STC10095-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10095-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-01321-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de once de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 2 de julio de 2021, dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Eduardo Espitia Rubiano contra el Juzgado Sexto Civil del Circuito de esta ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio ejecutivo adelantado por el aqu\u00ed actor a Gabino Blanco Sep\u00falveda y otros. <\/p>\n
<\/p>\n
1. El promotor suplica la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, entre otros, presuntamente quebrantados por la autoridad jurisdiccional fustigada. <\/p>\n
2. Del ruego tuitivo y sus anexos, se extrae lo siguiente: <\/p>\n
Eduardo Espitia Rubiano adelant\u00f3 en el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogot\u00e1, juicio \u201cordinario de responsabilidad civil extracontractual\u201d contra Gabino Blanco Sep\u00falveda, Jos\u00e9 Reinaldo Pedraza y la empresa Coflonorte Ltda., pleito en el cual se emiti\u00f3 fallo de segunda instancia el 11 de noviembre de 2015, orden\u00e1ndose al extremo pasivo, pagar a favor del aqu\u00ed actor, la suma de $130.618.969,07, por concepto de perjuicios materiales. <\/p>\n
Afirma el gestor que, a continuaci\u00f3n de ese litigio, adelant\u00f3 el cobro de los valores determinados en esa sentencia, asunto zanjado mediante prove\u00eddo de 24 de septiembre de 2020, donde se dispuso seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
Asevera que el 18 de febrero de 2021 se aprob\u00f3, en debida, forma la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito por el monto de $32.611.931,29, teniendo en cuenta los abonos realizados por la parte demandada. <\/p>\n
Se\u00f1ala que el 26 de febrero pasado, su apoderada judicial pidi\u00f3 la entrega de los dineros embargados dentro del comentado compulsivo, requerimiento aprobado el 4 de marzo siguiente. <\/p>\n
Manifiesta que, luego de solicitar un turno para retirar los correspondientes t\u00edtulos judiciales, el despacho convocado, en auto de 13 de mayo pasado, orden\u00f3 \u201cpor secretar\u00eda, de manera inmediata, agend[ar] cita (\u2026) y reali[zar] entrega de los dineros recaudados a favor de la parte demandante, hasta la concurrencia de los valores liquidados\u201d. <\/p>\n
Asegura que el estrado fustigado no ha cumplido con la entrega de los memorados t\u00edtulos judiciales, aun cuando, en varias oportunidades, ha requerido el cumplimiento de esa orden. <\/p>\n
3. Implora, en concreto, tutelar sus derechos fundamentales e instar al juzgado criticado, \u201cagendar cita y proceder con la entrega inmediata de los t\u00edtulos obrantes en el expediente\u201d contentivo del caso bajo estudio. <\/p>\n
1.1. Respuesta del accionado <\/p>\n
Indic\u00f3 que, una vez enterado del impulso de este resguardo, procedi\u00f3 a emitir \u201corden de trabajo consistente en la elaboraci\u00f3n inmediata de los t\u00edtulos en favor del [actor]\u201d, fijando el 1\u00b0 de julio de 2021, como fecha de entrega de estos. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Desestim\u00f3 la s\u00faplica tras advertir la existencia de un \u201checho superado\u201d, pues <\/p>\n
\u201c(\u2026) aunque para el momento en que fue instaurada esta s\u00faplica el juzgado convocado no hab\u00eda emitido pronunciamiento frente a la solicitud de agendamiento de cita para la entrega de dep\u00f3sitos judiciales que radic\u00f3 el aqu\u00ed accionante el 16 de marzo del a\u00f1o en curso, petici\u00f3n que fue reiterada en forma posterior, lo cierto es que ese Despacho, en raz\u00f3n de esta acci\u00f3n, acredit\u00f3 que el pasado 29 de junio fueron generados dos t\u00edtulos judiciales a favor de aquel y, en la misma fecha, le asign\u00f3 fecha para la entrega, fijando como tal el 1\u00ba de julio de 2021 a las 12:30 pm, lo que fue comunicado mediante correo electr\u00f3nico.\u201d. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La formul\u00f3 el promotor, aduciendo que, si bien el convocado cumpli\u00f3 parcialmente lo requerido en este ruego1, lo cierto es, existen dentro del expediente dos t\u00edtulos judiciales por valor de $60.000.000 y $65.000.000, de los cuales se le inform\u00f3 que no se realizar\u00eda su entrega hasta tanto allegara una actualizaci\u00f3n del cr\u00e9dito. <\/p>\n
<\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Eduardo Espitia Rubiano censura la tardanza del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogot\u00e1 en materializar la entrega de los t\u00edtulos judiciales constituidos dentro del caso bajo estudio, lo cual fue ordenado desde el 4 de marzo de 2021. <\/p>\n
2. Se advierte el fracaso de este mecanismo, por cuanto, revisadas las pruebas aportadas a esta senda, se observa que, estando en tr\u00e1mite el mismo, el convocado comunic\u00f3 al actor sobre la entrega de los dineros consignados en el comentado compulsivo, lo cual se realizar\u00eda el 1\u00b0 de julio de 2021. <\/p>\n
Incluso, seg\u00fan lo manifestado por el petente a esta sede, ya se le hizo entrega de un t\u00edtulo judicial por valor de $32.611.931, por tanto, se disipan los supuestos f\u00e1cticos frente a los cuales el quejoso encauz\u00f3 la presunta vulneraci\u00f3n de sus prerrogativas superlativas, pues la mora endilgada por aqu\u00e9l ya fue atendida, configur\u00e1ndose as\u00ed un hecho superado frente a ese punto. <\/p>\n
Sobre ese t\u00f3pico, esta Sala ha indicado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]a decisi\u00f3n del Juez de tutela carece de objeto cuando, en el momento de proferirla, encuentra que la situaci\u00f3n expuesta en la demanda, que hab\u00eda dado lugar a que el supuesto afectado intentara la acci\u00f3n, se ha modificado sustancialmente, de tal manera que ha desaparecido toda posibilidad de amenaza o da\u00f1o a los derechos fundamentales. Siendo la defensa de \u00e9stos la justificaci\u00f3n y el prop\u00f3sito de esta forma expedita de administrar justicia constitucional en el caso concreto, ning\u00fan sentido tiene que el fallador imparta \u00f3rdenes de inmediato cumplimiento en relaci\u00f3n con unas circunstancias que pudieran configurarse en el pasado pero que, al momento de cumplirse la sentencia, no existe o, cuando menos, presentan caracter\u00edsticas totalmente diferentes a las iniciales (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) El hecho superado o la carencia de objeto (\u2026), se presenta: \u2018si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
3. Ahora, la censura elevada en el escrito impugnatorio, relacionada con la no entrega de unos t\u00edtulos judiciales hasta tanto se allegara una actualizaci\u00f3n del cr\u00e9dito cobrado dentro del compulsivo sublite, constituye un suceso nuevo y, por ende, no ser\u00e1 objeto de pronunciamiento en esta instancia, pues ello implicar\u00eda preterir la garant\u00eda de defensa de quienes no tuvieron la oportunidad de controvertir ese espec\u00edfico aspecto. <\/p>\n
Frente a ese t\u00f3pico, esta Corporaci\u00f3n ha manifestado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]s cierto que, en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores (\u2026). Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
4. No obstante lo expuesto en precedencia, se exhortar\u00e1 al juzgador accionado a adoptar las medidas necesarias para materializar, en el menor tiempo posible, la entrega de la totalidad de los t\u00edtulos judiciales constituidos en el caso bajo estudio; m\u00e1xime, cuando ese asunto se encuentra con orden de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n desde el 24 de septiembre de 2020. <\/p>\n
5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos4 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En sentido an\u00e1logo, la regla 93 ej\u00fasdem, indica: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19695, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d6, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
5.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio7. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus prerrogativas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
6. Conforme a los argumentos expuestos, se ratificar\u00e1 la providencia impugnada. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada, sin perjuicio de la exhortaci\u00f3n efectuada al juzgado atacado. Rem\u00edtasele copia de esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo resuelto, mediante telegrama o por mensaje de datos a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 El promotor indica que el convocado hizo entrega de un t\u00edtulo judicial por valor de $32.611.931. <\/p>\n
2\u0002 CSJ STC de 13 de marzo de 2009, exp. T-00147-01, reiterada entre muchos otros en fallo de 12 de septiembre de 2011, exp. 00081-01. <\/p>\n
3\u0002 CSJ. STC de 10 de mayo de 2011, exp. 00416-01. <\/p>\n
4\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
5\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
6\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
7\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
8\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
9\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
10\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
5 <\/p>\n
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