STC10091-2021 <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10091-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2021-01019-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de once de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide la salvaguarda impetrada por Lubis Zulima Carabal\u00ed Rodr\u00edguez frente al Ministerio de Justicia y del Derecho y el Consejo Superior de la Judicatura \u2013 Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial – Unidad de Inform\u00e1tica. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La reclamante implora la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente violentadas por los accionados. <\/p>\n
2. Para respaldar su reparo, en s\u00edntesis, asevera que \u201c(\u2026) el pasado fin de semana no pud[o] radicar una tutela (\u2026)\u201d antes los juzgados de Cali, \u201c(\u2026) porque el sistema (\u2026) limita un horario [de atenci\u00f3n]\u201d, el cual, en su sentir, no es coherente con lo establecido en el art\u00edculo 2\u00b0 del Decreto Ley 2150 de 19951. <\/p>\n
Afirma que la resoluci\u00f3n de su caso \u201claboral\u201d puede \u201cesperar la decisi\u00f3n de un juez\u201d; sin embargo, aquellas personas a las cuales se les est\u00e9n vulnerando sus derechos fundamentales como los de salud o vida, \u201c(\u2026) deben esperar radicar su solicitud [de amparo] el siguiente d\u00eda h\u00e1bil (\u2026)\u201d, es decir, \u201c(\u2026) si es un viernes, tendr[\u00edan] que esperar hasta el martes, si ese fin de semana ca[y]era puente (sic) (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3. Solicita, en concreto, ordenar a los tutelados \u201c(\u2026) la permanente atenci\u00f3n 24\/7, sin importar hora ni d\u00eda h\u00e1bil por lo menos [para] la recepci\u00f3n electr\u00f3nica de la tutela (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de los accionados <\/p>\n
1. El ministerio fustigado adujo que carece de \u201clegitimaci\u00f3n material en la causa por pasiva\u201d, pues \u201c(\u2026) los hechos y peticiones de la parte accionante no guardan relaci\u00f3n alguna con las funciones y competencias constitucionales, legales y reglamentarias asignadas (\u2026)\u201d a esa entidad. <\/p>\n
2. El Consejo Superior de la Judicatura guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
2. El auxilio no es exitoso porque la gestora puede acudir ante las entidades fustigadas y poner en conocimiento de \u00e9stas, la inconformidad expuesta en este ruego, para que sean esas autoridades quienes definan si le asiste o no raz\u00f3n en sus aseveraciones; empero, ninguna prueba aducida a esta sede demuestra que as\u00ed haya actuado. <\/p>\n
Por tanto, la demanda de amparo desemboca en la hip\u00f3tesis de improcedencia prevista en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica en armon\u00eda con el canon 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, por cuanto la actora pretende un pronunciamiento de esta especial jurisdicci\u00f3n, sobre aspectos que deben ser solucionados por el funcionario competente; los cuales no hallan asidero en esta v\u00eda residual y extraordinaria. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala ha manifestado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]n trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
3. Con todo, valga aclarar, la plataforma virtual a la cual acudi\u00f3 la gestora para impetrar su acci\u00f3n constitucional ante los jueces de Cali es la habilitada por el Consejo Superior de la Judicatura para generar \u201ctutelas en l\u00ednea\u201d3, sitio web que, para el registro de amparos en la citada ciudad, tiene un horario entre las 7:00 a.m a 2:00 p.m., d\u00edas h\u00e1biles, dentro del cual se cuenta, adem\u00e1s, con una l\u00ednea de atenci\u00f3n al p\u00fablico de lunes a viernes de 08:00 a.m. a 06:00 p.m., en caso de presentar, el usuario, inconvenientes para el acceso o funcionamiento de dicho aplicativo. <\/p>\n
No obstante, se evidencia, el acceso al referido medio virtual es complementario al dispuesto por la mencionada corporaci\u00f3n para el env\u00edo de las acciones de tutela a los diferentes juzgados del territorio nacional, pues, para ello, los ciudadanos pueden hacer uso, en primer lugar, de los correos electr\u00f3nicos institucionales creados para cada regi\u00f3n del pa\u00eds, los cuales, hasta el momento, no cuentan con ninguna restricci\u00f3n en el horario para la radicaci\u00f3n de ese tipo de resguardos y que pueden ser consultados por los ciudadanos en la direcci\u00f3n electr\u00f3nica https:\/\/www.ramajudicial.gov.co\/web\/10228\/1300, como lo demuestra la siguiente imagen: <\/p>\n
As\u00ed las cosas, evidente es, en la actualidad, existe un canal virtual expedito y de f\u00e1cil acceso, para la presentaci\u00f3n o radicaci\u00f3n de acciones de tutela, sin restricci\u00f3n alguna en su horario, por tanto, para el presente caso, ning\u00fan quebrantamiento de derechos fundamentales se le puede endilgar al Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n
4. Por otro lado, refuerza la desestimaci\u00f3n del amparo, que la interesada en su escrito introductor no precis\u00f3, en realidad, ning\u00fan hecho vulnerador atribuible a los convocados, pues, \u00fanicamente, enfil\u00f3 su inconformidad frente al horario en el cual se puede radicar las acciones de resguardo en la plataforma digital denominada \u201ctutela en l\u00ednea\u201d, sin establecer ning\u00fan quebrantamiento de sus garant\u00edas supralegales, m\u00e1xime, cuando afirm\u00f3 que su caso, sin especificar cual, \u201cpuede esperar la decisi\u00f3n de un juez\u201d. <\/p>\n
Al punto, la Corte Constitucional ha establecido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) El objeto de la acci\u00f3n de tutela es la protecci\u00f3n efectiva, inmediata, concreta y subsidiaria de los derechos fundamentales, \u201ccuando quiera que \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica o de los particulares [de conformidad con lo establecido en el Cap\u00edtulo III del Decreto 2591 de 1991]\u201d. As\u00ed pues, se desprende que el mecanismo de amparo constitucional se torna improcedente, entre otras causas, cuando no existe una actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n del agente accionado a la que se le pueda endilgar la supuesta amenaza o vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en cuesti\u00f3n\u201d. <\/p>\n
\u201cEn el mismo sentido lo han expresado sentencias como la SU-975 de 2003 o la T-883 de 2008, al afirmar que \u201cpartiendo de una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica, tanto de la Constituci\u00f3n, como de los art\u00edculos 5\u00ba y 6\u00ba del [Decreto 2591 de 1991], se deduce que la acci\u00f3n u omisi\u00f3n cometida por los particulares o por la autoridad p\u00fablica que vulnere o amenace los derechos fundamentales es un requisito l\u00f3gico-jur\u00eddico para la procedencia de la acci\u00f3n tuitiva de derechos fundamentales (…) En suma, para que la acci\u00f3n de tutela sea procedente requiere como presupuesto necesario de orden l\u00f3gico-jur\u00eddico, que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan (\u2026), ya que sin la existencia de un acto concreto de vulneraci\u00f3n a un derecho fundamental no hay conducta espec\u00edfica activa u omisiva de la cual proteger al interesado\u201d. <\/p>\n
\u201cY lo anterior resulta as\u00ed, ya que si se permite que las personas acudan al mecanismo de amparo constitucional sobre la base de acciones u omisiones inexistentes, presuntas o hipot\u00e9ticas, y que por tanto no se hayan concretado en el mundo material y jur\u00eddico, \u201cello resultar\u00eda violatorio del debido proceso de los sujetos pasivos de la acci\u00f3n, atentar\u00eda contra el principio de la seguridad jur\u00eddica y, en ciertos eventos, podr\u00eda constituir un indebido ejercicio de la tutela, ya que se permitir\u00eda que el peticionario pretermitiera los tr\u00e1mites y procedimientos que se\u00f1ala el ordenamiento jur\u00eddico como los adecuados para la obtenci\u00f3n de determinados objetivos espec\u00edficos, para acudir directamente al mecanismo de amparo constitucional en procura de sus derechos\u201d. <\/p>\n
\u201cAs\u00ed pues, cuando el juez constitucional no encuentre ninguna conducta atribuible al accionado respecto de la cual se pueda determinar la presunta amenaza o violaci\u00f3n de un derecho fundamental, debe declarar la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela (\u2026)4\u201d (se resalta). <\/p>\n
5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos5 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19696, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d7, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
5.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio8. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-9, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales10; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas11. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
6. Por los anteriores argumentos, se negar\u00e1 la salvaguarda deprecada. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR la tutela impetrada por Lubis Zulima Carabal\u00ed Rodr\u00edguez frente al Ministerio de Justicia y del Derecho y el Consejo Superior de la Judicatura \u2013 Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial – Unidad de Inform\u00e1tica. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Art\u00edculo 2\u00ba.- Horarios extendidos de Atenci\u00f3n al P\u00fablico. \u201cEn adici\u00f3n a sus jornadas habituales, las entidades de la Administraci\u00f3n P\u00fablica deber\u00e1n poner en funcionamiento horarios extendidos de atenci\u00f3n al p\u00fablico, no coincidentes con la jornada laboral com\u00fan, para que la ciudadan\u00eda pueda cumplir sus obligaciones y adelantar los tr\u00e1mites frente a las mismas\u201d. <\/p>\n
2\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 22 de febrero de 2010, exp. 00312-01; reiterada el 20 de marzo de 2013, exp, 00051-01; y el 17 de septiembre de 2013, exp. 1700122130002013-00211-01, entre otras. <\/p>\n