SC3712-2021 (2012-00626-01)<\/p>\n
Rad. 15001-31-03-016-2012-00626-01 <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
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SC3712-2021 <\/p>\n
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Radicaci\u00f3n n\u00b0 15001-31-03-016-2012-00626-01 <\/p>\n
(Aprobada en sesi\u00f3n de veintinueve de abril de dos mil veintiuno ) <\/p>\n
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Bogot\u00e1 D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
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Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n que Jos\u00e9 Ignacio P\u00e9rez Rivas y Gloria Estela Zea de P\u00e9rez interpusieron contra la sentencia proferida el 3 de diciembre de 2018 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn dentro del proceso ordinario que adelantaron a Socoda S.A. <\/p>\n
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a.-)EL LITIGIO <\/p>\n
1.- Por escrito de 6 de febrero de 2012, los demandantes pidieron declarar que a ra\u00edz de cuatro convenios privados suscritos el 9 de febrero de 2000, el 5 de junio de 2001, el 29 de octubre de 2003 y el 25 de febrero de 2005, el primero denominado \u201cCarta convenio de gesti\u00f3n comercial en ventas\u201d y los restantes \u201cContrato de outsuorcing en gesti\u00f3n comercial de ventas\u201d, desde la primera fecha \u201cy hasta la presente\u201d, como propietarios del establecimiento de comercio \u201cPerezea Soc.\u201d, celebraron con Socoda S.A. un contrato de agencia comercial que esta incumpli\u00f3, dando lugar a su terminaci\u00f3n. <\/p>\n
En consecuencia, solicitaron proferir condena a su favor por: la cesant\u00eda comercial de que trata el art\u00edculo 1324 del C\u00f3digo de Comercio; $500.000.000 como \u201cindemnizaci\u00f3n equitativa\u201d o lo que probaren por sus esfuerzos para acreditar la l\u00ednea y la marca de productos de Socoda S.A.; las sumas previstas en el art\u00edculo 1322 idem sobre las ventas que esta efectu\u00f3 directamente y sin su consentimiento; los perjuicios materiales y morales generados por el impago de comisiones o su soluci\u00f3n tard\u00eda; y $120.000.000, equivalentes al 1.5% de un contrato con C.A.S. Inmobiliario S.A., o lo que se demuestre, con intereses moratorios. Todo lo anterior, indexado. <\/p>\n
<\/p>\n
Como primeras pretensiones subsidiarias suplicaron las mismas retribuciones sobre la base de reconocer que existi\u00f3 el referido acuerdo de voluntades y que la llamada lo incumpli\u00f3, en el primer caso para la promoci\u00f3n a nivel nacional de \u201ccabinas telef\u00f3nicas para la firma Telep\u00fablicos E.S.P., los paraderos de buses seg\u00fan dise\u00f1o Mobiliario urbano, contratos directos con el IDU y Transmilenio\u201d, y en los restantes para gestionar \u201coperaciones comerciales nacional e internacionalmente\u2026\u201d seg\u00fan el portafolio establecido. <\/p>\n
<\/p>\n
Como segundas pretensiones subsidiarias reclamaron declarar que \u201cSocoda S.A. se enriqueci\u00f3 sin justa causa\u201d y a sus expensas, al no cancelarles varias comisiones o hacerlo morosamente y, por ende, debe pagarles $500.000.000 o lo que acrediten, con r\u00e9ditos por tardanza a la tasa m\u00e1xima permitida. <\/p>\n
<\/p>\n
Como sustento de sus aspiraciones, refirieron que: <\/p>\n
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Su actividad econ\u00f3mica y profesional es el \u201cagenciamiento comercial\u201d, son propietarios del establecimiento de mercantil \u201cPerezea Soc.\u201d y se domicilian en Bogot\u00e1. <\/p>\n
<\/p>\n
En el a\u00f1o 2000, Jos\u00e9 Ignacio P\u00e9rez Rivas puso al tanto al gerente de Socoda S.A. del inter\u00e9s del entonces alcalde mayor de Bogot\u00e1 de instalar cabinas telef\u00f3nicas y mobiliario urbano en acero inoxidable, por lo que el 9 de febrero de esa anualidad, junto con Rafael Gavanzza \u201ccomo agentes comerciales\u201d suscribieron con esa sociedad \u201ccomo fabricante\u201d una \u201cCarta de convenio de gesti\u00f3n comercial en ventas\u201d para el fin se\u00f1alado. <\/p>\n
<\/p>\n
Como P\u00e9rez Rivas consigui\u00f3 \u201cel negocio de mobiliario urbano con el Distrito Capital\u201d, a nombre de \u201cPerezea Soc.\u201d firm\u00f3 con Socoda S.A. los negocios ya referidos, cuyo \u201cobjetivo primordial\u201d fue la gesti\u00f3n de \u201coperaciones comerciales nacional e internacionalmente\u201d conforme al portafolio de esta. En el postrero se acord\u00f3 que la contraprestaci\u00f3n ser\u00eda \u201cdel 1.5% sobre el recaudo efectivo de las ventas\u201d cuando \u201cel cliente haya sido creado por Perezea pero no haya tenido mayor intervenci\u00f3n en las ventas Socoda\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
Desde el comienzo \u201cPerezea Soc.\u201d se dedic\u00f3 a abrir \u201cmercados, posicionamiento de marca y atenci\u00f3n a clientes de Socoda, con exclusividad de portafolio\u201d; prepar\u00f3 muestras de los productos que requer\u00edan el IDU y la Oficina de Espacio P\u00fablico de Bogot\u00e1; y obtuvo que \u201cla firma m\u00e1s grande del mundo en fabricaci\u00f3n e instalaci\u00f3n de mobiliario urbano J.V. Decaux\u201d suministrara \u201ca Socoda toda la informaci\u00f3n t\u00e9cnica, de dise\u00f1o, de instalaci\u00f3n, etc.,\u201d, pues \u201csi el mobiliario se fabricaba en Colombia\u201d obtendr\u00eda mejor calificaci\u00f3n en la licitaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
El n\u00famero de clientes de Socoda S.A. a nivel nacional e internacional se ampli\u00f3, logrando contratos con varias entidades p\u00fablicas y privadas del pa\u00eds y exportaciones \u201cgracias a la gesti\u00f3n, fidelizaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n que despleg\u00f3 \u201cPerezea Soc.\u201d, quien a su vez recibi\u00f3 soporte t\u00e9cnico y particip\u00f3 en los eventos que aquella realizaba, promocionando sus productos. <\/p>\n
<\/p>\n
Aunque la demandada incumpli\u00f3 sistem\u00e1ticamente los plazos fijados para el pago de las comisiones, de 8 d\u00edas en los primeros convenios y 5 en el \u00faltimo, y omiti\u00f3 otras, estos se desarrollaron normalmente durante 10 a\u00f1os, lapso durante cual el agente consigui\u00f3 ingresos por $29.575.246.390, como consta en la certificaci\u00f3n que aquella le expidi\u00f3 el 18 de mayo de 2010, que adem\u00e1s da cuenta de la gesti\u00f3n cumplida; sin embargo, se desconoce el monto final porque inexplicable y reiteradamente Socoda S.A. cambi\u00f3 las fechas, precios y cantidades consignados en las facturas. <\/p>\n
<\/p>\n
En octubre de ese \u00faltimo a\u00f1o fue desvinculado el gerente de la convocada y en el siguiente el soporte devino \u201cnulo\u201d, concretamente en el \u201cproyecto bandera\u201d de trinquetes para Transmilenio; adem\u00e1s, el nuevo representante legal sustrajo un negocio nuevo con Marval Constructora, \u201ccliente de Perezea Soc.\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
El agenciamiento satisfizo los requisitos decantados jurisprudencialmente y se ejecut\u00f3 en todo el pa\u00eds y en el exterior, aunque el asiento principal de los negocios fueron las oficinas de Socoda S.A. en Bogot\u00e1. <\/p>\n
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3.- Notificada la demandada, se opuso oportunamente a las pretensiones y propuso las excepciones de m\u00e9rito que denomin\u00f3: \u201cInexistencia de agencia comercial\u201d, \u201cInexistencia de incumplimiento contractual por parte de Socoda\u201d, \u201cFalta de causa para las prestaciones finales que se reclaman\u201d, \u201cFalta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa\u201d, \u201cIncumplimiento contractual por parte del demandante\u201d y \u201cPrescripci\u00f3n\u201d (fls. 302 y 310 al 332). <\/p>\n
4.- El asunto fue redistribuido por descongesti\u00f3n al Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de Medell\u00edn, que en prove\u00eddo de 12 de septiembre de 2016 dispuso dar aplicaci\u00f3n al literal b) del numeral 1 del art\u00edculo 625 del C\u00f3digo General del Proceso \u201cque regula lo atinente al tr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n\u201d, y como advirti\u00f3 que la etapa probatoria estaba concluida se\u00f1al\u00f3 el 25 de octubre de 2017 para realizar la audiencia de que trata el art\u00edculo 373 ib., oportunidad en la que escuch\u00f3 los alegatos de instancia y dict\u00f3 sentencia desestimatoria de las pretensiones (fls. 798 y 804 al 807). <\/p>\n
5.- Apelada la decisi\u00f3n por los vencidos, el expediente fue recibido el 7 de noviembre de ese \u00faltimo a\u00f1o por el superior, quien fij\u00f3 el 27 de septiembre de 2018 para llevar a cabo la audiencia de alegaciones y fallo; sin embargo, un d\u00eda antes de la fecha programada, el extremo activo pidi\u00f3 la \u201cnulidad de pleno derecho de la sentencia proferida en este asunto en primera instancia (\u2026) por p\u00e9rdida autom\u00e1tica de la competencia de la funcionaria que la pronunci\u00f3\u201d, de conformidad con el inciso sexto del art\u00edculo 121 idem, en lo que no tuvo \u00e9xito frente al magistrado ponente ni ante la sala dual que desat\u00f3 la respectiva s\u00faplica (fls. 8 al 15 y 48 al 61, cuaderno 14). <\/p>\n
6.- El 3 de diciembre de 2018, el Tribunal confirm\u00f3 la decisi\u00f3n apelada (fls. 68 y 69 idem). <\/p>\n
b.-)FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO <\/p>\n
<\/p>\n
Sin duda Jos\u00e9 Ignacio P\u00e9rez Rivas y Socoda S.A. mantuvieron relaciones mercantiles, aunque no necesariamente un contrato de agencia, cuyos \u201celementos axiol\u00f3gicos\u201d, seg\u00fan el art\u00edculo 1317 comercial, la doctrina y la jurisprudencia, son la intermediaci\u00f3n, la independencia del agente quien tiene su propia empresa, la explotaci\u00f3n o promoci\u00f3n en un determinado territorio de los negocios del agenciado y la estabilidad; su diferencia del corretaje y otras formas afines la estableci\u00f3 la Corte en fallo de 18 de abril de 2018; y constituye una especie de mandato porque aparece en el T\u00edtulo XIII idem que regula esta figura. <\/p>\n
<\/p>\n
Examinado el material probatorio, no tiene \u201ccabida la menci\u00f3n de Gloria Estela Zea de P\u00e9rez\u201d porque Jos\u00e9 Ignacio P\u00e9rez Rivas fue quien actu\u00f3 en calidad de gestor comercial y miembro de la sociedad de hecho Perezea, cuyo objeto es la representaci\u00f3n comercial de f\u00e1bricas nacionales y extranjeras, tal como se mostraba, e incluso lleg\u00f3 a celebrar contratos de agencia comercial con terceros. <\/p>\n
<\/p>\n
Mediante los acuerdos escritos allegados, se encomendaba al precitado gestionar operaciones comerciales de los productos fabricados por Socoda S.A., a ra\u00edz de lo cual \u201cinici\u00f3 una serie de acercamientos con diferentes clientes y propici\u00f3 la celebraci\u00f3n de varios contratos entre el a\u00f1o 2001 y el 2010\u201d, lo que \u201cacredit\u00f3 la misma demandada\u201d y acompasa con los informes que iba rindiendo. <\/p>\n
<\/p>\n
Conocida claramente la intenci\u00f3n de las partes, debe preferirse a lo literal de sus palabras (art. 1618 C.C.), por lo que al margen de la definici\u00f3n que le den a un contrato, corresponde atenerse \u201ca los elementos esenciales que componen la relaci\u00f3n negocial de la cual se deben derivar las consecuencias jur\u00eddicas pertinentes\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
El presupuesto de \u201cindependencia\u201d, conforme al cual \u201cno debe el demandante desprenderse de su car\u00e1cter de comerciante aut\u00f3nomo para dedicarse la explotaci\u00f3n de negocios ajenos\u201d, est\u00e1 acreditado porque el actor no desconoci\u00f3 en ning\u00fan momento \u201csu car\u00e1cter de comerciante independiente, ni se encontr\u00f3 supeditado a \u00f3rdenes o directrices impuestas por Socoda S.A.\u201d, m\u00e1xime que con su c\u00f3nyuge cre\u00f3 a Perezea Soc. y dispuso un establecimiento dedicado al agenciamiento, am\u00e9n de que los testigos indicaron que se exhib\u00eda como \u201ccomerciante independiente\u201d y adelantaba sus actividades desde su oficina; y de estos declarantes, quienes trabajaban para Socoda S.A. coincidieron en que no ten\u00eda v\u00ednculo laboral con esta sociedad ni la integraba, limit\u00e1ndose su conexi\u00f3n a los contratos mercantiles enunciados, \u201cque le permit\u00edan continuar con negocios con otras sociedades\u2026\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
La \u201cestabilidad\u201d, entendida como la prolongaci\u00f3n en el tiempo y la continuidad de los negocios, aunque fue negada por estos \u00faltimos testigos, qued\u00f3 probada desde 2001 y hasta 2012 que Socoda S.A. termin\u00f3 la relaci\u00f3n mediante una misiva, con los acuerdos de \u201coutsuorcing en gesti\u00f3n comercial de ventas\u201d, en virtud de los que el accionante propici\u00f3 negocios que implicaron la participaci\u00f3n en licitaciones y la contrataci\u00f3n con el Estado, sin que la complejidad de estos permita exigir una cantidad determinada o metas mensuales o anuales, bastando la constancia y los resultados permanentes que \u00e9l iba mostrando; con las comunicaciones cruzadas repetidamente, como las de 6 de agosto de 2001 y 21 de septiembre de 2006; con la declaraci\u00f3n de Lina Mar\u00eda Casta\u00f1eda sobre las frecuentes llamadas que P\u00e9rez Rivas hac\u00eda a su empleador para ponerlo al tanto de las negociaciones y cobrarle las comisiones; con las facturas emitidas para este \u00faltimo fin; con los contratos con la Defensor\u00eda del Espacio P\u00fablico de Bogot\u00e1 y el Instituto para la Econom\u00eda Social; y con la participaci\u00f3n que refirieron los testigos en convocatorias p\u00fablicas del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo para proveer elementos destinados a la construcci\u00f3n de c\u00e1rceles. <\/p>\n
<\/p>\n
Atinente a la \u201cactividad desplegada por el agente\u201d, seg\u00fan el fallo de la Corte que se cit\u00f3 el elemento que caracteriza al contrato estudiado es la \u201crepresentaci\u00f3n del agenciado, a punto de llegar a obrar a nombre y por cuenta suya, facult\u00e1ndose para la celebraci\u00f3n de contratos\u2026\u201d, en lo que se distingue del corretaje porque aquel \u201cva un paso m\u00e1s all\u00e1, toda vez que contribuye activamente con la celebraci\u00f3n de los contratos con los clientes que consigui\u00f3, llegando a hacerse parte de la formalizaci\u00f3n del negocio jur\u00eddico\u2026\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
Sin embargo, seg\u00fan P\u00e9rez Rivas manifest\u00f3 y lo ratificaron los terceros, \u201csu labor no trascend\u00eda hacia la representaci\u00f3n de la sociedad demandada en la celebraci\u00f3n efectiva del negocio, limit\u00e1ndose al acercamiento de las partes\u201d. Entonces, sin llegar a predicar la existencia de uno u otro tipo de intermediaci\u00f3n, \u201c\u2026resulta determinante el hecho que el demandante no gozaba de facultades de representaci\u00f3n\u201d, elemento \u201cque debe encarnar el contrato de agencia mercantil\u201d, comoquiera que \u201c[n]o pod\u00eda (\u2026) concretar propuestas, presentar ofertas, enviar cotizaciones, exhibir muestrario o publicidad de la demandada y, en general, participar activamente en la etapa contractual\u2026\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
Lo expuesto sin entrar a discutir lo concerniente \u201cal ramo y al sitio exclusivo de la ejecuci\u00f3n de los negocios\u201d, pues el demandante se dedic\u00f3 a conseguir clientes en todo el territorio nacional e, inclusive, en el exterior, sin que sus funciones puedan atribuirse a una zona determinada donde haya abierto mercado para la comercializaci\u00f3n y distribuci\u00f3n de los productos de Socoda S.A. <\/p>\n
<\/p>\n
Tampoco se configura el enriquecimiento sin causa, porque el actor ten\u00eda otros medios judiciales para reclamar sus acreencias, como las facturas que mencion\u00f3 en la causa petendi. <\/p>\n
<\/p>\n
c.-)DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
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Jos\u00e9 Ignacio P\u00e9rez Rivas y Gloria Estela Zea de P\u00e9rez interpusieron recurso de casaci\u00f3n, el que una vez admitido sustentaron con dos cargos apoyados en las causales quinta y primera del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, que ser\u00e1n despachados en el orden propuesto y al tenor de esta compilaci\u00f3n, vigente cuando aquel se formul\u00f3 (10 dic. 2018), con dos advertencias preliminares: <\/p>\n
<\/p>\n
a.-) La impugnaci\u00f3n fue propuesta por el apoderado del extremo activo compuesto por los prenombrados, y en esa medida fue admitida y sustentada; sin embargo, esta sentencia solo cobija al primero, pues el Tribunal estim\u00f3 que la segunda no ten\u00eda legitimaci\u00f3n en la causa por activa al no encontrar que efectivamente hubiese intervenido en las actividades invocadas como constitutivas de agencia comercial, sin que la demanda que ahora se estudia contenga alg\u00fan ataque tendiente a desvirtuar esa motivaci\u00f3n que, por lo tanto, resulta intangible en esta sede. <\/p>\n
b.-) Habiendo sido admitido el libelo casacional sin reparo de la parte convocada, no es esta la oportunidad para volver sobre sus aspectos formales, que tal decisi\u00f3n hace presumir satisfechos, sin perjuicio de que, si en efecto se observan y se conjugan con temas sustanciales, apoyen la eventual improsperidad de alguno de los reproches. <\/p>\n
<\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
<\/p>\n
Los recurrentes denunciaron que el fallo acusado fue dictado en un juicio viciado. <\/p>\n
<\/p>\n
Al efecto, tras citar los art\u00edculos 29, 228 y 229 de la Constituci\u00f3n, 124 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y 13, 42, 117 y 625 del C\u00f3digo General del Proceso, adujeron que el 12 de septiembre de 2016 el a quo \u201cdio paso al tr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n\u201d al convocar a la audiencia de que trata el art\u00edculo 373 del \u00faltimo compendio, por lo que de acuerdo con el art\u00edculo 121 idem y en la medida que no se configur\u00f3 alg\u00fan motivo de interrupci\u00f3n o suspensi\u00f3n, ten\u00eda plazo para fallar hasta el 13 de septiembre de 2017, pero solamente lo hizo el 25 de octubre siguiente. <\/p>\n
<\/p>\n
Invocando la STC8849-2018 de esta Sala, concluyeron que esa sentencia es nula por p\u00e9rdida autom\u00e1tica de competencia del funcionario que la dict\u00f3, y que esa invalidez se extiende a la de segundo grado, tanto porque confirm\u00f3 aquella como debido a que fue emitida por fuera de los seis meses que el mismo precepto impone al ad quem, pues data de 3 de diciembre de 2018 y el expediente le lleg\u00f3 el 8 de noviembre de 2017. <\/p>\n
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CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1.- Corresponde a la Corte determinar si las instancias fueron finiquitadas en los t\u00e9rminos previstos en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso y, en caso de que la respuesta sea negativa, si ello conlleva la nulidad all\u00ed contemplada. <\/p>\n
<\/p>\n
2.- Con el fin de materializar los derechos constitucionales de acceso a la justicia y a un debido proceso sin dilaciones (art. 228 y 29), as\u00ed como las reglas del C\u00f3digo de Procedimiento Civil que impon\u00edan el impulso oficioso de los litigios, la responsabilidad del juez en su adelantamiento y la perentoriedad de los t\u00e9rminos (arts. 2, inc. 2, 37-1,6 y 117), el canon 9\u00ba de la Ley 1395 de 2010 adicion\u00f3 un par\u00e1grafo al 124 de esa normatividad, estableciendo el plazo de un a\u00f1o para concluir con sentencia la instancia inicial y de seis meses la subsiguiente, contados el uno a partir de la notificaci\u00f3n al extremo pasivo del auto admisorio o del mandamiento de pago y el otro desde la recepci\u00f3n del expediente en la secretar\u00eda del superior, y sancion\u00f3 su inobservancia con la p\u00e9rdida autom\u00e1tica de competencia del juzgador moroso y el paso del asunto al siguiente en turno, a quien dio 2 meses para fallar. <\/p>\n
<\/p>\n
Por la misma senda, el C\u00f3digo General del Proceso reiter\u00f3 tales principios e incorpor\u00f3 conceptos m\u00e1s modernos como la tutela jurisdiccional efectiva en el marco de un debido proceso de duraci\u00f3n razonable (arts. 2\u00ba, 43 nums. 1 y 8, 117), y en el inciso primero del art\u00edculo 121 mantuvo los mismos plazos para decidir de fondo, con la novedad que otorg\u00f3 al juez o al magistrado, seg\u00fan el caso, la facultad de prorrogarlos seis meses, justificando la necesidad, al tiempo que los conmin\u00f3 a que si no los acataban deb\u00edan remitir el pleito a quien les siguiera en turno e informar lo acontecido a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n
Adicionalmente, en aras de proporcionar herramientas concretas y efectivas para la materializaci\u00f3n de sus dictados, previ\u00f3 que ser\u00eda \u201cnula de pleno derecho la actuaci\u00f3n posterior que realice el juez que haya perdido competencia para emitir la respectiva providencia\u201d, y en el inciso final que \u201c[e]l vencimiento de los t\u00e9rminos a que se refiere este art\u00edculo, deber\u00e1 ser tenido en cuenta como criterio obligatorio de calificaci\u00f3n de desempe\u00f1o de los distintos funcionarios judiciales\u201d, lo que seg\u00fan fue explicado en AC3346-2020 arroj\u00f3 tres consecuencias: <\/p>\n
<\/p>\n
\u2026la primera consist\u00eda en la \u00abnulidad de pleno derecho\u00bb de las actuaciones surtidas luego del fenecimiento de ese lapso; la segunda en la p\u00e9rdida autom\u00e1tica de competencia del funcionario que ven\u00eda conociendo el asunto junto con la consecuente remisi\u00f3n del expediente al despacho judicial que sigue en turno; y la tercera en que el cumplimiento de los t\u00e9rminos de duraci\u00f3n de las instancias ser\u00eda criterio obligatorio para evaluar el desempe\u00f1o de los falladores. <\/p>\n
<\/p>\n
Con ese horizonte normativo, en un primer periodo la Corte se pronunci\u00f3 sobre el tema en sede de tutela, sosteniendo en unas ocasiones que la nulidad precisaba ponderar las circunstancias que dieron lugar al incumplimiento del t\u00e9rmino, que deb\u00eda alegarse antes de la sentencia y que, de no hacerse esto, quedaba convalidada; en otras, que los lapsos fijados por el legislador eran de car\u00e1cter objetivo, corr\u00edan al margen de cualquier vicisitud procesal y que la consecuente invalidez era insaneable y autom\u00e1tica, al punto que ni siquiera requer\u00eda declararse1. <\/p>\n
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Este \u00faltimo pensamiento fue el que prevaleci\u00f3 a partir de la STC8849-20182 que invoca el cargo, en la cual la Sala recogi\u00f3 \u201ctodos los precedentes que, en sentido contrario, emiti\u00f3 previamente, al considerar que la postura aqu\u00ed expuesta es la m\u00e1s acorde con lo consagrado en el ordenamiento jur\u00eddico, espec\u00edficamente, en el art\u00edculo 121 del estatuto procesal vigente\u201d, pues \u201ceste tipo de nulidad, al operar de \u00abpleno derecho\u00bb, surte efectos sin necesidad de reconocimiento, de suerte que no puede recobrar fuerza, ni siquiera por el paso del tiempo o la inacci\u00f3n de las partes, de all\u00ed que se excluya la aplicaci\u00f3n del principio de invalidaci\u00f3n o saneamiento\u201d; sin embargo, en STC12660-2019, reconoci\u00f3 la necesidad de sopesar que dentro del lapso indicado se hubiese producido el cambio de juez. <\/p>\n
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El panorama cambi\u00f3 radicalmente cuando en la sentencia C-443 de 25 de septiembre de 2019 la Corte Constitucional declar\u00f3 inexequible la expresi\u00f3n \u201cde pleno derecho\u201d contenida en el inciso 6 del memorado art\u00edculo 121 y la \u201cexequibilidad condicionada del resto de este inciso, en el entendido de que la nulidad all\u00ed prevista debe ser alegada antes de proferirse la sentencia, y de que es saneable en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 132 y subsiguientes del C\u00f3digo General del Proceso\u201d. <\/p>\n
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Esa decisi\u00f3n pronto tuvo repercusi\u00f3n en la Sala, pues en STC15542 de 14 de noviembre de ese a\u00f1o concedi\u00f3 la tutela que una parte solicit\u00f3 frente a un funcionario de segunda instancia que el 20 de julio de ese periodo declar\u00f3 de oficio la nulidad de una sentencia que conoc\u00eda en apelaci\u00f3n, dictada por el a quo el 4 de junio anterior, por fuera del periodo estatuido en el aludido precepto. <\/p>\n
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En esa ocasi\u00f3n argument\u00f3 que <\/p>\n
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(\u2026) al no estar la nulidad del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General de Proceso taxativamente prevista como insaneable y al no ser una \u00abnulidad especial\u00bb, no es posible afirmar que es una anomal\u00eda procesal de tan grande magnitud que no es susceptible de convalidaci\u00f3n o saneamiento. De esta manera, si se actu\u00f3 sin proponerla, o la convalid\u00f3 en forma expresa, la nulidad quedar\u00e1 saneada, pero si la parte la formula en la oportunidad prevista en el art\u00edculo 134, siempre que se cumplan los requisitos se\u00f1alados en el art\u00edculo 135, y una vez verificado el supuesto de hecho indicado en el art\u00edculo 121 \u2013que como se explic\u00f3, no es objetivo y admite el descuento de demoras que no se deben a la desidia del funcionario\u2013, el juez deber\u00e1 declarar la consecuencia jur\u00eddica expresada en esa disposici\u00f3n. <\/p>\n
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En el mismo sentido, en STC1693 de 20203, al abordar el reproche por el \u201cproferimiento de la sentencia de 16 de mayo de 2019, con posterioridad al vencimiento del t\u00e9rmino de que trata el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso\u201d, ponderando que en la aludida sentencia de constitucionalidad su hom\u00f3loga dijo que \u201cla p\u00e9rdida de la competencia y la nulidad consecuencial a dicha p\u00e9rdida, debe ser alegada antes de proferirse sentencia, y segundo, que la nulidad es saneable en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 136 del CGP\u201d, concluy\u00f3 que <\/p>\n
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(\u2026) teniendo en cuenta la interpretaci\u00f3n que desde la \u00f3ptica constitucional se consign\u00f3 en el citado precedente, la cual se acoge por respeto a la institucionalidad en trat\u00e1ndose de pronunciamientos de ese tipo, el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
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En suma, en vigencia del texto original del art\u00edculo 121 procesal, en sede de tutela, la Sala tuvo posturas encontradas en cuanto a la posibilidad de convalidar la nulidad all\u00ed prevista, aunque en 2018 se inclin\u00f3 por la que le otorgaba car\u00e1cter insaneable; sin embargo, a partir de la C-443\/19 ha aplicado irrestrictamente el criterio de saneabilidad que la Corte Constitucional pregon\u00f3, no solo frente a los nuevos fallos que violaban los tiempos fijados en esa disposici\u00f3n, sino a los anteriores a esa sentencia, seg\u00fan puede apreciarse de la memoria realizada, en la que se tuvo cuidado de se\u00f1alar las fechas para destacar esta \u00faltima circunstancia, de tal suerte que el precedente que la censura invoca como fundamento de su aspiraci\u00f3n se encuentra superado. <\/p>\n
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3.- Puesta la Sala nuevamente en la necesidad de examinar el asunto en el escenario civil, no encuentra razones para sostener una posici\u00f3n diferente a la que se acaba de evidenciar, sino, por el contrario, para reafirmarla. <\/p>\n
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En tal sentido, lo primero que corresponde reconocer es que el fallo C-443-2019 de la Corte Constitucional que sirvi\u00f3 de referente a esa postura, en la medida que no fue modulado para darle un alcance diferente, produjo efectos hacia el futuro, ex nunc4, por lo que, en principio, no podr\u00eda afectar situaciones consolidadas antes de su emisi\u00f3n, es decir, sentencias civiles dictadas de manera previa al 25 de septiembre de 2019 y por fuera de los t\u00e9rminos del art\u00edculo 121 procedimental. <\/p>\n
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Sin embargo, es de ver que m\u00e1s all\u00e1 de la declaratoria de inexequibilidad de la expresi\u00f3n \u201cde pleno derecho\u201d, tal decisi\u00f3n fij\u00f3 la interpretaci\u00f3n constitucionalmente v\u00e1lida del resto del inciso sexto, esto es, \u201cque la nulidad all\u00ed prevista debe ser alegada antes de proferirse la sentencia, y de que es saneable en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 132 y subsiguientes del C\u00f3digo General del Proceso\u201d. <\/p>\n
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De tal forma que si bien el pensamiento que predomin\u00f3 en la Sala antes de dicho pronunciamiento apuntaba a que los prove\u00eddos de fondo de esta especialidad emitidos con trasgresi\u00f3n de los plazos del art\u00edculo 121 ritual estaban afectados de nulidad insaneable, en el actual estado de cosas no puede ser aplicado porque ir\u00eda en contrav\u00eda de la \u00fanica hermen\u00e9utica que constitucionalmente se ha predicado admisible, cuyo inicio no lo marca la calenda en que la Corte hom\u00f3loga dictamin\u00f3, sino la vigencia de la disposici\u00f3n a que se refiere, es decir el 1\u00ba de enero de 2016. <\/p>\n
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Por lo tanto, sin perjuicio de las determinaciones que en su momento se adoptaron en sentido contrario, que constituyen cosa juzgada en las respectivas causas, la \u00fanica interpretaci\u00f3n que a estas alturas resulta aceptable frente a cualquier asunto an\u00e1logo que deba ser resuelto, sin importar la fecha en que ocurrieron los hechos, es que la nulidad se gobierna con las reglas procesales ordinarias de convalidaci\u00f3n. <\/p>\n
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S\u00famase a lo anterior que, a pesar de que en esta Sala prevaleci\u00f3 por un breve tiempo el criterio de insaneabilidad, la discusi\u00f3n nunca estuvo clausurada definitivamente, como lo reflejan repetidos salvamentos y aclaraciones de voto, de tal suerte que ahora simplemente se retoma con el referente hermen\u00e9utico insoslayable que ofrece el prove\u00eddo de la Corte Constitucional. <\/p>\n
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Lo expuesto ratifica la senda ya trazada por el pleno de la Sala en Casaci\u00f3n, cuando al pronunciarse sobre un cargo \u201cfundado en una nulidad de la sentencia de segunda instancia al haberse proferido en un juicio en donde el fallo de primer grado se dict\u00f3 despu\u00e9s de vencerse el t\u00e9rmino legal de un a\u00f1o para su expedici\u00f3n, contrario a lo prevenido en el art\u00edculo 121 del CGP\u201d, tras reconocer que la jurisprudencia y la doctrina tuvieron posturas encontradas sobre su saneabilidad y memorar lo resuelto por su par en la C-443\/2019, dej\u00f3 sentado que <\/p>\n
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(\u2026) hoy existe un nuevo contexto hist\u00f3rico jur\u00eddico surgido del conocimiento p\u00fablico de que la Corte Constitucional declar\u00f3 inexequible la expresi\u00f3n de \u201cpleno derecho\u201d contenida en el inciso sexto del art\u00edculo 121 del CGP, lo que significa que la nulidad no opera de pleno derecho, por tanto, debe ser alegada por las partes antes de proferirse la correspondiente sentencia, y esta puede sanearse de conformidad con la normatividad procesal civil (art. 132 y subsiguientes del CGP). <\/p>\n
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La raz\u00f3n pr\u00e1ctica apunta a que si este ser\u00e1 el nuevo panorama jur\u00eddico que permitir\u00e1 la definici\u00f3n en los casos particulares si hay lugar o no a declarar la nulidad por p\u00e9rdida de competencia por vencimiento del plazo razonable para fallar, es del caso considerar en el subjudice que la nulidad invocada en el cargo primero con fundamento en la causal quinta del art\u00edculo 336 del CGP, en vista que no fue alegada en las instancias, se encuentra saneada (\u2026). <\/p>\n
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Igualmente, en AC791-2020, donde el opugnante extraordinario narr\u00f3 que el tribunal recibi\u00f3 el expediente el 4 de abril de 2018 y el \u201c[e]l 4 de diciembre de 2018 se dict\u00f3 auto prorrogando el t\u00e9rmino inicial por seis meses m\u00e1s, plazo que deb\u00eda contarse a partir del 6 de octubre de dicha anualidad, y finalmente la sentencia de segunda instancia fue expedida el 14 de junio de 20185, cuando ya hab\u00eda vencido el plazo legal previsto en el art\u00edculo 121 del CGP\u201d y reforz\u00f3 \u201csu solicitud de nulidad procesal en pronunciamiento de esta Sala de fecha 11 de julio de 2018 (STC-8849)\u201d, esta Corporaci\u00f3n record\u00f3 que <\/p>\n
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(\u2026) en la providencia AC5139-20196 (\u2026), al reexaminar la tem\u00e1tica concerniente a si la nulidad por falta de competencia por vencimiento del plazo para adoptar la providencia pertinente es o no saneable, estando en sede de casaci\u00f3n, y ante la posibilidad que solo se utilice dicha herramienta jur\u00eddica como \u00faltima carta para quebrar la sentencia cuya decisi\u00f3n le result\u00f3 contraria al impugnante extraordinario, como ocurri\u00f3 en el sub examine, no obstante de haber tenido el recurrente la oportunidad para invocarla oportunamente, se apart\u00f3 de la doctrina expuesta como juez constitucional en el sentido de que dicha nulidad debe formularse tempestivamente, so pena que quede saneada, y, por tanto, no hay lugar a su reconocimiento, doctrina que se encuentra orientada significativamente a realizar los derechos, principios y valores constitucionales, todo lo cual permite discurrir que en el subjudice la nulidad invocada en el cargo primero con fundamento en la causal quinta del art\u00edculo 336 del CGP, en concordancia con el art\u00edculo 121, ibidem, en vista que no fue propuesta ante de dictarse la sentencia de segundo nivel, se encuentra saneada (se destaca). <\/p>\n
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Finalmente, en el AC3346-2020, determin\u00f3 que <\/p>\n
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Explicado de otra manera, de acuerdo con el actual estado de cosas constitucional, si la parte respectiva invoca el vencimiento del plazo de duraci\u00f3n de la instancia y la p\u00e9rdida de competencia de la autoridad judicial correspondiente antes de la expedici\u00f3n de la sentencia, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, ah\u00ed s\u00ed se configura una nulidad que conduce al quiebre del fallo y a que se ordene renovar las actuaciones viciadas de la instancia respectiva, como lo ha reconocido la Sala (AC791-2020, rad. 2014-00033, 6 mar. 2020). T\u00e9ngase en cuenta que, en tales t\u00e9rminos, el precedente de constitucionalidad deja sin piso la supuesta inaplicabilidad del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso que refiri\u00f3 el Tribunal. <\/p>\n
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Se concluye, entonces, que la nulidad de que trata el art\u00edculo 121 est\u00e1 sujeta a las pautas del art\u00edculo 136 idem, conforme al cual, \u201cse considerar\u00e1 saneada\u201d, en lo pertinente, \u201c1. Cuando la parte que pod\u00eda alegarla no lo hizo oportunamente o actu\u00f3 sin proponerla\u201d y \u201c4. Cuando a pesar del vicio el acto procesal cumpli\u00f3 su finalidad y no se viol\u00f3 el derecho de defensa\u201d. En esa medida, cuando haya sido propuesta, lo resuelto constituir\u00e1 cosa juzgada y no podr\u00e1 volverse sobre la misma. <\/p>\n
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Asimismo, de acuerdo con lo expresado hasta el momento y, teniendo en cuenta que de conformidad con el inciso segundo del art\u00edculo 135 ejusdem, \u201c[n]o podr\u00e1 alegar la nulidad (\u2026) quien despu\u00e9s de ocurrida la causal haya actuado en el proceso sin proponerla\u201d y que seg\u00fan el numeral 1\u00ba del siguiente precepto la nulidad se considera saneada \u201c[c]uando la parte que pod\u00eda alegarla no lo hizo oportunamente\u201d, resulta claro que vencido el t\u00e9rmino fijado en el canon 121 para dictar sentencia en las instancias, la parte interesada queda habilitada para poner de presente la p\u00e9rdida autom\u00e1tica de competencia, pero mientras no lo haga, convalida cada actuaci\u00f3n que se vaya produciendo y si se dicta fallo no podr\u00e1 alegar que est\u00e1 viciado por esta causal. <\/p>\n
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S\u00famase a lo dicho que el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 136 prev\u00e9 la misma consecuencia purificadora cuando \u201ca pesar del vicio el acto procesal cumpli\u00f3 su finalidad y no se viol\u00f3 el derecho de defensa\u201d, lo que precisamente sucede si se sopesa que la finalidad de la norma es apremiar que las instancias se finiquiten prontamente, de tal suerte que producido el fallo, ser\u00eda un contrasentido abatirlo para que otro funcionario vuelva a fallar, lo que l\u00f3gicamente solo se producir\u00e1 al cabo de cierto tiempo. <\/p>\n
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4.- En el caso que se analiza, no hay duda de que las sentencias de las instancias fueron dictadas por fuera de los t\u00e9rminos de un a\u00f1o y de seis meses con que los juzgadores contaban, conforme el pluricitado art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, teniendo en cuenta que en ning\u00fan caso medi\u00f3 pr\u00f3rroga ni causal legal de suspensi\u00f3n o interrupci\u00f3n. <\/p>\n
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En efecto, en el asunto, rituado inicialmente por la v\u00eda ordinaria contemplada en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, la demandada Socoda S.A. fue notificada por aviso el 22 de febrero de 2013 y el tr\u00e1nsito a la normatividad del C\u00f3digo General del Proceso se produjo el 12 de septiembre de 2016, cuando el juez de conocimiento constat\u00f3 el agotamiento de la fase probatoria7 y se\u00f1al\u00f3 fecha para adelantar la audiencia prevista en el art\u00edculo 373 id., constituy\u00e9ndose esta \u00faltima calenda en el punto de partida para contabilizar el plazo establecido legalmente que, en consecuencia, expir\u00f3 el mismo d\u00eda y mes de 2017; sin embargo el fallo solo se produjo el 25 octubre de esta \u00faltima anualidad, por lo que fue extempor\u00e1neo. <\/p>\n
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Otro tanto sucedi\u00f3 con el veredicto del Tribunal, pues el expediente arrib\u00f3 a su Secretar\u00eda el 7 de noviembre de ese a\u00f1o, pero solo emiti\u00f3 la providencia de fondo el 3 de diciembre de 2018, es decir, pasados con holgura los seis meses indicados en la regla aplicable. <\/p>\n
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Empero, el ataque resulta inane porque la parte que ahora lo enfila no manifest\u00f3 oportunamente que estuviera en desacuerdo con que los respectivos funcionarios continuaran al frente del asunto una vez cumplidos los respectivos plazos se\u00f1alados en el art\u00edculo 121 ritual y antes de producirse los veredictos, pues, en relaci\u00f3n con el de primer grado, solamente lo expres\u00f3 un d\u00eda antes de la fecha fijada en principio para finiquitar la segunda instancia; y atinente al dictado en esta \u00faltima, hasta ahora lo hace en casaci\u00f3n. <\/p>\n
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Por otra parte, la actuaci\u00f3n cumpli\u00f3 su finalidad, en cuanto las instancias culminaron sin que se afectara el derecho de defensa de las partes, en especial el de la censora; por el contrario, si se abatieran las resoluciones de m\u00e9rito, los principios que protege la norma alrededor de la que giran estas apreciaciones se ver\u00edan seriamente menoscabados, por la p\u00e9rdida del considerable tiempo que ha pasado y la demora venidera. <\/p>\n
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Am\u00e9n de lo anterior, la alegaci\u00f3n del vicio en relaci\u00f3n con la sentencia del a quo recibi\u00f3 respuesta oportuna por parte del Tribunal, toda vez que fue desestimada por la magistrada ponente y, ante la s\u00faplica respectiva, por los restantes integrantes de la Sala; por ende, lo all\u00ed decidido constituye cosa juzgada, en tanto resolvi\u00f3 sobre un asunto saneable, deviniendo inmodificable ahora. <\/p>\n
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En consecuencia, no prospera el cargo. <\/p>\n
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CARGO SEGUNDO <\/p>\n
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Los censores denuncian la violaci\u00f3n directa de los art\u00edculos 1317, 1262 inciso segundo, 1266 y 1321 del C\u00f3digo de Comercio, por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de los dos primeros y falta de aplicaci\u00f3n de los restantes. <\/p>\n
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Sostienen que del precepto inicial se desprenden como elementos \u201caxiol\u00f3gicos\u201d del contrato de agencia comercial \u201cla independencia de la actividad del agente, la estabilidad de ella, el encargo de promover o explotar, y la actuaci\u00f3n para otro\u201d, pero al analizar \u201cla actividad desplegada\u201d, el Tribunal impuso \u201ccomo requisito obligatorio (\u2026) la representaci\u00f3n en cabeza del agente\u201d que ninguna norma exige; por el contrario, la doctrina indica que \u201c\u2026tiene vida, con o sin la representaci\u00f3n del agente\u2026\u201d, que \u201cno es requisito sine qua non para la existencia y validez del mismo\u201d. <\/p>\n
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Y como el Tribunal dijo que la agencia mercantil constituye una modalidad de mandato, cabe remitirse a la segunda disposici\u00f3n, que indica que \u201cpuede conllevar o no la representaci\u00f3n del mandante\u201d, de tal manera que, si no es obligatoria para este, tampoco para aquella por el \u201csimple hecho de \u2018consagrarse dentro del t\u00edtulo XIII del libro 4\u00ba del C\u00f3digo de Comercio\u2019, como se puntualiz\u00f3 en el fallo acusado\u201d. <\/p>\n
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Entonces, se equivoc\u00f3 al exigir al agente una actividad que el art\u00edculo 1321 atribuye al empresario cuando dice que es el encargado de \u201cvalorar\u201d la conveniencia del futuro negocio, cuyos pormenores impone a aquel informarle, por lo que tiene \u201cla decisi\u00f3n \u00faltima\u201d, l\u00ednea en la cual los cuatro contratos aportados tambi\u00e9n le reservaron \u201clas facultades que el Tribunal, err\u00f3neamente, desea en cabeza del agente\u201d. Con mayor raz\u00f3n si se tiene en cuenta que, en el caso concreto, ni siquiera si el intermediario tuviese esa representaci\u00f3n hubiese podido contratar, porque la complejidad y magnitud de algunos de los negocios requer\u00edan para su formalizaci\u00f3n de procesos de licitaci\u00f3n p\u00fablica y contrataci\u00f3n administrativa regida por la Ley 80 de 1993 que solo pod\u00eda adelantar el representante legal de Socoda S.A., previo visto bueno de su junta directiva, seg\u00fan el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal, am\u00e9n de que el canon 1266 prev\u00e9 que \u201cel mandatario no podr\u00e1 exceder los l\u00edmites de su encargo\u201d. <\/p>\n
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Con todo, al examinar \u201cla actividad desplegada por el agente\u201d, el ad quem s\u00ed encontr\u00f3 acreditado el presupuesto de la \u201cactuaci\u00f3n\u2026por cuenta del empresario\u201d al se\u00f1alar que \u201cel demandante se limitaba a facilitar el acercamiento de los futuros contratantes, visualizaba posibilidades de negocio, propend\u00eda por la consecuci\u00f3n de nuevos clientes de acuerdo con la capacidad de producci\u00f3n de Socoda S.A. y en general facilitaba la gesti\u00f3n comercial de la compa\u00f1\u00eda\u201d, esto \u00faltimo, \u201cen esencia, la actividad propia de un agente comercial\u201d. <\/p>\n
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Finalmente, aunque lo ata\u00f1edero a \u201cuna zona perfilada en el territorio nacional\u201d solo fue mencionado tangencialmente por el fallador sin negar que se satisficiera, no sobra precisar que la gesti\u00f3n comercial \u201cse puede desarrollar a nivel nacional e internacional\u201d, como aqu\u00ed aconteci\u00f3, pues la ley no lo proh\u00edbe y \u201cgracias a la modernizaci\u00f3n y la globalizaci\u00f3n mercantil, en la hora de ahora, ya no existen barreras comerciales ni limitaciones geogr\u00e1ficas\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Corresponde determinar si el Tribunal viol\u00f3 las normas sustantivas que invoca el recurrente al se\u00f1alar como presupuesto de la agencia comercial que el agente lleve la representaci\u00f3n del empresario y, al comprobar que en el caso concreto no la ten\u00eda, mantener la decisi\u00f3n que neg\u00f3 las pretensiones. <\/p>\n
2.- Cuando en 1980 la Corte expidi\u00f3 la sentencia fundadora de su l\u00ednea jurisprudencial en materia de agencia comercial, constat\u00f3 que \u201c[e]l auge del comercio es hoy un axioma. D\u00eda a d\u00eda se superan las t\u00e9cnicas de producci\u00f3n, transformaci\u00f3n y distribuci\u00f3n, abreviando los procesos, mejorando los productos y aumentando los niveles de productividad\u201d, comoquiera que la oferta y la demanda hab\u00edan crecido en forma desmesurada, por lo que si en el pasado era \u201cposible y corriente\u201d que una sola persona agotara toda la cadena de producci\u00f3n y comercializaci\u00f3n, ello constitu\u00eda una excepci\u00f3n que explicaba y justificaba la aparici\u00f3n, desarrollo y auge de diversas formas de intermediaci\u00f3n, como la sub examine, que por entonces ya contaba con nueve a\u00f1os de positivizaci\u00f3n en el C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
Cuatro d\u00e9cadas despu\u00e9s esa percepci\u00f3n conserva vigencia, aunque el contenido f\u00e1ctico que le dio origen palidece frente al vertiginoso y exponencial avance que la tecnolog\u00eda ha impreso a la producci\u00f3n y a la comercializaci\u00f3n de bienes y servicios, derribando las barreras geogr\u00e1ficas nacionales y dando nuevo contenido al concepto de \u201caldea global\u201d acu\u00f1ado en la d\u00e9cada de los sesenta8. <\/p>\n
En tal medida, mientras nuevas formas de producci\u00f3n y comercializaci\u00f3n emergen y se posicionan, la agencia mercantil y las tradicionales formas de intermediaci\u00f3n como el corretaje, la comisi\u00f3n, la preposici\u00f3n, etc. conservan su espacio y se adaptan a los tiempos que corren, en cuanto subsiste la necesidad primaria que las inspir\u00f3, es decir, la del empresario de que sus productos y servicios alcancen mercados que no conoce o a los que sus capacidades no le permiten llegar eficazmente, y a\u00fan mantienen la aptitud de satisfacerla. <\/p>\n
3.- La agencia comercial se encuentra regulada en el Cap\u00edtulo V del T\u00edtulo XIII del Libro Cuarto del C\u00f3digo de Comercio intitulado \u201cDel mandato\u201d y, en l\u00edneas generales, su definici\u00f3n se adec\u00faa a la que de este contrato trae el art\u00edculo 1262 idem, en la medida que resulta indiscutible que el agente \u201cse obliga a celebrar o ejecutar\u201d una pluralidad de \u201cactos de comercio por cuenta de otra\u201d persona. Por consiguiente, tanto org\u00e1nicamente, es decir, por el lugar que ocupa en la estructura del compendio mercantil, como conceptualmente, por su contenido material, abreva en las caracter\u00edsticas generales del contrato de mandato. <\/p>\n
Comprobaci\u00f3n que de cara al problema jur\u00eddico propuesto precisa remitirse al inciso segundo de la \u00faltima norma, en cuanto admite que \u201c[e]l mandato puede conllevar o no la representaci\u00f3n\u201d, cuya definici\u00f3n legal proporciona el canon 832 al indicar que esta consiste en la facultad que una persona tiene para celebrar a nombre de otra uno o varios negocios jur\u00eddicos. <\/p>\n
En torno a la distinci\u00f3n entre mandato y representaci\u00f3n, la doctrina espa\u00f1ola se\u00f1ala que <\/p>\n
Sobre la construcci\u00f3n dogm\u00e1tica de la representaci\u00f3n como un negocio abstracto, la doctrina ha diferenciado entre mandato y representaci\u00f3n atendiendo a la diferente naturaleza jur\u00eddica de cada una de ellas. La principal obligaci\u00f3n que deriva del contrato de mandato por parte del mandatario es la de gestionar los asuntos del mandante, pudiendo dicho mandato estar unido a un poder de representaci\u00f3n pero no necesariamente. En concreto, el mandato es un contrato, con efectos internos, entre el mandante y mandatario, por el cual aqu\u00e9l encarga a \u00e9ste que act\u00fae por su cuenta mientras que la representaci\u00f3n es la legitimaci\u00f3n o autorizaci\u00f3n que tiene el representante para actuar frente a terceros en nombre del representando, obligando a \u00e9ste frente a ellos. Esta facultad deriva del negocio de apoderamiento, conferido por el poderdante (representado) al apoderado (representante).9 <\/p>\n
Por lo anterior es que la voluntad del mandante en sentido lato resulta relevante, ora porque tenga la intenci\u00f3n de conferir la representaci\u00f3n y as\u00ed lo manifieste mediante un instrumento llamado poder, o porque conforme a las costumbres comerciales o por su culpa haya dado motivo para creer que existe, caso \u00faltimo en el que recibe el nombre de \u201caparente\u201d (art. 842 ejusdem). <\/p>\n
Se\u00f1ala la disposici\u00f3n que <\/p>\n
Por medio del contrato de agencia, un comerciante asume en forma independiente y de manera estable el encargo de promover o explotar negocios en un determinado ramo y dentro de una zona prefijada en el territorio nacional, como representante o agente de un empresario nacional o extranjero o como fabricante o distribuidor de uno o varios productos del mismo. <\/p>\n
La persona que recibe dicho encargo se denomina gen\u00e9ricamente agente. <\/p>\n
Tal preceptiva espec\u00edfica ratifica de manera concreta para este tipo de intermediaci\u00f3n la opci\u00f3n de que el \u201cagente\u201d, como gen\u00e9ricamente se conoce al gestor en este contrato, obre en esa simple condici\u00f3n o como \u201crepresentante\u201d, lo cual indica justamente que puede o no llevar esa vocer\u00eda calificada, cuya materializaci\u00f3n en la pr\u00e1ctica queda circunscrita nuevamente a que de manera efectiva el empresario se la otorgue voluntariamente o d\u00e9 motivos para creer que lo hizo. <\/p>\n
Es por ello que sin incluir ese concepto, la Corte ha decantado como presupuestos b\u00e1sicos de este contrato de cooperaci\u00f3n, sin cuya concurrencia podr\u00eda derivar en otro diferente, t\u00edpico o at\u00edpico seg\u00fan la ley lo discipline o no: i) el encargo de promover o explotar negocios, en virtud del cual el agente se obliga a conseguir, ampliar o reconquistar un mercado para los bienes y servicios que produce o presta el empresario; ii) la independencia, conforme a la cual, aquel ejecuta su labor como comerciante aut\u00f3nomo, lo que mejor se entiende al cotejarla con una relaci\u00f3n subordinada, sin que ello signifique que no deba obrar \u201cal tenor de las instrucciones recibidas\u201d y rendir \u201clas informaciones relativas a las condiciones del mercado en la zona asignada, y las dem\u00e1s que sean \u00fatiles a dicho empresario para valorar la conveniencia de cada negocio\u201d; iii) la estabilidad, con lo que se destaca su continuidad o permanencia en el tiempo, mediante la gesti\u00f3n de una pluralidad de actos de comercio, sin perjuicio de las metas establecidas; iv) la remuneraci\u00f3n, es decir, la contraprestaci\u00f3n percibida a cambio de la labor desempe\u00f1ada, que puede adoptar m\u00faltiples modalidades, siendo la comisi\u00f3n una de las m\u00e1s comunes; y v) la actuaci\u00f3n por cuenta ajena, cuya esencia radica en que el beneficio o detrimento recaen \u00fanica y exclusivamente sobre el patrimonio del empresario, quien al final se hace due\u00f1o de la clientela y como retribuci\u00f3n debe reconocer la \u201ccesant\u00eda comercial\u201d, equivalente al 12% del promedio de las comisiones recibidas en los tres \u00faltimos a\u00f1os de vigencia del acuerdo multiplicado por los que dur\u00f3 o fracci\u00f3n. <\/p>\n
En tal direcci\u00f3n, en SC4858-2020, que reiter\u00f3 lo dicho en SC2407-2020, predic\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) para identificar un convenio particular con la tipolog\u00eda negocial de que tratan los art\u00edculos 1317 y siguientes del C\u00f3digo de Comercio, deben acreditarse los siguientes elementos esenciales: <\/p>\n
(i) Encargo de promover o explotar negocios: Del contrato de agencia surge para el agente una t\u00edpica prestaci\u00f3n de hacer, caracterizada como promoci\u00f3n y explotaci\u00f3n de negocios ajenos, procurando por esa v\u00eda la progresi\u00f3n del mercado del empresario\u2026 <\/p>\n
La tarea del agente est\u00e1 orientada a acreditar una marca, conquistar una clientela y ampliar las oportunidades de venta de los bienes o servicios que provea el agenciado, a trav\u00e9s de un conjunto de actividades \u2013v.gr. elaboraci\u00f3n de bases de datos de clientes, estudio de las condiciones del mercado, confecci\u00f3n de piezas publicitarias, programaci\u00f3n de jornadas de demostraci\u00f3n, atenci\u00f3n en la posventa, etc.\u2013 que pueden ubicarse en la fase de preparaci\u00f3n del negocio (promoci\u00f3n), o en la de su perfeccionamiento (explotaci\u00f3n), pero que siempre persiguen ganar un mercado para el empresario\u2026 <\/p>\n
(ii) Independencia y estabilidad del agente\u2026 Lo primero significa que el referido comerciante ejerce su actividad vali\u00e9ndose de una organizaci\u00f3n distinta a la del agenciado, de modo que cuente con una estructura organizativa propia (oficinas, establecimientos de comercio, empleados, etc.), y desarrolle y ejecute el contrato aut\u00f3nomamente. Sin embargo, la emancipaci\u00f3n del agente en el ejercicio de su misi\u00f3n contractual puede no ser absoluta, pues la misma naturaleza del encargo exige que aquel se plegue a ciertas pautas o directrices fijadas por el empresario\u2026 La segunda particularidad, a su turno, est\u00e1 ligada a la propia funci\u00f3n econ\u00f3mica de la agencia comercial, que exige la extensi\u00f3n en el tiempo del lazo contractual, tanto para que el agente pueda cumplir adecuadamente su misi\u00f3n, como para que pueda recuperar la inversi\u00f3n que supone dise\u00f1ar una organizaci\u00f3n independiente (en los t\u00e9rminos reci\u00e9n explicados). <\/p>\n
(iii) Remuneraci\u00f3n del agente\u2026 el contrato de agencia comercial es de naturaleza onerosa, debi\u00e9ndose precisar que el estipendio que corresponda puede adoptar diversas formas, algunas de ellas comunes a otros negocios jur\u00eddicos de intermediaci\u00f3n; por consiguiente, no existe un modo de remuneraci\u00f3n espec\u00edfico (comisi\u00f3n, prima de \u00e9xito, descuento, etc.) que pueda entenderse como un rasgo distintivo del contrato de agencia, con respecto a las restantes convenciones. <\/p>\n
(iv) Actuaci\u00f3n \u2018por cuenta ajena\u2019: En sentencia CSJ SC, 10 sep. 2003, rad. 2005-00333-01 (reiterada en CSJ SC16485-2015, 30 nov.), se dej\u00f3 sentado que\u2026 la actuaci\u00f3n del agente es por cuenta ajena, en vista de que el impacto del \u00e9xito o fracaso de la encomienda se patentiza primordialmente en los estados financieros del agenciado, mientras que por sus labores de conexi\u00f3n aquel recibe una remuneraci\u00f3n preestablecida\u2026 las principales utilidades, riesgos y costos de la operaci\u00f3n radican en cabeza del empresario, lo cual explica que la clientela le pertenezca, una vez finalizado el agenciamiento (SC2407, 21 jul. 2020, rad. n.\u00b0 2010-00450-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que ni la normativa ni la jurisprudencia relacionada han erigido a la representaci\u00f3n, entendida en los t\u00e9rminos jur\u00eddicos ya explicados, en supuesto ineludible de la agencia comercial. <\/p>\n
Aunque la Corte no se ha expresado de manera amplia y espec\u00edfica sobre el tema, la claridad que ha tenido sobre la contingencia de que el agente asuma o no dicha representaci\u00f3n queda patente desde la providencia inaugural citada, en la que dijo que los negocios que aquel promueve en beneficio exclusivo del empresario, este los \u201c\u2026ha de celebrar directamente si al agente no se le dio la facultad de representarlo\u00bb (CSJ SC 2 dic. 1980); m\u00e1s recientemente en SC13208-2015 predic\u00f3 que \u201c[l]a falta de participaci\u00f3n del agente en la relaci\u00f3n convencional como parte de la misma (\u2026) no siempre se presenta, porque si bien en algunos casos su labor se contrae a procurar el acercamiento entre los clientes y el fabricante, en otros, puede celebrar contratos de compraventa en nombre del empresario y por cuenta de este, pues se le ha otorgado la facultad de representarlo\u201d; y en SC6315-2017 expuso que \u201c\u2026cuando el \u2018agenciado\u2019 confiere la representaci\u00f3n al \u2018agente\u2019, este puede concluir los convenios resultantes de las actividades ejecutadas en virtud del \u2018contrato de agencia comercial\u2019 por lo que no son extra\u00f1as las citadas transacciones en el \u00e1mbito de tal acuerdo\u201d. <\/p>\n
Cabe precisar que con el fin de caracterizar la actividad que desarrolla el agente para el cabal cumplimiento de su cometido, com\u00fanmente se dice que \u201crepresenta\u201d al empresario, en cuanto para promocionar sus negocios debe llevar la vocer\u00eda frente a la potencial clientela, pues, si esta no est\u00e1 persuadida que obra en su nombre, la labor que desempe\u00f1a devendr\u00eda ineficaz por falta de herramientas. <\/p>\n
El vocablo as\u00ed usado debe entenderse en su sentido ordinario, es decir, la simple posibilidad de \u201csustituir a alguien o hacer sus veces, desempe\u00f1ar su funci\u00f3n o la de una entidad empresa, etc.\u201d10 y, \u00fanicamente en los casos en que se utilice en su acepci\u00f3n jur\u00eddica propiamente dicha, puede asumirse que se refiere a la facultad de obligar al poderdante frente a terceros. <\/p>\n
Se vuelve, entonces, al punto de partida, en donde el \u201cagente\u201d puede o no tener la representaci\u00f3n, lo que de suyo descarta que esta constituya un aspecto definitorio del contrato. En consecuencia, no puede predicarse que sin representaci\u00f3n no existe agencia comercial, pues bien puede darse o no. <\/p>\n
4.- En el caso concreto, el Tribunal, al examinar \u201cla actividad desplegada por el agente\u201d, centr\u00f3 su atenci\u00f3n en el aspecto que a su juicio constituye el \u201celemento fundante\u201d de la agencia comercial, consistente en \u201cla representaci\u00f3n del agenciado\u201d, en lo que sin duda tuvo presente el sentido estrictamente jur\u00eddico del vocablo, pues de otra manera no habr\u00eda sostenido que en virtud de la misma aquel debe \u201cllegar a obrar a nombre y por cuenta suya [del empresario], facult\u00e1ndose para la celebraci\u00f3n de contratos (\u2026)\u201d, premisa a partir de la que constat\u00f3 que \u201cla labor de Jos\u00e9 Ignacio P\u00e9rez Rivas se limit\u00f3 a la intermediaci\u00f3n entre las futuras partes contratantes\u201d, extra\u00f1ando que esta \u201ctrascendiera hasta la culminaci\u00f3n del negocio toda vez que carec\u00eda de facultades de representaci\u00f3n, y en ning\u00fan caso podr\u00eda comprometer el criterio de la demandada, intervenir en la fijaci\u00f3n de precios, presentar cotizaciones y, en general, todas las gestiones necesarias para formalizar convenios\u201d. <\/p>\n
Por la misma senda, reiter\u00f3 que la labor del intermediario \u201cno trascend\u00eda hacia la representaci\u00f3n de la sociedad demandada en la celebraci\u00f3n efectiva del negocio, limit\u00e1ndose al acercamiento de las partes\u201d; igualmente, que \u201csin llegar a calificar la existencia de un contrato de corretaje o de otra intermediaci\u00f3n entre las partes, porque no es el objeto de este proceso, para esta Sala Civil resulta determinante el hecho que el demandante no gozaba de facultades de representaci\u00f3n. Por ende, al conseguir contactos y clientes no obraba en representaci\u00f3n de Socoda S.A., pues se limit\u00f3 a la consecuci\u00f3n de clientes y a la apertura de mercado, objeto para que en \u00faltima instancia fue contratado\u2026\u201d. <\/p>\n
En esa medida concluy\u00f3 que \u201cla carencia del elemento relacionado con la representaci\u00f3n o el mandato que debe encarnar el contrato de agencia mercantil\u2026conlleva desestimar las s\u00faplicas de la demanda\u201d, lo que iter\u00f3 postreramente al aseverar que \u201cla ausencia de facultades de representaci\u00f3n que, junto con los dem\u00e1s elementos que caracterizan e individualizan el contrato de agencia comercial, resulta suficiente para llevar al traste con las pretensiones encaminadas a la declaratoria de existencia de la modalidad convencional a t\u00edtulo mercantil de la agencia comercial, sin desconocer con ello que el demandante re\u00fane una serie de condiciones que el brindan el car\u00e1cter de intermediario comercial al demostrarse que fue independiente, aut\u00f3nomo y desarroll\u00f3 el encargo con estabilidad\u201d, esto \u00faltimo como secuela del estudio que hizo de tales requisitos. <\/p>\n
De frente a lo acabado de manifestar, la anterior constataci\u00f3n resulta suficiente para dar por establecido el yerro in judicando denunciado, pues el fallador fij\u00f3 como presupuesto b\u00e1sico de la agencia uno que la ley sustancial no contempla y al no hallarlo acreditado desech\u00f3 las aspiraciones de Jos\u00e9 Ignacio P\u00e9rez Rivas. <\/p>\n
5.- Aunque sin realmente comprometer su criterio, el Tribunal a\u00f1adi\u00f3 a lo expresado que \u201c[e]llo sin entrar en la discusi\u00f3n concerniente al ramo y al sitio exclusivo determinado para la celebraci\u00f3n de negocios. Como se evidenci\u00f3, el demandante se dedic\u00f3 a conseguir clientes a lo largo del territorio nacional, inclusive en el exterior, sin que pueda atribuirse sus funciones a una zona determinada donde haya abierto mercado para la comercializaci\u00f3n y distribuci\u00f3n de los productos de Socoda S.A.\u201d. <\/p>\n
5.1.- El suelo patrio constituye el l\u00edmite geogr\u00e1fico en el que se ejecuta la agencia comercial regulada en el C\u00f3digo de Comercio, en cuanto el pluricitado art\u00edculo 1317 se\u00f1ala que el encargo que realiza el agente tiene por finalidad promover o explotar los negocios de un empresario nacional o extranjero \u201cdentro de una zona prefijada en el territorio nacional\u201d, mientras que el 1328 ib. establece que los contratos de esa naturaleza \u201cque se ejecuten en el territorio nacional quedan sujetos a las leyes colombianas\u201d. <\/p>\n
Tales previsiones son el desarrollo palpable de lo establecido en el Tratado sobre Derecho Civil Internacional y Derecho Comercial Internacional de Montevideo (1888-1889), aprobado en Colombia mediante la Ley 33 de 1992, que consagra el principio que los contratos se rigen por la ley del lugar de ejecuci\u00f3n, en torno a lo cual esta Corporaci\u00f3n, en sentencia de 30 de octubre de 1986, dijo: <\/p>\n
<\/p>\n
En el caso que ahora se examina, lo \u00fanico que ha hecho el legislador ha sido reconocer principios del derecho internacional privado, fundados en tesis de Savigny y aceptados universalmente, a cuyo tenor los contratos celebrados entre personas de distintos Estados deben regirse por la ley imperante en el lugar de su cumplimiento (\u201clex loci executionis\u201d) y los conflictos jur\u00eddicos que surjan habr\u00e1n de resolverse por los jueces del lugar (\u201clex fori\u201d). <\/p>\n
<\/p>\n
En tal medida, quedan excluidos de la preceptiva mercantil nacional los contratos de agencia comercial cuya ejecuci\u00f3n tenga lugar en un pa\u00eds extranjero; en otras palabras, sus partes no quedan cobijadas por los derechos y obligaciones que se derivan de la legislaci\u00f3n nacional. <\/p>\n
Por lo tanto, sin que pierdan su naturaleza como contratos de agencia comercial, no tienen la protecci\u00f3n que el C\u00f3digo de Comercio les otorga aquellos que conlleven en el agente \u201cponer por obra\u201d11 actividades en el extranjero. <\/p>\n
<\/p>\n
Cabe aclarar que la limitante se refiere exclusivamente a los quehaceres de promoci\u00f3n ejecutados en otro pa\u00eds; por lo mismo, deja fuera los que tengan origen en Colombia, pero con repercusi\u00f3n en el exterior, como podr\u00eda ser la adquisici\u00f3n en el suelo patrio de bienes para ser exportados. <\/p>\n
5.2.- La misma norma prev\u00e9 que el agente cumple su encargo en \u201cuna zona prefijada\u201d del territorio patrio, aspecto que, en la medida que los antecedentes jurisprudenciales rese\u00f1ados no lo contemplan, no constituye requisito esencial para la existencia de la agencia comercial. <\/p>\n
Se trata de una previsi\u00f3n supletoria cuya finalidad pr\u00e1ctica encuentra explicaci\u00f3n en los c\u00e1nones 1318, 1319 y 1321 mercantiles, que fijan la posibilidad de que, en relaci\u00f3n con el \u00e1rea establecida, las partes pacten que el agenciado pueda servirse de agentes diferentes al contratado, que este no est\u00e1 habilitado para obrar a favor de otros empresarios y que se halla obligado a rendir informes sobre las condiciones del mercado. <\/p>\n
Es en este sentido que la jurisprudencia ha dicho que <\/p>\n
(\u2026) la fijaci\u00f3n del territorio donde debe laborar el agente es un elemento determinante o fundamental no s\u00f3lo para permitirle a la agencia \u2018conquistar, ampliar y reconquistar un mercado en beneficio del principal\u2019 (\u2026), sino para imponerle a \u00e9ste el reconocimiento de la actividad de aquella, tanto que, sin impedirle al empresario participar en el mismo territorio, [\u00e9ste] contrae de todas maneras la obligaci\u00f3n de pagar [al agente] por interferirlo de alg\u00fan modo (\u2026)\u201d12. <\/p>\n
De tal suerte que, si las partes no prev\u00e9n esa acotaci\u00f3n, debe comprenderse que la labor puede desarrollarse en todo el territorio nacional y que en ese marco geogr\u00e1fico es que operan las mentadas limitaciones y obligaciones. <\/p>\n
Por lo anterior es que la jurisprudencia ha admitido sin reparo casos en que empresas extranjeras contratan los servicios de agentes para que expandan sus mercados en Colombia, en el en entendido que si no lo han circunscrito a una zona determinada se entiende v\u00e1lido en todo el suelo patrio. <\/p>\n
En los tiempos de globalizaci\u00f3n que corren mal podr\u00eda exigirse, con car\u00e1cter imperativo, a un empresario que limite el campo de acci\u00f3n de su agente a una \u201czona\u201d del pa\u00eds, si es que sus necesidades y posibilidades precisan y permiten que obre a lo largo y ancho del territorio nacional. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, no existe objeci\u00f3n alguna a que la labor del agente se haya realizado en toda Colombia. <\/p>\n
6.- Sumando a lo anterior, en este caso en el que el Tribunal no formul\u00f3 reparo por los elementos de la agencia comercial atinentes a estabilidad, autonom\u00eda, remuneraci\u00f3n, \u201cencargo de promover o explotar negocios\u201d y actuaci\u00f3n por cuenta ajena, ni la Corte los encuentra, se hace imperativo el quiebre de la sentencia para, en su lugar, emitir la de reemplazo que desate el recurso de apelaci\u00f3n propuesto por la parte demandada. <\/p>\n
En consecuencia, se decretar\u00e1 una nueva experticia por parte de un auxiliar de la justicia especializado en contadur\u00eda o econom\u00eda, quien deber\u00e1 calcular la cesant\u00eda comercial, teniendo cuidado de i) discriminar cada una de las comisiones recibidas por el agente en los tres \u00faltimos a\u00f1os (octubre de 2008 -octubre de 2011), ii) se\u00f1alar el contrato concreto del que provienen, en especial si a) fue suscrito directamente por Socoda S.A. con una empresa privada o p\u00fablica y b) si tuvo origen en una labor ejecutada por el agente en Colombia o en el extranjero. En firme esta determinaci\u00f3n, el Ponente har\u00e1 la designaci\u00f3n respectiva. <\/p>\n
<\/p>\n
7.- No se condenar\u00e1 en costas, por haber prosperado el recurso. <\/p>\n
<\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida el 3 de diciembre de 2018 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn dentro del proceso ordinario que adelantaron Jos\u00e9 Ignacio P\u00e9rez Rivas y Gloria Estela Zea de P\u00e9rez contra Socoda S.A. <\/p>\n
En consecuencia, con la finalidad de dictar la sentencia de reemplazo, decreta el dictamen pericial en la forma indicada en la parte motiva. <\/p>\n
Sin costas. <\/p>\n
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Notif\u00edquese, <\/p>\n
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FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
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HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
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LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
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OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 STC16192-2018, STC21350-2017, STC13750-2018, STC8849-2018, STC14819-2018. <\/p>\n
2\u0002 Reiterada, entre otras, en STC-14483-2018, STC14507-2018, STC14827-2018 y STC233-2019. <\/p>\n
3\u0002 Reiterada en STC5179-2020 <\/p>\n
4\u0002 As\u00ed lo ha se\u00f1alado la Corte Constitucional entre muchas, en SU037-2019 <\/p>\n
5\u0002 En realidad, en 2019 <\/p>\n
6\u0002 Se refiere a la AC5149 de 4 de diciembre de 2019, pues la otra trata un tema distinto. <\/p>\n
7\u0002 Literal b) del numeral 1 del art\u00edculo 625 del C\u00f3digo General del Proceso <\/p>\n
8\u0002 McLuhan, Marshall; Jerome, Angel (1988). El medio es el mensaje (1a ed edici\u00f3n). Paid\u00f3s. <\/p>\n
9\u0002 C\u00e1mara Barroso Mar\u00eda del Carmen\u2013 Reyes L\u00f3pez Mar\u00eda Jos\u00e9 (2020), GPS Contratos Civiles Gu\u00eda Profesional 3\u00aa Edici\u00f3n, Editorial: Tirant lo Blanch, p\u00e1g. 404. <\/p>\n
10\u0002 Tomado del Diccionario de la Lengua espa\u00f1ola. <\/p>\n
11\u0002 Diccionario de la Lengua Espa\u00f1ola <\/p>\n
12\u0002 CSJ SC de 22 de octubre de 2001, exp. 5817. <\/p>\n
16 <\/p>\n
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