STC10112-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10112-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2020-01177-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de once de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 25 de agosto de 2020 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Servicios Industriales Integrales SAS contra la Sala de Descongesti\u00f3n N\u00b0 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus garant\u00edas al debido proceso, defensa, contradicci\u00f3n y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulneradas por la autoridad judicial acusada, por lo que pidi\u00f3 \u00abse declare sin efectos la sentencia\u00bb calendada 6 de mayo de 2020. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Neydi Isabel Mayorga Ariza promovi\u00f3 demanda laboral contra Servicios Industriales Integrales SAS y BT Latam Colombia SA, con la finalidad de que se declarara \u00abla existencia de un contrato de trabajo del 28 de septiembre de 2010 al 21 de diciembre de 2013 con Bt Latam Colombia, como verdadero empleador\u00bb; que \u00abServicios Industriales Integrales SAS intermedi\u00f3 ilegalmente para el desarrollo de actividades misionales y permanentes para Bt Latam Colombia SA\u00bb; y que \u00absu despido fue ineficaz, en tanto a pesar de la limitaci\u00f3n f\u00edsica que padec\u00eda, no medi\u00f3 autorizaci\u00f3n del Ministerio del Trabajo\u00bb, por lo que deb\u00eda ser reintegrada a su puesto de trabajo. <\/p>\n
2.2. Mediante sentencia del 22 de julio de 2015, se negaron las pretensiones, decisi\u00f3n confirmada con providencia del 24 de noviembre de 2015. <\/p>\n
2.3. Contra esa \u00faltima determinaci\u00f3n, la demandante formul\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n, que se declar\u00f3 pr\u00f3spero con fallo del 6 de mayo de 2020, por lo que se cas\u00f3 la providencia impugnada y, en su remplazo, se revoc\u00f3 parcialmente la sentencia de primera instancia, para en su lugar condenar a: <\/p>\n
Servicios Industriales Integrales SAS, a reintegrar a Neydi Isabel Mayorga Ariza a su puesto de trabajo, con el consecuente pago de salarios en cuant\u00eda mensual de $4.925.807, cesant\u00edas y primas de servicios, dejadas de percibir y pagar entre la fecha del despido y la del reintegro efectivo; adem\u00e1s, deber\u00e1 pagarle $29.554.841.98, a t\u00edtulo de indemnizaci\u00f3n especial por despido en estado de discapacidad\u2026 <\/p>\n
2.4. En s\u00edntesis, expres\u00f3 la gestora del resguardo que \u00aba uno de los Magistrados que manifest\u00f3 un impedimento, solo se le acept\u00f3 en la sentencia, pero, en la parte resolutiva apareci\u00f3 mencionado su nombre\u00bb; y que \u00abla Sala decidi\u00f3 con dos de tres magistrados, cuando lo que correspond\u00eda era nombrar un Conjuez, tal y como lo establece el C\u00f3digo General del Proceso, pero adem\u00e1s se debi\u00f3 decidir con un n\u00famero impar y plural de magistrados y no con un n\u00famero par\u00bb. <\/p>\n
2.5. Agreg\u00f3 que la sede judicial accionada \u00absupli\u00f3 la ausencia indiscutible de incapacidad laboral de la recurrente, lo cual es un elemento fundamental para reconocer la ineficacia de la terminaci\u00f3n del contrato\u00bb; y que utiliz\u00f3 \u00abun precedente jurisprudencial inaplicable al\u2026 caso\u00bb, comoquiera que \u00ablos presupuestos f\u00e1cticos, no son comparables y la analog\u00eda que hace el fallo acusado en esta acci\u00f3n de tutela, est\u00e1 mal realizada, pues\u2026 parte del supuesto de situaciones f\u00e1cticas que no son comparables\u00bb. <\/p>\n
2.6. Tambi\u00e9n destac\u00f3 que en la providencia cuestionada se dejaron de valorar las pruebas que demostraban que \u00aba la ex – trabajadora no se le finaliz\u00f3 el contrato de trabajo por estado de discapacidad o incapacidad o por una situaci\u00f3n de discriminaci\u00f3n\u00bb; que \u00abse omiti\u00f3 valorar que las incapacidades presentadas obedec\u00edan a diferentes patolog\u00edas y no ten\u00edan un solo origen causal y patol\u00f3gico\u00bb; as\u00ed como tambi\u00e9n que \u00abel fallador de casaci\u00f3n no est\u00e1 facultado para establecer una estabilidad laboral reforzada por incapacidades sucesivas, y mucho menos si esas incapacidades sucesivas obedecen a distintas causas\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
2. N\u00e9stor Alfonso Vargas P\u00e9rez, quien dijo fungir como apoderado judicial de Neydi Isabel Mayorga Ariza, sin que aportara mandato que lo facultara para representarla en este tr\u00e1mite, pidi\u00f3 negar el resguardo. <\/p>\n
3. Seguros del Estado SA dijo coadyuvar la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
4. La Sala de Descongesti\u00f3n N\u00b0 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia pidi\u00f3 desestimar el amparo, habida cuenta que \u00abla providencia cuestionada, adem\u00e1s de razonable, fue emitida con estricto apego a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y a la ley, por manera que no resulta arbitraria, ni lesiva de derecho fundamental alguno\u00bb y, adem\u00e1s, porque \u00abel Acuerdo 23 de 2018, en concordancia con el 48 de noviembre 16 de 2016, par\u00e1grafo segundo del art\u00edculo 15, establece que se recurrir\u00e1 a conjueces, \u00fanicamente cuando no pueda obtenerse la mayor\u00eda decisoria en Sala por impedimento o recusaci\u00f3n de uno de los Magistrados\u00bb, por lo que en el caso objeto de censura \u00abno hab\u00eda lugar a la designaci\u00f3n de conjuez\u00bb, comoquiera que \u00abla decisi\u00f3n fue adoptada con el voto favorable de dos Magistrados\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el resguardo, por cuanto \u00abno existe una vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de la parte actora, dentro del proceso ordinario laboral [fustigado] que pueda endilg\u00e1rsele al accionado\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El 28 de septiembre de 2020, la gestora del resguardo reiter\u00f3 sus alegaciones iniciales, siendo remitidas las diligencias a esta Corporaci\u00f3n, el 2 de agosto de 2021. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Examinada la demanda de tutela, advierte la Corte que la gestora del resguardo cuestion\u00f3 que: (i) la sentencia de 6 de mayo de 2020, que cas\u00f3 la dictada el 24 de noviembre de 2015, hubiese sido dictada con la participaci\u00f3n de dos de los tres integrantes de la Sala de decisi\u00f3n, al haberse aceptado el impedimento que manifest\u00f3 una de las magistradas que la conformaban; y (ii) la valoraci\u00f3n jur\u00eddica y probatoria efectuada en la prenotada providencia de 6 de mayo. <\/p>\n
3. En lo que ata\u00f1e al primero de esos reproches, concluye esta Colegiatura que el resguardo resulta inviable, por cuanto la quejosa omiti\u00f3 esgrimir ante el juez ordinario la supuesta irregularidad que por v\u00eda constitucional aleg\u00f3, siendo ese el escenario propicio para hacerlo. <\/p>\n
De ese modo el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los mecanismos de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si la promotora del amparo desperdici\u00f3 \u00ablas diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
(\u2026) es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
4. Respecto al otro reproche de la actora, se anticipa la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que la providencia acusada no luce arbitraria, habida cuenta que la mencionada sede judicial, con apoyo en la normatividad y la jurisprudencia aplicable al caso, para la fecha en la que se profiri\u00f3, expres\u00f3 que: <\/p>\n
La Sala observa que entre folios 19 y 36 de la demanda inicial, se adosaron 18 certificaciones de incapacidad m\u00e9dica, denotativas de continuos eventos de alteraci\u00f3n de la salud de la actora, desde el 30 de octubre de 2013, que se extendieron hasta, por lo menos, el 27 de enero de 2014, cuando la EPS ces\u00f3 servicios debido a la finalizaci\u00f3n del v\u00ednculo laboral, de suerte que, incluso, rebasaron la fecha del despido efectivo, el 21 de diciembre de 2013. <\/p>\n
A juicio de la Sala y en elemental l\u00f3gica, tales episodios dificultaron e impidieron el desempe\u00f1o de las labores habituales de la trabajadora, en atenci\u00f3n a la frecuencia con que la afectaron; as\u00ed, en 2013: 30 y 31 de octubre; en noviembre del mismo a\u00f1o:1, 5 al 9, 12 y 13, 14 y 15, 18 a 21, 22 a 27, 27 a 29. Y en diciembre: del 2 al 5, 6 y 7, 9 al 13, 16 al 18, 19 al 20, 23 al 27, 30 de diciembre a 3 de enero de 2014; y desde esta fecha de 2014, en enero: 20 al 22, y 27. <\/p>\n
La documental referida exhibe como verdad indiscutible que tales episodios correspondieron casi en el 100% a v\u00e9rtigos perif\u00e9ricos; bien se sabe, que dicha patolog\u00eda compromete el equilibrio corporal, con afectaci\u00f3n del desplazamiento y accionar de la persona en sus actividades diarias, que desencadenaron las incapacidades temporales desechadas por el ad quem y generadoras del estado de debilidad manifiesta o disminuci\u00f3n f\u00edsica previsto en las Leyes 361 de 1997, 1346 de 2009, aprobatoria de la Convenci\u00f3n de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, y la estatutaria 1618 de 2013, que introdujo acciones afirmativas para el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, al igual que el Convenio 159 de la OIT, aprobado por la Ley 82 de 1988. <\/p>\n
La precaria condici\u00f3n de salud de la actora, era de conocimiento de la empleadora, en tanto tal situaci\u00f3n fue evidente e inocultable, al paso que los certificados de incapacidad dan cuenta de que la severidad de los padecimientos, impidi\u00f3 que prestara servicios en condiciones regulares. <\/p>\n
Demostrado como qued\u00f3, con car\u00e1cter evidente, el desacierto del juzgador de alzada, necesario se torna memorar, que el hecho de que la trabajadora no se hallara cubierta por un certificado de incapacidad en la fecha del desahucio, no implica que no fuera merecedora de la especial protecci\u00f3n que su estado de salud ameritaba, seg\u00fan lo ha indicado esta Sala en sentencias como la CSJ SL11411-2017: <\/p>\n
[\u2026]la censura insiste en que el trabajador no ten\u00eda incapacidad alguna para la fecha de su despido y que, contrario a ello, hab\u00eda superado satisfactoriamente sus patolog\u00edas, de manera que ten\u00eda autorizaci\u00f3n para retornar a su trabajo, sin limitaciones, y para \u00ab\u2026desempe\u00f1arse socialmente de manera adecuada\u2026\u00bb <\/p>\n
[\u2026] <\/p>\n
Y es que, se repite, del hecho de trabajar no se puede inferir autom\u00e1ticamente la carencia de discapacidad o diversidad funcional, menos aun cuando, dentro de nuestro ordenamiento jur\u00eddico, integrado por normas como los art\u00edculos 13, 47, 53 y 54 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, el Convenio 159 de la Organizaci\u00f3n Internacional del Trabajo y los art\u00edculos 22 y siguientes de la Ley 361 de 1997, entre otras, existe el deber expl\u00edcito de facilitar la integraci\u00f3n social y laboral de personas en condiciones de discapacidad y de fomentar el empleo en este sector de la poblaci\u00f3n[\u2026] <\/p>\n
En ese orden, las manifiestas distorsiones probatorias del Tribunal repercutieron en la violaci\u00f3n de los art\u00edculos 13 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 26 de la Ley 361 de 1997, en la medida en que la trabajadora despedida s\u00ed era destinataria de la protecci\u00f3n prevista en dichas normas, dada su compleja situaci\u00f3n de salud y el conocimiento que ten\u00eda la empleadora de dicha condici\u00f3n. <\/p>\n
De lo que viene de decirse, el cargo es fundado y se casar\u00e1 la sentencia, solo en lo que respecta a lo explicado, que no en punto a la identidad de la persona jur\u00eddica que fungi\u00f3 como patrono, por lo que pasa a explicarse. <\/p>\n
Ahora, para dilucidar qui\u00e9n fung\u00eda como patrono de la demandante, a\u00f1adi\u00f3 la sede judicial acusada que: <\/p>\n
El Tribunal activ\u00f3 la presunci\u00f3n del art\u00edculo 24 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, derivada de la prestaci\u00f3n del servicio a BT Latam Colombia S.A; empero, la encontr\u00f3 desvirtuada, en la medida en que coligi\u00f3 que las \u00f3rdenes fueron impartidas por Servintegral. No obstante, este soporte del pronunciamiento gravado queda libre de cuestionamiento por parte de la censura, toda vez que restringi\u00f3 su alegaci\u00f3n a decir que el operador judicial inobserv\u00f3 los 3 contratos suscritos por la actora con Servicios Industriales Integrales, a la que atribuy\u00f3 la calidad de empresa de servicios temporales; con ello, dice, se quebrantaron los preceptos legales mencionados en el desarrollo del cargo. <\/p>\n
La respuesta por parte de la Sala no puede ser diferente a mantener vigente la impronta de legalidad y acierto que ampara el fallo gravado, dado el notable desenfoque de la recurrente; adem\u00e1s, el sentenciador de segundo grado s\u00ed estim\u00f3 los precitados contratos, en tanto consider\u00f3 que el cambio de modalidad de fijo a indefinido no lesion\u00f3 derechos de la trabajadora. <\/p>\n
Finalmente, las disquisiciones de la censura, sobre las consecuencias aparejadas al hecho de laborar por m\u00e1s de 3 a\u00f1os en la modalidad en la que se prestaron los servicios, comportan aspectos de n\u00edtido linaje jur\u00eddico, ajenos a la v\u00eda f\u00e1ctica por la que transita la acusaci\u00f3n. <\/p>\n
Adicionalmente, parte de una premisa no acreditada, en tanto invoca el quebranto del Decreto 4369 de 2006, regulatorio de las empresas de servicios temporales, condici\u00f3n que BT Latam Colombia SAS no ostenta, conforme al certificado de c\u00e1mara de comercio (fls. 96 a 100), sino de la de prestadora de m\u00faltiples servicios tecnol\u00f3gicos a terceros. <\/p>\n
Desde lo f\u00e1ctico, es necesario apuntar que los contratos que menciona la censura, dan cuenta de que la relaci\u00f3n de trabajo se surti\u00f3 con Servintegrales. <\/p>\n
Precisado lo anterior, procedi\u00f3 el fallador acusado a proferir la correspondientes sentencia sustitutiva, que fund\u00f3 en los siguientes argumentos: <\/p>\n
Fundado en la ausencia de acreditaci\u00f3n de que, al momento del despido, la actora estuviera incapacitada o tuviera una limitaci\u00f3n certificada por una EPS, ARL o Junta de Calificaci\u00f3n Regional, el juez de primer grado neg\u00f3 la ineficacia del despido y el resto de pretensiones, no obstante el diagn\u00f3stico de v\u00e9rtigos perif\u00e9ricos, de suerte que, desde su \u00f3ptica, para la desvinculaci\u00f3n no se requer\u00eda permiso de autoridad administrativa del trabajo; adem\u00e1s, que se le pag\u00f3 la condigna indemnizaci\u00f3n. <\/p>\n
A lo se\u00f1alado en sede de casaci\u00f3n, cumple adicionar que las evaluaciones m\u00e9dicas ocupacionales que reposan de folios 42 a 43, adem\u00e1s de las certificaciones de incapacidad ya analizadas, confirman los hallazgos del severo deterioro en la salud de la trabajadora, en tanto ambas, realizadas el 11 de octubre de 2013 y el 19 de febrero de 2014, registran una alteraci\u00f3n en el campo osteomuscular, a tal punto que en la \u00faltima se insert\u00f3 la concluyente frase \u00abExamen m\u00e9dico de egreso no satisfactorio\u00bb. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
Sugestivo resulta, adem\u00e1s, el despido sin justa causa comunicado a la trabajadora el 2 de diciembre de 2013 (fl. 38), dejado sin efecto, sin explicaci\u00f3n expresa, pero claramente relacionado con el significativo hecho de resultar incapacitada la trabajadora ese mismo d\u00eda; sin embargo, aquel designio fue cumplido pocos d\u00edas despu\u00e9s, el 21 del mismo mes, cuando no presentaba incapacidad, dentro del contexto de la precaria condici\u00f3n de salud inmediatamente precedente, conocida por su empleadora, quien opt\u00f3 por desvincularla de su fuente de trabajo y acceso a la protecci\u00f3n de la seguridad social, sin alegaci\u00f3n de justa causa, s\u00ed con soluci\u00f3n indemnizatoria. <\/p>\n
Procede memorar que la protecci\u00f3n laboral reforzada no se halla supeditada al previo reconocimiento como persona en condiciones de discapacidad, o a previa inscripci\u00f3n en una entidad de seguridad social, v, gr., una EPS, o a que se est\u00e9 provisto de un carn\u00e9 acreditativo de discapacidad, o a que exista una prueba como un dictamen de junta calificadora, conforme ha sido aclarado en diversos pronunciamientos de esta Sala. <\/p>\n
En sentencia CSJ SL, 18 sep. 2012, rad. 41845, se dijo: <\/p>\n
[\u2026] para que opere la protecci\u00f3n laboral establecida en este \u00faltimo precepto, no es requisito sine qua non que previamente la persona discapacitada tenga el carn\u00e9 o que se haya inscrito en la E.P.S., pues aunque se constituye en un deber, el no cumplirlo o probarlo procesalmente no lleva como consecuencia irrestricta y necesaria la p\u00e9rdida de la aludida protecci\u00f3n. Dicho en breve: el carn\u00e9 o la inscripci\u00f3n en la E.P.S. no son requisitos para que sea v\u00e1lida o para que nazca a la vida jur\u00eddica el mencionado amparo, habida cuenta que ello no aflora de los textos normativos. M\u00e1s a\u00fan, cuando en el sub lite, el Tribunal estim\u00f3 que la limitaci\u00f3n del actor era un hecho notorio. <\/p>\n
En el fallo CSJ SL, 29 jun. 2005, rad. 24392 se discurri\u00f3: <\/p>\n
De suerte que, no es del caso calificar como prueba solemne el dictamen pericial con el que se busca establecer la p\u00e9rdida de capacidad laboral, as\u00ed provenga de la Junta de Calificaci\u00f3n de Invalidez. (\u2026) <\/p>\n
De los criterios anteriores se extrae: i) tanto el carn\u00e9 de que trata el art\u00edculo 5 de la Ley 361, como el dictamen pericial de las JCI, son algunos de los medios de prueba, no solemnes, con los cuales se puede acreditar el grado de la limitaci\u00f3n f\u00edsica, ps\u00edquica y sensorial; ii) habr\u00e1 casos, seg\u00fan la patolog\u00eda, en los que el Juez s\u00f3lo podr\u00e1 verificar tal supuesto de hecho con los dict\u00e1menes de las JCI y iii) en otros eventos, el Juzgador tiene libertad probatoria. (Resalta la Sala) <\/p>\n
En la sentencia CSJ SL11411-2017, se asent\u00f3: <\/p>\n
En concordancia con lo anterior, la Corte ha precisado que no es necesario que el trabajador est\u00e9 previamente reconocido como persona en condiciones de discapacidad o que se le identifique de esa manera en un carn\u00e9, como el que regula el art\u00edculo 5 de la Ley 361 de 1997, pues lo importante es que padezca una situaci\u00f3n de discapacidad en un grado significativo, debidamente conocida por el empleador, para que se activen las garant\u00edas que resguardan su estabilidad. <\/p>\n
Tampoco, es exigible al trabajador acreditar la raz\u00f3n real del despido, ni al empleador hacer nugatoria la protecci\u00f3n especial, acudiendo al expediente de extinguir la relaci\u00f3n laboral sin justa causa, con el pago de indemnizaci\u00f3n, sin previa intervenci\u00f3n de la autoridad del trabajo. En sentencia CSJ SL6850-2016 se adoctrin\u00f3: <\/p>\n
Esta Sala de la Corte ha sostenido en repetidas oportunidades que garant\u00edas como la que aqu\u00ed se analizan constituyen un l\u00edmite especial a la libertad de despido unilateral con que cuentan los empleadores. Por ello, siendo un l\u00edmite a dicha libertad, no puede entenderse c\u00f3mo, en todo caso, el empleador pueda despedir sin justa causa al trabajador discapacitado, sin restricci\u00f3n adicional al pago de la indemnizaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 64 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo. En ese caso, bastar\u00eda que el empleador despidiera al servidor discapacitado sin justa causa, como lo puede hacer, en condiciones normales, con todos los dem\u00e1s trabajadores, con la sola condici\u00f3n del pago de una indemnizaci\u00f3n, sin dar razones de su decisi\u00f3n o expresando cualesquiera otras, para que la aplicaci\u00f3n de la norma quedara plenamente descartada. <\/p>\n
Ello es as\u00ed porque la intenci\u00f3n del legislador, entre otras cosas, fue la de que una autoridad independiente, diferente del empleador, juzgara de manera objetiva si la discapacidad del trabajador resultaba claramente \u00ab\u2026incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempe\u00f1ar\u2026\u00bb y es precisamente en el marco de los despidos unilaterales y sin justa causa que se puede ejercer esa atribuci\u00f3n en toda su magnitud. <\/p>\n
Si no fuera de esa manera, se repite, al empleador le bastar\u00eda acudir a la figura del despido unilateral y sin justa causa, sin revelar las razones de su decisi\u00f3n o expresando cualesquiera otras, para que la norma quedara totalmente anulada en sus efectos, de manera que nunca se lograr\u00eda cumplir con la finalidad constitucional de promover un trato especial para las personas puestas en condiciones de discapacidad. <\/p>\n
En ese sentido, la postura de la censura tambi\u00e9n es contraria a lo resuelto por la Corte Constitucional en la sentencia C 531 de 2000, en la que, al examinar la constitucionalidad del art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997, se\u00f1al\u00f3 que el despido unilateral e injusto del trabajador discapacitado, sin autorizaci\u00f3n de las autoridades de trabajo y con el simple pago de una indemnizaci\u00f3n, no atiende las finalidades constitucionales de la disposici\u00f3n, de lograr un trato especial para aquellas personas puestas en condiciones de debilidad manifiesta, por su condici\u00f3n f\u00edsica, sensorial o mental. <\/p>\n
Y en la sentencia CSJ SL11411-2017 se dej\u00f3 claro que: <\/p>\n
[\u2026], la Corte tambi\u00e9n ha se\u00f1alado que en virtud de lo previsto en el art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997, el empleador debe contar con la autorizaci\u00f3n de las autoridades de trabajo, para efectuar despidos unilaterales y sin justa causa de personas en condiciones de discapacidad, sin que le sea exigible al trabajador la prueba de la raz\u00f3n real de la decisi\u00f3n de despido, por resultar desproporcionado. <\/p>\n
Desde luego, no es posible dejar de lado la actual posici\u00f3n de la Sala en punto a la presunci\u00f3n de despido por la situaci\u00f3n de disminuci\u00f3n f\u00edsica del trabajador, y a la intervenci\u00f3n de la autoridad administrativa del trabajo en estos casos, vertida en la sentencia CSJ SL1360-2018: <\/p>\n
a. La prohibici\u00f3n del art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997 pesa sobre los despidos motivados en razones discriminatorias, lo que significa que la extinci\u00f3n del v\u00ednculo laboral soportada en una justa causa legal es leg\u00edtima. <\/p>\n
b. A pesar de lo anterior, si, en el juicio laboral, el trabajador demuestra su situaci\u00f3n de discapacidad, el despido se presume discriminatorio, lo que impone al empleador la carga de demostrar las justas causas alegadas, so pena de que el acto se declare ineficaz y se ordene el reintegro del trabajador, junto con el pago de los salarios y prestaciones insolutos, y la sanci\u00f3n de 180 d\u00edas de salario. <\/p>\n
c. La autorizaci\u00f3n del ministerio del ramo se impone cuando la discapacidad sea un obst\u00e1culo insuperable para laborar, es decir, cuando el contrato de trabajo pierda su raz\u00f3n de ser por imposibilidad de prestar el servicio. En este caso el funcionario gubernamental debe validar que el empleador haya agotado diligentemente las etapas de rehabilitaci\u00f3n integral, readaptaci\u00f3n, reinserci\u00f3n y reubicaci\u00f3n laboral de los trabajadores con discapacidad. La omisi\u00f3n de esta obligaci\u00f3n implica la ineficacia del despido, m\u00e1s el pago de los salarios, prestaciones y sanciones atr\u00e1s transcritas. <\/p>\n
Lo asentado por la Sala, en casaci\u00f3n e instancia, deja resuelta la aspiraci\u00f3n revocatoria total de la decisi\u00f3n del a quo. Permanece inc\u00f3lume la inexistencia de atadura laboral con BT Latam Colombia, en tanto en ese \u00edtem, la sentencia del Tribunal no fue quebrada\u2026 <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
De lo que viene de decirse, procede la revocatoria de la sentencia de primera instancia, con las consecuencias que le son propias, y la advertencia de que procede el pago de la indemnizaci\u00f3n especial por despido en estado de discapacidad, como lo ha dispuesto esta Sala, por ejemplo, en sentencia CSJ SL6850-2016: <\/p>\n
Por \u00faltimo, en torno a la procedencia del reintegro y la indemnizaci\u00f3n de 180 d\u00edas de salario, dicha consecuencia responde a la constitucionalidad condicionada del art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 2007, que dispuso la Corte Constitucional en la sentencia C 531 de 2000, seg\u00fan la cual la referida disposici\u00f3n es exequible \u00ab\u2026bajo el entendido de que el despido del trabajador de su empleo o terminaci\u00f3n del contrato de trabajo por raz\u00f3n de su limitaci\u00f3n, sin la autorizaci\u00f3n de la oficina de Trabajo, no produce efectos jur\u00eddicos y s\u00f3lo es eficaz en la medida en que se obtenga la respectiva autorizaci\u00f3n. En caso de que el empleador contravenga esa disposici\u00f3n, deber\u00e1 asumir adem\u00e1s de la ineficacia jur\u00eddica de la actuaci\u00f3n, el pago de la respectiva indemnizaci\u00f3n sancionatoria.\u00bb (Resalta la Sala). <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, en la referida sentencia la Corte Constitucional aclar\u00f3: <\/p>\n
Dicho mecanismo indemnizatorio no otorga eficacia jur\u00eddica al despido o terminaci\u00f3n del contrato sin autorizaci\u00f3n previa del funcionario del trabajo, sino que constituye una sanci\u00f3n adicional para el patrono que act\u00faa contradiciendo la protecci\u00f3n de la estabilidad laboral reforzada de los minusv\u00e1lidos. Es decir, como lo anunciara uno de los intervinientes, la indemnizaci\u00f3n de esa forma descrita torna en econ\u00f3mica una obligaci\u00f3n de hacer incumplida. (Resalta la Sala). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que plante\u00f3 la inconforme es una diferencia de criterio acerca de la manera como el estrado acusado interpret\u00f3 las normas que protegen a los trabajadores en condiciones de discapacidad y los precedentes jurisprudenciales dictados sobre ese particular, concluyendo que en el caso analizado se cumpl\u00edan los presupuestos necesarios para acceder a las pretensiones elevadas por la demandante, toda vez que se demostr\u00f3 la grave afectaci\u00f3n de salud que aquella sufr\u00eda para el momento del despido, por lo que para su desvinculaci\u00f3n se requer\u00eda la autorizaci\u00f3n de las autoridades laborales, la que omiti\u00f3 tramitar la demandada, hoy tutelante, circunstancias que impon\u00edan su reintegro, as\u00ed como tambi\u00e9n el reconocimiento de las sumas que reclam\u00f3 a t\u00edtulo de condena. <\/p>\n
Tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (…) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Lo anterior debido a que la funci\u00f3n jurisdiccional dota al juez de autonom\u00eda plena, de manera que s\u00f3lo el yerro ostensible, innegable y trascendente, sirve de apoyo por v\u00eda de tutela para dar al traste con el pronunciamiento del juzgador natural. <\/p>\n
5. Basta lo dicho en precedencia para respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
10 <\/p>\n
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STC10112-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC10112-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2020-01177-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de once de agosto de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 25 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56269","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56269","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56269"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56269\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56269"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56269"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56269"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}