STC10080-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10080-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02418-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de once de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Se decide la tutela impetrada por Juan Boh\u00f3rquez Torres frente a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, espec\u00edficamente respecto al magistrado Bernardo Arturo Rodr\u00edguez S\u00e1nchez y los conjueces Germ\u00e1n Mart\u00ednez Rojas y Mario Humberto Rodr\u00edguez Sep\u00falveda, y el Juzgado Promiscuo de Familia de Garagoa, con ocasi\u00f3n del juicio de petici\u00f3n de herencia iniciado por la aqu\u00ed petente contra Mar\u00eda Ofelia Boh\u00f3rquez, con radicado n\u00b0. 2018-0069-01. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. A trav\u00e9s de apoderado judicial, el accionante reclama la protecci\u00f3n de su prerrogativa al debido proceso, presuntamente violentadas por los convocados. <\/p>\n
2. Del extenso escrito inicial y de la informaci\u00f3n aqu\u00ed allegada, se extraen, en s\u00edntesis, los siguientes supuestos f\u00e1cticos: <\/p>\n
El aqu\u00ed quejoso formul\u00f3 la aludida demanda de petici\u00f3n de herencia solicitando se declarara que ten\u00eda \u201cvocaci\u00f3n hereditaria\u201d para suceder a su finado padre, Marco Antonio Boh\u00f3rquez Toro, en el primer orden hereditario, en igualdad de derechos que la demandada. <\/p>\n
En sentencia de primera instancia, emitida el 23 de septiembre de 2019, el juzgado accionado declar\u00f3 la prosperidad de la excepci\u00f3n denominada falta de legitimidad para actuar, por carencia de \u201cvocaci\u00f3n hereditaria\u201d; determinaci\u00f3n confirmada, en sede de apelaci\u00f3n, por el colegiado accionado, el 21 de enero de 2021. <\/p>\n
En criterio del accionante, las decisiones precitadas <\/p>\n
\u201c(\u2026) incurrieron en defecto f\u00e1ctico al proferir sus providencias judiciales sin darle la validez probatoria a las copias del registro civil de nacimiento de mi cliente legalmente expedidas por la Registradur\u00eda Municipal de \u00dambita, y en cambio darle validez probatoria a un documento que no lo tiene, como es la fotocopia de una certificaci\u00f3n expedida por el alcalde de \u00dambita en el a\u00f1o 1979 que sirvi\u00f3 para la expedici\u00f3n de la c\u00e9dula de mi cliente. Por consiguiente, el Tribunal y el Juzgado tomaron una decisi\u00f3n que incurre en v\u00eda de hecho como consecuencia de una de una apreciaci\u00f3n irrazonable de las pruebas del estado civil de mi cliente (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Pide, en concreto, revocar las decisiones cuestionadas y, en su lugar, ordenar la emisi\u00f3n de otro pronunciamiento en donde se tenga <\/p>\n
\u201c(\u2026) como prueba de la calidad de heredero de mi cliente el registro civil de nacimiento con el serial No. 152568275 del 26 de diciembre de 2017, de la Registradur\u00eda Municipal de \u00dambita (Boyac\u00e1) que corrige al registro civil con el serial No. 37793630 del 27 de septiembre de 2007 de la Registradur\u00eda Municipal de \u00dambita (Boyac\u00e1), reconstruido con base en la Resoluci\u00f3n No. 3006 del 26 de junio de 2007 ordenada por el Director Nacional del Registro Civil (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta del accionado y vinculados <\/p>\n
1. Mar\u00eda Ofelia Boh\u00f3rquez Velosa, se opuso a la prosperidad del amparo, se\u00f1alando que la actora acude a esta sede, como si se tratara de una instancia adicional para controvertir una decisi\u00f3n que ya tiene efectos de cosa juzgada. <\/p>\n
2. El estrado convocado se limit\u00f3 a remitir el enlace digital del expediente objeto del amparo. Lo propio hizo el tribunal convocado. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El accionante cuestiona la sentencia de 21 de enero de 2021 por la cual el colegiado confutado confirm\u00f3, en sede de apelaci\u00f3n, la providencia de 23 de septiembre de 2019, que deneg\u00f3 las pretensiones de aqu\u00e9l en el aludido proceso de petici\u00f3n de herencia y, en su lugar, declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n denominada \u201cfalta de legitimidad para actuar, por carencia de vocaci\u00f3n hereditaria\u201d. <\/p>\n
2. De entrada, ha de anunciarse que el an\u00e1lisis constitucional se circunscribir\u00e1 a la decisi\u00f3n de segundo grado porque con ella se zanj\u00f3 la controversia y, en \u00faltimas, ese es el criterio que se impone jur\u00eddicamente mientras no sea revocado o infirmado. Lo antelado, espec\u00edficamente frente a los argumentos cuestionados en el escrito de tutela. <\/p>\n
3. Revisada la providencia que zanj\u00f3 la alzada, se descarta la arbitrariedad alegada por las razones que pasan a exponerse. <\/p>\n
El colegiado accionado empez\u00f3 precisando que los argumentos presentados por el recurrente se concretaron en aducir su calidad de hijo extramatrimonial, se\u00f1alando que Marco Antonio Boh\u00f3rquez Toro efectu\u00f3 ese reconocimiento, ante la Alcald\u00eda Municipal de \u00dambita, en acta obrante en el libro 12, folio 26 de 1960; documento que, al ser extraviado se reconstruy\u00f3, quedando reemplazado con la emisi\u00f3n del registro civil 152568275 de 26 de diciembre de 2017, ordenada en el proceso de jurisdicci\u00f3n voluntaria adelantado en el Juzgado Promiscuo Municipal de la misma localidad, en decisi\u00f3n de 7 de diciembre de 2017. <\/p>\n
Posteriormente, el tribunal destac\u00f3 que el a quo hab\u00eda efectuado una revisi\u00f3n minuciosa de dichas probanzas, de donde coligi\u00f3 que la certificaci\u00f3n del acto de reconstrucci\u00f3n de la informaci\u00f3n registrada en el folio 12 del libro 26 de nacimientos del a\u00f1o 1960, dio fe de que el aqu\u00ed petente era hijo leg\u00edtimo de Boh\u00f3rquez Toro, raz\u00f3n por la cual, aun cuando careciera de la firma del padre, era necesario acreditar, como prueba adicional, el matrimonio de los padres. <\/p>\n
Sobre el particular anot\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Tal y c\u00f3mo lo razon\u00f3 la juez en la audiencia en la que se pronuncia la sentencia, si el alcalde de la \u00e9poca en que se sent\u00f3 la partida a folio 12 del libro 26 de nacimientos en el a\u00f1o 1960 hizo constar que era hijo leg\u00edtimo, obviamente no se ten\u00eda por qu\u00e9 exigir la firma del padre, pues bastaba solamente con acreditar el m entre los padres del registrado, para que la filiaci\u00f3n paterna quedara definida v\u00eda presunci\u00f3n del art\u00edculo 213 del CC. Pero como la realidad probatoria, por prueba de confesi\u00f3n, da evidencia que los padres del se\u00f1or Juan Boh\u00f3rquez Torres no fueron casados, fuerza concluir que el funcionario del registro original efectu\u00f3 de manera err\u00f3nea la inscripci\u00f3n sin que ello pueda generar un derecho que no se tiene en la realidad\u201d <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cEs por ello que ante la falta de prueba del matrimonio entre los padres del demandante, una vez verificados los documentos aportados por el actor, refulge evidente que el se\u00f1or Juan Boh\u00f3rquez Torres debi\u00f3 haber sido objeto de reconocimiento del que se dijo era su padre para que as\u00ed quedara debidamente filiado por la v\u00eda paterna, por lo que en los citados registros civiles (\u2026) debiera estar la firma de quien se relaciona como padre, se\u00f1or MARCO ANTONIO BOH\u00d3RQUEZ TORO, omiti\u00e9ndose as\u00ed el requisito decantado en el art\u00edculo 2 de la Ley 45 de 1936 (\u2026)\u201d <\/p>\n
Frente al argumento del recurrente, seg\u00fan el cual la sola manifestaci\u00f3n del entonces alcalde del municipio de \u00dambita, gozaba de la presunci\u00f3n de autenticidad contenida en el art\u00edculo 103 del Decreto 1260 de 1970 y, por lo tanto, deb\u00eda tenerse como v\u00e1lido su reconocimiento como hijo leg\u00edtimo; el tribunal se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) si bien el alcalde de \u00dambita era el competente para expedir la certificaci\u00f3n que da fe del nacimiento, \u00e9sta en su literalidad alude a la condici\u00f3n de Juan Boh\u00f3rquez Torres como hijo leg\u00edtimo y no natural o extramatrimonial, calidad esta primera que, entonces debe ser acreditada allegando el registro civil del matrimonio de sus padres, para que pueda operar la presunci\u00f3n contenida en el art\u00edculo 213 del C\u00f3digo Civil, caso en el cual no se hablar\u00eda entonces del reconocimiento de hijo natural o extramatrimonial (condici\u00f3n reconocida y confesada por el actor), sino de la existencia de presunci\u00f3n de legitimidad del hijo concebido dentro del matrimonio. Y al tratarse de un hijo natural o extramatrimonial no puede hablarse de reconocimiento paterno porque simplemente no figura, no se hizo por el padre, no aparece que haya firmado el acta o partida de registro civil del se\u00f1or JUAN BOH\u00d3RQUEZ TORO (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Las conclusiones adoptadas son l\u00f3gicas, de su lectura, prima facie, no refulge v\u00eda de hecho. El colegiado accionado efectu\u00f3 un an\u00e1lisis minucioso de los antecedentes del caso y coligi\u00f3, conforme a la normatividad aplicable y las pruebas obrantes en el plenario, que el actor no logr\u00f3 acreditar el reconocimiento paterno filial por parte del causante Marco Antonio Boh\u00f3rquez Toro; de donde hall\u00f3 razonable confirmar la decisi\u00f3n del a quo, de declarar pr\u00f3spera la excepci\u00f3n de fondo que alude a la falta de legitimaci\u00f3n del demandante, por carencia de vocaci\u00f3n hereditaria. <\/p>\n
4. Ahora, valga precisar que el reconocimiento es un acto o negocio jur\u00eddico de car\u00e1cter familiar realizado por el padre o la madre que, como manifestaci\u00f3n de la persuasi\u00f3n, fe y convicci\u00f3n interna del reconocedor no supeditado a prueba, el cual, puede surtirse antes o despu\u00e9s del nacimiento. Consiste en una declaraci\u00f3n (i) unilateral, (ii) voluntaria, (iii) solemne, (iv) irrevocable, (v) vinculante para el otorgante desde su materializaci\u00f3n, (vi) pero tambi\u00e9n oponible al reconocido una vez notificado y aceptado; adem\u00e1s, (vii) es impugnable. <\/p>\n
La ley ha previsto, cuatro formas expl\u00edcitas de hacerlo: <\/p>\n
4.1. Reconocimiento en el registro civil de nacimiento. Se hace al momento de inscribirlo dentro de los treinta d\u00edas siguiente al nacimiento o posteriormente mediante declaraci\u00f3n firmando el acta por quien lo hace y autoriz\u00e1ndola el funcionario del estado civil facultado para el caso. El art. 1 de la Ley 75 de 1968 que modific\u00f3 el art. 2 de la Ley 45 de 1936 en el numeral 1 dispone: <\/p>\n
\u201c(\u2026) 1. En el acta de nacimiento, firm\u00e1ndola quien reconoce. <\/p>\n
\u201cEl funcionario del Estado civil que extienda la partida de nacimiento de un hijo natural, indagar\u00e1 por el nombre, apellido, identidad y residencia del padre y de la madre, e inscribir\u00e1 como tales a los que el declarante indique, con expresi\u00f3n de alg\u00fan hecho probatorio y protesta de no faltar a la verdad. La inscripci\u00f3n del nombre del padre se har\u00e1 en libro especial destinado a tal efecto y de ella s\u00f3lo se expedir\u00e1n copias a las personas indicadas en el ordinal 4\u00ba inciso 2\u00ba de este art\u00edculo y a las autoridades judiciales y de polic\u00eda que las solicitaren. <\/p>\n
\u201cDentro de los treinta d\u00edas siguientes a la inscripci\u00f3n, el funcionario que la haya autorizado la notificar\u00e1 personalmente al presunto padre, si \u00e9ste no hubiere firmado el acta de nacimiento. El notificado deber\u00e1 expresar, en la misma notificaci\u00f3n, al pie del acta respectiva, si acepta o rechaza el car\u00e1cter de padre que en ella se le asigna, y si negare ser suyo el hijo, el funcionario proceder\u00e1 a comunicar el hecho al defensor de menores para que \u00e9ste inicie la investigaci\u00f3n de la paternidad. <\/p>\n
\u201cIgual procedimiento se seguir\u00e1 en el caso de que la notificaci\u00f3n no pueda llevarse a cabo en el t\u00e9rmino indicado o de que el declarante no indique el nombre del padre o de la madre. <\/p>\n
\u201cMientras no sea aceptada la atribuci\u00f3n por el notificado, o la partida de nacimiento no se haya corregido en obediencia a fallo de la autoridad competente, no se expresar\u00e1 el nombre del padre en las copias que de ella llegaren a expedirse (\u2026)\u201d. <\/p>\n
4.2. Reconocimiento por escritura p\u00fablica, se trata de una forma diferente que sigue los ritos de las escrituras p\u00fablicas ante notario o quien haga sus veces, llenando los requisitos de las mismas, sea que tengan como objeto \u00fanicamente ese prop\u00f3sito o que se trate de un asunto diferente, pero en todo caso, realizado en asunto que deba surtirse por escritura p\u00fablica, que como tales luego se incorporan en los protocolos notariales. Esta prevista en el n\u00fam. 2. del art. 1 de la Ley 75 de 1968 que modific\u00f3 el art. 2 del 1 de la Ley 45 de 1936, cuando plasma que el reconocimiento podr\u00e1 hacerse \u201cpor escritura p\u00fablica\u201d. <\/p>\n
4.3. Reconocimiento por testamento. Este negocio jur\u00eddico es la manifestaci\u00f3n unilateral de la voluntad sobre el patrimonio de una persona, individual, personal\u00edsima, m\u00e1s o menos solemne en la forma abierta o cerrada, donde el disponente puede reconocer un hijo como suyo, acto jur\u00eddico que, aun cuando revocable en el todo, no lo es ni ser\u00e1 respecto del reconocimiento. El art. 1 de la Ley 75 de 1968 que modific\u00f3 el art. 2 de la Ley 45 de 1936, precisamente autoriza el reconocimiento por \u201c(\u2026) testamento, caso en el cual la renovaci\u00f3n de \u00e9ste no implica la del reconocimiento\u201d. <\/p>\n
4.4. Reconocimiento ante juez de la Rep\u00fablica. Se trata de la manifestaci\u00f3n expresa y directa que hace el reconocedor ante el juez, as\u00ed el reconocimiento no haya sido el objeto \u00fanico y principal de la diligencia judicial, o as\u00ed no sea juicio de investigaci\u00f3n de paternidad el tema, la causa u objeto del litigio judicial donde se reconoce al hijo. El art. 1 de la Ley 75 de 1968 que modific\u00f3 el art. 2 de la Ley 45 de 1936 en el n\u00fam. 4, dispone: \u201cPor manifestaci\u00f3n expresa y directa hecha ante un juez, aunque el reconocimiento no haya sido el objeto \u00fanico y principal del acto que lo contiene\u201d. Este precepto fue modificado y complementado por el art. 10 del Decreto 2272 de 1989 que cre\u00f3 la jurisdicci\u00f3n de familia para disponer el tr\u00e1mite incidental que se activar\u00eda por solicitud del defensor de familia o de los parientes all\u00ed autorizados cuando sea citado el reconocedor y \u00e9ste, no comparezca. <\/p>\n
5. De esta manera, la providencia examinada no se observa descabellada al punto de permitir la injerencia de esta justicia. Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte, \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para rogar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n
Ha de recordarse, adem\u00e1s, que la apreciaci\u00f3n de las probanzas se caracteriza por ser un acto aut\u00f3nomo del juez natural, en el marco de la sana cr\u00edtica, por lo cual <\/p>\n
\u201c(\u2026) resulta infructuoso en esta sede recriminar la apreciaci\u00f3n de los medios de acreditaci\u00f3n hecha por los juzgadores naturales, dado que ese es el espacio en el que con especial \u00e9nfasis emerge el principio constitucional de la independencia judicial; en efecto, en m\u00faltiples sentencias, entre ellas, la de 29 de junio de 2011, exp. 2011-01252-00, la Corte ha decantado que: \u2018(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia (\u2026)\u2019, condiciones que no se vislumbran en el caso concreto (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
4. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencionales las decisiones atacadas. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19693, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d4, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
4.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio5. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-6, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales7; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas8. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
5. Por los anteriores argumentos, se negar\u00e1 la salvaguarda deprecada. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR la tutela impetrada por Juan Boh\u00f3rquez Torres frente a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, espec\u00edficamente respecto a los magistrados Bernardo Arturo Rodr\u00edguez S\u00e1nchez, Germ\u00e1n Mart\u00ednez Rojas y Mario Humberto Rodr\u00edguez Sep\u00falveda, y el Juzgado Promiscuo de Familia de Garagoa, con ocasi\u00f3n del juicio de petici\u00f3n de herencia iniciado por la aqu\u00ed petente contra Mar\u00eda Ofelia Boh\u00f3rquez, con radicado n\u00b0. 2018-0069-01. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
2\u0002 CSJ. STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
3\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
4\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
5\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
6\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
7\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
8\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 – 308. <\/p>\n
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STC10080-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC10080-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02418-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de once de agosto de dos mil veintiuno) Se decide la tutela impetrada por Juan Boh\u00f3rquez Torres frente a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56253","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56253","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56253"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56253\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56253"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56253"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56253"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}