STC10136-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10136-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2021-01338-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de once de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 14 de julio de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Guillermo Mayuza G\u00f3mez contra el Juzgado 47 Civil del Circuito de esta ciudad; tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a esta Sala de Casaci\u00f3n, as\u00ed como tambi\u00e9n a las partes e intervinientes en el proceso atacado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus garant\u00edas a la vida, \u00abm\u00ednimo vital de las personas de la tercera edad y discapacidad visual\u00bb, vivienda digna y debido proceso, que dice vulneradas por la autoridad judicial accionada, por lo que pidi\u00f3 que le ordene \u00absuspender\u2026 la diligencia de entrega\u2026 de la vivienda de [su] propiedad, programada para el d\u00eda 6 de julio de 2021\u00bb y, adem\u00e1s, que \u00abse declare sin valor jur\u00eddico lo actuado dentro de la expropiaci\u00f3n [criticada]\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Ante el juzgado accionado la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogot\u00e1 adelant\u00f3 proceso de expropiaci\u00f3n respecto del inmueble ubicado en la \u00abcarrera 78 B No. 73F \u2013 02 Sur, manzana 29 lote 34 de la urbanizaci\u00f3n manzanares, localidad de Bosa\u00bb de esta ciudad, que se declar\u00f3 pr\u00f3spera con sentencia del 6 de agosto de 2009. <\/p>\n
2.2. Posteriormente, a trav\u00e9s de prove\u00eddo del 5 de diciembre de 2017, se reconoci\u00f3 a Guillermo Mayuza G\u00f3mez \u00abcomo parte dentro [de ese] asunto, de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 451 del CPC\u00bb. <\/p>\n
2.3. Cumplido lo anterior, el juzgado accionado, con auto del 14 de diciembre de 2020, dispuso la entrega del bien objeto de expropiaci\u00f3n, para lo cual fij\u00f3 el 6 de julio de los corrientes. <\/p>\n
2.4. Seguidamente, Guillermo Mayuza G\u00f3mez reclam\u00f3 la suspensi\u00f3n de la prenotada diligencia, por cuanto es \u00abuna persona de la tercera edad [70 a\u00f1os]\u2026, ciego, no [tiene] pensi\u00f3n, tampoco [puede] trabajar\u2026\u00bb, petici\u00f3n que fue negada con prove\u00eddo del primero de julio de los corrientes. <\/p>\n
2.5. Mediante auto del 29 de julio siguiente, la sede judicial enjuiciada fij\u00f3 el 17 de septiembre de los corrientes \u00abpara llevar a cabo la diligencia de entrega\u00bb y, adicionalmente, dispuso oficiar \u00aba la Secretar\u00eda Distrital de Integraci\u00f3n Social con el fin de que en ejercicio de sus funciones se encargue de velar por el bienestar de Guillermo Mayuza G\u00f3mez, teniendo en cuenta las especiales circunstancias de salubridad derivadas de la pandemia por coronavirus\u00bb. <\/p>\n
2.6. Expres\u00f3 el gestor del resguardo que \u00abse [le] desconoci\u00f3 [su] derecho ordenado art\u00edculo 451 numeral 2\u00b0 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil (sic)\u00bb, comoquiera que no fue convocado al juicio criticado, a pesar de ser \u00abpropietario de hecho\u00bb del predio convocado; que si bien se le reconoci\u00f3 como parte del proceso \u00abno [lo] incluyeron en la demanda [y] tampoco [se] la han notificado debidamente\u00bb. <\/p>\n
2.7. Adicion\u00f3 que se \u00abproceder\u00e1 a la demolici\u00f3n de [su] casa, conllevando a que\u2026 quede en la calle, con la discapacidad visual, problemas de salud y graves problemas econ\u00f3micos\u2026, quedando a disposici\u00f3n del contagio de la pandemia\u2026, por cuanto [le] tocar\u00eda vivir en la calle, ya que no [tiene] donde [le] den posada\u00bb, por lo que pidi\u00f3 al estrado convocado la suspensi\u00f3n de la entrega, sin haber recibido respuesta para la fecha de la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela (28 de junio de 2021). <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Esta Sala Especializada solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n \u00abpor carecer de legitimaci\u00f3n en la causa para ser parte en este asunto y no haber vulnerado ning\u00fan derecho fundamental alegado por el accionante\u00bb. <\/p>\n
2. La Secretar\u00eda de Gobierno de la Alcald\u00eda de Bogot\u00e1 dijo carecer de \u00ablegitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb. <\/p>\n
3. La Alcald\u00eda Local de Bosa manifest\u00f3 que \u00abno puede emitir pronunciamiento alguno respecto de los derechos presuntamente vulnerados y de las pretensiones presentadas por el accionante, ya que las mismas versan sobre un proceso judicial del cual\u2026 no tiene conocimiento y no ha hecho parte\u2026\u00bb. <\/p>\n
4. El Juzgado 47 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 inform\u00f3 que, \u00abmediante auto de 1 de julio de 2021\u2026, resolvi\u00f3 la solicitud de suspensi\u00f3n de la diligencia de entrega incoada por el accionante\u00bb, por lo que deprec\u00f3 que \u00absea denegada la acci\u00f3n de tutela de la referencia por la estructuraci\u00f3n de un hecho superado\u00bb. <\/p>\n
5. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogot\u00e1 resalt\u00f3 que \u00abvincul\u00f3 al [tutelante] al programa de reasentamiento por obra p\u00fablica y adelant\u00f3 el proceso de negociaci\u00f3n de\u2026 mejora y pago de reconocimientos econ\u00f3micos conforme a la normatividad vigente y aplicable en ese momento\u00bb, procedimiento en virtud del cual \u00abel 31 de mayo de 2010, se suscribi\u00f3 contrato de compraventa de construcci\u00f3n a favor de\u2026 Guillermo Mayuza G\u00f3mez y\u2026 Liliana Pineda, en calidad de poseedores del inmueble objeto de expropiaci\u00f3n\u00bb, fijando como precio $18\u00b4650.716, monto del cual se entreg\u00f3 al actor, como abono, $15\u00b4501.699. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026 para finalizar la negociaci\u00f3n de mejoras y programar el tercer y \u00faltimo pago pendiente a favor del usuario\u2026, correspondiente a\u2026 $3.149.017\u2026, se requiere que el se\u00f1or Mayuza cumpla con: 1) la entrega voluntaria, real y material del inmueble afectado, 2) la cancelaci\u00f3n definitiva de las cuentas de servicios p\u00fablicos y la presentaci\u00f3n de los respectivos paz y salvos y 3) la presentaci\u00f3n de los soportes de inversi\u00f3n de recursos por concepto de impacto social; requisitos \u00e9stos que el usuario a\u00fan no ha cumplido. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 el resguardo, por cuanto \u00abno es atendible la petici\u00f3n de suspensi\u00f3n de la\u2026 entrega, puesto que no s\u00f3lo se trata de una decisi\u00f3n judicial controvertible a trav\u00e9s de medios ordinarios, sino que, adem\u00e1s, el asunto propende por el bien com\u00fan y el inter\u00e9s general\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, respecto a la ausencia de vinculaci\u00f3n que denunci\u00f3 el quejoso, precis\u00f3 que aquel \u00abdebi\u00f3 poner de presente los vicios que considerara configurados respecto la providencia admisoria o durante el adelantamiento de la causa, no siendo razonable controvertirlos m\u00e1s de 3 a\u00f1os despu\u00e9s [de su vinculaci\u00f3n al rito], mediante esta acci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El actor reiter\u00f3 sus alegaciones iniciales, enfiladas a cuestionar su supuesta falta de enteramiento de la demanda de expropiaci\u00f3n que se adelant\u00f3 sobre el predio que habita y las circunstancias de vulnerabilidad que lo afectan. <\/p>\n
Adem\u00e1s, afirm\u00f3 que \u00abno es cierto\u00bb que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogot\u00e1 lo haya vinculado al programa de reasentamiento; que \u00abno [hizo] ninguna negociaci\u00f3n con EAAB ESP, ni tampoco\u2026 compraventa o documento que comprometiera [su] vivienda\u00bb; y que no cuenta con el asesoramiento legal que requiere para defender sus derechos en el juicio acusado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es una herramienta jur\u00eddica subsidiaria y residual, establecida para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Siguiendo los criterios jurisprudenciales, este instrumento no procede contra las providencias judiciales, no obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario incurre en una decisi\u00f3n desviada por completo, sin objetividad, se abre paso la intervenci\u00f3n del juez constitucional, para modificar o cambiar las determinaciones y restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas, claro est\u00e1, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa. <\/p>\n
2. En este orden de ideas, la solicitud de resguardo resulta inviable, por cuanto el tutelante no hizo uso de los medios ordinarios de defensa judicial que tuvo a su alcance, para exponer sus inconformidades ante el juez natural de la causa. <\/p>\n
Ello en la medida en que, de las pruebas allegadas a esta sumaria tramitaci\u00f3n, se verifica que el actor no aleg\u00f3 en la expropiaci\u00f3n atacada la ausencia de vinculaci\u00f3n que por v\u00eda constitucional esgrimi\u00f3, omisi\u00f3n que, de haber ocurrido, hubiese configurado la causal de nulidad procesal que contempla el numeral 8\u00b0 del art\u00edculo 1331 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
De ese modo el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los mecanismos de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si el quejoso desperdici\u00f3 \u00ablas diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
(\u2026) es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
3. Respecto a los argumentos enfilados a obtener la suspensi\u00f3n de la entrega criticada, debe destacarse que, en asuntos similares, ha decantado esta Corporaci\u00f3n que: <\/p>\n
[E]n principio, la pr\u00e1ctica de una diligencia de entrega no constituye un perjuicio irremediable, en tanto que esa circunstancia, por s\u00ed misma, no es demostrativa de que se vulneren los derechos fundamentales (\u2026) De hecho, ese tipo de medidas responde a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales\u00bb (CSJ, SC, 29 de noviembre de 2006, citada el 20 de marzo de 2014, exp. STC3468 y en STC226-2015 Y STC7979-2016). (Precedente reiterado en STC638-2017). <\/p>\n
3.1. Por lo dem\u00e1s, cabe a\u00f1adir, que no desconoce la Corte las condiciones de vulnerabilidad que expone el tutelante; sin embargo, se advierte que el juzgado criticado convoc\u00f3 a la cuestionada entrega a las autoridades encargadas de garantizar los derechos esenciales del actor, teniendo en cuenta su edad y discapacidad visual, por lo que, en principio, el estrado acusado ha adoptado las medidas que tiene a su alcance para evitar comprometer los derechos del querellante. <\/p>\n
3.2. Finalmente, se pone de presente al actor que, si carece de los medios econ\u00f3micos necesarios para obtener la asesor\u00eda legal que requiere para intervenir en el litigio fustigado, puede solicitar al juez ordinario, conforme lo contemplan los art\u00edculos 151 y siguientes del C\u00f3digo General del Proceso, la concesi\u00f3n de amparo de pobreza y, en consecuencia, la designaci\u00f3n de un profesional del derecho para que lo represente en dicho tr\u00e1mite. <\/p>\n
4. Lo consignado impone respaldar el fallo de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Establece la citada norma, en su parte pertinente, que: \u00abEl proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos: (\u2026) 8. Cuando no se practica en legal forma la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las dem\u00e1s personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley as\u00ed lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio P\u00fablico o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debi\u00f3 ser citado\u00bb. <\/p>\n
6 <\/p>\n
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