SC3728-2021 (2005-00175-01)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
SC3728-2021 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de abril de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de agosto de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Carlos Eduardo \u00c1lvarez Fl\u00f3rez y Sonia Garc\u00eda Garc\u00eda contra la sentencia de 24 de mayo de 2016, proferida por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro del proceso que los recurrentes promovieron contra Reinaldo Guerrero Ortiz, Hugo Hern\u00e1n Quijano Mulford, Claudia Giovanna Santorelli Franco, Cafesalud E.P.S. S.A. y Cl\u00ednica Materno Infantil San Luis S.A. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los demandantes, obrando en nombre propio y en el de su hijo Sebasti\u00e1n \u00c1lvarez Garc\u00eda, solicitaron declarar a su contraparte civilmente responsable de los perjuicios de todo orden, ocasionados con las graves e irreversibles lesiones recibidas por el menor al nacer. <\/p>\n
Solicitaron, en consecuencia, condenarla a indemnizar los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales. <\/p>\n
2. En sustento de sus pretensiones, adujeron lo siguiente: <\/p>\n
2.1. En calidad de cotizante, Sonia Garc\u00eda Garc\u00eda se encontraba afiliada al sistema general de seguridad social en salud con Cafesalud E.P.S. S.A. <\/p>\n
2.2. Adicional al plan obligatorio, contaba con uno de medicina prepagada con la misma entidad, el cual no cubrir\u00eda la atenci\u00f3n del parto, por cuanto su afiliaci\u00f3n se produjo en curso de la gestaci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. Hasta el \u00faltimo mes del embarazo, los controles prenatales fueron atendidos por la galena Claudia Santarelli, por cuenta del prenotado programa complementario. <\/p>\n
2.4. El 1\u00b0 de julio de 1998 y encontr\u00e1ndose a una semana de dar a luz, la especialista remiti\u00f3 a la paciente a la Cl\u00ednica Materno Infantil San Luis para la prestaci\u00f3n de los servicios a que hubiera lugar. <\/p>\n
2.5. La usuaria se dirigi\u00f3 al citado establecimiento el 7 de julio a la 1:00 a.m., y ante la ausencia de un obstetra, fue valorada por auxiliar de enfermer\u00eda, quien bajo indicaci\u00f3n telef\u00f3nica de la ginec\u00f3loga tratante, le indic\u00f3 regresar a su vivienda en espera del aumento de las contracciones. <\/p>\n
2.6. Con fuertes dolores uterinos, concurri\u00f3 nuevamente a las 5:30 a.m., siendo examinada por una enfermera, quien le indic\u00f3 que ser\u00eda remitida al piso de alumbramientos. <\/p>\n
2.7. La doctora Claudia Santarelli auscult\u00f3 a la futura madre hacia las 6:45 a.m. y dispuso llamar al m\u00e9dico de turno. <\/p>\n
2.8. Avanzada la fase expulsiva, el facultativo Hugo Quijano arrib\u00f3 a las 7:25 a.m. y el nacimiento se produjo a las 7:40 a.m. A la criatura se le observ\u00f3 en \u201cmal estado general, con tres circulares al cuello bastante apretadas\u201d. <\/p>\n
2.9. Fue necesaria la reanimaci\u00f3n del ni\u00f1o y su traslado a unidad de cuidados intensivos pedi\u00e1tricos, donde permaneci\u00f3 veinti\u00fan d\u00edas con diagn\u00f3stico de \u201casfixia perinatal, insuficiencia respiratoria aguda, isqu\u00e9mica mioc\u00e1rdica y hemorragia subaracnoidea\u201d. <\/p>\n
2.10. La falla del servicio atribuida a los demandados, les caus\u00f3 inmensos da\u00f1os en raz\u00f3n del \u201ccercenamiento\u201d de las \u201ccapacidades f\u00edsicas, intelectuales y espirituales\u201d del infante, result\u00e1ndole imposible autosostenerse y lograr un desarrollo feliz como persona, situaci\u00f3n que afecta su vida y la de sus padres. <\/p>\n
2.11. Debido a la condici\u00f3n de Sebasti\u00e1n, sus progenitores han solventado y tendr\u00e1n que sufragar, en adelante, gastos adicionales por concepto de terapias, medicamentos, atenci\u00f3n m\u00e9dica y ex\u00e1menes no cubiertos, instrumentos y sillas especiales. <\/p>\n
2.12. Adem\u00e1s, les genera profundo dolor emocional el estado de su hijo, quien depender\u00e1 de otros para toda su vida y no podr\u00e1 disfrutar de los placeres cotidianos. <\/p>\n
3. Admitida la demanda, los convocados al juicio se opusieron a las pretensiones contenidas en ella. La Cl\u00ednica adujo la oportuna y satisfactoria atenci\u00f3n sanitaria como sustento de sus defensas de \u201ccobro de lo no debido por existir contrato cumplido\u201d, \u201cinexistencia de nexo de causalidad \u2013 ausencia de culpa\u201d y \u201ccaso fortuito \u2013 causa desconocida\u201d. <\/p>\n
Los profesionales de la medicina se exculparon argumentando diligencia en el marco de su vinculaci\u00f3n con la instituci\u00f3n hospitalaria. As\u00ed, el doctor Reinaldo Guerrero manifest\u00f3 que no fue llamado para atender a la afiliada en su turno de disponibilidad; la obstetra de medicina prepagada refiri\u00f3 la ausencia de da\u00f1o atribuible a una falla suya, y Hugo Hern\u00e1n Quijano asegur\u00f3 que acudi\u00f3 a la Cl\u00ednica tan pronto fue convocado. <\/p>\n
Formularon excepciones relacionadas con la inexistencia de la obligaci\u00f3n de indemnizar, de la responsabilidad endilgada y de relaci\u00f3n causal entre su conducta y los perjuicios reclamados; prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n, y ocurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor. <\/p>\n
La EPS Cafesalud tambi\u00e9n manifest\u00f3 su oposici\u00f3n al petitum del libelo introductorio, con fundamento en que observ\u00f3 las obligaciones impuestas por el sistema de salud, dentro de las cuales no se incluye la valoraci\u00f3n de la reclamante, su diagn\u00f3stico ni tratamiento, y las obligaciones de los galenos no son de resultado, sino de medios. <\/p>\n
Excepcion\u00f3, entonces, \u201cinexistencia del deber de informaci\u00f3n al paciente a cargo de la E.P.S.\u201d, \u201cinimputabilidad de obligaciones de resultado en la profesi\u00f3n de gineco obstetra\u201d, \u201causencia de responsabilidad\u201d, \u201causencia de responsabilidad por cumplimiento contractual\u201d y \u201causencia de nexo causal\u201d. <\/p>\n
Liberty Seguros S.A., llamada en garant\u00eda por la especialista Claudia Santarelli, afinc\u00f3 su posici\u00f3n en que no existe responsabilidad de la llamante, como quiera que la hipoxia del reci\u00e9n nacido obedeci\u00f3 a un caso fortuito o fuerza mayor; se halla fenecida la oportunidad para acudir a la jurisdicci\u00f3n y reclamar el pago del siniestro, y la p\u00f3liza expedida no ampara el da\u00f1o moral. Con ello como base, propuso los medios defensivos de \u201cinexistencia de responsabilidad y culpabilidad civiles a cargo de la demandada\u201d, \u201cprescripci\u00f3n\u201d de la acci\u00f3n de responsabilidad, \u201ccausa extra\u00f1a\u201d, \u201criesgo no contratado\u201d y \u201cprescripci\u00f3n\u201d del mecanismo judicial derivado del contrato de seguro. <\/p>\n
La Aseguradora Colseguros, llamada como garante por la Materno Infantil San Luis, opuso la \u201cprescripci\u00f3n del contrato de seguro (\u2026)\u201d, la \u201ctransacci\u00f3n\u201d y \u201cconciliaci\u00f3n\u201d efectuadas con el centro hospitalario en relaci\u00f3n con el asunto del litigio, y la \u201cinexistencia de culpa por parte de la cl\u00ednica (\u2026)\u201d, \u201cno existir relaci\u00f3n entre el da\u00f1o y la conducta asumida\u201d por aquella y la \u201ccapacidad de los m\u00e9dicos tratantes, pericia suficiente y procedimiento adecuado\u201d. <\/p>\n
4. Agotado el tr\u00e1mite de la instancia, el 21 de marzo de 2014, la jueza a quo resolvi\u00f3 declarar probadas las defensas perentorias formuladas por los m\u00e9dicos demandados y las llamadas en garant\u00eda; declarar civil y contractualmente responsables a Cafesalud EPS y a la Cl\u00ednica Materno Infantil San Luis de los perjuicios ocasionados a Sonia Garc\u00eda, y civil y extracontractualmente responsables de los inferidos a Carlos Eduardo \u00c1lvarez y Sebasti\u00e1n \u00c1lvarez Garc\u00eda. <\/p>\n
Conden\u00f3 a las citadas entidades a pagar: i) $50.000.000 a favor de Sebasti\u00e1n \u00c1lvarez por concepto de da\u00f1o moral; ii) $70.000.000 a t\u00edtulo de da\u00f1o fisiol\u00f3gico al menor; iii) $25.000.000 a cada uno de los progenitores como indemnizaci\u00f3n del menoscabo emocional; iv) $18.299.099 por el da\u00f1o emergente causado a los anteriores y, por \u00faltimo, v) Intereses del 6% anual sobre las cantidades mencionadas, si estas no fueren canceladas dentro de los 30 d\u00edas siguientes a la ejecutoria de la providencia y hasta que se realice el pago. <\/p>\n
5. Contra la anterior decisi\u00f3n, los promotores de la litis, la empresa promotora de salud y la instituci\u00f3n prestadora de servicios interpusieron el recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
II. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Despu\u00e9s de evocar los tipos de responsabilidad consagrados en la codificaci\u00f3n civil y sus elementos, estim\u00f3 que la endilgada a los demandados en relaci\u00f3n con la paciente era de orden contractual, en tanto la atribuida por raz\u00f3n de los perjuicios ocasionados a su c\u00f3nyuge e hijo, correspond\u00eda a la categor\u00eda de extracontractual, al hallarse ausente cualquier v\u00ednculo o relaci\u00f3n de origen convencional. <\/p>\n
De los galenos se\u00f1al\u00f3 que son responsables por su actuaci\u00f3n individual frente al usuario y esta depende del contrato que los una a la instituci\u00f3n prestadora; en cambio, el establecimiento y la entidad promotora responden por el conjunto del servicio, lo que incluye \u201cno solo la atenci\u00f3n de los m\u00e9dicos, sino tambi\u00e9n del personal de enfermer\u00eda, los servicios de diagn\u00f3stico, los servicios cl\u00ednicos, etc.\u201d. <\/p>\n
A la Cl\u00ednica le enrostr\u00f3 las siguientes fallas del servicio, de las cuales dimana la obligaci\u00f3n de resarcir los da\u00f1os inferidos a los demandantes: <\/p>\n
i) La ausencia de un gineco obstetra de planta, no obstante que la especialidad anunciada al p\u00fablico es la atenci\u00f3n materno infantil. <\/p>\n
ii) El especialista que se encontraba \u201cen disponibilidad\u201d no fue convocado para atender a la demandante. <\/p>\n
iii) A la afiliada no se le hicieron los adecuados diagn\u00f3sticos de su condici\u00f3n. <\/p>\n
iv) La carencia de notas m\u00e9dicas en la historia cl\u00ednica es indicadora de que todo el tiempo la paciente fue atendida por personal de enfermer\u00eda, lo que impidi\u00f3 detectar oportunamente los tres c\u00edrculos del cord\u00f3n umbilical alrededor del nasciturus y ejecutar las maniobras correspondientes. <\/p>\n
v) Desde el arribo a urgencias de la gestante y hasta el momento de expulsi\u00f3n de la criatura, no hubo manejo por parte de un facultativo especializado. <\/p>\n
vi) El galeno que acudi\u00f3 para recibir el parto no fue llamado a tiempo; para cuando lleg\u00f3 a la sala respectiva, la fase de expulsi\u00f3n estaba muy avanzada y el da\u00f1o ya se hab\u00eda producido. <\/p>\n
Estim\u00f3 que la responsabilidad de la EPS surg\u00eda de sus obligaciones en el sistema general de seguridad social en salud, ya que no s\u00f3lo le corresponde realizar la afiliaci\u00f3n de los usuarios y organizar la prestaci\u00f3n del servicio, sino tambi\u00e9n debe procurar la garant\u00eda de la atenci\u00f3n, y su facultad de subcontratar para proveer asistencia a los cotizantes y beneficiarios, no la exonera de responder por los menoscabos que se causen en la vida y salud de las personas. <\/p>\n
Respecto de las pretensiones deducidas contra los profesionales de la medicina, las encontr\u00f3 impr\u00f3speras porque ninguno de ellos incurri\u00f3 en negligencia: La tratante advirti\u00f3 previamente sobre la falta de cobertura del alumbramiento por el plan de medicina prepagada, y si ese d\u00eda se encontraba en la Cl\u00ednica, ello obedeci\u00f3 a que atend\u00eda otra paciente a la cual no pod\u00eda descuidar; al doctor Reynaldo Guerrero no se le hizo llamado alguno para acudir al sitio, y al profesional que recibi\u00f3 al ni\u00f1o no se le puede achacar ning\u00fan mal proceder, pues asisti\u00f3 en cuanto fue convocado, sin que pudiera hacer algo para evitar el doloroso desenlace. <\/p>\n
Esclarecido el sentido de la decisi\u00f3n en cuanto a la pretensi\u00f3n declarativa, aludi\u00f3 a la necesidad de concretar las condenas, para lo cual y en respuesta a la apelaci\u00f3n propuesta por los demandantes, explic\u00f3 que el costo de terapias especiales no es constitutivo de un da\u00f1o efectivo, pues nada garantiza que ofrezcan alguna mejor\u00eda, por lo que sus beneficios son apenas especulativos, como lo era tambi\u00e9n el lucro cesante estimado para el joven Sebasti\u00e1n, derivado de haberse truncado sus posibilidades de ser un profesional productivo. <\/p>\n
Sin embargo, las tasaciones efectuadas por la jueza a quo merec\u00edan aumentarse para acercarlas a la realidad del caso. El da\u00f1o moral a favor de la madre lo fij\u00f3 en $150.000.000 y el de la vida de relaci\u00f3n en la misma cantidad. <\/p>\n
Al progenitor, le reconoci\u00f3 la cantidad de $80.000.000 en cada rubro, para lo cual se\u00f1al\u00f3 que deb\u00eda atenderse \u201cla realidad socio cultural de nuestro entorno, que, en casos como \u00e9ste, suele recargar m\u00e1s en la madre que en el padre el hecho de sobrellevar una carga como la de un hijo discapacitado (por ejemplo, es la madre quien lo lleva a la consulta con el perito que actu\u00f3 en segunda instancia)\u201d. <\/p>\n
Al menor, en su condici\u00f3n de v\u00edctima principal del acontecimiento da\u00f1oso, le asign\u00f3 la suma de $250.000.000 por concepto de da\u00f1os fisiol\u00f3gicos, \u201cen los que se incluye perjuicios a la vida de relaci\u00f3n y da\u00f1o vital\u201d, en tanto destac\u00f3 que no le reconocer\u00eda perjuicio moral, toda vez que \u201csus condiciones no le permiten reconocer el dolor que causa su estado, ni tiene consciencia de su propia situaci\u00f3n\u201d, y el menoscabo de la anotada naturaleza \u201cno es otra cosa que el dolor espiritual que una persona siente por el hecho de hallarse enfermo, discapacitado o por una p\u00e9rdida irreparable\u201d. <\/p>\n
Al no detectarse inteligencia ni memoria en el adolescente, debido a su deficiencia cognitiva profunda y desorientaci\u00f3n absoluta, debe concluirse que su situaci\u00f3n \u201cno le permite experimentar el dolor que los juristas llamamos da\u00f1o moral\u201d y por ello no es posible reconocer algo que no existe, lo que no ocurre con la vida de relaci\u00f3n que es m\u00e1s objetiva y susceptible de valorar. <\/p>\n
Por \u00faltimo, no encontr\u00f3 fundamento para el llamamiento en garant\u00eda a la compa\u00f1\u00eda Liberty Seguros S.A., dado que fue absuelta por el juzgado, y respecto de Colseguros S.A., no encontr\u00e1ndose probada ninguna de las excepciones que formul\u00f3, la conden\u00f3 a reembolsar a la Cl\u00ednica Materno Infantil San Luis la totalidad de la suma asegurada en la p\u00f3liza que contrat\u00f3 la llamante, esto es, $200.000.000 con sustracci\u00f3n del deducible pactado del 10%. <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Se erigi\u00f3 en dos acusaciones, ambas con amparo en la causal primera del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, relativas a la valoraci\u00f3n y cuantificaci\u00f3n de los perjuicios derivados de la responsabilidad que se declar\u00f3 en el juicio, las cuales se resolver\u00e1n en el orden de su proposici\u00f3n. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Denunci\u00f3 la violaci\u00f3n directa, por falta de aplicaci\u00f3n, de los art\u00edculos 42 (inciso tercero) y 43 (inciso tercero) de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; 24 del Decreto 2820 de 1974; y 62, 176, 177, 250, 251, 253, 262, 264, 268, 288, 306, 307 y 1046 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
La transgresi\u00f3n, en criterio del censor, se materializ\u00f3 con el trato discriminatorio que el Tribunal le prodig\u00f3 al demandante Carlos Eduardo \u00c1lvarez Fl\u00f3rez en la tasaci\u00f3n de las condenas por los rubros de da\u00f1o moral y a la vida de relaci\u00f3n, pues a pesar de que los preceptos mencionados equiparan al hombre y a la mujer en cuanto a los derechos y obligaciones que les asiste en relaci\u00f3n con sus hijos comunes, reconoci\u00f3 al progenitor montos inferiores a los otorgados a favor de su c\u00f3nyuge. <\/p>\n
De otra parte, al concluir el sentenciador que la madre experimenta un mayor sufrimiento y una afectaci\u00f3n de su vida personal m\u00e1s significativa que la de su pareja en raz\u00f3n de las privaciones que debe experimentar por raz\u00f3n del cuidado que debe procurarle al menor Sebasti\u00e1n, desconoci\u00f3 que la tr\u00e1gica situaci\u00f3n generada por la deficiente atenci\u00f3n asistencial brindada por los demandados, los afect\u00f3 de igual manera a los dos; por ello es l\u00f3gico, justo y razonable que la indemnizaci\u00f3n a su favor alcance el mismo importe. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En la categor\u00eda de perjuicios extrapatrimoniales, doctrinaria y jurisprudencialmente se ha aceptado la inclusi\u00f3n de intereses jur\u00eddicos que, aunque no son estimables pecuniariamente, ostentan un valor intr\u00ednseco para la persona y, por ende, son resarcibles en caso de resultar lesionados. <\/p>\n
2. La vida de relaci\u00f3n y la entidad moral del individuo se incluyen en esta conceptualizaci\u00f3n de agravios no patrimoniales. Al inicio mixturados y pasibles de satisfacci\u00f3n \u00fanicamente por v\u00eda de reconocimiento del da\u00f1o espiritual, hoy est\u00e1n dotados de plena independencia ontol\u00f3gica y resarcitoria. <\/p>\n
2.1. Desde el a\u00f1o 1968, la Corte avanz\u00f3 hacia la aceptaci\u00f3n de la primera al denotar una clase especial de menoscabo que denomin\u00f3 \u201cda\u00f1o a la persona\u201d, el cual hac\u00eda referencia a \u201cun desmedro a la integridad f\u00edsica o mental, o en injuria al honor, la libertad o la intimidad\u201d, con aptitud para \u201cproyectarse en quebrantos en la vida de relaci\u00f3n y de repercutir en el equilibrio sentimental del sujeto\u201d (G.J. T. CXXIV, nums. 2297 a 2299, 1968 p. 63). <\/p>\n
Sin embargo, fue hasta el a\u00f1o 2008 que, ocup\u00e1ndose con mayor amplitud de la figura, acogi\u00f3 su completa independencia frente al agravio moral, al precisar que correspond\u00eda a una afectaci\u00f3n de la esfera exterior de la persona y por ello diferenciable de aqu\u00e9l, de suyo propia de la \u00f3rbita interna del sujeto. <\/p>\n
Explic\u00f3 que la comentada subclase de quebranto \u00abpuede evidenciarse en la disminuci\u00f3n o deterioro de la calidad de vida de la v\u00edctima, en la p\u00e9rdida o dificultad de establecer contacto o relacionarse con las personas y cosas, en orden a disfrutar de una existencia corriente, como tambi\u00e9n en la privaci\u00f3n que padece el afectado para desplegar las m\u00e1s elementales conductas que en forma cotidiana o habitual marcan su realidad\u00bb. <\/p>\n
Por ello, podr\u00eda afirmarse -a\u00f1adi\u00f3- \u00abque quien sufre un da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n se ve forzado a llevar una existencia en condiciones m\u00e1s complicadas o exigentes que los dem\u00e1s, como quiera que debe enfrentar circunstancias y barreras anormales, a causa de las cuales hasta lo m\u00e1s simple se puede tornar dif\u00edcil. Por lo mismo, recalca la Corte, la calidad de vida se ve reducida, al paso que las posibilidades, opciones, proyectos y aspiraciones desaparecen definitivamente o su nivel de dificultad aumenta considerablemente. Es as\u00ed como de un momento a otro la v\u00edctima encontrar\u00e1 injustificadamente en su camino obst\u00e1culos, preocupaciones y vicisitudes que antes no ten\u00eda, lo que cierra o entorpece su acceso a la cultura, al placer, a la comunicaci\u00f3n, al entretenimiento, a la ciencia, al desarrollo y, en fin, a todo lo que supone una existencia normal, con las correlativas insatisfacciones, frustraciones y profundo malestar\u201d (CSJ SC 13 may. 2008, rad. 1997-09327-01). <\/p>\n
2.2. De sus rasgos destac\u00f3 su naturaleza no patrimonial por versar sobre \u00abintereses, derechos o bienes cuya apreciaci\u00f3n es inasible, porque no es posible realizar una tasaci\u00f3n que repare en t\u00e9rminos absolutos su intensidad\u00bb; su origen diverso, como quiera que pueden derivar de \u00ablesiones de tipo f\u00edsico, corporal o ps\u00edquico\u00bb o de la perturbaci\u00f3n \u00abde otros bienes intangibles de la personalidad o derechos fundamentales\u00bb; su extensi\u00f3n a terceros diferentes del perjudicado directo, quienes de acuerdo con las circunstancias de cada hecho lesivo, pueden verse afectados, como por ejemplo, \u00abel c\u00f3nyuge, compa\u00f1ero (a) permanente, parientes cercanos, amigos\u00bb, y que la indemnizaci\u00f3n se encamina a \u00absuavizar, en cuanto sea posible, las consecuencias negativas del mismo\u00bb (CSJ SC 20 ene. 2009, rad. 1993-00215-01; CSJ SC 9 dic. 2013, rad. 2002-00099-01; CSJ SC5050, 28 abr. 2014, rad. 2009-00201-01; CSJ SC5885, 6 may. 2016, rad. 2004-00032-01). <\/p>\n
2.3. Por corresponder a una privaci\u00f3n objetiva de la posibilidad de realizar actividades cotidianas o de la dificultad que representa su ejecuci\u00f3n en las condiciones posteriores al evento traum\u00e1tico, bien sea para la v\u00edctima directa o para las personas m\u00e1s allegadas a ella que vean alteradas sus condiciones de vida en raz\u00f3n del cuidado y atenci\u00f3n especial que deban prodigarle o de otras circunstancias particulares, \u00e9sta es apreciable por medio de proyecciones externas que permitan colegir la imposibilidad, obstaculizaci\u00f3n o p\u00e9rdida de inter\u00e9s en las acciones que se realizar\u00edan en el marco del goce de la experiencia personal, en familia o en \u00e1mbitos sociales, y que hacen m\u00e1s placentera la existencia humana, como actividades de tipo l\u00fadico, deportivo o de esparcimiento, o incluso, aquellas no agradables, pero componentes de la rutina diaria, que no pueden realizarse, demandan un esfuerzo excesivo o su realizaci\u00f3n supone incomodidades o dificultades. <\/p>\n
De all\u00ed que se le conciba como una noci\u00f3n destinada a recalcar una comprensi\u00f3n integral de la proyecci\u00f3n existencial del ser humano, pues concurre \u201cuna dimensi\u00f3n social o interpersonal de la vida no separable sino en vinculaci\u00f3n dial\u00e9ctica con la dimensi\u00f3n individual. Esa dimensi\u00f3n social no se circunscribe al \u00e1mbito productivo o laborativo, pues las relaciones humanas se desenvuelven en planos inagotables: recreativos, deportivos, art\u00edsticos, culturales, etc.\u201d.1 <\/p>\n
2.4. Su valoraci\u00f3n est\u00e1 deferida al prudente arbitrio del juzgador (arbitrium iudicis), quien debe tomar en consideraci\u00f3n las circunstancias del suceso y de los damnificados, ello con la finalidad de evitar caprichosas estimaciones excesivas o irrisorias que desdibujen el instituto de la responsabilidad civil, el cual, como se sabe, no es fuente de enriquecimiento, de ah\u00ed que ha se\u00f1alado esta Corporaci\u00f3n, sea menester reparar en \u00ablas condiciones personales de la v\u00edctima, apreciadas seg\u00fan los usos sociales, la intensidad de la lesi\u00f3n, la duraci\u00f3n del perjuicio\u00bb (SC5885, 6 may. 2016, rad. 2004-00032-01). <\/p>\n
Por tal raz\u00f3n, \u00absu adopci\u00f3n en las instancias -ha expresado la Sala- s\u00f3lo puede cuestionarse en casaci\u00f3n cuando la determinaci\u00f3n se separa de los elementos de juicio correspondientes. Am\u00e9n de que, en todo caso, la cavilaci\u00f3n ponderada alrededor de ese estimativo, requiere de una plataforma f\u00e1ctico-probatoria que permita ver la realidad ontol\u00f3gica del da\u00f1o y su grado de afecci\u00f3n de la persona involucrada\u00bb (CSJ SC22036, 19 dic. 2017, rad. 2009-00014-01). <\/p>\n
Aunque ciertamente una condena por este rubro se imposibilita en ausencia de certeza sobre la causaci\u00f3n del da\u00f1o, en ciertos casos este es constitutivo de un hecho notorio \u00absiendo excesivo requerir prueba para tenerlo por demostrado, porque esta se satisface aplicando las reglas de la experiencia y el sentido com\u00fan\u00bb (CSJ SC4803, 12 nov. 2019, rad. 2009-00114-01). <\/p>\n
3. El da\u00f1o moral, por su parte, recae en la dimensi\u00f3n afectiva del individuo, sobre lo m\u00e1s \u00edntimo de su ser, ocasion\u00e1ndole sentimientos de tristeza, dolor, frustraci\u00f3n, impotencia, congoja, angustia, zozobra, desolaci\u00f3n y pesar, entre otras emociones que quebrantan el esp\u00edritu. <\/p>\n
Por su naturaleza, resulta ser tambi\u00e9n inconmensurable e inestimable econ\u00f3micamente, de ah\u00ed que con miras a reparar a quien lo padece, deba procurarse un desagravio en virtud del cual la pena se haga m\u00e1s llevadera, es decir, si bien nunca ser\u00e1 posible alcanzar una sustituci\u00f3n exacta de la p\u00e9rdida sufrida, puede intentarse una compensaci\u00f3n encaminada a \u00abmitigar, paliar o atenuar, en la medida de lo posible, las secuelas y padecimientos que afectan a la v\u00edctima\u00bb (CSJ, SC 13 may. 2008, rad. 1997-09327-01; SC16690, 17 nov. 2016, rad. 2000-00196-01). <\/p>\n
Se trata, ha se\u00f1alado la doctrina, de \u201cproporcionar al perjudicado o lesionado una satisfacci\u00f3n por la aflicci\u00f3n y la ofensa que se le caus\u00f3, que le otorgue no ciertamente una indemnizaci\u00f3n propiamente dicha o un equivalente mensurable por la p\u00e9rdida de su tranquilidad y -placer de vivir, pero s\u00ed una cierta compensaci\u00f3n por la ofensa sufrida y por la injusticia contra \u00e9l personalmente cometida …\u00bb.2 <\/p>\n
La determinaci\u00f3n de su quantum, aunque no es tarea f\u00e1cil, es jur\u00eddicamente factible, y para ello es necesario acudir al \u00abmarco f\u00e1ctico de circunstancias, condiciones de modo, tiempo y lugar de los hechos, situaci\u00f3n o posici\u00f3n de la v\u00edctima y de los perjudicados, intensidad de la lesi\u00f3n a los sentimientos, dolor, aflicci\u00f3n o pesadumbre y dem\u00e1s factores incidentes conforme al arbitrio judicial ponderado del fallador\u00bb (SC665, 7 mar. 2019, rad. 2009-00005-01). <\/p>\n
4. Debido a que ambas clases de da\u00f1o pueden irrogarse a una o a varias personas, a todos los ofendidos con el mismo evento les asiste un inter\u00e9s leg\u00edtimo en reclamar el resarcimiento del detrimento individual, concreto y espec\u00edfico de que se estimen acreedores, y para ello le corresponde al juez, con sujeci\u00f3n a la causa petendi de la demanda y al material probatorio acopiado en el proceso, elucidar el alcance real de tales perjuicios. <\/p>\n
Particularmente, trat\u00e1ndose del da\u00f1o a la esfera del relacionamiento, el administrador de justicia habr\u00e1 de analizar las privaciones, obst\u00e1culos, limitaciones y alteraciones concretas que, a consecuencia del hecho ofensivo, deban afrontar, en adelante, la v\u00edctima directa y las personas de su entorno m\u00e1s cercano que tambi\u00e9n experimenten tales afectaciones. Y, en punto de la lesi\u00f3n moral, de acuerdo con la entidad y gravedad del evento, ser\u00e1 admisible, incluso, presumir la existencia de sufrimiento espiritual y aflicci\u00f3n. <\/p>\n
En todo caso, el funcionario judicial deber\u00e1 recurrir a criterios de equidad, reparaci\u00f3n integral y razonabilidad en la labor de justiprecio de la indemnizaci\u00f3n por tales conceptos. <\/p>\n
4.1. El recurrente acusa la violaci\u00f3n directa de normas sustanciales derivada de su falta de aplicaci\u00f3n al valorar monetariamente los da\u00f1os a la vida de relaci\u00f3n y moral, respecto de dos de los titulares del derecho a recibir la indemnizaci\u00f3n, con ocasi\u00f3n de la responsabilidad en que incurrieron los demandados en la atenci\u00f3n de la embarazada y del nasciturus. <\/p>\n
Lo anterior, porque a favor de la demandante Sonia Garc\u00eda Garc\u00eda se le reconoci\u00f3 la suma de $150.000.000 por cada uno de esos agravios, en tanto a su c\u00f3nyuge Carlos Eduardo \u00c1lvarez Fl\u00f3rez le fue asignada la cantidad de $80.000.000 en cada partida, diferenciaci\u00f3n que la impugnante considera discriminatoria y transgresora de los derechos del citado progenitor, a quien la situaci\u00f3n de su descendiente, le gener\u00f3 las mismas afectaciones que a su pareja, tanto en la vida de relaci\u00f3n como a nivel espiritual. <\/p>\n
De acuerdo con la censura, el sentenciador hizo tabla rasa de \u201ctoda la normatividad que hoy d\u00eda equipara a madre y padre en iguales condiciones jur\u00eddicas, sociales y econ\u00f3micas de cara a la ley y al ejercicio de la patria potestad frente a sus hijos comunes\u201d.3 <\/p>\n
Para proceder de la se\u00f1alada manera, el Tribunal sostuvo atender \u201cla realidad socio cultural\u201d, de cuya observaci\u00f3n dijo encontrar que es la madre a quien usualmente se le exige procurar la atenci\u00f3n de los hijos discapacitados, rol en el que no existe un equilibrio con los compromisos asumidos por los progenitores. <\/p>\n
4.2. Con la anterior consideraci\u00f3n de estirpe jur\u00eddica, es evidente que el juzgador de la segunda instancia incurri\u00f3 en el yerro de juzgamiento que le endilga el casacionista, ello por inaplicaci\u00f3n, como bien lo indic\u00f3 la censura, de los mandatos legales citados, los cuales establecen a favor de los progenitores, una total identidad de trato jur\u00eddico en sus relaciones paterno \u2013 filiales. <\/p>\n
4.2.1. En efecto, el ordenamiento jur\u00eddico preconiza un r\u00e9gimen igualitario entre la mujer y el hombre que, en el marco de las relaciones familiares, inicia con el inciso cuarto del art\u00edculo 42 de la Carta Pol\u00edtica, al establecer que estas \u201cse basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto rec\u00edproco entre todos sus integrantes (\u2026)\u201d. El precepto siguiente, en su inciso inicial, se\u00f1ala, adem\u00e1s, que \u201c{l}a mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades\u201d. <\/p>\n
4.2.2. Desde luego, como lo ense\u00f1aba el maestro Garc\u00eda Sarmiento, entre los progenitores y su descendencia existe un deber especial de apoyo, pues \u201c{p}rincipios de derecho natural y por ende inherentes en la conciencia, casi confundidos con el instinto, imponen una solidaridad originada en el acto de procreaci\u00f3n para con el ser que se cr\u00eda, al que se da vida. Las normas que el ingenio humano crea, s\u00f3lo vienen a regular la solidaridad con el prop\u00f3sito de asegurar al nuevo ser su desarrollo y formaci\u00f3n\u201d.4 <\/p>\n
\u200b <\/p>\n
El legislador ha comprendido que los m\u00e1s pr\u00f3ximos v\u00ednculos de sangre fomentan en el padre y en la madre un inter\u00e9s y un celo en favor del desarrollo y plenitud de sus hijos, que dan lugar a una serie de \u201cdeberes sociales\u201d o de asistencia moral y material, los cuales hallan venero en el hecho mismo de la constituci\u00f3n de la familia, \u201celemento natural y fundamental de la sociedad\u201d.5 <\/p>\n
En esta concepci\u00f3n de la instituci\u00f3n familiar, a los ascendientes le son atribuidas un conjunto de prerrogativas y obligaciones, impuestas por la raz\u00f3n natural y el imperativo primario de organizaci\u00f3n de la c\u00e9lula b\u00e1sica de la sociedad6. \u00danicamente la familia que tenga como pilares el respeto mutuo, la cooperaci\u00f3n y el afecto entre sus miembros contribuye al ideal de felicidad social.7 <\/p>\n
La solidaridad en la familia supone la existencia de un deber entre quienes la conforman, el cual surge de los lazos de parentesco y afecto, y se espera que, en virtud de esos nexos, los integrantes del n\u00facleo familiar desplieguen de manera espont\u00e1nea \u201cactuaciones que contribuyan al apoyo, cuidado y desarrollo de aquellos familiares que debido a su estado de necesidad o debilidad requieran protecci\u00f3n especial. De esta forma, los miembros de la familia son los primeros llamados a prestar la asistencia requerida a sus integrantes m\u00e1s cercanos, pues es el entorno social y afectivo id\u00f3neo en el cual encuentra el cuidado y el auxilio necesario\u201d (C-4514-16). <\/p>\n
4.2.3. No se puede desconocer, en todo caso que, en el ordenamiento colombiano, la consagraci\u00f3n del derecho a la igualdad en las relaciones familiares ha sido una conquista hist\u00f3rica. \u201cLa consagraci\u00f3n de la igualdad entre los integrantes de la familia, y en particular de los miembros de la pareja -entre ellos mismos y frente a sus derechos y deberes como padres-, tal como lo explic\u00f3 la Corte Constitucional en la providencia C-727-15, se encuentra ligada en Colombia a las progresivas reformas al C\u00f3digo Civil y a las nuevas leyes que reconocieron a la mujer las mismas prerrogativas que antes correspond\u00edan \u00fanicamente al hombre y padre de familia\u201d. <\/p>\n
Esa reivindicaci\u00f3n de los derechos de las mujeres se positiviz\u00f3 con el Decreto 2820 de 1974, el cual introdujo importantes cambios a la legislaci\u00f3n preexistente, tales como la eliminaci\u00f3n de la autoridad tradicionalmente ejercida por el hombre sobre la mujer denominada \u201cpotestad marital\u201d8, y como notorio signo de superaci\u00f3n de la discriminaci\u00f3n ancestral hacia ella, fij\u00f3 la patria potestad sobre los hijos en cabeza de los dos padres, salvo ausencia de uno de ellos (art. 24). <\/p>\n
Con la promulgaci\u00f3n del Decreto 772 de 1975, se modificaron disposiciones de la codificaci\u00f3n civil con el \u00e1nimo de reforzar el igual tratamiento de ley para los ascendientes en relaci\u00f3n con su progenie. <\/p>\n
El art\u00edculo 1\u00b0, reformatorio del 62 de la ley sustantiva, encarg\u00f3 la representaci\u00f3n de los hijos menores de edad a sus padres conjuntamente, y el canon 4\u00b0 que modifica el 264 del compendio en menci\u00f3n, determina que ser\u00e1n ellos, quienes, de com\u00fan acuerdo, \u201cdirigir\u00e1n la educaci\u00f3n de sus hijos menores y su formaci\u00f3n moral e intelectual, del modo que crean m\u00e1s conveniente para \u00e9stos; asimismo, colaborar\u00e1n conjuntamente en su crianza, sustentaci\u00f3n y establecimiento\u201d. <\/p>\n
4.2.4. El C\u00f3digo Civil exalta la corresponsabilidad de padre y madre. La regla 177 se ocupa del ejercicio, de consuno, de la direcci\u00f3n del hogar. El canon 253 alude al rol conjunto que se les impone en relaci\u00f3n con la crianza, el cuidado y la educaci\u00f3n de la descendencia com\u00fan9. Tambi\u00e9n la vigilancia, correcci\u00f3n y sanci\u00f3n moderada est\u00e1n a cargo de ambos (art. 262), y el precepto 264 les asigna la dif\u00edcil e importante tarea de proveer su formaci\u00f3n moral e intelectual de la manera que estimen m\u00e1s beneficiosa. <\/p>\n
Son todas expresiones del deber de socorro con respecto a los hijos que han de cumplirse de manera mancomunada, salvo ausencia f\u00edsica de alguno de los padres o abandono de las obligaciones de familia por uno de ellos. Y no s\u00f3lo tienen que ver con la personal realizaci\u00f3n de las tareas involucradas en la crianza, educaci\u00f3n y establecimiento de los descendientes, sino tambi\u00e9n con la asunci\u00f3n de los gastos \u00ednsitos a tales labores, con los cuales debe contribuir cada uno de los padres. <\/p>\n
4.2.5. Para cumplir con las obligaciones y deberes asignados a ambos padres, el art\u00edculo 288 acude al concepto de patria potestad, el cual define como \u201cel conjunto de derechos que la ley reconoce a los padres sobre sus hijos no emancipados (\u2026)\u201d10, atribuci\u00f3n que se ejercita en igualdad de condiciones y en la actualidad es complementada con la figura de la \u201cresponsabilidad parental\u201d consagrada en el art\u00edculo 14 del C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia, obligaci\u00f3n compartida y solidaria del padre y la madre inherente a la \u201corientaci\u00f3n, cuidado, acompa\u00f1amiento y crianza de los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes durante su proceso de formaci\u00f3n\u201d, cuyo prop\u00f3sito es procurar el m\u00e1ximo nivel de satisfacci\u00f3n de sus derechos. <\/p>\n
La potestad parental est\u00e1 constituida por las garant\u00edas que la ley les concede a los progenitores a fin de posibilitar el cumplimiento de los deberes que se encuentran a su cargo, en procura de asegurar el adecuado, integral y arm\u00f3nico desarrollo intelectual, moral y f\u00edsico de sus hijos. Como lo explicaban Colin y Capitant, se trata de un poder de protecci\u00f3n materializado a trav\u00e9s de prerrogativas que \u201cno son m\u00e1s que el reverso de los deberes y de la responsabilidad que les impone el hecho de la procreaci\u00f3n\u201d.11 <\/p>\n
Su car\u00e1cter es instrumental, pues el ejercicio de esos derechos por los progenitores \u201cs\u00f3lo ser\u00e1 leg\u00edtimo en la medida en que sirva al logro del bienestar del menor, de forma tal que no quedan a la voluntad y disposici\u00f3n de sus titulares, en raz\u00f3n a que no son reconocidos en favor de los sujetos a quienes se les confieren, sino a favor de los intereses de los hijos menores\u201d (C-145-10). <\/p>\n
4.2.6. La Corte Constitucional, en el pronunciamiento C-029-2020 record\u00f3 que uno de los \u00e1mbitos en el que se proyecta la igualdad en su triple dimensi\u00f3n de valor, principio y derecho fundamental es en el \u201cde las relaciones familiares de acuerdo con lo dispuesto en el art\u00edculo 42 de la Carta Pol\u00edtica\u201d, y es que la consagraci\u00f3n de dicha garant\u00eda en el art\u00edculo 13 del ordenamiento superior como de aplicaci\u00f3n directa e inmediata, no limita su ejercicio a un campo determinado, de ah\u00ed que su salvaguarda pueda reclamarse \u201cante cualquier trato diferenciado injustificado\u201d (C- 801 de 2010, C-043 de 2018), a\u00fan si este ocurre en el marco de las relaciones de familia, donde a todos sus miembros se les atribuye iguales derechos y deberes (art. 42 C.P.). <\/p>\n
De una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica de los c\u00e1nones 5 y 42 de la Ley Fundamental, dimana que dicho instrumento propugna por una igualdad real en favor de la familia, y \u00e9sta no s\u00f3lo es predicable de ella como instituci\u00f3n, sino que se extiende a cada uno de sus miembros, de all\u00ed que as\u00ed como el legislador no puede promulgar normas que establezcan un trato diferenciado respecto de los derechos y obligaciones que asisten a los ascendientes en relaci\u00f3n con sus hijos, tampoco le es permitido a las autoridades judiciales sentar una diferencia de tratamiento jur\u00eddico entre ellos. <\/p>\n
4.2.7. En el plano internacional, convenios de derechos humanos que prevalecen en el orden interno por aplicaci\u00f3n del bloque de constitucionalidad (art. 93 C.P.) equiparan los derechos de hombres y mujeres, e imponen a los Estados la obligaci\u00f3n de garantizar el postulado de paridad. <\/p>\n
As\u00ed, la Convenci\u00f3n sobre la eliminaci\u00f3n de todas las formas de discriminaci\u00f3n contra la mujer12, compromete a los Estados Partes a consagrar en la legislaci\u00f3n y en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, \u201cel principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados\u201d su realizaci\u00f3n pr\u00e1ctica, a m\u00e1s de garantizar la igualdad de derechos durante el matrimonio13. <\/p>\n
El Pacto de Derechos Civiles y Pol\u00edticos fija como responsabilidad de los pa\u00edses firmantes y adherentes, la salvaguarda a \u201chombres y mujeres\u201d de una plena \u201cigualdad en el goce de todos los derechos civiles y pol\u00edticos\u201d14. <\/p>\n
En la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos, se impuso la obligaci\u00f3n de adoptar las medidas adecuadas con el fin de \u201casegurar la igualdad de derechos y de responsabilidades de ambos esposos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disoluci\u00f3n del mismo\u201d15. <\/p>\n
A su vez, derivado de lo dispuesto por los arts. 18, 23 y 27 de la Convenci\u00f3n sobre los Derechos del Ni\u00f1o16, los padres tienen obligaciones comunes en la crianza y desarrollo del ni\u00f1o17 y el deber de actuar pensando en su inter\u00e9s, en tanto que los derechos all\u00ed reconocidos deben ser aplicados sin discriminaci\u00f3n, entre otras situaciones, por condici\u00f3n de discapacidad18. <\/p>\n
La justificaci\u00f3n de lo anterior reside en que, desde su nacimiento, los ni\u00f1os tienen dos tipos de necesidades: \u201clas f\u00edsicas y biol\u00f3gicas para seguir vivos, esto es, tienen necesidad de cosas materiales como alimentos, ropa, bienestar f\u00edsico y a una vivienda o alojamiento estable; pero adicionalmente tienen necesidad de lazos afectivos seguros y continuos que le procuren un bienestar ps\u00edquico. La satisfacci\u00f3n de las necesidades afectivas les permite a los ni\u00f1os y ni\u00f1as vincularse a sus padres y a los miembros de su familia. A partir de ah\u00ed, ser\u00e1 capaz de crear relaciones con su entorno natural y humano, as\u00ed como pertenecer a una red social\u201d.19 <\/p>\n
4.2.8. La rese\u00f1a normativa efectuada deja en evidencia que tanto la Carta Pol\u00edtica como los mandatos legales y los instrumentos internacionales citados, han procurado instalar social y positivamente un orden jur\u00eddico en el que se reconoce el plano de igualdad en que se hallan los derechos, obligaciones y responsabilidades de la mujer y el hombre en su rol de progenitores, equivalencia que, si bien redunda en su favor, se establece como mecanismo de protecci\u00f3n del inter\u00e9s superior del menor. <\/p>\n
4.3. En el asunto que se examina, el fallador de la segunda instancia desconoci\u00f3 en su integridad el anterior plexo normativo y, en sustituci\u00f3n de aquel, opt\u00f3 por imponer una interpretaci\u00f3n cimentada exclusivamente en un estereotipo de g\u00e9nero sobre el papel de la mujer en la sociedad y en la familia, que desconoce el rol activo de los hombres comprometidos con el desarrollo integral y arm\u00f3nico de sus descendientes, y su idoneidad para el cuidado y crianza de los mismos, regla general que solo perder\u00eda validez ante la acreditaci\u00f3n de circunstancias indicativas de desatenci\u00f3n a las obligaciones propias de los padres. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n, en varias ocasiones, ha rechazado los pronunciamientos de autoridades administrativas y tambi\u00e9n judiciales, que sientan un trato prejuicioso en relaci\u00f3n con alguno de los progenitores frente a su v\u00ednculo filial, con fundamento en que el g\u00e9nero de aquellos como base para cercenar o ignorar sus derechos frente a la descendencia com\u00fan se erige en un criterio de distinci\u00f3n constitucional y legalmente reprochable. <\/p>\n
En una de esas oportunidades, al analizar en sede de tutela la decisi\u00f3n de una juzgadora de asignar la custodia de un menor a la madre en raz\u00f3n de la corta edad del infante, se\u00f1al\u00f3 que aquella era una \u00abinterpretaci\u00f3n del todo sexista y estereotipada, pues no es cierto que la progenitura responsable s\u00f3lo pueda predicarse respecto de la madre, atendiendo a su condici\u00f3n de mujer, como tampoco lo es que el padre, por su g\u00e9nero masculino, sea menos capaz de asumir su rol como ascendiente de una manera adecuada (\u2026)\u00bb20. <\/p>\n
4.4. Observa la Sala que, aunque el sentenciador acometi\u00f3 la labor dirigida a la determinaci\u00f3n de los da\u00f1os extrapatrimoniales a favor de los demandantes en su condici\u00f3n de familiares cercanos a la v\u00edctima de la hipoxia perinatal, incurri\u00f3 en desatino al fundarse en un elenco incompleto de la normatividad aplicable. <\/p>\n
Lo anterior, toda vez que el conjunto de disposiciones llamado a hacerse actuar en la controversia para solventar la problem\u00e1tica referente a la tasaci\u00f3n de los perjuicios causados, no se hallaba integrado \u00fanicamente por las previsiones legales reguladoras de la reparaci\u00f3n econ\u00f3mica de tales deterioros, sino tambi\u00e9n por las relativas a la condici\u00f3n de los beneficiarios de la condena, aspecto en el cual no le era autorizado establecer un factor de divergencia, injustificado y discriminatorio a la luz del ordenamiento superior y legal, con el cual termin\u00f3 por desconocer la dimensi\u00f3n real de los agravios indemnizables a favor de los padres de Sebasti\u00e1n \u00c1lvarez Garc\u00eda, a quienes la situaci\u00f3n de su hijo les reclama disponibilidad casi absoluta y el m\u00e1ximo esfuerzo, am\u00e9n de experimentar igual alteraci\u00f3n en su ciclo vital familiar, y sufrimiento espiritual debido a la condici\u00f3n casi de postraci\u00f3n y severa afectaci\u00f3n cognitiva en que aqu\u00e9l qued\u00f3. <\/p>\n
La protecci\u00f3n efectiva del derecho fundamental a la igualdad, seg\u00fan lo reiter\u00f3 la Corte Constitucional en sentencia C-727 de 2015, impone lo siguiente: <\/p>\n
\u201c(\u2026) (1) la igualdad ante la ley, lo cual supone que esta sea aplicada de la misma forma a todas las personas, sin que esto implique que la ley deba dar un tratamiento igual a todos los individuos; (2) por otra parte, la igualdad de trato garantiza que no se trate de manera diferente a sujetos que se encuentren en la misma situaci\u00f3n o de manera igual a quienes se encuentren en situaciones diferentes, evitando diferencias de trato que no sean razonables; (3) finalmente, la tercera dimensi\u00f3n de este derecho es la igualdad de protecci\u00f3n, que implica que la ley sea igual para quienes as\u00ed lo necesitan, por consiguiente se trata de una cuesti\u00f3n relativa al tipo y grado de protecci\u00f3n que debe ser asegurado por el Estado entre grupos de personas comparables\u201d. <\/p>\n
El mismo pronunciamiento destac\u00f3 a la familia como espacio donde prima la igualdad de quienes la componen en el contexto de sus relaciones y es dicha prerrogativa, principio y valor superior que \u201csurge como gu\u00eda de su regulaci\u00f3n\u201d (C-043-18). <\/p>\n
4.5. Mem\u00f3rese que, como lo ha precisado esta Corporaci\u00f3n, se configura la transgresi\u00f3n recta v\u00eda del primer motivo casacional, cuando el sentenciador realiza \u00abfalsos juicios sobre las normas sustanciales que gobiernan el caso, ya sea por falta de aplicaci\u00f3n, al no haberlas tenido en cuenta; por aplicaci\u00f3n indebida, al incurrir en un error de selecci\u00f3n que deriva en darles efectos respecto de situaciones no contempladas; o cuando se acierta en su escogencia pero se le da un alcance que no tienen, present\u00e1ndose una interpretaci\u00f3n err\u00f3nea\u00bb (CSJ SC007, 25 ene. 2021, rad. 2013-00147-01). <\/p>\n
Es en el campo de la primera hip\u00f3tesis citada en el anterior precedente, donde se sit\u00faa el yerro cometido por el juzgador de la segunda instancia, quien, como se dijo, sin fundamento normativo y con amparo en una argumentaci\u00f3n de precaria firmeza, neg\u00f3 el reconocimiento del da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n y del detrimento moral con aplicaci\u00f3n del criterio de igualdad en el \u00e1mbito de la familia que deviene de las normas legales, constitucionales y convencionales citadas, a los padres del joven v\u00edctima de importantes lesiones psicof\u00edsicas, labor\u00edo en el que desatendi\u00f3 los preceptos invocados por el casacionista, por tal raz\u00f3n quebrantados directamente. <\/p>\n
Prospera, entonces, la censura, ante la materializaci\u00f3n del defecto denunciado en el ataque. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
La infracci\u00f3n directa de los preceptos 74 del ordenamiento civil; 16 de la Ley 446 de 1998; 3 (literales a y e), 5 (numeral 4), 10, 83 y 108 de la Ley 1306 de 2009, devino de su falta de aplicaci\u00f3n a la estimaci\u00f3n de la lesi\u00f3n moral padecida por el joven Sebasti\u00e1n \u00c1lvarez Garc\u00eda, por cuanto desconoci\u00f3 el juzgador de segundo grado que las citadas normas imponen proporcionar un trato igualitario entre las personas discapacitadas y aquellas que no tienen esa condici\u00f3n y, adem\u00e1s, determinan el deber de reparar el menoscabo espiritual ocasionado a las primeras. <\/p>\n
Al considerar que el principal afectado con los hechos analizados en el proceso \u201cno reconoce el dolor que causa su estado\u201d, \u201cespiritualmente no siente nada\u201d y \u201cno presenta ning\u00fan tipo de inteligencia o memoria\u201d, no s\u00f3lo lo discrimin\u00f3 por el hecho de sufrir una afectaci\u00f3n mental severa, sino que soslay\u00f3 la obligatoria observancia del criterio de \u201creparaci\u00f3n integral\u201d, al cual el legislador le asigna un rol preponderante en la valoraci\u00f3n de da\u00f1os que proceda efectuar en los casos sometidos al conocimiento de la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Recalc\u00f3 que el menor no es un ser \u201cinsensible y vegetativo que no siente ning\u00fan tipo de dolor an\u00edmico, moral, psicol\u00f3gico\u201d; por ello, el ad quem obr\u00f3 con total ligereza al denegar la indemnizaci\u00f3n, con sustento en un criterio puramente subjetivo. <\/p>\n
En analog\u00eda a la obligaci\u00f3n de reparaci\u00f3n que la Ley 1306 de 2009 impone a los tutores o guardadores, respecto de los perjuicios morales que les causen a sus prohijados con discapacidad cognitiva, la misma condena, agreg\u00f3, debe surgir en relaci\u00f3n con \u201clos da\u00f1os morales\u201d inferidos por terceras personas. <\/p>\n
Como consecuencia de la casaci\u00f3n parcial de la sentencia impugnada, reclam\u00f3 condenar a la Cl\u00ednica Materno Infantil San Luis S.A. y a Cafesalud S.A. E.P.S., al pago de $250.000.000 por el concepto que despreci\u00f3 el juzgador. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La determinaci\u00f3n y apreciaci\u00f3n econ\u00f3mica del da\u00f1o moral, como se indic\u00f3 al resolver la acusaci\u00f3n precedente, comporta una dificultad suma por el objeto sobre el cual recae, pues si este, desde una perspectiva fenom\u00e9nica, se ocasiona \u201ccuando se lesionen los sentimientos, produciendo dolor o sufrimientos f\u00edsicos, inquietud espiritual o agravio a las afecciones leg\u00edtimas\u201d21, es m\u00e1s que comprensible la imposibilidad de una aproximaci\u00f3n sustancial a la psique del individuo, que permita sondear la profundidad de sus emociones m\u00e1s \u00edntimas. <\/p>\n
Por ello, confi\u00e1ndose su valoraci\u00f3n al prudente raciocinio del juez, se espera de \u00e9l un an\u00e1lisis coherente, ponderado y reflexivo acerca de la singularidad, caracter\u00edsticas y magnitud del impacto y de su incidencia en la persona, determinando, desde luego, el grado de intensidad del sufrimiento causado, de cara a las condiciones de vida y edad de la v\u00edctima y sus particularidades. <\/p>\n
En esa direcci\u00f3n, en la sentencia SC5686-2018, la Corte precis\u00f3 que \u00ab{t}rat\u00e1ndose de perjuicios morales, las m\u00e1ximas de la experiencia, el sentido com\u00fan y las presunciones simples o judiciales que brotan las m\u00e1s de las veces de la situaci\u00f3n de hecho que muestra el caso sometido a consideraci\u00f3n del juez ser\u00e1n suficientes a los efectos perseguidos\u00bb. <\/p>\n
Y a\u00f1adi\u00f3: \u00abEs sabido que no hay prueba certera que permita medir el dolor o la pena, ni menos cuando han pasado a\u00f1os desde el acaecimiento del evento da\u00f1oso. De tal modo que, ante la imposibilidad de una prueba directa y de precisar con certidumbre absoluta si existe o no y en qu\u00e9 grado el dolor, congoja, p\u00e1nico, padecimiento, humillaci\u00f3n, ultraje y, en fin, el menoscabo espiritual de los derechos inherentes a la persona de la v\u00edctima, como consecuencia del hecho lesivo, opta v\u00e1lidamente el juez por atender a esas particularidades del caso e inferir no s\u00f3lo la causaci\u00f3n del perjuicio sino su gravedad. Es que el da\u00f1o moral se manifiesta in re ipsa, es decir, por las circunstancias del hecho y la condici\u00f3n del afectado\u00bb. <\/p>\n
2. Cuestiona el recurrente el razonamiento jur\u00eddico del enjuiciador en torno a la causaci\u00f3n o existencia del da\u00f1o moral infligido al joven Sebasti\u00e1n \u00c1lvarez porque, con apoyo en un criterio antojadizo y carente de respaldo en los medios de prueba recaudados, le neg\u00f3 su derecho a recibir indemnizaci\u00f3n por ese concepto, coloc\u00e1ndolo en una situaci\u00f3n de desigualdad jur\u00eddica con las personas a las cuales les sea inferida una lesi\u00f3n con entidad suficiente para generar ese tipo de agravio, pero del hecho da\u00f1oso no hayan derivado una situaci\u00f3n de grave discapacidad mental como la del demandante \u00c1lvarez Garc\u00eda , o que supone un abierto desconocimiento del principio de \u201creparaci\u00f3n integral\u201d, rector en materia de estimaci\u00f3n pecuniaria de los da\u00f1os. <\/p>\n
Si bien el censor, en uno de los fundamentos de su ataque, aludi\u00f3 a la ausencia de bases cient\u00edficas y probatorias para llegar a la determinaci\u00f3n reprochada, aquella no pasa de ser una menci\u00f3n que no ostenta el car\u00e1cter de cardinal en el marco de la acusaci\u00f3n, de ah\u00ed que la Sala deba superar la anotada deficiencia t\u00e9cnica en la formulaci\u00f3n del cargo, para abordar su estudio desde la centralidad del reproche a la consideraci\u00f3n jur\u00eddica enarbolada por el Tribunal sobre la inviabilidad de otorgar reparaci\u00f3n por el sufrimiento an\u00edmico a una persona con una seria alteraci\u00f3n de sus facultades intelectuales. <\/p>\n
Lo anterior, con el prop\u00f3sito de realizar materialmente los fines asignados al recurso de casaci\u00f3n, particularmente los de \u201cproteger los derechos constitucionales\u201d, \u201ccontrolar la legalidad de los fallos\u201d y \u201creparar los agravios irrogados a las partes con ocasi\u00f3n de la providencia recurrida\u201d, consagrados en el precepto 333 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
3. Y es que el criterio confutado, en verdad, es transgresor de los derechos subjetivos del agraviado directamente con la deficiente atenci\u00f3n m\u00e9dica y asistencial recibida antes de su nacimiento, como se explica a continuaci\u00f3n. <\/p>\n
3.1. Aunque la afecci\u00f3n espiritual y la generaci\u00f3n de sentimientos negativos no son fen\u00f3menos f\u00edsicamente tangibles que puedan ser objetivamente medidos, de all\u00ed que su apreciaci\u00f3n se deje librada a la discrecionalidad prudente del administrador de justicia, el arbitrio judicial no puede mutar en arbitrariedad, iniquidad o injusticia, pues el juzgador est\u00e1 sujeto al acatamiento estricto de la ley, la cual le impone la obligaci\u00f3n de reparar integralmente y con criterio equitativo a la v\u00edctima de un evento da\u00f1oso. <\/p>\n
Sobre esta m\u00e1xima de la valoraci\u00f3n de los da\u00f1os causados a personas o a cosas, en pronunciamiento reciente, esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que \u00absupone, de un lado, el deber jur\u00eddico de resarcir todos los da\u00f1os ocasionados a la persona o bienes de la v\u00edctima, al punto de regresarla a una situaci\u00f3n id\u00e9ntica o al menos parecida al momento anterior a la ocurrencia del hecho lesivo; y de otro, la limitaci\u00f3n de no excederse en tal reconocimiento pecuniario, porque la indemnizaci\u00f3n no constituye fuente de enriquecimiento\u00bb (CSJ SC2107, 12 jun. 2018, rad. 2011-00736-01). <\/p>\n
3.2. En ese orden, cuando la resoluci\u00f3n del juzgador no corresponde a una dimanaci\u00f3n de la normativa aplicable, no s\u00f3lo incurre en infracci\u00f3n directa de los preceptos que inaplic\u00f3, aplic\u00f3 de manera indebida o les dio una inteligencia contraria a su genuino alcance, sino que su determinaci\u00f3n es arbitraria e infiere agravio a la parte afectada con ella, lo que ocurri\u00f3 en este caso al reemplazarse una pauta jur\u00eddica central en la estimaci\u00f3n de perjuicios, como lo es la de resarcimiento pleno, por una subregla de creaci\u00f3n propia del Tribunal, que no satisface adecuadamente las finalidades compensatoria y de satisfacci\u00f3n inherentes a la indemnizaci\u00f3n de perjuicios y a la instituci\u00f3n de la responsabilidad civil. <\/p>\n
En efecto, de ning\u00fan canon legal deriva que el estado de mengua severa de la conciencia, inteligencia, memoria y dem\u00e1s capacidades cognitivas de una persona, excluya la compensaci\u00f3n del menoscabo moral; por el contrario, acorde con la previsi\u00f3n antes citada, las medidas de desagravio deben satisfacer todos los da\u00f1os reparables. <\/p>\n
Concretamente, en relaci\u00f3n con los perjuicios inmateriales, la Sala ha dejado claro que, a diferencia de los patrimoniales, los primeros se presumen y, en consideraci\u00f3n a esa cualidad, \u00absu indemnizaci\u00f3n es oficiosa por virtud del principio de reparaci\u00f3n integral; por supuesto, ayudado de los elementos de convicci\u00f3n que obren en el juicio, atendiendo la naturaleza del derecho afectado y la prudencia racional del juez\u00bb (CSJ SC2107, 12 jun. 2018, rad. 2011-00736-01). <\/p>\n
3.3. Por consiguiente, resultado de la falta de aplicaci\u00f3n de las anteriores premisas en la valoraci\u00f3n del da\u00f1o moral del joven demandante Sebasti\u00e1n \u00c1lvarez Garc\u00eda, v\u00edctima de hipoxia al nacer, desatin\u00f3 el Tribunal al menospreciar la posibilidad de aqu\u00e9l de ser sujeto titular de ese tipo de perjuicio, sin atender que, atendida la especial naturaleza del mismo, su configuraci\u00f3n ocurre in re ipsa, esto es, por la sola producci\u00f3n del episodio traum\u00e1tico. <\/p>\n
Y si la complejidad que le imped\u00eda al fallador reconocer el mencionado agravio, se centraba en el aspecto de su cuantificaci\u00f3n, debi\u00f3 acudir, como lo tiene decantado la jurisprudencia de esta Sala, a \u00abcriterios auxiliares de la actividad judicial, dentro de ellos la equidad, la doctrina y la jurisprudencia\u00bb (SC, 6 ago. 2009, rad. n.\u00b0 1994-01268-01; reiterado en SC15996, 29 nov. 2016, rad. n.\u00b0 2005-00488-01, CSJ5025-2020, 14 dic., rad. 2009-0004-01). <\/p>\n
3.4. De lo expuesto hasta ahora se concluye que el sentenciador incurri\u00f3 en el quebranto que se le endilga, el cual se estima suficiente para el \u00e9xito del cargo, en cuanto fue el desprecio del principio de reparaci\u00f3n integral lo que llev\u00f3 a la equivocada decisi\u00f3n de negar la indemnizaci\u00f3n correspondiente al da\u00f1o moral del entonces menor. <\/p>\n
4. Aunque algunas de las otras disposiciones invocadas por el casacionista, pertenecientes a la Ley 1306 de 2009, habr\u00edan complementado, en su momento, el an\u00e1lisis jur\u00eddico sobre la tem\u00e1tica discutida, de haberlas hecho actuar en el proceso, en la medida en que \u00e9stas procuraban la garant\u00eda de los derechos de las personas con discapacidad mental y el reconocimiento de sus derechos, frente a ellas no procede ning\u00fan estudio por parte de la Corporaci\u00f3n, en raz\u00f3n de la derogatoria expresa de que fueron objeto por parte de la Ley 1996 de 2019, \u201c{p}or medio de la cual se establece el r\u00e9gimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad\u201d. <\/p>\n
4.1. En todo caso, obs\u00e9rvese que son m\u00faltiples los instrumentos nacionales e internacionales que propugnan por el trato dignificante e igualitario de las personas con discapacidad sea esta f\u00edsica, mental, intelectual o sensorial. <\/p>\n
4.1.1. El art\u00edculo 13 de la Carta Pol\u00edtica asigna al Estado la obligaci\u00f3n de promover \u201clas condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptar\u00e1 medidas en favor de grupos discriminados o marginados\u201d, adem\u00e1s de proteger especialmente \u201ca aquellas personas que, por su condici\u00f3n econ\u00f3mica, f\u00edsica o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionar\u00e1 los abusos o maltratos que contra ellas se cometan\u201d. <\/p>\n
Adicionalmente, le corresponde adelantar \u201cuna pol\u00edtica de previsi\u00f3n, rehabilitaci\u00f3n e integraci\u00f3n social para los disminuidos f\u00edsicos, sensoriales y ps\u00edquicos, a quienes se prestar\u00e1 la atenci\u00f3n especializada que requieran\u201d (art. 47); garantizarles \u201cel derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud\u201d (art. 54) y procurar la \u201ceducaci\u00f3n de personas con limitaciones f\u00edsicas o mentales, o con capacidades excepcionales\u201d (art. 68). <\/p>\n
4.1.2. La Declaraci\u00f3n Universal de los Derechos Humanos22, proclama el derecho inherente a la igualdad y la libertad de todas las personas, sin discriminaci\u00f3n alguna (arts. 2 y 3). <\/p>\n
4.1.3. Los Pactos Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos e Internacional de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales23 comprometen a los Estados Parte a asegurar a los individuos bajo su jurisdicci\u00f3n, los derechos all\u00ed reconocidos sin distingos por \u201craza, color, sexo, idioma, religi\u00f3n, opini\u00f3n pol\u00edtica o de otra \u00edndole, origen nacional o social, posici\u00f3n econ\u00f3mica, nacimiento o cualquier otra condici\u00f3n social\u201d (art. 2). Adem\u00e1s, se\u00f1alan que todo ni\u00f1o tiene derecho, sin discriminaci\u00f3n alguna, \u201ca las medidas de protecci\u00f3n que su condici\u00f3n de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado\u201d (art. 24). <\/p>\n
4.1.4. La Convenci\u00f3n sobre los Derechos del Ni\u00f1o, proh\u00edbe toda forma de discriminaci\u00f3n por situaci\u00f3n de discapacidad (art. 2) y reconoce que los menores en la indicada condici\u00f3n deben \u201cdisfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad (\u2026)\u201d, por lo que es necesario procurarles las medidas de cuidado, asistencia, educaci\u00f3n, formaci\u00f3n y rehabilitaci\u00f3n necesarias (art. 23). <\/p>\n
4.1.5. La Convenci\u00f3n Interamericana para la eliminaci\u00f3n de todas formas de discriminaci\u00f3n contra las personas con discapacidad24, impuso a los signatarios implementar las herramientas legislativas, sociales, educativas, laborales y de cualquier \u00edndole para eliminar la discriminaci\u00f3n en contra de las personas en situaci\u00f3n de discapacidad, la cual se exterioriza a trav\u00e9s de cualquier distinci\u00f3n \u201cque tenga el efecto o prop\u00f3sito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales\u201d.25 <\/p>\n
4.1.6. La Convenci\u00f3n de las Personas con Discapacidad26, aprobada a trav\u00e9s de la Ley 1346 de 2009, fija como principios esenciales los de \u201crespeto de la dignidad inherente, la autonom\u00eda individual (\u2026)\u201d, la \u201cno discriminaci\u00f3n\u201d, el \u201crespeto por la diferencia y la aceptaci\u00f3n de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condici\u00f3n humanas\u201d, la \u201cigualdad de oportunidades\u201d y el \u201crespeto a la evoluci\u00f3n de las facultades de los ni\u00f1os y las ni\u00f1as con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad\u201d (art. 3). <\/p>\n
En su art\u00edculo 4\u00b0 adscribi\u00f3 a los Estados el imperativo de tomar todas las medidas pertinentes con miras a \u201cmodificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y pr\u00e1cticas existentes que constituyan discriminaci\u00f3n contra las personas con discapacidad\u201d, y en el precepto 5\u00b0, se reconoce que todas las personas son iguales ante la ley y en tal virtud \u201ctienen derecho a igual protecci\u00f3n legal y a beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminaci\u00f3n alguna\u201d, proscribi\u00e9ndose cualquier forma de trato discriminatorio \u201cpor motivos de discapacidad\u201d, lo que conlleva la correlativa obligaci\u00f3n de garantizar a \u201ctodas las personas con discapacidad protecci\u00f3n legal igual y efectiva contra la discriminaci\u00f3n por cualquier motivo\u201d. <\/p>\n
El canon 7\u00b0 conmina a la adopci\u00f3n de las medidas necesarias para que los ni\u00f1os y ni\u00f1as con discapacidad \u201cgocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los dem\u00e1s ni\u00f1os y ni\u00f1as\u201d, y en todas las actividades relacionadas con ellos, la protecci\u00f3n del inter\u00e9s superior del menor sea \u201cuna consideraci\u00f3n primordial\u201d. <\/p>\n
4.1.7. La Ley 1098 de 2006 establece pautas de protecci\u00f3n a los menores en situaci\u00f3n de discapacidad. Entre ellas la de asegurar la vigencia material de su prerrogativa al \u201crespeto por la diferencia y a disfrutar de una vida digna en condiciones de igualdad con las dem\u00e1s personas, que les permitan desarrollar al m\u00e1ximo sus potencialidades y su participaci\u00f3n activa en la comunidad\u201d (art. 36). <\/p>\n
4.1.8. La Ley Estatutaria 1618 2013 \u201c{p}or la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los Derechos de las Personas con discapacidad\u201d, en su regla s\u00e9ptima alude al goce pleno de sus derechos por parte de los ni\u00f1os y ni\u00f1as con discapacidad \u201cen igualdad de condiciones con los dem\u00e1s ni\u00f1os y ni\u00f1as\u201d. <\/p>\n
4.2. Del anterior elenco normativo surge con claridad el compromiso del Estado colombiano con la garant\u00eda de los derechos y libertades de las personas con discapacidad, en reconocimiento de su dignidad humana e igualdad con los dem\u00e1s individuos ante la ley, que ha conducido a la adopci\u00f3n de medidas y acciones afirmativas mediante las cuales debe suprimirse todo factor de distinci\u00f3n por raz\u00f3n de discapacidad, generador de un trato discriminatorio, como el que precisamente se cuestiona en el cargo, materializado en la decisi\u00f3n judicial cuando, con base en las deficiencias mentales e intelectuales del joven Sebasti\u00e1n \u00c1lvarez Garc\u00eda que determinan su condici\u00f3n de discapacidad, le fue desconocida su calidad de titular del derecho a la reparaci\u00f3n del agravio moral con ocasi\u00f3n de los hechos que precisamente dieron lugar a ese estado. <\/p>\n
Las razones consignadas se consideran suficientes para concluir el \u00e9xito de la cr\u00edtica. <\/p>\n
5. En raz\u00f3n de lo discurrido, se casar\u00e1 la sentencia impugnada \u00fanicamente en lo que hace referencia a la valoraci\u00f3n del perjuicio moral del joven Sebasti\u00e1n \u00c1lvarez Garc\u00eda y de su progenitor y el da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n del \u00faltimo. <\/p>\n
No se impondr\u00e1 condena en costas en raz\u00f3n del \u00e9xito de las censuras, conforme a lo preceptuado por el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 365 del estatuto procesal. <\/p>\n
IV. SENTENCIA SUSTITUTIVA <\/p>\n
Las explicaciones de la sentencia de segundo grado relacionadas con la confirmaci\u00f3n de la declaraci\u00f3n de responsabilidad civil de las demandadas Cl\u00ednica Materno Infantil San Luis S.A. y Cafesalud S.A. E.P.S., y las modificaciones introducidas a la decisi\u00f3n proferida por la jueza a quo, referentes a declarar probadas las excepciones de m\u00e9rito propuestas por los galenos y la llamada en garant\u00eda Liberty Seguros, y no probadas las defensas formuladas por las primeras y Aseguradora Colseguros S.A., as\u00ed como las condenas impuestas a favor de los demandantes, el inter\u00e9s reconocido y la orden de reembolso impartida a la \u00faltima compa\u00f1\u00eda mencionada, se tienen por incorporadas a la presente decisi\u00f3n, por cuanto no fueron objeto del recurso de casaci\u00f3n y en tal virtud, conservan pleno vigor. <\/p>\n
2. En relaci\u00f3n con el ultraje de \u00edndole moral y la alteraci\u00f3n de la vida personal en raz\u00f3n de las cargas a asumir para la atenci\u00f3n, cuidado, adaptaci\u00f3n y rehabilitaci\u00f3n que demanda su hijo, debido a las graves limitaciones psicof\u00edsicas que padece, se memora que el error in iudicando en que incurri\u00f3 el Tribunal, radic\u00f3 en la desigualdad que, de manera infundada, aquel decisor estableci\u00f3 entre los progenitores, con franco desconocimiento de su paridad en el rol de padres, y en sus derechos y obligaciones para con sus descendientes directos. <\/p>\n
2.1. Recu\u00e9rdese que el sentenciador otorg\u00f3 a la convocante Sonia Garc\u00eda Garc\u00eda la cantidad de $150.000.000 a t\u00edtulo de reparaci\u00f3n de cada uno de los mencionados perjuicios; y a favor del joven Sebasti\u00e1n \u00c1lvarez Garc\u00eda, conden\u00f3 a la empresa promotora de salud y al establecimiento hospitalario a pagarle la suma de $250.000.000 para resarcirle su da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n.27 <\/p>\n
2.2. En lo que hace a la cuantificaci\u00f3n del da\u00f1o moral, esta Corporaci\u00f3n, en cumplimiento de su misi\u00f3n unificadora de la jurisprudencia, ha fijado unos montos que reajusta peri\u00f3dicamente en sus pronunciamientos, los cuales am\u00e9n de concretar, en sede extraordinaria, las condenas donde procede la indemnizaci\u00f3n de esa ofensa, satisfacen la finalidad de servir de derrotero para las autoridades judiciales de grado inferior, en la fijaci\u00f3n de los importes cuyo pago deban ordenar por este concepto, en las controversias sometidas a su conocimiento. <\/p>\n
Lo anterior, porque a pesar de que la apreciaci\u00f3n monetaria de este agravio se halla supeditada al arbitrium iudicis, ha considerado esta Sala que, en el ejercicio de esa facultad, al juzgador se le impone obrar con suma prudencia y de manera juiciosamente reflexiva, de modo que el veredicto no constituya causa de enriquecimiento para el damnificado. <\/p>\n
Se a\u00fana a lo dicho que, tal como lo precis\u00f3 la providencia CSJ SC5686-2018, \u00aba falta de normativa expl\u00edcita que determine la forma de cuantificar el da\u00f1o moral, el precedente judicial del m\u00e1ximo \u00f3rgano de la jurisdicci\u00f3n ordinaria tiene un cierto car\u00e1cter vinculante, para cuya separaci\u00f3n es menester que el juez ofrezca razones suficientes de su distanciamiento, pues, en los t\u00e9rminos establecidos por la Corte Constitucional: \u201cLa fuerza normativa de la doctrina dictada por la Corte Suprema proviene (1) de la autoridad otorgada constitucionalmente al \u00f3rgano encargado de establecerla y de su funci\u00f3n como \u00f3rgano encargado de unificar la jurisprudencia ordinaria; (2) de la obligaci\u00f3n de los jueces de materializar la igualdad frente a la ley y de igualdad de trato por parte de las autoridades; (3) el principio de la buena fe, entendida como confianza leg\u00edtima en la conducta de las autoridades del Estado; (4) car\u00e1cter decantado de la interpretaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico que dicha autoridad ha construido, confront\u00e1ndola continuamente con la realidad social que pretende regular\u201d (C-836 de 2001)\u00bb.28 <\/p>\n
2.3. Ahora bien, de acuerdo con el art\u00edculo 4\u00b0 de la Ley 169 de 1896 \u201c{t}res decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema como Tribunal de Casaci\u00f3n sobre un mismo punto de derecho constituyen doctrina probable, y los jueces podr\u00e1n aplicarla en casos an\u00e1logos, lo cual no obsta para que la Corte var\u00ede la doctrina en caso de que juzgue err\u00f3neas las decisiones anteriores\u201d. <\/p>\n
En consonancia con lo antedicho, el art\u00edculo 7\u00b0 del estatuto procesal general establece como una de las obligaciones del juzgador, la de obrar conforme a la doctrina probable del \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n, y s\u00f3lo de manera excepcional le es permitido separarse de ella, evento en el cual le es imperativo \u201cexponer clara y razonadamente los fundamentos jur\u00eddicos que justifican su decisi\u00f3n\u201d. <\/p>\n
2.4. En ese orden, es doctrina probable de la Corte que, en la tarea de estimar pecuniariamente los agravios morales, adem\u00e1s de atender el marco f\u00e1ctico de ocurrencia del da\u00f1o (condiciones de modo, tiempo y lugar del hecho lesivo), la situaci\u00f3n y condici\u00f3n de los perjudicados, la intensidad de la ofensa, los sentimientos y emociones generados por ella y dem\u00e1s circunstancias incidentes, el juez debe acudir a los criterios orientadores de la jurisprudencia\u201d.29 <\/p>\n
Precisamente, una de esas pautas es el se\u00f1alamiento de techos o l\u00edmites m\u00e1ximos indemnizatorios referentes al perjuicio moral, de modo que a los jueces de instancia no les est\u00e1 autorizado desconocerlos. En consecuencia, se les impone el acatamiento de los montos fijados por la Sala, en la medida que aquella estimaci\u00f3n tiene efectos normativos en los casos ulteriores donde deban proveer sobre la compensaci\u00f3n del comentado da\u00f1o, y es bajo el marco de los aludidos topes, que se considera admisible el ejercicio del prudente arbitrio judicial.30 <\/p>\n
2.5. La debida observancia de los valores m\u00e1ximos fijados por la Sala de Casaci\u00f3n se extiende al justiprecio de otros perjuicios de orden extrapatrimonial como el da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n, donde los falladores deben atender la orientaci\u00f3n proporcionada en los precedentes sobre la materia31, en tanto su cuantificaci\u00f3n tambi\u00e9n se encuentra deferida al arbitrium iudicis.32 <\/p>\n
Incluso, la nueva codificaci\u00f3n adjetiva acogi\u00f3 la utilizaci\u00f3n de las directrices emanadas de la jurisprudencia, en lo que ata\u00f1e a la valoraci\u00f3n de los perjuicios inmateriales, a efectos de fijar el funcionario competente para el conocimiento de la controversia. As\u00ed se desprende del art\u00edculo 25 del comentado compendio, norma conforme a la cual cuando en la demanda se reclame el resarcimiento de tales detrimentos, \u201cse tendr\u00e1n en cuenta, solo para efectos de determinar la competencia por raz\u00f3n de la cuant\u00eda, los par\u00e1metros jurisprudenciales m\u00e1ximos al momento de la presentaci\u00f3n de la demanda\u201d. <\/p>\n
3. En el sub judice, el juzgador de segundo grado obr\u00f3 con desbordamiento en la tasaci\u00f3n de los da\u00f1os moral y a la vida de relaci\u00f3n de los demandantes, pues inobserv\u00f3 los valores prefijados por la Corporaci\u00f3n como l\u00edmites resarcitorios de los indicados conceptos. <\/p>\n
En efecto, debi\u00f3 atender que para la \u00e9poca en que se elabor\u00f3 la ponencia por el magistrado sustanciador, esta Sala hab\u00eda se\u00f1alado la suma de $55.000.000 como monto m\u00e1ximo de indemnizaci\u00f3n del da\u00f1o moral para eventos de fallecimiento de un ser querido muy cercano33, la cual debi\u00f3 servirle de pauta para fijar un importe un poco menor al reci\u00e9n indicado. <\/p>\n
Y referente al da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n, la gu\u00eda aplicable era la contenida en el fallo de 9 de diciembre de 2013, que tas\u00f3 en $140.000.000 la reparaci\u00f3n a favor de un joven que perdi\u00f3 el 75% de su capacidad laboral, como consecuencia de un accidente de tr\u00e1nsito34, guarismo que debi\u00f3 atender respecto del entonces adolescente Sebasti\u00e1n \u00c1lvarez Garc\u00eda y disminuir para efectos de la compensaci\u00f3n de ese concepto a sus progenitores, tomando en consideraci\u00f3n que ellos no experimentan esta clase de perjuicio con la misma intensidad, gravedad e implicaciones futuras que aqu\u00e9l. <\/p>\n
4. No obstante lo discurrido, en virtud de los alcances parciales del recurso de casaci\u00f3n interpuesto por los impulsores del juicio35, y de la falta de sustentaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n por la demandada Cafesalud E.P.S., que condujo a que fuera el presentado por los primeros, el \u00fanico libelo a estudiar por la Sala, los montos fijados por el Tribunal en los rubros de da\u00f1os moral y a la vida de relaci\u00f3n a favor de la demandante Sonia Garc\u00eda Garc\u00eda y del \u00faltimo respecto de Sebasti\u00e1n \u00c1lvarez Garc\u00eda, representado legalmente por sus ascendientes, son inmodificables, pues las determinaciones adoptadas en la segunda instancia respecto de los t\u00f3picos no cuestionados ante la Corte conservan pleno vigor, como se asever\u00f3 al inicio de esta considerativa. <\/p>\n
5. En todo caso, como consecuencia de la prosperidad del ataque contenido en el cargo primero de la demanda de casaci\u00f3n, es necesario remediar el injustificado desequilibrio entronizado por el sentenciador entre los padres afectados con el deficiente servicio asistencial prestado a la gestante, por lo cual se reconocer\u00e1 a favor de Carlos Eduardo \u00c1lvarez Fl\u00f3rez la cantidad de $150.000.000 en cada uno de los comentados rubros, sin que esto constituya, ni pueda interpretarse como una modificaci\u00f3n de la doctrina probable de esta colegiatura en relaci\u00f3n con los topes o l\u00edmites de las condenas al pago de perjuicios extrapatrimoniales que, se reitera, debe ser respetada y acatada por los juzgadores de las instancias. <\/p>\n
6. De otra parte y ata\u00f1edero con la lesi\u00f3n moral inferida a Sebasti\u00e1n \u00c1lvarez Garc\u00eda, en su condici\u00f3n de v\u00edctima directa de la negligente atenci\u00f3n prodigada a su se\u00f1ora madre ad portas del alumbramiento y, por tanto, de las considerables afectaciones corporales y ps\u00edquicas que le sobrevinieron como consecuencia de esa reprochable conducta, la magnitud del anotado detrimento que se materializ\u00f3 junto con los dem\u00e1s perjuicios desde el inicio de sus d\u00edas, debe guardar adecuada proporci\u00f3n con la intensidad de la ofensa y el impacto que innegablemente va a reportar en su porvenir. <\/p>\n
En raz\u00f3n de lo preanotado, considera la Sala que, en este caso, debe justipreciarse el agravio en un importe igual al tope m\u00e1ximo definido previamente en casos de an\u00e1logas caracter\u00edsticas. <\/p>\n
Bajo ese marco, la valuaci\u00f3n efectuada en asuntos donde se ha pretendido la reparaci\u00f3n del perjuicio moral, en favor de un menor de edad que recibi\u00f3 da\u00f1o a la salud al nacer, derivado de la deficiente atenci\u00f3n especializada que se impon\u00eda brind\u00e1rsele en ese momento, se ha establecido en $60\u00b4000.000,oo36, la cual se corresponde con el l\u00edmite reconocido en esta sede como reparaci\u00f3n del mencionado concepto.37 <\/p>\n
7. En seguimiento de lo dilucidado, procede modificar la condena por da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n y perjuicio moral a favor del progenitor Carlos Eduardo \u00c1lvarez Fl\u00f3rez, fij\u00e1ndola en $150.000.000 para cada uno de esos conceptos. <\/p>\n
Y al joven Sebasti\u00e1n \u00c1lvarez Garc\u00eda se le reconocer\u00e1 la cantidad de $60.000.000 por el rubro de agravio moral. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia de 24 de mayo de 2016, proferida por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en el proceso declarativo incoado por los recurrentes contra Reinaldo Guerrero Ortiz, Hugo Hern\u00e1n Quijano Mulford, Claudia Giovanna Santarelli Franco, Cafesalud E.P.S. S.A. y Cl\u00ednica Materno Infantil San Luis S.A. y, en sede de instancia, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Modificar el literal b del ordinal quinto de la sentencia de primer grado, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/p>\n
b) Se condena a la CL\u00cdNICA MATERNO INFANTIL SAN LUIS S.A. y a CAFESALUD EPS a pagar, dentro de los treinta (30) d\u00edas siguientes a la ejecutoria de esta providencia, por concepto de perjuicios extrapatrimoniales, a favor de CARLOS EDUARDO \u00c1LVAREZ FL\u00d3REZ, las siguientes sumas: <\/p>\n
i. Ciento cincuenta millones de pesos ($150.000.000) por concepto de da\u00f1os morales. <\/p>\n
ii. Ciento cincuenta millones de pesos ($150.000.000) por concepto de da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n. <\/p>\n
SEGUNDO: Modificar el literal c del ordinal quinto de la sentencia de primer grado, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/p>\n
i. Sesenta millones de pesos ($60.000.000) por concepto de da\u00f1os morales. <\/p>\n
ii. Doscientos cincuenta millones de pesos ($250.000.000) por concepto de da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n. <\/p>\n
TERCERO: Sin costas en casaci\u00f3n. <\/p>\n
Oportunamente devu\u00e9lvase el expediente a la corporaci\u00f3n de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 ZAVALA DE GONZ\u00c1LEZ, Matilde. Resarcimiento de da\u00f1os \u2013 Da\u00f1os a las personas. Integridad psicof\u00edsica, T. 2, Hammurabi, Buenos Aires, 1996, p. 101. <\/p>\n
2\u0002 LARENZ, Karl. Derecho de Obligaciones. Tomo II., Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado, 1959, p. 641. <\/p>\n
3\u0002 Folio 24, cno. Corte. <\/p>\n
4\u0002 GARC\u00cdA SARMIENTO, Eduardo. Elementos de derecho de familia. Bogot\u00e1: Editorial Facultad de Derecho, 1999, p. 496. <\/p>\n
5\u0002 Art\u00edculo 23 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos, incorporado al derecho interno mediante la Ley 78 de 1968. <\/p>\n
6\u0002 La familia es el \u201cn\u00facleo fundamental de la sociedad\u201d (art. 42 C.P., art. 1\u00b0 Ley 1361 de 2009, modificado por el art. 1\u00b0 de la Ley 1857 de 2017). <\/p>\n
7\u0002 SOMARRIVA UNDURRAGA, Manuel. Derecho de familia, Santiago: Editorial Nascimento, 1963, p. 10. <\/p>\n
8\u0002 Conjunto de derechos del hombre sobre la persona y bienes de la mujer. Art\u00edculo. 177 C\u00f3digo Civil de 1873. <\/p>\n
9\u0002 Consonante con el art\u00edculo 23 de la Ley 1098 de 2006, que impone la obligaci\u00f3n permanente y solidaria de los progenitores de asumir la custodia y el cuidado personal de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes en pro de \u201csu desarrollo integral\u201d. \u201cLa obligaci\u00f3n de cuidado personal se extiende adem\u00e1s a quienes convivan con ellos en los \u00e1mbitos familiar, social o institucional, o a sus representantes legales (\u2026)\u201d. <\/p>\n
10\u0002 Hoy reemplazada por el concepto de \u201cpotestad parental\u201d al extinguirse legalmente la titularidad exclusiva que reca\u00eda sobre el padre. <\/p>\n
11\u0002 COLIN, Ambroise y CAPITANT, Henry. Derecho Civil. Introducci\u00f3n, personas, estado civil, incapaces. Volumen 1.Colecci\u00f3n Grandes Maestros del Derecho Civil, San Jos\u00e9: Editorial Jur\u00eddica Universitaria, 2002, p. 309. <\/p>\n
12\u0002 Incorporada al ordenamiento interno a trav\u00e9s de la Ley 51 de 1981. <\/p>\n
13\u0002 literal c, num. 1\u00b0, art. 16. <\/p>\n
14\u0002 Art. 3. <\/p>\n
15\u0002 Numeral 4, art. 17. <\/p>\n
16\u0002 Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. <\/p>\n
17\u0002 Calidad que, conforme con los arts. 1 y 2 de la CDN, aun para la fecha de la sentencia de segunda instancia ten\u00eda el demandante Sebasti\u00e1n \u00c1lvarez Garc\u00eda. <\/p>\n
18\u0002 Arts. 1 y 2 <\/p>\n
19\u0002 Barudy, J., Dantagnan, M., Comas, E. & Vergara, M. La inteligencia maternal: Manual para apoyar la crianza bien tratante y promover la resiliencia de madres y padres. Barcelona: Gedisa, 2014. <\/p>\n
20\u0002 CSJ, STC- 8534-2019. <\/p>\n
21\u0002 ALTERINI, Atilio et al. Derecho de Obligaciones, Buenos Aires: Abeledo \u2013 Perrot, p. 215. <\/p>\n
22\u0002 Proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Par\u00eds el 10 de diciembre de 1948. <\/p>\n
23\u0002 Adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966. <\/p>\n
24\u0002 Adoptada por la OEA en ciudad de Guatemala, el 6 de julio de 1999 e incorporada al orden interno mediante la Ley 762 de 2002. <\/p>\n
25\u0002 Literal a), numeral 2, art\u00edculo 1\u00b0. <\/p>\n
26\u0002 Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006. <\/p>\n
27\u0002 Folio 186, cno. Tribunal. <\/p>\n
28\u0002 19 dic. 2018, rad. 2004-00042-01. <\/p>\n
29\u0002 Doctrina consolidada en las providencias CSJ SC 18 sep. 2009, rad. 2005-00406-01, CSJ SC 8 ago. 2013, rad. 2001-01402-01, CSJ SC5885-2016, 6 may. 2016, rad. 2004-00032-01 y CSJ SC12994-2016, 15 sep. 2016, rad. 2010-00111-01. <\/p>\n
30\u0002 CSJ SC064, 28 feb. 1990, G.J. No. 2439, p. 89; CSJ SC035, 13 may. 2008, rad. 1997-09327-01; CSJ SC 20 ene. 2009, rad. 1993-00215-01; CSJ SC 17 nov. 2011, rad. 1999-00533-01; CSJ SC 9 dic. 2013, rad. 2002-00099; CSJ SC13925-2016, 30 sep., rad. 2005-00174-01; SC5686-2018, 19 dic., rad. 2004-00042-01. <\/p>\n
31\u0002 CSJ AC2923-2017, 11 may., rad. 2017-00405-00; CSJ AC3265-2019, 12 ago., rad. 2019-02385-00; CSJ AC1323-2020, 6 jul., rad. 2020-00686-00; CSJ AC188-2021, 1\u00b0 feb., rad. 2020-02990-00; <\/p>\n
32\u0002 CSJ SC 13 may. 2008, rad. 1997-09327-01, reiterada en CSJ SC21828-2017, 19 dic. 2017, rad. 2007-00052-01. <\/p>\n
33\u0002 CSJ SC 9 jul. 2012, rad. 2002-00101-01; CSJ SC 8 ago. 2013, rad. 2001-01402-01. <\/p>\n
34\u0002 Sentencia sustitutiva, rad. 2002-00099-01. <\/p>\n
35\u0002 Recu\u00e9rdese que, en esencia, se dirigi\u00f3 contra la apreciaci\u00f3n econ\u00f3mica efectuada por el ad quem de los perjuicios reconocidos a favor del progenitor Eduardo \u00c1lvarez Fl\u00f3rez y de la negativa a indemnizar el agravio moral de su hijo. <\/p>\n
36\u0002 Doctrina probable expresada en los pronunciamientos SC9193, 28 jun.2017, rad. 2011-00108-01 y SC562, 27 feb. 2020, rad. 2012-00279-01. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
SC3728-2021 (2005-00175-01) HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente SC3728-2021 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de abril de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de agosto de dos mil veintiuno (2021) Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Carlos Eduardo \u00c1lvarez Fl\u00f3rez y Sonia Garc\u00eda Garc\u00eda […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56229","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56229","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56229"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56229\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56229"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56229"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56229"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}