STC10084-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10084-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02531-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de once de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide la salvaguarda impetrada por Gustavo Toledo Duarte contra la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, espec\u00edficamente frente a la magistrada Mar\u00eda Clara Ocampo Correa, con ocasi\u00f3n del juicio de responsabilidad civil extracontractual adelantado por el aqu\u00ed actor a Coomeva E.P.S. y otros. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El reclamante implora la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso y acceso a la \u201cinformaci\u00f3n p\u00fablica\u201d, presuntamente violentadas por la autoridad accionada. <\/p>\n
2. Para respaldar su reparo, en s\u00edntesis, asevera que \u201c(\u2026) en el a\u00f1o 2013 interpuso una demanda administrativa contra Coomeva E.P.S. (\u2026) por la muerte de [su] esposa (\u2026)\u201d, asunto que, seg\u00fan informaci\u00f3n de su apoderado, se encuentra en tr\u00e1mite \u201cen el Tribunal de Santander\u201d. <\/p>\n
Arguye que despu\u00e9s de acaecida \u201c(\u2026) la pandemia desde hace m\u00e1s de dos a\u00f1os (\u2026), no volv[i\u00f3] a recibir notificaci\u00f3n alguna por parte de [su] abogado ni de [la citada corporaci\u00f3n] (\u2026)\u201d sobre el estado del comentado litigio, lo cual le ha generado una \u201cpreocupaci\u00f3n\u201d, pues nada se le informa al respecto, \u201ca pesar de que siempre h[a] vivido en el mismo lugar (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Manifiesta que es \u201c(\u2026) una persona de 89 a\u00f1os y su edad no le permite acceder a medios electr\u00f3nicos para obtener alg\u00fan dato (\u2026)\u201d frente a su caso. <\/p>\n
3. Solicita, en concreto, \u201c(\u2026) se ampare el derecho [invocado] y as\u00ed poder tener conocimiento claro de lo ocurrido con [su] proceso\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
Guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El promotor del auxilio considera conculcadas sus prerrogativas fundamentales dentro del decurso bajo estudio, por cuanto la corporaci\u00f3n convocada, desde hace m\u00e1s de dos a\u00f1os, no le ha notificado ninguna actuaci\u00f3n con relaci\u00f3n al proceso de responsabilidad civil extracontractual adelantado por aqu\u00e9l contra Coomeva E.P.S. y otros. <\/p>\n
2. Revisadas las pruebas aportadas a esta senda, se observa que el pleito aducido por el actor fue zanjado en primera instancia por el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Bucaramanga en sentencia de 21 de octubre de 2016. <\/p>\n
Contra esa determinaci\u00f3n, el aqu\u00ed tutelante interpuso recurso de apelaci\u00f3n, correspondi\u00e9ndole el conocimiento de la alzada a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la citada ciudad, quien admiti\u00f3 ese recurso, el 30 de noviembre de 2016. <\/p>\n
El mandatario del quejoso solicit\u00f3 a la corporaci\u00f3n criticada \u201cimpulso procesal\u201d, pedimento desestimado el 28 de enero de 2019, pues el caso se encontraba \u201c(\u2026) aguardando turno (\u2026) para la adopci\u00f3n de la decisi\u00f3n de fondo\u201d. <\/p>\n
El 3 de marzo de 2020, el convocado acept\u00f3 la renuncia del apoderado de la parte all\u00ed demandada, siendo esa \u00faltima determinaci\u00f3n la registrada en el expediente. <\/p>\n
3. Proyectadas las anteriores premisas en el decurso subex\u00e1mine, la Sala advierte que existe una tardanza injustificada por parte del tribunal tutelado en la resoluci\u00f3n del caso bajo estudio. <\/p>\n
En efecto, se evidencia una vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas supralegales del actor porque han transcurrido m\u00e1s de cuatro (4) a\u00f1os y siete (7) meses desde que la corporaci\u00f3n refutada admiti\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n incoado contra la sentencia emitida en el comentado sublite, y, a la fecha de presentaci\u00f3n de este amparo, no ha desatado ese recurso, tiempo que esta Sala estima excesivo para definir el asunto puesto a su conocimiento. <\/p>\n
Incluso, aun cuando ese lapso incluye el per\u00edodo de suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos procesales generada por la pandemia del Covid-19 (16 de marzo de 2020)1, lo cierto es, esa vicisitud fue levantada por el Consejo Superior de la Judicatura el 5 de junio de ese a\u00f1o2, sin que el tutelado haya impartido, desde ese tiempo, tr\u00e1mite alguno a la memorada alzada. <\/p>\n
Ahora, aun cuando el plazo para la resoluci\u00f3n de la apelaci\u00f3n3 se encuentra ampliamente vencido, lo cual generar\u00eda la perdida de competencia establecida en el art\u00edculo 121 del Estatuto Adjetivo Civil4, debiendo pasarse el proceso al conocimiento del magistrado que sigue en turno, tal cuesti\u00f3n no ser\u00e1 ordenada en esta sede, de un lado, al no haber invocado el solicitante, la aplicaci\u00f3n de ese canon al interior del juicio denunciado. <\/p>\n
Y, de otro, por cuanto el contexto del caso revela una injustificada tardanza que el reclamante no est\u00e1 llamado a soportar, pues como lo ha dicho esta Corporaci\u00f3n, los obst\u00e1culos administrativos y \u201c(\u2026) la negligencia o ineptitud en la prestaci\u00f3n de las funciones p\u00fablicas por parte de las entidades del Estado (\u2026)\u201d5, no puede enrostrarse a quienes acceden a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
Por tanto, de aplicarse la anterior norma, se quebrantar\u00edan, a\u00fan m\u00e1s, las prerrogativas del actor, por cuanto la definici\u00f3n del aludido remedio vertical se alargar\u00eda por situaciones imputables, exclusiva e indistintamente, al tribunal, sin que el suplicante deba padecer la indefinici\u00f3n de la contienda, pues hasta el momento no existe ninguna garant\u00eda respecto de la resoluci\u00f3n tempestiva del recurso objeto de disenso. <\/p>\n
3.1. La mora judicial, grosso modo, tiene ocurrencia cuando el juzgador desconoce los plazos legales careciendo de motivos plausibles, probados y razonables para ello. <\/p>\n
El fen\u00f3meno en menci\u00f3n halla como presupuestos, seg\u00fan constante doctrina probable de esta Corporaci\u00f3n6 y de la Corte Constitucional7, (i) la inobservancia de los t\u00e9rminos se\u00f1alados en la ley para adelantar alguna actuaci\u00f3n judicial; (ii) la inexistencia un m\u00f3vil razonable capaz de justificar dicha demora; y (iii) la tardanza imputable al juez por incumplimiento de sus funciones. <\/p>\n
Esta colegiatura comparte y hace suyas las opiniones de la Corte Interamericana8 y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos9, en el sentido de que, a fin de determinar la razonabilidad de los plazos en los cuales debe desenvolverse el proceso, han de tenerse en cuenta los siguientes aspectos: a) la complejidad del caso concreto; b) la actividad de la parte interesada; y c) el comportamiento de las autoridades jurisdiccionales. <\/p>\n
Fallar los negocios dentro de un plazo razonable10 no es una obligaci\u00f3n impuesta, exclusivamente, por el legislador nacional; obligaciones internacionales adquiridas por Colombia radican en los jueces, cualquiera sea su grado, el deber de solucionar oportunamente las controversias sometidas a su conocimiento. <\/p>\n
Esta Sala reprocha toda actuaci\u00f3n de los funcionarios y jueces tendientes a generar incertidumbre y zozobra a quienes acuden al sistema judicial, pues cuando el usuario debe esperar un plazo excesivo para la resoluci\u00f3n de su pleito o el diligenciamiento de sus peticiones, se estructura la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales, tales como el acceso a la administraci\u00f3n de justicia, por tanto, es la acci\u00f3n de tutela el medio eficaz para amparar las prerrogativas quebrantadas por la demora en la tramitaci\u00f3n de su caso. <\/p>\n
Sobre ese t\u00f3pico, la Corte Constitucional ha adoctrinado: <\/p>\n
Recu\u00e9rdese, al juez cognoscente, como encargado de la direcci\u00f3n del proceso judicial, le asiste el deber de velar por su r\u00e1pida soluci\u00f3n con celeridad y diligencia, adoptando las medidas conducentes para impedir la paralizaci\u00f3n y dilaci\u00f3n del decurso, por lo tanto, ser\u00e1 responsable por las demoras que ocurran por el incumplimiento a ese mandato, tal como lo precept\u00faa el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 42 del C\u00f3digo General del Proceso12. <\/p>\n
Los t\u00e9rminos previstos en el estatuto procesal civil no constituyen una formalidad. Se trata de una b\u00fasqueda de la justicia material para los administrados y justiciables en el Estado Constitucional de Derecho, de modo que los juicios no se deben someter a plazos interminables, de nunca acabar. El remedio no puede ser peor que la enfermedad. <\/p>\n
S\u00f3lo hay justicia si las controversias se resuelven r\u00e1pida y cumplidamente, en lapsos razonables, de manera que la ciudadan\u00eda, crea en sus jueces y en el Estado, porque sus litigios se decidir\u00e1n prontamente y sin dilaciones. El juez del Estado contempor\u00e1neo comprende las necesidades de la ciudadan\u00eda y acata responsablemente sus deberes cuando dispensa justicia a tiempo y en forma transparente. El verdadero juzgador es adalid de la confianza leg\u00edtima, de la seguridad jur\u00eddica y de la inclusi\u00f3n y reconocimiento de derechos. Esta tarea la verifica al sentenciar con celeridad, comprometido con pol\u00edticas p\u00fablicas de soluci\u00f3n \u00e1gil de las controversias a su cargo. <\/p>\n
4. En consecuencia, la Corte har\u00e1 el control constitucional propio de la acci\u00f3n de tutela, as\u00ed como tambi\u00e9n el de convencionalidad, dimanante del bloque de constitucionalidad, seg\u00fan lo previsto en la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos, que establece el deber a los pa\u00edses suscriptores de ese instrumento de procurar armonizar el ordenamiento interno al mismo, para evitar cualquier disonancia entre uno y otro, as\u00ed se consign\u00f3 en sus preceptos primero y segundo: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Art\u00edculo 1. Obligaci\u00f3n de Respetar los Derechos: 1. Los Estados Partes en esta Convenci\u00f3n se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que est\u00e9 sujeta a su jurisdicci\u00f3n, sin discriminaci\u00f3n alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religi\u00f3n, opiniones pol\u00edticas o de cualquier otra \u00edndole, origen nacional o social, posici\u00f3n econ\u00f3mica, nacimiento o cualquier otra condici\u00f3n social\u201d. <\/p>\n
\u201c2. Para los efectos de esta Convenci\u00f3n, persona es todo ser humano\u201d. <\/p>\n
\u201cArt\u00edculo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el art\u00edculo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro car\u00e1cter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convenci\u00f3n, las medidas legislativas o de otro car\u00e1cter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades (\u2026)\u201d <\/p>\n
De esta manera, las reglas de aquella normatividad deben observarse en asuntos como \u00e9ste, so pena de incumplir obligaciones internacionales. Por tanto, es menester tener en consideraci\u00f3n las prerrogativas a las \u201cgarant\u00edas judiciales\u201d y a la \u201cprotecci\u00f3n judicial\u201d, seg\u00fan las cuales, una persona podr\u00e1 acudir ante las autoridades jurisdiccionales competentes para obtener la pronta y eficaz resoluci\u00f3n de sus litigios. <\/p>\n
En el presente caso, como se dijo, el tribunal tutelado no ha cumplido con su deber de resolver oportunamente el recurso de apelaci\u00f3n incoado dentro del litigio sublite, generando con esa desatenci\u00f3n el quebranto de las garant\u00edas de aqu\u00e9lla, como se explic\u00f3 con anterioridad. <\/p>\n
El proceder del despacho accionado contraviene los c\u00e1nones 8.1 y 25 del tratado atr\u00e1s se\u00f1alado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Art. 25. Protecci\u00f3n Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y r\u00e1pido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constituci\u00f3n, la ley o la presente Convenci\u00f3n, aun cuando tal violaci\u00f3n sea cometida por personas que act\u00faen en ejercicio de sus funciones oficiales\u201d. <\/p>\n
\u201c2. Los Estados Partes se comprometen: \u201ca) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidir\u00e1 sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; \u201cb) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y \u201cc) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisi\u00f3n en que se haya estimado procedente el recurso (\u2026)\u201d (Subrayas fuera de texto). <\/p>\n
4.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio13. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia14, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales15; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas16. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus prerrogativas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
5. De acuerdo a lo discurrido, se otorgar\u00e1 el auxilio implorado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONCEDER la tutela solicitada por Gustavo Toledo Duarte contra la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, espec\u00edficamente frente a la magistrada Mar\u00eda Clara Ocampo Correa, con ocasi\u00f3n del juicio de responsabilidad civil extracontractual adelantado por el aqu\u00ed actor a Coomeva E.P.S. y otros. <\/p>\n
SEGUNDO: En consecuencia, ORDENAR al rese\u00f1ado colegiado que, dentro de los treinta (30) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta determinaci\u00f3n, defina el recurso de apelaci\u00f3n entablado por el accionante. Env\u00edesele la reproducci\u00f3n de esta sentencia. <\/p>\n
TERCERO: Notificar lo resuelto mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados. <\/p>\n
CUARTO: Si este fallo no fuere impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 \u201c(\u2026) Decreto Legislativo 564 de 2020 (\u2026). Art\u00edculo 1. Suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos de prescripci\u00f3n y caducidad. Los t\u00e9rminos de prescripci\u00f3n y de caducidad previstos en cualquier norma sustancial o procesal para ejercer derechos, acciones, medios de control o presentar demandas ante la Rama Judicial o ante los tribunales arbitrales, sean de d\u00edas, meses o a\u00f1os, se encuentran suspendidos desde el 16 de marzo de 2020 hasta el d\u00eda que el Consejo Superior de la Judicatura disponga la reanudaci\u00f3n de los t\u00e9rminos judiciales (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2\u0002 Acuerdo PCSJA20-11567 de 5 de junio de 2020. <\/p>\n
3\u0002 \u201c(\u2026) Ley 1564 de 2012 (\u2026) Art\u00edculo 121. Duraci\u00f3n del proceso. Salvo interrupci\u00f3n o suspensi\u00f3n del proceso por causa legal, no podr\u00e1 transcurrir un lapso superior a un (1) a\u00f1o para dictar sentencia de primera o \u00fanica instancia, contado a partir de la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo a la parte demandada o ejecutada. Del mismo modo, el plazo para resolver la segunda instancia, no podr\u00e1 ser superior a seis (6) meses, contados a partir de la recepci\u00f3n del expediente en la secretar\u00eda del juzgado o tribunal (\u2026)\u201d (\u00e9nfasis adrede). <\/p>\n
4\u0002 \u201cVencido el respectivo t\u00e9rmino previsto en el inciso anterior sin haberse dictado la providencia correspondiente, el funcionario perder\u00e1 autom\u00e1ticamente competencia para conocer del proceso, por lo cual, al d\u00eda siguiente, deber\u00e1 informarlo a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y remitir el expediente al juez o magistrado que le sigue en turno, quien asumir\u00e1 competencia y proferir\u00e1 la providencia dentro del t\u00e9rmino m\u00e1ximo de seis (6) meses. La remisi\u00f3n del expediente se har\u00e1 directamente, sin necesidad de reparto ni participaci\u00f3n de las oficinas de apoyo judicial. El juez o magistrado que recibe el proceso deber\u00e1 informar a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura sobre la recepci\u00f3n del expediente y la emisi\u00f3n de la sentencia\u201d. <\/p>\n
5\u0002 CSJ. STC11392-2017 de 3 de agosto de 2017, en cita de las sentencias T- 487 de 11 de mayo de 2001 de la Corte Constitucional; reiterada en T-796 de 31 de julio 2001 T- 487 de 11 de mayo de 2001. <\/p>\n
6\u0002 Vide: STC16690 de 2018, exp. 2018-00485-01; STC16346-2018, exp. 2018-03593-00; STC15912-2018, exp. 2018-001934-01. Y varias m\u00e1s. <\/p>\n
7\u0002 Cfr. et al: Sentencias T-292 de 1999; T-220 de 2007; T-230 de 2013; T-186 de 2017; y T-052 de 2018. <\/p>\n
8\u0002 Caso Genie Lacayo, de 29 de enero de 1997. Serie C No. 30, p\u00e1rr 77; y Su\u00e1rez Rosero c. Ecuador, de 12 de nov. de 1997. <\/p>\n
9\u0002 Asuntos Adolf c. Austria, de 26 de marzo de 1982; Zimmermann y Steiner c. Suiza, de 13 de julio de 1983; Erckner y Hofauer c. Austria, de 23 de abril de 1987 y Kizil\u02c6z c. Turqu\u00eda, de 25 de septiembre de 2001, entre otros. <\/p>\n
10\u0002 Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos, art\u00edculo 8, garant\u00eda judicial 1. <\/p>\n
11\u0002 Corte Constitucional. Sentencia SU 394 de 2016. <\/p>\n
12\u0002 ART\u00cdCULO 42. DEBERES DEL JUEZ. Son deberes del juez: <\/p>\n
1. Dirigir el proceso, velar por su r\u00e1pida soluci\u00f3n, presidir las audiencias, adoptar las medidas conducentes para impedir la paralizaci\u00f3n y dilaci\u00f3n del proceso y procurar la mayor econom\u00eda procesal. <\/p>\n
13\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
15\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
16\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
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STC10084-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC10084-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02531-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de once de agosto de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021) Se decide la salvaguarda impetrada por Gustavo Toledo Duarte contra […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56257","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56257","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56257"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56257\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56257"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56257"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56257"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}