STC10063-2021 <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10063-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-02686-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de once de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Transportes Futuro del Valle SA (Transfuvalle SA) contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y el Tribunal de Arbitramento que se integr\u00f3 para resolver el conflicto que se suscit\u00f3 entre la accionante -convocante- frente a Sistemas Operativos M\u00f3viles SA -convocada-, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulnerados por las accionadas, por lo que solicit\u00f3 \u00abse declare sin efectos el laudo arbitral\u00bb y, en consecuencia, se ordene al Tribunal de arbitramento \u00abprofiera el laudo correspondiente respetando la competencia que\u2026 defini\u00f3\u00bb, as\u00ed como tambi\u00e9n que \u00abpractique el medio probatorio de exhibici\u00f3n de documentos de manera total a la sociedad GIT MASIVO\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, reclam\u00f3 que \u00abse deje sin efecto\u2026 la providencia\u2026 que decidi\u00f3 el recurso extraordinario de anulaci\u00f3n\u00bb y, por tanto, se ordene a la sede judicial convocada que \u00abresuelva de fondo los aspectos relacionados con las causales invocadas\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Transportes Futuro del Valle SA \u00aby varias empresas socias de GIT MASIVO SA celebraron un acuerdo de accionistas\u00bb, con la finalidad de \u00abinyectar nuevos recursos a\u2026 GIT Masivo por parte de\u2026 Somos K SA\u00bb. <\/p>\n
2.2. Con fundamento en dicho acuerdo, Transportes Futuro del Valle SA convoc\u00f3 a proceso arbitral a Sistemas Operativos M\u00f3viles SA (Somos K SA), para que se declarara que la convocada incumpli\u00f3 dicho pacto, pretensi\u00f3n que se desestim\u00f3 con laudo del 28 de noviembre de 2019. <\/p>\n
2.3. Contra esa decisi\u00f3n, Transportes Futuro del Valle SA formul\u00f3 recurso de anulaci\u00f3n, que fue desechado por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, a trav\u00e9s de sentencia del 27 de julio de 2020. <\/p>\n
2.4. En s\u00edntesis, expres\u00f3 la gestora del resguardo que el Tribunal de arbitramento excedi\u00f3 los l\u00edmites de competencia, comoquiera que se pronunci\u00f3 sobre la \u00ablegalidad\u00bb del acuerdo de accionistas, sin miramiento de que lo debatido era el incumplimiento de ese acto por la convocada; y que dicho ente dej\u00f3 de practicar la exhibici\u00f3n de documentos decretada sobre GIT Masivo, bajo argumentos que carecen de sustento jur\u00eddico. <\/p>\n
2.5. Agreg\u00f3 que el despacho judicial enjuiciado desconoci\u00f3 que el tribunal de arbitramento \u00abs\u00ed se alej\u00f3 caprichosamente de las alegaciones de las partes, para luego imponer su particular disquisici\u00f3n\u2026, por cuanto desconoci\u00f3\u2026 el contenido y alcance de la cl\u00e1usula 19.4 del acuerdo de accionistas\u00bb, aspecto sobre el que dicha sede judicial \u00abguard\u00f3 silencio\u00bb; que err\u00f3 al pronunciarse sobre la necesidad de la exhibici\u00f3n de documentos que dej\u00f3 de practicarse en el proceso arbitral, habida cuenta que \u00absu competencia se radicaba simplemente a verificar si se procedi\u00f3 a practicar una prueba que hab\u00eda sido decretada\u00bb; y que, por dem\u00e1s, dicho elemento de juicio s\u00ed resultaba necesario para demostrar los hechos en que se soportaban sus pretensiones . <\/p>\n
3. El resguardo fue presentado, inicialmente, ante el Consejo de Estado, autoridad que lo admiti\u00f3 a tr\u00e1mite y profiri\u00f3 sentencia el 8 de febrero de 2021, decisi\u00f3n que impugnaron algunos de los intervinientes. Enviadas las diligencias al fallador de segundo grado, a trav\u00e9s de prove\u00eddo del 3 de marzo siguiente, se decret\u00f3 la nulidad de todo lo actuado y se dispuso la remisi\u00f3n del asunto a esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
4. Cumplido lo anterior, la Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali dijo remitirse \u00aba los argumentos expuestos en la respuesta del 13 de enero de 2021, radicada ante la Subsecci\u00f3n C, de la Secci\u00f3n Tercera, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado\u00bb, a trav\u00e9s de los cuales defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Los \u00e1rbitros que profirieron el laudo cuestionado destacaron que \u00abno es procedente la prosperidad de las peticiones de amparo constitucional, por cuanto lo que se est\u00e1 formulando es una inconformidad con la decisi\u00f3n de fondo, que no es propia de esta acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Descendiendo al caso sub examine advierte la Corte que la promotora cuestion\u00f3 que: (i) el tribunal de arbitramento convocado, al resolver el litigio que se le plante\u00f3, excedi\u00f3 los l\u00edmites de su competencia; y (ii) no se hubiese practicado la exhibici\u00f3n que se decret\u00f3 sobre documentos de GIT Masivo SA. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, ha de resaltarse que el an\u00e1lisis que se realizar\u00e1 en esta instancia se circunscribir\u00e1 a la sentencia de 27 de julio de 2020, que resolvi\u00f3 el recurso de anulaci\u00f3n que formul\u00f3 la tutelante contra el laudo arbitral de 28 de noviembre de 2019, toda vez que fue dicha providencia la que clausur\u00f3 el debate que se suscit\u00f3 entorno a los aspectos antes mencionados (competencia del tribunal de arbitramento y pr\u00e1ctica de la prenotada exhibici\u00f3n de documentos). <\/p>\n
3. Bajo esa \u00f3ptica, esta acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que no se verifica que el Tribunal enjuiciado hubiese actuado de forma arbitraria, comoquiera que, en la referida providencia de 27 de julio de 2020, explic\u00f3 los motivos por los cuales no estaba llamado a prosperar el recurso de anulaci\u00f3n que formul\u00f3 la gestora del amparo, sobre lo cual expres\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026 teniendo en cuenta que la actora se duele que los documentos tales como: \u201cla oferta hecha por Somos K del 8 de Julio de 2014, las Actas de Asamblea y Junta Directiva que supuestamente aceptan dicha oferta, el Reglamento de Colocaci\u00f3n de Acciones y los Estatutos Sociales\u201d est\u00e1n por fuera del objeto del litigio, dado que tienen car\u00e1cter de \u201cno debatidos\u201d, a continuaci\u00f3n, se corroborar\u00e1 si el laudo se alej\u00f3 caprichosamente de las alegaciones de parte, para luego imponer su particular disquisici\u00f3n. <\/p>\n
En escrutinio de la amplia foliatura arrimada a este estrado, esta Sala no encuentra la configuraci\u00f3n de la hip\u00f3tesis ensayada, en tanto de la lectura desapasionada de la demanda, as\u00ed como de su contestaci\u00f3n, se avizora que el prove\u00eddo arbitral no incurri\u00f3 en ning\u00fan tipo de incongruencia. <\/p>\n
As\u00ed pues, en el escrito inicial y reformado, la parte convocante explic\u00f3 que el acuerdo de accionistas diverg\u00eda de las reglamentaciones establecidas en los estatutos sociales de GIT Masivo S.A., expresando que: \u201c[La cl\u00e1usula 3\u00aa] contrar\u00eda las normas societarias\u201d, tambi\u00e9n \u201cla Cl\u00e1usula 6 primer inciso del Acuerdo (\u2026) viol\u00f3 flagrantemente los estatutos de la sociedad\u201d, asimismo se\u00f1al\u00f3 que \u201cen el Acuerdo se autorizaba a la Junta Directiva (\u2026) para que estableciera la forma de pagarle la (\u2026) compensaci\u00f3n [pactada] derivada de la violaci\u00f3n de los Estatutos de la sociedad\u201d, entre otras referencias, permitiendo, como no podr\u00eda ser de otra forma, que se hiciera una ponderaci\u00f3n entre el supra citado acuerdo y los actos jur\u00eddicos que rigen la compa\u00f1\u00eda. <\/p>\n
Por otro lado, dentro de la oportunidad legal, fue contestada la demanda mediante la cual y junto con las excepciones incorporadas a la misma, puso de presente todas las acciones precontractuales que se llevaron a cabo para concretar el acto sinalagm\u00e1tico que finalmente se concret\u00f3. N\u00f3tese que en el rese\u00f1ado instrumento procesal, se hizo una reconstrucci\u00f3n historiogr\u00e1fica que ampliar\u00eda el espectro y marcar\u00eda un camino para intentar llegar a la verdad; a manera de ilustraci\u00f3n, la sociedad enjuiciada relat\u00f3 que: <\/p>\n
\u201cDerivado de su situaci\u00f3n financiera adem\u00e1s de la inadecuada administraci\u00f3n de la sociedad, GIT Masivo, sus administradores y accionistas hab\u00edan tomado la decisi\u00f3n de buscar un socio estrat\u00e9gico, el cual invirtiera recursos en la sociedad y tuviera experiencia en la operaci\u00f3n de este tipo de concesiones, la b\u00fasqueda de dicho socio estrat\u00e9gico (\u2026) comenz\u00f3 en Agosto de 2012. Como consecuencia de lo anterior y dado el deterioro de la situaci\u00f3n financiera de la sociedad durante el primer semestre del a\u00f1o 2014, se aceler\u00f3 la consecuci\u00f3n del socio estrat\u00e9gico (\u2026) (\u201cSomos K\u201d), sociedad operadora del sistema Transmilenio desde la Fase II (es decir desde el a\u00f1o 2002), fue una de las sociedades contactadas con el objeto de lograr un inversionista estrat\u00e9gico (\u2026) [la aqu\u00ed convocada] present\u00f3 el d\u00eda ocho (8) de Julio de 2014 una oferta e inform\u00f3 a GIT Masivo y sus accionistas, unas condiciones generales de la operaci\u00f3n (\u2026). El mismo d\u00eda de la oferta (08 de julio de 2014) la gerencia y junta directiva de [la sociedad que ofrec\u00eda sus acciones], aceptaron la oferta presentada (\u2026) Sin embargo, una vez SOMOS hab\u00eda efectuado los primeros desembolsos y la empresa reinici\u00f3 sus operaciones, empezaron a darse discusiones (\u2026) [que posteriormente fueron superadas]. En Asamblea de accionistas efectuada el 13 de agosto de 2014 (Acta No. 27) por unanimidad se ratific\u00f3 la aceptaci\u00f3n de la oferta del 08 de julio de 2014 y se aprob\u00f3 la soluci\u00f3n propuesta por parte de algunos accionistas de Git Masivo (\u2026). Finalmente, despu\u00e9s de m\u00faltiples reuniones, discusiones, modificaciones, juntas directivas e incluso asambleas de accionistas, el d\u00eda 2 de diciembre de 2014 se suscribi\u00f3 el acuerdo de accionistas por parte de los que representaban m\u00e1s del 95% del capital social de GIT MASIVO, entre ellos TRANSFUVALLE. Acuerdo que es el objeto de (sic) presente tramite (sic) arbitral.\u201d <\/p>\n
Aunado a lo anterior, tambi\u00e9n se trajo a colaci\u00f3n que, con el fin de desvirtuar los hechos expuestos por la precursora, espec\u00edficamente, el que indicaba el incumplimiento de efectuar los aportes en los t\u00e9rminos contractuales a cargo de la obligada, deb\u00eda tenerse en cuenta \u201cel reglamento de emisi\u00f3n y colocaci\u00f3n de acciones a favor de Somos K\u201d que hab\u00eda aprobado la Junta Directiva \u201csin comentario y objeci\u00f3n alguna\u201d, mismo donde, con previsi\u00f3n, se hab\u00edan acordado las condiciones financieras que permitir\u00edan llevar a cabo la operaci\u00f3n de marras. <\/p>\n
Entonces, la referencia y el an\u00e1lisis de \u201caspectos y documentos anteriores a la celebraci\u00f3n del Acuerdo\u201d por parte del Colegiado Arbitral, no obedece a un capricho o una decisi\u00f3n autoritaria oficiosa, sino a una obligaci\u00f3n de pronunciamiento sobre las fundamentaciones que enarbolaron cada uno de los adversarios, debiendo analizar integralmente el acervo para elucidar el caso. <\/p>\n
Si bien es cierto, en el escrito genitor no se hizo directa menci\u00f3n a los actos previos cuyos desenlaces dar\u00edan el sentido al acuerdo de accionistas, no es menos cierto que, cristalinamente, la r\u00e9plica present\u00f3 al juicio todos esos \u00edtems, como se expuso previamente, lo que habilit\u00f3 al juzgador para discurrir sobre esa materia, en garant\u00eda al derecho de defensa y contradicci\u00f3n. Este punto, tratado ampliamente por la jurisprudencia patria y sostenido por esta Sala, reclama la necesaria congruencia que debe existir entre la sentencia con los hechos y pretensiones de la demanda, con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas cuando as\u00ed lo exige la ley, marco obligado para el campo de acci\u00f3n del juzgador que define el litigio, sin que pueda ser desbordado ante la apremiante prohibici\u00f3n de un laudo incongruente. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
Resumiendo todo lo antedicho, el Tribunal de Arbitramento no se excedi\u00f3 ni se sustrajo del litigio definido por las partes, de tal manera que la decisi\u00f3n de fondo se ofrezca incongruente, luego, no es plausible que el recurrente aspire a que sea resuelta la controversia de forma aislada, es decir, s\u00f3lo analizando sus razones con la asunci\u00f3n \u00fanica de sus pruebas, cuando el proceso judicial es por excelencia alteridad y dial\u00f3gico. <\/p>\n
El fundamento toral de la presente secci\u00f3n, radica en la supuesta falta de competencia que detenta la justicia arbitral, en tanto, en consideraci\u00f3n del expositor, la providencia \u201chace prevalecer el Reglamento de Colocaci\u00f3n de Acciones sobre lo pactado expresamente en el mismo texto de Accionistas\u201d, dejando a un lado la interpretaci\u00f3n sist\u00e9mica que deb\u00eda efectuarse entre la cl\u00e1usula 17.2 denominada \u201cCl\u00e1usula Compromisoria\u201d y la cl\u00e1usula 19.4 que se titul\u00f3 \u201cPrevalencia del Acuerdo de Accionistas\u201d, esta que, en su tenor literal, transcribe: \u201cCualquiera de los pactos contenidos en el presente Acuerdo prevalecer\u00e1 entre los Accionistas, incluso por encima del redactado en los Estatutos\u201d y tambi\u00e9n: \u201cla totalidad de los art\u00edculos de los Estatutos de la Compa\u00f1\u00eda deber\u00e1n ser interpretados a la luz del presente Acuerdo\u201d, de lo que deviene, seg\u00fan la alegaci\u00f3n, que deb\u00eda escudri\u00f1arse de forma panor\u00e1mica el acuerdo de accionistas y, de ah\u00ed, valorar el incumplimiento contractual de la convocada. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
La arquitectura jurisprudencial que ha servido de criterio auxiliar en la labor de administrar justicia, ha patentado que la cl\u00e1usula compromisoria no debe examinarse de forma hu\u00e9rfana con el acto jur\u00eddico que la contiene, m\u00e1xime cuando, en estricto sentido, no fija en detalle las discordias arbitrables, pues, desde luego, estas emergen de forma incierta, consiguientemente, entra en \u00f3rbita cualquier conflicto que est\u00e9 directamente relacionado con el objeto del contrato matriz\u2026 <\/p>\n
Se colige de lo anterior que, ante la ausencia de demarcaci\u00f3n en cuanto al objeto del pacto arbitral, \u201cdebe de partirse de la base que el mismo se refiere a todas las materias que pueden ser objeto del pacto arbitral, pues ante la duda entre validez e invalidez, el principio del efecto \u00fatil de las estipulaciones contractuales impone inclinarse por aquella interpretaci\u00f3n que otorgue validez al pacto contractual\u201d. De ser as\u00ed, carece de sustento proclamar falta de competencia, pues, de consuno, dejaron abierta la posibilidad de solucionar toda problem\u00e1tica y, en efecto, inspeccionar componentes que, por su naturaleza, se relacionan directa o indirectamente. <\/p>\n
Descendiendo al acuerdo de accionistas y en direcci\u00f3n a la cl\u00e1usula compromisoria, menester es la transcripci\u00f3n integral de la arandela convencional: <\/p>\n
\u201cSalvo por el cobro de la cl\u00e1usula penal por intermedio del proceso ejecutivo o de cualquier otro t\u00edtulo ejecutivo derivado del presente Acuerdo (en cuyo caso se podr\u00e1 acudir a la jurisdicci\u00f3n ordinaria), las Partes acuerdan expresamente que toda controversia o diferencia relativa a este Acuerdo o que tenga relaci\u00f3n con el mismo, se resolver\u00e1 por un Tribunal de Arbitramento ante el Centro de Arbitraje y Conciliaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Comercio de Cali de acuerdo con las siguientes reglas: <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
Este Tribunal entiende que la cl\u00e1usula compromisoria, en virtud del principio de habilitaci\u00f3n, otorg\u00f3 competencia a los particulares investidos de jurisdicci\u00f3n para que definieran cualquier problem\u00e1tica derivada del acuerdo de accionistas, inclusive, los dem\u00e1s actos que tienen relaci\u00f3n con \u00e9l. De hecho, no encuentra ninguna restrictiva que impida acceder al conocimiento de los factores que dieron origen al acuerdo de voluntades, aun m\u00e1s, ni siquiera el enunciado numeral 19.4 tiene la virtualidad de circunscribir el eventual pleito a lo aisladamente manifestado en el acuerdo controvertido, dado que, desdiciendo el tendencioso argumento del recurso, este no es germen de competencia, sino que constituye un componente de interpretaci\u00f3n infra legal. <\/p>\n
Al hilo de lo antepuesto, el juez arbitral estaba habilitado para remediar el asunto hurgando las actuaciones pasadas de la etapa precontractual, en donde se encuentra que el reglamento de colocaci\u00f3n de acciones es imprescindible en la interpretaci\u00f3n del acuerdo de accionistas, en m\u00e9rito a que desentra\u00f1aba cu\u00e1l era el sentido que deb\u00eda d\u00e1rsele a ciertas cl\u00e1usulas (especialmente a la cl\u00e1usula 6\u00b0 que consiste en la \u201cAdquisici\u00f3n, Pago y Registro de Acciones\u201d). Por lo dem\u00e1s, tampoco es cierto que se haya dejado a un lado el iterado acuerdo, pues se avizora que las consideraciones se estructuran bajo el marco del incumplimiento contractual demandado, en la forma y plazos pactados, entrando dicho reglamento a reforzar algunas de las m\u00faltiples razones ofrecidas, lo que, a final de cuentas, armonizaba con el contrato principal. <\/p>\n
Y es que, desde el punto de vista sustancial, el juez debe buscar el esp\u00edritu del contrato, es decir, la verdadera voluntad de quienes resultan involucrados en un acto negocial, en respeto a las reglas hermen\u00e9uticas de interpretaci\u00f3n que prev\u00e9n los art\u00edculos 1618 y siguientes del C\u00f3digo Civil, as\u00ed como otras previsiones del C\u00f3digo de Comercio, siempre que el contrato sea de \u00edndole mercantil, verbi gratia, el art\u00edculo 871\u2026 <\/p>\n
Respecto a la pr\u00e1ctica \u00abincompleta\u00bb de la exhibici\u00f3n de documentos decretada en el proceso arbitral, precis\u00f3 la sede judicial enjuiciada que: <\/p>\n
La tercera y \u00faltima causal clamada gira en torno a \u201chaberse dejado de practicar una prueba decretada\u201d, en conformidad con el numeral 5\u00b0 de la Ley 1563 de 2012. <\/p>\n
Para que haya prosperidad del cargo, la jurisprudencia y la doctrina han aguzado la necesidad de que se cumplan tres (3) presupuestos, estos son: (i) una negativa sin fundamento legal en el decreto o en la omisi\u00f3n en la pr\u00e1ctica de prueba, (ii) que la misma se haya invocado oportunamente por medio de recurso y (iii) que la omisi\u00f3n pudiera tener incidencia en la decisi\u00f3n. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
En el presente asunto, el Tribunal de Arbitraje se abstuvo de practicar parcialmente la exhibici\u00f3n de documentos que relaciona la parte convocante16, luego de resolver favorablemente la oposici\u00f3n a dicha diligencia que, en sus instalaciones y surtiendo la inspecci\u00f3n judicial, propuso la sociedad GIT Masivo S.A., en consideraci\u00f3n a que la entidad inspeccionada ten\u00eda la calidad de tercero en la litis y los pliegos refutados estaban sujetos a reserva. <\/p>\n
De entrada, se tiene por satisfecho el requisito de procedibilidad, permitiendo ahondar en la incidencia que el elemento de juicio tiene sobre la decisi\u00f3n y en el an\u00e1lisis del fundamento legal que impidi\u00f3 la pr\u00e1ctica de esa prueba, visto que la sociedad libelista propuso recurso de reposici\u00f3n contra la actuaci\u00f3n judicial criticada. <\/p>\n
Empero, aun sin valorar el acierto o no de las razones legales que desembocaron en la supresi\u00f3n parcial de la pr\u00e1ctica probatoria descrita, avizora esta Sala que el medio probatorio no luce necesario o imprescindible para esclarecer o verificar los hechos debatidos y, su deliberada omisi\u00f3n o ausencia no revisten la trascendencia para alterar la sind\u00e9resis del juzgador. <\/p>\n
De las piezas procesales examinadas refulge que la finalidad de la prueba dejada de practicar era darle veracidad al \u201cinforme de SINERVAL y la obstaculizaci\u00f3n que se hab\u00eda realizado al derecho de inspecci\u00f3n\u201d, am\u00e9n que el plenario certifica la comprobaci\u00f3n de los hechos a la cual estaba destinada e, incluso, reposan m\u00e1s que suficientes medios de existencia que le trasladan el convencimiento absoluto al juez para formar su juicio. <\/p>\n
En ant\u00edtesis de los supuestos que inicialmente present\u00f3 la sociedad querellante, quedaron en evidencia los protuberantes errores de postulaci\u00f3n, algunos de l\u00f3gica elemental, en que incurri\u00f3 el dictamen pericial en mientes, que, junto a la densa documentaci\u00f3n incorporada, despejaron los reparos que dieron pie a la demanda, como lo fueron el verdadero sentido del contrato, la imposibilidad de suscribir acciones por debajo del valor nominal, el n\u00famero de acciones suscritas, la compensaci\u00f3n resultante de la diferencia entre el valor nominal y el valor intr\u00ednseco de la acci\u00f3n, la cuant\u00eda de la misma, el plazo y las modalidades de pago, la suma honrada al adeudo, la destinaci\u00f3n de las facturas censuradas, etc. <\/p>\n
No se puede soslayar que, adem\u00e1s, al estar el libelo conformado por relatos difusos, es dispendioso aprehender cu\u00e1l suceso pretende dilucidar el remanente de prueba, raz\u00f3n por la cual, no puede el operador judicial secundar, de forma ligera y oficiosa, la legalidad, la conducencia, la pertinencia y la utilidad que no vigoriz\u00f3 el recurrente, toda vez que ir\u00eda en contra de importantes principios de la actividad judicial. <\/p>\n
Asimismo, en virtud del principio de libertad probatoria, los modos de inejecuci\u00f3n del contrato que supuestamente acaecieron en cabeza de la enjuiciada, pudieron verificarse por los diversos medios de prueba que solicitaron los participantes, en virtud de lo consagrado arm\u00f3nicamente en los art\u00edculos 165 y 167 del C\u00f3digo General del Proceso, sin que la exhibici\u00f3n de documentos sea per se la se\u00f1al por excelencia para llegar a la verdad absoluta que incida en la decisi\u00f3n judicial, como si se tratase de prueba tarifada. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, deviene in\u00fatil practicar el faltante de la exhibici\u00f3n documental solicitada, porque el servicio que pueda llegar a prestar se reemplaza con otros elementos, entonces, no tendr\u00eda la contundencia suficiente con la que pueda disuadir el criterio del laudo. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
Surge irrebatible, entonces, que, en trat\u00e1ndose del recurso extraordinario de anulaci\u00f3n, est\u00e1 a cargo del recurrente la demostraci\u00f3n acerca de la utilidad o, como lo dice la propia norma, de la incidencia que la prueba dejada de practicar tenga sobre el laudo, so pena que sea desechada por el sentenciador. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
A riesgo de ser reiterativos, en la labor demostrativa y argumentativa del censor, no se explica cu\u00e1l es el error may\u00fasculo en que tropieza la asunci\u00f3n probatoria del juez arbitral, asimismo, tampoco se expone, de manera que sea palmaria, c\u00f3mo puede tener relevancia la exhibici\u00f3n de documentos frente a los dem\u00e1s elementos probatorios; en contraste, advierte este estrado que la claridad que ofrecen los hechos en que se fund\u00f3 la decisi\u00f3n judicial atacada, hace innecesaria, in\u00fatil, intrascendente y, aun, inocua la pr\u00e1ctica del citado instrumento procesal que el recurrente echa de menos\u2026 <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 la quejosa es una diferencia de criterio acerca de la manera como la Corporaci\u00f3n accionada interpret\u00f3 lo dispuesto en el art\u00edculo 41 de la ley 1563 de 2012 y concluy\u00f3 que no se configuraban las causales que invoc\u00f3 la censora como soporte de su recurso de anulaci\u00f3n, comoquiera que, de un lado, el an\u00e1lisis que realiz\u00f3 el juez arbitral no desbord\u00f3 la competencia que le fue asignada, pues el examen que realiz\u00f3 de los actos antecedentes del \u00abacuerdo de accionistas\u00bb que se pregonaba incumplido, resultaba necesario para la decisi\u00f3n de las excepciones que plante\u00f3 la convocada, de cara a las pretensiones elevadas; y, por otra parte, porque no se demostr\u00f3 la incidencia que pudo tener la exhibici\u00f3n de documentos que se dej\u00f3 de practicar en la decisi\u00f3n del proceso arbitral, habida cuenta que los dem\u00e1s elementos de juicio recaudados fueron suficientes para dirimir el litigio. <\/p>\n
Entonces, tales deducciones no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
4. Baste lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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STC10063-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC10063-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-02686-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de once de agosto de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Transportes Futuro del Valle SA (Transfuvalle SA) […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56241","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56241","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56241"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56241\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56241"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56241"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56241"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}