STC10079-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
STC10079-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02209-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de once de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide la tutela impetrada por Claudia Patricia y Mar\u00eda Camila Garc\u00eda Ram\u00edrez y Uriel Jos\u00e9 Garc\u00eda Garc\u00eda frente a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, espec\u00edficamente respecto al magistrado Dar\u00edo Ignacio Estrada San\u00edn, y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de R\u00edo Negro, con ocasi\u00f3n del juicio ejecutivo hipotecario iniciado por los aqu\u00ed petentes contra Jos\u00e9 Alberto Casta\u00f1o y Maricela Ruiz, con radicado n\u00b0. 2019-0230-01. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. A trav\u00e9s de apoderado judicial, laos accionantes reclaman la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso, acceso a administraci\u00f3n de justicia e igualdad, presuntamente violentadas por los convocados.<\/p>\n
2. En sustento de su queja, manifiestan, en s\u00edntesis, que, iniciaron el aludido compulsivo con base en la escritura de hipoteca n\u00b0 1725 del 27 de septiembre de 2012 de la Notar\u00eda Quinta del C\u00edrculo Notarial de Medell\u00edn, la cual recae sobre el inmueble identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00b0 020-49069, y en favor de su extinto padre, Uriel Antonio Garc\u00eda Jim\u00e9nez. Refieren que la obligaci\u00f3n estaba respaldada en seis pagar\u00e9s por un valor total de $550.000.000. <\/p>\n
Mediante auto de 18 de septiembre de 2019, el estrado accionado libr\u00f3 mandamiento de pago a favor de los aqu\u00ed gestores, por la suma de $550.000.000. <\/p>\n
En sentencia de 19 de octubre de 2019, el juez de primer grado desestim\u00f3 las pretensiones de los ejecutantes y, en su lugar, declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n formulada por los ejecutados, denominada \u201cprescripci\u00f3n extintiva\u201d; determinaci\u00f3n confirmada, en sede de apelaci\u00f3n, por el colegiado confutado, en providencia de 8 de junio de 2021. <\/p>\n
En criterio de los accionantes, dichas decisiones son arbitrarias, \u201cpor no considerar medios probatorios pertinentes para la resoluci\u00f3n de la litis\u201d, al pasar por alto que la inactividad de los acreedores no devino de su negligencia intencional, sino de hechos ajenos a su voluntad, pues, seg\u00fan refieren, se hallaban imposibilitados para ejecutar la obligaci\u00f3n hipotecaria, por cuanto se adelantaba un juicio declarativo de nulidad de la escritura p\u00fablica, del cual depend\u00eda la vigencia del gravamen sobre el inmueble. <\/p>\n
Consideran que los convocados efectuaron una hermen\u00e9utica caprichosa del art\u00edculo 2512 del C\u00f3digo Civil, pues solo se limitaron a determinar el c\u00f3mputo del tiempo, \u201csin configurarse de esta manera el supuesto de hecho que requiere la aplicaci\u00f3n de la norma sustantiva\u201d. <\/p>\n
A\u00f1aden que la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria corre por t\u00e9rminos muy diferentes a la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n hipotecaria. <\/p>\n
3. Piden, en concreto, revocar las sentencias cuestionadas. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta del accionado y vinculados <\/p>\n
1. El juzgado confutado defendi\u00f3 la legalidad de su proceder y alleg\u00f3 copia de la actuaci\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
2. El tribunal convocado se limit\u00f3 a remitir el v\u00ednculo del expediente digital. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Los accionantes cuestionan la sentencia de 8 de junio de 2021, a trav\u00e9s de la cual el tribunal accionado confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del juez de primer grado de 19 de octubre de 2019, que desestim\u00f3 las pretensiones de los ejecutantes y, en su lugar, declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n formulada por los ejecutados, denominada \u201cprescripci\u00f3n extintiva\u201d. <\/p>\n
2. De entrada, ha de anunciarse que el an\u00e1lisis constitucional se circunscribir\u00e1 a la decisi\u00f3n de segunda instancia porque con ella se zanj\u00f3 la controversia y, en \u00faltimas, ese es el criterio que se impone jur\u00eddicamente mientras no sea revocado o infirmado. Lo antelado, espec\u00edficamente frente a los argumentos cuestionados en el escrito de tutela. <\/p>\n
3. Revisada la providencia censurada, de entrada, se descarta la irregularidad alegada, por las razones que pasan a exponerse. <\/p>\n
El colegiado confutado, empez\u00f3 recordando las normas que gobiernan el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n. Enseguida, precis\u00f3 que, conforme a los antecedentes del caso: <\/p>\n
\u201c(\u2026) En el subj\u00fadice, los se\u00f1ores Claudia Patricia Garc\u00eda Ram\u00edrez, Mar\u00eda Camila Garc\u00eda Garc\u00eda y Uriel Jos\u00e9 Garc\u00eda Garc\u00eda, en condici\u00f3n de herederos del se\u00f1or Uriel Antonio Garc\u00eda Jim\u00e9nez pretendieron la ejecuci\u00f3n de las obligaciones dinerarias contenidas en seis pagar\u00e9s que ascienden en total a la cifra de $550.000.000 y cuyo obligado directo, tal y como se desprende de la literalidad de los mismos, es el se\u00f1or Luis Eduardo Ardila Jaramillo, quien adem\u00e1s constituy\u00f3 hipoteca abierta sin l\u00edmite en la cuant\u00eda mediante Escritura P\u00fablica Nro. 1725 del 27 de septiembre de 2012 de la Notar\u00eda Quinta del C\u00edrculo Notarial de Medell\u00edn la cual recae sobre el inmueble identificado con el Folio de Matr\u00edcula Inmobiliaria Nro. 020-49069 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Rionegro en favor del se\u00f1or Uriel Antonio Garc\u00eda Jim\u00e9nez por valor de $150.000.000. <\/p>\n
\u201cCon todo, los referidos pagar\u00e9s guardaban plena identidad en lo que concierne al plazo en el que ser\u00edan cubiertos, esto es, el 27 de septiembre de 2013, por lo que los enjuiciados advirtieron en su r\u00e9plica que conforme las reglas prescriptivas del pagar\u00e9 previstas en el art\u00edculo 789 del C\u00f3digo de Comercio la acci\u00f3n cambiaria directa, en el caso concreto, era de tres (3) a\u00f1os a partir del d\u00eda del vencimiento. Es decir, la oportunidad para accionar ejecutivamente expiraba para los ejecutantes el 27 de septiembre de 2016 mientras que el presente juicio ejecutivo fue presentado el 2 de septiembre de 2019 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Del an\u00e1lisis de dichos supuestos f\u00e1cticos, el tribunal coligi\u00f3 el acierto del a quo, al advertir el injustificado el paso del tiempo para que los acreedores reclamaran ejecutivamente las prestaciones obligacionales contenidas en los t\u00edtulos adosados. Sobre el particular anot\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) N\u00f3tese que de la misma literalidad de los pagar\u00e9s presentados para su cobro y del simple ejercicio subsuntivo respecto a la regla planteada en el art\u00edculo 789 del C\u00f3digo de Comercio frente a la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria, el a quo concluy\u00f3 la prescripci\u00f3n de las obligaciones all\u00ed contenidas, pues all\u00ed mismo se indic\u00f3 la fecha de vencimiento de las prestaciones, esto es el 27 de septiembre de 2013, fecha que contrastada con los 3 a\u00f1os de los que trata la norma en comento y el momento de presentaci\u00f3n de la demanda, permiten afirmar que en el particular, en efecto, oper\u00f3 la prescripci\u00f3n de la obligaci\u00f3n reclamada. F\u00edjese adem\u00e1s que para arribar a dicha afirmaci\u00f3n no asomaban \u00fatiles, conducentes o necesarios otros medios de prueba distintos a la misma literalidad de los t\u00edtulos aportados cuyo contenido ofreci\u00f3 una verdad incontestable sobre el paso el tiempo, en especial, sobre la inacci\u00f3n de los acreedores al tr\u00e1mite previsto para su cobro. <\/p>\n
\u201cNo advierte entonces esta Sala de Decisi\u00f3n una trasgresi\u00f3n a la congruencia en lo resuelto puesto que las pretensiones versaron sobre la ejecuci\u00f3n de los seis (6) pagar\u00e9s suscritos el 27 de septiembre de 2012 con vencimiento al 27 de septiembre de 2013 y el consecuencial embargo y secuestro del inmueble hipotecado, y precisamente sobre aquellos t\u00edtulos recay\u00f3 el examen prescriptivo y sobre aquel inmueble se orden\u00f3 la cancelaci\u00f3n de la hipoteca en raz\u00f3n a la extinci\u00f3n de la obligaci\u00f3n principal, sin que se avisten desajustes normativos en su aplicaci\u00f3n, interpretaciones arbitrarias en la valoraci\u00f3n de las pruebas aportadas o ausencia de motivaci\u00f3n en lo considerado, en tanto las resultas decisionales fueron producto de las demostraciones que constaron en el dossier procesal (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En lo concerniente a la supuesta imposibilidad f\u00e1ctica de los acreedores, para iniciar la acci\u00f3n cambiaria de manera oportuna, el tribunal precis\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Sobre el tema, esta Sala de Decisi\u00f3n considera que una vez acaecido el vencimiento de las obligaciones pactadas en los pagar\u00e9s adunados para su cobro y abri\u00e9ndose paso la acci\u00f3n cambiaria para su ejecuci\u00f3n, si bien sobrevino la ilicitud de la cancelaci\u00f3n de la hipoteca efectuada como garant\u00eda de la obligaci\u00f3n que mereci\u00f3 pronunciamiento judicial para mantener la pervivencia del gravamen, lo cierto es que no asoma palmaria la imposibilidad jur\u00eddica de acci\u00f3n referida por los apelantes, puesto que la justificada defensa ejercida en pro de la garant\u00eda hipotecaria no resultaba excluyente del cobro de los anotados pagar\u00e9s como fuente principal de la obligaci\u00f3n que precisamente dio origen al gravamen con su natural adjetivaci\u00f3n accesoria, debi\u00e9ndose memorar que la efectividad de lo accesorio est\u00e1 directa vinculada a la suerte de lo principal y no al contrario, por lo que no es dable entender que en el presente asunto las discusiones sobre lo accesorio fijen los derroteros sustanciales sobre lo principal, en otros dichos, las vicisitudes sobrevinientes sobre la hipoteca no tienen la virtualidad de modular el clausulado de los t\u00edtulos valores que precisamente dieron origen a la obligaci\u00f3n hipotecaria, por lo que era perfectamente posible, una vez avistado el incumplimiento a lo pactado en los pagar\u00e9s suscritos iniciar las acciones tendientes para su ejecuci\u00f3n y cobro\u201d. <\/p>\n
\u201cDe modo que debi\u00f3 mantenerse vigente en el plano jur\u00eddico, en primer lugar, la exigibilidad en el tiempo de los t\u00edtulos presentados para su recaudo con el fin de asegurar el escenario para su ejecuci\u00f3n o bien interrumpir su prescripci\u00f3n mientras se desataban los desarreglos advertidos con la garant\u00eda hipotecaria que respald\u00f3 los pagar\u00e9s adunados, en tanto si bien es innegable la relaci\u00f3n de interdependencia negocial existente entre el contrato de mutuo celebrado entre el se\u00f1or Luis Eduardo Ardila Jaramillo y el se\u00f1or Uriel Antonio Garc\u00eda Jim\u00e9nez, la suscripci\u00f3n de los pagar\u00e9s para respaldar la obligaci\u00f3n y la constituci\u00f3n de hipoteca en garant\u00eda de los pagar\u00e9s, lo cierto es que no puede perderse de vista que averiguada la finalidad de la prescripci\u00f3n, que no es otra que la de consolidar situaciones jur\u00eddicas concretas, no pod\u00edan mantenerse irresolutas en el tiempo las obligaciones dinerarias contenidas en los pagar\u00e9s a la espera de la soluci\u00f3n de controversias que finalmente versaban sobre asuntos de cariz accesorio que no modulaban de forma alguna las normas que gobiernan la prescripci\u00f3n, por dem\u00e1s, de orden p\u00fablico y por ende no disponibles ni modificables, raz\u00f3n por la que se confirmar\u00e1 la sentencia enrostrada y se condenar\u00e1 en costas a la parte ejecutante (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Las conclusiones adoptadas son l\u00f3gicas, de su lectura, prima facie, no refulge v\u00eda de hecho. El colegiado accionado efectu\u00f3 un an\u00e1lisis minucioso de los antecedentes del caso y desvirtu\u00f3, conforme a las pruebas obrantes en el plenario, los reparos enlistados frente a la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
La demanda de nulidad frente a la aludida escritura no le imped\u00eda a los aqu\u00ed quejosos, haber concurrido en tiempo en aras de lograr el recaudo de la deuda, por lo cual deviene razonable la tesis del tribunal seg\u00fan la cual no pod\u00edan mantenerse irresolutas en el tiempo las obligaciones dinerarias contenidas en los pagar\u00e9s a la espera de la soluci\u00f3n de las controversias que finalmente versaban sobre asuntos de orden accesorio. <\/p>\n
N\u00f3tese, el compulsivo cuestionado se inici\u00f3 con el fin de ejecutar las obligaciones dinerarias contenidas en los pagar\u00e9s: <\/p>\n
<\/p>\n
* Pagar\u00e9 Nro. 1 del 27 de septiembre de 2012 por valor de $100.000.000 con un inter\u00e9s mensual anticipado del 1.5% del capital cuyo vencimiento fue del 27 de septiembre de 2013.<\/p>\n
* Pagar\u00e9 Nro. 2del 27 de septiembre de 2012 por valor de $100.000.000 con un inter\u00e9s mensual anticipado del 1.5% del capital cuyo vencimiento fue del 27 de septiembre de 2013.<\/p>\n
* Pagar\u00e9 Nro. 3del 27 de septiembre de 2012 por valor de $100.000.000 con un inter\u00e9s mensual anticipado del 1.5% del capital cuyo vencimiento fue del 27 de septiembre de 2013.<\/p>\n
* Pagar\u00e9 Nro. 4del 27 de septiembre de 2012 por valor de $100.000.000 con un inter\u00e9s mensual anticipado del 1.5% del capital cuyo vencimiento fue del 27 de septiembre de 2013.<\/p>\n
* Pagar\u00e9 Nro. 5del 27 de septiembre de 2012 por valor de $100.000.000con un inter\u00e9s mensual anticipado del 1.5% del capital cuyo vencimiento fue del 27 de septiembre de 2013.<\/p>\n
* Pagar\u00e9 Nro. 6del 27 de septiembre de 2012 por valor de $50.000.000 con un inter\u00e9s mensual anticipado del 1.5% del capital cuyo vencimiento fue del 27 de septiembre de 2013. <\/p>\n
De las datas antes citadas se colige sin atisbo de duda, en el sublite se configur\u00f3 el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria, pues, a la luz del art\u00edculo 789 del C\u00f3digo de Comercio, \u00e9sta \u201cprescribe en tres a\u00f1os a partir del d\u00eda del vencimiento\u201d; raz\u00f3n por la cual la oportunidad para promover el coercitivo expiraba para los ejecutantes el 27 de septiembre de 2016; no obstante, la demanda se present\u00f3 hasta el 2 de septiembre de 2019. <\/p>\n
Ahora, no puede olvidarse que la finalidad de la hipoteca abierta sin l\u00edmite de cuant\u00eda, es garantizar una obligaci\u00f3n principal, pues, de ello deviene su car\u00e1cter accesorio. Sobre el particular, esta Corporaci\u00f3n, recientemente precis\u00f3: <\/p>\n
De esta manera, la providencia examinada no se observa descabellada al punto de permitir la injerencia de esta justicia. Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte, \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para rogar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n
Ha de recordarse, adem\u00e1s, que la apreciaci\u00f3n de las probanzas se caracteriza por ser un acto aut\u00f3nomo del juez natural, en el marco de la sana cr\u00edtica, por lo cual <\/p>\n
\u201c(\u2026) resulta infructuoso en esta sede recriminar la apreciaci\u00f3n de los medios de acreditaci\u00f3n hecha por los juzgadores naturales, dado que ese es el espacio en el que con especial \u00e9nfasis emerge el principio constitucional de la independencia judicial; en efecto, en m\u00faltiples sentencias, entre ellas, la de 29 de junio de 2011, exp. 2011-01252-00, la Corte ha decantado que: \u2018(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia (\u2026)\u2019, condiciones que no se vislumbran en el caso concreto (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
4. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencionales las decisiones atacadas. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
4.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio6. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-7, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales8; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas9. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
5. Por los anteriores argumentos, se negar\u00e1 la salvaguarda deprecada. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR la tutela impetrada por Claudia Patricia y Mar\u00eda Camila Garc\u00eda Ram\u00edrez y Uriel Jos\u00e9 Garc\u00eda Garc\u00eda frente a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, espec\u00edficamente respecto al magistrado Dar\u00edo Ignacio Estrada San\u00edn, y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de R\u00edo Negro, con ocasi\u00f3n del juicio ejecutivo hipotecario iniciado por los aqu\u00ed petentes contra Jos\u00e9 Alberto Casta\u00f1o y Maricela Ruiz, con radicado n\u00b0. 2019-0230-01. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ, STC, sentencia de 4 de mayo de 2020, Expediente 68001-22-13-000-2020-00044-01. <\/p>\n
2\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
3\u0002 CSJ. STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
4\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
5\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
6\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
7\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
8\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
9\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 – 308. <\/p>\n
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STC10079-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA STC10079-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02209-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de once de agosto de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021) Se decide la tutela impetrada por Claudia Patricia y Mar\u00eda Camila Garc\u00eda Ram\u00edrez […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56252","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56252","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56252"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56252\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56252"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56252"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56252"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}