STC10111-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10111-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02479-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de once de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide la salvaguarda impetrada por Acci\u00f3n Sociedad Fiduciaria S.A. a los Juzgados Treinta y Siete Civil Municipal, Diecinueve Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias y Treinta y Uno Civil del Circuito, todos de Bogot\u00e1, y a Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta ciudad, con ocasi\u00f3n de otro ruego tuitivo con radicado N\u00ba2020-000141-01, incoado por la gestora frente al primer estrado municipal se\u00f1alado. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La reclamante implora la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente violentadas por la autoridad accionada. <\/p>\n
2. Del escrito inaugural y la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
La quejosa aduce que, en calidad de fiduciaria, suscribi\u00f3 un contrato de fiducia mercantil de garant\u00eda con la Corporaci\u00f3n Finanzas de Am\u00e9rica Corfiam\u00e9rica S.A. como fideicomitente, en virtual del cual se constituy\u00f3 el patrimonio aut\u00f3nomo denominado Fideicomiso Garant\u00eda Confiam\u00e9rica y, de \u00e9ste, la inicialista fungir\u00eda como su vocera. <\/p>\n
Mediante escritura p\u00fablica se transfiri\u00f3 un inmueble en favor del aludo patrimonio aut\u00f3nomo, ubicado en el Conjunto Residencial Salamanca y Calatayud Etapas IV, V y VI P.H. <\/p>\n
La enunciada propiedad horizontal demand\u00f3 compulsivamente a la promotora ante el Juzgado Treinta y Siete Civil Municipal de esta capital, para exigirle el pago de unas cuotas de administraci\u00f3n. <\/p>\n
En sentencia de 28 de enero de 2020, el rese\u00f1ado despacho desestim\u00f3 las excepciones de la impulsora y dispuso seguir adelante con el coercitivo. <\/p>\n
Por tal motivo, la suplicante inco\u00f3 un amparo similar a \u00e9ste en el Juzgado Treinta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1, invocando la protecci\u00f3n de sus prerrogativas superlativas, pues, en su sentir, no era la propietaria del inmueble de cuyos pagos se le atribu\u00eda mora por concepto de administraci\u00f3n, en tanto solo era vocera del patrimonio aut\u00f3nomo Fideicomiso Garant\u00eda Confiam\u00e9rica y, en el ritual acusado, no se le convoc\u00f3 en tal calidad. <\/p>\n
Mediante fallo de 18 de junio de 2020, el precitado estrado concedi\u00f3 la protecci\u00f3n implorada y, en consecuencia, invalid\u00f3 el veredicto emitido en la ejecuci\u00f3n reprochada. <\/p>\n
Inconforme con lo prove\u00eddo, el Conjunto Residencial Salamanca y Calatayud Etapas IV, V y VI P.H. impetr\u00f3 impugnaci\u00f3n, cuya definici\u00f3n correspondi\u00f3 al colegiado confutado, quien el 23 de julio postrero, revoc\u00f3 la decisi\u00f3n protestada, para denegar el auxilio deprecado por la aqu\u00ed actora. <\/p>\n
Asevera la petente que pidi\u00f3 la revisi\u00f3n de ese pronunciamiento a la Corte Constitucional, corporaci\u00f3n que, en auto de 15 de diciembre ulterior, no seleccion\u00f3 la determinaci\u00f3n acusada para surtir el referido grado jurisdiccional. <\/p>\n
Para la quejosa, se lesionaron sus garant\u00edas, por cuanto el tr\u00e1mite ejecutivo en cuesti\u00f3n ha continuado con la pr\u00e1ctica de medidas cautelares sobre sus activos, pese a no ser la obligada a cancelar la deuda ejecutada, tal como lo reconoci\u00f3 una magistrada del tribunal refutado al salvar su voto, aludiendo a esa circunstancia y, de contera, ameritaba la ratificaci\u00f3n de la concesi\u00f3n de la salvaguarda otorgada en primera instancia, sin ser procedente enervarla. <\/p>\n
3. Solicita, por tanto, dejar sin efecto la sentencia emitida por la colegiatura demandada y, en su lugar, ordenar mantener el fallo proferido por el a quo. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta del accionado y de los vinculados <\/p>\n
<\/p>\n
1. El tribunal encartado se limit\u00f3 a remitir el expediente materia de controversia. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Los Juzgados Diecinueve Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias y Treinta y Uno Civil del Circuito defendieron, por separado, la legalidad de sus actuaciones. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Conjunto Residencial Salamanca y Calatayud Etapas IV, V y VI P.H. manifest\u00f3 que no se conculc\u00f3 derecho alguno a la censora, en el ritual ejecutivo objeto de disenso. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Desde la g\u00e9nesis de la acci\u00f3n de tutela, certera y uniformemente en pro de la seguridad jur\u00eddica y de la vigencia del Estado democr\u00e1tico, esta Sala ha advertido la improcedencia de los auxilios formulados frente a actuaciones del mismo linaje por contarse con herramientas id\u00f3neas para su ejecuci\u00f3n o su control constitucional. <\/p>\n
Las equivocaciones o desafueros de los jueces de esta jurisdicci\u00f3n al ocuparse de la sustanciaci\u00f3n de sus decisiones no se resuelven con un nuevo ruego de naturaleza id\u00e9ntica para contrarrestar el supuesto quebranto. Para ese aspecto, el ordenamiento jur\u00eddico dise\u00f1\u00f3 la impugnaci\u00f3n de cara al fallo de primer grado, la revisi\u00f3n y, a\u00fan la insistencia en caso de negarse este \u00faltimo, instrumentos procedentes ante los funcionarios habilitados para el efecto. <\/p>\n
En lo atinente a este espec\u00edfico tema, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) el legislador evita la cadena ilimitada de litigios que se generar\u00edan en caso de admitirse acciones de tutela contra sentencias que decidan el amparo constitucional, de modo que instituy\u00f3 a la Corte Constitucional como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
2. Con todo, se resalta que la jurisprudencia ha aceptado la viabilidad de auxilios como el presente, cuando la determinaci\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela es producto de un fraude o si se reprochan actos anteriores o posteriores a esa providencia, lesivos del debido proceso. <\/p>\n
As\u00ed, en el pronunciamiento SU-627 de 2015, el Alto Tribunal Constitucional acot\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) 4.6.1. Para establecer la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si \u00e9sta se dirige contra la sentencia proferida dentro de \u00e9l o contra una actuaci\u00f3n previa o posterior a ella (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) 4.6.2. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) 4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepci\u00f3n cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisi\u00f3n de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) 4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) 4.6.3. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si \u00e9stas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia. <\/p>\n
\u201c(\u2026) 4.6.3.1. Si la actuaci\u00f3n acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisi\u00f3n del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que ser\u00edan afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, la acci\u00f3n de tutela s\u00ed procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisi\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) 4.6.3.2. Si la actuaci\u00f3n acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en dicha sentencia, la acci\u00f3n de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protecci\u00f3n de un derecho fundamental que habr\u00eda sido vulnerado en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional (\u2026)\u201d (Subrayas y negrillas para resaltar). <\/p>\n
3. Se colige el fracaso del amparo porque la gestora discute lo resuelto por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la salvaguarda incoada por ella frente al el Juzgado Treinta y Siete Civil Municipal de esta capital, en donde pretendi\u00f3, a trav\u00e9s del ruego tuitivo, dejar sin valor ni efecto, la orden de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n adelantada en su contra por el Conjunto Residencial Salamanca y Calatayud Etapas IV, V y VI P.H., ruego desestimado por dicho colegiado en sentencia de 23 de julio de 2020. <\/p>\n
Bajo ese horizonte, como en el presente asunto se solicita el quiebre de lo prove\u00eddo por la corporaci\u00f3n acusada, la cuesti\u00f3n implica reabrir un debate ya dirimido en un decurso de similar linaje al ahora invocado. <\/p>\n
No es procedente, por esta v\u00eda, cuestionar las actuaciones y decisiones proferidas en un asunto de igual naturaleza. La acci\u00f3n de tutela no es instrumento que pueda utilizarse para atacar ese tipo de pronunciamientos; de aceptarse esa conducta, se perder\u00eda su efectividad como mecanismo de acceso a la justicia para la protecci\u00f3n de derechos fundamentales. <\/p>\n
Esta Sala ha desestimado decursos como \u00e9ste, \u201c(\u2026) puesto que la jurisprudencia constitucional defini\u00f3 de tiempo atr\u00e1s que [aqu\u00ed] resulta inconducente para alegar la configuraci\u00f3n de arbitrariedades en una sentencia de igual talante, pues un an\u00e1lisis distinto desnaturaliza su real objeto (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
Aunado a ello, si bien la precursora pidi\u00f3 la revisi\u00f3n de la determinaci\u00f3n cuestionada a la Corte Constitucional, en auto de 15 de diciembre de 20203, emanado de esa corporaci\u00f3n, el expediente materia de disenso fue excluido de ese grado jurisdiccional, no se advierte que la impulsora hubiere \u201cinsistido\u201d en ello, como se lo permit\u00edan los art\u00edculos 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 19924; por tanto, esa desidia llev\u00f3 a la firmeza del veredicto encausado. <\/p>\n
En cuanto a lo anotado, esta Sala ha esgrimido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Una vez ha culminado el proceso de revisi\u00f3n por parte de la Corte, \u2018no hay lugar para reabrir el debate\u2019 y, por tanto, la decisi\u00f3n se torna inmutable y definitivamente vinculante, revisti\u00e9ndose de la calidad de cosa juzgada. As\u00ed las cosas, \u2018(\u2026) [d]ecidido un caso por la Corte Constitucional o terminado el proceso de selecci\u00f3n para revisi\u00f3n y precluido el lapso establecido para insistir en la selecci\u00f3n de un proceso de tutela para revisi\u00f3n (\u2026), opera el fen\u00f3meno de la cosa juzgada constitucional (art. 243 numeral 1 C.P.). Una vez ha quedado definitivamente en firme una sentencia de tutela por decisi\u00f3n judicial de la Corte Constitucional, no hay lugar a reabrir el debate sobre lo decidido\u2019. Por lo anterior, se reitera, incluso en casos en los cuales la misma parte demandante vencedora en una litis precedente, instaure una nueva acci\u00f3n de tutela que de alguna manera permita a la parte vencida en ese proceso anterior cuestionar aquella decisi\u00f3n, tales argumentos no ser\u00e1n procesalmente admisibles, pues la decisi\u00f3n del juez de tutela, una vez surtido el tr\u00e1mite de revisi\u00f3n en la Corte Constitucional, se encuentra revestida de la calidad de la cosa juzgada constitucional\u201d (sentencia T-218 de 2012) (\u2026)\u201d5. <\/p>\n
Esta acci\u00f3n impone el agotamiento previo de todos los mecanismos de defensa a disposici\u00f3n de los interesados, dado su car\u00e1cter eminentemente residual, pues, de otra manera, se convertir\u00eda en una v\u00eda para revivir las oportunidades clausuradas, cuesti\u00f3n que terminar\u00eda cercenando los principios nodales edificantes de esta herramienta constitucional. <\/p>\n
En lo concerniente al citado requisito, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) De modo que, si incurri\u00f3 en pigricia y desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u201d6. <\/p>\n
4. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos8 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19699, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d10, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
4.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio11. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados incluido Colombia12, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales13; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas14. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
5. De acuerdo a lo discurrido, no se otorgar\u00e1 el auxilio rogado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR por improcedente la tutela solicitada por Acci\u00f3n Sociedad Fiduciaria S.A. a los Juzgados Treinta y Siete Civil Municipal, Diecinueve Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias y Treinta y Uno Civil del Circuito, todos de Bogot\u00e1, y a Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta ciudad, con ocasi\u00f3n de otro ruego tuitivo con radicado N\u00ba2020-000141-01, incoado por la gestora frente al primer estrado municipal se\u00f1alado. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo resuelto mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ. STC de 22 de agosto de 2008, exp. 01317-00. <\/p>\n
2\u0002 CSJ. STC del 17 de febrero de 2004, exp, No. 2300122130002003-00076-01 y 27 de agosto del mismo a\u00f1o, exp. 470012213000200400306-01, entre muchas otras. <\/p>\n
3\u0002https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/autos\/AUTO%20SALA%20DE%20SELECCION%2015%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202020%20NOTIFICADO%2021%20DE%20ENERO%20DE%202021.pdf <\/p>\n
4\u0002 Art\u00edculo 51. Insistencia. Adem\u00e1s de los treinta d\u00edas de que dispone la Sala de Selecci\u00f3n y en virtud de lo dispuesto por el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, cualquier Magistrado titular o directamente el Procurador General de la Naci\u00f3n o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 insistir en la selecci\u00f3n de una o m\u00e1s tutelas para su revisi\u00f3n, dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u00bb. Art\u00edculo 52. Tr\u00e1mite de la insistencia. Recibida la solicitud, la Sala de Selecci\u00f3n de turno entrar\u00e1 a reexaminar en los t\u00e9rminos y por las causales previstas en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, la tutela objeto de insistencia. Si encuentra procedente la selecci\u00f3n, as\u00ed lo har\u00e1 y dispondr\u00e1 su reparto. Si la decisi\u00f3n fuere negativa, se informar\u00e1 de ello al solicitante dentro de los tres d\u00edas siguientes. Contra las decisiones de selecci\u00f3n no proceder\u00e1 recurso alguno. <\/p>\n
5\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 25 de junio de 2013, exp. 1100102030002013-01262-00. <\/p>\n
6\u0002 CSJ. STC de 6 de julio de 2010, exp. -2010-00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, exp. 2010-000380-01. <\/p>\n
7\u0002 CSJ STC11177-2018 de 3 de septiembre de 2018, exp. 15693-22-08-001-2018-00099-01. <\/p>\n
8\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
9\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
10\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
11\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
12\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
13\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
14\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278. <\/p>\n
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STC10111-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC10111-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02479-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de once de agosto de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021) Se decide la salvaguarda impetrada por Acci\u00f3n Sociedad Fiduciaria S.A. […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56268","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56268","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56268"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56268\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56268"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56268"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56268"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}