STC10085-2021<\/p>\n
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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10085-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02567-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de once de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se procede a decidir la tutela impetrada por Lucrecia L\u00f3pez de Viveros contra el Juzgado Civil del Circuito de Tulu\u00e1 y la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, con ocasi\u00f3n del asunto divisorio iniciado por Amparo L\u00f3pez de Llanos frente a la aqu\u00ed actora, Hilza L\u00f3pez de Espejo, Cenelia L\u00f3pez Perdomo, Nora Milena L\u00f3pez Salas, Mar\u00eda Saide\u00e9 Rosero L\u00f3pez y Ana Betmelia Escobar de L\u00f3pez. <\/p>\n
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1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora exige el amparo de la prerrogativa al debido proceso, presuntamente conculcada por los convocados. <\/p>\n
2. En apoyo de su reparo, manifiesta que, dentro del asunto materia de queja, el 17 de noviembre de 2020, pidi\u00f3 la aplicaci\u00f3n del canon 317 del C\u00f3digo General del Proceso y, con ello, la finalizaci\u00f3n del litigio. <\/p>\n
Advierte que exigi\u00f3 lo anterior porque, en su criterio, el pleito llevaba inactivo m\u00e1s de un (1) a\u00f1o, pues, en providencia de 13 de noviembre de 2019, el juzgado involucrado hab\u00eda ordenado el secuestro del predio objeto de divisi\u00f3n para su posterior remate, pero la demandante nada hizo al respecto. Adem\u00e1s, acota, en auto de 12 de agosto de 2020, se le orden\u00f3, a ese extremo procesal, el retiro del comisorio expedido para la realizaci\u00f3n de dicha medida cautelar; empero, pasaron m\u00e1s de sesenta y cuatro (64) d\u00edas \u201csin perfeccionarse esa actuaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
En pronunciamiento de 30 de noviembre de 2020, el a quo se neg\u00f3 a decretar la terminaci\u00f3n del decurso, dado que no hall\u00f3 configurado el \u201cdesistimiento t\u00e1cito\u201d invocado. <\/p>\n
Aunque recurri\u00f3 esa decisi\u00f3n en reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n, el primer remedio fue desestimado por el a quo el 22 de enero de 2021 y, el segundo, 18 de junio siguiente, por el tribunal enjuiciado. <\/p>\n
Asevera que los accionados incurrieron en v\u00eda de hecho por \u201cdefecto procedimental\u201d, pues sostuvieron la interrupci\u00f3n de los t\u00e9rminos establecidos en el citado canon, a\u00fan cuando la intervenci\u00f3n del extremo actor \u201ccarec\u00eda de fundamento\u201d, dado que \u00e9ste pretendi\u00f3 la realizaci\u00f3n del remate del bien a dividir, a pesar de estar en mora de adelantar la gesti\u00f3n necesaria para la materializaci\u00f3n del secuestro. <\/p>\n
3. Solicita, en consecuencia, imponerle al ad quem denunciado, revocar la determinaci\u00f3n apelada y acceder a su pedimento. <\/p>\n
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1. Respuesta de los accionados y vinculados <\/p>\n
1. El juzgado convocado relat\u00f3 los antecedentes del litigio y se\u00f1al\u00f3 que el extremo demandado, en m\u00faltiples ocasiones, ha buscado, sin \u00e9xito, la terminaci\u00f3n del asunto con argumentos similares a las aqu\u00ed planteados. Agreg\u00f3 no estar incurso en irregularidades, pues <\/p>\n
\u201c(\u2026) las decisiones adoptadas al interior de la presente Litis, han sido con apego a la Constituci\u00f3n y legislaci\u00f3n procesal civil vigente en especial lo atinente a los fallidos intentos de declaratoria de desistimiento t\u00e1cito, mismo que no ha sido aplicado por esta instancia debido a que, it\u00e9rese, en ninguno de los eventos planteados concurren las exigencias que prev\u00e9 el art\u00edculo 317 del C. G. P. (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2. Elizabeth Mogrovejo Vargas, quien afirm\u00f3 actuar como apoderada de Amparo L\u00f3pez de Llanos, demandante en el caso reprochado, deprec\u00f3 denegar la protecci\u00f3n al hallarse razonables las decisiones de los accionados. Adicionalmente, pidi\u00f3 sancionar a la tutelante, al abrigo de los c\u00e1nones 42 y 44 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
3. El tribunal remiti\u00f3 el enlace del proceso materia de censura para su revisi\u00f3n. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Revisada la providencia de 18 de junio de 2021, mediante la cual, en el caso censurado, el tribunal enjuiciado, en sede de apelaci\u00f3n, ratific\u00f3 la negativa a aplicar el desistimiento t\u00e1cito advertido por la tutelante, no se constata irregularidad lesiva de prerrogativas sustanciales que imponga la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
2. Se observa que, en la citada determinaci\u00f3n, tras referirse los antecedentes del asunto e indicarse los argumentos de la alzada, similares a los planteados en esta v\u00eda extraordinaria, el tribunal comenz\u00f3 por precisar que en el litigio no hab\u00eda sido emitida sentencia, pues el prove\u00eddo con el cual se hab\u00eda ordenado la venta de cosa com\u00fan no ten\u00eda tal calidad, ello, por cuanto <\/p>\n
\u201c(\u2026) el inciso 6\u00ba del art\u00edculo 411 del C.G.P. subordina la sentencia que ordena la distribuci\u00f3n del producto del remate entre los comuneros, determinaci\u00f3n que pone fin al proceso, al secuestro del bien com\u00fan y su posterior remate (entre otras actuaciones). En ese sentido, cuando (\u2026) se ha discutido si un proceso divisorio se encontraba en estado de dictar sentencia, la Corte Suprema de Justicia ha decidido, in casu, que \u201c(\u2026) no se encontraba en estado de dictar sentencia, pues para llegar a dicho escenario faltaba adelantar varias etapas como el secuestro del inmueble objeto de divisi\u00f3n y el remate del mismo, conforme lo dispuesto en el canon 411 ib\u00eddem (\u2026)\u201d (Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia STC18760-2017 del 10 de noviembre de 2017) (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Enseguida, anot\u00f3, para efectos de resolver los ataques de la tutelante, que deb\u00eda tenerse en consideraci\u00f3n el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, el cual dispone: <\/p>\n
\u201c(\u2026) DESISTIMIENTO T\u00c1CITO. El desistimiento t\u00e1cito se aplicar\u00e1 en los siguientes eventos: <\/p>\n
\u201c1. Cuando para continuar el tr\u00e1mite de la demanda, del llamamiento en garant\u00eda, de un incidente o de cualquiera otra actuaci\u00f3n promovida a instancia de parte, se requiera el cumplimiento de una carga procesal o de un acto de la parte que haya formulado aquella o promovido estos, el juez le ordenar\u00e1 cumplirlo dentro de los treinta (30) d\u00edas siguientes mediante providencia que se notificar\u00e1 por estado. <\/p>\n
\u201cVencido dicho t\u00e9rmino sin que quien haya promovido el tr\u00e1mite respectivo cumpla la carga o realice el acto de parte ordenado, el juez tendr\u00e1 por desistida t\u00e1citamente la respectiva actuaci\u00f3n y as\u00ed lo declarar\u00e1 en providencia en la que adem\u00e1s impondr\u00e1 condena en costas. <\/p>\n
\u201cEl juez no podr\u00e1 ordenar el requerimiento previsto en este numeral, para que la parte demandante inicie las diligencias de notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, cuando est\u00e9n pendientes actuaciones encaminadas a consumar las medidas cautelares previas. <\/p>\n
2. Cuando un proceso o actuaci\u00f3n de cualquier naturaleza, en cualquiera de sus etapas, permanezca inactivo en la secretar\u00eda del despacho, porque no se solicita o realiza ninguna actuaci\u00f3n durante el plazo de un (1) a\u00f1o en primera o \u00fanica instancia, contados desde el d\u00eda siguiente a la \u00faltima notificaci\u00f3n o desde la \u00faltima diligencia o actuaci\u00f3n, a petici\u00f3n de parte o de oficio, se decretar\u00e1 la terminaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito sin necesidad de requerimiento previo. En este evento no habr\u00e1 condena en costas \u00abo perjuicios\u00bb a cargo de las partes. <\/p>\n
\u201cEl desistimiento t\u00e1cito se regir\u00e1 por las siguientes reglas: <\/p>\n
\u201ca) Para el c\u00f3mputo de los plazos previstos en este art\u00edculo no se contar\u00e1 el tiempo que el proceso hubiese estado suspendido por acuerdo de las partes; <\/p>\n
\u201cb) Si el proceso cuenta con sentencia ejecutoriada a favor del demandante o auto que ordena seguir adelante la ejecuci\u00f3n, el plazo previsto en este numeral ser\u00e1 de dos (2) a\u00f1os; <\/p>\n
\u201cc) Cualquier actuaci\u00f3n, de oficio o a petici\u00f3n de parte, de cualquier naturaleza, interrumpir\u00e1 los t\u00e9rminos previstos en este art\u00edculo; <\/p>\n
\u201ce) La providencia que decrete el desistimiento t\u00e1cito se notificar\u00e1 por estado y ser\u00e1 susceptible del recurso de apelaci\u00f3n en el efecto suspensivo. La providencia que lo niegue ser\u00e1 apelable en el efecto devolutivo; <\/p>\n
\u201cf) El decreto del desistimiento t\u00e1cito no impedir\u00e1 que se presente nuevamente la demanda transcurridos seis (6) meses contados desde la ejecutoria de la providencia que as\u00ed lo haya dispuesto o desde la notificaci\u00f3n del auto de obedecimiento de lo resuelto por el superior, pero ser\u00e1n ineficaces todos los efectos que sobre la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n extintiva o la inoperancia de la caducidad o cualquier otra consecuencia que haya producido la presentaci\u00f3n y notificaci\u00f3n de la demanda que dio origen al proceso o a la actuaci\u00f3n cuya terminaci\u00f3n se decreta; <\/p>\n
\u201cg) Decretado el desistimiento t\u00e1cito por segunda vez entre las mismas partes y en ejercicio de las mismas pretensiones, se extinguir\u00e1 el derecho pretendido. El juez ordenar\u00e1 la cancelaci\u00f3n de los t\u00edtulos del demandante si a ellos hubiere lugar. Al decretarse el desistimiento t\u00e1cito, deben desglosarse los documentos que sirvieron de base para la admisi\u00f3n de la demanda o mandamiento ejecutivo, con las constancias del caso, para as\u00ed poder tener conocimiento de ello ante un eventual nuevo proceso; <\/p>\n
\u201ch) El presente art\u00edculo no se aplicar\u00e1 en contra de los incapaces, cuando carezcan de apoderado judicial. <\/p>\n
Destac\u00f3 que la apelante aduc\u00eda la configuraci\u00f3n de dos eventos contenidos en la norma: <\/p>\n
\u201c(\u2026) El primero, seg\u00fan explica, porque [el proceso] \u201c(\u2026) ha permanecido en la secretar\u00eda del Despacho sin ning\u00fan tipo de actuaci\u00f3n desde el d\u00eda trece (13) de noviembre del dos mi diecinueve (2019), fecha \u00e9sta en que se libr\u00f3 el despacho comisorio No 019, para llevar a cabo la diligencia de secuestro, pues a la fecha ha transcurrido un (1) a\u00f1o, sin llevarse a cabo dicha comisi\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Frente a tal suceso, en tribunal acot\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [Se] encuentra que luego de librado el aludido despacho comisorio [13-11-2019] la demandante solicit\u00f3 [el d\u00eda 05-08-2020] \u201c (\u2026) fijar fecha y hora para llevar a cabo la diligencia de remate del bien inmueble objeto del litigio (\u2026)\u201d, pedimento que interrumpi\u00f3 el t\u00e9rmino de un (1) a\u00f1o que en ese momento estaba en curso, y por ende imposibilita la aplicaci\u00f3n de esa forma anormal de terminaci\u00f3n del proceso, desde luego que seg\u00fan el mandato del literal \u201cc\u201d, numeral 2\u00ba del art\u00edculo 317 del C.G.P. \u201c(\u2026) cualquier actuaci\u00f3n, de oficio o a petici\u00f3n de parte, de cualquier naturaleza, interrumpir\u00e1 los t\u00e9rminos previstos en el este art\u00edculo (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cSobre dicho t\u00f3pico la Corte Suprema de Justicia ha indicado que \u201c(\u2026) Una sana hermen\u00e9utica del texto legal referido, indica entonces, que para que podamos considerar que un expediente estuvo \u201cinactivo\u201d en la secretar\u00eda del despacho, debe permanecer hu\u00e9rfano de todo tipo de actuaci\u00f3n, es decir, debe carecer de tr\u00e1mite, movimiento o alteraci\u00f3n de cualquier naturaleza y ello debe ocurrir durante un plazo m\u00ednimo de un a\u00f1o, si lo que se pretende es aplicarle v\u00e1lidamente la figura jur\u00eddica del desistimiento t\u00e1cito (\u2026)\u201d (Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia STC7547- 2016 del 8 de junio de 2016. Radicaci\u00f3n No. 11001-22-03-000-2016-00665-01) (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cEs de resaltar que con prescindencia de su acogimiento o no por el juez, la petici\u00f3n de remate formulada por la demandante corresponde a una actuaci\u00f3n encaminada a \u201c(\u2026) impulsar el proceso hacia su finalidad (STC4021-2020, reiterada en STC9945-2020) (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cO lo que es lo mismo: no se trataba de \u201c(\u2026) [s]imples solicitudes de copias o sin prop\u00f3sitos serios de soluci\u00f3n de la controversia, derechos de petici\u00f3n intrascendentes o inanes frente al petitum o causa petendi (\u2026)\u201d, los cuales carecen del efecto interruptor del que se viene hablando, toda vez que \u201c(\u2026) en principio, no lo \u00abponen en marcha\u00bb (STC4021-2020, reiterada en STC9945-2020) (\u2026)\u201d (sentencia STC11191-2020) (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Luego, se\u00f1al\u00f3 que el segundo evento, seg\u00fan la recurrente, se refer\u00eda al incumplimiento de \u201ccargas procesales\u201d atribuidas a la demandante, para lo cual \u00e9sta contaba con treinta (30) d\u00edas; no obstante, la colegiatura querellada precis\u00f3 que ello tampoco ten\u00eda lugar en el caso, pues <\/p>\n
\u201c(\u2026) [r]ecu\u00e9rdese: aquella edifica su planteamiento en la siguiente plataforma f\u00e1ctica: que mediante auto del 12-08-2020 el juzgado requiri\u00f3 a la demandante para que impulsara el diligenciamiento del Despacho Comisorio No. 019 del 13-11-2019 (librado para materializar el secuestro del bien com\u00fan), y \u201c(\u2026) a la fecha han transcurrido sesenta y cuatro (64) d\u00edas, sin perfeccionarse esta actuaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cOcurre, empero, que la mentada providencia jam\u00e1s orden\u00f3 a la demandante concretar el secuestro en el t\u00e9rmino de treinta (30) d\u00edas. Y sin esa puntual conminaci\u00f3n temporal, que es exigida expresamente por la ley, no es posible deducir los efectos sancionatorios por los que propugna la censura, desde luego que el desistimiento t\u00e1cito no opera de manera autom\u00e1tica, sino que presupone la cabal acreditaci\u00f3n de la inactividad de la parte frente a una carga espec\u00edfica de su incumbencia, seguida de una orden del juez, dirigida a ella, para que proceda al cumplimiento de dicha carga \u201c (\u2026) dentro de los treinta (30) d\u00edas siguientes mediante providencia que se notificar\u00e1 por estado (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3. No se constata irregularidad o desafuero en las consideraciones anteriores, pues el tribunal le explic\u00f3 a la querellante, con suficiencia, la inviabilidad de aplicar la norma atr\u00e1s citada. <\/p>\n
Concretamente, tras revisar la gesti\u00f3n surtida, la corporaci\u00f3n atacada precis\u00f3 que no hab\u00eda transcurrido un (1) a\u00f1o de inactividad en el litigio, pues la all\u00ed demandante, apenas el 5 de agosto de 2020, reclam\u00f3 la realizaci\u00f3n del remate sobre el bien objeto de divisi\u00f3n, pedimento que, si bien no pudo acogerse por estar pendiente la materializaci\u00f3n del secuestro, imped\u00eda aducir la par\u00e1lisis total del decurso, pues, en realidad, con tal solicitud se pretendi\u00f3 impulsar las diligencias hacia su finalidad, suscit\u00e1ndose, incluso, un pronunciamiento jurisdiccional donde se explicit\u00f3 la necesidad de agotarse otras actuaciones antes de procederse a la almoneda exigida. <\/p>\n
Asimismo, el colegiado convocado estim\u00f3 que la tardanza de la demandante para impulsar el perfeccionamiento de la medida cautelar mencionada, tampoco permit\u00eda aplicar la norma comentada, pues ese extremo procesal nunca fue requerido en los t\u00e9rminos del numeral 1\u00b0 del canon 317 C\u00f3digo General del Proceso; por tanto, mal pod\u00eda pretenderse la terminaci\u00f3n de las diligencias por el desistimiento t\u00e1cito invocado. <\/p>\n
Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte: \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
Esta Sala, en torno a las gestiones que, de acuerdo con el literal c), numeral 1\u00b0 \u00eddem, pueden interrumpir los plazos para decretar el enunciado desistimiento t\u00e1cito, en sentencia STC11191 de 9 de diciembre de 2020, anot\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [D]ado que el desistimiento t\u00e1cito consagrado en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, busca solucionar la par\u00e1lisis de los procesos para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia, la \u00abactuaci\u00f3n\u00bb que conforme al literal c) de dicho precepto \u00abinterrumpe\u00bb los t\u00e9rminos para [que] se \u00abdecrete su terminaci\u00f3n anticipada\u00bb, es aquella que lo conduzca a \u00abdefinir la controversia\u00bb o a poner en marcha los \u00abprocedimientos\u00bb necesarios para la satisfacci\u00f3n de las prerrogativas que a trav\u00e9s de ella se pretenden hacer valer\u201d. <\/p>\n
\u201cEn suma, la \u00abactuaci\u00f3n\u00bb debe ser apta y apropiada y para \u00abimpulsar el proceso\u00bb hacia su finalidad, por lo que, \u00ab[s]imples solicitudes de copias o sin prop\u00f3sitos serios de soluci\u00f3n de la controversia, derechos de petici\u00f3n intrascendentes o inanes frente al petitum o causa petendi\u00bb carecen de esos efectos, ya que, en principio, no lo \u00abponen en marcha\u00bb (STC4021-2020, reiterada en STC9945-2020)\u201d. <\/p>\n
\u201cAhora, lo anterior se predica respecto de los dos numerales de la norma comentada, ya que adem\u00e1s que all\u00ed se afirma que el \u00abliteral c\u00bb aplica para ambos, mediante los dos se efectivizan los principios de eficacia, celeridad, eficiencia, lealtad procesal y seguridad jur\u00eddica. No obstante, dado que prev\u00e9n hip\u00f3tesis diferentes, es necesario distinguir en cada caso cu\u00e1l es la \u00abactuaci\u00f3n eficaz para interrumpir los plazos de desistimiento\u201d. <\/p>\n
\u201cComo en el numeral 1\u00b0 lo que evita la \u00abpar\u00e1lisis del proceso\u00bb es que \u00abla parte cumpla con la carga\u00bb para la cual fue requerido, solo \u00abinterrumpir\u00e1\u00bb el t\u00e9rmino aquel acto que sea \u00abid\u00f3neo y apropiado\u00bb para satisfacer lo pedido. De modo que si el juez conmina al demandante para que integre el contradictorio en el t\u00e9rmino de treinta (30) d\u00edas, solo la \u00abactuaci\u00f3n\u00bb que cumpla ese cometido podr\u00e1 afectar el c\u00f3mputo del t\u00e9rmino\u201d. <\/p>\n
\u201cEn el supuesto de que el expediente \u00abpermanezca inactivo en la secretar\u00eda del despacho, porque no se solicita o realiza ninguna actuaci\u00f3n (\u2026) en primera o \u00fanica instancia\u00bb, tendr\u00e1 dicha connotaci\u00f3n aquella \u00abactuaci\u00f3n\u00bb que cumpla en el \u00abproceso la funci\u00f3n de impulsarlo\u00bb, teniendo en cuenta la etapa en la que se encuentre y el acto que resulte necesario para proseguirlo\u201d. <\/p>\n
\u201cAs\u00ed, el impulsor de un declarativo cuyo expediente ha estado en la \u00absecretar\u00eda del juzgado\u00bb por un (1) a\u00f1o sin emplazar a uno de los herederos del extremo demandado, podr\u00e1 afectar el conteo de la anualidad con el \u00abemplazamiento\u00bb exigido para integrar el contradictorio\u201d. <\/p>\n
\u201cSi se trata de un coercitivo con \u00absentencia o auto que ordena seguir adelante la ejecuci\u00f3n\u00bb, la \u00abactuaci\u00f3n\u00bb que valdr\u00e1 ser\u00e1 entonces, la relacionada con las fases siguientes a dicha etapa, como las \u00abliquidaciones de costas y de cr\u00e9dito\u00bb, sus actualizaciones y aquellas encaminadas a satisfacer la obligaci\u00f3n cobrada\u201d. <\/p>\n
\u201cLo dicho, claro est\u00e1, sin perjuicio de lo dispuesto por la Corte Constitucional (sentencia C-1194\/2008), en cuanto a que el \u00abdesistimiento t\u00e1cito\u00bb no se aplicar\u00e1, cuando las partes \u00abpor razones de fuerza mayor, est\u00e1n imposibilitadas para cumplir sus deberes procesales con la debida diligencia (\u2026)\u201d (subrayas propias). <\/p>\n
Dicha postura, recogi\u00f3 lo adoctrinado por esta Sala en prove\u00eddo STC4021-2020, donde se especific\u00f3: <\/p>\n
\u201cNo solucionar prontamente una causa, o ser negligente, torna en injusto al propio Estado e ineficaz la labor del juez; impide el acceso a la justicia a quienes, en verdad, demandan con urgencia y son discriminados o marginados del Estado de Derecho\u201d. <\/p>\n
\u201cSimples solicitudes de copias o sin prop\u00f3sitos serios de soluci\u00f3n de la controversia, derechos de petici\u00f3n intrascendentes o inanes frente al petitum o causa petendi, no pueden tenerse como ejercicio v\u00e1lido de impulso procesal\u201d. <\/p>\n
\u201cCiertamente, las cargas procesales que se impongan antes de emitirse la sentencia, o la actuaci\u00f3n que efectu\u00e9 la parte con posterioridad al fallo respectivo, deben ser \u00fatiles, necesarias, pertinentes, conducentes y procedentes para impulsar el decurso, en eficaz hacia el restablecimiento del derecho\u201d. <\/p>\n
\u201cAs\u00ed, el fallador debe ser prudente a la hora de evaluar la conducta procesal del interesado frente al desistimiento t\u00e1cito de su proceso y, especialmente, con relaci\u00f3n a la mora en la definici\u00f3n de la contienda\u201d. <\/p>\n
\u201cLo anterior, por cuanto, si tras de proferirse la decisi\u00f3n de fondo en la controversia, el expediente lleva a\u00f1o y medio paralizado en la secretar\u00eda del despacho, la simple petici\u00f3n de copias por escrito o la expedici\u00f3n de una certificaci\u00f3n, no pueden ser tenidas como v\u00e1lidas para interrumpir el t\u00e9rmino se\u00f1alado en el art\u00edculo 317 del C.G.P\u201d. <\/p>\n
\u201cEllo, porque, verbigracia, las reproducciones del dossier y las constancias en favor de los sujetos procesales o de terceros, no requieren auto que as\u00ed lo autorice y, en principio, nada aportan en el avance de las diligencias, como tampoco evidencian el deber de las partes ni impedir la tardanza que tanto afecta a la administraci\u00f3n de justicia y, en esa medida, el juez no puede cohonestarla dando por id\u00f3neos, actos superfluos de los intervinientes frente al desistimiento t\u00e1cito\u201d2 (se resalta). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es claro, no todo escrito o petici\u00f3n interrumpe el t\u00e9rmino del desistimiento t\u00e1cito, cuyos ejemplos pueden encontrarse en mociones meramente dilatorias, en solicitudes que m\u00e1s bien entorpecen, dilatan, obstaculizan o impiden la realizaci\u00f3n del derecho, la ejecuci\u00f3n, la concretizaci\u00f3n de la justicia, como una simple solicitud de copias o las referidas a expedici\u00f3n de oficios, o reclamos por actividades que deben ejecutar los intervinientes, pero que \u00e9sta se las atribuyen al juez de la causa, para ocultar la inacci\u00f3n o la carga de parte. Por el contrario, en este caso, se reitera, la situaci\u00f3n es muy diferente, por cuanto la demandante, al deprecar el remate del bien materia de divisi\u00f3n, impidi\u00f3 el cumplimiento del plazo de un (1) a\u00f1o de inactividad del litigio, pues con tal pedimento busc\u00f3, aunque erradamente, lograr la finalidad del decurso, y advertir que con ese acto de parte el fin de este proceso es acabar con la indivisi\u00f3n, cual se expresa en las pretensiones introductorias. <\/p>\n
La sola divergencia conceptual no puede ser venero para rogar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento interpretativo en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta para dar lugar a la intrusi\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n
4. Resta indicar, la petici\u00f3n de Elizabeth Mogrovejo Vargas, quien afirm\u00f3 actuar como apoderada de Amparo L\u00f3pez de Llanos, orientada a la imposici\u00f3n de sanciones a la aqu\u00ed tutelante, no ser\u00e1 acogida, no s\u00f3lo porque aqu\u00e9lla omiti\u00f3 demostrar su habilitaci\u00f3n para concurrir a estas diligencias en nombre de L\u00f3pez de Llanos, sino, adem\u00e1s, porque nada evidencia que la accionante, en esta sede, est\u00e9 incursa en comportamientos que den lugar a los correctivos pretendidos. <\/p>\n
5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos3 y su criterio jurisprudencial, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19694, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d5, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
5.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio6. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-7, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales8; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas9. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Lucrecia L\u00f3pez de Viveros contra el Juzgado Civil del Circuito de Tulu\u00e1 y la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, con ocasi\u00f3n del asunto divisorio iniciado por Amparo L\u00f3pez de Llanos frente a la aqu\u00ed actora, Hilza L\u00f3pez de Espejo, Cenelia L\u00f3pez Perdomo, Nora Milena L\u00f3pez Salas, Mar\u00eda Saide\u00e9 Rosero L\u00f3pez y Ana Betmelia Escobar de L\u00f3pez. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
2\u0002 CSJ STC de 24 de junio de 2020, exp. 08001-22-13-000-2020-00033-01 <\/p>\n
3\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
4\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
5\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
6\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
7\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
8\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
9\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC10085-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC10085-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02567-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de once de agosto de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021) Se procede a decidir la tutela impetrada por Lucrecia L\u00f3pez […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56258","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56258","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56258"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56258\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56258"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56258"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56258"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}