STC10073-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10073-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02607-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de once de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Ram\u00f3n Emilio Villa Ram\u00edrez contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta misma Corporaci\u00f3n, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes de la acci\u00f3n constitucional a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional accionada, con la decisi\u00f3n de fondo proferida en el marco de la acci\u00f3n constitucional que promovi\u00f3 frente a la Sala Penal del Tribunal Superior de Medell\u00edn y el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Itag\u00fc\u00ed. <\/p>\n
Solicita entonces, para la protecci\u00f3n de sus prerrogativas, \u00abdecretar la nulidad\u00bb del prove\u00eddo adiado 24 de noviembre 2020, y que como consecuencia de ello, se disponga \u00abel tr\u00e1mite legal de la respectiva demanda\u00bb en el asunto referido. <\/p>\n
2. Para respaldar su reparo aduce en s\u00edntesis y en lo que interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, que pese a que expuso no solo, que promov\u00eda la acci\u00f3n constitucional referida en l\u00edneas anteriores como \u00abMecanismo Transitorio\u00bb, sino que adem\u00e1s, \u00abporque no interpus[o] el recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia de segunda instancia y [l]e era imposible presentar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n\u00bb, la Sala Especializada en lo Penal de esta Corte, en un tr\u00e1mite \u00abirregular\u00bb, pues cambi\u00f3 de Magistrado y radicado, deneg\u00f3 el amparo de sus prerrogativas superiores, tras advertir que no hizo uso del citado mecanismo, actuaci\u00f3n que adem\u00e1s, se profiri\u00f3 y se le notific\u00f3 \u00abpor fuera del t\u00e9rmino\u00bb, lo que asegura, lesiona el derecho fundamental invocado. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el 29 de julio de los corrientes se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. El Magistrado Sustanciador de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, despu\u00e9s de relacionar las decisiones que ha conocido respecto de las acciones constitucionales promovidas por el actor, precis\u00f3 que \u00aben la providencia cuestionada (\u2026), no solo se estudi\u00f3 el mecanismo de amparo de cara a los requisitos generales de procedencia contra providencias judiciales, sino tambi\u00e9n, si los juzgadores incurrieron en los errores denunciados por el tutelante, concluy\u00e9ndose que sus pretensiones eran infundadas\u00bb; sin que aqu\u00e9l aun cuando fue notificado, hubiese interpuesto los recursos procesales pertinentes. <\/p>\n
b. El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Itag\u00fc\u00ed puntualiz\u00f3, que contra el inconforme se han seguido varios procesos judiciales, y \u00abdurante todo el tr\u00e1mite hubo respeto por las garant\u00edas constitucionales y procesales (\u2026); la decisi\u00f3n judicial ha dejado claridad sobre su situaci\u00f3n jur\u00eddica y el respeto por todas las garant\u00edas sin vulnerarse el principio constitucional del non bis in \u00eddem, empero, ahora el actor se obstina en un desgaste a la administraci\u00f3n de justicia, que en esta oportunidad pretende atacar una providencia judicial que se encuentra ejecutoriada, sobre la cual ya ejerci\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
c. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
El planteamiento anterior se aplica en una medida a\u00fan mayor, cuando la determinaci\u00f3n atacada fue proferida por un juez constitucional como ep\u00edlogo del tr\u00e1mite de amparo; de lo contrario, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad aeternum lo expresado en el primer fallo. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, de manera sumamente excepcional, la Corte ha admitido la intervenci\u00f3n de un segundo juez de amparo cuando en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n se ha incurrido en una vulneraci\u00f3n clara y ostensible al debido proceso de alguna de las partes o de terceros con inter\u00e9s en el resultado del respetivo tr\u00e1mite. <\/p>\n
2. Acerca de esta especial tem\u00e1tica, la Corte Constitucional, en sentencia SU-627 adiada 1\u00ba de octubre de 2015, consolid\u00f3 los criterios dispuestos desde el a\u00f1o 2001 acerca de los casos en los cuales, de manera excepcional, resulta procedente la acci\u00f3n de tutela frente a una controversia suscitada con ocasi\u00f3n de un tr\u00e1mite de igual naturaleza, de la siguiente manera: <\/p>\n
\u00ab4.6. Unificaci\u00f3n jurisprudencial respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores a la sentencia. <\/p>\n
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si \u00e9sta se dirige contra la sentencia proferida dentro de \u00e9l o contra una actuaci\u00f3n previa o posterior a ella. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.2. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepci\u00f3n cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisi\u00f3n de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n. <\/p>\n
4.6.3. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si \u00e9stas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia. <\/p>\n
4.6.3.1. Si la actuaci\u00f3n acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisi\u00f3n del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que ser\u00edan afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, la acci\u00f3n de tutela s\u00ed procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.3.2. Si la actuaci\u00f3n acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en dicha sentencia, la acci\u00f3n de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protecci\u00f3n de un derecho fundamental que habr\u00eda sido vulnerado en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional\u00bb. <\/p>\n
3. Aqu\u00ed, tras realizarse el correspondiente escrutinio a la demanda de resguardo constitucional presentada por el se\u00f1or Villa Ram\u00edrez, se revela sin asomo de duda que la misma debe desestimarse, habida cuenta que su objetivo es atacar la sentencia emitida en sede constitucional por la Sala Especializada en lo Penal de esta Corte, a trav\u00e9s de la cual se resolvi\u00f3 \u00abDECLARAR IMPROCEDENTE\u00bb la protecci\u00f3n rogada frente a la Sala Penal del Tribunal Superior de Medell\u00edn y el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Itag\u00fc\u00ed, cuesti\u00f3n que comporta se\u00f1alar, entonces, desemboca en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, pues, por dem\u00e1s, no se evidencia la ocurrencia de las hip\u00f3tesis previstas en el numeral 4.6.2.2. de la providencia citada en l\u00edneas anteriores, para que de manera excepcional\u00edsima se autorice la intervenci\u00f3n de un segundo juez de tutela. <\/p>\n
4. Y para ahondar en razones respecto de la improcedencia del amparo, se observa que tambi\u00e9n se incumple con el requisito de la subsidiariedad, pues el gestor, en una conducta constitutiva de incuria, no hizo uso de los mecanismos a su alcance, es decir, el recurso de impugnaci\u00f3n contra la sentencia criticada en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 31 del Decreto 2591 de 1991, desaprovechando as\u00ed el mecanismo que estaba a su disposici\u00f3n para debatir las inconformidades ahora expuestas como lesivas de sus garant\u00edas primarias, ya que de otra manera la tutela se convertir\u00eda en un instrumento paralelo o sustitutivo de oportunidades procesales fenecidas, a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 \u00eddem. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte en diversos pronunciamientos ha dicho que, \u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (ver recientemente en CSJ STC3979-2021). <\/p>\n
En igual sentido ha referido que, \u00abno basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ib). <\/p>\n
5. Por otra parte, t\u00e9ngase en cuenta que la jurisprudencia ha insistido de tiempo atr\u00e1s, que ante una ocasional falta o desafuero en que puedan incurrir los jueces de tutela al ocuparse de las decisiones con las que se resuelva sobre el se\u00f1alado mecanismo excepcional, no es un nuevo instrumento de la misma clase el adecuado para contrarrestar el supuesto quebranto, toda vez que con ese fin el legislador dise\u00f1\u00f3 la impugnaci\u00f3n y la revisi\u00f3n eventual ante la Corte Constitucional, escenario este \u00faltimo, donde la parte interesada puede, seg\u00fan el caso, acudir al recurso de insistencia previsto en el art\u00edculo 33 del citado decreto1, para pedir a dicha Corporaci\u00f3n su escogencia, \u00fanicos mecanismos procesales que pueden interponerse o solicitarse ante los funcionarios habilitados para el efecto. <\/p>\n
En este sentido, la Sala ha se\u00f1alado que proceder de esta manera \u00abevita la cadena ilimitada de litigios que se generar\u00edan en caso de admitirse acciones de tutela contra sentencias que decidan el amparo constitucional, de modo que instituy\u00f3 a la Corte Constitucional como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb (CSJ, STC2038-2021). <\/p>\n
6. En consecuencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se desestimar\u00e1 la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n en caso de no impugnarse. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Reglamentado en el Acuerdo No 05 de 1992, emanado de la Corte Constitucional. <\/p>\n
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