STC10139-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10139-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02713-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de once (11) de agosto de dos mil veintiuno). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Servicios Especiales de Salud contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 al Juzgado Veinticinco Civil del Circuito de la misma ciudad, a las partes y dem\u00e1s intervinientes del proceso coercitivo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad promotora del amparo reclama por intermedio de apoderado judicial, la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales a la igualdad, a \u00abla seguridad jur\u00eddica\u00bb, al debido proceso, a la \u00abconfianza leg\u00edtima\u00bb y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad convocada, en el marco del proceso ejecutivo que adelanta contra Medim\u00e1s EPS S.A., identificado con el radicado No. 2019-00486-01. <\/p>\n
Por tal motivo pretende que a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n, se ordene la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, \u00abdejar sin valor ni efecto la providencia de fecha 25 de mayo de 2021 proferida dentro del [referido asunto], para en su lugar proferir un nuevo pronunciamiento que se ajuste al precedente judicial establecido por la Corte Suprema de Justicia \u2013 Sala de Casaci\u00f3n Civil, en providencias Nos. STC7387-2018, STC2705-2019, STC14198-2019, STC14705-2019, STC1479-2020, STC2508-2020, STC3118-2020, STC3880-2020, STC4773-2020 y STC8545-2020\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de su reparo aduce, en lo esencial, que es una IPS sin \u00e1nimo de lucro perteneciente al subsector privado del sector salud, con obligaci\u00f3n de prestar dicho servicio a la poblaci\u00f3n que lo demande, incluidos los afiliados al POS, por lo cual prest\u00f3 servicios de salud a afiliados de Medim\u00e1s EPS S.A.S., y para obtener la retribuci\u00f3n por tales servicios, radic\u00f3 ante esa entidad 1.132 facturas por un total de $3.188\u00b4444.861, pero al no ser pagadas por la EPS, y requerir el dinero para su sostenibilidad y funcionamiento, las reclam\u00f3 judicialmente mediante la referida ejecuci\u00f3n, tramitada por el Juzgado Veinticinco Civil del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Narra que el 20 de agosto de 2019, la precitada autoridad libr\u00f3 el mandamiento de pago solicitado y decret\u00f3 el embargo de las sumas de dinero que la deudora tuviera depositadas en entidades financieras, hasta por $4.300\u00b4000.000, advirtiendo en el respectivo oficio, que \u00ablo que aqu\u00ed se pretende realizar es el cobro de las obligaciones concernientes a la atenci\u00f3n de los propios afiliados de la EPS ejecutada, es claro que el embargo de los dineros es totalmente procedente, sin que la entidad bancaria pueda excusarse de acatar la orden de pago aduciendo que en (sic) la cuenta es de car\u00e1cter inembargable, para tal efecto se cita como fundamento el pronunciamiento en sede tutela de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Expone que la decisi\u00f3n fue mantenida el 1\u00b0 de junio de 2020, y al resolverse la alzada, fue confirmada el 25 de mayo del a\u00f1o en curso por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, con sustento en argumentos contrarios al precedente jurisprudencial que establece las excepciones a la inembargabilidad de dineros del Sistema General de Seguridad Social en Salud, \u00abinclusive aquellos depositados en cuentas maestras\u00bb, centrando el an\u00e1lisis en la naturaleza de las sumas cauteladas, mas no en el origen de los servicios de salud objeto de cobro. <\/p>\n
Sostiene que lo decidido afecta el inter\u00e9s p\u00fablico, ya que debido a la declaratoria de emergencia sanitaria por parte del Gobierno Nacional, requiere el dinero para \u00abfinanciar el personal m\u00e9dico, param\u00e9dico y administrativo, infraestructura y operaci\u00f3n institucional requerida para atender la emergencia\u00bb, motivo por el cual, hab\u00eda logrado acordar con la ejecutada que terminar\u00eda el proceso por pago con cargo a los recursos cautelados, pero su solitud fue negada por el juzgado el 14 de julio pasado, con fundamento en lo decidido por el Tribunal respecto a la comentada cautela. <\/p>\n
Finalmente asegura, que para atender la demanda de servicios de salud ocasionada por la pandemia del Covid \u2013 19 debi\u00f3 invertir recursos por \u00abcasi 5 mil millones de pesos solamente para adecuar su infraestructura\u00bb, y con corte al 30 de junio de 2021 ten\u00eda una ocupaci\u00f3n hospitalaria del 96%, por lo cual, dice, lo definido por el Tribunal pone en peligro su sostenibilidad financiera, y de paso el derecho fundamental a la salud de las personas que reciben sus servicios, circunstancias que, en su criterio, justifican la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el pasado 4 de agosto se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, por intermedio del Magistrado que sustanci\u00f3 la decisi\u00f3n aqu\u00ed cuestionada, indic\u00f3 atenerse a lo expuesto en la misma. <\/p>\n
b. El titular del Juzgado Veinticinco Civil del Circuito de Bogot\u00e1, tambi\u00e9n dijo remitirse a las actuaciones surtidas dentro del decurso reprochado. <\/p>\n
c. A la fecha de registro del fallo no se hab\u00edan recibido m\u00e1s intervenciones. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela, cuando tiene por finalidad controvertir actuaciones judiciales, s\u00f3lo deviene procedente si en ellas el juez natural ha incurrido en causal de procedencia del amparo, entendi\u00e9ndose por tal, aquella actividad jurisdiccional que carece de fundamento jur\u00eddico y que, por lo mismo, se muestra ostensiblemente arbitraria y caprichosa, y, siempre y cuando el interesado no disponga de otros medios de defensa id\u00f3neos para la protecci\u00f3n de sus derechos, puesto que, en el supuesto de haber contado o de contar con ellos, el mecanismo constitucional no tiene cabida, ya que tales formas ordinarias de defensa vienen a constituir el sendero por medio del cual debe obtenerse protecci\u00f3n o el restablecimiento de los derechos superiores amenazados o efectivamente conculcados por los jueces. <\/p>\n
2. En el presente asunto se observa que la censura de la sociedad Servicios Especiales de Salud est\u00e1 encaminada, concretamente, frente al auto proferido el 25 de mayo del presente a\u00f1o por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, que confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del 7 de febrero de 2020 del Juzgado Veinticinco Civil del Circuito de la misma ciudad, de levantar la medida cautelar de embargo y retenci\u00f3n de los dineros de la ejecutada depositados en el Banco de Bogot\u00e1, por considerarlos inembargables, dentro del proceso ejecutivo que aqu\u00e9lla tramita contra Medim\u00e1s EPS S.A.S., pues en su criterio, dichas sumas, pese a estar depositadas en cuentas maestras, son susceptibles de cautela en raz\u00f3n a que las obligaciones exigidas judicialmente nacieron de la prestaci\u00f3n del servicio de salud a los afiliados de la ejecutada. <\/p>\n
3. De la revisi\u00f3n del escrito de tutela y la documental anexa al expediente constitucional, la Corte extrae los siguientes hechos relevantes para la presente decisi\u00f3n. <\/p>\n
3.1. En el referido cobro quirografario la ejecutante, aqu\u00ed interesada, persigue el pago de 1.132 facturas por la prestaci\u00f3n de servicios de salud a afiliados a Medim\u00e1s EPS S.A.S. <\/p>\n
3.2. Librado el mandamiento de pago, el 20 de agosto de 2019 el Juzgado Veinticinco Civil del Circuito de Bogot\u00e1 orden\u00f3 el embargo y retenci\u00f3n de las sumas de dinero depositadas por la ejecutada en varias entidades del sector financiero, con la advertencia que \u00abse pretende realizar el cobro de obligaciones concernientes a la atenci\u00f3n de los propios afiliados de la EPS ejecutada [por lo que] es claro que el embargo de los dineros es totalmente procedente, sin que la entidad bancaria pueda excusarse de acatar la orden de pago aduciendo que la cuenta es de car\u00e1cter inembargable\u00bb. <\/p>\n
3.3. Frente al requerimiento, el Banco de Bogot\u00e1 puso de presente al Despacho, que \u00abprocedi\u00f3 a aplicar el embargo congelando la cuant\u00eda de $4.300\u00b4000.000 M\/CTE., correspondiente a la cuenta No. 621050145. En cuanto a las sumas embargadas, se anuncia que se le dar\u00e1 el tratamiento previsto en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 594 del C.G. Los recursos permanecer\u00e1n congelados hasta tanto se informe o allegue copia de la sentencia, auto que ordene seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, o el acto administrativo que haga sus veces\u00bb; no obstante, a esa comunicaci\u00f3n la entidad financiera dio posterior alcance informando, que hab\u00eda procedido a acatar la cautela tambi\u00e9n sobre \u00abla cuenta Maestra de Recaudo R\u00e9gimen de Movilidad No. 621050137, Cuenta Mecanismo \u00fanico de Recaudo R\u00e9gimen Subsidiado No. 621050178, Cuenta Maestra de Pagos R\u00e9gimen de Movilidad No. 621050152, y Cuenta Maestra de Pagos R\u00e9gimen Contributivo No. 621050145\u00bb, anexando certificaci\u00f3n del ADRES \u00abdonde informa que los recursos manejados en estas cuentas tienen car\u00e1cter de inembargable\u00bb, por lo cual pidi\u00f3 al Juzgado manifestarse sobre la situaci\u00f3n dentro de los 3 d\u00edas siguientes, a fin de que le indicara si es procedente o no continuar con la medida. <\/p>\n
3.4. La ejecutada elev\u00f3 solicitud de levantamiento del embargo acompa\u00f1ada de certificaci\u00f3n del ADRES sobre la inembargabilidad de las precitadas cuentas maestras. <\/p>\n
3.5. El 7 de febrero de 2020, el juez cognoscente resolvi\u00f3 levantar las cautelas, decisi\u00f3n que no obstante la aqu\u00ed interesada atac\u00f3 mediante los recursos de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n, fue mantenida el 1\u00ba de junio del mismo a\u00f1o, concedi\u00e9ndose la alzada. <\/p>\n
3.6. El 25 de mayo de 2021, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 mantuvo lo decidido, para lo cual cit\u00f3 las normas que establecen la improcedencia del embargo de los dineros del Sistema General de Seguridad Social, un precedente emitido sobre el particular por esa misma Colegiatura, y el aparte de la sentencia C-543 de 2013 que establece que el principio de inembargabilidad es relativo y se le han fijado cuatro excepciones \u00ab(i)Satisfacci\u00f3n de cr\u00e9ditos u obligaciones de origen laboral con el fin de hacer efectivo el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas. (ii) Pago de sentencias judiciales para garantizar la seguridad jur\u00eddica y la realizaci\u00f3n de los derechos en ellas contenidos (iii) T\u00edtulos emanados del Estado que reconocen una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible. (iv) Las anteriores excepciones son aplicables respecto de los recursos del SGP, siempre y cuando las obligaciones reclamadas tuvieran como fuente alguna de las actividades a las cuales estaban destinados dichos recursos (educaci\u00f3n, salud, agua potable y saneamiento b\u00e1sico) \u2026\u201d\u00bb. <\/p>\n
Con sustento en estas premisas afirm\u00f3, que \u00abde ah\u00ed que, deba efectuarse un juicioso an\u00e1lisis antes de decidir, ya sea, sobre el decreto del embargo, su denegaci\u00f3n o el levantamiento de esa cautela, en tanto que no solo se ha de establecer si la obligaci\u00f3n reclamada versa sobre los servicios ofrecidos por la ejecutada, en este caso, los de salud, sino, adem\u00e1s, ha de clarificarse si los activos consignados en las cuentes realmente son de car\u00e1cter p\u00fablico, privado o hacen parte del patrimonio general de la entidad demandada, en la medida que tan solo en el primer caso habr\u00e1 lugar a aplicar el principio de inembargabilidad\u00bb, y por esa senda constat\u00f3 de la documental obrante en el expediente ,no existe ninguna duda frente a la naturaleza de los recursos que reposan en las nombradas cuentas, pues, est\u00e1 demostrado que son de car\u00e1cter p\u00fablico y con una destinaci\u00f3n espec\u00edfica, lo que pone en evidencia la imposibilidad que pueden ser empleados para fines diversos, m\u00e1xime la prohibici\u00f3n contemplada al respecto en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 594 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
4.1. La Corte Constitucional en distintos pronunciamientos, ha estimado que el principio de inembargabilidad de los bienes p\u00fablicos, es una garant\u00eda necesaria para salvaguardar el presupuesto del Estado, especialmente, los valores dirigidos a cubrir las necesidades esenciales de la poblaci\u00f3n, toda vez que tiene como finalidad asegurar la \u00abadecuada provisi\u00f3n, administraci\u00f3n y manejo de los fondos necesarios para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales y en general para el cumplimiento de los fines del Estado\u00bb1; luego entonces, si se avalara el embargo de todos los activos p\u00fablicos, \u00ab(i) el Estado se expondr\u00eda a una par\u00e1lisis financiera para realizar el cometido de sus fines esenciales, y (ii) se desconocer\u00eda el principio de la prevalencia del inter\u00e9s general frente al particular, el art\u00edculo 1 y el pre\u00e1mbulo de la Carta Superior\u00bb2. <\/p>\n
Adem\u00e1s, ha sostenido que el citado beneficio \u00abno desconoce el contenido de los derechos adquiridos ni de las garant\u00edas al acceso a la administraci\u00f3n de justicia ni de seguridad jur\u00eddica\u00bb, en raz\u00f3n a que no es absoluto, es decir, que es susceptible de excepciones, y en ese orden, el legislador ha permitido la persecuci\u00f3n de recursos p\u00fablicos para el pago de sentencias proferidas contra la Naci\u00f3n, entre \u00e9stas, las derivadas de obligaciones laborales3. <\/p>\n
4.2. Es por ello que en sentencia C-543 de 2013, se acogi\u00f3 la posibilidad de perseguir bienes inembargables con el prop\u00f3sito de lograr: \u00ab(i) [La] satisfacci\u00f3n de cr\u00e9ditos u obligaciones de origen laboral con el fin de hacer efectivo el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas (\u2026), (ii) [El] pago de sentencias judiciales para garantizar la seguridad jur\u00eddica y la realizaci\u00f3n de los derechos en ellas contenidos (\u2026), (iii) [La extinci\u00f3n de] t\u00edtulos emanados del Estado que reconocen una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible (\u2026), [y] (iv) Las anteriores excepciones son aplicables respecto de los recursos del SGP, siempre y cuando las obligaciones reclamadas tuvieran como fuente alguna de las actividades a las cuales estaban destinados dichos recursos (educaci\u00f3n, salud, agua potable y saneamiento b\u00e1sico))\u201d (subraya la Corte). <\/p>\n
4.3. Si bien las excepciones rese\u00f1adas contin\u00faan establecidas s\u00f3lo en la jurisprudencia, se observa que la Codificaci\u00f3n Procesal Civil las tuvo en cuenta, hecho por el cual las incluy\u00f3 en el citado par\u00e1grafo del canon 5944, precepto sobre el cual la Corte Constitucional indic\u00f3: <\/p>\n
\u00abNo se desprende que exista una autorizaci\u00f3n para incumplir \u00f3rdenes de embargo ni tampoco que arbitrariamente se autorice a que la entidad encargada de ejecutar la medida de embargo pueda congelar los recursos. Al contrario, en esta norma se consagra expresamente la posibilidad de aplicar las excepciones al principio general de inembargabilidad de recursos p\u00fablicos, s\u00f3lo que ante la ausencia de fundamento legal, la entidad receptora de la medida entender\u00e1 que se revoca la misma si la autoridad que la decreta no explica el sustento del embargo sobre recursos inembargables. Pero si insiste, decretar\u00e1 el embargo y, si bien, procede el congelamiento de recursos, \u00e9stos son depositados en una cuenta especial con el reconocimiento de los respectivos intereses, y ser\u00e1n puestos a disposici\u00f3n del Juzgado una vez cobre ejecutoria la sentencia o si la providencia que pone fin al proceso as\u00ed lo ordena (\u2026)\u00bb5 (subraya fuera de texto). <\/p>\n
4.4. Ahora, para lo que aqu\u00ed concierne, resulta necesario memorar que el art\u00edculo 25 de la Ley 1751 de 2015, dispuso expresamente la inembargabilidad de todos \u00ablos recursos p\u00fablicos que financian la salud\u00bb, sobre eso no hay duda; sin embargo, tal como arriba se esgrimi\u00f3, la inembargabilidad no es absoluta y permite excepciones. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia C-313 de 2014, al efectuar el control previo sobre el proyecto de la anotada Ley Estatutaria en Salud, sostuvo: \u00abEl art\u00edculo 25 del Proyecto hace referencia al tratamiento de los recursos que financian la salud, a los cuales dota de las siguientes caracter\u00edsticas: i) son p\u00fablicos, ii) son inembargables, iii) tienen destinaci\u00f3n espec\u00edfica y, por ende, iv) no podr\u00e1n ser dirigidos a fines diferentes de los previstos constitucional y legalmente (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
\u00abEn lo que respecta al car\u00e1cter p\u00fablico que se le atribuye a los recursos de salud, esta Corporaci\u00f3n ha precisado, en reiteradas ocasiones (\u2026) que dicho peculio es de \u00edndole parafiscal, aspecto que refuerza su naturaleza p\u00fablica (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
\u00abAhora bien, en lo concerniente a la inembargabilidad de los recursos de la salud y a la destinaci\u00f3n espec\u00edfica de los mismos, es de advertir que, tal como lo ha sostenido la Corte en varias de sus providencias, \u2018la inembargabilidad busca ante todo proteger los dineros del Estado -en este caso los de las entidades descentralizadas del orden departamental- para asegurar en esa forma que se apliquen a los fines de beneficio general que les corresponden, haciendo realidad el postulado de prevalencia del inter\u00e9s com\u00fan plasmado en el art\u00edculo 1\u00ba de la Carta\u2019. Para la Sala, la prescripci\u00f3n que blinda frente al embargo a los recursos de la salud, no tiene reparos, pues, entiende la Corte que ella se aviene con el destino social de dichos caudales y contribuye a realizar las metas de protecci\u00f3n del derecho fundamental. Con todo, encuentra la Corporaci\u00f3n que la regla que estipula la inembargabilidad, eventualmente puede chocar con otros mandatos, por ello, tienen lugar las excepciones al momento de definirse en concreto la procedencia o improcedencia de la medida cautelar (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
\u00abEn este \u00faltimo sentido, advierte el Tribunal Constitucional que la aplicaci\u00f3n del enunciado deber\u00e1 estar en consonancia con lo que ha sentado y vaya definiendo la jurisprudencia, pues, la Corte se ha pronunciado respecto de la inembargabilidad de los dineros p\u00fablicos, entre ellos algunos destinados a la salud, muestra de esto es la sentencia C-1154 de 2008, en la cual, se estudi\u00f3 si el mandato contenido en el art\u00edculo 21 del Decreto 28 de 2008 el cual precept\u00faa que los recursos del Sistema General de Participaciones son inembargables, concluyendo la Sala que: \u2018(\u2026) la prohibici\u00f3n de embargo de recursos del SGP (i) est\u00e1 amparada por el art\u00edculo 63 de la Carta Pol\u00edtica, que autoriza al Legislador para determinar qu\u00e9 bienes y recursos p\u00fablicos son inembargables. As\u00ed mismo, (ii) est\u00e1 dirigida a garantizar la destinaci\u00f3n social y la inversi\u00f3n efectiva en los servicios de educaci\u00f3n, salud, saneamiento b\u00e1sico y agua potable, de acuerdo con la exigencia prevista en los art\u00edculos 356 y 357 de la Constituci\u00f3n y la reforma introducida en el Acto Legislativo No. 4 de 2007. Adem\u00e1s, (iii) es coherente con el mandato que el Constituyente dio al Gobierno Nacional para definir una estrategia de monitoreo, seguimiento y control al gasto ejecutado con recursos del SGP, con miras a garantizar las metas de continuidad, calidad y cobertura definidas en la ley. Desde esta perspectiva, es claro que la cl\u00e1usula de inembargabilidad de los recursos del SGP persigue fines constitucionalmente leg\u00edtimos, compatibles con la naturaleza y destino social de esos recursos (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
\u00abSin embargo, en la misma decisi\u00f3n se reconoce que la inembargabilidad no opera como una regla, sino como un principio y por ende no debe tener car\u00e1cter absoluto. Observ\u00f3 la Sala: \u2018(\u2026) no pueden perderse de vista otros valores, principios y derechos constitucionales como la dignidad humana, el principio de seguridad jur\u00eddica, el derecho a la propiedad, el acceso a la justicia y el derecho al trabajo, entre otros. Es por ello que (la norma cuestionada) acepta la imposici\u00f3n de medidas cautelares, para lo cual advierte que las mismas se har\u00e1n efectivas sobre ingresos corrientes de libre destinaci\u00f3n de las entidades territoriales (\u2026). [P]odr\u00e1n imponerse medidas cautelares sobre los ingresos corrientes de libre destinaci\u00f3n de la respectiva entidad territorial, y, si esos recursos no son suficientes para asegurar el pago de las citadas obligaciones, deber\u00e1 acudirse a los recursos de destinaci\u00f3n espec\u00edfica (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
\u00abPor lo que hace relaci\u00f3n a la destinaci\u00f3n espec\u00edfica, dijo la Corte en la Sentencia C-155 de 2004, lo siguiente: \u2018De manera imperativa el cuarto inciso del art\u00edculo 48 superior establece que \u2018No se podr\u00e1n destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a ella\u2019. En relaci\u00f3n con dicho precepto superior la Corte constitucional en numerosas decisiones de tutela ha estado llamada a examinar el tratamiento que se debe dar a los recursos de la seguridad social que se encuentren depositados en entidades financieras en liquidaci\u00f3n para asegurar precisamente el mandato de destinaci\u00f3n y utilizaci\u00f3n exclusiva de los recursos de las instituciones de seguridad social (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
\u00abAl respecto la Corte ha hecho \u00e9nfasis en i) la naturaleza parafiscal de los recursos de la seguridad social tanto en materia de salud como en pensiones ii) en el tratamiento particular que debe d\u00e1rsele a dichos recursos en los procesos de liquidaci\u00f3n de las entidades financieras y iii) en la imposibilidad de asimilar el caso de los dep\u00f3sitos de recursos parafiscales de la seguridad social en las entidades financieras con las indemnizaciones debidas por concepto de contratos de reaseguro de las enfermedades de alto costo (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
\u00abAl respecto cabe recordar particularmente lo dicho por la Corte en la Sentencia SU-480 de 1997 en la que se se\u00f1al\u00f3 igualmente que los aportes del presupuesto nacional destinados a la seguridad social tienen id\u00e9ntica naturaleza y destinaci\u00f3n espec\u00edfica\u00bb. <\/p>\n
\u00abDe esta manera, el precepto reitera lo dispuesto en el art\u00edculo 48 Superior y la comprensi\u00f3n que a la destinaci\u00f3n espec\u00edfica ha fijado la jurisprudencia constitucional, con lo cual se controla el uso que los diferentes actores del sistema den a los recursos de la salud (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
\u00abEn este sentido, respecto a la interpretaci\u00f3n que pueda atribu\u00edrsele a la parte final de la disposici\u00f3n, esto es: \u2018(\u2026) no podr\u00e1n ser dirigidos a fines diferentes a los previstos constitucional y legalmente\u2019, claro se advierte que de ninguna manera resulta de recibo una lectura seg\u00fan la cual, el legislador estar\u00eda habilitado para establecer una destinaci\u00f3n diferente a los recursos de la seguridad social en salud, por cuanto ello contravendr\u00eda el inciso cuarto del art\u00edculo 48 de la Carta Pol\u00edtica. Esta comprensi\u00f3n del art\u00edculo 25 no se armonizar\u00eda con la Constituci\u00f3n, como quiera que bajo ninguna circunstancia los recursos de salud podr\u00e1n destinarse al pago de otros emolumentos que no se relacionen directamente con la garant\u00eda el derecho a la salud de las personas (\u2026)\u00bb (Resalta la Sala). <\/p>\n
5. A la luz de los anteriores razonamientos, es claro que la decisi\u00f3n tomada por el Tribuna accionado, esto es, la de confirmar la decisi\u00f3n del juzgador a quo consistente en decretar el levantamiento de las medidas cautelares de embargo y retenci\u00f3n de los dineros que Medim\u00e1s EPS S.A. tenga o llegare a tener en las cuentas reportadas por el Banco de Bogot\u00e1, provenientes de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES, desatiende de forma directa los anotados precedentes, toda vez que se configura una de las excepciones atr\u00e1s analizadas, al estar establecido dentro del proceso que los t\u00edtulos base del recaudo tienen \u00abcomo fuente alguna de las actividades a las cuales estaban destinados dichos recursos (educaci\u00f3n, salud, agua potable y saneamiento b\u00e1sico)\u00bb, al incorporar el valor de los servicios de salud que la IPS ejecutante, Servicios Especiales de Salud, aqu\u00ed tutelante, prest\u00f3 a los afiliados de la EPS ejecutada Medim\u00e1s. <\/p>\n
Es que, tal como expuso la Sala en un reciente pronunciamiento emitido en un asunto de contornos similares, \u00abes aplicable la excepci\u00f3n a tal inembargabilidad cuando el t\u00edtulo objeto de recaudo tenga como g\u00e9nesis la prestaci\u00f3n de servicios de salud, por ser \u00e9sta la actividad para la que est\u00e1n destinados los recursos del Sistema General de Participaciones\u00bb (STC1339-2021). <\/p>\n
6. As\u00ed, aunque los jueces ordinarios gozan de una discreta y razonable libertad para la ex\u00e9gesis del ordenamiento jur\u00eddico, no cabe duda que en el presente caso se hace necesaria la intervenci\u00f3n excepcional del Juez de tutela con el fin de remediar el quebrantamiento constitucional advertido, a fin de que la Corporaci\u00f3n criticada resuelva nuevamente sobre el recurso de apelaci\u00f3n presentado por la aqu\u00ed accionante contra el auto del 7 de febrero de 2020, teniendo en cuenta las consideraciones esbozadas. <\/p>\n
7. Corolario de lo expuesto se acceder\u00e1 a la protecci\u00f3n solicitada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONCEDE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
En consecuencia, se ORDENA a la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la fecha en la cual reciba el expediente del referido proceso, deje sin efecto el auto del 25 de mayo de 2021, y toda actuaci\u00f3n posterior que dependa del mismo, con que confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de 7 de febrero de 2020 del Juzgado Veinticinco Civil del Circuito de la misma ciudad, para que en su lugar, resuelva nuevamente la apelaci\u00f3n interpuesta por Servicios Especiales de Salud contra la precitada decisi\u00f3n, teniendo en cuenta las consideraciones de la parte motiva de este fallo. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Corte Constitucional. Sentencia C-539 de 2010 <\/p>\n
2\u0002 Corte Constitucional. Sentencia C-546 de 1992, reiterada en C-543 de 2013 <\/p>\n
3\u0002 Art. 21 del Decreto 028 de 2008 <\/p>\n
4\u0002 \u201cPar\u00e1grafo. Los funcionarios judiciales o administrativos se abstendr\u00e1n de decretar \u00f3rdenes de embargo sobre recursos inembargables. En el evento en que por ley fuere procedente decretar la medida no obstante su car\u00e1cter de inembargable, deber\u00e1n invocar en la orden de embargo el fundamento legal para su procedencia. (\u2026) Recibida una orden de embargo que afecte recursos de naturaleza inembargable, en la cual no se indicare el fundamento legal para la procedencia de la excepci\u00f3n, el destinatario de la orden de embargo, se podr\u00e1 abstener de cumplir la orden judicial o administrativa, dada la naturaleza de inembargable de los recursos. En tal evento, la entidad destinataria de la medida, deber\u00e1 informar al d\u00eda h\u00e1bil siguiente a la autoridad que decret\u00f3 la medida, sobre el hecho del no acatamiento de la medida por cuanto dichos recursos ostentan la calidad de inembargables. La autoridad que decret\u00f3 la medida deber\u00e1 pronunciarse dentro de los tres (3) d\u00edas h\u00e1biles siguientes a la fecha de env\u00edo de la comunicaci\u00f3n, acerca de si procede alguna excepci\u00f3n legal a la regla de inembargabilidad. Si pasados tres (3) d\u00edas h\u00e1biles el destinatario no se recibe oficio alguno, se entender\u00e1 revocada la medida cautelar. (\u2026) En el evento de que la autoridad judicial o administrativa insista en la medida de embargo, la entidad destinataria cumplir\u00e1 la orden, pero congelando los recursos en una cuenta especial que devengue intereses en las mismas condiciones de la cuenta o producto de la cual se produce el d\u00e9bito por cuenta del embargo. En todo caso, las sumas retenidas solamente se pondr\u00e1n a disposici\u00f3n del juzgado, cuando cobre ejecutoria la sentencia o la providencia que le ponga fin al proceso que as\u00ed lo ordene\u201d. <\/p>\n
5\u0002 Corte Constitucional. Sentencia C-543 de 2013 <\/p>\n
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STC10139-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente STC10139-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02713-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de once (11) de agosto de dos mil veintiuno). Bogot\u00e1, D.C., once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021).- Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Servicios […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56279","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56279","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56279"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56279\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56279"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56279"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56279"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}