con el cronograma, el cual se trat\u00f3 de conseguir que fuera consensuado, para ejecutar la voluntad unilateral de la demandada dirigida a terminar la relaci\u00f3n, claro, mediante el desmonte paulatino del servicio a partir del 4 de marzo. Por supuesto, como se observa en lo ocurrido el 8 de enero, en \u201cm\u00e1ximo (\u2026) cuatro meses\u201d. <\/p>\n
7.4.3.3. La alegaci\u00f3n sobre que la persona interviniente en nombre de Cencosud Colombia S.A., la abogada Ana Mar\u00eda Mantilla G\u00f3mez, carec\u00eda de facultades para decidir la terminaci\u00f3n unilateral del contrato, supone que la notificaci\u00f3n extintiva, con todos sus requisitos, en efecto, fue realizada, solo que sin efectos vinculantes. <\/p>\n
Es cierto, como se pone de presente en la acusaci\u00f3n, el preaviso de 8 de enero de 2013, es anterior al poder general de 23 de enero, as\u00ed como al registro, el 1\u00ba de febrero, en la C\u00e1mara de Comercio. Es verdad, tambi\u00e9n, que entre las facultades no aparece expresamente la de disponer la terminaci\u00f3n unilateral del contrato, como tampoco la de convenir la forma como se llevar\u00eda a cabo. La facultad era para poner fin a diferencias. Los hechos as\u00ed fijados, sin embargo, no trascienden la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Aceptando que la citada abogada, para el 8 de enero de 2013, era completamente extra\u00f1a y con facultades solo a partir del 23 de enero, en la reuni\u00f3n de aquella fecha participaron, en ejercicio de ciertos cargos dentro de la organizaci\u00f3n de la interpelada, Adriana del Pilar Hilari\u00f3n Arango y Franci Elena Garc\u00eda Gait\u00e1n. En el contexto, el representante de la pretensora ten\u00eda la convicci\u00f3n de interrelacionar con la persona jur\u00eddica. Como lo se\u00f1al\u00f3 en el interrogatorio y se resalt\u00f3 en la acusaci\u00f3n, el \u201c8 de enero Grandes Superficies de Colombia nos invit\u00f3 a una reuni\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Los efectos jur\u00eddicos del preaviso unilateral, por tanto, son oponibles a la demandante, lo cual, frente a cualquier error probatorio, no hace distinta la decisi\u00f3n. Obs\u00e9rvese c\u00f3mo, iniciada la toma paulatina de la operaci\u00f3n log\u00edstica, en las comunicaciones de 4 y 24 de marzo, la legitimaci\u00f3n del aviso unilateral de terminaci\u00f3n dado con anterioridad de manera alguna se cuestion\u00f3. Y en la narraci\u00f3n f\u00e1ctica de la demanda el particular tampoco se desconoci\u00f3. As\u00ed que lo dicho en los cargos sobre que todo se rehus\u00f3 o protest\u00f3 no pudo cobijar una cuesti\u00f3n pac\u00edfica en su g\u00e9nesis. <\/p>\n
7.4.4. Fijado lo acaecido alrededor de la reuni\u00f3n de 8 de enero de 2013, esto habilita examinar si el Tribunal se equivoc\u00f3 al apreciar en lo jur\u00eddico el documento asociado, ciertamente, lo confutado en el cargo quinto. Esto, por no aparecer firmado por la parte contra la cual se opone, la demandante, y haberlo \u00e9sta, desconocido expresamente. <\/p>\n
Lo primero a advertirse es que en el cargo no se cuestiona el env\u00edo ni la entrega del instrumento. El problema enarbolado se entronca es con la firma; el cual, si bien, no aparece rubricado o manuscrito por la demandada, no hab\u00eda motivo para desconocerlo. La raz\u00f3n estriba en que el documento contentivo del preaviso unilateral extintivo, que en lo material y objetivo la conclusi\u00f3n al respecto no es contraevidente, no pudo ser de la autor\u00eda de la parte recurrente como para predicar que pod\u00eda desconocerlo. <\/p>\n
Los art\u00edculos 269 y 272 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y del C\u00f3digo General del Proceso, por tanto, no fueron transgredidos. Asociado con la firma o el manuscrito, las normas exigen que el documento le fuera atribuido a la demandante y, esto en el caso, no aconteci\u00f3. Trascendente es, lo proveniente de la parte contraria, el aviso de terminaci\u00f3n unilateral del contrato, se comunic\u00f3; y, en el caso, lo referente a la eficacia jur\u00eddica de la prueba de la noticia del preaviso, nada se discute. <\/p>\n
7.5. En lo dem\u00e1s, el t\u00e9rmino indicado, cuatro meses para el desmonte escalonado y total de la operaci\u00f3n, no se reproch\u00f3 insuficiente. As\u00ed que debe tenerse por razonable. Por una parte, como el cumplimiento de las prestaciones, facturaci\u00f3n y pago del servicio, aparec\u00edan reflejadas en periodos mensuales, esto serv\u00eda de par\u00e1metro para avalar dicho lapso, al decir de la Corte, cual arriba se resalt\u00f3, porque sigue los \u201cmismos criterios dispuestos para el cumplimiento de las prestaciones propias del contrato de suministro\u201d. Esto sin contar que, si el preaviso sucedi\u00f3 el 8 de enero de 2013, para ser ejecutado escalonadamente en cuatro meses, en todo caso, el cronograma para la toma total se extendi\u00f3 hasta comienzos de junio. <\/p>\n
7.6. Lo discurrido hasta el momento deja en firme las conclusiones de los juzgadores de instancia, seg\u00fan las cuales, el contrato de suministro del caso no pudo terminar por un incumplimiento resolutorio. Su expiraci\u00f3n, simple y llanamente, devino por la voluntad unilateral de una de las partes, Cencosud Colombia S.A., de darlo por terminado. <\/p>\n
Lo anterior releva a la Corte de estudiar si el Tribunal incurri\u00f3 en los dem\u00e1s errores probatorios enrostrados. Inclusive, en la hip\u00f3tesis de haberse configurado. La raz\u00f3n de ser estriba en que las apreciaciones probatorias que hasta el momento han salido ilesas o indemnes en casaci\u00f3n, por s\u00ed, son suficientes para seguir sosteniendo la decisi\u00f3n. Como lo tiene explicado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u201c[C]uando la sentencia se basa en varios motivos jur\u00eddicos, independientes, pero cada uno con fuerza suficiente para sustentar la decisi\u00f3n jurisdiccional, no es dif\u00edcil descubrir que, si la censura en casaci\u00f3n es ineficaz para desvirtuar todos los soportes del fallo, porque permanece en vigor alguno que le mantiene su firmeza en derecho, el recurso no es susceptible de prosperar, a\u00fan en el supuesto de que fueran destruidos los motivos restantes de la sentencia acusada\u201d21. <\/p>\n
Con mayor raz\u00f3n, cuando el incumplimiento imputado, el cual qued\u00f3 descartado, constitu\u00eda el eslab\u00f3n para encadenar otros errores denunciados. Su vida pend\u00eda de ese hecho, pues hac\u00edan relaci\u00f3n a los dem\u00e1s requisitos de la responsabilidad; en concreto al da\u00f1o y a los elementos para liquidar los perjuicios, la \u201cexistencia, regularidad en la cantidad y cuant\u00eda del suministro\u201d, el valor de la \u201chora hombre\u201d, el \u201cda\u00f1o y su monto\u201d; en fin. <\/p>\n
7.7. Los cargos segundo, tercero y quinto, en consecuencia, resultan infundados. <\/p>\n
8. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, no casa la sentencia de 9 de marzo de 2016, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil, en el proceso incoado por Impulso y Mercadeo S.A. contra Cencosud S.A., antes Grandes Superficies de Colombia S.A. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y cumplido lo anterior, devu\u00e9lvase el expediente a la oficina de origen. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ. Casaci\u00f3n Civil. Sentencia de 24 de febrero de 2015, expediente 00108. <\/p>\n
2\u0002 CSJ. Civil. Sentencias de 007 de 7 de febrero de 2000, 166 de 24 de noviembre de 2006 y de 22 de abril de 213 (expediente 9188), entre otras. <\/p>\n
3\u0002 CSJ. Sala Civil. Sentencia de 21 de junio de 2016, expediente 00043. <\/p>\n
5\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 25 de abril de 2000 (exp. 5212), citando LXXXVIII-504. <\/p>\n
6\u0002 GARRIGUES, Joaqu\u00edn. Tratado de Derecho Mercantil. Revista de Derecho Mercantil. Madrid 1963. P\u00e1g. 414. <\/p>\n
7\u0002 CSJ. Civil. Sentencia SC4902 de 13 de noviembre de 2019, expediente 00145. <\/p>\n
8\u0002 En lo pertinente, \u201c[e]l icumplimiento de una de las partes relativo a alguna de las prestaciones, conferir\u00e1 derecho a la otra para dar por terminado el contrato, cuando ese incumplimiento le haya ocasionado perjuicios graves y tenga cierta importancia, capaz por s\u00ed solo de mermar la confianza de esa parte en la exactitud de la otra para hacer los suministros sucesivos\u201d. <\/p>\n
9\u0002 Se\u00f1ala la norma que \u201c[s]i no se hubiere estipulado la duraci\u00f3n del suministro, cualquiera de las partes podr\u00e1 dar por terminado el contrato, dando a la otra preaviso en el t\u00e9rmino pactado o en el establecido por la costumbre o, en su defecto, con una anticipaci\u00f3n acorde con la naturaleza del suministro\u201d. <\/p>\n
10\u0002 CSJ. Civil. Sentencia SC5851 de 13 de mayo de 2014, expediente 00299. <\/p>\n
11\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 18 de enero de 2010, radicado 00137. <\/p>\n
12\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 14 diciembre de 2001, expediente 6230. <\/p>\n
13\u0002 CSJ. Civil. Sentencia SC5851 de 13 de mayo de 2014, citada, expediente 00299. <\/p>\n
14\u0002 CSJ. Civil. Sentencia SC4902 de 13 de noviembre de 2019, citada, expediente 00145. <\/p>\n
15\u0002 Tribunal Supremo de Justicia de Espa\u00f1a. Sentencia de 19 de julio de 2016, 502\/2016. <\/p>\n
16\u0002 C\u00e1mara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Sentencia de 1\u00ba de septiembre de 2016. <\/p>\n
17\u0002 Por ejemplo, el de dep\u00f3sito (art\u00edculo 1174), el de hospedaje (canon 1197), el de cuenta corriente mercantil (precepto 1261), el de consignaci\u00f3n (norma 1381), el de cuenta corriente bancaria (regla 1389) y el de cajillas de seguridad (art\u00edculo 1419). <\/p>\n
18\u0002 CSJ. Civil. Sentencia SC5851 de 13 de mayo de 2014, expediente. 00299. <\/p>\n
19\u0002 CSJ. Civil. Cfr. Sentencias de 19 de octubre de 2000, expediente 5442, de 25 de febrero de 2008, radicaci\u00f3n 006835, y de 17 de mayo de 2011, expediente 00345. <\/p>\n
20\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 25 de mayo de 2004, radicado 7127, citando CCLXI-999. <\/p>\n
21\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 3 de junio de 2014, expediente 00218, reiterando sentencia 134 de 27 de junio de 2005 y G. J. Tomos LXXXVIII-596 y CLI-199. <\/p>\n
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SC3675-2021 (2013-00381-01) LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado Ponente SC3675-2021 Radicaci\u00f3n: 11001-31-03-001-2013-00381-01 (Aprobado en Sala virtual de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintiuno (2021) Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Impulso y Mercadeo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56222","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56222","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56222"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56222\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56222"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56222"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56222"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}