STC10123-2021<\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10123-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2021-00535-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de once de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 4 de mayo de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por la Fundaci\u00f3n Universitaria San Mart\u00edn contra la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral No. 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Colegiatura, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados Andr\u00e9s Uribe Puerto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, el Juzgado Once Laboral del Circuito de esta ciudad y los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora reclama la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales al debido proceso, defensa, igualdad, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, \u00abseguridad jur\u00eddica\u00bb y \u00abaplicaci\u00f3n del precedente judicial horizontal\u00bb, presuntamente vulneradas por la autoridad accionada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita se disponga \u00abdejar sin efectos y\/o se invalide, la sentencia de casaci\u00f3n SL4018-2020\u2026\u00bb y se ordene \u00abproferir una nueva decisi\u00f3n que reconozca y efectivice los derechos invocados\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Andr\u00e9s Uribe Puerto promovi\u00f3 un juicio ordinario laboral contra la Fundaci\u00f3n Universitaria San Mart\u00edn, con el fin de que se declarara, entre otras cosas, que entre las partes existi\u00f3 un contrato a t\u00e9rmino indefinido que se encontraba vigente, que la empleadora no efectu\u00f3 los aportes a salud, pensi\u00f3n y riesgos profesionales, y que su despido fue sin justa causa, pues se encontraba afiliado al sindicato y protegido por el fuero circunstancial. <\/p>\n
2.2. El conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Once Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, el que el 26 de enero de 2018 dict\u00f3 sentencia en la que declar\u00f3 que existi\u00f3 un contrato entre el 1\u00ba de abril de 2006 y 22 de noviembre de 2013 y conden\u00f3 a la demandada a pagar cesant\u00edas, sus intereses, la sanci\u00f3n por el no pago y una indemnizaci\u00f3n moratoria. Esta decisi\u00f3n fue apelada y confirmada el 3 abril de 2018 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de esta ciudad. <\/p>\n
2.3. Tras ser recurrida en casaci\u00f3n la aludida providencia, la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral No. 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, el 20 de octubre de 2020 cas\u00f3 la providencia y declar\u00f3 que el demandante era beneficiario del fuero circunstancial, por lo que dispuso su reintegro, pago de salarios, prestaciones sociales y seguridad social. <\/p>\n
2.4. Indic\u00f3 la accionante que existieron irregularidades procesales; que la Sala acusada sin justificaci\u00f3n constitucional y legal cas\u00f3 la sentencia del Tribunal modificando la jurisprudencia de los trabajadores que desempe\u00f1an cargos de direcci\u00f3n y manejo respecto del fuero circunstancial. <\/p>\n
2.6. Adujo que no se pod\u00edan dejar de lado las exigencias del par\u00e1grafo del art\u00edculo 2 de la Ley 1781 de 2016, en el que se dispone que es la Sala Permanente la que debe proferir el pronunciamiento que corresponda ante un cambio de jurisprudencia, por lo que la autoridad acusada debi\u00f3 devolverle el expediente. <\/p>\n
2.7. Sostuvo que de la valoraci\u00f3n de las pruebas se conclu\u00eda que el demandante no solo contaba con la aquiescencia del empleador para ejercer sus actividades, sino que era su representante directo; que se incurri\u00f3 en defecto material o sustantivo, pues sin contar con soporte legal y jurisprudencial, se reconoci\u00f3 el fuero circunstancial a quien cumpl\u00eda funciones de direcci\u00f3n y administraci\u00f3n, dejando de lado los art\u00edculos 32 y 389 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, as\u00ed como los precedentes jurisprudenciales. <\/p>\n
2.8. Refiri\u00f3 que el demandante confes\u00f3 que no pudo ser directivo del sindicato, al ser un alto directivo de la Universidad, por lo que se usaron los mecanismos de asociaci\u00f3n sindical para burlar las restricciones legales y, en esa medida, no era dable que fuese cobijado por sus beneficios; y que se realiz\u00f3 una interpretaci\u00f3n contraevidente al precedente horizontal. <\/p>\n
2.9. Agreg\u00f3 que se lleg\u00f3 a una conclusi\u00f3n contraria a la reconocida por la pac\u00edfica jurisprudencia; que se bas\u00f3 en unos informes del Comit\u00e9 de Libertad Sindical de la OIT, se\u00f1alando que no era el nombre del cargo el determinante y que el demandante no actuaba representante del empleador, desconociendo las pretensiones de la demanda, los medios probatorios recaudados y el salario alto que percib\u00eda, que no era de un trabajador cualquiera, quien estaba facultado para suscribir contratos de trabajo y prestaci\u00f3n de servicios, as\u00ed como dotado de poder discrecional en la toma de algunas decisiones. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n Laboral No. 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Colegiatura indic\u00f3 que no transgredi\u00f3 derecho fundamental alguno; que la demanda de casaci\u00f3n la formul\u00f3 Andr\u00e9s Uribe Puerto a trav\u00e9s de dos cargos, los que dieron lugar a la decisi\u00f3n cuestionada, siendo tales ataques debidamente analizados; que se estudiaron los requisitos propios del caso y se citaron, entre otras, las sentencias con radicados 19170, 23843, SL6732-2015, SL14066-2016 y SL10660-2017, concluy\u00e9ndose que existi\u00f3 una equivocaci\u00f3n protuberante del Tribunal en torno al entendimiento del fuero circunstancial \u00abque eventualmente naci\u00f3 con el conflicto colectivo iniciado por la organizaci\u00f3n sindical que agremi\u00f3 al trabajador\u00bb; que analiz\u00f3 la postura jurisprudencial plasmada en la SL-26726 de 2006, reiterada en fallos SL-29822 de 2007, SL-33994 de 2008, SL-35636, SL-37307, SL-33677 de 2010, SL-39609 de 2013, SL10660-2017, SL15862-2017, SL1361-2018, SL2680-2018 y SL1438-2019, determinando que el cargo no lo convert\u00eda en representante del empleador, sino que deb\u00eda actuar como tal, ejercer actos y contar con el consentimiento de aquel, lo que en el asunto no se demostr\u00f3; que teniendo en cuanta los informes de la OIT precis\u00f3 que de aceptarse que el demandante representaba a la Universidad, no por ello le estaba prohibido afiliarse al sindicato y ser beneficiario de las garant\u00edas propias del derecho de asociaci\u00f3n; que no se incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico o sustantivo; y que lo decidido en el proceso ordinario era justificado y razonable. <\/p>\n
2. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 se\u00f1al\u00f3 que exist\u00eda falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues lo que se pretend\u00eda era dejar sin efectos el fallo emitido en casaci\u00f3n; y, que en todo caso advert\u00eda, que no se cumpl\u00edan los requisitos de procedencia del resguardo, lo que imped\u00eda que se analizara de fondo el asunto. <\/p>\n
3. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Fundaci\u00f3n Universitaria San Mart\u00edn refiri\u00f3 que el demandante era fundador del colectivo, por lo que gozaba de la protecci\u00f3n foral para el momento de la terminaci\u00f3n de su v\u00ednculo laboral; que Uribe Puerto a\u00fan era afiliado de la organizaci\u00f3n, por lo que coadyuvaban todas y cada una de las actuaciones surtidas, especialmente en defensa del derecho de asociaci\u00f3n; que todav\u00eda persist\u00eda la reticencia a la orden judicial que ordenaba el reintegro; y que la ahora accionante cont\u00f3 con la oportunidad de esgrimir los razonamientos que ahora pretende hacer valer, pero no lo hizo. <\/p>\n
4. Andr\u00e9s Uribe Puerto adujo que no se conculc\u00f3 prerrogativa esencial alguna; que no se cumpl\u00edan con los requisitos de procedencia del amparo; que se pretend\u00edan violentar los derechos de la organizaci\u00f3n sindical y de los trabajadores que pertenec\u00edan a la misma; que en los precedentes se evidenciaba el campo de aplicaci\u00f3n del fuero circunstancial; que se encontraba plenamente demostrado que era trabajador de la Universidad accionante y que el Sindicato hab\u00eda presentado pliego de peticiones; que fue despedido sin mediar justa causa y violando la protecci\u00f3n que lo cobijaba; que la Sala acusada no incurri\u00f3 en ninguno de los vicios o defectos expuestos, por lo que se deb\u00edan desestimar sus argumentos y prevenir para que cesara los actos de hostigamiento hac\u00eda los trabajadores afiliados al sindicato. <\/p>\n
5. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el amparo al considerar que en la decisi\u00f3n adoptada por la mayor\u00eda de la Colegiatura, no se estableci\u00f3 una nueva orientaci\u00f3n jurisprudencial, ni se modific\u00f3 la trazada por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en relaci\u00f3n con la figura jur\u00eddica invocada, pues, previo a se\u00f1alar los presupuestos sobre la configuraci\u00f3n del fuero circunstancial, analiz\u00f3 la postura de la Sala Permanente sobre la posibilidad de reconocer dicha prerrogativa cuando se trataba de empleados directivos, raz\u00f3n por la que no se configur\u00f3 el alegado defecto org\u00e1nico; que luego de superadas las falencias t\u00e9cnicas de la demanda, el pronunciamiento se limit\u00f3 al estudio de los planteamientos que por violaci\u00f3n de la ley sustancial propuso el recurrente, lo que descartaba la incursi\u00f3n en una v\u00eda de hecho por defecto f\u00e1ctico, por no contener la sentencia un juicio valorativo de las pruebas; que la hermen\u00e9utica empleada no resultaba contraria al ordenamiento que gobernaba la materia, pues parti\u00f3 de lo dispuesto en el art\u00edculo 32 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo y acogi\u00f3 la interpretaci\u00f3n de la Corte Constitucional frente al art\u00edculo 409 \u00eddem, concluyendo que no se discriminan a los empleados directivos para que hicieran parte del sindicato y, en ejercicio de su derecho de asociaci\u00f3n se beneficien de los logros de su organizaci\u00f3n; que acorde con la formulaci\u00f3n de cargos, se resolvi\u00f3 el asunto apoy\u00e1ndose en la jurisprudencia del tema y concluyendo que lo importante era que el trabajador actuara como tal, ejerciera actos de representaci\u00f3n y contara con el consentimiento del empleador, circunstancia que en el sub lite no se demostr\u00f3 y tampoco lo aleg\u00f3 la demandada. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que aun aceptando que el demandante s\u00ed era representante del empleador, \u00abno por ello le est\u00e1 prohibido afiliarse al sindicato ni ser beneficiario de las garant\u00edas propias del derecho de asociaci\u00f3n, como en el presente caso, gozar de fuero circunstancial por haber presentado el pliego de peticiones\u00bb, por lo que el alegado desconocimiento del precedente judicial no ten\u00eda vocaci\u00f3n de prosperidad, pues no demostr\u00f3 que, efectivamente, la Sala demandada se haya apartado de la l\u00ednea jurisprudencial; que la tutela no era una instancia adicional; y que la decisi\u00f3n emitida era razonable, motivada y ajustada a derecho. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La accionante impugn\u00f3 la referida decisi\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial y aduciendo que la interpretaci\u00f3n efectuada por el juzgador a-quo constitucional era errada, pues los trabajadores de direcci\u00f3n y manejo no pod\u00edan ser cobijados por el fuero circunstancial; que no pretend\u00eda que se revisaran aspectos probatorios, sino que se encontraran los fundamentos ignorados por el fallador; que el demandante era representante directo del empleador; y que los precedentes citados le daban la raz\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que la Sala accionada, en la providencia criticada, consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026Frente al primer reparo formulado por la parte opositora, esto es, en cuanto al alcance de la impugnaci\u00f3n, no le asiste raz\u00f3n, pues es claro que el demandante solicit\u00f3 casar la sentencia en cuanto no le fue reconocido el fuero circunstancial y solicit\u00f3, en consecuencia, que se ordenara el reintegro solicitado. <\/p>\n
Ahora, en cuanto a la objeci\u00f3n frente al primer cargo, a pesar de dirigirlo por el sendero de puro derecho, en su disertaci\u00f3n alude indistintamente a aspectos jur\u00eddicos y f\u00e1cticos en forma inapropiada, y acude a temas probatorios que resultan extra\u00f1os a esa v\u00eda, lo cual constituye a una inexactitud, ya que mezcla de forma indebida las sendas de transgresi\u00f3n de la ley sustancial, que son excluyentes, pues su formulaci\u00f3n y an\u00e1lisis deben ser diferentes y por separado, por raz\u00f3n de que la primera conlleva a la demostraci\u00f3n de un error jur\u00eddico, mientras que la otra, a probar la existencia de uno o varios de naturaleza f\u00e1ctica o probatoria. <\/p>\n
Ahora, frente al segundo cargo, dirigido por la v\u00eda indirecta en la modalidad de falso juicio de identidad, es cierto que constituye un error, pues el submotivo propio de esa senda es la aplicaci\u00f3n indebida. <\/p>\n
No obstante, al estudiar de manera conjunta ambos cargos, estos errores resultan superables. As\u00ed las cosas, el problema jur\u00eddico a resolver se contrae a establecer si result\u00f3 equivocado el juicio del Tribunal cuando consider\u00f3 que no hab\u00eda nacido la protecci\u00f3n del fuero circunstancial en favor del demandante en raz\u00f3n al decaimiento del conflicto colectivo por inacci\u00f3n del interesado en promoverlo. <\/p>\n
Comienza la Corte por se\u00f1alar que no presentan discusi\u00f3n los supuestos relacionados con que: (i) entre las partes existi\u00f3 una relaci\u00f3n de car\u00e1cter laboral entre el 1 de abril de 2006 y el 22 de noviembre de 2013; (ii) el actor se desempe\u00f1\u00f3 como \u00abdirector del departamento de recursos humanos\u00bb; (iii) fue despedido sin justa causa; (iv) estaba afiliado a la organizaci\u00f3n sindical, la cual present\u00f3 pliego de peticiones el 30 de enero de 2013; y, (v) la empresa demandada recibi\u00f3 el pliego pero adujo que estaba en \u00abimposibilidad\u00bb de adelantar las negociaciones colectivas por lo que no se llev\u00f3 etapa alguna del arreglo directo, ni los sucesivos pasos para la soluci\u00f3n del conflicto colectivo. <\/p>\n
Sobre el fuero circunstancial y la existencia del conflicto colectivo, precis\u00f3: <\/p>\n
El Tribunal, como qued\u00f3 dicho, desestim\u00f3 la protecci\u00f3n foral impetrada bajo el supuesto de que hubo un conflicto colectivo que potencialmente tuvo la virtualidad de proteger al trabajador con dicha garant\u00eda, pero que todo ello se desdibuj\u00f3 cuando, por la negligencia del sindicato, se entendi\u00f3 desistido t\u00e1citamente. <\/p>\n
La Corte a este respecto encuentra que existe, en efecto, una equivocaci\u00f3n protuberante en torno al entendimiento en el presente caso del fuero circunstancial, que eventualmente naci\u00f3 con el conflicto colectivo iniciado por la organizaci\u00f3n sindical que agremi\u00f3 al trabajador. <\/p>\n
Ciertamente, como se anot\u00f3, la empresa demandada anunci\u00f3 desde la contestaci\u00f3n de la demanda que recibi\u00f3 un pliego de peticiones, frente al cual se encontr\u00f3 en la \u00abimposibilidad\u00bb de negociar dada la situaci\u00f3n administrativa y econ\u00f3mica que atravesaba para la fecha. Frente a tal situaci\u00f3n, la organizaci\u00f3n sindical promovi\u00f3 en representaci\u00f3n de sus afiliados y de s\u00ed misma, varias acciones constitucionales de tutela y querellas administrativas ante el Ministerio del Trabajo, lo que desemboc\u00f3 en \u00f3rdenes judiciales de reintegro, conminaciones a negociar e, incluso, una sanci\u00f3n administrativa. No obstante, la empresa continu\u00f3 renuente al tr\u00e1mite del conflicto y a su finalizaci\u00f3n. <\/p>\n
Luego, es cierto como lo dijo el Tribunal, que no existieron actas de instalaci\u00f3n de las conversaciones sobre el conflicto colectivo y de cierre o terminaci\u00f3n de la etapa de arreglo directo sin acuerdo. Sin embargo, a todas luces es evidente que ello no ocurri\u00f3 por la negligencia del sindicato sino, precisamente, por la \u00abimposibilidad\u00bb que adujo la instituci\u00f3n empleadora, lo que explica la inexistencia de las negociaciones. <\/p>\n
De esta manera no resultaba acertado sostener que el conflicto colectivo hubiera deca\u00eddo por la inacci\u00f3n de la organizaci\u00f3n sindical cuando lo que sucedi\u00f3 es que la entidad convocada a juicio impidi\u00f3 o, en todo caso, no facilit\u00f3 el curso ordinario del conflicto colectivo, lo que no puede al mismo tiempo ser la raz\u00f3n para exonerarle de las ineludibles obligaciones legales derivadas de la presentaci\u00f3n del pliego de peticiones. <\/p>\n
La Corte considera relevante recordar que el fuero circunstancial solo depende de los presupuestos de hecho establecidos en la norma que le da origen. En efecto, el art\u00edculo 25 del Decreto 2351 de 1965, establece con claridad\u2026 A su turno, el art\u00edculo 10 del Decreto 1373 de 1966, indica\u2026 <\/p>\n
De lo visto, se extrae que la protecci\u00f3n foral depende \u00fanicamente de la presentaci\u00f3n del pliego de peticiones al empleador por parte de los trabajadores agrupados en una organizaci\u00f3n sindical, y permanecer\u00e1 vigente hasta que se suscriba una nueva convenci\u00f3n o pacto colectivo, o quede ejecutoriado el respectivo laudo arbitral, cuando fuera del caso. <\/p>\n
Ello, sin perjuicio de los eventos en los que el conflicto colectivo cesa de manera anormal, por ejemplo, ante el incumplimiento de las etapas propias de la soluci\u00f3n del mismo o cuando no existe por parte de quienes lo promovieron, el inter\u00e9s suficiente de concluirlo, luego de que no fuera posible lograr el acuerdo con el empleador en la etapa de arreglo directo. <\/p>\n
As\u00ed lo ha sentado la jurisprudencia de esta Sala en diversos pronunciamientos previos, entre otros, en las sentencias CSJ SL 11 dic. 2002, rad. 19170, SL 16 mar. 2005, rad. 23843, SL6732-2015, SL14066-2016 y SL10660-2017. Particularmente, la providencia CSJ SL16788-2017, la Corte sobre las caracter\u00edsticas y el alcance del fuero circunstancial dijo\u2026 <\/p>\n
As\u00ed pues, el rechazo del pliego de peticiones por parte de la Fundaci\u00f3n Universitaria San Mart\u00edn, no desactiva el fuero circunstancial. <\/p>\n
Y en cuanto a que si el actor estaba protegido por el fuero circunstancial, pese a que ostentaba un cargo de direcci\u00f3n, confianza y manejo, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
Ahora bien, en cuanto al cargo desempe\u00f1ado por el demandante, el cual era el de director de recursos humanos, no per se lo convierte en representante del empleador. Este aspecto se encuentra regulado en el art\u00edculo 32 del CST, que al respecto se\u00f1ala\u2026 <\/p>\n
La sentencia Corte Constitucional CC C-593-93, dio v\u00eda libre para que, aun los directivos de empresas p\u00fablicas o privadas pudieran ser protegidos por el fuero circunstancial, pues de lo contrario se limitar\u00eda el derecho fundamental de asociaci\u00f3n sindical; incluso, no tienen restricciones para ser elegidos directivos y gozar de ese fuero sindical, a menos que una ley se los impidiese por entrar en conflicto de intereses\u2026 <\/p>\n
La sentencia en cita no arroja suficiente claridad respecto de la figura del fuero circunstancial cuando se trata de los empleados directivos, como el recurrente; ahora bien, la postura doctrinal que tiene esta corporaci\u00f3n es del criterio negativo, plasmada en la sentencia CSJ SL 26726, 11 may. 2006, reiterada en las decisiones CSJ SL 29822, 2 0ct. 227, SL 33994, 15 oct. 2008, SL 35636, 20 abr. 2010, SL 37307, 21 sep. 2010, SL 33677, 23 nov. 2010, SL 39609, 13 feb. 2013, SL10660-2017, SL15862-2017, SL1361-2018, SL2680-2018, y SL1438-2019. En la primera de las mencionadas, la Sala sent\u00f3 lo siguiente\u2026 <\/p>\n
As\u00ed las cosas, lo importante es que el trabajador que actu\u00e9 como tal, ejerza actos de representaci\u00f3n y cuente con el consentimiento del empleador y en el sub lite no se demostr\u00f3 que Andr\u00e9s Uribe Puerto contara con la aquiescencia y tampoco lo afirm\u00f3 as\u00ed la demandada. <\/p>\n
Pero de aceptarse que el demandante s\u00ed es representante del empleador, no por ello le est\u00e1 prohibido afiliarse al sindicato ni ser beneficiario de las garant\u00edas propias del derecho de asociaci\u00f3n, como en el presente caso, gozar de fuero circunstancial por haber presentado el pliego de peticiones. <\/p>\n
Al respecto, la OIT, a trav\u00e9s del Comit\u00e9 de Libertad Sindical ha dicho que deber\u00eda limitarse la definici\u00f3n de la palabra dirigente, para que abarque solamente a las personas que verdaderamente representan los intereses de los empleadores (informe caso n.\u00b0 2524, p\u00e1rrafo 854). Por lo que no es el nombre del cargo el determinante. Adem\u00e1s, en el presente caso, el demandante no actu\u00f3 como tal, sino como un trabajador m\u00e1s, que cumpl\u00eda \u00f3rdenes. <\/p>\n
Es que una interpretaci\u00f3n amplia del t\u00e9rmino representante del empleador, se podr\u00eda llegar a considerar como una violaci\u00f3n al principio de libertad sindical, pues bajo esta excusa, se le limitar\u00edan las garant\u00edas que derivan del derecho de asociaci\u00f3n (informe caso n.\u00b0 2127, p\u00e1rrafo 841, Comit\u00e9 de Libertad Sindical). <\/p>\n
En virtud de lo anterior, los cargos prosperan y se casara la sentencia, para reconocer el fuero circunstancial en cabeza del demandante. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, esta Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta o no, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que plantearon la tutelante es una diferencia de criterio frente a la valoraci\u00f3n efectuada en la determinaci\u00f3n con la que se cas\u00f3 la sentencia de segundo grado, en cuyo caso tal labor no puede ser desaprobada de plano o calificada de absurda o arbitraria, \u00abm\u00e1xime si la [interpretaci\u00f3n] que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Se impone, entonces, confirmar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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STC10123-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC10123-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2021-00535-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de once de agosto de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56271","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56271","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56271"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56271\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56271"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56271"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56271"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}