STC10064-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10064-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-02712-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de once de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Gustavo Adolfo Ospino Castro contra la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, defensa, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, vida digna, \u00ablibre contradicci\u00f3n\u00bb y \u00abaudiencia\u00bb, que dice vulneradas por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abdejar sin efecto la sentencia proferida en segunda instancia, de fecha 9 de noviembre de 202\u00ba, notificada por estado electr\u00f3nico de la misma fecha y se ordene\u2026 proferir la que en derecho corresponda\u00bb; asimismo, porque desde la primera instancia \u00abno [se] inte[gr\u00f3] al contradictorio a\u2026 Yamaris Reneth Mendoza Pe\u00f1aloza\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Gustavo Adolfo Ospino Castro promovi\u00f3 demanda de pertenencia en contra de Claribel Moreno de Vargas y Roberto Valderrama Sotaquira, para que se reconociera que adquiri\u00f3 por prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio, el predio ubicado en la \u00abcarrera 19 sur n\u00b0 46F – 19\u00bb de Barranquilla; cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Once Civil del Circuito de esa misma ciudad. <\/p>\n
2.2. Surtido el tr\u00e1mite, el 19 de agosto de 2020 tal despacho neg\u00f3 a las pretensiones de la demanda; determinaci\u00f3n confirmada el 9 de noviembre siguiente por el Tribunal, al considerar que, de un lado, la posesi\u00f3n alegada por el gestor no se acredito o por lo menos desde cuando aquel cuenta con tal calidad; y, por otra parte, porque dicha posesi\u00f3n, de existir, no ha sido tranquila, pac\u00edfica y continua \u00abpor un tiempo legal de 6 a\u00f1os, por cuanto est\u00e1 demostrado la existencia de controversias judiciales que afectan y pretenden desconoce aquel presupuesto\u00bb. <\/p>\n
2.3. Por v\u00eda de tutela se duele la quejosa, en s\u00edntesis, de la sentencia proferida por el Tribunal, pues, deduce, existi\u00f3 una indebida valoraci\u00f3n probatoria, en la medida en que \u00ablos jueces en los diversos fallos [han reconocido] que s\u00ed tiene la calidad de poseedor material, tan es as\u00ed que constituyen su domicilio. Aunque la forma, el modo, por qu\u00e9 o el cu\u00e1ndo adquiri\u00f3 dicha calidad es el motivo de discusi\u00f3n, la cual para los jueces se torna confuso siendo ese el quid de su negativa que\u2026 no han podido desenredar o descifrar con las pruebas obrantes en dichos procesos, pero de todos modos de que tiene la calidad de poseedor material, la tiene\u00bb. <\/p>\n
2.4. Anot\u00f3 que en el juicio criticado se evidenciaron diversas v\u00edas de hecho, de un lado, \u00abla demora del proceso en s\u00ed, en cuanto a su impulso o celeridad\u00bb, por otra parte, porque la primera instancia \u00abno se dio en una sola o dos audiencias como demanda la ley, sino que se hicieron en varias, lo que prolong\u00f3 la agon\u00eda y el resultado del mismo\u00bb, sumado a que, no se integr\u00f3 al contradictorio a Yamaris Reneth Mendoza Pe\u00f1aloza, quien intervino en la negociaci\u00f3n del inmueble. <\/p>\n
2.5. Sostuvo que el Tribunal, si bien indic\u00f3 que se ocupar\u00eda \u00fanicamente del estudio de los reparos formulados, lo cierto es que \u00abhace un recorrido innecesario por los dem\u00e1s procesos que nada tiene que ver con el que se est\u00e1 tramitando, por cuanto se presentan situaciones nuevas que fueron esgrimidas por el apoderado apelante en el decurso del proceso, como es el hecho de la prescripci\u00f3n que si bien es cierto est\u00e1 en exceso rebasado el requisito de ley, para adquirir por el lapso de tiempo la propiedad o dominio por cuanto partiendo del hecho de que entro a poseer en compa\u00f1\u00eda de la se\u00f1ora YAMARIS por ser su pareja sentimental en la misma fecha de la negociaci\u00f3n de la promesa de compraventa celebrada con los demandados, es decir tendr\u00eda m\u00e1s de 20 a\u00f1os de posesi\u00f3n pero como se dice que existi\u00f3 interrupci\u00f3n por las diferentes acciones judiciales tomadas en su contra a trav\u00e9s de innumerables procesos\u00bb, deben tenerse en cuenta los 5 a\u00f1os de la prescripci\u00f3n ordinaria que indica la ley 791 de 2020, adem\u00e1s que, tambi\u00e9n cumplir\u00eda los 10 a\u00f1os de la prescripci\u00f3n extraordinaria all\u00ed dispuesta. <\/p>\n
2.6. Agreg\u00f3 que la solicitud de amparo cumple con el presupuesto de inmediatez \u00abteniendo en cuenta la fecha de notificaci\u00f3n de la sentencia, adem\u00e1s de las interrupciones de t\u00e9rminos que se generaron, la vacancia judicial, paros, etc\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Barranquilla manifest\u00f3 que el 9 de noviembre de 2020 emiti\u00f3 fallo en segunda instancia al interior del juicio criticado; que no vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas. <\/p>\n
<\/p>\n
2. \u00d3scar Gustavo Baldovino Morales, quien indic\u00f3 actuar como apoderado judicial de Roberto Valderrama Sotaquira y Claribel Moreno de Vargas, alleg\u00f3 escrito sin aportar el poder especial para actuar en el presente tr\u00e1mite constitucional, por lo que su manifestaci\u00f3n no se tiene en cuenta. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Juzgado Once Civil del Circuito de Barranquilla relat\u00f3 las actuaciones surtidas en esa instancia; sostuvo que garantiz\u00f3 el debido proceso y defensa del quejoso; que Gustavo Adolfo omiti\u00f3 en el escrito de demanda a Yamaris Mendoza, no mencion\u00f3 su existencia, ni el contrato de promesa que la vinculaba al inmueble objeto de controversia, que conoci\u00f3 de la existencia de la misma en el caudal probatorio, sin que encontrara raz\u00f3n para efectuar su vinculaci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Puestas as\u00ed las cosas, evidenci\u00e1ndose que la queja del promotor de la salvaguarda se dirige contra la sentencia de 9 de noviembre de 2020 con el que el Tribunal confirm\u00f3 la que dict\u00f3 el 19 de agosto anterior el Juzgado Once Civil del Circuito de Barranquilla, que neg\u00f3 las pretensiones del actor, al interior del juicio de pertenencia, incoado por \u00e9l contra Claribel Moreno Vargas y Roberto Valderrama; de entrada, advierte la Corte que el amparo deprecado est\u00e1 llamado al fracaso, por incumplirse el presupuesto de inmediatez para su procedibilidad. <\/p>\n
2.1. En efecto, de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que carece de actualidad, pues entre la decisi\u00f3n de 9 de noviembre de 2020; y la interposici\u00f3n de la tutela el 30 de julio de 2021, transcurrieron m\u00e1s de 6 meses, super\u00e1ndose el lapso que ha fijado la acentuada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar esta acci\u00f3n excepcional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Sobre el requisito de inmediatez, se ha sostenido que: <\/p>\n
…si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido…, adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante. (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 10 may. 2012, rad. 2012-00413-01). <\/p>\n
Cabe a\u00f1adir que el reparo tra\u00eddo en la solicitud de amparo para justificar la tardanza no puede tenerse en cuenta, en la medida en que, adem\u00e1s de que el impulso de solicitudes de tutela y h\u00e1beas corpus no se hallaban inmersas en la \u00absuspensi\u00f3n de t\u00e9rminos judiciales\u00bb sostenida por el Consejo Superior de la Judicatura, a ra\u00edz de la pandemia \u00abCovid-19\u00bb, pues tales peticiones constitucionales siempre estuvieron contempladas en las exclusiones de dicha suspensi\u00f3n, lo cierto es que el fallo criticado se emiti\u00f3 con posterioridad a dicha suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos, por lo que, de contera, tal reparo tampoco no es de recibo. <\/p>\n
3. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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