STC10131-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10131-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2021-00201-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de once de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Irbin Armando Guti\u00e9rrez Reina frente al fallo proferido el 26 de mayo de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela propuesta por \u00e9l contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, imponer al encausado la \u00absanci\u00f3n prevista en el art. 53 [del] Dcto. 2591\/91, tanto como en el art. 90 C.N., arts. 22; 26; 292; 294; 340; 414 C.P. y reparaci\u00f3n patrimonial peticionada [de] $1\u2019144.925\u2019775.840 (sic)\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 histori\u00f3 las actuaciones all\u00ed surtidas y destac\u00f3 que aunque el asunto fustigado inicialmente se radic\u00f3 en esa Corporaci\u00f3n, por temas de competencia, finalmente fue tramitado y fallado, en primera instancia, por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, de donde, \u00abcontrario a lo manifestado por el accionante, la acci\u00f3n constitucional tuvo el tr\u00e1mite correspondiente\u2026 y, en consecuencia, no se han vulnerado [sus] garant\u00edas fundamentales\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado D\u00e9cimo Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de la capital de la Rep\u00fablica inform\u00f3 conocer de otra acci\u00f3n de tutela propuesta por el quejoso pero contra el estrado Cincuenta Penal Municipal con funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de esa ciudad. <\/p>\n
3. La misma Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n relacion\u00f3 las actuaciones que surti\u00f3 en el previo tr\u00e1mite supralegal aqu\u00ed criticado y remiti\u00f3 copia de las providencias que all\u00ed emiti\u00f3. <\/p>\n
4. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la Rep\u00fablica y el Presidente de la Rep\u00fablica deprecaron disponer su \u00abfalta de legitimaci\u00f3n material en la causa por pasiva\u2026, como quiera que no son la autoridad p\u00fablica que presuntamente viol\u00f3 o amenaz\u00f3 los derechos\u2026 invocados\u00bb. <\/p>\n
EL FALLO IMPUGNADO <\/p>\n
El a-quo constitucional precis\u00f3 que la actuaci\u00f3n surtida por el Tribunal convocado en la acci\u00f3n supralegal criticada se ajust\u00f3 al ordenamiento jur\u00eddico; destac\u00f3 que \u00e9sta, contrario a lo aducido por el accionante, fue resuelta de fondo, s\u00f3lo que, por competencia, la atendi\u00f3 esa Sala de Casaci\u00f3n Penal que no la Colegiatura encartada; y encontr\u00f3 improcedente este reclamo constitucional al evidenciar que se formul\u00f3 \u00abcontra un tr\u00e1mite de la misma naturaleza, gesti\u00f3n que\u2026 no puede aceptarse, no s\u00f3lo porque se crear\u00eda una cadena indefinida de mecanismos extraordinarios de protecci\u00f3n, desconoci\u00e9ndose la seguridad jur\u00eddica y la econom\u00eda procesal, sino adem\u00e1s, porque se excluir\u00eda la revisi\u00f3n (art\u00edculo 32 del Decreto 2591 de 1991) como v\u00eda id\u00f3nea para controlar las decisiones de la \u00edndole mencionada y su tr\u00e1mite, cuando la Corte Constitucional lo considere pertinente\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3, en punto a la petici\u00f3n indemnizatoria del quejoso, que \u00abla acci\u00f3n de tutela no es el mecanismo id\u00f3neo para reclamar el pago de obligaciones econ\u00f3micas supeditadas a litigio\u00bb, y advirti\u00f3 que \u00absi el actor se considera merecedor de una indemnizaci\u00f3n por la actuaci\u00f3n adelantada por el tribunal, deber\u00e1 acudir a la acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa prevista en el art\u00edculo 140 del C.P.A.C.A.\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La inco\u00f3 el accionante insistiendo en sus planteamientos iniciales. <\/p>\n
Adem\u00e1s, i) cuestion\u00f3 que interpuso esta impugnaci\u00f3n desde el pasado 2 de junio y s\u00f3lo se le concedi\u00f3 hasta el 2 de julio siguiente, a lo que agreg\u00f3, de forma gen\u00e9rica, que en el tr\u00e1mite surtido se ha incurrido en m\u00faltiples irregularidades, espec\u00edficamente respecto a las constancias secretariales adosadas al plenario y al no acceder a su solicitud de resguardo, todo lo cual, en su sentir, contrari\u00f3 lo reglado en los preceptos 7, 15, 31, 32 y 53 del Decreto 2591 de 1991, y configur\u00f3 la causal de nulidad de que trata el numeral 2\u00ba del canon 133 del C\u00f3digo General del Proceso, la que rog\u00f3 declarar por ser insaneable; y ii) pidi\u00f3 decretar el testimonio de la \u00abDra. Juliette de Rivero\u00bb, como \u00abrepresentante DDHH para Colombia O.N.U\u2026[,] testigo de la violaci\u00f3n [de sus garant\u00edas]\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por l\u00ednea jurisprudencial, trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
El planteamiento anterior se aplica en \u00abuna medida a\u00fan mayor cuando la providencia atacada fue proferida por un juez constitucional como ep\u00edlogo del tr\u00e1mite de amparo; de lo contrario, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad aeternum lo expresado en el primer fallo\u00bb (CSJ STC, 8 jul. 2008, rad. 2008-01018-00). <\/p>\n
2. De entrada, al margen del lapso temporal empleado por el a-quo constitucional para resolver sobre la concesi\u00f3n de la impugnaci\u00f3n propuesta por el quejoso, resulta necesario precisar que este fallo se emite dentro del t\u00e9rmino contemplado para tal efecto en el canon 32 del Decreto 2591 de 1991, observando que para ello ingres\u00f3 al despacho el pasado 16 de julio2; adem\u00e1s, contrario a lo aducido por el censor, no se otea la incursi\u00f3n en alguna de las taxativas causales de invalidez de que trata el precepto 133 del C\u00f3digo General del Proceso; de all\u00ed que no exista ninguna nulidad a declarar o irregularidad a subsanar, m\u00e1xime cuando las alegaciones del opugnante, m\u00e1s que pretender el reconocimiento de alguna de ellas, lo que reprueba es el despacho adverso tanto la medida provisional como el amparo de fondo que reclam\u00f3. <\/p>\n
3. Con fundamento en las premisas anotadas y zanjado lo anterior, advierte la Sala que efectivamente la solicitud de resguardo estaba llamada al fracaso, atendiendo a que el actor dirigi\u00f3 su queja frente a un tr\u00e1mite constitucional previo de este mismo linaje, contra la Presidencia de la Rep\u00fablica, tambi\u00e9n impulsado por \u00e9l; asunto que, como qued\u00f3 visto, aunque se reparti\u00f3 al Tribunal convocado, finalmente, por competencia, lo termin\u00f3 definiendo, en primera instancia, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, mediante fallo de 7 de julio de 2020, el que el 29 de junio de 2021 excluy\u00f3 de revisi\u00f3n la Corte Constitucional (radicado T8187626). <\/p>\n
3.1. En punto a la improcedencia de esta herramienta supralegal respecto a decisiones adoptadas en actuaciones de la misma naturaleza, la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u2026el derecho de amparo constitucional no procede contra sentencias judiciales dictadas en el curso de tutela anterior, debido a que, de admitirse tal posibilidad, se permitir\u00eda una espiral sin l\u00edmite de acciones de dicha estirpe en procura de discutir las decisiones que deben cumplirse antes que someterse nuevamente a juicio de id\u00e9ntica naturaleza, pues no puede soslayarse el hecho relevante que lo considerado son garant\u00edas superiores, al extremo que, si el debate se reinicia, tales derechos y su vigencia en cada caso particular resultar\u00edan atacados y erosionada en forma profunda la efectividad de la justicia, as\u00ed como la seguridad jur\u00eddica que el fallo debe comportar\u2026 Igualmente, ha de tenerse en cuenta que en el tr\u00e1mite de la tutela existen mecanismos judiciales de defensa que tornan improcedente dicha acci\u00f3n constitucional contra una sentencia de amparo, cuales son el de impugnaci\u00f3n ante el inmediato superior funcional y la revisi\u00f3n eventual de la Corte Constitucional, de suerte que estos especiales y restringidos medios son los expeditos como instrumentos judiciales defensivos (CSJ STC, 2 oct. 2008, rad. 01619-00; reiterada en STC8097-2016, 16 jun., rad. 2015-00243-02). <\/p>\n
En el mismo sentido se ha resaltado que: <\/p>\n
\u2026\u2018ante una equivocaci\u00f3n o arbitrariedad en que puedan incurrir los jueces en sede de tutela al ocuparse de la pertinente decisi\u00f3n, no ser\u00eda una nueva queja de tal naturaleza la id\u00f3nea para contrarrestar el supuesto quebranto, sino \u00fanicamente la impugnaci\u00f3n y la revisi\u00f3n eventual, instrumentos que deben surtirse ante los funcionarios habilitados para ello, aspecto que pone de relieve la existencia de otros medios de defensa judicial, a los que debe acudir el interesado en procura de dilucidar las inconformidades referidas, pues, la tutela no puede convertirse en un mecanismo paralelo\u2019 (expedientes 2006-01425-01 y 2007-02023-00). <\/p>\n
3.2. Con apoyo en lo dicho, es palmario que los inconformes tienen dos mecanismos previstos en el ordenamiento jur\u00eddico para recurrir una decisi\u00f3n de tutela, el primero es la impugnaci\u00f3n frente a la dictada por el a-quo y, el segundo, la eventual revisi\u00f3n por parte de la Corte Constitucional, quedando as\u00ed imposibilitada cualquier otra oportunidad para que se examine una decisi\u00f3n tomada por otro juez constitucional. <\/p>\n
3.3. De modo que la petici\u00f3n elevada por el actor no pod\u00eda ser atendida, m\u00e1xime cuando el citado tr\u00e1mite no fue seleccionado para revisi\u00f3n por la Corte Constitucional, de lo que se desprende la inmutabilidad de la cosa juzgada, que comprende toda la actuaci\u00f3n all\u00ed surtida, incluido el fallo dictado, y que impide volver sobre los aspectos all\u00ed definidos. <\/p>\n
En dicho sentido esta Sala ha precisado que: <\/p>\n
[Si] la Corte Constitucional excluy\u00f3 de revisi\u00f3n la acci\u00f3n de tutela fallada por las Oficinas Judiciales accionadas, ello no hace, per se, viable una nueva solicitud de amparo por cuanto en este evento el afectado que se encuentre inconforme con un fallo de tutela puede acudir ante el \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n constitucional para solicitar la revisi\u00f3n del fallo, con fundamento en lo dispuesto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991. Empero, en firme la aludida decisi\u00f3n de exclusi\u00f3n deviene la ejecutoria formal del fallo… ahora censurado, con lo cual queda clausurado en forma definitiva el debate iusfundamental (CSJ STC, 19 jul. 2011, rad. 2011-01439-00; reiterada en STC2884-2015, 13 mar. 2015, rad. 2015-00092-01). <\/p>\n
3.4. Ahora bien, no olvida la Corte que, en casos excepcionales, ha aceptado la procedencia del mecanismo de amparo contra sentencias de tutela, espec\u00edficamente \u00aben presencia de una vulneraci\u00f3n del debido proceso y, en particular, cuando se omite la integraci\u00f3n del contradictorio, …para restablecer el statu quo lesivo del derecho fundamental\u00bb (STC11156-2014, 22 ag., rad. 01804-00; STC15516-2015, 11 nov., rad. 02680-00; STC-2015, 2 dic., rad. 03067-00; STC-2016, 21 en., rad. 2015-03107-00; STC-2016, 11 feb., rad. 00188-00; y STC- 2016, 7 abr., rad. 00744-00; citadas en STC8768-2016, 6 jul., rad. 2016-00141). <\/p>\n
No obstante, en el caso de autos no se evidencia la configuraci\u00f3n de alguno de esos eventos, que permitir\u00edan un an\u00e1lisis respecto de tal situaci\u00f3n. <\/p>\n
4. Por otro lado, en relaci\u00f3n con la solicitud probatoria tra\u00edda en esta instancia, destaca la Sala que su pr\u00e1ctica resultaba innecesaria para resolver el asunto, pues la censura recay\u00f3 sobre la actuaci\u00f3n surtida en un tr\u00e1mite constitucional previo, del cual, con suficiencia, da cuenta el expediente contentivo del mismo, lo que torn\u00f3 improcedente decretarla, de acuerdo a lo reglado en el art\u00edculo 22 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Frente a la no obligaci\u00f3n de disponer la pr\u00e1ctica de pruebas pedidas en sede de tutela, la Corte ha considerado que: <\/p>\n
\u2026el juez de tutela no est\u00e1 obligado, en principio, a ordenar las pruebas que se le piden, porque basta con que est\u00e9 seguro de las circunstancias que originaron la controversia y la forma de desatar el pleito, para que pueda resolver. <\/p>\n
As\u00ed lo explic\u00f3 la Sala cuando asegur\u00f3 que \u201cresulta claro el mandato del ordenamiento jur\u00eddico cuando se\u00f1ala que, en materia de amparo constitucional, \u2018El Juez, tan pronto llegue al convencimiento respecto de la situaci\u00f3n litigiosa, podr\u00e1 proferir el fallo, sin necesidad de practicar las pruebas solicitadas\u2019 (art\u00edculo 22 del Decreto 2591 de 1991)\u201d (sentencia de 8 de febrero de 2012, exp. 00150-00) (CSJ STC, 12 mar. 2013, rad. 2013-00004-01; reiterada en CSJ STC5449-2016, rad. 2016-00122-01). <\/p>\n
5. Finalmente, si el inconforme considera que en alg\u00fan proceder irregular han incurrido las autoridades judiciales o los distintos intervinientes en este tr\u00e1mite, otras son las v\u00edas que debe agotar, ya sean de orden disciplinario o penal, a las cuales, si a bien lo tiene, ha de acudir, asumiendo la responsabilidad que ello implica. <\/p>\n
En cuanto al particular, en un asunto con alguna simetr\u00eda, que mutatis mutandis resulta aplicable al de ahora, dej\u00f3 dicho esta Colegiatura que: <\/p>\n
\u2026es necesario precisar que si\u2026 [el censor] considera que existe alguna actuaci\u00f3n irregular atribuible al Juez\u2026, est\u00e1 a su alcance ponerla en conocimiento de las autoridades respectivas, asumiendo su responsabilidad por la denuncia y las consecuencias derivadas de ello. <\/p>\n
Frente a dicho punto, esta Corporaci\u00f3n ha expresado: <\/p>\n
\u2026es preciso indicar que si… estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u2018En relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuentan con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u2026 (CSJ STC13871-2016 y STC14669-2016) (CSJ STC011-2018, 17 en., rad. 2017-03402-00). <\/p>\n
6. As\u00ed las cosas, se torna inviable abordar el fondo del reclamo planteado, en tanto que no se est\u00e1 en presencia de una de las excepciones a la regla general de la improcedencia de la tutela contra tutela, lo que impone respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en oportunidad, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Tal asunto constitucional inicialmente se reparti\u00f3 a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 pero, por competencia, termin\u00f3 direccionado a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, donde, surtido el tr\u00e1mite de rigor, el 7 de julio de 2020 se dict\u00f3 el respectivo fallo de primera instancia (radicado 11001-02-04-000-2020-00821), mismo que, el 29 de junio \u00faltimo, excluy\u00f3 de revisi\u00f3n la Corte Constitucional (radicado T8187626). <\/p>\n
2\u0002 La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte remiti\u00f3 el asunto a esta Sal el 14 de julio \u00faltimo, donde se radic\u00f3 y reparti\u00f3 al d\u00eda siguiente y el 16 posterior ingres\u00f3 para su definici\u00f3n, por lo que el 13 de agosto de 2021 fenecer\u00eda el t\u00e9rmino de veinte (20) d\u00edas para tal prop\u00f3sito. <\/p>\n
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