STC10050-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10050-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02133-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Carmenza Mar\u00eda Cort\u00e9s Velandia contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos al debido proceso y \u00abvivienda digna\u00bb, presuntamente vulnerados por la sede judicial cuestionada. <\/p>\n
Rog\u00f3, entonces, declarar \u00absin valor ni efecto la sentencia de segunda instancia y se aplique debidamente la norma sustancial del art\u00edculo 2342 del C\u00f3digo Civil\u00bb; o subsidiariamente, restar valor i) a \u00abla providencia que neg\u00f3 la intervenci\u00f3n excluyente\u00bb o ii) a la que \u00abneg\u00f3 el incidente de nulidad bajo la causal del num. 8\u00ba del art 133 del C.G.P., solicitando la debida integraci\u00f3n del Litis consorcio necesario de la demandante\u00bb; o finalmente, iii) declarar \u00absin valor ni efecto la providencia de fecha 30 de noviembre de 2020, mediante la cual se rechaz\u00f3\u2026 el recurso de casaci\u00f3n por presuntamente extempor\u00e1neo\u00bb. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para definir el presente caso: <\/p>\n
2.1. En el juicio declarativo que la accionante inco\u00f3 contra Efr\u00e9n Alba Soler, Dirney Soto de Alba y Efr\u00e9n Augusto Alba Soto (pretendiendo se les declarara responsables por los da\u00f1os causados en el a\u00f1o 2008 sobre el predio con matr\u00edcula inmobiliaria Nro. 070-10215 del que ella aparece como due\u00f1a desde el 2009, los cuales totaliz\u00f3 en $583\u2019350.000 para el a\u00f1o 2013), el 24 de enero de 2019 el Juzgado a-quo rechaz\u00f3 por tard\u00eda la \u00abdemanda ad-excludendum\u00bb que present\u00f3 Albilia Isabel Velandia y el 28 de marzo siguiente deneg\u00f3 el incidente de nulidad que formul\u00f3 la actora \u00abbajo la causal del num. 8\u00b0 del art. 133 del C.G.P., solicitando la debida integraci\u00f3n del Litis consorcio necesario de la demandante, con la vinculaci\u00f3n de los herederos de\u2026 Albilia Isabel Velandia (q.e.p.d.) y Marcolino Cortes Cortes (q.e.p.d.), quienes figuraban como propietarios en la \u00e9poca de la ocurrencia del da\u00f1o\u00bb; decisiones que mantuvo, en su orden, el 21 de febrero de ese a\u00f1o y en diligencia del mentado 28 de marzo, y respecto de las cuales concedi\u00f3 la apelaci\u00f3n propuesta subsidiariamente por la demandante. <\/p>\n
2.2. En la misma audiencia del 28 de marzo de 2019, surtidas las etapas de rigor, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tunja dict\u00f3 sentencia, en la cual accedi\u00f3 parcialmente a las pretensiones de la demandante (declar\u00f3 civilmente responsables a los demandados y los conden\u00f3 a pagar a la actora $201\u2019380.000 por da\u00f1o emergente y $33\u2019000.000 por lucro cesante), determinaci\u00f3n que, ante la alzada formulada por el extremo pasivo, con providencia del 31 de octubre de 2019 revoc\u00f3 el Tribunal enjuiciado para, en su lugar, negar tales s\u00faplicas \u00abbajo el argumento de la falta de legitimidad en la causa para demandar de\u2026 Cort\u00e9s Velandia\u00bb; decisi\u00f3n \u00faltima que dicha Corporaci\u00f3n adicion\u00f3 con prove\u00eddo del 29 de enero de 2020, en cuanto a confirmar los autos referidos a espacio. <\/p>\n
2.3. El 5 de febrero de la anualidad pasada el asunto ingres\u00f3 al despacho de una de las Magistradas integrantes de la Sala de la colegiatura convocada, para que emitiera su anunciada aclaraci\u00f3n de voto respecto a la adici\u00f3n de la sentencia; con fecha del d\u00eda 27 siguiente aparece una providencia con tal manifestaci\u00f3n pero en el sistema de gesti\u00f3n judicial hay constancia secretarial del 4 de marzo posterior que indica: \u00aben la fecha se recibe aclaraci\u00f3n de voto de la Dra\u2026 Figueredo\u00bb. <\/p>\n
2.4. El 5 de marzo de ese a\u00f1o el asunto retorn\u00f3 al despacho con solicitudes de complementaci\u00f3n de la sentencia, de \u00abincidente de reparaci\u00f3n de perjuicios\u00bb propuesto por la parte demandada y de nulidad de lo actuado en segunda instancia; y el 8 de julio siguiente el Tribunal accionado resolvi\u00f3, en su orden, negar la adici\u00f3n del fallo por no darse los presupuestos para su viabilidad, no tramitar el aludido incidente por ser el competente para ello el juzgador a-quo y correr traslado de la petici\u00f3n de invalidez. <\/p>\n
2.5. El 13 de julio de 2020 la actora interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n, cuya concesi\u00f3n le deneg\u00f3 el Tribunal el 30 de noviembre posterior, al encontrarlo extempor\u00e1neo, determinaci\u00f3n que mantuvo el pasado 5 de febrero. <\/p>\n
2.6. En sede de tutela la accionante adujo que en tal tr\u00e1mite se incurri\u00f3 en defectos procedimental, material y f\u00e1ctico. <\/p>\n
Precis\u00f3 que el ad-quem con su sentencia, incluida su adicci\u00f3n -\u00faltima a trav\u00e9s de la cual se desataron los recursos de apelaci\u00f3n de auto pendientes-, injustificadamente i) desech\u00f3 las pretensiones de la demanda, dejando de aplicar el canon 2342 del C\u00f3digo Civil, del cual se desprend\u00eda que ella estaba legitimada para deprecar la indemnizaci\u00f3n rogada en su libelo; ii) ratific\u00f3 el rechazo de la intervenci\u00f3n ad-excludendum por extemporaneidad, soport\u00e1ndose en el canon 63 del C\u00f3digo General del Proceso cuando el caso concreto estaba gobernado por el precepto 53 del anterior estatuto procesal; y iii) confirm\u00f3 el despacho adverso de la solicitud de nulidad incoada \u00abpor falta de integraci\u00f3n del litisconsorcio necesario (n\u00fam. 8\u00b0; art 133; C.G.P)\u00bb, pasando por alto que \u00absi en\u2026 sentir del fallador no se acreditaba la legitimidad en la causa de la demandante, debi\u00f3 vincular a quienes considerara legitimados para solicitar la indemnizaci\u00f3n, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 61 del C.G.P.\u00bb, lo que dej\u00f3 de hacer. <\/p>\n
Finalmente, cuestion\u00f3 que, teniendo en cuenta lo reglado en el precepto 118 del C\u00f3digo General del Proceso, propuso oportunamente la censura extraordinaria el 13 de julio de 2020, resultando errada su no concesi\u00f3n, porque el t\u00e9rmino para tal efecto estuvo suspendido desde el 5 de febrero anterior, cuando el asunto ingres\u00f3 al despacho de una de las Magistradas integrantes de la Sala acusada para la emisi\u00f3n de su aclaraci\u00f3n de voto, hasta que sali\u00f3 con los autos dictados el 8 de julio del mismo a\u00f1o. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tunja limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a informar los datos para la notificaci\u00f3n de las partes e intervinientes en el asunto fustigado. <\/p>\n
2. Por lo dem\u00e1s, al momento de someter a consideraci\u00f3n de la Sala el proyecto de decisi\u00f3n elaborado en el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados, incluido el Tribunal acusado, hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. La promotora del amparo cuestion\u00f3 al Tribunal convocado, en concreto, dos situaciones, a saber, i) la no concesi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n que propuso frente al fallo de segunda instancia y ii) la confirmaci\u00f3n a) del rechazo de la intervenci\u00f3n ad-excludendum, b) de la desestimaci\u00f3n de su solicitud de nulidad y c) de la sentencia de primer grado. <\/p>\n
3. Puestas as\u00ed las cosas, se evidencia el fracaso del presente ruego constitucional, por las razones que se pasa a exponer. <\/p>\n
3.1. En lo que tiene que ver con el cuestionamiento inicial, dirigido contra la decisi\u00f3n de la Colegiatura acusada de denegarle la concesi\u00f3n del recurso extraordinario que propuso contra su veredicto, la petici\u00f3n de amparo no satisface el requisito de procedibilidad de la subsidiariedad, en tanto que si bien el prove\u00eddo de 30 de noviembre de 2020, que as\u00ed lo dispuso, se atac\u00f3 por v\u00eda de reposici\u00f3n, respecto del mismo la tutelante dej\u00f3 de formular el recurso de queja ante el juez natural, aduciendo los reparos tra\u00eddos en esta demanda de amparo, conforme se lo permit\u00eda el art\u00edculo 353 del C\u00f3digo General del Proceso; circunstancia que evidencia su descuido en el uso del instrumento legal que tuvo a su alcance para la defensa de sus derechos, configur\u00e1ndose la causal de improcedencia contemplada en el inciso 3\u00ba del canon 86 de la Carta Pol\u00edtica, en concordancia con el precepto 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, quedando, por su propia desatenci\u00f3n, atada a lo all\u00ed definido. <\/p>\n
Al respecto, frente a la inviabilidad de la salvaguarda por incumplir con el presupuesto de la subsidiariedad, en un caso de contornos similares al de ahora, esta Corte dej\u00f3 dicho: <\/p>\n
\u2026advierte la Sala que la protecci\u00f3n invocada no puede encontrar resguardo en esta excepcional v\u00eda, toda vez que se desconoce el principio de subsidiariedad exigido para la prosperidad del amparo impetrado, teniendo en cuenta que el gestor no interpuso el recurso de queja en la oportunidad legal prevista para ello, tal como lo consagra el art\u00edculo 353 del C.G.P., por lo tanto, en esa ocasi\u00f3n pudo intervenir en defensa de sus intereses y no lo hizo, por el contrario, dej\u00f3 fenecer el tiempo procesal para que le fuera revisado su desconcierto. <\/p>\n
4.1. En tales condiciones, mal podr\u00eda el \u00abJuez Constitucional\u00bb auscultar la actuaci\u00f3n de la autoridad acusada, cuando lo cierto es que el quejoso no procedi\u00f3 de manera acertada y eficaz, quedando sujeto, entonces, a las consecuencias del prove\u00eddo que le fue adverso, observ\u00e1ndose as\u00ed el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
4.2. Sobre el particular, la Corte ha considerado que: <\/p>\n
no basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991 (\u2026)\u201d\u00bb (CSJ STC, 25 Ago. 2008, Rad. 01343-00, reiterada el 25 Sep. y 12 Oct. 2012, Rads. 00651 y 00135, 31 Ene. y 22 May. 2013, Rads. 00113 y 00206, respectivamente). <\/p>\n
De igual forma, esta Corporaci\u00f3n ha dicho que: <\/p>\n
el resguardo: \u2018\u2026es un mecanismo subsidiario o residual para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de las personas, raz\u00f3n por la cual, s\u00f3lo se debe acudir a [\u00e9l] cuando no exista otro medio alternativo de defensa judicial id\u00f3neo y eficaz para su resguardo, sin que pueda el interesado pretender emplearlo para subsanar, enmendar o suplir las omisiones en que incurri\u00f3, ni acudir a la justicia constitucional soslayando los mecanismos ordinarios establecidos en el ordenamiento procesal civil, porque este amparo no se ha establecido para utilizarse en forma alternativa o sustitutiva de dichos dispositivos (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 26 Ene. 2011, Rad. 00027-00, 9 Abr. y 31 May. 2013, exp. 00066-01 y 01127-00, respectivamente y 14 May. 2014, rad. 2013-00547-02) (CSJ STC10050-2017, 12 jul., rad. 2017-01727-00). <\/p>\n
3.2. De otro lado, al margen de cualquier tipo de discusi\u00f3n en cuanto a la procedencia del referido recurso extraordinario de casaci\u00f3n, lo cierto es que, frente a los restantes cuestionamientos, en el caso concreto se muestra inviable la intervenci\u00f3n del juez constitucional, al no advertirse la incursi\u00f3n en arbitrariedad alguna por parte del Tribunal encartado al ratificar las decisiones del a-quo en torno al rechazo de la intervenci\u00f3n ad-excludendum, la desestimaci\u00f3n tanto del incidente de nulidad planteado por la quejosa como de las pretensiones de su demanda. <\/p>\n
3.2.1. En efecto, para confirmar el auto de 24 de enero de 2019, mediante el cual el a-quo rechaz\u00f3 por tard\u00eda la \u00abdemanda ad-excludendum\u00bb que present\u00f3 Albilia Isabel Velandia, en la providencia de 29 de enero de 2020 la Colegiatura acusada, entre otros argumentos y en lo que aqu\u00ed interesa, consign\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026el momento procesal oportuno establecido para la presentaci\u00f3n de la demanda de intervenci\u00f3n excluyente, bajo la egida del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, preclu\u00eda con la sentencia de primera instancia. No obstante, con la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, tal oportunidad fue objeto de modificaci\u00f3n para indicarse que la demanda de intervenci\u00f3n podr\u00eda ser presentada hasta la audiencia inicial. <\/p>\n
Para tal fin, es de anotar que mediante auto del 28 de mayo de 2014\u2026 el fallador de instancia advirti\u00f3 que las reglas de procedimiento aplicables, en virtud de lo dispuesto mediante los Acuerdos PSAA13-10072 del 27 de diciembre de 2013 y PSAA14-10103 del 7 de febrero de 2014, eran las correspondientes a las establecidas en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, esto es, las relativas a los procesos ordinarios. As\u00ed pues, del examen de las diligencias obrantes dentro del plenario se advierte que el decreto de pruebas en este asunto se surti\u00f3 hasta el d\u00eda 9 de septiembre de 2015; momento en que el C\u00f3digo General del Proceso no hab\u00eda entrado en vigencia, conforme lo dispuso el acuerdo PSAA15-10392 del 1 de octubre de 2015. Por tanto, la normativa aplicable, en lo referente al tr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n era la establecida en el literal b del numeral 1 del art\u00edculo 625 del C.G.P. que obliga al tr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n s\u00f3lo hasta la finalizaci\u00f3n de la etapa probatoria, y a partir del auto que convoca a la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento, \u00fanicamente para el tr\u00e1mite de alegaciones y fallo; providencia que como se observa en las diligencias, fue dictada hasta el d\u00eda 29 de noviembre de 2018\u2026 por lo que es esta fecha la que marca el inicio y desarrollo del proceso, bajo las reglas del C.G.P. <\/p>\n
La demanda de intervenci\u00f3n excluyente fue presentada hasta el d\u00eda 6 de diciembre de 2018, esto es, 5 d\u00edas h\u00e1biles despu\u00e9s a la entrada en vigencia del C.G.P, para este proceso en particular. En consecuencia, refulge evidente que el memorial de la interviniente se somet\u00eda al t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 63 de la nueva codificaci\u00f3n, es decir, hasta la audiencia inicial. <\/p>\n
Ahora bien, a pesar de que nuestro\u2026 estatuto procesal civil actual no consagr\u00f3 ni estipul\u00f3 una serie equivalencias entre las etapas procesales adelantadas bajo el C.P.C y las introducidas con el C.G.P., lo cierto es que la audiencia inicial a que hace referencia el art\u00edculo 63, como momento procesal oportuno para la presentaci\u00f3n de la solicitud de intervenci\u00f3n excluyente, hab\u00eda fenecido pues, como la misma norma lo dispone, el auto que correspondiera dictar al juez y que marcaba la entrada en vigencia del C.G.P era \u00fanicamente para adelantar las etapas de alegatos y fallo[,] lo que sin lugar a dudas implicaba que todas las dem\u00e1s fases previas, que bien podr\u00eda entenderse correspond\u00edan al art\u00edculo 372 del C.G.P, ya hab\u00edan sido agotadas convirtiendo as\u00ed, la tercer\u00eda en extempor\u00e1nea. <\/p>\n
3.2.2. En la misma providencia del 20 de enero del a\u00f1o anterior el Tribunal convocado ratific\u00f3 la dictada el 28 de marzo de 2019 por el Juzgado de primera instancia, en la cual se desestim\u00f3 la solicitud de nulidad que propuso la accionante con fundamento en la falta de integraci\u00f3n del litisconsorcio necesario debido a la ausencia de \u00abvinculaci\u00f3n de los herederos de\u2026 Albilia Isabel Velandia (q.e.p.d.) y Marcolino Cortes Cortes (q.e.p.d.), quienes figuraban como propietarios en la \u00e9poca de la ocurrencia del da\u00f1o\u00bb. <\/p>\n
Con ese prop\u00f3sito, la Corporaci\u00f3n encausada acudi\u00f3 al contenido del art\u00edculo 61 del C\u00f3digo General del Proceso y la jurisprudencia sobre la materia (CSJ SC, 3 may. 1960, Tomo XCCII; CSJ SC, 14 jun. 1971, Tomo CXXXVIII; y CSJ AC2775-2018), de los que extrajo los rasgos diferenciadores del litisconsorcio necesario en contraposici\u00f3n con el facultativo, advirti\u00f3 que el aludido por la quejosa era de este tipo que no de aqu\u00e9l, encontrando, por tanto, infundada la petici\u00f3n de invalidez. Lo que hizo en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u2026el actor reclama la necesidad de que los herederos del matrimonio Cort\u00e9s Velandia sean llamados al proceso en calidad de litisconsortes necesarios como quiera que los padres de estos eran los propietarios del bien sobre el que se alega, fueron causados los perjuicios. A la luz de las razones expuestas por la parte incidentante, debe precisarse por parte de la Colegiatura que los argumentos del accionante no se encuentran llamados a prosperar. <\/p>\n
En primera medida[,] porque no resulta aplicable la figura del litisconsorcio necesario ya que la relaci\u00f3n del matrimonio Cort\u00e9s Velandia (Q.E.P.D.) respecto de la parte activa del litigio, no es propia de esta instituci\u00f3n sino que por el contrario, como atinadamente lo dej\u00f3 entrever el a-quo, es la de un litisconsorcio facultativo\u2026 <\/p>\n
Teniendo en cuenta lo anterior, se advierte la innecesaridad respecto de la asistencia obligatoria de los herederos de los se\u00f1ores Marcolino Cort\u00e9s (Q.E.P.D) y Albilia Isabel Velandia (Q.E.P.D) en calidad de litisconsortes necesarios[,] pues no se aprecia la existencia de un mismo v\u00ednculo o relaci\u00f3n jur\u00eddica que obligue a la adherencia de estos con la demandante principal e implique as\u00ed, la adopci\u00f3n de una sola decisi\u00f3n de fondo. Para tales menesteres, recu\u00e9rdese que el apoderado de la demandante encamina su solicitud de intervenci\u00f3n forzosa se\u00f1alando que la misma es procedente ya que los padres de su poderdante eran los propietarios del bien sobre el cual se causaron los da\u00f1os. En tanto, la demandante, advierte, lo hace en su calidad de propietaria actual del bien. <\/p>\n
Por consiguiente, es claro que la pretendida relaci\u00f3n alegada entre los intervinientes y la demandante principal, y en la que se fund\u00f3 la solicitud de intervenci\u00f3n, no deviene de una misma situaci\u00f3n jur\u00eddica que amerite la adopci\u00f3n de \u00fanica decisi\u00f3n[,] puesto que, a pesar de que el matrimonio Cort\u00e9s Velandia haya sido propietario del bien y la ahora actora sea la titular del derecho real de dominio sobre el mismo, es claro que tales sujetos desarrollaron sus calidades en per\u00edodos distintos de tiempo y mal podr\u00eda entenderse que se mantuvo una l\u00ednea continuidad (sic) en virtud del contrato de compraventa celebrado [entre] estos[,] como quiera [que] el negocio jur\u00eddico ten\u00eda como fin la transferencia del derecho de dominio sobre el inmueble. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, esta Sala arriba a la conclusi\u00f3n de que no es posible la integraci\u00f3n del litisconsorcio necesario como quiera que no se re\u00fanen los presupuestos legales requeridos para su prosperidad y por tanto, confirmar\u00e1\u2026 la decisi\u00f3n adoptada por el juez de primera instancia\u2026 <\/p>\n
3.2.3. Finalmente, se observa que en la sentencia de 31 de octubre de 2019 el cuerpo colegiado accionado, para revocar la dictada por el a-quo, explic\u00f3 con suficiencia y precisi\u00f3n los motivos para concluir que la reclamante no estaba legitimada para demandar el resarcimiento perseguido. <\/p>\n
Al respecto, hall\u00f3 que, acorde con el libelo introductor y las pruebas recaudadas, \u00ablos sucesos por los cuales se depreca la declaratoria de responsabilidad ocurrieron en el a\u00f1o 2008\u00bb; a su vez, que a la demandante \u00able fue trasferida la nuda propiedad por parte del se\u00f1or Marcolino Cort\u00e9s Cort\u00e9s (Q.E.P.D.) y la se\u00f1ora Albilia Isabel Velandia (Q.E.P.D.), del\u2026 inmueble identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 070-10215\u2026, a trav\u00e9s de la escritura No. 509 del 29 de octubre de 2009\u00bb; y que en dicho instrumento p\u00fablico se incluy\u00f3 la siguiente manifestaci\u00f3n: \u00abPresente la compradora CARMENZA MAR\u00cdA CORTES VELANDIA\u2026 dijo\u2026 que el inmueble que adquiere no lo somete a la afectaci\u00f3n a vivienda familiar Ley 258\/96 por ser LOTE SIN CONSTRUCCI\u00d3N\u00bb. <\/p>\n
De lo dicho, extrajo dos conclusiones cardinales, por un lado, que \u00abel da\u00f1o alegado por la demandante ocurri\u00f3 en el a\u00f1o 2008\u00bb; y de otra parte, que \u00abla transferencia del bien sobre el cual se dice, que ocasionaron los perjuicios, fue transferido por los padres de la demandantes hasta el mes de octubre de 2009\u00bb; de lo cual, sostuvo el Tribunal, \u00abse desprende que para el momento de la ocurrencia del suceso la aqu\u00ed demandante no era la propietaria del bien por tanto, el da\u00f1o no fue irrogado sobre bienes que fueran de su propiedad\u00bb. <\/p>\n
Por ese sendero, con apoyo en la jurisprudencia (CSJ SC, 31 mar. 1982, Tomo CLXV; y CSJ SC, 14 oct. 2011, rad. 2005-00277-01), consider\u00f3 que, al margen de lo reglado en el precepto 2342 del C\u00f3digo Civil, era \u00abpreciso destacar que el derecho subjetivo y material de acci\u00f3n es\u2026 de \u00edndole personal distinto al de dominio que es de car\u00e1cter real[,] por lo que en el presente caso, la venta, por s\u00ed sola, no puede fungir como elemento habilitante para la reclamaci\u00f3n de perjuicios para quien, a la fecha de ocurrencia del hecho da\u00f1oso, no era propietario del bien\u00bb; de all\u00ed que \u00abCarmenza Mar\u00eda Cort\u00e9s Velandia, al no ser propietaria del bien para el momento de ocurrencia del hecho da\u00f1oso\u2026 y no avizorarse la existencia de documentaci\u00f3n que acreditara la cesi\u00f3n de los derechos para iniciar las acciones correspondientes, carec\u00eda\u2026 de legitimidad en la causa por activa para acudir en demanda de responsabilidad civil extracontractual\u00bb. <\/p>\n
3.2.4. De esta manera, la Corte concluye que las decisiones controvertidas no lucen antojadizas, caprichosas o subjetivas, con independencia de que se compartan, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Basta lo dicho para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse este fallo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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STC10050-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC10050-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02133-00 Bogot\u00e1, D. C., once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021). Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Carmenza Mar\u00eda Cort\u00e9s Velandia contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56232","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56232","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56232"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56232\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56232"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56232"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56232"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}