STC10076-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10076-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02591-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de once de agosto de dos mil veintiuno). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Ricardo Rodr\u00edguez Henao contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes en la acci\u00f3n constitucional a que alude el escrito introductorio. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del auxilio reclama la protecci\u00f3n constitucional de su garant\u00eda esencial de petici\u00f3n, presuntamente conculcada por la Corporaci\u00f3n accionada, en el marco de la impugnaci\u00f3n de tutela que all\u00ed se adelant\u00f3, bajo el radicado n.\u00ba 2017-02104-01. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda excepcional se proteja su garant\u00eda esencial, ordenando a la Sala Penal de esta Corporaci\u00f3n, dar respuesta de fondo a su pedimento. <\/p>\n
2. En apoyo de su s\u00faplica simplemente dijo, que el 21 de abril de los corrientes elev\u00f3 solicitud ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal, sin que a la fecha de presentaci\u00f3n del resguardo haya recibido respuesta alguna que satisfaga su requerimiento, y tampoco conozca de alguna raz\u00f3n que justifique la tardanza, pese a la insistencia elevada el 17 de junio de la calenda que avanza. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el d\u00eda 29 de julio hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
a). La Sala de Casaci\u00f3n Penal remiti\u00f3 copia de la decisi\u00f3n emitida el 6 de julio actual, aprobada en sala virtual de la misma fecha mediante acta n.\u00ba 171 (ATP992-2021), junto con su respectiva constancia de notificaci\u00f3n. <\/p>\n
b). El Juzgado Cincuenta y Seis Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas Bogot\u00e1, dijo que adelant\u00f3 \u00abel tr\u00e1mite preliminar dentro del proceso CUI: 110016000101 2017 00017 NI: 291170 Diligencias de Legalizaci\u00f3n de Orden de Registro (sic) y Allanamiento, Legalizaci\u00f3n de Captura y Cancelaci\u00f3n de Orden De Captura, Control de Legalidad Posterior de Interceptaci\u00f3n de Comunicaciones, Incautaci\u00f3n de Elementos con Fines de Comiso, Formulaci\u00f3n de Imputaci\u00f3n y Medida de Aseguramiento preventiva privativa de la libertad en establecimiento carcelario\u00bb en contra del accionante y otros, en cuya oportunidad garantiz\u00f3 \u00abtodos los derechos fundamentales a los procesados y el debido proceso\u00bb. <\/p>\n
c.) Al momento del registro del proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n garantiza el derecho fundamental de todas las personas a dirigirse ante las autoridades, y eventualmente, ante los particulares, para obtener una respuesta de fondo a sus solicitudes, formuladas en inter\u00e9s general o particular. El derecho de petici\u00f3n, en consecuencia, tiene una doble dimensi\u00f3n: la posibilidad de acudir ante el destinatario, y, la de obtener una respuesta pronta, congruente y sobre la cuesti\u00f3n planteada, por lo que la esencia de dicha prerrogativa comprende entonces, pronta resoluci\u00f3n, respuesta de fondo, y, notificaci\u00f3n de la respuesta al interesado. <\/p>\n
2. Sin embargo, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales, esta Colegiatura de vieja data ha reiterado, que \u00ablas peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb (ver entre otras STC3077-2021). <\/p>\n
En igual sentido, se ha precisado que \u00abno resulta factible inferir vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n dentro de una actuaci\u00f3n judicial, cuando se presenta una solicitud sobre ella misma y no se responde dentro de los t\u00e9rminos previstos en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, ya que el juez o magistrado que conduce un proceso est\u00e1 sometido a las reglas procesales que disciplinan el mismo y debe distinguirse con claridad entre los actos judiciales y los administrativos que puedan tener a su cargo \u00e9stos. Ante la eventual morosidad en resolver, el derecho fundamental que puede invocar el interesado y ser protegido, si fuere el caso, no es propiamente el de petici\u00f3n sino el debido proceso\u00bb (Cit.). <\/p>\n
Luego, cuando por v\u00eda de tutela se aduce la vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n por parte de una autoridad judicial en curso de una actuaci\u00f3n reglada por las normas procedimentales, incumbe establecer si aquella solicitud concierne o no un asunto propio del proceso, por dem\u00e1s regulado en la ley adjetiva. <\/p>\n
3. En el presente asunto, con apego al escrito de tutela y los medios de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, advierte la Sala que surge patente la improcedencia del amparo reclamado, si se tiene en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
3.1. Por considerar quebrantas sus garant\u00edas superiores al debido proceso, a la honra y al buen nombre, el ciudadano Rodr\u00edguez Henao acudi\u00f3 al juez de tutela para cuestionar las decisiones proferidas en audiencia del 18 y 19 de mayo de 2017, a trav\u00e9s de las cuales el Juzgado Cincuenta y Seis Penal Municipal con Funci\u00f3n de Garant\u00edas de Bogot\u00e1, dispuso, entre otras, legalizar una orden de registro y allanamiento y le impuso una medida de aseguramiento. <\/p>\n
3.2. El conocimiento del anterior asunto correspondi\u00f3 por reparto a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, quien mediante decisi\u00f3n del 31 de agosto de 2017 neg\u00f3 el amparo deprecado, tras considerar que la determinaci\u00f3n acusada no pod\u00eda ser calificada de arbitraria o caprichosa por el simple hecho de ser adversa a las pretensiones del quejoso. <\/p>\n
3.3. Inconforme con lo anterior, el gestor del amparo impugn\u00f3 esa providencia, pero el 10 de octubre de esa misma calenda la Sala de Casaci\u00f3n Penal confirm\u00f3 integralmente el fallo impugnado. <\/p>\n
3.4. El 21 de abril actual y mediante escrito rotulado \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb, reiterado el 17 de junio siguiente v\u00eda correo electr\u00f3nico, el aqu\u00ed tutelante pidi\u00f3 a la Corporaci\u00f3n acusada revisar y revocar \u00abel fallo pronunciado dentro de la acci\u00f3n de tutela 11001220400020170210400\u00bb, as\u00ed como realizar una serie de declaraciones al interior de ese particular asunto constitucional. <\/p>\n
3.5. Para atender el anterior pedimento, mediante decisi\u00f3n ATP992-2021 del pasado 6 de julio, aprobada en sala virtual de esa misma data, la Sala de Casaci\u00f3n Penal dio tr\u00e1mite de \u00abadici\u00f3n de la sentencia\u00bb a la antedicha solicitud, y dispuso no acceder a la misma, por considerar que en \u00abel fallo de segundo grado no se dej\u00f3 de resolver ning\u00fan aspecto esencial, en la medida que confirm\u00f3 integralmente el de primera instancia y este, a su vez, neg\u00f3 el amparo invocado frente a la Fiscal\u00eda 87 Especializada y el Juzgado 56 Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas, ambos de Bogot\u00e1, lo que implica el rechazo de todas las pretensiones de la parte actora, tanto principales como subsidiarias. Por ende, ninguna de ellas qued\u00f3 en estado de indecisi\u00f3n, y se basaron en las pruebas allegadas al expediente tutelar\u00bb. <\/p>\n
4. Aclarado lo anterior, no cabe duda acerca de la improcedencia de la salvaguarda reclamada, comoquiera que, sin lugar a duda, tal y como se expuso en precedencia, lo peticionado por el quejoso se refiere a temas propios del tr\u00e1mite constitucional en comento, luego dicha solicitud no engloba el contenido administrativo que exige el precedente para acceder al resguardo. <\/p>\n
5. No obstante, y con prescindencia de lo expuesto, resalta la Sala que pese a estar acreditado que la petici\u00f3n elevada por el petente concierne a un asunto propio del tr\u00e1mite constitucional ya identificado, la c\u00e9lula judicial convocada, tras considerar que con la misma se estaba solicitando la adici\u00f3n de lo ya determinado en sede de impugnaci\u00f3n al interior de la salvaguarda en comento, en auto del 6 de julio de la presente anualidad le explic\u00f3 al gestor las razones por las cuales su aspiraci\u00f3n no ten\u00eda vocaci\u00f3n de prosperidad, decisi\u00f3n que, vale precisar, fue a su vez fue comunicada al quejoso al canal digital por \u00e9ste informado en el decurso de esta actuaci\u00f3n1; de modo que, al margen de la procedencia de la petici\u00f3n en el marco de asuntos judiciales, la autoridad accionada imparti\u00f3 tr\u00e1mite a esa particular aspiraci\u00f3n, lo que permite colegir adem\u00e1s, que el hecho que origin\u00f3 este asunto se super\u00f3 dentro del presente tr\u00e1mite, si en cuenta se tiene que s\u00f3lo hasta el pasado 2 de agosto se le notific\u00f3 lo resuelto v\u00eda electr\u00f3nica al interesado. <\/p>\n
Sobre ese particular, la Sala ha dicho que \u00abEl hecho superado o la carencia de objeto (\u2026), se presenta: \u201csi la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido toralmente, pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez de amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ STC8980-2021). <\/p>\n
6. En consecuencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se desestimar\u00e1 la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n en caso de no impugnarse. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Remitido al correo electr\u00f3nico ricardo.rodriguez@hotmail.fr, el 2 de agosto de la actual calenda. <\/p>\n
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