STC10138-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10138-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-01353-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de once de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida el 8 de julio de 2021, adicionada el 22 de los mismos mes y a\u00f1o, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Ana Cristina \u00c1lvarez Leyva y Silapi S.A.S. en liquidaci\u00f3n, contra la Superintendencia de Sociedades \u2013 Direcci\u00f3n de Intervenci\u00f3n Judicial-, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en la actuaci\u00f3n procesal censurada. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
Las promotoras del resguardo constitucional deprecaron la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, buen nombre y presunci\u00f3n de inocencia, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional acusada en el tr\u00e1mite de intervenci\u00f3n judicial que surte en su contra (rad. 77.054), iniciado frente a \u00c9lite International Am\u00e9ricas S.A.S. y en el que se neg\u00f3 la solicitud de exclusi\u00f3n radicada por aquellas. <\/p>\n
Sostienen las quejosas que el ente de inspecci\u00f3n y vigilancia demandado les atribuye una conducta il\u00edcita relacionada con la captaci\u00f3n ilegal de recursos del p\u00fablico, que no cometieron, pues Silapi no realiz\u00f3 ninguna operaci\u00f3n financiera consagrada como causal de intervenci\u00f3n en el Decreto 4334 de 2008, desconociendo que los patrimonios de las accionantes son de naturaleza familiar, en tanto corresponden a los recursos que el exc\u00f3nyuge de Ana Cristina \u00c1lvarez Leyva y padre de sus hijos obten\u00eda a trav\u00e9s de Afecaf\u00e9 (tambi\u00e9n en liquidaci\u00f3n) cuyo \u00fanico accionista era \u00e9l, a m\u00e1s de que Ana Cristina y sus descendientes son quienes figuran como accionistas de Silapi S.A.S. <\/p>\n
Agreg\u00f3 Ana Cristina \u00c1lvarez Leyva que el auto que orden\u00f3 su vinculaci\u00f3n as\u00ed como las medidas cautelares materializadas en su contra desconocen que su participaci\u00f3n como representante legal de \u00c9lite y de Afecaf\u00e9 obedeci\u00f3 a dos periodos transitorios cortos, con finalidades espec\u00edficas de colaboraci\u00f3n y gestiones limitadas en favor de su esposo y del patrimonio familiar construido para sus hijos; que ella no ten\u00eda conocimiento de las actuaciones il\u00edcitas de \u00c9lite International Am\u00e9ricas y que el an\u00e1lisis realizado por la Superintendencia de Sociedades es tendencioso, imaginativo y especulativo, porque presume la culpabilidad, cuando el principio imperante es el contrario, circunstancia que afecta su buen nombre y le causa perjuicios, adem\u00e1s viola precedentes como la sentencia STC2480 de 2020 de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
Finalmente, cuestion\u00f3 que fue despojada de sus bienes de manera intimidante e irregular, porque el auto 460-001206 del 17 de febrero de 2020 s\u00f3lo orden\u00f3 la intervenci\u00f3n bajo la medida de liquidaci\u00f3n judicial de Silapi S.A.S. <\/p>\n
Solicitaron, en consecuencia, (I) declarar que el ente fustigado intervino err\u00f3neamente sus bienes al hacerle extensivas las medidas dictadas con ocasi\u00f3n de la intervenci\u00f3n judicial de \u00c9lite International Am\u00e9ricas S.A.S.; (II) ordenar que en el t\u00e9rmino de 48 horas se decida nuevamente sobre su desvinculaci\u00f3n del proceso; y (III) que la accionada demuestre con una sentencia de naturaleza penal la culpabilidad de las tutelantes y su participaci\u00f3n en las actividades il\u00edcitas endilgadas. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. Quien dijo actuar como apoderada judicial de los afectados reconocidos en el proceso de intervenci\u00f3n de \u00c9lite International Am\u00e9ricas S.A.S. present\u00f3 escrito de contestaci\u00f3n al libelo constitucional, el cual no ser\u00e1 tenido en cuenta porque no aport\u00f3 poder especial que la legitime. <\/p>\n
2. La agente liquidadora de \u00c9lite International S.A.S., New Gaia Investment S.A.S., Afecaf\u00e9 S.A.S., Think Cool S.A.S., Serodri S.A.S., R&R Consultores financieros S.A.S., Celconsultores S.A.S. y Fundaci\u00f3n Samadhi S.A.S., manifest\u00f3 que tanto las investigaciones realizadas en la etapa administrativa por la Superintendencia de Sociedades, como la documentaci\u00f3n que aport\u00f3 la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales al proceso, dan cuenta de las operaciones de intercambio financiero que exist\u00edan entre la intervenida Afecaf\u00e9 y Silapi, recursos que a su vez proven\u00edan de \u00c9lite International Am\u00e9ricas S.A.S. <\/p>\n
Adem\u00e1s, cuestion\u00f3 el uso de la acci\u00f3n de tutela para censurar la valoraci\u00f3n probatoria realizada en las providencias adoptadas en el proceso de intervenci\u00f3n, as\u00ed como las acusaciones de violaci\u00f3n al principio de presunci\u00f3n de inocencia, pues sus etapas se llevaron a cabo con el pleno cumplimiento de las garant\u00edas iusfundamentales del caso. Finalmente solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
3. La Superintendencia de Sociedades, a trav\u00e9s de su direcci\u00f3n para asuntos de intervenci\u00f3n judicial, solicit\u00f3 negar el resguardo por improcedente, en raz\u00f3n a (I) la \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa\u00bb, pues actualmente Ana Cristina \u00c1lvarez Leyva no es la representante legal de la Silapi S.A.S. en liquidaci\u00f3n, ya que con auto de 17 de febrero de 2020 fue designada Mar\u00eda Mercedes Perry como liquidadora y, por ende, representante legal; (II) se incumple el presupuesto de inmediatez, en tanto la decisi\u00f3n que orden\u00f3 vincular a las accionantes data de hace m\u00e1s un a\u00f1o; (III) subsidiariedad por cuanto Ana Cristina \u00c1lvarez Leyva solo solicit\u00f3 su desintervenci\u00f3n, no la de Silapi S.A.S.; y (IV) por ausencia de violaci\u00f3n, en tanto no existe el defecto f\u00e1ctico endilgado, la vinculaci\u00f3n de la quejosa se dio en virtud de las operaciones que ejecut\u00f3 como representante legal de Silapi S.A.S., que a su vez se benefici\u00f3 de la captaci\u00f3n ilegal que realiz\u00f3 \u00c9lite International Am\u00e9ricas S.A.S. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El juzgador a quo constitucional neg\u00f3 el resguardo porque la decisi\u00f3n proferida por la Superintendencia de Sociedades, al margen que se comparta, goza de plena legalidad. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La accionante reiter\u00f3 los argumentos expuestos en su escrito genitor. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC de 11 may. 2001, rad. 11001-22-03-000-2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Descendiendo a la queja bajo estudio la Sala advierte su infructuosidad, toda vez que el despacho acusado, al valorar las pruebas recaudadas en la etapa administrativa y analizar cuidadosamente los sujetos de intervenci\u00f3n judicial con ocasi\u00f3n de la captaci\u00f3n de recursos del p\u00fablico sin autorizaci\u00f3n desarrolladas por \u00c9lite International S.A.S., encontr\u00f3 acreditado que una porci\u00f3n de sus activos y dividendos fueron transferidos a Afecaf\u00e9 S.A.S. -hoy en liquidaci\u00f3n- y en \u00faltimo orden a Silapi S.A.S., derivando de all\u00ed la facultad para perseguir tales bienes y restituirlos a las v\u00edctimas de las operaciones fraudulentas que ocasion\u00f3 la emergencia social y econ\u00f3mica decretada por el Gobierno Nacional en el a\u00f1o 2008; raz\u00f3n por la cual la decisi\u00f3n atacada no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que la Sala la comparta, descart\u00e1ndose de esa manera la presencia de una v\u00eda de hecho. <\/p>\n
En efecto, dicha judicatura, al resolver la solicitud de desvinculaci\u00f3n de la quejosa expuso: <\/p>\n
g. SOLICITUD DE DESINTERVENCI\u00d3N DE ANA CRISTINA \u00c1LVAREZ LEYVA <\/p>\n
La intervenida fue representante legal y accionista de Silapi S.A.S. sociedad beneficiaria de la captaci\u00f3n de \u00c9lite a trav\u00e9s de Afecaf\u00e9 en liquidaci\u00f3n judicial como medida de intervenci\u00f3n. Mediante memorial 2021-01-028749 de 8 de febrero de 2021, solicit\u00f3 la revocatoria del auto de intervenci\u00f3n y de manera subsidiaria la exclusi\u00f3n del proceso. <\/p>\n
(i) Revocatoria del Auto 460-001206 de 17 de febrero de 2020 (Rad. 460-001206) <\/p>\n
(ii) Solicitud de desintervenci\u00f3n <\/p>\n
A trav\u00e9s de su apoderado, la intervenida expuso que no hay razones para su intervenci\u00f3n, que el Despacho no demostr\u00f3 de manera suficiente que la se\u00f1ora \u00c1lvarez, haya ejercido conductas de captaci\u00f3n ilegal y que las afirmaciones del auto de intervenci\u00f3n no son ciertas. <\/p>\n
a. Relaci\u00f3n de la sociedad Silapi y Ana Cristina \u00c1lvarez con las sociedades Afecaf\u00e9 y \u00c9lite Internacional Am\u00e9ricas S.A.S. y sus administradores y accionistas <\/p>\n
Est\u00e1 probado dentro del expediente que Silapi S.A.S. y Ana Cristina \u00c1lvarez estuvieron vinculadas y recibieron dinero de Afecaf\u00e9 S.A.S., sociedad que a su vez recibi\u00f3 dinero de \u00c9lite, de la siguiente manera: <\/p>\n
Silapi S.A.S., fue constituida el 25 de febrero de 2013, por Ana Cristina \u00c1lvarez Leyva, con un 50% de participaci\u00f3n, Jos\u00e9 Felipe Salgado \u00c1lvarez (intervenido dentro del proceso como socio de \u00c9lite), con un 25% de participaci\u00f3n y Sim\u00f3n Federico Salgado \u00c1lvarez con un 25% de participaci\u00f3n. En dicha acta de constituci\u00f3n se design\u00f3 a la se\u00f1ora \u00c1lvarez Leyva como representante legal y a Jos\u00e9 Felipe Salgado \u00c1lvarez como representante legal suplente. <\/p>\n
Dentro del objeto social de la sociedad referida se encuentra el desarrollo de actividades en asesoramiento administrativo, financiero, de recurso humano, auditor\u00eda, manejo de cartera, contrataci\u00f3n, riesgos, manejo comercial y cualquier actividad propia en la estructuraci\u00f3n estrat\u00e9gica empresarial. Tambi\u00e9n, podr\u00eda realizar operaciones tendientes a la inversi\u00f3n en bienes inmuebles, urbanos y\/o rurales y la adquisici\u00f3n, administraci\u00f3n y arrendamiento gravamen o enajenaci\u00f3n de los mismos, en general la sociedad podr\u00eda realizar cualquier actividad comercial l\u00edcita en Colombia o en los dem\u00e1s territorios. <\/p>\n
Por su parte Afecaf\u00e9 S.A.S. fue constituida el 22 de julio de 2014 (Acta No. 1), por Marino Constantino Salgado (intervenido dentro del proceso por haber sido socio fundador, representante legal suplente y miembro de junta directiva de \u00c9lite), quien fue el \u00fanico accionista y gerente general, hasta el 8 de septiembre de 2016, fecha de la Escritura P\u00fablica No. 16700, de la Notar\u00eda 29 de Bogot\u00e1, en la que se protocoliz\u00f3 la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad, en la cual se asignaron a la se\u00f1ora \u00c1lvarez la totalidad de las acciones de la sociedad Afecaf\u00e9 S.A.S., por valor $693.719.94939. <\/p>\n
La Delegatura de Inspecci\u00f3n, Vigilancia y Control estableci\u00f3 que, \u201cconforme a los soportes contables aportados, la Agente Liquidadora logr\u00f3 establecer que entre 2014 y 2016 la empresa \u00c9lite le cancel\u00f3 a la sociedad Afecaf\u00e9 S.A.S. la suma total de cuatro mil ciento cincuenta y un mil millones seiscientos cuarenta y un mil seiscientos sesenta y siete pesos ($4.151.641.667)\u201d <\/p>\n
Con todo lo anterior, est\u00e1 probada la vinculaci\u00f3n de Silapi y Ana Cristina \u00c1lvarez Leyva con \u00c9lite Internacional Am\u00e9ricas S.A.S. y Afecaf\u00e9 en liquidaci\u00f3n judicial como medida de intervenci\u00f3n. <\/p>\n
b. Dineros recibidos por Silapi S.A.S. y Ana Cristina \u00c1lvarez <\/p>\n
Respecto a los dineros recibidos por Silapi y Ana Cristina \u00c1lvarez se tiene, seg\u00fan lo manifestado por la propia intervenida, Afecaf\u00e9 S.A.S. pag\u00f3 arrendamientos a Silapi desde enero de 2015 a septiembre de 2016, adem\u00e1s cedi\u00f3 a Silapi el 50% de los dividendos a partir de 2014 y recibi\u00f3 la suma de $800.000.000 por concepto de pr\u00e9stamo. <\/p>\n
Dicha manifestaci\u00f3n concuerda con la informaci\u00f3n reportada por el contador de Afecaf\u00e9 en la cual se hallaron 18 comprobantes de egresos donde se evidencian flujos de dinero de Afecaf\u00e9 a Silapi, durante los a\u00f1os 2014 a 2016, por concepto de contrato de cuentas en participaci\u00f3n, arriendos, pr\u00e9stamos y dividendos. Seg\u00fan las pruebas encontradas en la contabilidad de Afecaf\u00e9 S.A.S., entre 2014 y 2016 dicha sociedad le pag\u00f3 a Silapi la suma total de $1.416.332.645 como se detalla a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
<\/p>\n
N\u00b0 COMPROBANTE <\/p>\n
FECHA <\/p>\n
CONCEPTO <\/p>\n
VALOR <\/p>\n
CE9 <\/p>\n
31\/12\/2014 <\/p>\n
contrato innominado de cuentas en participaci\u00f3n <\/p>\n
$ 116.100.000 <\/p>\n
CE20 <\/p>\n
31\/03\/2015 <\/p>\n
pago arriendo enero, febrero y marzo <\/p>\n
$ 8.437.500 <\/p>\n
CE26 <\/p>\n
30\/04\/2015 <\/p>\n
pago arriendo mes de abril 2015 <\/p>\n
$ 2.812.500 <\/p>\n
CE34 <\/p>\n
30\/05\/2015 <\/p>\n
pago arriendo mes de mayo 2015 <\/p>\n
$ 2.812.500 <\/p>\n
CE42 <\/p>\n
30\/06\/2015 <\/p>\n
pago arriendo mes de junio 2015 <\/p>\n
$ 2.812.500 <\/p>\n
CE50 <\/p>\n
31\/07\/2015 <\/p>\n
$ 2.812.500 <\/p>\n
CE58 <\/p>\n
31\/08\/2015 <\/p>\n
pago arriendo mes de agosto 2015 <\/p>\n
$ 2.812.500 <\/p>\n
CE68 <\/p>\n
30\/09\/2015 <\/p>\n
pago arriendo mes de septiembre 2015 <\/p>\n
$ 2.812.500 <\/p>\n
CE74 <\/p>\n
21\/10\/2015 <\/p>\n
pr\u00e9stamo finca <\/p>\n
$600.000.000 <\/p>\n
CE76 <\/p>\n
30\/10\/2015 <\/p>\n
pago arriendo mes de octubre 2015 <\/p>\n
$ 2.812.500 <\/p>\n
CE82 <\/p>\n
07\/11\/2015 <\/p>\n
pr\u00e9stamo finca <\/p>\n
$200.000.000 <\/p>\n
CE85 <\/p>\n
30\/11\/2015 <\/p>\n
pago arriendo mes de noviembre 2015 <\/p>\n
$ 2.812.500 <\/p>\n
CE91 <\/p>\n
31\/12\/2015 <\/p>\n
pago arriendo mes de diciembre 2015 <\/p>\n
$ 2.812.500 <\/p>\n
CE96 <\/p>\n
29\/01\/2016 <\/p>\n
pago arriendo mes de enero 2016 <\/p>\n
$ 2.812.500 <\/p>\n
CE107 <\/p>\n
29\/02\/2016 <\/p>\n
pago arriendo mes de febrero 2016 <\/p>\n
$ 2.812.500 <\/p>\n
CE119 <\/p>\n
31\/03\/2016 <\/p>\n
pago dividendos <\/p>\n
$441.170.145 <\/p>\n
CE127 <\/p>\n
31\/05\/2016 <\/p>\n
pago arriendos marzo, abril y mayo <\/p>\n
$ 8.437.500 <\/p>\n
CE150 <\/p>\n
30\/09\/2016 <\/p>\n
pago arriendos <\/p>\n
$ 11.250.000 <\/p>\n
TOTAL <\/p>\n
Sobre este punto, dentro de la investigaci\u00f3n adelantada Ana Cristina \u00c1lvarez manifest\u00f3 que entre Silapi y Afecaf\u00e9 S.A.S. existi\u00f3 relaci\u00f3n comercial soportada en 18 comprobantes de ingreso, que la sociedad Silapi S.A.S. es propietaria de una casa ubicada en la ciudad de Bogot\u00e1 la cual arrend\u00f3 parcialmente con base a un acuerdo verbal a Afecaf\u00e9 S.A.S. para que all\u00ed tuviera su domicilio desde el mes de enero de 2015 hasta el mes de septiembre de 2016, lo cual da razonabilidad a 16 soportes de ingreso. <\/p>\n
Sin embargo, el Despacho encuentra que, con base en lo informado por la intervenida, esta acept\u00f3 la transferencia de dinero entre Afecaf\u00e9 y Silapi, no solo por concepto de arrendamiento sino por concepto de dividendos y pr\u00e9stamos. Adicionalmente la intervenida no rindi\u00f3 ninguna explicaci\u00f3n respecto al contrato innominado de cuentas en participaci\u00f3n reportado, que seg\u00fan el comprobante de egresos ten\u00eda un valor de $116.100.000 a favor de Silapi, reportado en la contabilidad de Afecaf\u00e9. <\/p>\n
Ahora, respecto al supuesto cruce de cuentas entre el pr\u00e9stamo y los dividendos informado por la intervenida no es clara la manera en la cual supuestamente se compens\u00f3 el pr\u00e9stamo que Afecaf\u00e9 S.A.S. le otorg\u00f3 a Silapi con la cesi\u00f3n de dividendos, ya que era Afecaf\u00e9 acreedor de Silapi, con lo que no se encuentra una explicaci\u00f3n razonable a tal afirmaci\u00f3n. <\/p>\n
Finalmente, consta en la contabilidad de Afecaf\u00e9 que hubo flujos de dinero de dicha sociedad a Ana Cristina \u00c1lvarez, de la siguiente manera: <\/p>\n
<\/p>\n
N\u00b0 COMPROBANTE <\/p>\n
FECHA <\/p>\n
CONCEPTO <\/p>\n
VALOR <\/p>\n
CE 4 <\/p>\n
30\/11\/2014 <\/p>\n
Pago nomina noviembre <\/p>\n
$2.730.000 <\/p>\n
CE 6 <\/p>\n
16\/12\/2014 <\/p>\n
Nomina diciembre 2014 y prima 2014 <\/p>\n
$3.230.000 <\/p>\n
CE 11 <\/p>\n
31\/01\/2015 <\/p>\n
Pago legalizaci\u00f3n de gastos enero e impuestos <\/p>\n
$549.903 <\/p>\n
CE 12 <\/p>\n
31\/01\/2015 <\/p>\n
Pago n\u00f3mina enero 2015 <\/p>\n
$2.730.000 <\/p>\n
CE 15 <\/p>\n
28\/02\/2015 <\/p>\n
Pago legalizaci\u00f3n gastos enero febrero <\/p>\n
$794.097 <\/p>\n
CE 16 <\/p>\n
28\/02\/2015 <\/p>\n
Pago n\u00f3mina febrero 2015 <\/p>\n
$2.730.000 <\/p>\n
CE 17 <\/p>\n
31\/03\/2015 <\/p>\n
Legalizaci\u00f3n gastos marzo 2015 <\/p>\n
$3.454.857 <\/p>\n
CE 19 <\/p>\n
31\/03\/2015 <\/p>\n
Pago n\u00f3mina marzo 2015 <\/p>\n
$2.730.000 <\/p>\n
CE 24 <\/p>\n
30\/04\/2015 <\/p>\n
$2.730.000 <\/p>\n
CE 25 <\/p>\n
30\/04\/2015 <\/p>\n
Pago gastos caja menor abril <\/p>\n
$2.762.914 <\/p>\n
CE 32 <\/p>\n
30\/05\/2015 <\/p>\n
Pago legalizaci\u00f3n gastos mayo <\/p>\n
$14.512.144 <\/p>\n
CE 36 <\/p>\n
30\/05\/2015 <\/p>\n
Pago nomina mayo <\/p>\n
$2.730.000 <\/p>\n
CE 45 <\/p>\n
30\/06\/2015 <\/p>\n
Pago nomina junio <\/p>\n
$4.230.000 <\/p>\n
CE 46 <\/p>\n
30\/06\/2015 <\/p>\n
Pago legalizaci\u00f3n gastos junio 2015 <\/p>\n
$2.212.128 <\/p>\n
CE 51 <\/p>\n
Pago legalizaci\u00f3n gastos julio 2015 <\/p>\n
$2.840.497 <\/p>\n
CE 52 <\/p>\n
31\/07\/2015 <\/p>\n
Pago nomina julio <\/p>\n
$2.730.000 <\/p>\n
CE 60 <\/p>\n
31\/08\/2015 <\/p>\n
Pago nomina agosto <\/p>\n
$2.730.000 <\/p>\n
CE 70 <\/p>\n
30\/09\/2015 <\/p>\n
Pago reembolso gastos septiembre de 2015 <\/p>\n
$2.424.743 <\/p>\n
CE 87 <\/p>\n
<\/p>\n
30\/11\/2015 <\/p>\n
Reembolso gastos noviembre y pago n\u00f3mina noviembre 2015 <\/p>\n
<\/p>\n
$5.897.456 <\/p>\n
CE 90 <\/p>\n
<\/p>\n
31\/12\/2015 <\/p>\n
Pag\u00f3 nomina, prima, vacaciones y reembolso de gastos diciembre <\/p>\n
<\/p>\n
$10.585.121 <\/p>\n
CE 102 <\/p>\n
<\/p>\n
29\/01\/2016 <\/p>\n
Pago de n\u00f3mina enero 2016 e intereses sobre las cesant\u00edas 2015 <\/p>\n
<\/p>\n
$3.090.000 <\/p>\n
CE 109 <\/p>\n
29\/02\/2016 <\/p>\n
Reembolso de caja febrero 2016 <\/p>\n
$4.421.468 <\/p>\n
CE 111 <\/p>\n
29\/02\/2016 <\/p>\n
Pago n\u00f3mina febrero de 2016 <\/p>\n
$2.730.000 <\/p>\n
CE 116 <\/p>\n
31\/03\/2016 <\/p>\n
$2.730.000 <\/p>\n
CE 122 <\/p>\n
30\/04\/2016 <\/p>\n
Pago n\u00f3mina abril de 2016 <\/p>\n
$2.730.000 <\/p>\n
CE 130 <\/p>\n
<\/p>\n
31\/05\/2016 <\/p>\n
Pago reembolso gastos mayo, abril, marzo, enero, ajuste febrero y enero y cesant\u00edas 2015 <\/p>\n
<\/p>\n
$80.347.554 <\/p>\n
CE 138 <\/p>\n
31\/05\/2016 <\/p>\n
Pago n\u00f3mina mayo 2016 <\/p>\n
$2.730.000 <\/p>\n
CE 141 <\/p>\n
30\/06\/2016 <\/p>\n
Pago n\u00f3mina junio 2016 <\/p>\n
$2.730.000 <\/p>\n
CE 146 <\/p>\n
30\/09\/2016 <\/p>\n
Pago liquidaci\u00f3n contrato <\/p>\n
$4.180.000 <\/p>\n
CE 151 <\/p>\n
30\/09\/2016 <\/p>\n
Pago prestamos <\/p>\n
$78.779.345 <\/p>\n
TOTAL <\/p>\n
$249.217.106 <\/p>\n
Respecto al pago de salario de la se\u00f1ora \u00c1lvarez, llama la atenci\u00f3n del Despacho que la intervenida en el interrogatorio rendido ante IVC, al ser interrogada sobre el n\u00famero de trabajadores de Afecaf\u00e9 inform\u00f3 que fue empleada hasta el 2015 y se encargaba de pagar la seguridad social, cuando se le pregunt\u00f3 sobre la fecha de vinculaci\u00f3n dijo que de 2014 a 2015, de igual manera dijo no recordar cu\u00e1l era su sueldo. <\/p>\n
De igual manera cuando se indag\u00f3 sobre los gastos reportados en la contabilidad donde ella reportaba como beneficiaria, indic\u00f3 que no recordaba, que ella le entregaban las facturas y ella se las entregaba a la contadora, que se trataba de gastos suyos, que no recordaba haber comprado nada. De igual manera afirm\u00f3 que no conoc\u00eda que servicios prestaba Afecaf\u00e9 pues toda su vida ha sido ama de casa y eso era todo lo que sab\u00eda. <\/p>\n
Sobre este punto es importante indicar lo manifestado por el contador de Afecaf\u00e9 en el interrogatorio rendido ante IVC, en el cual indic\u00f3 que Afecaf\u00e9 ten\u00eda dos empleados, Ana Cristina \u00c1lvarez y una se\u00f1ora que prestaba servicios generales e indic\u00f3 que Marino Salgado no era empleado de Afecaf\u00e9. <\/p>\n
Sobre lo anterior, el Despacho encuentra que existe una incongruencia entre lo reportado en la contabilidad de Afecaf\u00e9 y lo manifestado por la intervenida ya que desde finales de 2014 hasta mediados de 2016 recibi\u00f3 de Afecaf\u00e9 un salario de $2.730.000 por, seg\u00fan lo expresado por ella misma \u201cpagar la seguridad social\u201d. De igual manera indic\u00f3 que fue empleada de 2014 a 2015, pero en la contabilidad hay reportados pagos hasta junio de 2016. <\/p>\n
As\u00ed, las explicaciones rendidas por la intervenida, no logran justificar el recibo de dinero de Afecaf\u00e9, ya que como se mencion\u00f3, a pesar de informar que era empleada de Afecaf\u00e9 no sab\u00eda que servicios prestaba la sociedad, ni supo explicar los gastos a su cargo, que estaban reportados en la contabilidad, ni las fechas en los cuales estuvo vinculada a la sociedad, ya que inform\u00f3 que fue empleada hasta 2015, pero en la contabilidad est\u00e1n reportados pagos por concepto de salarios hasta junio de 2016. <\/p>\n
c. Calidades que ostent\u00f3 de Ana Cristina \u00c1lvarez Leyva <\/p>\n
El apoderado de la intervenida manifest\u00f3 que no era cierto que Ana Cristina \u00c1lvarez fuera accionista de \u00c9lite, sin embargo, como \u00e9l mismo manifest\u00f3 y prob\u00f3 Ana Cristina fue accionista de \u00c9lite desde el 16 de abril de 2012. <\/p>\n
De igual manera manifest\u00f3 que no era cierto que Ana Cristina \u00c1lvarez haya recibido 99% de las utilidades de Silapi, seg\u00fan reforma estatutaria que consta en acta 5 de asamblea extraordinaria de accionistas de 25 de febrero de 2016. Al respecto, el Despacho encuentra que no consta en el expediente que la intervenida haya recibido el 99% de las utilidades de Silapi, ya que, consultando el acta mencionada, se encuentra que la misma no cumple con lo establecido en los art\u00edculos 189 y 431 del C\u00f3digo de Comercio, raz\u00f3n por la cual no pueden verificarse la veracidad de lo decidido en dicha reuni\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed, est\u00e1 probado dentro del expediente que Ana Cristina \u00c1lvarez fungi\u00f3 como representante legal y accionista fundadora de Silapi y que tanto ella como la sociedad, recibieron recursos de Afecaf\u00e9 S.A.S. que a su vez los recibi\u00f3 de \u00c9lite, raz\u00f3n por la que fue intervenida. <\/p>\n
Dentro del memorial de la solicitud de desintervenci\u00f3n, asegur\u00f3 que no est\u00e1 dentro de los supuestos del Decreto 4334 de 2008 y que se trata de un tercero de buena fe, que no se determinaron, las circunstancias concretas de tiempo, modo y lugar en que surgi\u00f3 la supuesta \u201ccaptaci\u00f3n\u201d y por el contrario los simples indicios de que perteneci\u00f3 a la junta directiva o que fue socia no son suficientes elementos probatorios, para concluir que se estaban captando dineros del p\u00fablico. <\/p>\n
Sin embargo, se precisa que la intervenci\u00f3n abarca no solo a quienes realizan la actividad material de captaci\u00f3n sino tambi\u00e9n a quienes participaron directa o indirectamente, para obtener provecho de la actividad ilegal, como es el caso de la se\u00f1ora \u00c1lvarez, seg\u00fan se expuso. <\/p>\n
En el presente caso, Ana Cristina \u00c1lvarez fue intervenida por ser representante legal y accionista de Silapi S.A.S., bajo supuestos establecidos en el art\u00edculo 5 del Decreto 4334 de 2008 y adem\u00e1s recibi\u00f3 dineros de parte de vinculados al proceso de intervenci\u00f3n, precisamente por haber recibido dineros de la captaci\u00f3n, por lo que, no puede tomarse como un tercero proveedor de bienes y servicios que hayan procedido de buena fe como lo pretende hacer ver en su solicitud de desintervenci\u00f3n. <\/p>\n
d. Responsabilidad de los administradores <\/p>\n
Como ya se dijo, con el art\u00edculo 22 de la Ley 222 de 1995, se consideran Administradores: el Representante Legal, el Liquidador y los miembros de las Juntas o Consejos Directivos, el factor y quienes de acuerdo con los estatutos detenten funciones administrativas \u2013sean estas personas principales o suplentes-. Adem\u00e1s, que los administradores deben obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios y que sus actuaciones se cumplir\u00e1n en inter\u00e9s de la sociedad. As\u00ed las cosas, la responsabilidad, derechos, obligaciones y deberes de los administradores de las sociedades se encuentran consagrados en los art\u00edculos 23, 24, 25 y 26 de la ley 222 de 1995. Esta ley, adicionalmente, establece que los administradores responder\u00e1n solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o a terceros, salvo que no hayan tenido conocimiento de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n o hayan votado en contra, siempre y cuando no la ejecuten. <\/p>\n
Se prob\u00f3 dentro del expediente que Silapi y Ana Cristina \u00c1lvarez se beneficiaron de las actividades de captaci\u00f3n de \u00c9lite, a trav\u00e9s de Afecaf\u00e9. Se insiste que est\u00e1 probado que Afecaf\u00e9 recibi\u00f3 dineros de la captaci\u00f3n de \u00c9lite y a su vez Silapi y Ana Cristina \u00c1lvarez recibieron dineros de la captaci\u00f3n a trav\u00e9s de Afecaf\u00e9. <\/p>\n
As\u00ed mismo, Ana Cristina \u00c1lvarez Leyva, fue intervenida por tener la condici\u00f3n de accionista de esta y representante legal de Silapi, sociedad que como se mencion\u00f3 se benefici\u00f3 de las actividades de captaci\u00f3n de \u00c9lite. <\/p>\n
Ahora, en la diligencia de interrogatorio llevada a cabo el 14 de septiembre del 2017 sobre la sociedad Afecaf\u00e9, la intervenida manifest\u00f3 lo siguiente (Minuto 12:30 de la grabaci\u00f3n, acta de diligencia de interrogatorio 2017-01-512316 del 04 de octubre del 2017): <\/p>\n
12:30: \u201cFuncionario SS: \u00bfTiene usted participaci\u00f3n en otras sociedades? <\/p>\n
Ana Cristina \u00c1lvarez Leyva: No\u201d. <\/p>\n
Lo cual es contrario a una actuaci\u00f3n de buena fe, ya que para la \u00e9poca del interrogatorio la intervenida era representante legal y accionista de Silapi S.A.S. <\/p>\n
Este rol de administradora, al tenor de las disposiciones citadas, le exig\u00eda actuar con buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Sin embargo, al recibir dinero de Afecaf\u00e9 se benefici\u00f3 de la captaci\u00f3n ilegal desplegada por \u00c9lite y le permiti\u00f3 a esta \u00faltima desviar los dineros de la captaci\u00f3n. El hecho de no poder justificar o no sustentar la raz\u00f3n de la trasferencia de recursos, no permite inferir que su actuar haya estado mediado por la buena fe y la diligencia que le impon\u00eda su cargo. <\/p>\n
e. An\u00e1lisis de responsabilidad de la intervenida. <\/p>\n
(\u2026) Sobre la conducta que causa el da\u00f1o, debe indicarse que en el caso de Ana Cristina \u00c1lvarez, como representante legal de una sociedad que se benefici\u00f3 con la captaci\u00f3n desplegada por \u00c9lite durante el periodo de captaci\u00f3n, omiti\u00f3 sus deberes legales, lo que permiti\u00f3 el desv\u00edo de los recursos obtenidos con las actividades determinadas de captaci\u00f3n, defraudando a los inversionistas que resultaron afectados, a trav\u00e9s de la sociedad Afecaf\u00e9 S.A.S. que a su vez entreg\u00f3 recursos a Silapi, sociedad de la cual la intervenida era representante legal, esto sin justificaci\u00f3n alguna. <\/p>\n
Ahora, sobre el nexo causal entre el da\u00f1o y la conducta, la sociedad en la que la intervenida actu\u00f3 como representante legal fue quien recibi\u00f3 dinero de la sociedad captadora, a trav\u00e9s de la sociedad Afecaf\u00e9 S.A.S. dentro del periodo de captaci\u00f3n, situaci\u00f3n permitida por la falta de diligencia en el rol de representante legal. Se insiste que el actuar de la intervenida permiti\u00f3 que \u00c9lite desviara recursos de la captaci\u00f3n de los cuales se benefici\u00f3, no solo la sociedad sino ella, como se se\u00f1al\u00f3 previamente, de acuerdo con las pruebas que obran en el expediente. <\/p>\n
Ahora, debe precisarse el alcance de la culpa o dolo que causa el da\u00f1o. De esta forma, en la investigaci\u00f3n administrativa se determin\u00f3 que Silapi S.AS. recibi\u00f3 dineros de \u00c9lite, a trav\u00e9s de la sociedad Afecaf\u00e9, durante el periodo de captaci\u00f3n de \u00c9lite, tiempo que adem\u00e1s coincidi\u00f3 con la actuaci\u00f3n de Ana Cristina \u00c1lvarez como representante legal de Sipali. <\/p>\n
Al no haber actuado como se esperaba legalmente por haber fungido como representante legal de Silapi, permiti\u00f3 y se benefici\u00f3 de las actividades de captaci\u00f3n al recibir dinero de \u00c9lite, a trav\u00e9s de Afecaf\u00e9, sin que existiera una explicaci\u00f3n para ello como se mencion\u00f3 con anterioridad y por lo tanto, la generaci\u00f3n del da\u00f1o. La intervenida no prob\u00f3 su actuar diligente, con lo que no desvirtu\u00f3 la presunci\u00f3n legal generada. De esta forma, la ausencia de diligencia es la conducta que genera la responsabilidad en la configuraci\u00f3n de los hechos objetivos y notorios de captaci\u00f3n y, por lo tanto, el deber de responder por el da\u00f1o. <\/p>\n
Finalmente, se debe advertir que las medidas de intervenci\u00f3n tienen como prop\u00f3sito principal la devoluci\u00f3n de los recursos invertidos a los sujetos afectados. Dichas medidas recaen sobre la totalidad del patrimonio de los bienes de los sujetos intervenidos, sin que sea relevante que los bienes hayan provenido directamente de la operaci\u00f3n de captaci\u00f3n masiva e ilegal o de los recursos obtenidos por dicha actividad. <\/p>\n
Por lo anterior, se negar\u00e1 la solicitud de desintervenci\u00f3n presentada. (\u2026) <\/p>\n
As\u00ed mismo, cuando la entidad censurada resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n que la tutelante Ana Cristina \u00c1lvarez interpuso contra la anterior decisi\u00f3n, fundados en alegatos similares a los planteados en el libelo constitucional, esa corporaci\u00f3n expres\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) contrario a lo manifestado por la recurrente, no es este Despacho quien tenga que desvirtuar la presunci\u00f3n legal establecida, sino que el intervenido tiene la carga desvirtuar las razones que llevaron a su intervenci\u00f3n, en el presente caso como se explic\u00f3, no se desvirtu\u00f3 la presunci\u00f3n generada, tampoco el recurso advierte elementos que la desvirt\u00faen. De la providencia recurrida no se deriva que la \u00fanica raz\u00f3n para negar la desintervenci\u00f3n haya sido solo por la condici\u00f3n de administradora y accionista de Silapi S.A.S., por el contrario, se analizaron los diferentes elementos de prueba aportados y se le otorg\u00f3 un valor a los mismos, explicando porqu\u00e9, con base en ellos no se consideraba desvirtuada los supuestos que generaron la presunci\u00f3n y por lo tanto la responsabilidad. Por otro lado, el apoderado de la intervenida expuso que solo puede existir un tipo de captaci\u00f3n definido en el art\u00edculo 316 del C\u00f3digo Penal en donde se determina las circunstancias de tiempo modo y lugar en las que se comete el il\u00edcito. La captaci\u00f3n no autorizada de recursos del p\u00fablico atenta contra el orden econ\u00f3mico, por lo cual implica de forma general la entrega de ahorro del p\u00fablico a sujetos que no est\u00e9n autorizados para ejercer dicha actividad porque no cumplen con los est\u00e1ndares de solvencia econ\u00f3mica o profesionalidad para administrarlos. <\/p>\n
Al respecto, el Estado ha establecido distintas herramientas para que las autoridades persigan este tipo de actividades, como los son, el art\u00edculo 136 del C\u00f3digo Penal que sanciona penalmente a quienes desarrollen actividades de captaci\u00f3n masiva y habitual de recursos del p\u00fablico, el art\u00edculo 108 del Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero, que otorga a la Superintendencia Financiera la facultad de ordenar medidas cautelares frente a las personas naturales o jur\u00eddicas que realizan actividades exclusivas de las entidades financieras y terceros, el Decreto Ley 4334 de 2008 que faculta a la Superintendencia de Sociedades a ordenar diferentes tipos de intervenci\u00f3n tales como la toma de posesi\u00f3n y la liquidaci\u00f3n judicial sobre unos sujetos relacionados con la captaci\u00f3n no autorizada, con el fin de permitir la pronta devoluci\u00f3n de recursos obtenidos de manera ilegal. La norma surgi\u00f3 \u201cdebido a la crisis social y econ\u00f3mica que se present\u00f3 en el pa\u00eds en el 2008, por el ejercicio de la actividad financiera de forma ilegal\u201d. <\/p>\n
El proceso de intervenci\u00f3n se encuentra regulado por el Decreto 4334 de 2008, expedido en desarrollo de lo dispuesto en el Decreto 4333 de 17 de noviembre de 2008, el cual declar\u00f3 el estado de emergencia en el territorio nacional, esto con el fin de conjurar la crisis social y la afectaci\u00f3n del orden p\u00fablico, ocasionado por la proliferaci\u00f3n desbordada de distintas modalidades de captaci\u00f3n o recaudo masivo de recursos del p\u00fablico no autorizados, bajo sofisticados sistemas y que gener\u00f3 la entrega de sumas de dinero a captadores o recaudadores en operaciones no autorizadas por parte de un n\u00famero importante de ciudadanos que comprometieron su patrimonio. <\/p>\n
Al respecto, debe indicarse que la responsabilidad derivada de las actuaciones no autorizadas de captaci\u00f3n masiva y habitual de dinero del p\u00fablico, en relaci\u00f3n con el proceso que se adelanta tiene su origen legal en el Decreto 4334 de 2008. Si bien estas operaciones pueden ser sancionadas en materia penal conforme a lo dispuesto en el C\u00f3digo Penal, la responsabilidad que trata el Decreto 4334 de 2008 es diferente a esta. De acuerdo con el art\u00edculo 2 del Decreto, el objeto del proceso de intervenci\u00f3n es suspender las operaciones o negocios de aquellas sociedades que realicen, entre otras, actividades de captaci\u00f3n masiva y habitual de dineros del p\u00fablico sin la debida autorizaci\u00f3n y disponer de un procedimiento que \u201cpermita la pronta devoluci\u00f3n de recursos obtenidos en desarrollo de tales actividades\u201d. <\/p>\n
De esta forma, lejos del objetivo del derecho penal, el prop\u00f3sito del Decreto 4334 no es sancionar a las personas que realicen las operaciones de que trata su art\u00edculo 6, sino devolver los dineros que fueron captados del p\u00fablico sin autorizaci\u00f3n estatal, a trav\u00e9s de un proceso cautelar. De esta forma, su objetivo es devolver a las personas afectadas el dinero entregado a los sujetos intervenidos. Por ello, la responsabilidad de que trata el decreto se enmarca dentro de lo determinado en el art\u00edculo 2341 del C\u00f3digo Civil. No existe ninguna norma en el ordenamiento jur\u00eddico que determine que para que se pueda realizar la intervenci\u00f3n del Decreto 4334 de 2008, deba existir o configurarse un delito penal, esta es una interpretaci\u00f3n alejada de la realidad jur\u00eddica por parte del recurrente. <\/p>\n
(\u2026) se encuentra probado dentro del expediente que Ana Cristina \u00c1lvarez no desvirtu\u00f3 su responsabilidad como representante legal y accionista de Silapi S.A.S., sociedad que, como se prob\u00f3, recibi\u00f3 dinero de la captaci\u00f3n de \u00c9lite, a trav\u00e9s de la sociedad Afecaf\u00e9 S.A.S. Por lo que no debe este Despacho ni es competente para ello, pronunciarse sobre el contrato en cuanto no es su legalidad lo cuestionado, sino que fue uno de los instrumentos a trav\u00e9s de los cuales la intervenida se benefici\u00f3 de los recursos de la captaci\u00f3n. <\/p>\n
De esta manera, se encuentra probado dentro del expediente que, Ana Cristina \u00c1lvarez no desvirtu\u00f3 su responsabilidad derivada de la decisi\u00f3n de intervenci\u00f3n en su calidad de representante legal y accionista de Silapi S.A.S. sociedad que como se prob\u00f3 recibi\u00f3 dineros de la captaci\u00f3n de \u00c9lite, a trav\u00e9s de la sociedad Afecaf\u00e9 S.A.S. y tambi\u00e9n se prob\u00f3 que ella misma recibi\u00f3 dineros derivados de la captaci\u00f3n a trav\u00e9s de la sociedad. Con base en lo expuesto, se niega el recurso de reposici\u00f3n y se confirma la decisi\u00f3n recurrida. <\/p>\n
En este orden de ideas, el reclamo de las peticionarias no encuentra recibo en esta sede excepcional, ya que, en rigor, lo que se plantea es una diferencia de criterio acerca de la manera como el Juzgador natural valor\u00f3 las pruebas que evidencian como una porci\u00f3n de los recursos irregulares que capt\u00f3 \u00c9lite International Am\u00e9ricas S.A.S. fueron transferidos hasta consolidar el patrimonio de la quejosa, obtenido de Silapi S.A.S.; en cuyo caso tal labor no puede ser desaprobada de plano o calificada de absurda o arbitraria, con independencia de que la Sala la comparta, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico … y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC de 11 ene. 2005, rad. 1451). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Ahora, en lo relativo a los reproches sobre el respeto y garant\u00eda al buen nombre, as\u00ed como al principio de presunci\u00f3n de inocencia no se observa la violaci\u00f3n endilgada por \u00c1lvarez Leyva, en tanto las investigaciones de car\u00e1cter administrativo y judicial cuentan con protecci\u00f3n constitucional por los fines y la naturaleza propia que revisten, llegando a la conclusi\u00f3n plasmada en el numeral inmediatamente anterior, que desvirt\u00faa el reclamo de las peticionarias. <\/p>\n
Sobre el particular precis\u00f3 la Corte Constitucional en su reiterada jurisprudencia: <\/p>\n
El principio de presunci\u00f3n de inocencia est\u00e1 constituido al menos por tres garant\u00edas b\u00e1sicas: (i) nadie puede considerarse culpable, a menos que se haya demostrado la acusaci\u00f3n en un proceso en el cual se respeten sus garant\u00edas; (ii) la carga de la prueba acerca de la responsabilidad recae sobre la acusaci\u00f3n; (iii) el trato a las personas bajo investigaci\u00f3n por un delito debe ser acorde con este principio. (C-003 de 2017). <\/p>\n
Prerrogativas que se encuentran satisfechas a juicio de esta Sala, en raz\u00f3n a que el tr\u00e1mite de intervenci\u00f3n fue surtido con todas las garant\u00edas de rigor, en el que, asumiendo la carga de la prueba, la Superintendencia de Sociedades prob\u00f3 y motiv\u00f3 con suficiencia el actuar irregular de las accionantes, situaci\u00f3n que desvirt\u00faa la violaci\u00f3n al precedente referido por las quejosas, proferido por esta c\u00e9lula judicial -STC248 de 2020. <\/p>\n
5. En consecuencia, se confirmar\u00e1 la desestimaci\u00f3n de la demanda constitucional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la decisi\u00f3n impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio m\u00e1s expedito a las partes e interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
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STC10138-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado Ponente STC10138-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-01353-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de once de agosto de dos mil veintiuno) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida el 8 de julio de 2021, adicionada el 22 de los mismos […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56278","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56278","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56278"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56278\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56278"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56278"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56278"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}