STC10089-2021 <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10089-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02610-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de once de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide la salvaguarda impetrada por Filiberto Fl\u00f3rez Olaya al Juzgado Cuarenta y Nueve Penal del Circuito de Bogot\u00e1 y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad; extensiva a la Sala de Casaci\u00f3n Penal, con ocasi\u00f3n del juicio de la rese\u00f1ada especialidad, con radicado N\u00ba2017-00075-00, adelantado contra el gestor y, otros, por el delito de \u201cfraude procesal\u201d. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El reclamante implora la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente violentadas por la autoridad accionada. <\/p>\n
2. Del escrito inaugural y la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
Bajo los ritos de la Ley 600 de 2000, el Juzgado Cuarenta y Nueve Penal del Circuito de Bogot\u00e1 en sentencia de 22 de agosto de 2019, conden\u00f3 al impulsor a cincuenta y cuatro (53) meses de prisi\u00f3n y multa de doscientos (200) salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes al 2014, como coautor del delito de \u201cfraude procesal\u201d. <\/p>\n
Inconforme con lo prove\u00eddo, el promotor impetr\u00f3 apelaci\u00f3n, cuya definici\u00f3n correspondi\u00f3 al tribunal confutado, quien, el 25 de septiembre de 2020, ratific\u00f3 la decisi\u00f3n protestada. <\/p>\n
Contra esa determinaci\u00f3n, el actor entabl\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n, defensa inadmitida por la hom\u00f3loga Penal en auto AP2280-2021 de 9 de junio de 2021. <\/p>\n
Frente a dicho pronunciamiento, el censor formul\u00f3 insistencia, ruego desestimado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 28 de julio postrero, al ser un tr\u00e1mite exclusivo de la Ley 906 de 2004. <\/p>\n
Para el precursor, se lesionaron sus garant\u00edas porque, en su sentir, se cometieron irregularidades procedimentales en desmedro de sus intereses y, se dio por probada, sin estarla su responsabilidad en la conducta endilgada. <\/p>\n
3. Solicita, por tanto, dejar sin efecto las decisiones refutadas. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta del accionado y de los vinculados <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Penal se\u00f1al\u00f3 que el accionante incurri\u00f3 en temeridad, por cuanto, al abrigo de los hechos aqu\u00ed enarbolados, promovi\u00f3 un resguardo similar a \u00e9ste, en donde esta Sala, en la sentencia STC9388-2021 de 28 de julio pasado, deneg\u00f3 el amparo deprecado por aqu\u00e9l y, por tal motivo, promovi\u00f3 impugnaci\u00f3n, remedio vertical aun pendiente de definici\u00f3n por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El tribunal encausado defendi\u00f3 la legalidad su actuaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n
<\/p>\n
1. En el caso, el tutelante cuestiona lo rituado por los estrados enjuiciados en el proceso penal adelantado en su contra por el delito de \u201cfraude procesal\u201d, en donde la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad, en fallo de 25 de septiembre de 2020, ratific\u00f3 la condena \u00e9l impuesta por esa conducta, cuya ejecutoria se configur\u00f3 al inadmitirse el recurso extraordinario de casaci\u00f3n impetrado contra esa sentencia. <\/p>\n
2. Frente a ello, se advierte, el auxilio invocado es inviable porque el petente, en pasada ocasi\u00f3n, formul\u00f3 un resguardo equiparable ante esa Sala, el cual fue definido en prove\u00eddo de STC9388-2021 de 28 de julio de 2021, impugnado por \u00e9l, remedio a\u00fan pendiente de definici\u00f3n. <\/p>\n
Queda claro, el supuesto f\u00e1ctico ahora cuestionado, ya fue objeto de estudio por esta Sala; por tanto, el amparo debe negarse, pues, en eventos como el presente, si <\/p>\n
\u201c(\u2026) la demanda versa sobre los mismos hechos y derechos que fueron materia de debate en [una] anterior tutela, (\u2026) [esto es, cuando se establece] (\u2026) que no ha habido sucesos distintos que justifiquen la proposici\u00f3n de [una] reciente demanda de amparo constitucional, ya que, ins\u00edstese, si bien los textos no son iguales, los hechos y derechos de esta acci\u00f3n son tambi\u00e9n id\u00e9nticos de la anterior (\u2026). Precisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 dispuso: \u2018cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u2019 (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
Es evidente la conducta del querellante, en hacer un uso incorrecto de este excepcional instrumento, pues, invocar supuestos f\u00e1cticos como sustento de un reclamo decidido en primera instancia, pendiente de resoluci\u00f3n en segunda, no s\u00f3lo afecta la eficaz administraci\u00f3n de justicia, al ocupar a los jueces encargados de resolver el caso en un asunto carente de fundamento jur\u00eddico sino, tambi\u00e9n, desnaturaliza la finalidad por la cual el Constituyente implement\u00f32 la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
En lo pertinente, se requiere al accionante para que cese la proposici\u00f3n de hechos inexistentes e infundados como causa de infracci\u00f3n constitucional, pues con ello no hace m\u00e1s que contribuir con la congesti\u00f3n judicial distrayendo la actividad jurisdiccional de la recta y cumplida administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
3. Se le advierte, asimismo que, de continuar, en lo sucesivo, con la presentaci\u00f3n de amparos temerarios y carentes de fundamento legal, se le impondr\u00e1n las sanciones del caso. <\/p>\n
Sobre lo expuesto, se memora, el inciso 1\u00b0, art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991, consagra: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Actuaci\u00f3n Temeraria. Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Y, por su parte, el inciso final del canon del mismo estatuto, indica: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Si la tutela fuere rechazada o denegada por el juez, \u00e9ste condenar\u00e1 al solicitante al pago de las costas cuando estimare fundadamente que incurri\u00f3 en temeridad (\u2026)\u201d. <\/p>\n
De igual modo, el numeral 1\u00b0 del precepto 79 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable en materia de tutela, en virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, expresa: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Temeridad o mala fe. Se presume que ha existido temeridad o mala fe en los siguientes casos: (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) 1. Cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepci\u00f3n, recurso, oposici\u00f3n o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad (\u2026)\u201d (subraya fuera de texto). <\/p>\n
Como lo ha indicado esta Corte, quien acude a la administraci\u00f3n de justicia, est\u00e1 compelido a <\/p>\n
\u201c(\u2026) acatar los principios que orientan la actuaci\u00f3n procesal, entre los que se encuentra la necesidad de lograr la eficacia del ejercicio de la justicia y obrar con absoluta lealtad y buena fe, pues no se compadece con esas directrices promover peticiones infundadas seg\u00fan aconteci\u00f3, entre otros, con las acciones constitucionales impetradas, so pena de incurrir en conductas que den lugar a acudir a facultades correccionales cuyo empleo debe abocarse por los funcionarios encargados del tr\u00e1mite, de perseverar en comportamientos ajenos a la rectitud inherente al ejercicio del derecho (Cfr. CSJ AP 2215-2014) (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
Atendiendo a lo esbozado, esta Corporaci\u00f3n, en un caso equiparable, determin\u00f3 que, como el proceder del interesado tocaba <\/p>\n
\u201c(\u2026) los l\u00edmites de la temeridad, previstos en el art\u00edculo 79, numeral 1\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso, al hacer peticiones con absoluta carencia de fundamento legal, como previene la norma (\u2026), en evidente perjuicio, no solo de la parte sino tambi\u00e9n de la administraci\u00f3n de justicia, (\u2026) [orden\u00f3] que, por Secretar\u00eda, se compulsen copias de las actuaciones realizadas por aqu\u00e9l en estas diligencias [para las investigaciones del caso] (\u2026)4\u201d. <\/p>\n
4. Refuerza la improcedencia de la protecci\u00f3n rogada, el hecho de estar pendiente de definici\u00f3n la impugnaci\u00f3n que entabl\u00f3 el actor contra la sentencia STC9388-2021 de 28 de julio de 2021, deviniendo, por tanto, prematuro el auxilio rogado. <\/p>\n
Al respecto, esta Corte ha manifestado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]s palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u201d5. <\/p>\n
5. Igualmente, se advierte la inobservancia al presupuesto de subsidiariedad porque, si la Sala de Casaci\u00f3n Laboral ratifica la negativa a conceder el amparo, el quejoso tiene a su alcance la revisi\u00f3n de los respectivos fallos ante la Corte Constitucional e, incluso, la insistencia. <\/p>\n
Esta Corte, en un asunto similar sostuvo: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [H]a de reiterarse la posici\u00f3n de la Sala acerca de la improcedencia de la tutela para cuestionar las actuaciones y decisiones originadas en el marco de otro proceso de id\u00e9ntico linaje constitucional, ya que de lo contrario se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad aeternum lo expresado en el primer fallo (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u2018(\u2026) Se agrega que, tras revisarse la p\u00e1gina web de la Corte Constitucional, se encontr\u00f3 que (\u2026) el expediente fue enviado a la Sala de Selecci\u00f3n de la Corte Constitucional, estando pendiente de que se decida si va a ser revisado o no. (\u2026) De modo que como el tr\u00e1mite censurado se encuentra a la espera de la eventual revisi\u00f3n, el hoy accionante puede manifestar all\u00e1 su inconformidad o acudir ante dicha Corporaci\u00f3n \u201ce insistir en su selecci\u00f3n, para que, de ser el caso, en ese escenario se analicen cada uno de los aspectos en los que funda la presente queja\u201d (sentencia de 6 de marzo de 2009, exp. 08001-22-13-000-2008-00489-01) (\u2026)\u201d6. <\/p>\n
6. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos7 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19698, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d9, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
6.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio10. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
6.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados incluido Colombia11, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales12; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas13. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
7. De acuerdo a lo discurrido, no se otorgar\u00e1 el auxilio rogado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR por improcedente la tutela solicitada por Filiberto Fl\u00f3rez Olaya al Juzgado Cuarenta y Nueve Penal del Circuito de Bogot\u00e1 y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad; extensiva a la Sala de Casaci\u00f3n Penal, con ocasi\u00f3n del juicio de la rese\u00f1ada especialidad con radicado N\u00ba2017-00075-00, adelantado contra el gestor y, otros, por el delito de \u201cfraude procesal\u201d. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo resuelto mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ. STC de 13 de febrero de 2013, exp. 00168-00; reiterada el 20 de marzo de 2013, 680122130002012-00517-01. <\/p>\n
2\u0002 La Constituci\u00f3n Pol\u00edtica en su art\u00edculo 86 establece \u201c(\u2026) Toda persona tendr\u00e1 acci\u00f3n de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por s\u00ed misma o por quien act\u00fae a su nombre, la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica \u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
3\u0002 CSJ. AHP1375-2015 de 18 de marzo de 2015. <\/p>\n
4\u0002 CSJ. AL5367-2018 de 10 de diciembre de 2018. <\/p>\n
5\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 22 de febrero de 2010, exp. 00312-01; reiterada el 20 de marzo de 2013, exp, 00051-01; y el 17 de septiembre de 2013, exp. 1700122130002013-00211-01, entre otras. <\/p>\n
6\u0002 CSJ. STC de 25 de junio de 2012, exp. 5400122130002012-00069-01; reiterada el 16 de agosto de 2013, exp. 11001-02-03-000-2013-01773-00. <\/p>\n
7\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
8\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
9\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
10\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
11\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
12\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
13\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278. <\/p>\n
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