STC10082-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10082-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02483-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de once de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide la tutela impetrada por el ciudadano espa\u00f1ol, Juan Carlos Vozmediano Sendarrubias, frente a la Sala de Casaci\u00f3n Penal, los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Justicia y la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, con ocasi\u00f3n de la solicitud de extradici\u00f3n al aqu\u00ed petente, efectuada por el Reino de Espa\u00f1a, por \u201c(\u2026) tres delitos de agresi\u00f3n sexual (\u2026) un delito continuado de amenazas (\u2026) y un delito de maltrato habitual en el \u00e1mbito familiar (\u2026)\u201d, con radicado n\u00b0. 58552. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El accionante reclama la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso, salud, libertad e igualdad, presuntamente violentadas por los convocados. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En sustento de su queja, manifiesta, en s\u00edntesis, que, el 9 de octubre de 2020 fue detenido en las oficinas de Migraci\u00f3n Colombia de Armenia, donde fue informado que era requerido en extradici\u00f3n por los delitos de \u201camenazas leves y maltrato habitual en el \u00e1mbito familiar\u201d. <\/p>\n
Asevera que el 22 de febrero de 2021, se acogi\u00f3 a la \u201cextradici\u00f3n simplificada\u201d por encontrar coherente iniciar su defensa frente a los delitos a \u00e9l endilgados, \u201cque desde [su] plena conciencia, no fueron cometidos y que solo es el resultado de una relaci\u00f3n de pareja fallida\u201d. <\/p>\n
Refiere que el 16 de marzo de 2021, encontr\u00e1ndose detenido en los calabozos de la subestaci\u00f3n de polic\u00eda de Barcelona – Quind\u00edo, fue v\u00edctima de tortura por parte de agentes de la Polic\u00eda Nacional. <\/p>\n
Sostiene que, desde principios de mayo de esta anualidad, ha presentado distintos requerimientos solicitando a la hom\u00f3loga penal, se pronuncie respecto de la \u201cextradici\u00f3n simplificada\u201d, sin que, a la fecha, haya obtenido respuesta alguna, a pesar de haber puesto en su conocimiento el deterioro en su estado de salud, \u201cpor cuanto <\/p>\n
padece de gota, tiroides y 3 hernias discales\u201d. <\/p>\n
3. Manifestando que la Corte ha hecho caso omiso a su situaci\u00f3n m\u00e9dica y psicol\u00f3gica, pide, en concreto, se ordene a la Sala de Casaci\u00f3n Penal, disponer su extradici\u00f3n inmediata al Reino de Espa\u00f1a. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta del accionado y vinculados <\/p>\n
2. La directora de Asuntos Jur\u00eddicos Internacionales de la Canciller\u00eda de la Rep\u00fablica, reclam\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, al no obrar hecho alguno atribuible a dicha entidad, que permita inferir una acci\u00f3n u omisi\u00f3n generadora de amenaza o puesta en peligro de los derechos fundamentales del accionante. En el mismo sentido, se pronunci\u00f3 el director de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia. <\/p>\n
3. La procuradora Tercera Delegada para la Casaci\u00f3n Penal pidi\u00f3 desatender la solicitud de amparo, por no existir quebranto de derechos o garant\u00edas fundamentales, por parte de las autoridades accionadas, por \u201c(\u2026) tres delitos de agresi\u00f3n sexual (\u2026) un delito continuado de amenazas (\u2026) y un delito de maltrato habitual en el \u00e1mbito familiar (\u2026)\u201d, con radicado n\u00b0. 58552. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El actor cuestiona la supuesta mora de la Sala de Casaci\u00f3n Penal en emitir concepto sobre su solicitud de \u201cextradici\u00f3n simplificada\u201d al Reino de Espa\u00f1a por \u201c(\u2026) tres delitos de agresi\u00f3n sexual (\u2026) un delito continuado de amenazas (\u2026) y un delito de maltrato habitual en el \u00e1mbito familiar (\u2026)\u201d, con radicado n\u00b0. 58552. <\/p>\n
2. La mora judicial, grosso modo, tiene ocurrencia cuando el juzgador desconoce los plazos legales careciendo de motivos plausibles, probados y razonables para ello. <\/p>\n
El fen\u00f3meno en menci\u00f3n halla como presupuestos, seg\u00fan constante doctrina probable de esta Corporaci\u00f3n1 y de la Corte Constitucional2, (i) la inobservancia de los t\u00e9rminos se\u00f1alados en la ley para adelantar alguna actuaci\u00f3n judicial; (ii) la inexistencia un m\u00f3vil razonable capaz de justificar dicha demora; y (iii) la tardanza imputable al juez por incumplimiento de sus funciones. <\/p>\n
Esta colegiatura comparte y hace suyas las opiniones de la Corte Interamericana3 y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos4, en el sentido de que, a fin de determinar la razonabilidad de los plazos en los cuales debe desenvolverse el proceso, han de tenerse en cuenta los siguientes aspectos: a) la complejidad del caso concreto; b) la actividad de la parte interesada; y c) el comportamiento de las autoridades jurisdiccionales. <\/p>\n
Fallar los negocios dentro de un plazo razonable5 no es una obligaci\u00f3n impuesta, exclusivamente, por el legislador nacional; obligaciones internacionales adquiridas por Colombia radican en los jueces, cualquiera sea su grado, el deber de solucionar oportunamente las controversias sometidas a su conocimiento. <\/p>\n
3. Revisada las pruebas adosadas a esta tramitaci\u00f3n, de entrada, se advierte la inviabilidad del amparo por acaecer un hecho superado, pues el 21 de julio del a\u00f1o en curso, la Corporaci\u00f3n acusada emiti\u00f3: i) concepto favorable a la solicitud de extradici\u00f3n en relaci\u00f3n con los delitos de \u201cagresi\u00f3n sexual\u201d y \u201cmaltrato habitual en el \u00e1mbito familiar\u201d y ii) concepto desfavorable en relaci\u00f3n con el delito de \u201camenazas\u201d. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se disipan los supuestos f\u00e1cticos sobre los cuales el aqu\u00ed actor encauz\u00f3 la presunta vulneraci\u00f3n a sus prerrogativas, al haberse rendido el concepto solicitado, raz\u00f3n por la cual, administrar justicia constitucional para el caso en concreto, se torna inane. <\/p>\n
Sobre la figura del hecho superado, esta Sala ha indicado: <\/p>\n
\u201c(…) [L]a decisi\u00f3n del Juez de tutela carece de objeto cuando, en el momento de proferirla, encuentra que la situaci\u00f3n expuesta en la demanda, que hab\u00eda dado lugar a que el supuesto afectado intentara la acci\u00f3n, se ha modificado sustancialmente, de tal manera que ha desaparecido toda posibilidad de amenaza o da\u00f1o a los derechos fundamentales. Siendo la defensa de \u00e9stos la justificaci\u00f3n y el prop\u00f3sito de esta forma expedita de administrar justicia constitucional en el caso concreto, ning\u00fan sentido tiene que el fallador imparta \u00f3rdenes de inmediato cumplimiento en relaci\u00f3n con unas circunstancias que pudieran configurarse en el pasado pero que, al momento de cumplirse la sentencia, no existe o, cuando menos, presentan caracter\u00edsticas totalmente diferentes a las iniciales (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cEl \u2018hecho superado o la carencia de objeto\u2019 (\u2026), se presenta: \u2018si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (\u2026)\u201d6. <\/p>\n
4. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencionales las decisiones atacadas. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19697, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d8, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
4.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio9. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-10, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales11; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas12. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
5. Por los anteriores argumentos, se negar\u00e1 la salvaguarda deprecada. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR la tutela impetrada por Juan Carlos Vozmediano Sendarrubias, frente a la Sala de Casaci\u00f3n Penal, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Justicia y la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, con ocasi\u00f3n de la solicitud de extradici\u00f3n al aqu\u00ed petente, efectuada por el Reino de Espa\u00f1a, con radicado n\u00b0. 58552. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Vide: STC16690 de 2018, exp. 2018-00485-01; STC16346-2018, exp. 2018-03593-00; STC15912-2018, exp. 2018-001934-01. Y varias m\u00e1s. <\/p>\n
2\u0002 Cfr. et al: Sentencias T-292 de 1999; T-220 de 2007; T-230 de 2013; T-186 de 2017; y T-052 de 2018. <\/p>\n
3\u0002 Caso Genie Lacayo, de 29 de enero de 1997. Serie C No. 30, p\u00e1rr 77; y Su\u00e1rez Rosero c. Ecuador, de 12 de nov. de 1997. <\/p>\n
5\u0002 Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos, art\u00edculo 8, garant\u00eda judicial 1. <\/p>\n
6\u0002 CSJ STC de 13 de marzo de 2009, exp. T-00147-01, reiterada entre muchos otros en fallo de 12 de septiembre de 2011, exp. 00081-01. <\/p>\n
7\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
8\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
9\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
10\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
11\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
12\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 – 308. <\/p>\n
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