SC3678-2021 (2016-00215-01)<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-03-010-2016-00215-01 <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
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SC3678-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-03-010-2016-00215-01 <\/p>\n
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Bogot\u00e1 D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
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Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Mauricio Alfredo Almanza Latorre, frente a la sentencia de 17 de mayo de 2018, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro del proceso verbal que Liane Annette Ilona Duskow Rinc\u00f3n adelant\u00f3 contra el recurrente y Luz Adriana Almanza Latorre. <\/p>\n
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a.-)EL LITIGIO <\/p>\n
1.- La accionante pidi\u00f3 declarar simulado el contrato de cesi\u00f3n de cuotas de inter\u00e9s social contenido en la escritura p\u00fablica n\u00ba 6244 de 4 de octubre de 2006, suscrita en la Notar\u00eda 20 del C\u00edrculo de Bogot\u00e1 D.C., y condenar a los demandados a la p\u00e9rdida de sus derechos patrimoniales, seg\u00fan el art\u00edculo 1824 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Narr\u00f3 que convivi\u00f3 con Mauricio Alfredo Almanza Latorre desde 1999, con quien procre\u00f3 a Ilona Mar\u00eda Almanza Duskow, nacida el 18 de agosto de 2001, y el 5 de agosto de 2003 se casaron, pero en 2005 se separaron de cuerpos por violencia intrafamiliar, por lo que aqu\u00e9l, al creer que pod\u00eda ser demandado en divorcio, firm\u00f3, el 4 de octubre de 2006, la escritura n\u00ba 6244 ante la Notar\u00eda 20 del C\u00edrculo de Bogot\u00e1, en la que -de forma ficticia- dijo cederle a su hermana, Luz Adriana Almanza Latorre, las acciones que ten\u00eda en La Huerta del Oriente Ltda., a fin de ocultarlas de la sociedad conyugal. <\/p>\n
Realizado ese doblez, el 9 de noviembre de 2006, su consorte la demand\u00f3 en cesaci\u00f3n de efectos civiles del connubio y el 26 de marzo de 2007 obtuvo fallo favorable, lo que aprovech\u00f3 para liquidar en ceros la \u00absociedad conyugal\u00bb, actuar por el que fue denunciado ante la fiscal\u00eda por alzamiento de bienes, toda vez que es due\u00f1o del 9% de las acciones de la Huerta del Oriente Ltda., hoy S.A.S., que administra como gerente suplente, y propietario oculto de empresas que operan bajo diversas formas jur\u00eddicas, lo cual prueba c\u00f3mo distrajo los activos de la sociedad conyugal y la afect\u00f3, as\u00ed como a su hija, al privarlas de lo necesario para vivir dignamente, pues se ha lucrado con las ganancias del ente cuya titularidad encubri\u00f3. <\/p>\n
2.- Mauricio Alfredo Almanza Latorre se opuso y aleg\u00f3 \u00ab[c]arencia de legitimaci\u00f3n por activa para demandar\u00bb, \u00ab[c]arencia de legitimaci\u00f3n por pasiva\u00bb, \u00ab[c]arencia de los hechos que han motivado las pretensiones para demandar\u00bb, \u00ab[p]rescripci\u00f3n de la acci\u00f3n\u00bb, \u00ab[a]cumulaci\u00f3n indebida de pretensiones\u00bb y \u00ab[c]osa juzgada\u00bb, objet\u00f3 el juramento estimatario (fls. 145 a 159, cno. 1); plante\u00f3 tambi\u00e9n, como excepci\u00f3n previa, \u00abprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n\u00bb (fls. 1 a 4, cno. 3). <\/p>\n
Luz Adriana Almanza Latorre esboz\u00f3 \u00ab[p]rescripci\u00f3n de la acci\u00f3n\u00bb, \u00ab[s]ujecci\u00f3n a los t\u00e9rminos de la ley y el contrato social respecto de la forma y procedimiento para la cesi\u00f3n de las cuotas sociales\u00bb, \u00ab[c]apacidad econ\u00f3mica para adquirir las cuotas sociales y pago del precio de las mismas\u00bb, \u00ab[p]recio legal correspondiente a las cuotas sociales cedidas conforme al patrimonio de la sociedad para la \u00e9poca de la misma\u00bb y \u00ab[f]alta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva por no tener la demandada la calidad de c\u00f3nyuge de la demandante\u00bb (fls. 215 a 225, cno. 1) y, como excepci\u00f3n previa, expuso \u00abfalta de los requisitos formales por no agotar el requisito de procedibilidad\u00bb, que no prosper\u00f3 (fls. 1 a 3 y 10 a 12, cno. 3.1). <\/p>\n
3.- El Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Bogot\u00e1, en sentencia de 13 de febrero de 2018, declar\u00f3 infundadas las excepciones propuestas por los demandados y simulada, de forma absoluta, la cesi\u00f3n contenida en la escritura n\u00ba 6244 de 4 de octubre de 2006 de la Notar\u00eda 20 de Bogot\u00e1 D.C., por lo que orden\u00f3 cancelarla, as\u00ed como su registro y conden\u00f3 a Mauricio Alfredo Almanza Latorre a perder la porci\u00f3n sobre los gananciales que le correspondieren y a restituir a la sociedad conyugal su porci\u00f3n doblada en el juicio que los interesados podr\u00e1n promover ante los jueces de familia para obtener la liquidaci\u00f3n adicional, as\u00ed como a pagar las costas, junto con la otra convocada, seg\u00fan indic\u00f3 (fls. 370 a 372 cno. 1). <\/p>\n
4.- El ad quem, al desatar la alzada propuesta por los demandados, confirm\u00f3 esa decisi\u00f3n (fls. 10 a 31 cno. 6). <\/p>\n
b.-)FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO <\/p>\n
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No se precis\u00f3 el grado de la alteraci\u00f3n alegada, pero se extrae que es la absoluta, la cual prospera cuando se prueba el negocio fingido, la legitimaci\u00f3n del accionante y la simulaci\u00f3n, como aqu\u00ed sucedi\u00f3. <\/p>\n
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El acto simulado se demuestra con el acta de reuni\u00f3n de socios extraordinaria No. 75 de 30 de agosto de 2006 en la que Mauricio Alfredo Almanza Latorre ofreci\u00f3 las 57.150 cuotas sociales que ten\u00eda en La Huerta de Oriente Ltda., a su hermana y socia Luz Adriana quien dijo compr\u00e1rselas por $57\u2019150.000, lo que se concret\u00f3 en la escritura No. 6244 de 4 de octubre de 2006 de la Notar\u00eda 20 de Bogot\u00e1. <\/p>\n
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Liane Annete Ilona Duskow Rinc\u00f3n, la demandante, fue la esposa del cedente, por lo que tiene inter\u00e9s y legitimaci\u00f3n para develar la realidad contractual a fin de salvaguardar su patrimonio en la sociedad conyugal que con \u00e9l conform\u00f3. <\/p>\n
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Existe libertad para probar la simulaci\u00f3n, pero la jurisprudencia ha identificado diversos indicios que revelan su existencia, como el parentesco, la amistad \u00edntima, la falta de capacidad econ\u00f3mica del adquirente, la retenci\u00f3n de la posesi\u00f3n del bien por el enajenante, el comportamiento de las partes en el litigio, el precio exiguo, estar el vendedor o verse amenazado de cobro de obligaciones vencidas, la disposici\u00f3n del todo o buena parte de los bienes, la carencia de necesidad para disponer de ellos, la forma de pago, la intervenci\u00f3n del adquirente en una operaci\u00f3n simulada anterior, el m\u00f3vil para simular, los intentos de arreglo amistoso, el tiempo sospechoso del negocio, la documentaci\u00f3n y precauciones sospechosas, la no justificaci\u00f3n dada al precio recibido, los cuales, al ser analizados en conjunto, pueden ser determinantes para establecer la seriedad del acto fustigado. <\/p>\n
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No se discute la capacidad econ\u00f3mica de la adquirente para la \u00e9poca del negocio, tampoco la familiaridad entre cedente y cesionaria (hermanos) y aunque ello de por s\u00ed no le resta seriedad al acto, la documental, la testimonial y el peritaje revelan los dem\u00e1s indicios de la simulaci\u00f3n, entre ellos la causa simulandi, el precio exiguo, el tempus, las previsiones del vendedor en orden a continuar con la empresa, la ausencia de movimientos de las cuentas bancarias, el pretium confesus, el preconstitutio y provisio, y la no justificaci\u00f3n dada al precio recibido, elementos que, al ser vistos en conjunto, revelan doblez. <\/p>\n
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Las pruebas que dan cuenta de lo acontecido en el juicio de divorcio permiten evidenciar que la intenci\u00f3n de Mauricio Alfredo Almanza Latorre fue desmejorar su haber patrimonial, antes de instar ese litigio, para as\u00ed poder liquidar en ceros la sociedad conyugal formada con su esposa; adem\u00e1s, hizo la cesi\u00f3n por $57\u2019150.000 porque lo fij\u00f3 a partir del valor nominal de cada acci\u00f3n ordinaria enajenada conforme lo revela la escritura a trav\u00e9s de la cual se instrument\u00f3 esa transferencia, a pesar que su precio extr\u00ednseco, para ese momento era de $564\u2019855.712, lo que constituye un valor irrisorio, sin que sea de recibo el argumento seg\u00fan el cual ese acto se hizo por esa suma dado que en 2005 recibi\u00f3 utilidades acumuladas de $170\u2019686.907 porque si ello fuera as\u00ed no se entiende por qu\u00e9 cedi\u00f3 tales activos por un rubro inferior si le hab\u00edan generado esas ganancias. <\/p>\n
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El tiempo transcurrido entre la cesi\u00f3n y el inicio del divorcio evidencia que aquella fue hecha por Mauricio Alfredo para evitar que su participaci\u00f3n accionaria ingresara a la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal; su permanencia en la compa\u00f1\u00eda tambi\u00e9n es un indicio en contra de la seriedad de ese pacto, pues este confes\u00f3 haberse desvinculado de ese ente en 2011, a pesar que el negocio fue en 2006. Tampoco se demostr\u00f3 el pago de las acciones, ni hay evidencia de la destinaci\u00f3n dada al precio que supuestamente recibi\u00f3, lo cual demuestra la simulaci\u00f3n absoluta, pues los indicios son graves, concordantes y convergentes. <\/p>\n
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Procede la sanci\u00f3n del art\u00edculo 1824 del C\u00f3digo Civil porque Mauricio Alfredo Almanza Latorre fingi\u00f3 dolosamente la cesi\u00f3n de los derechos que ten\u00eda en La Huerta de Oriente Ltda., para sustraer de la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal los gananciales de la porci\u00f3n que a \u00e9l le correspond\u00eda y evitar que su consorte recibiera lo que le pertenec\u00eda, sin que ello sea desvirtuado por el archivo de la investigaci\u00f3n penal, pues la valoraci\u00f3n hecha en esa esfera no deb\u00eda necesariamente coincidir con la efectuada en el terreno de la simulaci\u00f3n. No hay lugar a revisar lo concluido por el a quo respecto de la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n extintiva porque dej\u00f3 de ser cuestionado en la alzada (fls. 10 a 31, cno. 6). <\/p>\n
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DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
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Mauricio Alfredo Almanza Latorre recurri\u00f3 en casaci\u00f3n y plantea tres cargos. El primero por error de hecho; el segundo de derecho y el tercero por la causal quinta, todos seg\u00fan el art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, por lo que ser\u00e1n estudiados con base en la referida compilaci\u00f3n al estar vigente cuando se interpuso la opugnaci\u00f3n (23 de may. 2018). Por razones metodol\u00f3gicas, se abordar\u00e1, en primer lugar, el que plantea vicios in procedendo por su vocaci\u00f3n totalizadora, dado que invoca la nulidad del proceso y sino prospera, se estudiar\u00e1n los que alegan yerros in iudicando, porque el orden l\u00f3gico as\u00ed lo impone. <\/p>\n
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CARGO TERCERO <\/p>\n
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Con base en la causal quinta de casaci\u00f3n, acusa la sentencia de ser nula de pleno derecho al haber sido dictada en un juicio que vulner\u00f3 los art\u00edculos 2, 4, 16, 22, 164, 165, 166, 176, 191 y 196 del C\u00f3digo General del Proceso; 472, 1310, 1766, 1602, 1603 y 1618 del C\u00f3digo Civil; 822, 824, 864 y 871 del C\u00f3digo de Comercio; la Ley 640 de 2001 y el art\u00edculo 8 de la Ley 153 de 1887. <\/p>\n
Dice que hay nulidad por falta de jurisdicci\u00f3n y de competencia funcional y subjetiva, toda vez que el asunto, por su naturaleza y caracter\u00edsticas, correspond\u00eda a los jueces de familia, mas no a los civiles, por lo que, en virtud del principio de improrrogabilidad, deben invalidarse los fallos de instancia y remitir el caso a esa especialidad por ser la encargada de definir qu\u00e9 bienes son de la sociedad conyugal y cu\u00e1les de cada c\u00f3nyuge, as\u00ed como lo atinente a la sanci\u00f3n del art\u00edculo 1824 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
<\/p>\n
La acci\u00f3n decidida en primera y segunda instancia, por su naturaleza, est\u00e1 asignada a los jueces de familia, porque as\u00ed lo establecen los numerales 3\u00ba, 16 y 22 del art\u00edculo 22 del C\u00f3digo General del Proceso, por jurisdicci\u00f3n y competencia; por tanto, las sentencias dictadas en este asunto son nulas de pleno derecho, lo que conlleva a la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 16 ib\u00edd., sobre la prorrogabilidad e improrrogabilidad de la jurisdicci\u00f3n y la competencia. <\/p>\n
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CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Las nulidades procesales son una sanci\u00f3n al acto llevado a cabo sin respetar las garant\u00edas judiciales de los intervinientes en el litigio y se rigen por los principios de taxatividad o especificidad (numerus clausus), trascendencia, protecci\u00f3n, convalidaci\u00f3n, saneamiento, legitimaci\u00f3n, preclusi\u00f3n e interpretaci\u00f3n restrictiva. <\/p>\n
<\/p>\n
Al respecto, en CSJ SC 20 may. 2002, rad. 6256, se record\u00f3 que \u00ab(\u2026) no responden a un concepto netamente formalista, sino que revestidas como est\u00e1n de un car\u00e1cter preponderantemente preventivo para evitar tr\u00e1mites inocuos, son gobernadas por principios b\u00e1sicos, entre ellos el de especificidad, trascendencia, protecci\u00f3n y convalidaci\u00f3n\u00bb, axiomas que sirven de norte para la invocaci\u00f3n y estudio de las causales de invalidaci\u00f3n procesal tipificadas en la ley. <\/p>\n
<\/p>\n
Al efecto, en CSJ SC5052-2019, en un litigio decidido, igual que el anterior, a la luz del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero que viene al caso citar, se precis\u00f3 que: <\/p>\n
<\/p>\n
(\u2026) la nulidad, en el \u00e1mbito procesal, pasa a ser la sanci\u00f3n que la ley impone a un acto jur\u00eddico para privarlo de efectos por el alejamiento que presenta en relaci\u00f3n con el conjunto de formas preestablecidas en la ley procesal, con lo cual se excluye toda connotaci\u00f3n sustancial, como es obvio. Ese apartamiento de las formas no puede abarcar todo tipo de irregularidades, en una suerte de prurito ritualista, ya superado. Se trata de una desviaci\u00f3n grave (principio de trascendencia) que el legislador colombiano ha precisado, mediante causales espec\u00edficas de aplicaci\u00f3n restrictiva y taxativas, acogiendo al respecto la orientaci\u00f3n de la Francia revolucionaria, con su conocido apego a la ley, que difundi\u00f3 aquello de que no hay nulidad sin ley que la establezca (principio de la especificidad). Esas causales de invalidaci\u00f3n est\u00e1n referidas al proceso, en todo o en parte, como lo establece el encabezado del art\u00edculo 140 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
<\/p>\n
1.1.- El C\u00f3digo General del Proceso contiene un cat\u00e1logo de nulidades en el art\u00edculo 133 y otras tantas diseminadas en diversos preceptos (arts. 14, 16, 36, 38, 40 in fine, 107, 121, 164) siendo insubsanables las de \u00abproceder contra providencia ejecutoriada del superior, revivir un proceso legalmente concluido, pretermitir \u00edntegramente la instancia\u00bb (par\u00e1grafo art. 136 ib\u00edd.), as\u00ed como \u00abla falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia funcional o subjetiva\u00bb que afecta lo actuado despu\u00e9s de ser declaradas, excepto que antes se hubiera proferido sentencia, la que, en tal caso, ser\u00e1 nula (art. 16 ejusdem). <\/p>\n
<\/p>\n
Las dem\u00e1s vicisitudes se entienden superadas si no se alegan a tiempo, es decir, con la primera actuaci\u00f3n del afectado, que es el \u00fanico habilitado para proponerlas, con la advertencia de que si constituyen excepci\u00f3n previa deber\u00e1n ser invocadas por esa v\u00eda, so pena de no poderse plantear despu\u00e9s porque el art\u00edculo 102 ejusdem, lo impide. <\/p>\n
<\/p>\n
Uno de los motivos de nulidad procesal es el previsto en el art\u00edculo 133 ib\u00eddem, seg\u00fan el cual \u00ab[e]l proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos: 1. Cuando el juez act\u00fae en el proceso despu\u00e9s de declarar la falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia\u00bb, causal que debe ser abordada en coherencia con el art\u00edculo 16 ejusdem, seg\u00fan el cual: <\/p>\n
<\/p>\n
[l]a falta de jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo. <\/p>\n
<\/p>\n
La falta de competencia por factores distintos del subjetivo o funcional es prorrogable cuando no se reclame en tiempo, y el juez seguir\u00e1 conociendo del proceso. Cuando se alegue oportunamente lo actuado conservar\u00e1 validez y el proceso se remitir\u00e1 al juez competente. <\/p>\n
<\/p>\n
1.2.- La jurisdicci\u00f3n es la potestad que tiene el Estado para administrar justicia en todo el territorio nacional, por ende, es abstracta, absoluta e irrenunciable. La Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 la fraccion\u00f3 en ordinaria (art. 234), contenciosa administrativa (art. 236), constitucional (art. 239), penal militar (221) y otras especiales, como lo son la ind\u00edgena (art. 246) y los jueces de paz (art. 247). <\/p>\n
<\/p>\n
La competencia, en cambio, es la medida en que la jurisdicci\u00f3n se divide entre las diversas autoridades judiciales, de ah\u00ed que sea espec\u00edfica, relativa y se determine a partir de diversos factores en virtud de los cuales se asigna a cada estrado la potestad de resolver algunas de las controversias que arriban a la jurisdicci\u00f3n respectiva, seg\u00fan se memor\u00f3 en CSJ SC 12 feb. 2002, rad. 6762: <\/p>\n
<\/p>\n
La competencia de los juzgadores se determina, seg\u00fan la ley y la doctrina, por una serie de factores a saber: a) objetivo; b) subjetivo; c) territorial; d) de conexi\u00f3n; y e) funcional. El primero, tiene que ver con la naturaleza del asunto; el segundo, con la calidad de las partes que intervienen en el proceso; el tercero, con el lugar donde debe ventilarse el litigio; el cuarto, con la acumulaci\u00f3n de pretensiones; y el quinto, con la clase especial de funciones que ejerce el juzgador en los procesos. <\/p>\n
<\/p>\n
Es innegable, entonces, que en el actual r\u00e9gimen procesal civil, en principio, la falta de jurisdicci\u00f3n y de competencia constituyen causal de nulidad procesal (art. 133 n\u00fam 1\u00ba ib\u00eddem. Empero, su \u00e1mbito es restrictivo dado que s\u00f3lo se ve afectado lo actuado despu\u00e9s de haber sido reconocida cualquiera de esas situaciones, pues lo anterior conserva validez, excepto que se haya dictado sentencia porque esta ser\u00e1 nula (arts.16 y 138 \u00edbidem). <\/p>\n
<\/p>\n
No obstante, la jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables (art. 16 C.G.P.), de ah\u00ed que generen nulidad insubsanable, susceptible de ser alegada en cualquier fase del juicio y declarable de oficio. En los dem\u00e1s casos, es decir, la falta de atribuci\u00f3n por los factores objetivo, territorial o de conexidad es prorrogable (art. 16 in fine), por lo que el afectado debe invocarla como excepci\u00f3n previa (art. 100, n\u00fam. 1\u00ba \u00eddem), so pena de que el vicio quede saneado y, en lo sucesivo, no quepa ning\u00fan reclamo al respecto (arts. 16 in fine, 102, 135 inc. 2\u00ba y 136, n\u00fam. 1 ib\u00edd.). <\/p>\n
<\/p>\n
2.- La causal de casaci\u00f3n que por nulidad prev\u00e9 el numeral quinto del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso exige que se haya dictado sentencia en un juicio viciado de nulidad y que, si es superable, no haya sido saneada ni convalidada por quien estaba legitimado para alegarla (art. 136 n\u00fams. 1\u00ba y 2\u00ba C.G.P.). <\/p>\n
<\/p>\n
Fue por eso que en CSJ SC10302-2017, se precis\u00f3 que: <\/p>\n
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\u00ab(…) la procedencia de la causal 5\u00aa de casaci\u00f3n, por haberse incurrido en alguno de los vicios invalidantes consagrados en el [art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso], supone las siguientes condiciones: a) que las irregularidades aducidas como constitutivas de nulidad general existan realmente; b) que adem\u00e1s de corresponder a realidades procesales comprobables, esas irregularidades est\u00e9n contempladas taxativamente dentro de las causales de nulidad adjetiva que enumera el referido art\u00edculo [133]; y por \u00faltimo, c) que concurriendo los dos presupuestos anteriores y si son saneables, respecto de las nulidades as\u00ed en principio caracterizadas no aparezca que fueron convalidadas por el asentimiento expreso o t\u00e1cito de la persona legitimada para hacerlas valer\u00bb (CSJ SC, 5 dic. 2008, rad. 1999-02197-01; reiterada en CSJ SC 20 ago. 2013, rad. 2003-00716-01). <\/p>\n
<\/p>\n
3.- Aduce el recurrente que se incurri\u00f3 en causal de nulidad por falta de jurisdicci\u00f3n y de competencia funcional y subjetiva, ya que el asunto, en raz\u00f3n a su naturaleza, debi\u00f3 ser conocido por la especialidad de familia y no civil. <\/p>\n
<\/p>\n
Fracasa la acusaci\u00f3n porque el pleito fue asumido por una jurisdicci\u00f3n que correspond\u00eda, ya que los jueces civiles y de familia hacen parte de la ordinaria. Precisamente, en CSJ SC4422-2020, se destac\u00f3 que: <\/p>\n
<\/p>\n
En los t\u00e9rminos del art\u00edculo 234 de la Carta Magna, la Corte Suprema de Justicia es el m\u00e1ximo tribunal de la \u00abjurisdicci\u00f3n ordinaria\u00bb. Y se suman, seg\u00fan el art\u00edculo 11 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administraci\u00f3n de Justicia, los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y los \u00abjuzgados civiles, laborales, penales, penales para adolescentes, de familia, de ejecuci\u00f3n de penas, de peque\u00f1as causas y de competencia m\u00faltiple, y los dem\u00e1s especializados y promiscuos que se creen conforme a la ley\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
(\u2026) Por esto, los conflictos de atribuciones que surgen o se suscitan al interior de las autoridades judiciales que la integran no pueden catalogarse de jurisdiccionales. En sentir de esta Corporaci\u00f3n, \u00abse reputan como de competencia\u00bb1. <\/p>\n
<\/p>\n
Ahora, como la carencia de atribuci\u00f3n que el censor le endilga a la justicia civil se sustenta en que, por la materia, la controversia debi\u00f3 ser conocida por los jueces de familia, eso significa que, de ser ello cierto, la falta de competencia se habr\u00eda presentado por el factor objetivo en raz\u00f3n a la naturaleza del conflicto, y no por el funcional, que est\u00e1 referido a los grados jurisdiccionales de que es pasible un asunto (\u00fanica, primera y segunda instancia), ni por el subjetivo, atinente a la calidad de ciertos sujetos procesales, por ejemplo, los Estados Extranjeros o los agentes diplom\u00e1ticos acreditados ante el Gobierno de la Rep\u00fablica. <\/p>\n
Por tanto, si hubiera existido la falta de atribuci\u00f3n planteada, esta se habr\u00eda prorrogado al estar referida, por la materia, al factor objetivo (art.16 in fine), de ah\u00ed que la causal de nulidad que en ella ve el censor debi\u00f3 ser alegada como excepci\u00f3n previa (n\u00fam. 1\u00ba art. 100 ib\u00edd.), lo que no aconteci\u00f3, por lo que se entiende que tal vicisitud, de haberse dado, se sane\u00f3 en los t\u00e9rminos del numeral primero del art\u00edculo 136 ejusdem, que as\u00ed lo establece \u00ab[c]uando la parte que pod\u00eda alegarla no lo hizo oportunamente o actu\u00f3 sin proponerla\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
Ello en armon\u00eda con los art\u00edculos 102 ib\u00eddem, seg\u00fan el cual \u00ab[l]os hechos que configuran excepciones previas no podr\u00e1n ser alegados como causal de nulidad por el demandante, ni por el demandado que tuvo oportunidad de proponer dichas excepciones\u00bb y con el 135 \u00eddem, a cuyo tenor \u00ab[n]o podr\u00e1 alegar la nulidad quien haya dado lugar al hecho que la origina, ni quien omiti\u00f3 alegarla como excepci\u00f3n previa si tuvo oportunidad para hacerlo, ni quien despu\u00e9s de ocurrida la causal haya actuado en el proceso sin proponerla\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
En resumen, no hay v\u00ednculo alguno entre la causal de nulidad por falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia funcional o subjetiva y el reproche esgrimido por el casacionista, que viene fundado en falta de atribuci\u00f3n por el factor objetivo dentro de una misma jurisdicci\u00f3n; cuesti\u00f3n que, al no haber sido invocada en la fase respectiva, como excepci\u00f3n previa, es imposible plantear en sede casacional, sobre todo porque el art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso recalca que \u00ab[l]a falta de competencia por factores distintos del subjetivo o funcional es prorrogable cuando no se reclame en tiempo, y el juez seguir\u00e1 conociendo del proceso. Cuando se alegue oportunamente lo actuado conservar\u00e1 validez y el proceso se remitir\u00e1 al juez competente\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
4.- En ese contexto, el ataque no progresa. <\/p>\n
<\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
<\/p>\n
Alega el quebranto indirecto de los art\u00edculos 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; 16, 22, 164, 165, 166, 176, 191 y 196 del C\u00f3digo General del Proceso; 472, 1310, 1766, 1602, 1603 y 1618 del C\u00f3digo Civil; 822, 824, 864 y 871 del C\u00f3digo de Comercio; Ley 640 de 2001 y art\u00edculo 8 de la Ley 153 de 1887, por errores de hecho en la valoraci\u00f3n de la demanda, su contestaci\u00f3n, la declaraci\u00f3n de parte y la documental, ya que el juzgador: <\/p>\n
<\/p>\n
1.- Tergivers\u00f3 el contenido de las pruebas allegadas con la demanda y su contestaci\u00f3n al admitir, sin estar probado, que Mauricio Alfredo Almansa Latorre hizo la cesi\u00f3n porque tem\u00eda ser demandado por su c\u00f3nyuge en divorcio con estribo en que as\u00ed se plante\u00f3 en el hecho primero del libelo, as\u00ed como que ese proceso fue contencioso porque hubo reconvenci\u00f3n, lo que es contraevidente porque tales piezas demuestran no solo que la cesi\u00f3n fue real, sino que la contrademanda fue desistida y que el v\u00ednculo nupcial se disolvi\u00f3 de com\u00fan acuerdo ante el Juzgado 19 de Familia de Bogot\u00e1, ante quien se liquid\u00f3 la sociedad conyugal, sin que Liane Annette, que tuvo todas las garant\u00edas, hubiera tratado de incluir las acciones que ahora reclama, lo que conllev\u00f3 a que la partici\u00f3n se aprobara seg\u00fan lo inventariado por su consorte, al as\u00ed disponerlo los art\u00edculos 472 y 1310 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
<\/p>\n
Ese yerro, seg\u00fan dice, se present\u00f3 sobre las piezas probatorias que a continuaci\u00f3n enuncia, as\u00ed: <\/p>\n
<\/p>\n
– Los documentos y actuaciones surtidas en el juicio de divorcio, espec\u00edficamente la sentencia de 26 de marzo de 2007 que disolvi\u00f3 el matrimonio, el auto de 26 de abril de 2007 que orden\u00f3 tramitar la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal, la forma en que se hicieron las publicaciones a los acreedores, los inventarios y aval\u00faos, el traslado que de ellos se surti\u00f3 en auto de 23 de julio de 2007, la ausencia de objeciones, la inasistencia del abogado de Liane Annette a la audiencia respectiva, la aprobaci\u00f3n de los inventarios y aval\u00faos, el auto de 28 de agosto de 2007 que orden\u00f3 hacer la partici\u00f3n, el trabajo allegado por el demandante en esa causa y la sentencia de 11 de octubre de 2007 que lo aprob\u00f3. <\/p>\n
<\/p>\n
– La copia de la escritura n\u00ba 6244 de 4 de octubre de 2006 para decir que demostr\u00f3 la cesi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
– La escritura n\u00ba 016115 de 4 de diciembre de 1981 con la cual se prob\u00f3 que la Huerta del Oriente Ltda., fue constituida por los progenitores de Mauricio Alfredo en 1982. <\/p>\n
<\/p>\n
– El certificado de c\u00e1mara de comercio que corrobora su existencia y representaci\u00f3n legal y que las acciones fueron adquiridas 26 a\u00f1os antes del matrimonio. <\/p>\n
<\/p>\n
– El recibo de caja n\u00ba RS-70438 de 5 de agosto de 2016 que acredita que Mauricio Alfredo Almanza Latorre pag\u00f3 las obligaciones derivadas de la sentencia de divorcio, as\u00ed como los alimentos y los estudios de su hija. <\/p>\n
<\/p>\n
-La Resoluci\u00f3n de la Fiscal\u00eda 169 Seccional con referencia 2007-02786 que orden\u00f3 el archivo de la denuncia entablada por la accionante frente a su ex esposo por estafa, alzamiento de bienes y fraude procesal, al haber establecido que este no incurri\u00f3 en ninguna de las conductas punibles que le fueron atribuidas, ni cometi\u00f3 fraude a la sociedad conyugal, sino que obr\u00f3 seg\u00fan la Ley 28 de 1932, luego la cesi\u00f3n fue real y conocida por la actora. <\/p>\n
<\/p>\n
-El certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la sociedad Optuca Ltda., la copia de las actas n\u00ba 10, 11, 121, 13 y 14 de esa sociedad, que demuestran la calidad de Luz Adriana Almanza Latorre, las utilidades que report\u00f3 en esos a\u00f1os y su capacidad econ\u00f3mica para adquirir las cuotas que le cedi\u00f3 su hermano, y el balance general de la sociedad Huerta del Oriente Ltda., de 30 de marzo de 2006 y el acta de asamblea general de socios de 2006. <\/p>\n
Esos elementos, seg\u00fan expone, demuestran que su consorte tuvo todas las garant\u00edas procesales para incluir en los inventarios, y su subsecuente partici\u00f3n, las acciones contenidas en la escritura n\u00ba 6244 de 4 de octubre de 2006, mediante la cual se hizo la cesi\u00f3n, lo que da cuenta que ese acto no tuvo visos de distracci\u00f3n, fraude u ocultamiento de los bienes de la sociedad conyugal. <\/p>\n
<\/p>\n
2.- Omiti\u00f3 las pruebas que desvirt\u00faan los indicios que hall\u00f3 probados para justificar la declaratoria de simulaci\u00f3n del negocio cuestionado. <\/p>\n
<\/p>\n
Ello porque estableci\u00f3 el precio exiguo a trav\u00e9s de un peritaje que debi\u00f3 haber excluido por falta de publicidad y de contradicci\u00f3n y omiti\u00f3 el valor declarado en la cl\u00e1usula segunda de la escritura n\u00ba 6244 de 4 de octubre de 2006 que fue de $57\u2019150.000, a pesar de ser cierto porque cada acci\u00f3n se negoci\u00f3 por $1.000, lo que desvirt\u00faa el indicio que construy\u00f3 al respecto, m\u00e1xime cuando a cada acci\u00f3n se le dio el valor nominal, lo que no vio porque omiti\u00f3 el balance general de la sociedad a diciembre de 2005 y 2006, as\u00ed como el acta de asamblea general de 30 de marzo de 2006. <\/p>\n
<\/p>\n
El indicio sobre las previsiones del cedente qued\u00f3 desvirtuado con la escritura que contiene la cesi\u00f3n y el certificado de existencia y representaci\u00f3n de la Huerta del Oriente Ltda., que demuestran c\u00f3mo despu\u00e9s de ese acto, Mauricio Alfredo no fungi\u00f3 como socio de ese ente, ni recibi\u00f3 dividendos y que solo labor\u00f3 como gerente hasta 2011, porque la junta directiva ten\u00eda potestad para designarlo. <\/p>\n
La falta de movimientos bancarios carec\u00eda de trascendencia porque el precio fue pagado en efectivo, seg\u00fan se declar\u00f3 en la escritura n\u00ba 6244, lo que desvirt\u00faa la confesi\u00f3n que hizo Mauricio Alfredo cuando fue interrogado respecto a la forma en que recibi\u00f3 tal valor, adem\u00e1s porque para ese momento hab\u00edan transcurrido nueve (9) a\u00f1os desde que hizo el negocio, lo que explica su contradicci\u00f3n. <\/p>\n
3.- Pas\u00f3 por alto que la atribuci\u00f3n para definir si los bienes en discusi\u00f3n son del demandado o de la sociedad conyugal la tiene la jurisdicci\u00f3n de familia, seg\u00fan los numerales 3\u00ba, 16 y 22 del art\u00edculo 22 del C\u00f3digo General del Proceso, igual que lo atinente a la sanci\u00f3n del art\u00edculo 1824 del C\u00f3digo Civil e inadvirti\u00f3 que la gestora omiti\u00f3 incluirlos en la liquidaci\u00f3n, aunque tuvo las garant\u00edas para hacerlo. <\/p>\n
<\/p>\n
4.- No valor\u00f3 en conjunto las pruebas del divorcio, la escritura No. 6244 de 4 de octubre de 2006 que contiene la cesi\u00f3n, la No. 016115 de 4 de diciembre de 1981 de constituci\u00f3n de La Huerta del Oriente Ltda., su certificado de C\u00e1mara de Comercio, el recibo de caja No. RS-70438 de 5 de agosto de 2016 que acredita el pago de las obligaciones derivadas del divorcio (los alimentos y estudio de la hija de la ex pareja), la resoluci\u00f3n de la Fiscal\u00eda 169 con referencia 2007-02786 que archiv\u00f3 el proceso el 26 de agosto de 2015 al advertir que no existen los delitos atribuidos a Mauricio Alfredo, el certificado de existencia y representaci\u00f3n de Optuca Ltda., la copia de las actas Nos. 10,11, 12, 13 y 14 de esta compa\u00f1\u00eda que prueban la calidad que ocupaba en ella Luz Adriana Almanza Latorre, las utilidades que report\u00f3 y su capacidad econ\u00f3mica para adquirir las cuotas que su hermano le cedi\u00f3, el balance general de La Huerta del Oriente Ltda., y el acta de asamblea general de 30 de marzo de 2006. <\/p>\n
<\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1.- A partir del art\u00edculo 1766 del C\u00f3digo Civil, la jurisprudencia ha desarrollado la teor\u00eda de la simulaci\u00f3n de los negocios jur\u00eddicos y establecido que se presenta cuando hay discordancia entre lo pactado por los contratantes y lo revelado al p\u00fablico, haci\u00e9ndose necesario desterrar del ordenamiento el acto fingido para que, en su lugar, prevalezca el real, al ser el que, en verdad, est\u00e1 llamado a producir efectos frente a las partes y respecto de los terceros que se hallan a su alrededor. <\/p>\n
<\/p>\n
Sobre el punto, la mencionada norma dispone que: <\/p>\n
<\/p>\n
[l]as escrituras privadas, hechas por los contratantes para alterar lo pactado en escritura p\u00fablica, no producir\u00e1n efecto contra terceros (\u2026) Tampoco lo producir\u00e1n las contraescrituras p\u00fablicas, cuando no se ha tomado raz\u00f3n de su contenido al margen de la escritura matriz, cuyas disposiciones se alteran en la contraescritura, y del traslado en cuya virtud ha obrado el tercero. <\/p>\n
<\/p>\n
Cuando los contratantes no quieren celebrar ning\u00fan negocio jur\u00eddico el fingimiento se ubica en el terreno de la simulaci\u00f3n absoluta porque acto no hay, tanto que al correr el velo que cubre la fachada no se ve m\u00e1s que la nada porque las partes ning\u00fan acto jur\u00eddico celebraron realmente. <\/p>\n
<\/p>\n
Empero, puede suceder que contratar s\u00ed quer\u00edan, solo que buscaron la forma de ocultar el acuerdo real y lo encubrieron bajo el ropaje de otro que dieron a conocer al p\u00fablico, evento en el que la simulaci\u00f3n es relativa porque negocio s\u00ed hubo solo que su nomenclatura jur\u00eddica es opuesta al revelado, en cuyo caso se afecta \u00abla naturaleza de la operaci\u00f3n2\u00bb. Por ejemplo, quer\u00edan donar e hicieron ver una compraventa. Puede ocurrir, asimismo, que el acto publicitado sea cierto, pero haya sido realizado a trav\u00e9s de un testaferro u hombre de paja, \u00abque es un contratante fingido\u00bb3, contexto en el que doblez ser\u00e1 por interpuesta persona. <\/p>\n
<\/p>\n
En cualquiera de esas situaciones los art\u00edfices disfrazan -total o parcialmente- la realidad exterior al vincularse contractualmente. Por eso, cuando ese contraste, entre la voluntad interna y su manifestaci\u00f3n externa, es descubierto entra en escena la simulaci\u00f3n como sanci\u00f3n al negocio jur\u00eddico para despojarlo del falso ropaje con el que fue cubierto y hacer prevalecer la realidad material, bien declar\u00e1ndolo inexistente, si fue que los autores nunca tuvieron intenci\u00f3n de crearlo, ora haciendo ver su verdadera naturaleza jur\u00eddica o poniendo en evidencia a quienes realmente lo concertaron. <\/p>\n
<\/p>\n
Al respecto, en CSJ SC3598-2020, se enfatiz\u00f3 que: <\/p>\n
<\/p>\n
La simulaci\u00f3n, en la esfera de los contratos, supone que los extremos de un negocio jur\u00eddico bilateral (o plurilateral), concertadamente, hagan una declaraci\u00f3n de voluntad fingida, con el prop\u00f3sito de mostrarla frente a otros como su verdadera intenci\u00f3n. Esa discordancia entre la voluntad y su exteriorizaci\u00f3n implica que, para los contratantes \u2013sabedores de la farsa\u2013 la declaraci\u00f3n (i) no est\u00e1 orientada a producir efectos reales (simulaci\u00f3n absoluta), o (ii) simplemente disfraza un acuerdo subyacente con el ropaje de una tipolog\u00eda o configuraci\u00f3n negocial distinta (simulaci\u00f3n relativa). <\/p>\n
<\/p>\n
Para que la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n triunfe se debe derruir la buena fe sobre la que est\u00e9 guarnecido el acto cuestionado, de modo tal que salga a la luz la diferencia entre el querer de los simuladores y su declaraci\u00f3n p\u00fablica, as\u00ed como la intenci\u00f3n (animus simulandi) que los movi\u00f3 a realizar tal alteraci\u00f3n, pues de lo contrario deber\u00e1 tenerse como real el acto dado a conocer por m\u00e1s dudas que genere, ya que, en tal caso, las presunciones de legalidad y de certeza que lo acompa\u00f1an se mantendr\u00e1n enhiestas. <\/p>\n
El legislador previ\u00f3 libertad probatoria para acreditar la simulaci\u00f3n, pudiendo ser demostrada por cualquiera de los medios previstos en el art\u00edculo 165 ejusdem, es decir, \u00abla declaraci\u00f3n de parte, la confesi\u00f3n, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspecci\u00f3n judicial, los documentos, los indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean \u00fatiles para la formaci\u00f3n del convencimiento del juez\u00bb. Sin embargo, la Corte ha visto en los indicios el elemento m\u00e1s socorrido para desenmascarar el ardid, ya que los autores suelen obrar con gran cautela y evitan dejar vestigios del concierto orquestado al realizar la comedia. <\/p>\n
<\/p>\n
Sobre el particular, en CSJ SC131-2018, se precis\u00f3: <\/p>\n
<\/p>\n
El saludable principio de la libertad probatoria en lo tocante con la simulaci\u00f3n tiene su raz\u00f3n de ser y justificaci\u00f3n en que generalmente los simulantes asumen una conducta sigilosa en su celebraci\u00f3n, puesto que toman previsiones para no dejar huella de su fingimiento y, por el contrario, en el recorrido de tal prop\u00f3sito, procuran revestirlo de ciertos hechos que exteriorizan una aparente realidad. Porque como en la concertaci\u00f3n de un acto simulado generalmente las partes persiguen soslayar la ley o los derechos de terceros, los simulantes preparan el terreno y conciben urdirlo dentro del marco de la m\u00e1s severa cautela, sin dejar trazas de su insinceridad. De suerte que ense\u00f1orea, para tal efecto, la astucia, el ardid, la conducta ma\u00f1osa y soterrada. \u00ab4. Es entonces explicable que desde anta\u00f1o, la doctrina haya expresado que \u2018el que celebra un acto simulado rehuye el rastro que lo denuncie; extrema la apariencia enga\u00f1osa, elude la prueba que lo descubra y lo rodea con todas las precauciones que su cautela y c\u00e1lculo le sugieran\u2019. (CSJ SC de 14 jul. 1975. <\/p>\n
<\/p>\n
La jurisprudencia, prolija en el desarrollo del fen\u00f3meno de la simulaci\u00f3n de los negocios jur\u00eddicos, ha establecido algunas conductas de las que pueden extraerse inferencias l\u00f3gicas que, en cuanto sean graves, concordantes y convergentes, sirven para extraer el infundio. Entre ellas, seg\u00fan se destac\u00f3 en CSJ SC16608-2015, reiterada en SC3452-2019, est\u00e1n: <\/p>\n
<\/p>\n
(\u2026) la causa o motivo para simular – falta de necesidad de enajenar o gravar \u2013 venta de todo el patrimonio o de lo mejor \u2013 relaciones parentales, amistosas o de dependencia \u2013 falta de medios econ\u00f3micos del adquirente \u2013 ausencia de movimientos en las cuentas corrientes bancarias \u2013 precio bajo \u2013 precio no entregado de presente \u2013 precio diferido o a plazos \u2013 no justificaci\u00f3n del destino dado al precio \u2013 persistencia del enajenante en la posesi\u00f3n \u2013 tiempo sospechoso del negocio \u2013 ocultaci\u00f3n del negocio \u2013 falsificaciones, captaciones de voluntad, otras maniobras torticeras \u2013 documentaci\u00f3n sospechosa \u2013 precauciones sospechosas \u2013 falta de equivalencia en el juego de prestaciones y contraprestaciones \u2013 dejadez \u2013 pasividad del c\u00f3mplice \u2013 intervenci\u00f3n preponderante del simulador \u2013 falta de contradocumento \u2013 intentos de arreglo amistoso \u2013 conducta procesal de las partes\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
Sobre la primac\u00eda de la prueba indiciaria para la demostraci\u00f3n de la simulaci\u00f3n, el tratadista Federico de Castro y Bravo anota que, en tales casos, <\/p>\n
<\/p>\n
(\u2026) la atenci\u00f3n se centra en el aspecto de m\u00e1s inter\u00e9s para la pr\u00e1ctica, el de la prueba; pues nada resulta m\u00e1s dif\u00edcil de probar que la simulaci\u00f3n, en la que todo se ha preparado para la ocultaci\u00f3n, borrando las huellas de la existencia y creando apariencias enga\u00f1osas, confeccionadas por especialistas en tales artificios. Para superar, en lo posible, estas dificultades, los autores se las ingenian para determinar presunciones, indicios y probabilidades de simulaci\u00f3n; conjeturas que se ordenan as\u00ed: \u201cpro personarum, rerum, causarum et temporus varietate\u201d. Presunciones e indicios que siguen hoy teni\u00e9ndose en cuenta por los jueces, para romper las falsas apariencias4. <\/p>\n
<\/p>\n
2.- El censor enfil\u00f3 el ataque por error de hecho, pero involucr\u00f3 aspectos relacionados con el de derecho cuando adujo que el juzgador valor\u00f3 el dictamen pericial decretado de oficio a pesar de no haber sido sometido a contradicci\u00f3n y que dej\u00f3 de apreciar las pruebas en conjunto, por lo que la Sala se ocupar\u00e1 de estos \u00faltimos dos reparos al resolver el segundo embate propuesto por error de iure. <\/p>\n
<\/p>\n
Ahora bien, aunque anunci\u00f3 que el error de facto se dio porque el tribunal se equivoc\u00f3 en la apreciaci\u00f3n de los hechos de la demanda, su contestaci\u00f3n y las pruebas allegadas por las partes en el umbral del litigio, ya en el desarrollo del cargo se limit\u00f3 a censurar la valoraci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n incorporados por los contendores en el escrito de postulaci\u00f3n y su respuesta, siendo esa, entonces, la \u00fanica cr\u00edtica que abordar\u00e1 la Sala. Los otros temas, anunciados al inicio del embate, pero no incluidos en su sustentaci\u00f3n, se hallan al margen de esta decisi\u00f3n, en virtud del principio dispositivo que gobierna el recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
2.1.- Alega el recurrente que el ad quem tergivers\u00f3 las pruebas aportadas con la demanda y su contestaci\u00f3n al haber colegido que el proceso de divorcio fue contencioso y que en \u00e9l hubo reconvenci\u00f3n, a pesar que ese pleito se resolvi\u00f3 mediante conciliaci\u00f3n aprobada por el Juzgado Diecinueve de Familia de Bogot\u00e1, tanto as\u00ed que a continuaci\u00f3n, y de consuno, las partes liquidaron la sociedad conyugal. <\/p>\n
<\/p>\n
Sobre ese puntual aspecto, el tribunal extrajo lo siguiente: <\/p>\n
<\/p>\n
Al respecto cabe anotar que obra copia de algunas piezas del expediente de divorcio promovido por Mauricio Alfredo contra Liane Annette Ilona ante el Juzgado 19 de Familia de Bogot\u00e1, en el que tambi\u00e9n fue admitida la reconvenci\u00f3n que esta \u00faltima formul\u00f3, se accedi\u00f3 al embargo de las aludidas 57.150 acciones del precitado, con resultados negativos porque la C\u00e1mara de Comercio inform\u00f3 que aqu\u00e9l hab\u00eda dejado de ser titular de esos derechos (fl.251, cdno. 1), lo que descarta la tesis de los apelantes en cuanto a que la demandante debi\u00f3 rogar en la especialidad de familia a pedir la simulaci\u00f3n, pero adem\u00e1s pedir una partici\u00f3n adicional, tanto m\u00e1s cuando ninguna excepci\u00f3n previa se formul\u00f3 en este asunto para rehusar la competencia de los jueces civiles, en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 10-numeral 1\u00ba- 102 y 133 -numeral del CGP; igualmente, se tiene que el 26 de marzo de 2007 las partes conciliaron en cuanto a la cesaci\u00f3n de los efectos civiles del matrimonio cat\u00f3lico y el 11 de octubre siguiente, fue aprobado el trabajo de partici\u00f3n que en cero pesos present\u00f3 el apoderado de Mauricio Alfredo (fl.10 y 11, cdno. 1). <\/p>\n
<\/p>\n
Entonces, como las copias del pleito de divorcio, allegadas por las partes a este litigio, acreditan que Liane Annette Ilona Duskow Rinc\u00f3n contrademand\u00f3 a su consorte y que tal postulaci\u00f3n fue admitida a tr\u00e1mite, conforme lo advirti\u00f3 el tribunal, ello descarta la pifia que a este se le atribuye por haber deducido que en ese proceso hubo confrontaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
Adem\u00e1s, esa comprensi\u00f3n del fallador no se desvirt\u00faa por el hecho de que, durante el curso de la contienda, las partes hayan conciliado sus diferencias en torno al v\u00ednculo nupcial que los un\u00eda y liquidado la sociedad conyugal que ten\u00edan constituida, al tratarse de hechos sobrevinientes al momento en que se trab\u00f3 el litigio en esa causa, de ah\u00ed la sinraz\u00f3n del recurrente cuando aduce que el ad quem torci\u00f3 el contenido de la prueba documental con la cual se acredit\u00f3 lo sucedido en el pleito de divorcio. <\/p>\n
<\/p>\n
Ello es as\u00ed porque esas piezas prueban lo atinente a la reconvenci\u00f3n que Liane Annette entabl\u00f3 frente a su c\u00f3nyuge, as\u00ed como la intenci\u00f3n que aquella tuvo de embargar las acciones que aquel ten\u00eda en la Huerta del Oriente Ltda., sin haberlo logrado porque cuando se comunic\u00f3 la medida cautelar esos derechos ya hab\u00edan sido transferidos por Mauricio Alfredo a favor de un tercero, que result\u00f3 ser su hermana Luz Adriana, lo que deja sin piso la acusaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2.- Afirma el opugnante que el tribunal deb\u00eda inferir que la cesi\u00f3n fue real y no ficticia, comoquiera que el divorcio termin\u00f3 de com\u00fan acuerdo entre las partes. <\/p>\n
<\/p>\n
Sin embargo, esa cr\u00edtica carece de asidero porque la manera en que las partes zanjaron sus diferencias en el juicio de divorcio no descartaba la simulaci\u00f3n, sobre todo porque en ese entorno litigioso nada se debati\u00f3 respecto a la existencia de la cesi\u00f3n, ni ello pod\u00eda haber sido discutido all\u00ed, ya que los supuestos f\u00e1cticos, probatorios y jur\u00eddicos susceptibles de ser abordados, confrontados y resueltos en los cert\u00e1menes de cesaci\u00f3n de efectos civiles, son, por naturaleza, diferentes a los que pueden ser esbozados en la de prevalencia, lo que se explica sin dificultad al tratarse de acciones jur\u00eddicas que tienen un prop\u00f3sito diferente, porque mientras aqu\u00e9lla propende por el rompimiento del v\u00ednculo nupcial por alguna de las causas previstas en la ley, esta \u00faltima busca desenmascarar el ardid de los simulantes y hacer prevalecer la realidad oculta sobre la ficticia dada a conocer al p\u00fablico. <\/p>\n
<\/p>\n
Tampoco era posible arribar a la conclusi\u00f3n que plantea el casacionista, esto es, que el divorcio decretado de mutuo acuerdo descartaba la simulaci\u00f3n, simplemente por el hecho de que Liane Annette hubiera guardado silencio frente a los inventarios y aval\u00faos presentados por su esposo, as\u00ed como respecto de la partici\u00f3n que este realiz\u00f3 en la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal, toda vez que la ley no prev\u00e9 tal consecuencia, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que aun despu\u00e9s de liquidada dicha universalidad jur\u00eddica la parte que se sintiera perjudicada con la distribuci\u00f3n efectuada y considerara que se dej\u00f3 de incluir algunos haberes pod\u00eda intentar las acciones propicias para recomponer el patrimonio social y provocar una repartici\u00f3n adicional, lo que deja sin piso la acusaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
2.3.- Aduce el censor que el tribunal err\u00f3 en la valoraci\u00f3n de la copia de las escrituras n\u00ba 6244 de 4 de octubre de 2006 que demostr\u00f3 la cesi\u00f3n, y n\u00ba 016115 de 4 de diciembre de 1981 con la cual se prob\u00f3 que la Huerta del Oriente Ltda., fue constituida por los progenitores de Mauricio Alfredo en 1982, as\u00ed como el certificado de c\u00e1mara de comercio que corrobora su existencia y representaci\u00f3n legal y que las acciones fueron adquiridas 26 a\u00f1os antes del matrimonio y que pretiri\u00f3 el recibo de caja n\u00ba RS-70438 de 5 de agosto de 2016, el cual acredita que Mauricio Alfredo Almanza Latorre pag\u00f3 las obligaciones derivadas de la sentencia de divorcio, as\u00ed como los alimentos y los estudios de su hija. <\/p>\n
<\/p>\n
Empero, esa exposici\u00f3n no precisa cu\u00e1l fue el error de facto que sobre tales piezas cometi\u00f3 el tribunal, lo que va en contrav\u00eda del n\u00fam. 1\u00ba, literal a), inciso 3\u00ba del art\u00edculo 344 del estatuto procesal civil, seg\u00fan el cual \u00ab[s]i se invoca un error de hecho manifiesto, se singularizar\u00e1 con precisi\u00f3n y claridad, indic\u00e1ndose en qu\u00e9 consiste y cu\u00e1les son en concreto las pruebas sobre las que recae\u00bb, con la advertencia de que \u00ab[e]n todo caso, el recurrente deber\u00e1 demostrar el error y se\u00f1alar su trascendencia en el sentido de la sentencia\u00bb, de ah\u00ed que esa discrepancia sea una simple disconformidad con la sentencia confutada, expuesta de forma gen\u00e9rica y a modo de alegato de conclusi\u00f3n, lo que impide acometer su estudio debido a que no pasa de ser una mera propuesta alterna del censor en aras de que se relean las pruebas en su beneficio, pues omite confrontar lo que dicen los medios que denuncia preteridos y lo que de ellos extrajo o dej\u00f3 de ver el juzgador, a pesar que ello era necesario para demostrar que la conclusi\u00f3n del tribunal fue errada y establecer su incidencia en el resultado. <\/p>\n
<\/p>\n
Sobre esta clase de deficiencias, en CSJ SC 11 dic. 2012, rad. 2007-00046-01, la Sala record\u00f3, en lo medular, que: <\/p>\n
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\u201cel error de hecho en el \u00e1mbito de la prueba, para los prop\u00f3sitos del recurso de casaci\u00f3n (\u2026), en \u00faltimo an\u00e1lisis consiste en la radical oposici\u00f3n, por eso mismo abierta e irreconciliable, entre las afirmaciones de prueba realizadas en la sentencia de instancia objeto de impugnaci\u00f3n y la verdad indiscutible que muestran los autos, o bien en la omisi\u00f3n por dicha providencia de datos o circunstancias, igualmente comprobables a simple vista en el expediente, que resulten trascendentales para la decisi\u00f3n\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
De suerte que esa \u201cant\u00edtesis de may\u00fascula envergadura\u201d no puede suplirse por un contraste de criterios como el que libremente y en procura de persuadir, es de usanza en los alegatos de instancia, en vista de que \u201c… es frustr\u00e1neo todo empe\u00f1o que, sali\u00e9ndose de los estrictos cauces imperados por la t\u00e9cnica del recurso, tienda a ensayar un examen global de la cuesti\u00f3n litigiosa, diferente del realizado por el sentenciador. Todo esto porque factor de primer orden en su poder decisorio es el de la discreta autonom\u00eda que por ley le compete para la apreciaci\u00f3n de las cuestiones de hecho que las pruebas encarnan; porque el recurso de casaci\u00f3n no es una instancia m\u00e1s del juicio y porque el fallo recurrido sube a la Corte amparado por la presunci\u00f3n de acierto…\u201d (G.J. Tomo CXXXII, p\u00e1g. 214). <\/p>\n
<\/p>\n
2.4.- El ad quem s\u00ed apreci\u00f3 la resoluci\u00f3n en que la Fiscal\u00eda 169 Seccional orden\u00f3 el archivo de la denuncia que, por estafa, alzamiento de bienes y fraude procesal, interpuso la accionante frente a quien fuera su esposo, solo que entendi\u00f3 que carec\u00eda de la posibilidad de desvirtuar la simulaci\u00f3n en raz\u00f3n a que la valoraci\u00f3n acometida en ese \u00e1mbito punitivo no necesariamente deb\u00eda coincidir con las pruebas del proceso de prevalencia. <\/p>\n
<\/p>\n
Lo anterior descarta el yerro que por preterici\u00f3n de ese medio se denuncia, al ser evidente que el juzgador s\u00ed lo tuvo en cuenta al fallar; cosa diferente es que haya advertido su irrelevancia para la definici\u00f3n de la contienda por tratarse de una decisi\u00f3n emitida por la justicia penal en torno a un actuar denunciado como delictivo, sin que ello de por s\u00ed revele desafuero comoquiera que en ese campo ning\u00fan estudio ni conclusi\u00f3n se adopt\u00f3 acerca de si el acto jur\u00eddico objeto de este proceso fue o no verdadero. <\/p>\n
<\/p>\n
Adem\u00e1s, la atipicidad punitiva hallada por la Fiscal\u00eda carec\u00eda de la virtualidad para acallar o desvirtuar la simulaci\u00f3n porque lo \u00fanico que all\u00e1 se estableci\u00f3 fue la falta de adecuaci\u00f3n de las conductas achacadas al indiciado en alg\u00fan tipo penal, sin haberse debatido ni desvirtuado los hechos sobre los que se fund\u00f3 la acci\u00f3n de prevalencia, lo que es comprensible dado que, por principio de especialidad, no era ese el terreno para zanjar esa clase de discusiones que, por su naturaleza, corresponden a la justicia civil. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, aunque ese fallador nada dijo frente a las actas Nos. 10, 11, 12, 13 y 14 de la sociedad La Huerta del Oriente Ltda., que demuestran la calidad que en esa compa\u00f1\u00eda ocupaba Luz Adriana Almanza Latorre para los a\u00f1os 2003 a 2006, as\u00ed como el resultado de los balances contables y las utilidades que esta obtuvo de la actividad desplegada por esa empresa durante esos periodos, ello fue irrelevante al haber encontrado evidencia suficiente respecto de la solvencia patrimonial de tal litigante a partir de otros medios, en concreto, de su declaraci\u00f3n de renta. <\/p>\n
<\/p>\n
2.6.- El recurrente critica al tribunal por preterir el balance general de la sociedad La Huerta del Oriente Ltda., de 30 de marzo de 2006 y el acta de asamblea general de socios de 2006, con sustento en que esas piezas demuestran que Liane Annette tuvo todas las garant\u00edas procesales para incluir en la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal las acciones contenidas en la escritura n\u00ba 6244 de 4 de octubre de 2006, y que ello revela que ese acto no implic\u00f3 visos de distracci\u00f3n, fraude u ocultamiento de los bienes de la sociedad conyugal. <\/p>\n
<\/p>\n
Empero, es palmaria la falta de conexi\u00f3n entre los aludidos documentos, que refieren una situaci\u00f3n financiera y contable de una persona jur\u00eddica, y lo sucedido en el referido pleito de familia, lo que impide establecer si se present\u00f3 el yerro de facto que sobre tales medios se denuncia. <\/p>\n
Adem\u00e1s, tampoco explica por qu\u00e9 esos elementos acreditaban la seriedad de la cesi\u00f3n, no obstante que ello deb\u00eda demostrarse porque, de lo contrario, la discrepancia del casacionista, por m\u00e1s elaborada y persuasiva que fuera, ninguna vocaci\u00f3n de prosperidad pod\u00eda tener, toda vez que en el campo de la apreciaci\u00f3n de los hechos debe respetarse la valoraci\u00f3n del tribunal, excepto que se pruebe que fue desfasada y contraevidente, lo que no sali\u00f3 a relucir. <\/p>\n
<\/p>\n
Precisamente, en CSJ SC12469-2016, dictado en vigencia del anterior estatuto procesal civil, pero que es aplicable al caso de ahora, se explic\u00f3 que cuando se invoca error de hecho, <\/p>\n
<\/p>\n
(\u2026) no basta el se\u00f1alamiento del error de esa forma. Es imperioso, adem\u00e1s, su comprobaci\u00f3n, seg\u00fan el mandato expreso de la primera parte del inciso 2\u00ba del numeral 3\u00ba del precitado precepto. Con ese prop\u00f3sito, corresponde al recurrente identificar los medios de convicci\u00f3n incorrectamente ponderados; singularizar los pasajes de ellos en los que recay\u00f3 el yerro; y contrastar su contenido objetivo con lo que el Tribunal coligi\u00f3, o debi\u00f3 deducir, de los mismos. <\/p>\n
<\/p>\n
2.7.- El tribunal encontr\u00f3 diversos indicios graves, concordantes y convergentes que lo llevaron a establecer que la cesi\u00f3n realizada por Mauricio Alfredo a su hermana, Luz Adriana Almanza Latorre, fue absolutamente simulada. <\/p>\n
<\/p>\n
Al respecto, evidenci\u00f3 la causa simulandi, tras colegir que el cedente se desprendi\u00f3 de su participaci\u00f3n societaria con el \u00fanico fin de sustraer de la sociedad conyugal la totalidad de esas acciones, tanto as\u00ed que cuando su esposa quiso embargarlas le fue imposible porque esa transferencia ya se hab\u00eda concretado; hall\u00f3 tambi\u00e9n que el precio fue exiguo porque las 57.150 acciones fueron cedidas por $57.150.000, que corresponde al valor nominal de $1.000 que hab\u00eda sido asignado a cada una en 1982, cuando se constituy\u00f3 la sociedad, mas no por el aval\u00fao comercial vigente en 2006 cuando se hizo el negocio, lo que le pareci\u00f3 muy sospechoso, sobre todo porque los demandados manifestaron que en 2005 Mauricio Alfredo recibi\u00f3 $170\u2019686.907 de utilidades de esa sociedad, suma que, llam\u00f3 la atenci\u00f3n, tampoco fue mencionada en la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal. <\/p>\n
<\/p>\n
Le pareci\u00f3 igualmente extra\u00f1o el tiempo transcurrido entre la cesi\u00f3n y el proceso de divorcio, porque hall\u00f3 que aqu\u00e9lla coincidi\u00f3 con el inicio de \u00e9ste y dedujo ciertas previsiones del cedente por el hecho de haber admitido que continu\u00f3 al frente de la sociedad hasta 2011, lo que juzg\u00f3 inusual al haber dejado de ser accionista desde 2006; tambi\u00e9n vio configurado el pretium confesus, porque, aunque en la escritura de cesi\u00f3n se dijo que el precio se pagaba en efectivo y de contado ah\u00ed mismo, los demandados sostuvieron, en este proceso, que fue amortizado en varios momentos y aun as\u00ed no hay evidencia de ello en sus declaraciones de renta, ni movimientos bancarios, m\u00e1xime cuando el cedente no justific\u00f3 la destinaci\u00f3n dada a esos recursos. <\/p>\n
<\/p>\n
El censor reprocha esas conclusiones con sustento en que el fallador omiti\u00f3 las pruebas que desvirt\u00faan el precio exiguo, las previsiones del cedente, la contradicci\u00f3n en que incurrieron los demandados en torno a la forma de pago de las acciones y la falta de movimientos bancarios en sus cuentas. <\/p>\n
<\/p>\n
Con ese prop\u00f3sito, aduce que el dictamen pericial con el que se estableci\u00f3 el precio exiguo debi\u00f3 ser excluido por falta de contradicci\u00f3n, por lo que quedaba en firme el valor declarado en la escritura n\u00ba 6244 de 4 de octubre de 2006, esto es, $57\u2019150.000, pero no confronta, ni desvirt\u00faa la deducci\u00f3n del fallador en cuanto a la coincidencia de ese monto con el valor nominal que en 1982 se le asign\u00f3 a cada cuota social ($1.000), ni indica qu\u00e9 probaba el balance general de la sociedad con corte a diciembre de 2005 y 2006, ni el acta de asamblea general de socios de 30 de marzo de 2006, luego esa cr\u00edtica es fr\u00edvola. <\/p>\n
<\/p>\n
Sostiene tambi\u00e9n que las previsiones del cedente quedaron desvirtuadas con la escritura n\u00ba 6244 de 4 de octubre de 2006 y el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la Huerta del Oriente Ltda., toda vez que esas pruebas demuestran que despu\u00e9s de la cesi\u00f3n Mauricio Alfredo no figur\u00f3 como socio de esa persona jur\u00eddica ni volvi\u00f3 a recibir dividendos de ella, sin que para ser gerente necesitara tal calidad, pues pod\u00eda ser designado por la junta directiva de la sociedad, como aconteci\u00f3. <\/p>\n
<\/p>\n
Por \u00faltimo, plantea que el precio se pag\u00f3 en efectivo, seg\u00fan consta en la escritura que contiene la cesi\u00f3n, lo que, desde su perspectiva, explica por qu\u00e9 no hubo movimientos bancarios en las cuentas del cedente, m\u00e1xime cuando la contradicci\u00f3n que extrajo el ad quem a partir de lo expuesto por Mauricio Alfredo cuando fue interrogado, acerca de que el pago se hizo en varias cuotas, es comprensible y se justifica en raz\u00f3n al tiempo que hab\u00eda transcurrido desde que se hizo el negocio, esto es, 9 a\u00f1os. <\/p>\n
<\/p>\n
Empero, esa acusaci\u00f3n, conforme fue planteada, es incompleta, toda vez que omite confrontar todos los indicios que, como prueba indirecta y circunstancial, tuvo en cuenta el tribunal para establecer la simulaci\u00f3n, ya que deja por fuera los atinentes al tiempo, a la no justificaci\u00f3n dada al precio y la causa simulandi, deficiencia que la torna inf\u00e9rtil, pues aun en el evento en que fuera cierto que los indicios cuestionados quedaron probatoriamente desvirtuados, los dem\u00e1s, que no fueron reprochados y que tambi\u00e9n sirvieron de apoyo al fallador, seguir\u00edan sosteniendo su silogismo judicial, que, en ese sentido, se mantendr\u00eda en pie. <\/p>\n
<\/p>\n
Al efecto, en CSJ SC3365-2020, se reiter\u00f3 que: <\/p>\n
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(\u2026) en la \u00f3rbita del recurso de casaci\u00f3n -ha dicho en forma inveterada y uniforme la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n-, el recurrente, en orden al quiebre del fallo, debe desquiciar todos los fundamentos que sirven de basamento a la decisi\u00f3n, no s\u00f3lo porque \u00e9sta se encuentra revestida por una presunci\u00f3n de acierto y legalidad en cuanto a los aspectos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos tomados en consideraci\u00f3n por el fallador, sino porque este recurso extraordinario, por su naturaleza dispositiva, impone al recurrente presentar un ataque completo contra los soportes del fallo, dado que la Corte no puede enmendar o suplir falencias de las acusaciones (CSJ SC17197-2015). <\/p>\n
<\/p>\n
A pesar que lo expuesto es suficiente para establecer el fracaso del advertido reparo, cabe agregar que la exposici\u00f3n con la que el censor busca fulminar los indicios que s\u00ed combati\u00f3 carece de t\u00e9cnica, ya que la estructur\u00f3 a partir de una postura alterna suya tendiente a que se privilegie su hermen\u00e9utica sobre la del fallador. <\/p>\n
<\/p>\n
Lo anterior porque afirma que ning\u00fan indicio se pod\u00eda derivar del hecho de que Mauricio Alfredo haya seguido siendo gerente de la Huerta del Oriente Ltda., despu\u00e9s de enajenar su participaci\u00f3n en esa compa\u00f1\u00eda, dado que para ostentar ese cargo no requer\u00eda ser asociado, a lo que a\u00f1ade que tampoco se pod\u00eda ver como sospechosa la falta de movimientos bancarios dado que el precio se cancel\u00f3 en efectivo y que la contradicci\u00f3n del cedente y su hermana respecto a la forma de pago se justifica por el tiempo transcurrido desde que este fue hecho hasta que absolvieron el interrogatorio de parte en este proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
Empero, no emerge que era esa la \u00fanica lectura que respecto de tales circunstancias pod\u00eda hacer el tribunal, porque la disertaci\u00f3n del recurrente impide llegar a esa conclusi\u00f3n, toda vez que omiti\u00f3 probar que las inferencias indiciarias cuestionadas fueran desfasadas y contraevidentes, pues, al respecto, lo \u00fanico que hizo fue proponer una dial\u00e9ctica alterna en aras de hacerla prevalecer sobre la del fallador, de ah\u00ed la falta de t\u00e9cnica que rodea a la acusaci\u00f3n y que la conduce, por tanto, al fracaso. <\/p>\n
<\/p>\n
3.- En compendio, al no acreditarse ninguno de los yerros de facto atribuidos al juzgador de segunda instancia, ni su incidencia en el resultado, fracasa la acusaci\u00f3n. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
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Acusa la sentencia de quebrantar los art\u00edculos 29 y 229 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; 2, 4, 16, numerales 3\u00ba, 16 y 22; 22, 164, 165, 166, 176, 191 y 196 del C\u00f3digo General del Proceso; 472, 1310, 1766, 1602, 1603 y 1618 del C\u00f3digo Civil; 822, 824, 864 y 871 del C\u00f3digo de Comercio; Ley 640 de 2001 y art\u00edculo 8 de la Ley 153 de 1887, producto de errores de derecho y aduce que el fallador: <\/p>\n
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1.- Le otorg\u00f3 m\u00e9rito al dictamen pericial decretado de oficio, cuando debi\u00f3 haberlo excluido por falta de contradicci\u00f3n y atenerse al valor de $57\u2019150.000 declarado en la escritura n\u00ba 6244 de 4 de octubre de 2006, as\u00ed como a la forma en que se hizo el pago, lo que derru\u00eda el indicio de la ausencia de movimientos bancarios, m\u00e1xime cuando desde 2006 el cedente no figura como accionista en la empresa, ni recibe dividendos de ella, sin que haber obrado como gerente hasta 2011 revele que era socio, pues no ten\u00eda que serlo. <\/p>\n
<\/p>\n
La falta de contradicci\u00f3n del peritaje vulner\u00f3 los art\u00edculos 226, 227, 228, 230, 231 y 232 del estatuto procesal civil, ya que la impulsora no lo aport\u00f3 para soportar su dicho, pero el a quo lo decret\u00f3 de oficio y design\u00f3 un contador y\/o abogado financiero para que lo rindiera, sin haberle formulado el cuestionario pertinente, aunado a que la auxiliar present\u00f3 el trabajo a destiempo, y aun as\u00ed se le ampli\u00f3 en cinco (5) d\u00edas, a pesar que la actora no consign\u00f3 los gastos fijados, cuando debi\u00f3 haberla requerido seg\u00fan el art\u00edculo 230 ejusdem. <\/p>\n
Le cercen\u00f3 la posibilidad de contradecir esa prueba, toda vez que rechaz\u00f3 el dictamen alterno allegado por Luz Adriana Almanza Latorre con el pretexto de que el profesional que lo rindi\u00f3 no acredit\u00f3 su idoneidad al soportar su experiencia con copias simples, sin advertir que asimismo lo hizo la experta designada por el juzgado, cuyo trabajo s\u00ed fue apreciado, lo que trasgredi\u00f3 los art\u00edculos 29 y 229 de la Carta Pol\u00edtica, 4 y 228 del estatuto procesal civil y gener\u00f3 desequilibrio y desigualdad procesal. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
2.- No apreci\u00f3 las pruebas en conjunto, entre ellas, la del juicio de divorcio y liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal, la escritura No. 6244 de 4 de octubre de 2006 que contiene la cesi\u00f3n, la No. 016115 de 4 de diciembre de 1981 de constituci\u00f3n de La Huerta del Oriente Ltda., su certificado de C\u00e1mara de Comercio, el recibo de caja No. RS-70438 de 5 de agosto de 2016 que acredita el pago de las obligaciones derivadas de la sentencia de divorcio, entre ellas los alimentos y estudio de la menor Ilona Mar\u00eda Almanza Duskow; la Resoluci\u00f3n de la Fiscal\u00eda 169 con referencia 2007-02786 que archiv\u00f3 el proceso el 26 de agosto de 2015 al advertir que no existen los delitos atribuidos a Mauricio Alfredo; el certificado de existencia y representaci\u00f3n de Optuca Ltda., las actas Nos. 10,11, 12, 13 y 14 de esta compa\u00f1\u00eda, piezas estas que demuestran la calidad que ocupaba en ella Luz Adriana Almanza Latorre y dan luz sobre las utilidades que report\u00f3, su capacidad econ\u00f3mica para adquirir las cuotas que le cedi\u00f3 su hermano, del balance general de La Huerta del Oriente Ltda., y de la acta de asamblea general de socios de 30 de marzo de 2006, porque de haberlo hecho la conclusi\u00f3n habr\u00eda sido otra. <\/p>\n
<\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1.- El art\u00edculo 164 del C\u00f3digo General del Proceso dispone que \u00ab[t]oda decisi\u00f3n judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso (\u2026)\u00bb y el 167 ejusdem, advierte, en su inciso primero, que \u00ab[i]ncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jur\u00eddico que ellas persiguen\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
Ello se explica porque, en materia probatoria, es principio general que quien invoca un hecho respecto del cual aspira derivar consecuencias jur\u00eddicas debe acreditarlo, salvo algunas excepciones, por ejemplo, los hechos notorios, las afirmaciones y negaciones indefinidas (art. 167 in fine). El incumplimiento de ese est\u00e1ndar o regla de juicio acarrea, sin duda, consecuencias adversas a la parte que lo desatiende porque deja desabrigadas sus aspiraciones procesales. <\/p>\n
<\/p>\n
El diligenciamiento de la prueba, visto como el conjunto de actos que deben ser cumplidos para su incorporaci\u00f3n al proceso, envuelve una manifestaci\u00f3n particular del contradictorio, en raz\u00f3n a que un elemento de convicci\u00f3n judicial no puede, en principio, oponerse al litigante que no tuvo injerencia ni intervino en su producci\u00f3n. As\u00ed como cada parte tiene derecho a postular las pruebas que sustentan los hechos que pretende probar, su contraparte goza de la facultad leg\u00edtima de fiscalizar tal evidencia, facultad que se extiende durante toda la fase en que dura su incorporaci\u00f3n al proceso, desde su aportaci\u00f3n hasta su decreto, e incluso, despu\u00e9s de presentada cuando se le permite referirse a ella, lo anterior con base en los principios de contradicci\u00f3n y de publicidad que son de la esencia de los medios informativos. <\/p>\n
<\/p>\n
Es por ello, precisamente, que el C\u00f3digo General del Proceso consagra el modo de aportar, decretar, practicar y sopesar las pruebas. Luego, si se inobserva alguno de los preceptos que gobiernan esa actividad, la ley proh\u00edbe al juez apreciar el respectivo medio; si, en cambio, se cumplen plenamente tales disposiciones, emerge para \u00e9l la obligaci\u00f3n de tasar su valor conforme a las reglas de la sana cr\u00edtica, la experiencia y la l\u00f3gica, atribuy\u00e9ndole, a cada pieza, el m\u00e9rito que la norma le asigne, comoquiera que las reglas que rigen su diligenciamiento son de orden p\u00fablico y, por tanto, de obligatorio cumplimiento. <\/p>\n
<\/p>\n
1.1.- El dictamen pericial es prueba t\u00e9cnica por excelencia comoquiera que versa sobre conocimientos espec\u00edficos, que, en raz\u00f3n a la ciencia, arte o m\u00e9todo, escapan al saber del juez y por eso se encomiendan a expertos en la materia, para que sea un especialista quien, en cada caso, ilustre sobre determinada tem\u00e1tica, cuesti\u00f3n o aspecto que contribuya al esclarecimiento de los hechos que importan al litigio, por lo que el actual estatuto adjetivo lo consagra como elemento de convicci\u00f3n (art. 167). <\/p>\n
<\/p>\n
Sin embargo, para que ese medio cumpla su funci\u00f3n, menester resulta que su incorporaci\u00f3n al juicio est\u00e9 revestida de determinadas exigencias que se erigen, a su vez, en garant\u00eda para las partes y seguridad para el juez. Por tanto, si tales exacciones no se observan aquellas tienen derecho a oponerse y rechazar la prueba, y el juzgador debe desestimarla por afectar el debido proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
1.2. El C\u00f3digo General del Proceso prev\u00e9, en el art\u00edculo 226, los casos en que es procedente la prueba pericial, la forma de ser rendida y los elementos m\u00ednimos que debe contener, entre ellos la identificaci\u00f3n y experiencia de quien la rinde, elementos que deben ser soportados a fin de establecer la idoneidad e imparcialidad del experto. <\/p>\n
<\/p>\n
Es as\u00ed como el art\u00edculo 227 \u00eddem patentiza el principio de aportaci\u00f3n de parte, al imponerle a cada una la carga de arrimar al litigio la prueba pericial que pretenda hacer valer en juicio y el art\u00edculo 228 consagra su contradicci\u00f3n, as\u00ed como la citaci\u00f3n del perito a audiencia por solicitud de la parte en contra de quien fue presentada, ora del juez si lo ve necesario; tambi\u00e9n advierte que si aqu\u00e9l no acude, ni se justifica antes de la audiencia, por fuerza mayor o caso fortuito, su dictamen carecer\u00e1 de valor. Empero, ese mismo precepto fija unas reglas diferentes para los peritajes en los casos de filiaci\u00f3n, interdicci\u00f3n por discapacidad mental absoluta e inhabilitad por discapacidad mental relativa. <\/p>\n
<\/p>\n
Aunque la regla general es que la parte debe aportar el dictamen que pretenda hacer valer en juicio; excepcionalmente, la ley permite que el juez lo decrete oficiosamente. Al respecto, el art\u00edculo 230 ib\u00eddem consagra la forma en que debe proceder, lo previene para que determine el cuestionario que el perito debe responder, fije el t\u00e9rmino para su rendici\u00f3n y se\u00f1ale los honorarios y gastos que deber\u00e1n ser consignados por las partes dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes. Asimismo, lo autoriza para sancionar al designado si no cumple la labor y conmina a dicho experto a justificar los estipendios en que haya incurrido. <\/p>\n
<\/p>\n
Por esa v\u00eda, el art\u00edculo 231 \u00eddem advierte que \u00abrendido el dictamen permanecer\u00e1 en secretar\u00eda a disposici\u00f3n de las partes hasta la fecha de la audiencia respectiva, la cual solo podr\u00e1 realizarse cuando hayan pasado por lo menos diez (10) d\u00edas desde la presentaci\u00f3n del dictamen\u00bb y previene al perito para que concurra a ella. Ahora bien, el art\u00edculo 232 \u00eddem consagra que \u00abel juez apreciar\u00e1 el dictamen de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica, teniendo en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisi\u00f3n y calidad de sus fundamentos, la idoneidad del perito y su comportamiento en la audiencia, y las dem\u00e1s pruebas que obren en el proceso\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
Esas formalidades de la prueba pericial son garant\u00eda para las partes y seguridad para el juez, por lo que deben ser observadas a plenitud, so pena de que se incurra en yerro de iure por infringir los textos legales que regulan su producci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
2.- Para el caso, el a quo decret\u00f3 prueba de oficio y habilit\u00f3 a los contendores para que le formularan a la auxiliar designada preguntas respecto de los hechos del proceso, lo que aprovech\u00f3 la accionante que le pidi\u00f3 establecer, en l\u00edneas generales, el valor real y comercial de La Huerta del Oriente S.A.S., a 31 de diciembre de 2006, as\u00ed como el precio intr\u00ednseco de sus acciones y del porcentaje que en ella ten\u00eda el cedente. Por su parte, la demandada guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
<\/p>\n
La experta rindi\u00f3 el trabajo y puso de presente que, para el 4 de octubre de 2006, cuando se hizo la cesi\u00f3n, la sociedad La Huerta del Oriente S.A.S., ten\u00eda un precio comercial de $6.276\u2019174.581 y que la participaci\u00f3n que Mauricio Alfredo Almansa Latorre manten\u00eda en esa compa\u00f1\u00eda, y que equival\u00eda al 9% del componente accionario, val\u00eda $564\u2019855.712. <\/p>\n
<\/p>\n
El peritaje permaneci\u00f3 a disposici\u00f3n de las partes, conforme lo dispone el art\u00edculo 231 ejusdem y su contradicci\u00f3n se surti\u00f3 en la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento efectuada el 9 de febrero de 2018, en la que el despacho interrog\u00f3 a la experta sobre su idoneidad y experiencia, as\u00ed como frente a sus conclusiones y, seguidamente, le permiti\u00f3 a las partes hacer lo propio. <\/p>\n
<\/p>\n
Llegado el momento, el apoderado de Mauricio Alfredo Almanza Latorre indag\u00f3 a la auxiliar de la justicia sobre su idoneidad, la forma como obtuvo la informaci\u00f3n y las conclusiones a las que lleg\u00f3 en el peritaje. Por su lado, el abogado de la codemandada Luz Adriana Almanza Latorre hizo lo propio y anunci\u00f3 que aportaba un dictamen pericial en procura de desvirtuar esa prueba, pero el a quo lo descart\u00f3 con base en que la persona que lo elabor\u00f3, y que concurri\u00f3 a la audiencia, no acredit\u00f3 su experiencia ni idoneidad con documentos recientes, toda vez que los soportes arrimados fueron expedidos mucho tiempo atr\u00e1s y, adem\u00e1s, estaban en copia simple. Contra esa decisi\u00f3n, la parte interesada interpuso reposici\u00f3n y, subsidiariamente, apelaci\u00f3n. Empero, la juzgadora mantuvo su decisi\u00f3n y deneg\u00f3 la alzada. <\/p>\n
<\/p>\n
Tras ser vencidos en primera instancia, ambos demandados apelaron el fallo y, ante el superior, cuestionaron, entre otros aspectos, la exclusi\u00f3n de su peritaje. Al desatar esos recursos, el ad quem encar\u00f3 los reparos sustentados e indic\u00f3 que la decisi\u00f3n de haber desestimado el dictamen pericial que alleg\u00f3 Luz Adriana Almanza Latorre por haber soportado la experiencia del perito que lo elabor\u00f3 con copias simples era un tema que no pod\u00eda analizar al haber quedado definido en la instancia anterior, m\u00e1xime cuando la recurrente desperdici\u00f3 la oportunidad prevista en el art\u00edculo 231 ejusdem para cuestionar el dictamen pericial oficiosamente recaudado. <\/p>\n
<\/p>\n
3.- En esta sede extraordinaria, el codemandado Mauricio Alfredo Almanza Latorre aduce que se incurri\u00f3 en yerro de iure en el decreto, recaudo y contradicci\u00f3n de la prueba pericial porque el a quo no pod\u00eda haberla ordenado de oficio, dado que buscaba probar hechos que incumb\u00edan a la accionante, quien, por ende, debi\u00f3 allegarla, aunado a que fue rendida de forma tard\u00eda, sin que su contraparte cancelara los gastos que deb\u00eda asumir y que, como si fuera poco, se le priv\u00f3 del derecho a contradecirla al haber excluido el estudio que con tal prop\u00f3sito arrim\u00f3 Luz Adriana Almanza Latorre, adem\u00e1s que las copias simples actualmente tienen valor probatorio. <\/p>\n
<\/p>\n
Fracasa la acusaci\u00f3n porque algunos de los yerros atribuidos al tribunal no aparecen configurados y los que s\u00ed lo est\u00e1n son intrascendentes, seg\u00fan se ver\u00e1. <\/p>\n
3.1. Es cierto que el dictamen pericial fue decretado de oficio en la audiencia inicial porque la juzgadora estim\u00f3 que era necesario para dilucidar los hechos materia del proceso, sin que ese actuar se muestre desfasado, dado que hay norma que autoriza el recaudo de pruebas por iniciativa del juez \u00abcuando sean necesarias para esclarecer los hechos objeto de la controversia\u00bb (arts. 169 y 170 C.G.P.), adem\u00e1s que tampoco le violent\u00f3 el acceso a la justicia, la igualdad o el debido proceso a la parte convocada al pleito, comoquiera que la juzgadora autoriz\u00f3 a ambos extremos para que le formularan a la auxiliar preguntas sobre los hechos materia del litigio, prerrogativa que utiliz\u00f3 la actora, quien le plante\u00f3 sendas inquietudes, abordadas y resueltas por la experta, al margen de cu\u00e1l haya sido el aserto de sus conclusiones, mientras que la parte demandada nada hizo al respecto, porque guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
<\/p>\n
Queda claro, entonces, que s\u00ed hubo cuestionario a resolver por la auxiliar nombrada, m\u00e1xime cuando el audio registra que, al decretar esa experticia, la juzgadora indic\u00f3 sucintamente por qu\u00e9 lo hac\u00eda, pues se\u00f1al\u00f3 que \u00abla parte demandante solicit\u00f3 la designaci\u00f3n de un perito contador financiero para efectos de determinar los puntos a que se contrae el ac\u00e1pite de la copia del traslado de las excepciones.\u00bb, lo que significa que el objeto de esa prueba y los \u00edtems m\u00ednimos sobre los cuales deb\u00eda versar quedaron definidos desde que fue ordenada; adem\u00e1s, como se vio, esa funcionaria le extendi\u00f3 a las partes la posibilidad de formularle a la experta las preguntas que estimaran procedentes y, al final de la cesi\u00f3n, estas se mostraron conformes con esa determinaci\u00f3n, que aunque no era pasible de recursos (art. 169 C.G.P.), s\u00ed pod\u00eda haber sido objeto de aclaraci\u00f3n o adici\u00f3n a solicitud de cualquiera de ellas. <\/p>\n
<\/p>\n
3.2.- Es cierto que el dictamen pericial se present\u00f3 por fuera del plazo de 30 d\u00edas concedido a la auxiliar para su elaboraci\u00f3n y entrega, pero tal circunstancia no conllevaba la exclusi\u00f3n de esa prueba porque, en todo caso, estuvo a disposici\u00f3n de las partes antes de la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento, conforme lo dispone el art\u00edculo 231 ib\u00eddem, aunado a que la experta justific\u00f3 su tardanza en la dificultad que tuvo en la recopilaci\u00f3n de la informaci\u00f3n necesaria para cumplir su labor e indic\u00f3 que ello se dio a causa de la falta de colaboraci\u00f3n de Luz Adriana Almanza Latorre, lo que explica el porqu\u00e9 no se le impuso la sanci\u00f3n pecuniaria que prev\u00e9 el art\u00edculo 230, inc. 2\u00ba ib\u00eddem, sin que la supuesta falta de pago de los gastos fijados impidiera apreciar ese medio decretado de oficio, al no haber norma jur\u00eddica que as\u00ed lo impusiera. <\/p>\n
<\/p>\n
3.3.- Las copias simples tienen el mismo valor probatorio que el original, seg\u00fan lo dispone el art\u00edculo 246 del C\u00f3digo General del Proceso, de ah\u00ed que tenga raz\u00f3n el censor cuando aduce que deb\u00edan aceptarse aquellas que buscaban certificar y soportar la experiencia e idoneidad del perito que present\u00f3 la codemandada Luz Adriana Almanza Latorre en la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento, con miras a desvirtuar las conclusiones del trabajo rendido por la auxiliar designada de oficio. <\/p>\n
<\/p>\n
En ese sentido, es patente el error del tribunal que refrend\u00f3 la decisi\u00f3n que en contrav\u00eda de la citada pauta tom\u00f3 el a quo, con estribo en que ese aspecto qued\u00f3 superado en la primera instancia, a pesar de ser un tema que incidi\u00f3 en la contradicci\u00f3n de la prueba pericial en que se fund\u00f3, en parte, el fallo apelado y que, a la postre, fue confirmado. <\/p>\n
<\/p>\n
A pesar de lo anterior, el yerro es intrascendente al ser insuficiente para socavar la sentencia confutada, habida cuenta que no fue el dictamen pericial la \u00fanica prueba que tuvo en cuenta el ad quem para establecer que la cesi\u00f3n fue simulada. <\/p>\n
<\/p>\n
Ello porque hubo otros indicios, deducidos de circunstancias y hechos ajenos al peritaje, en los que se apoy\u00f3 ese fallador para fundar su veredicto, como lo son, el pretium confesus o la falta de demostraci\u00f3n del pago del precio, la no justificaci\u00f3n de la destinaci\u00f3n que el cedente le dio a esos recursos, su apremio a afrontar o asumir el juicio de divorcio con su consorte, el tiempo transcurrido entre la cesi\u00f3n y ese pleito, la falta de coincidencia entre lo declarado en la escritura que contiene ese acto respecto a la forma de pago del precio, que, seg\u00fan se hizo constar en ese documento, fue de contado y en efectivo, y el relato posterior de los implicados en la operaci\u00f3n, que dijeron haberlo hecho a plazos, as\u00ed como la permanencia del cedente a la cabeza de la empresa a pesar de haber enajenado su participaci\u00f3n en ella, toda vez que continu\u00f3 como gerente hasta 2011, con independencia que para serlo no se requiriera ser accionista. <\/p>\n
<\/p>\n
Al ser todas esas inferencias indiciarias las que llevaron al ad quem a establecer que la transferencia fue ficticia y que consisti\u00f3 en una comedia de Mauricio Alfredo Almanza Latorre para distraer los bienes de la sociedad conyugal que ten\u00eda constituida con su esposa, ello significa que si se prescindiera del dictamen pericial lo \u00fanico que quedar\u00eda en entredicho ser\u00eda, eventualmente, el precio irrisorio. Los otros indicios que hall\u00f3 el tribunal, no menos importantes que aqu\u00e9l, seguir\u00edan prest\u00e1ndole apoyo al silogismo judicial combatido, al ser graves, concordantes y convergentes y, en ese contexto, lo mantendr\u00edan ileso al llevar a inferir que el ardid s\u00ed se present\u00f3. <\/p>\n
<\/p>\n
Sobre este punto, en CSJ SC7110-2017, se expuso que: <\/p>\n
<\/p>\n
(\u2026) cuando la sentencia acusada, al decir de la Corte, \u201c(\u2026) se basa en varios motivos jur\u00eddicos, independientes, pero cada uno con fuerza suficiente para sustentar la decisi\u00f3n jurisdiccional, no es dif\u00edcil descubrir que si la censura en casaci\u00f3n es ineficaz para desvirtuar todos los soportes del fallo, porque permanece en vigor alguno que le mantiene su firmeza en derecho, el recurso no es susceptible de prosperar, a\u00fan en el supuesto de que fueran destruidos los motivos restantes de la sentencia acusada\u201d (CSJ SC. 3 jun. 2014, rad. 00218-01, SC 134, 27 jun. 2005 y G.J. Tomo LXXXVIII p\u00e1g. 596 y CLI p\u00e1g. 199). <\/p>\n
<\/p>\n
En compendio, el error de derecho se estructur\u00f3 al haberle impedido a la parte demandada contradecir el dictamen decretado de oficio a trav\u00e9s del peritaje que alleg\u00f3 para tal fin, simplemente porque quien lo elabor\u00f3 justific\u00f3 su experiencia e idoneidad con copias simples, sin advertir el juzgador que estas tienen el mismo valor probatorio que el original (art. 245 \u00edbidem). Sin embargo, ese dislate es intrascendente porque si la Corte casara el prove\u00eddo cuestionado y, en sede de instancia, tuviera que decidir la alzada, llegar\u00eda a la misma determinaci\u00f3n del tribunal, seg\u00fan la cual deb\u00eda ser confirmada la decisi\u00f3n apelada al haber prueba indiciaria, obtenida mediante otros elementos de juicio, distintos al peritaje, que desmienten dr\u00e1sticamente la seriedad de la cesi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
3.4.- En cuanto a que el fallador no apreci\u00f3 las probanzas en conjunto, es preciso advertir que la censura se conform\u00f3 con exponer, de forma abstracta y panor\u00e1mica, que es deber del juez valorar la evidencia de ese modo y otorgarle a cada pieza el m\u00e9rito respectivo, pasando por alto que, trat\u00e1ndose de un ataque en sede de casaci\u00f3n por esta causal, tal exposici\u00f3n resulta insuficiente, pues no basta con individualizar los medios que en sentir del censor dejaron de ser apreciados en comuni\u00f3n, sino que es su deber, y en eso consiste la fortaleza y suficiencia del embate, precisar cu\u00e1les fueron los apartes de aquellos no considerados en la integraci\u00f3n exigida, y hacer ver que producto de ese desvar\u00edo del tribunal fue que se dio el quebranto de las pautas sustanciales. <\/p>\n
<\/p>\n
La advertida deficiencia brota de bulto porque el recurrente obvi\u00f3 esa labor de demostraci\u00f3n del yerro, por lo que se qued\u00f3 a mitad de camino, lo que torna frustr\u00e1nea la acusaci\u00f3n, ya que al no verificarse de qu\u00e9 forma se produjo la pifia que le enrostra al funcionario reprochado hay que respetar la ponderaci\u00f3n probatoria que este efectu\u00f3, m\u00e1xime cuando la sentencia viene escoltada por una doble presunci\u00f3n de legalidad y acierto que, ante tal falencia de t\u00e9cnica, se mantiene inc\u00f3lume. <\/p>\n
<\/p>\n
Frente a este tema, en CSJ SC198, 29 oct. 2002, exp. 6902, se indic\u00f3, <\/p>\n
<\/p>\n
(\u2026) para que el error denunciado se configure debe demostrar el recurrente que la tarea de evaluaci\u00f3n de las diversas pruebas efectuada por el sentenciador, se llev\u00f3 a cabo al margen del an\u00e1lisis de conjunto ordenado por el art\u00edculo 187 del C. de P.C.,[hoy art\u00edculo 176 C\u00f3digo General del Proceso,] lo cual debe realizar poniendo de manifiesto que la apreciaci\u00f3n de los medios de prueba lo fue de manera aislada o separada, sin buscar sus puntos de coincidencia o de enlace, pues si la tarea cumplida por el Tribunal se ci\u00f1\u00f3 al precepto citado, no puede admitirse la existencia del error, cuando con este argumento lo que persigue el casacionista es que se sustituya el examen del conjunto hecho por el juzgador por el realizado por aquel. <\/p>\n
<\/p>\n
Con abstracci\u00f3n de lo anterior, se observa que el denunciado yerro de iure no se configur\u00f3 porque las pruebas fueron sopesadas y contrastadas entre s\u00ed por el tribunal, quien las apreci\u00f3 en conjunto, y de esa labor intelectiva extrajo las inferencias y conclusiones a partir de las cuales construy\u00f3 los razonamientos que plasm\u00f3 en la sentencia, por lo que, desde esa perspectiva, el an\u00e1lisis aislado de la evidencia es inexistente. <\/p>\n
<\/p>\n
As\u00ed, fracasa, pues, la acusaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
4.- Conforme a los art\u00edculos 349 in fine y 365 del C\u00f3digo General del Proceso, se impondr\u00e1 al impugnante el pago de las costas procesales en el tr\u00e1mite de esta senda extraordinaria y para tasar las agencias en derecho se tendr\u00e1 en cuenta que hubo r\u00e9plica (fls. 82 a 88). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 17 de mayo de 2018, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el juicio verbal que Liane Annete Ilona Duskow Rinc\u00f3n le adelant\u00f3 a Mauricio Alfredo y Luz Adriana Almanza Latorre. <\/p>\n
<\/p>\n
Costas a cargo del recurrente y a favor de la accionante. Incl\u00fayase $6\u2019000.000 como agencias en derecho. <\/p>\n
<\/p>\n
En su oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente a la Corporaci\u00f3n de origen. <\/p>\n
<\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Cfr. CSJ. Civil. Sentencias 030 de 28 de mayo de 1996, 072 de 30 de julio de 2004 y 321 de 13 de diciembre de 2005, entre otras muchas. <\/p>\n
2\u0002 Josserand, Louis. Derecho Civil. Tomo II. Volumen I. Ediciones Jur\u00eddicas Europa Am\u00e9rica. Buenos Aires, Reimpresi\u00f3n 1993, p\u00e1g. 226. <\/p>\n
3\u0002 Ferrara, Francisco. La simulaci\u00f3n de los negocios jur\u00eddicos. 3\u00aa edici\u00f3n. Editorial Revista de Derecho Privado. Madrid 1959, p\u00e1g. 253. <\/p>\n
4\u0002 Castro y Bravo, De Federico. El Negocio Jur\u00eddico. Editorial Civitas. Madrid 1985, p\u00e1g. 333. <\/p>\n
19 <\/p>\n
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