STC10067-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10067-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2021-01063-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de once de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jairo de Jes\u00fas Rend\u00f3n Vega contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales de petici\u00f3n y dignidad humana, que dice vulnerados por la autoridad acusada. <\/p>\n
Solicita, en consecuencia, se le ordene a la accionada \u00abdar respuesta al derecho de petici\u00f3n\u2026 y procurando hacerlo con el cumplimiento de los requisitos desarrollados en la profusa jurisprudencia constitucional de nuestro pa\u00eds\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Se\u00f1al\u00f3 el accionante que el 20 de julio de 2021 present\u00f3 petici\u00f3n ante el Consejo Superior de la Judicatura, en la que deprec\u00f3 le indicaran la direcci\u00f3n, correo electr\u00f3nico y tel\u00e9fonos que la abogada Liliana Mar\u00eda Rojas Mart\u00ednez ten\u00eda registrados en esa entidad; y que el 28 de julio siguiente le suministraron algunos datos, empero, respecto de la direcci\u00f3n le dijeron que era \u00aboficina\u2026 sin que se d\u00e9 a conocer ninguna nomenclatura, y sin que se indique si es que la profesional del derecho no tiene registrado\u2026 su domicilio profesional\u00bb. <\/p>\n
2.2. Adujo que pese a que le contestaron al correo electr\u00f3nico registrado, la respuesta no cumpl\u00eda con los requisitos exigidos por la Corte Constitucional; y que lo \u00fanico que evidenciaba era el ejercicio de la facultad contenida en el art\u00edculo 21 de la Ley 1755 de 2015. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura refiri\u00f3 que mediante oficios de 21 de julio y 4 de agosto de 2021 dio respuesta a las peticiones formuladas por el accionante; y que no exist\u00eda vulneraci\u00f3n de derecho fundamental alguno. <\/p>\n
2. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que el 21 de julio y 4 de agosto de 2021 la Unidad acusada contest\u00f3 la petici\u00f3n elevada por el gestor, inform\u00e1ndole la direcci\u00f3n, correo electr\u00f3nico y los tel\u00e9fonos deprecados, la que remiti\u00f3 al correo electr\u00f3nico denunciado. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, actualmente no existe la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocada que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional, toda vez que la situaci\u00f3n denunciada fue superada en el tr\u00e1mite de la presente tutela, cumpli\u00e9ndose as\u00ed la pretensi\u00f3n constitucional del peticionario, por lo que carece de objeto impartir una orden con miras a que la autoridad criticada conteste la petici\u00f3n elevada por el gestor. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha precisado: <\/p>\n
\u2026[S]i la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente (\u2026) la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido. (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 2009-00147-01; reiterada en STC, 7 nov. 2012, rad. 2012-02211-01; STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01; STC, 12 jun. 2014, rad. 2014-00262-01; y STC, 5 mar. 2015, rad. 2014-00194-01). <\/p>\n
3. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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