SC3732-2021 (2015-01218-01)<\/p>\n
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Magistrada Ponente <\/p>\n
SC3732-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-10-011-2015-01218-01 <\/p>\n
(Aprobada en sesi\u00f3n de diez de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintis\u00e9is (26) de agosto de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el Acuerdo n\u00ba 034 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos que propenden por la protecci\u00f3n de la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en esta providencia, los nombres de las partes involucradas en el presente asunto ser\u00e1n reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
Anotado lo anterior, decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por, Marta Virginia Duarte Echand\u00eda, representante legal del menor Ernesto Duarte Echand\u00eda frente a la sentencia proferida el 11 de julio de 2018, por la Sala Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, dentro del proceso declarativo de Diego Felipe Castro Lema promovi\u00f3 en su contra. <\/p>\n
1.-ANTECEDENTES <\/p>\n
2.-El promotor acudi\u00f3 a la jurisdicci\u00f3n para que se declare que el menor Ernesto Duarte Echand\u00eda es hijo extramatrimonial suyo, se ordene la correcci\u00f3n de su registro civil y se fije la cuota alimentaria a que estar\u00eda obligado. <\/p>\n
3.-En respaldo narr\u00f3, en s\u00edntesis, que sostuvo relaciones sexuales con la se\u00f1ora Marta Virginia Duarte Echand\u00eda, desde el 10 de abril de 2013, las cuales \u00abfueron estables y notorias por un espacio de 2 a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
Fruto de esos amor\u00edos Marta Virginia Duarte Echand\u00eda concibi\u00f3 un hijo que naci\u00f3 el 7 de septiembre de 2014, el cual fue registrado con el nombre de Ernesto Duarte Echand\u00eda, a quien \u00abayud\u00f3 a su subsistencia y siempre trat\u00f3 como su hijo aportando una cuna con su respectivo colch\u00f3n y lencer\u00eda, tambi\u00e9n ha aportado durante todo el tiempo pa\u00f1ales, leche, pa\u00f1itos, mudas de ropa, compotas, frutas, donde la demandada siempre lo humillaba dici\u00e9ndole que eso eran limosnas y que eso a ella no le serv\u00eda para nada\u00bb (fls. 20-24 Cd 1). <\/p>\n
4.-La acci\u00f3n as\u00ed planteada fue admitida el 16 de diciembre de 2015, ordenando el enteramiento de la interpelada y la pr\u00e1ctica del \u00abexamen de gen\u00e9tica de ADN con el uso de marcadores gen\u00e9ticos necesarios para alcanzar el \u00edndice de probabilidad superior al 99.99%, y con el respectivo an\u00e1lisis de grupos sangu\u00edneos, las caracter\u00edsticas patol\u00f3gicas, morfol\u00f3gicas, fisiol\u00f3gicos e intelectuales transmisibles, al menor de edad en Ernesto Duarte Echand\u00eda, a su progenitora Marta Virginia Duarte Echand\u00eda, y al pretenso padre Diego Felipe Castro Lema\u00bb (fl. 26 Cd 1). <\/p>\n
5.-Enterada, la convocada se opuso a las pretensiones, invocando como excepciones la \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en causa por activa\u00bb, \u00abinexistencia de procedimiento aplicable al caso\u00bb e \u00abinexistencia de la posesi\u00f3n notoria\u00bb (fls. 40- 43 Cd 1). <\/p>\n
6.-Al estimar el juzgador que lo realmente pretendido por el actor era el reconocimiento voluntario de su paternidad respecto del menor Ernesto Duarte Echand\u00eda, el 18 de octubre de 2016 orden\u00f3 la remisi\u00f3n de las diligencias al Defensor de Familia de Usaqu\u00e9n (fls. 75-78 Cd 1). <\/p>\n
7.- La Defensor\u00eda de Familia de Usaqu\u00e9n cit\u00f3 a la demandada, a efecto de realizar aquella actuaci\u00f3n, pero ante la inasistencia reiterada de la se\u00f1ora Marta Virginia Duarte Echand\u00eda, el 19 de enero de 2017, emiti\u00f3 \u00abauto de cierre\u00bb (fl. 103 Cd 1) y devolvi\u00f3 la actuaci\u00f3n al juzgado de origen. <\/p>\n
8.-Recibido el plenario, en pronunciamiento de 5 de abril de 2017, el a quo se\u00f1al\u00f3 fecha (8 mayo de 2017) \u00abpara llevar a cabo audiencia de reconocimiento de paternidad del se\u00f1or Diego Felipe Castro Lema \u00abrespecto del menor Ernesto Duarte Echand\u00eda\u00bb (fl. 106 Cd 1), frente a lo cual Marta Virginia Duarte Echand\u00eda remiti\u00f3 escrito aduciendo la imposibilidad de asistir, por residir en Madrid- Espa\u00f1a, pero \u00abque de antemano rechazo la paternidad que hace el se\u00f1or Diego Felipe Castro Lema sobre mi hijo\u00bb Ernesto Duarte Echand\u00eda \u00abquien se encuentra conmigo en esta ciudad por las razones expuestas en los hechos de la demanda\u00bb. <\/p>\n
9.-El Juzgado Once de Familia de Bogot\u00e1 finiquit\u00f3 la instancia, el 18 de diciembre de 2017, desestimando las excepciones planteadas y declar\u00f3 que Ernesto Duarte Echand\u00eda, \u00abnacido en la ciudad de Bogot\u00e1 D.C. el 7 de septiembre de 2014 y cuya madre es Marta Virginia Duarte Echand\u00eda, es hijo extramatrimonial de Diego Felipe Castro Lema\u00bb y adopt\u00f3 las restantes determinaciones que de dicho veredicto emanan. <\/p>\n
10.-Apelado el fallo por la pasiva, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 Sala Familia lo confirm\u00f3, con providencia del 11 de julio de 2018. <\/p>\n
11.-LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
De manera inicial el colegiado examin\u00f3 lo concerniente a la legitimaci\u00f3n en la causa del demandante para promover la acci\u00f3n, para colegir \u00abque no es viable desconocer la legitimaci\u00f3n al verdadero padre biol\u00f3gico para demandar la filiaci\u00f3n cuando el reconocimiento no ha sido aceptado\u00bb (minuto 59.05). <\/p>\n
Ocupado de la defensa referida a la inexistencia de un procedimiento aplicable al caso, puso de presente lo dispuesto en el art\u00edculo 396 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, entonces vigente, replicado ahora en el precepto 386 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan los cuales se fij\u00f3 un procedimiento \u201cest\u00e1ndar\u201d para todos los casos que no tuvieran fijado un ritual especial \u00abse\u00f1alando en ese tr\u00e1mite las garant\u00edas de contradicci\u00f3n para esa clase de litigios entre ellas la posibilidad de acudir a la prueba de ADN cuando hay contradicci\u00f3n entre las partes, adem\u00e1s, se prev\u00e9 la posibilidad de emitir sentencia de plano de adoptar medidas de protecci\u00f3n incluso previas para la protecci\u00f3n de los derechos del ni\u00f1o o de los participantes en el juicio\u00bb. <\/p>\n
Se adentr\u00f3 tambi\u00e9n en el reproche alusivo a la falta de demostraci\u00f3n de la \u00abposesi\u00f3n notoria del estado de hijo\u00bb, diciendo que \u00abresulta insustancial\u00bb, debido a que \u00abnunca se aleg\u00f3 por la parte demandante la declaraci\u00f3n de filiaci\u00f3n paterna con fundamento en la presunci\u00f3n de posesi\u00f3n notoria del Estado de la condici\u00f3n de hijo si se vuelve sobre el sustento f\u00e1ctico de la demanda y lo alegado son las relaciones sexuales obtenidas por los padres de Emmanuel y su concepci\u00f3n como resultado del indicado trato sexual\u00bb. <\/p>\n
Superado esto, mencion\u00f3 que el \u00abavance cient\u00edfico permite establecer con certeza que es cercana al 100% mediante la prueba de ADN la conjunci\u00f3n gen\u00e9tica de los padres seguramente resultado de la uni\u00f3n sexual\u00bb para puntualizar que dicha prueba \u00abno obstante haberse decretado en el auto admisorio no pudo practicarse por la conducta renuente de la demandada\u00bb, dando cuenta del comportamiento procesal de \u00e9sta, que de suyo habilitaba la posibilidad de acudir a otras probanzas para la acreditaci\u00f3n de los hechos alegados. <\/p>\n
Pas\u00f3 as\u00ed al an\u00e1lisis de las declaraciones recaudadas, del material documental arrimado y la conducta procesal de la demandada -quien dej\u00f3 en evidencia su desinter\u00e9s en la aplicaci\u00f3n de los ex\u00e1menes cient\u00edficos- de cuya valoraci\u00f3n conjunta coligi\u00f3 la demostraci\u00f3n de la causal de presunci\u00f3n de paternidad regulada en el numeral 4 del art\u00edculo 6 de la Ley 75 de 1968, referida a las relaciones sexuales entre el presunto padre y la madre para la \u00e9poca en la que de acuerdo con el art\u00edculo 92 del C\u00f3digo Civil, pudo tener lugar la concepci\u00f3n. <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Apoyado en la causal quinta del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, se formul\u00f3 un (1) cargo contra el fallo del tribunal, acus\u00e1ndolo de \u00abincurrir en un error in-procedendo en la modalidad de vicio de estructura que socava el debido proceso y la garant\u00eda fundamental del menor Emmanuel Duque Echeverry, hijo de la aqu\u00ed recurrente, a conocer su filiaci6n verdadera, por haber sido dictada dentro de un juicio viciado de nulidad\u00bb. <\/p>\n
Para soportar la acusaci\u00f3n sostuvo: <\/p>\n
\u00abQue la pr\u00e1ctica del examen antropo-heredo-biol\u00f3gico, constituye una prueba obligatoria en los procesos de filiaci\u00f3n por mandato expreso de la Ley 721 de 2001, art.1\u00b0. <\/p>\n
De suerte, el art. 3\u00b0 ibidem advierte que \u00abs\u00f3lo en aquellos casos en que es absolutamente imposible disponer de la informaci\u00f3n de la prueba de ADN se recurrir\u00e1 a las pruebas testimoniales, documentales y dem\u00e1s medios probatorios para emitir el fallo correspondiente\u201d. <\/p>\n
En consecuencia, cuando no se agota la pr\u00e1ctica del examen de ADN, como ocurri\u00f3 en este proceso, y aun as\u00ed se declara por la judicatura la filiaci\u00f3n pretendida por el demandante, la sentencia se reputa nula, con total y absoluta independencia de que la contraparte, en este caso la recurrente, haya sido \u00abcontumaz\u00bb o \u00abrenuente\u00bb a su pr\u00e1ctica, conforme se declar\u00f3 probado por el Tribunal\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que esto, en raz\u00f3n a que m\u00e1s all\u00e1 de los intereses privados de las partes est\u00e1 el derecho a \u00abla identidad del menor, entendido como sujeto de especial protecci6n constitucional (art. 45 Superior), y, por consiguiente, a pesar de la \u00abrenuencia\u00bb o \u00abcontumacia\u00bb de uno de los litigantes, la judicatura tiene la obligaci\u00f3n de adoptar todas las medidas, incluso coercitivas (art. 44 del CGP), para garantizar la pr\u00e1ctica del examen, en lugar de conformarse, como aqu\u00ed ocurri\u00f3 con los jueces de instancia, con la apreciaci\u00f3n de la cauda (sic) indirecta, por dem\u00e1s dudosa y especulativa, que, en definitiva, desvirt\u00faa el sentido excepcional de la regla prevista en el citado art. 3\u00b0 de la Ley 721 de 2001\u00bb. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso dispone como motivo de casaci\u00f3n en su numeral 5\u00b0 \u00abHaberse dictado sentencia en un juicio viciado de algunas de las causales de nulidad que son consagradas en la ley, a menos que tales vicios hubieren sido saneados\u00bb, cuya finalidad es corregir los vicios in procedendo ocurridos en el tr\u00e1mite de las instancias, a condici\u00f3n de que el motivo invalidante se encuentre expresamente previsto por el legislador, no se hubiera saneado, atendiendo los principios de taxatividad, legitimaci\u00f3n y convalidaci\u00f3n que regentan esta materia, habida cuenta que, si el supuesto alegado no se presenta, o no se halla espec\u00edficamente enlistado o pese a estarlo siendo saneable, no fue alegado por la parte afectada la reclamaci\u00f3n ser\u00e1 infructuosa. <\/p>\n
Es del caso resaltar, que deviene imperativo que quien la invoca tenga legitimaci\u00f3n para alegar esa irregularidad, lo cual es predicable de la persona que a causa del vicio haya sufrido lesi\u00f3n o menoscabo de sus derechos, como lo previene el art\u00edculo 135 del estatuto procesal civil, texto legal que tambi\u00e9n establece \u00abno podr\u00e1 alegar la nulidad quien haya dado lugar al hecho que la origina, ni quien no la aleg\u00f3 como excepci\u00f3n previa, si tuvo la oportunidad, ni quien despu\u00e9s de ocurrida la causal haya actuado en el proceso sin proponerla\u00bb. <\/p>\n
Ciertamente, la mentada disposici\u00f3n es inequ\u00edvoca al deslegitimar a quien ha dado lugar a un vicio de nulidad del proceso, como mecanismo para precaver actuaciones maliciosas que fomenten la dilaci\u00f3n injustificada de los juicios, impidiendo que quien ha provocado la generaci\u00f3n del motivo de anulaci\u00f3n pueda alegarlo en su favor. <\/p>\n
Es por ello, que esta Corporaci\u00f3n ha sostenido reiteradamente que. <\/p>\n
[L]a procedencia de la causal 5\u00aa de casaci\u00f3n, por haberse incurrido en alguno de los vicios invalidantes consagrados en el art\u00edculo 140 del C. de P. C., supone las siguientes condiciones: \u2018a) que las irregularidades aducidas como constitutivas de nulidad general existan realmente; b) que adem\u00e1s de corresponder a realidades procesales comprobables, esas irregularidades est\u00e9n contempladas taxativamente dentro de las causales de nulidad adjetiva que enumera el referido art\u00edculo 140; y por \u00faltimo, c) que concurriendo los dos presupuestos anteriores y si son saneables, respecto de las nulidades as\u00ed en principio caracterizadas no aparezca que fueron convalidadas por el asentimiento expreso o t\u00e1cito de la persona legitimada para hacerlas valer\u2019 (CSJ SC, 5 dic. 2008, rad. 1999-02197-01; reiterada en CSJ SC 20 ago. 2013, rad. 2003-00716-01 y CSJ SC10302-2017, 18 jul.). <\/p>\n
2. De acuerdo con el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, es elemento integral del debido proceso, el derecho de los intervinientes en los juicios \u00aba presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra\u00bb; postulado cuyo desconocimiento afecta la validez de los litigios, como claramente lo dispone el art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso en su numeral 5, seg\u00fan el cual ser\u00e1 nula la actuaci\u00f3n \u00abcuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la pr\u00e1ctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria\u00bb. <\/p>\n
2.1. Dentro de los diversos pleitos en los que el ordenamiento prev\u00e9 la practica imperativa de pruebas est\u00e1n los relacionados con la filiaci\u00f3n, al disponer el art\u00edculo 1\u00b0 de la ley 721 de 2001 que \u00abEn todos los procesos para establecer paternidad o maternidad, el juez, de oficio, ordenar\u00e1 la pr\u00e1ctica de los ex\u00e1menes que cient\u00edficamente determinen \u00edndice de probabilidad superior al 99.9%\u00bb, en raz\u00f3n al grado de exactitud que han alcanzado los estudios cient\u00edficos, que permite establecer con estado cercano a la certeza la inclusi\u00f3n o exclusi\u00f3n de una paternidad o maternidad, permitiendo as\u00ed de una forma expedita dirimir las controversias que se puedan suscitar relativas a la filiaci\u00f3n de las personas. <\/p>\n
No obstante, previendo que, en ocasiones, por m\u00faltiples razones, en el curso del litigio no sea posible practicar dicha prueba, el art\u00edculo 3\u00b0 de la ley en cita establece, que \u00abS\u00f3lo en aquellos casos en que es absolutamente imposible disponer de la informaci\u00f3n de la prueba de ADN, se recurrir\u00e1 a las pruebas testimoniales, documentales y dem\u00e1s medios probatorios para emitir el fallo correspondiente\u00bb. Potestad que habilita al juzgador para que, a partir de la valoraci\u00f3n racional de los medios demostrativos incorporados debida y oportunamente al litigio, defina acerca de la filiaci\u00f3n demandada. <\/p>\n
Empero, lo anterior no significa que el juzgador pueda, sin m\u00e1s, asumir un papel meramente formal frente a dicha probanza -permitiendo que su obtenci\u00f3n quede sometida a la voluntad caprichosa y antojadiza de uno de los contendientes- dados los caros intereses que est\u00e1n involucrados, por lo que deber\u00e1 hacer uso de todos los poderes de direcci\u00f3n, instrucci\u00f3n y disciplinarios que est\u00e1n a su alcance para efectivizar su recaudo, toda vez que de no ser as\u00ed se resquebraja la legalidad de la actuaci\u00f3n. Ata\u00f1edero al tema esta Corporaci\u00f3n ha dicho, que <\/p>\n
\u00abla Constituci\u00f3n y la ley conciben un proceso judicial que hunde sus ra\u00edces en los principios de colaboraci\u00f3n de las partes y direcci\u00f3n \u2013material y gerencial- por el juez, por manera que trat\u00e1ndose de asuntos en que el legislador ha previsto la necesidad de practicar, con car\u00e1cter obligatorio, un determinado medio de prueba, como es el caso de los ex\u00e1menes gen\u00e9ticos para establecer la verdadera filiaci\u00f3n de una persona, el recaudo de esa probanza no puede abandonarse a la voluntad caprichosa y antojadiza de uno de los litigantes, o al mayor o menor grado de cooperaci\u00f3n que quiera prestar con esa finalidad, pues si se permitiera que la recolecci\u00f3n de dicho medio probatorio dependiera de \u00e9l, se impedir\u00eda el cabal ejercicio del derecho a probar de su contraria y quedar\u00eda librada la suerte del pleito al manejo que dicho litigante quiera darle a la prueba. Por eso, entonces, no pueden los jueces tolerar tan grave comportamiento, frente al cual se impone el cumplimiento activo de los deberes que la ley establece y el ejercicio din\u00e1mico de los poderes que ella misma les reconoce para hacer efectiva la garant\u00eda constitucional al debido proceso, con el fin de impedir que, a partir de aquella conducta impeditiva de la parte, se materialice una irregularidad procesal que vicie la actuaci\u00f3n\u00bb (CSJ SC 28 de jun. de 2005, Exp. No. 7901). <\/p>\n
En el mismo sentido se ha pronunciado la jurisprudencia constitucional. Al respecto en la sentencia C-802 de 2002 se enfatiz\u00f3, que <\/p>\n
\u00ab[l]os mecanismos que debe utilizar el juez para hacer comparecer al demandado renuente a la pr\u00e1ctica [de] la prueba de ADN se encuentran consignados dentro de los poderes generales del juez en el art. 39 del C. de P. C., aplicables a cualquier proceso civil incluido el de filiaci\u00f3n o investigaci\u00f3n de la maternidad o paternidad, de tal manera que el legislador no tiene por qu\u00e9 repetir para cada tipo de juicio o proceso la normatividad general del ordenamiento procesal civil, pues de suyo se entienden aplicables a cada proceso. Por lo tanto, con dicha \u201comisi\u00f3n\u201d no se vulnera el derecho al debido proceso, pues no se entiende cu\u00e1l garant\u00eda podr\u00eda resultar afectada cuando el mismo estatuto procesal tiene establecidos los mecanismos id\u00f3neos para combatir la contumacia. De suerte que del conglomerado de poderes y deberes del juez devienen facultades para lograr que los particulares se sometan a la administraci\u00f3n de justicia con la observancia de los tr\u00e1mites y procedimientos propios de cada proceso, a efectos de impartir justicia haciendo efectivos los derechos mediante la aplicaci\u00f3n de las normas procesales y sustanciales (\u2026) Ahora bien, de conformidad con lo preceptuado en el art\u00edculo 29 superior las garant\u00edas, derechos y principios que comprende el derecho al debido proceso, son: a) Principio de legalidad; b) Principio de favorabilidad; c) Presunci\u00f3n de inocencia; d) Derecho de defensa; e) Principio de celeridad; f) Principio de contradicci\u00f3n; g) Principio de la doble instancia; h) Principio non bis in \u00eddem. Los cuales se encuentran garantizados por el legislador al establecer las formas propias del juicio de filiaci\u00f3n, y que por tanto deben hacerse efectivos por el juez durante el desarrollo del proceso\u00bb. <\/p>\n
2.2. De cualquier modo, resulta inadmisible que la parte renuente o contumaz a la producci\u00f3n de dicha prueba, amparado en tales postulados, pueda reclamar v\u00e1lidamente la declaraci\u00f3n de nulidad de una determinaci\u00f3n que por su propio proceder le result\u00f3 adversa, debido a que el desacato a los deberes que procesalmente se esperan de los intervinientes en los litigios constituyen una afrenta a la \u00abbuena fe procesal\u00bb, que no pueden tener eco en la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Y es que, quien por un acto suyo ha permitido que la litis se defina en sentido contrario a sus intereses, no est\u00e1 legitimado para reclamar por las falencias in procedendo que con ocasi\u00f3n a su proceder se generen en la definici\u00f3n de la litis, para que estas sean declaradas en su beneficio, burlando as\u00ed una vez m\u00e1s el compromiso que constitucionalmente tiene de \u00abrespetar y apoyar a las autoridades democr\u00e1ticas leg\u00edtimamente constituidas\u00bb y, especialmente, de \u00abcolaborar para el buen funcionamiento de la administraci\u00f3n de la justicia\u00bb (art. 95 n\u00fam. 3 y 7 C. Pol.). <\/p>\n
Compromiso que sube de tono, cuando de procesos para definir la filiaci\u00f3n de menores se trata, debido a la prevalencia que tienen sus derechos, entre ellos, a un nombre, a una familia y no ser separado de ella (art. 44 C. Pol.), y la correlativa obligaci\u00f3n que la misma Carta impone a la familia, la sociedad y el Estado de adoptar todas las medidas que resulten indispensables en la b\u00fasqueda de la protecci\u00f3n de sus prerrogativas. <\/p>\n
2.3. En punto especifico de la posibilidad de que el padre o madre renuente a practicar la prueba cient\u00edfica en los procesos de impugnaci\u00f3n o investigaci\u00f3n de paternidad o maternidad, pueda alegar la nulidad, esta Corte ha adoctrinado que <\/p>\n
\u00abes indiscutible que si la prueba que echa de menos no forma parte del acervo probatorio, no fue porque se desde\u00f1ara su ordenaci\u00f3n por el juzgador, o porque se hubiere desentendido de su obtenci\u00f3n u omitido tomar las medidas que fueren del caso para asegurar su realizaci\u00f3n, sino simple y llanamente porque a pesar de decretarse y disponerse lo necesario para su pr\u00e1ctica, el impugnante se rehus\u00f3 a colaborar para que pudiera realizarse, al no asistir al laboratorio, para proporcionar el material biol\u00f3gico indispensable\u2026si la prueba no se evacu\u00f3, fue por circunstancia que s\u00f3lo a \u00e9l es imputable, descart\u00e1ndose consiguientemente la irregularidad procesal alegada, que en todo caso, de haber tenido lugar, no estar\u00eda legitimado para reclamar, toda vez que fue debido a su inasistencia que no pudo practicarse la referida prueba, luego habiendo dado lugar con su conducta al hecho con base en el cual alega el vicio procesal, falta un presupuesto capital de la nulidad en la esfera procesal\u00bb (CSJ SC, 12 nov. 2004, Rad. 4336; CSJ SC, 13 mar. 2006, Rad. 1999 00642 01 y CSJ SC, 24 nov. 2009, Rad. 2003 00500 01, reiterado en AC4650-2015 de 13 de agosto Rad. 1999-00639-01). <\/p>\n
3. En el caso sub examine la recurrente acude a la causal quinta de casaci\u00f3n, aduciendo que se incurri\u00f3 en nulidad, porque siendo la prueba gen\u00e9tica obligatoria en esta clase de procesos \u00abcuando no se agota la pr\u00e1ctica del examen de ADN, como ocurri\u00f3 en este proceso, y aun as\u00ed se declara por la judicatura la filiaci\u00f3n pretendida por el demandante, la sentencia se reputa nula, con total y absoluta independencia de que la contraparte, en este caso la recurrente, haya sido \u00abcontumaz\u00bb o \u00abrenuente\u00bb a su pr\u00e1ctica, conforme se declar\u00f3 probado por el Tribunal\u00bb. <\/p>\n
Para resolver lo pertinente es del caso de manera liminar precisar que son atributos esenciales de la personalidad el derecho al nombre, el cual comporta la posibilidad de individualizar a las personas revelando entre otras cosas sus or\u00edgenes, as\u00ed como el estado civil que igualmente develan aspectos fundamentales como es -para lo que aqu\u00ed interesa- su filiaci\u00f3n, la cual, al ser fuente de derechos y obligaciones, puede ser defendido o reclamado aun judicialmente. <\/p>\n
Esa protecci\u00f3n en el orden interno est\u00e1 ampliamente reconocida, al punto de consagrarse algunas presunciones para su fijaci\u00f3n, como es el caso de la paternidad respecto del hijo de mujer casada, al presumir que el marido es el padre. <\/p>\n
Cuando no media aquel v\u00ednculo matrimonial que permita aplicar dicha presunci\u00f3n, podr\u00e1 el pretenso padre realizar el reconocimiento voluntario acudiendo directamente ante el notario correspondiente en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 2\u00b0 de la ley 45 de 1936 o el defensor de familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, seg\u00fan lo autoriza el art\u00edculo 109 de la ley 1098 de 2016; reconocimiento que al ser voluntario es irrevocable y produce todos los efectos legales que del mismo emanan, siendo entonces del resorte de las mentadas autoridades administrativas, puesto que, si bien, en estrictez dicho reconocimiento no conlleva el ejercicio de una acci\u00f3n judicial, s\u00ed visibiliza el deber de todas las personas y ciudadanos de colaborar con el buen funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia, utilizando estos mecanismos previo a instaurar el litigio correspondiente \u2013 art. 95 CN-. <\/p>\n
Ciertamente, el legislador ha previsto la posibilidad de acudir a las acciones judiciales, en los eventos de renuencia al reconocimiento o para la impugnaci\u00f3n de la paternidad e, incluso, de la maternidad, para que mediante sentencia judicial se determine la existencia o no de la filiaci\u00f3n demandada; e igualmente, con la finalidad de hacer efectivo el derecho de las personas a reclamar su filiaci\u00f3n verdadera; seg\u00fan el art. 406 ib la de reclamaci\u00f3n de estado civil de padre, de madre y de hijo, es de car\u00e1cter imprescriptible aplicable tanto a la filiaci\u00f3n matrimonial como a la extramatrimonial (C-109-1995). <\/p>\n
Empero, sea que se adelante el reconocimiento voluntario o la acci\u00f3n judicial a que hubiera lugar, siempre es pertinente acudir a la prueba gen\u00e9tica para tener certeza del parentesco, dado el grado de eficacia que \u00e9sta ha alcanzado, al punto que ha conllevado que el legislador disponga que siempre que el asunto escale a los estrados judiciales se torne obligatoria su realizaci\u00f3n. <\/p>\n
En este particular caso, atendiendo los precisos alcances que tiene la acusaci\u00f3n la Sala limitar\u00e1 el an\u00e1lisis del caso a evaluar la concurrencia o no del vicio de nulidad que se imputa al pronunciamiento impugnado. <\/p>\n
Es indiscutible que llegadas las diligencias al tribunal el 9 de febrero de 2018 se admiti\u00f3 la alzada y el 28 de ese mes y a\u00f1o el ad quem cit\u00f3 a las partes para celebrar la audiencia prevista en el art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso, oportunidad en la cual se escucharon las alegaciones de las partes, del Ministerio P\u00fablico y la Defensora de Familia, para en la misma actuaci\u00f3n proferir el fallo que dirimi\u00f3 la instancia, sin adoptar medida alguna en procura de la obtenci\u00f3n de la prueba de ADN inalcanzada en la primera instancia. <\/p>\n
Sin embargo, durante el tr\u00e1mite de primer grado, el juez se\u00f1al\u00f3 fecha para la obtenci\u00f3n del referido medio persuasivo en varias ocasiones, partiendo del auto admisorio de 16 de diciembre de 2015 (fl. 26 Cd 1); el 26 de abril de 2016 al aceptar la contestaci\u00f3n de la demanda, instando que se cumpla lo decretado en relaci\u00f3n con el \u00abexamen de gen\u00e9tica ADN\u00bb (fls.44 Cd 44). <\/p>\n
El 10 de mayo de 2016 se cit\u00f3 a las partes para la toma de muestras el 6 de julio siguiente (fl. 54 Cd 1); enterando a la interpelada debidamente quien, a trav\u00e9s de su abogado, el d\u00eda anterior se excus\u00f3 alegando quebrantos de salud (gastroenteritis viral) (fls. 58,59 Cd 1). <\/p>\n
El 25 de julio de 2016 se program\u00f3 nuevamente la toma de muestras para el 24 de agosto de esa calenda (fl. 62 Cd 1), oportunidad en la cual tampoco acudi\u00f3, informando al d\u00eda siguiente su mandatario que ello obedeci\u00f3 por estar fuera del pa\u00eds (fl. 73 Cd 1), alleg\u00e1ndose certificaci\u00f3n emitida por centro educativo que refer\u00eda su solicitud de admisi\u00f3n para estudiar en ella, para lo cual su salida -seg\u00fan Migraci\u00f3n Colombia- fue el 28 de abril de 2017. <\/p>\n
Dada las particularidades del caso, en que el reclamante de la filiaci\u00f3n es el padre lo que, en estrictez, constituir\u00eda una intenci\u00f3n de reconocimiento voluntario, el funcionario estim\u00f3 pertinente remitir las diligencias a la Defensor\u00eda de Familia de Usaqu\u00e9n para que se surtiera dicho acto ante la autoridad administrativa (fl. 75 Cd 1). <\/p>\n
En aquel ejercicio, la demandada tampoco atendi\u00f3 los llamados que se le hicieron, aun cuando los funcionarios no solo remitieron comunicaciones que fueron devueltas por presuntamente no vivir ah\u00ed (fl. 93 Cd 1), sino que se acercaron a la direcci\u00f3n registrada a enterarla, dici\u00e9ndoles la madre de la citada que estaba fuera del pa\u00eds (fl. 97 Cd 1), siendo que seg\u00fan la constancia expedida por esa entidad y que se adjunt\u00f3 al legajo, al decir del reclamante eso era mentira, porque para esos mismos d\u00edas \u00e9l la hab\u00eda encontrado en dos oportunidades (fl. 101 Cd 1). Ante tal renuencia, el 19 de enero de 2017, se orden\u00f3 devolver el plenario al juez de familia (fl. 103 Cd 1). <\/p>\n
Recepcionada la documentaci\u00f3n, el 5 de abril de 2017 el a quo agend\u00f3 el 8 de mayo de esa anualidad para la diligencia de reconocimiento, d\u00eda en el cual se alleg\u00f3 escrito signado por la se\u00f1ora Marta Virginia Duarte Echand\u00eda indicando que le era imposible asistir por estar estudiando en Espa\u00f1a y agreg\u00f3, que \u00abde antemano manifiesto que rechaz\u00f3 la paternidad que hace el se\u00f1or Diego Felipe Castro Lema sobre mi hijo E.D.E. quien se encuentra conmigo en esta ciudad por las razones expuestas en los hechos de la demanda\u00bb (fl. 109 Cd 1). <\/p>\n
Ante tal proceder el 13 de junio de 2017 se le advirti\u00f3 \u00abque su renuencia a la pr\u00e1ctica de la prueba gen\u00e9tica de ADN ordenada en el auto admisorio har\u00e1 presumir cierta la paternidad alegada\u00bb (fl. 110 Cd 1). <\/p>\n
Ese 13 de junio de 2017 se program\u00f3 la audiencia inicial, dispuesta en el art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso, se\u00f1alando el d\u00eda 5 de julio pr\u00f3ximo, a la que la demandada no asisti\u00f3, insistiendo la juzgadora en la pr\u00e1ctica de la prueba gen\u00e9tica e, incluso, ante la manifestaci\u00f3n de su apoderado de que la no asistencia ha sido porque las fechas no han coincidido con su estad\u00eda en Colombia les inform\u00f3 sobre la posibilidad de que no era forzoso realizarla en el Instituto de Medicina Legal, sino que era viable acudir a cualquiera de los laboratorios debidamente habilitados para hacerla, as\u00ed como tambi\u00e9n las consecuencias de la renuencia (minuto 33.41 CD fl. 122). <\/p>\n
Tampoco concurri\u00f3 a la continuaci\u00f3n de la diligencia -el 27 de septiembre de 2017- en la cual se insiste en la necesidad de escuchar a la demandada, por lo menos por medios electr\u00f3nicos. Igual ausencia se dio el d\u00eda 4 de octubre de ese a\u00f1o, sin que en ninguna de esas oportunidades justificara su inasistencia. <\/p>\n
No hubo mejor suerte en la audiencia que se realiz\u00f3 el 7 de diciembre de 2017, puesto que tampoco acudi\u00f3 al llamado de la justicia, encaminado a esclarecer la filiaci\u00f3n del menor, por el contrario, se alleg\u00f3 escrito en el que, por segunda vez, manifiesta que \u00abde antemano informo a su despacho que REPUDIO y RECHAZO la solicitud de paternidad que hace el se\u00f1or Diego Felipe Castro Lema sobre mi hijo Ernesto Duarte Echand\u00eda\u00bb. <\/p>\n
Como se ve la demandada en el curso de la instancia fue enterada de la orden para practicar el examen gen\u00e9tico, y de las consecuencias que implicaba su desobediencia, medidas que fueron infructuosas, pues finalmente no logr\u00f3 comprobarse cient\u00edficamente que el se\u00f1or Diego Felipe Castro Lema era el padre del menor Ernesto Duarte Echand\u00eda, por la aptitud asumida por la progenitora, quien como manifestaci\u00f3n inequ\u00edvoca de su voluntad remiti\u00f3 comunicaciones \u201crepudiando\u201d la intenci\u00f3n de reconocimiento del pretenso padre; circunstancias que permiten inferir, que quien acudi\u00f3 al remedio extraordinario no est\u00e1 legitimada para instaurarlo. <\/p>\n
Ello es as\u00ed, pues la no realizaci\u00f3n de la prueba biol\u00f3gica le es atribuible, ya que a sabiendas de que el referido estudio tiene la entidad de revelar la verdadera filiaci\u00f3n del menor -incluso excluir la pretendida por el actor- opt\u00f3 por anteponer su voluntad a la necesidad de la justicia y del infante mismo de esclarecer los hechos que involucran las prerrogativas esenciales de este desatendiendo, injustificadamente, ese deber de colaboraci\u00f3n que constitucional y legalmente se le impone. M\u00e1xime, cuando la propia funcionaria, con la finalidad de solucionar las dificultades originadas por sus contantes salidas del pa\u00eds, les indic\u00f3 la posibilidad de hacerla en cualquier laboratorio habilitado en las fechas en que, seg\u00fan sus ocupaciones, estuviera en el territorio patrio. <\/p>\n
No se puede soslayar, que las m\u00faltiples salidas de la demandada al extranjero o no se dieron en algunos periodos en que fue citada o si lo fueron ocurrieron a sabiendas de la programaci\u00f3n previa de las diligencias, sin que se allegara al proceso excusa v\u00e1lida para justificar la inasistencia, salvedad hecha de la constancia m\u00e9dica que milita a folio 58, pues ni siquiera el documento que obra a folio 72 cumple esa finalidad, toda vez que, escasamente, refiere a que para el 16 de junio de 2016 la demandada realiz\u00f3 solicitud de admisi\u00f3n, lo que en modo alguno puede ser recibo como causa justificativa, pues no acredita su estancia prolongada en aquella naci\u00f3n, y que se podr\u00eda tener por infirmada si se compara con el siguiente cuadro, que registra las salidas e ingresos de la demandada del pa\u00eds, seg\u00fan lo certificado por Migraci\u00f3n Colombia -a instancia del juez cognoscente- (fls. 142-143 Cd 1): <\/p>\n
<\/p>\n
TIPO DE PROVIDENCIA <\/p>\n
FECHA PROVEIDO <\/p>\n
FECHA PROGRAMADA1 <\/p>\n
SALIDA DEL PA\u00cdS O MOTIVO INASISTENCIA <\/p>\n
RETORNO <\/p>\n
01\/11\/2014 <\/p>\n
10\/11\/20142 <\/p>\n
Auto admisorio ordena prueba <\/p>\n
16\/12\/2015 <\/p>\n
Req. Pr\u00e1ctica prueba y cita <\/p>\n
26\/04\/2016 <\/p>\n
6\/07\/2016 <\/p>\n
GASTRO <\/p>\n
Se\u00f1ala nueva fecha para prueba <\/p>\n
25\/07\/2016 <\/p>\n
24\/08\/2016 <\/p>\n
23\/08\/2016 <\/p>\n
2\/09\/2016 <\/p>\n
Citaci\u00f3n ICBF <\/p>\n
<\/p>\n
23\/11\/2016 <\/p>\n
<\/p>\n
Citaci\u00f3n ICBF <\/p>\n
<\/p>\n
7\/12\/2016 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
Citaci\u00f3n ICBF <\/p>\n
<\/p>\n
23\/12\/2016 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
Citaci\u00f3n ICBF <\/p>\n
<\/p>\n
19\/01\/2017 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
Fecha audiencia <\/p>\n
5\/04\/2017 <\/p>\n
8\/05\/2017 <\/p>\n
28\/04\/2017 <\/p>\n
7\/05\/2017 <\/p>\n
Req. Prueba <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
Fecha audiencia <\/p>\n
13\/06\/2017 <\/p>\n
5\/07\/2017 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
Fecha audiencia <\/p>\n
5\/07\/2017 <\/p>\n
20\/09\/2017 <\/p>\n
2\/08\/2017 <\/p>\n
8\/08\/2017 <\/p>\n
Fecha audiencia <\/p>\n
20\/09\/2017 <\/p>\n
4\/10\/2017 <\/p>\n
2\/10\/2017 <\/p>\n
<\/p>\n
Fecha audiencia <\/p>\n
7\/11\/2017 <\/p>\n
4\/12\/2017 <\/p>\n
5\/12\/20173 <\/p>\n
<\/p>\n
Obs\u00e9rvese, que la certificaci\u00f3n que se alleg\u00f3 para justificar la inasistencia al procedimiento programado para el 4 de agosto de 2016 es la constancia de solicitud de admisi\u00f3n de una universidad en Espa\u00f1a del 16 de junio de 2016, pero ocurre que a esa data registra permanencia territorio nacional, pues da cuenta Migraci\u00f3n Colombia que viaj\u00f3 el 01 de noviembre de 2014 y regres\u00f3 el 10 de ese mes y a\u00f1o, para volver a salir justo el d\u00eda anterior a la prueba (23\/08\/16); igual, que para cuando fue citada por la Defensor\u00eda de Usaqu\u00e9n, pese a estar en el pa\u00eds, se afirm\u00f3 lo contrario y que, en todo caso, no se advierte elemento de convicci\u00f3n plausible que justifique los viajes tempestivos que realiz\u00f3 a sabiendas del compromiso previo que ten\u00eda de atender el llamado de la justicia para esos mismos periodos. <\/p>\n
Deviene entonces de lo rese\u00f1ado que, como antes se anot\u00f3, la recurrente carece de legitimaci\u00f3n para reclamar el vicio invalidante que ahora arguye para quebrar el prove\u00eddo que declar\u00f3 la paternidad del se\u00f1or Diego Felipe Castro Lema en relaci\u00f3n con al menor Ernesto Duarte Echand\u00eda, en vista de que la no obtenci\u00f3n de la prueba cient\u00edfica que se impone en asuntos de este linaje le es atribuible a ella, de suerte que no puede aducir a su favor su propia desidia y negligencia. <\/p>\n
No puede olvidarse que el art\u00edculo 241 del C\u00f3digo General del Proceso ha dispuesto expresamente la posibilidad de que la conducta de las partes tenga efectos procesales. As\u00ed lo ha entendido esta Corte, por lo que frente a esa tem\u00e1tica ha se\u00f1alado, que \u00abLa relevancia del desenvolvimiento durante el litigio no es de poca monta, puesto que la forma como se ejerza o asuma tiene una incidencia directa en el resultado a lograr, ya sea por su idoneidad, en presencia de omisiones que lo tornen en deficiente o al evidenciarse un \u00e1nimo de entorpecer que se brinde una justicia id\u00f3nea en contrav\u00eda de un adecuado ejercicio del \u00abderecho de defensa\u00bb, lo que es reprochable tanto frente a la contraparte como al funcionario que cumple una funci\u00f3n social\u00bb (CSJ SC5418-2018 de 11 de dic. Rad. 2002-00107-01). <\/p>\n
M\u00e1s adelante, en el mismo prove\u00eddo, se resalta que: <\/p>\n
\u00abM\u00e1s gravosa se hace la situaci\u00f3n cuando la obstrucci\u00f3n recae sobre la pr\u00e1ctica de una experticia que por su especialidad y alto grado de certeza cient\u00edfica se constituye en la \u00abprueba reina\u00bb del debate, como es el caso de las impugnaciones de reconocimiento de paternidad donde un resultado excluyente en el examen de identidad gen\u00e9tica genera una confiabilidad intensa de que quien se reputa como padre biol\u00f3gico no tiene tal calidad. <\/p>\n
De all\u00ed que cualquier maniobra con la que se busque esquivar que se lleve a cabo la comparaci\u00f3n entre los perfiles de ADN de los involucrados en el pleito es claramente constitutiva de indicio en contra de quien la lleva a cabo. Igual sucede cuando trabada la litis los intervinientes cambian de domicilio sin poner en conocimiento esa situaci\u00f3n, generando as\u00ed inconvenientes para la pr\u00e1ctica de notificaciones y evacuaci\u00f3n de pruebas que requieran de un enteramiento personal, o cuando se muestran remisos a atender los llamados y requerimientos de las autoridades, en aras de dificultar que se brinde una pronta y satisfactoria soluci\u00f3n de los casos\u00bb. <\/p>\n
4. Consecuente con lo argumentado la acusaci\u00f3n no puede prosperar. <\/p>\n
5. Finalmente, ante el fracaso de la s\u00faplica extraordinaria, al tenor de lo dispuesto en el art\u00edculo 365 del C\u00f3digo General del Proceso, se condenar\u00e1 en costas a la recurrente. Se fijar\u00e1n en esta misma providencia las agencias en derecho correspondientes, y para su cuantificaci\u00f3n se tendr\u00e1 en cuenta que la impugnaci\u00f3n extraordinaria fue replicada por la parte contraria. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. NO CASAR la sentencia de proferida el 11 de julio de 2018, por la Sala Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, dentro del proceso declarativo de Diego Felipe Castro Lema contra Marta Virginia Duarte Echand\u00eda. <\/p>\n
SEGUNDO. CONDENAR en costas del recurso de casaci\u00f3n a la recurrente, las que ser\u00e1n liquidadas por la Secretar\u00eda, que incluir\u00e1 en estas la suma de siete millones de pesos ($7\u2019000.000) por concepto de agencias en derecho. <\/p>\n
TERCERO. ORDENAR que, en oportunidad, se remita el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Corresponde a la fecha programada para la realizaci\u00f3n de la prueba o de las diligencias de reconocimiento o las audiencias de los art\u00edculos 372 y 373 del C.G.P. <\/p>\n
2\u0002 Estas fechas corresponden al \u00faltimo viaje realizado por la demanda antes de la iniciaci\u00f3n del proceso. <\/p>\n
3\u0002 Esta fecha corresponde a la registrada en el acta de autenticaci\u00f3n del memorial de folio 153, puesto que la certificaci\u00f3n de Migraci\u00f3n Colombia fue expedida el 25 de octubre de 2017. <\/p>\n
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SC3732-2021 (2015-01218-01) Magistrada Ponente SC3732-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-10-011-2015-01218-01 (Aprobada en sesi\u00f3n de diez de junio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1 D.C., veintis\u00e9is (26) de agosto de dos mil veintiuno (2021) ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR De conformidad con el Acuerdo n\u00ba 034 de esta Corporaci\u00f3n y en aras […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56231","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56231","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56231"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56231\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56231"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56231"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56231"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}