STC10078-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10078-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2021-00370-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de once de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Erwin Lechuga Heredia frente a la sentencia emitida el 28 de junio de 2021 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela que \u00e9l impuls\u00f3 contra el Registrador Nacional del Estado Civil. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El convocante deprec\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos \u00aba la participaci\u00f3n pol\u00edtica\u2026[,] a elegir y ser elegido, igualdad y salud\u00bb, presuntamente trasgredidos por el accionado. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar al acusado que \u00abse dise\u00f1e y ponga en funcionamiento una herramienta tecnol\u00f3gica para hacer efectiv[a] la recolecci\u00f3n de firmas de manera virtual para los grupos significativos de ciudadanos que deseen participar en la contienda electoral del pr\u00f3ximo a\u00f1o\u00bb; y que, junto con ello, \u00abdesarrolle una campa\u00f1a de comunicaci\u00f3n para difundir la apropiaci\u00f3n de la nueva herramienta, as\u00ed como un protocolo y manual sobre la misma que abarque el proceso de reconocimiento y validaci\u00f3n de las firmas\u00bb. <\/p>\n
2. La situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para definir el presente asunto es la que as\u00ed se sintetiza: <\/p>\n
2.1. Con miras a las elecciones para el Congreso de la Rep\u00fablica a desarrollarse el pr\u00f3ximo a\u00f1o, en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, el accionado Registrador Nacional del Estado Civil, el pasado 12 de marzo, expidi\u00f3 las Resoluciones Nros. 2098 (Por la cual se fija el calendario electoral para las elecciones de Congreso de la Rep\u00fablica que se realizar\u00e1n el 13 de marzo de 2022) y 2106 (Por la cual se reglamenta el procedimiento para el registro de los comit\u00e9s inscriptores de candidaturas apoyadas por grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales y promotores del voto en blanco, as\u00ed como para la verificaci\u00f3n de las firmas de apoyo presentadas por los mismos, para las elecciones de Congreso de la Rep\u00fablica a celebrarse el 13 de marzo de 2022). <\/p>\n
2.2. En sede de tutela el actor critic\u00f3 que, desconociendo las actuales dificultades derivadas de la pandemia por Covid-19 que a\u00fan afecta a la comunidad mundial, en los referidos actos administrativos la autoridad acusada, a pesar de contar \u00abcon los recursos t\u00e9cnicos y tecnol\u00f3gicos para adecuar la realizaci\u00f3n de las elecciones del pr\u00f3ximo a\u00f1o\u00bb, no adopt\u00f3 la implementaci\u00f3n de alguna herramienta tecnol\u00f3gica para sustituir y evitar el riesgoso contacto personal que para la salud de todos los coasociados demanda la recolecci\u00f3n de firmas aut\u00f3grafas o manuscritas que sujetos como \u00e9l deben obtener con el fin de \u00abparticipar como candidato[s] al Senado de la Rep\u00fablica por una lista de ciudadanos independientes\u00bb, siendo desacertado suponer que \u00ablas circunstancias est\u00e1n dadas\u00bb para que ellos tengan \u00ablas garant\u00edas en igualdad de condiciones que los ya constituidos partidos o movimientos pol\u00edticos, m\u00e1xime cuando se tiene que ir a la calle a recoger firmas justamente en un momento donde nos ronda la enfermedad y la muerte\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, en su sentir, esta solicitud de protecci\u00f3n era viable porque \u00abapelar a los medios ordinarios en defensa de [sus] derechos constitucionales a la participaci\u00f3n pol\u00edtica, no comporta la idoneidad necesaria para defenderlos, m\u00e1xime cuando\u2026 se [l]e est[\u00e1] ocasionando un perjuicio irremediable que [l]e impide participar activamente en las pr\u00f3ximas elecciones\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
El a-quo constitucional declar\u00f3 \u00abimprocedente el amparo solicitado\u00bb al concluir, en lo medular, que \u00abno existe una actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n de la Registradora Nacional del Estado Civil a la que se le pueda endilgar la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales alegados\u00bb, comoquiera que: <\/p>\n
\u2026las directrices que el Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social le ha suministrado a la Registradur\u00eda en este tema de recolecci\u00f3n de firmas junto con los protocolos de bioseguridad contenidos en la Resoluci\u00f3n No. 777 de 2021, que deben ser seguidos por parte de los comit\u00e9s en el desarrollo de esta actividad, permiten evidenciar que la parte accionada ha buscado ofrecer garant\u00edas de seguridad para proteger a la ciudadan\u00eda, mientras ejercen los derechos pol\u00edticos de los comit\u00e9s, de sus eventuales candidatos y de la ciudadan\u00eda firmante, por lo que no es de recibo sostener que al accionante se le haya desconocido su derecho fundamental a participar en la conformaci\u00f3n, ejercicio y control del poder pol\u00edtico, puesto que aunque no se tiene en uso una herramienta tecnol\u00f3gica que permitan (sic) la recolecci\u00f3n de firmas digitales, electr\u00f3nicas o sus equivalentes funcionales, se han adoptado medidas de seguridad para la salud de los ciudadanos que participen en esas actividades. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La propuso el actor insistiendo en sus planteamientos iniciales, destac\u00f3 que era evidente, no la efectiva vulneraci\u00f3n a la que erradamente ci\u00f1\u00f3 su estudio el Tribunal a-quo, sino la amenaza que para los derechos fundamentales -especialmente el de la salud- de los coasociados conlleva la exigencia de la reprochada recolecci\u00f3n de firmas, dado el estado actual de pandemia; aunado a que, iter\u00f3, la entidad representada por el accionado s\u00ed cuenta con las herramientas tecnol\u00f3gicas suficientes para adelantar el mentado acopio de firmas de forma virtual. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de los derechos fundamentales, susceptible de invocar cuandoquiera que estos resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar al juez natural de los asuntos ordinarios, ni tampoco a los conductos comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en lo que concierne a las actuaciones judiciales y administrativas, el resguardo es factible de manera excepcional y ce\u00f1ido a la presencia de una irrefutable \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por antonomasia, cada vez que sobrevenga el presupuesto de la inmediatez. <\/p>\n
2. De cara al caso concreto, de las alegaciones del quejoso se extrae que, en \u00faltimas, su reproche supralegal se concentr\u00f3 en que, a pesar de las crecientes muertes por la pandemia por Covid-19 que afecta a la poblaci\u00f3n mundial, con miras a las elecciones para el Congreso de la Rep\u00fablica de Colombia a desarrollarse el pr\u00f3ximo a\u00f1o, el Registrador Nacional del Estado Civil dict\u00f3 la Resoluci\u00f3n Nro. 2106 de 20211 sin adoptar ning\u00fan procedimiento especial y alternativo para evitar el alto riesgo que para la salud de los coasociados implica el acopio manual de firmas para la inscripci\u00f3n de candidatos en representaci\u00f3n de grupos significativos de ciudadanos. <\/p>\n
Puestas as\u00ed las cosas, la Corte anticipa la confirmaci\u00f3n de la decisi\u00f3n de primer grado, pero por la falta de satisfacci\u00f3n del presupuesto de la subsidiariedad en la formulaci\u00f3n de la demanda de amparo, al advertir que el accionante cont\u00f3 o cuenta con un mecanismo ordinario id\u00f3neo para atacar la decisi\u00f3n que critica al Registrador Nacional del Estado Civil, el cual no acredit\u00f3 haber agotado. <\/p>\n
2.1. En efecto, era o es propicio criticar la legalidad de la resoluci\u00f3n disentida, como acto administrativo que es, a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de nulidad dispuesta en el art\u00edculo 137 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo que configura la causal de improcedencia contemplada en el canon 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
2.2. Consecuentemente, es de recordar que los actos de la administraci\u00f3n p\u00fablica gozan de la presunci\u00f3n de legalidad y acierto, por lo que las controversias que susciten deben ser develadas ante el operador competente, escenario en el que es posible solicitar medidas cautelares \u00abpara proteger y garantizar\u00bb, de modo provisorio, \u00abel objeto del proceso\u00bb, y entre ellas, la suspensi\u00f3n provisional de dichas manifestaciones, conforme lo indicado en los preceptos 229 y 230 -numeral 3\u00b0- de la codificaci\u00f3n en cita; aspecto que derruye lo aducido por el accionante en torno a la supuesta inidoneidad de este tipo de instrumento judicial y, por dem\u00e1s, cualquier viso de perjuicio irremediable, lo que torna inviable la protecci\u00f3n reclamada, incluso como mecanismo transitorio. <\/p>\n
3. En el sub examine, emerge palmario que los gestores basan la trasgresi\u00f3n de sus prerrogativas en el contenido de la Resoluci\u00f3n No. 9594\u2026 de 2019, por la cual la Registradur\u00eda\u2026, en ejercicio de sus atribuciones, estableci\u00f3 \u00abel n\u00famero de concejales a elegir el 27 de octubre de 2019\u00bb para el periodo constitucional 2020-2023, en cada Municipio de la circunscripci\u00f3n electoral de Antioquia, determinando para Itag\u00fc\u00ed 17 y no 19 curules. <\/p>\n
3.1. Surge incontestable que la determinaci\u00f3n reprochada es un acto de car\u00e1cter general, impersonal y abstracto emanado de autoridad en cumplimiento de una funci\u00f3n legal, revestido de la presunci\u00f3n de legalidad que asiste a las manifestaciones de voluntad de la administraci\u00f3n, torn\u00e1ndolo entonces intangible para el juez de amparo al existir, para lo propio, v\u00edas o medios de control instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico para cuestionarlo, ora directamente ante su emisor o ante la Jurisdicci\u00f3n de lo Contencioso Administrativo, siendo estos los escenarios naturales, donde \u00abes posible desvirtuar la presunci\u00f3n de legalidad de que [aquellos] hallan revestidos, siendo el escenario propicio para que los [actores] discutan [los] derechos que reclaman\u00bb (CSJ STC, 25 Abr. 2012, Rad. 00257-01). <\/p>\n
Quiere decir esto, que el debate en torno a este deb\u00eda cumplirse ante los operadores competentes, por medio de las herramientas previstas en la Ley 1437 de 2011 (CPACA) y dem\u00e1s disposiciones concordantes. <\/p>\n
3.2. Bajo esas argumentaciones, advierte la Sala que la concesi\u00f3n de la salvaguarda deprecada no es de recibo, comoquiera que se desatiende el requisito general de procedencia de subsidiariedad. <\/p>\n
De las motivaciones expuestas por los se\u00f1ores\u2026 Duarte y\u2026 Bedoya se evidencia que estos pudieron, desde la emisi\u00f3n del acto, hacer uso de los distintos instrumentos que Ley 1437 de 2011 (CPACA). <\/p>\n
Es pertinente recordar que la Resoluci\u00f3n in examine fue expedida desde el 29 de agosto de 2029, data a partir de la cual los accionantes debieron conocer plenamente su texto y eventuales repercusiones en sus aspiraciones electorales. Tampoco acudieron a la acci\u00f3n de nulidad consagrada en el precepto 137 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que les permit\u00eda instar desde la presentaci\u00f3n de la demanda o en cualquier estado del proceso, las medidas cautelares que considerara[n] pertinentes, al tenor del art\u00edculo 230 de la misma codificaci\u00f3n. <\/p>\n
Como ha sostenido esta Corporaci\u00f3n, desde tiempo atr\u00e1s <\/p>\n
\u00abPor tratarse de actos administrativos, el debate acerca de su legalidad cumple suscitarlo ante los Jueces Contenciosos Administrativos competentes (\u2026). Adem\u00e1s, en este escenario la interesada puede solicitar medida cautelar (\u2026), raz\u00f3n por la cual no se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional ni siquiera como mecanismo transitorio. As\u00ed las cosas, y en vista de que no se cumple el requisito de la subsidiariedad, la Corte confirmar\u00e1, (\u2026) la decisi\u00f3n de primera instancia que resolvi\u00f3 negar el amparo\u00bb (CSJ STC, 9 dic. 2011, rad. 2011-00330-01; criterio reiterado, entre muchas otras, en STC de 11 mar. 2013, rad. 2013-00024-01; y STC de 29 sep. 2014, rad. 2014-01421-01). <\/p>\n
Y es que si el ordenamiento dispone los instrumentos jur\u00eddicos para el resguardo de las prerrogativas esenciales, es a aquellos a los que se ha de acudir, y no a esta s\u00faplica supra legal, que no ha sido consagrada para provocar la iniciaci\u00f3n de procesos alternativos o sustitutos de los ordinarios o especiales, o para modificar las reglas que demarcan los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces, ni para crear instancias adicionales a las existentes, o suplir la negligencia del individuo en la defensa de sus derechos, o revivir etapas u oportunidades desde\u00f1adas, dado el prop\u00f3sito claro, definido, estricto y espec\u00edfico fijado en el precepto 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
Ha sido reiterativa esta Corte al se\u00f1alar, que \u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria\u00bb (CSJ SC 6 Jul. 2010, Exp. 00241-01 y 2 Mar. 2011, Exp. 2010-000380-01; criterio reiterado en STC3512-2015; STC1510-2016 11 feb. 2016, Rad. 2015-0617-01). <\/p>\n
4. Finalmente, en lo que refiere a la acci\u00f3n de tutela como mecanismo transitorio para precaver un perjuicio irremediable a los accionantes, tampoco resulta procedente, en raz\u00f3n a que no se \u00ab\u2026han demostrado las circunstancias necesarias para conceder la tutela como mecanismo transitorio, por cuanto que sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional\u00bb (CSJ STC 11 may. 2010, Rad. 00249-01 reiterada en STC10782-2014). En definitiva, \u00abno hay evidencia sobre la presencia del da\u00f1o, esto es, grave e inminente, no meramente eventual, que s\u00f3lo pueda conjurarse con las medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC de 14 de dic. de 2011, Rad. 2011-00162-01; 18 de oct. de 2012, Rad. 2012-00213-01; 10 de jul. de 2013, Rad. 2013-00351-01 y 25 de jul. de 2013 Rad. 2013-00960) (CSJ STC, 10 jun. 2020, rad. 2020-00143-01). <\/p>\n
3. Lo consignado, entonces, impone respaldar el veredicto de primer rango, pero por las razones aqu\u00ed consignadas que no por las del a-quo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y, en oportunidad, env\u00edense las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 \u00abPor la cual se reglamenta el procedimiento para el registro de los comit\u00e9s inscriptores de candidaturas apoyadas por grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales y promotores del voto en blanco, as\u00ed como para la verificaci\u00f3n de las firmas de apoyo presentadas por los mismos, para las elecciones de Congreso de la Rep\u00fablica a celebrarse el 13 de marzo de 2022\u00bb. <\/p>\n
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