STC10147-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10147-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00465-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de once de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 6 de abril de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Luz Marina Castellanos Mart\u00ednez contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado Octavo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad, la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013Colpensiones, as\u00ed como las partes y dem\u00e1s intervinientes del asunto constitucional a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclama por intermedio de apoderado judicial, la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al m\u00ednimo vital, presuntamente conculcados por la autoridad accionada, en el marco de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 contra la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 Colpensiones , con radicado No. 2020-00091-00. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se ordene \u00abrevis[ar] la sentencia fechada 22 de febrero de 2021 y notificada el 1 de marzo de 2021 [proferida dentro del precitado asunto] y al corregir el error sustancial en que incurri\u00f3, se ordene a Colpensiones apegarse a la ley que rige este asunto\u00bb, y como consecuencia de ello, \u00abordenar el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes que le corresponde como beneficiaria de la calidad de esposa, con ocasi\u00f3n del fallecimiento de su esposo Jos\u00e9 Evelio Vel\u00e1squez Vel\u00e1squez\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de su reclamo aduce en compendio, que dentro del referido decurso no hay \u00abidentidad material ni procesal\u00bb entre lo que finalmente se decidi\u00f3 y \u00abla teleolog\u00eda de la petici\u00f3n de quien clama el amparo\u00bb, ya que el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 al confirmar el 22 de febrero del a\u00f1o en curso, la negativa al amparo por la que opt\u00f3 el Juzgado Octavo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad, \u00abse apart\u00f3 inexplicablemente del objeto material de la petici\u00f3n y resolvi\u00f3 sobre otras materias\u00bb, ya que ella solicit\u00f3 la adecuada aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 13 de la Ley 797 de 2003, que no exige el m\u00ednimo de convivencia al prepensionado para el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, y en vez de estudiar esa situaci\u00f3n, dice, dicha autoridad dirigi\u00f3 su an\u00e1lisis a la relaci\u00f3n marital que ella tuvo con el causante, lo que no es requisito para acceder a la pensi\u00f3n de sobreviviente. <\/p>\n
Explica que Colpensiones no le pod\u00eda exigir que probara una convivencia con el causante de 5 a\u00f1os anteriores al fallecimiento, porque es un requisito para cuando fallece la persona estando pensionada, y en su caso, al causante a\u00fan no se le hab\u00eda reconocido ese derecho, y con todo, convivi\u00f3 con \u00e9l un tiempo superior al que se le exigi\u00f3, raz\u00f3n que, aunada a su condici\u00f3n de vulnerabilidad, asegura, justifica la intervenci\u00f3n de un segundo juez de tutela en el asunto. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a.) La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, por intermedio del Magistrado que conoci\u00f3 del amparo cuestionado, se\u00f1al\u00f3 que en dicho tr\u00e1mite no se desconocieron las garant\u00edas superiores de la gestora, y en todo caso, la protecci\u00f3n es improcedente, porque en las sentencias T-059 de 2006 y SU 1219 de 2021 la Corte Constitucional precis\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela no es procedente contra sentencias emitidas en tr\u00e1mites del mismo linaje. <\/p>\n
b.) El Juzgado Octavo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad, hizo un recuento de las principales actuaciones procesales surtidas dentro del tr\u00e1mite criticado, y resalt\u00f3 que neg\u00f3 la protecci\u00f3n all\u00e1 invocada, debido a la residualidad que caracteriza el mecanismo, ya que la gestora puede hacer uso de las acciones legales ordinarias para la obtener lo all\u00ed pretendido <\/p>\n
c.) Fiduagraria S.A. como vocera del Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n \u2013 P.A.R.I.S.S, indic\u00f3 que no hizo parte del tr\u00e1mite tutelar reprochado, ni tampoco el extinto I.S.S. <\/p>\n
d.) La Directora de Acciones Constitucionales de la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013Colpensiones, pidi\u00f3 denegar la salvaguarda reclamada, porque se invoca respecto de otro tr\u00e1mite tutelar, el cual solo pude ser revisado por la Corte Constitucional, m\u00e1s aun cuando la actora puede acudir a la jurisdicci\u00f3n competente para procurar la prestaci\u00f3n econ\u00f3mica que pretende. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n de Penal de esta Corte neg\u00f3 la protecci\u00f3n reclamada, tras observar que \u00abla acci\u00f3n de tutela no procede contra fallos de la misma naturaleza, por cuanto ello alterar\u00eda la naturaleza jur\u00eddica de este mecanismo y frustrar\u00eda su objeto funcional, de tal forma que no podr\u00eda operar para definir los conflictos planteados y prodigar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales reclamados, adem\u00e1s del grave perjuicio para la seguridad jur\u00eddica y el goce efectivo del orden constitucional vigente\u00bb, sin que la situaci\u00f3n descrita por la accionante encuadre en alguna de las limitadas excepciones a esta regla, ya que \u00abse orientan a cuestionar el sentido del fallo de tutela, en cuanto neg\u00f3 el amparo por encontrar que no se cumpl\u00eda el requisito de subsidiariedad de la acci\u00f3n y tampoco se acredit\u00f3 la existencia de una situaci\u00f3n especial que habilitara la tutela\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la promotora de la protecci\u00f3n, insistiendo en que se encuentra en una situaci\u00f3n personal que habilita la protecci\u00f3n implorada debido sus 60 a\u00f1os de edad, los problemas de salud que padece, y, que est\u00e1 en \u00absituaci\u00f3n de pobreza\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela es por regla improcedente contra las decisiones judiciales, premisa que aplica en una medida a\u00fan mayor, cuando la determinaci\u00f3n atacada fue proferida por un juez constitucional como ep\u00edlogo del tr\u00e1mite de amparo, ya que admitir lo contrario, abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad aeternum lo expresado en el primer fallo. Por tal motivo, solo de manera sumamente excepcional, la Corte ha admitido la intervenci\u00f3n de un segundo juez de amparo cuando en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n se ha incurrido en una vulneraci\u00f3n clara y ostensible al debido proceso de alguna de las partes o de terceros con inter\u00e9s en el resultado del respetivo tr\u00e1mite <\/p>\n
2. Acerca de esta especial tem\u00e1tica, la Corte Constitucional, en sentencia SU-627 adiada 1\u00ba de octubre de 2015, consolid\u00f3 los criterios dispuestos desde el a\u00f1o 2001 acerca de los casos en los cuales, de manera excepcional, resulta procedente la acci\u00f3n de tutela frente a una controversia suscitada con ocasi\u00f3n de un tr\u00e1mite de igual naturaleza, de la siguiente manera: <\/p>\n
\u00ab4.6. Unificaci\u00f3n jurisprudencial respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores a la sentencia. <\/p>\n
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si \u00e9sta se dirige contra la sentencia proferida dentro de \u00e9l o contra una actuaci\u00f3n previa o posterior a ella. <\/p>\n
4.6.2. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede. <\/p>\n
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepci\u00f3n cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisi\u00f3n de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional. <\/p>\n
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n. <\/p>\n
4.6.3. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si \u00e9stas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia. <\/p>\n
4.6.3.1. Si la actuaci\u00f3n acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisi\u00f3n del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que ser\u00edan afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, la acci\u00f3n de tutela s\u00ed procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisi\u00f3n. <\/p>\n
4.6.3.2. Si la actuaci\u00f3n acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en dicha sentencia, la acci\u00f3n de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protecci\u00f3n de un derecho fundamental que habr\u00eda sido vulnerado en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional\u00bb. <\/p>\n
3. En el presente asunto se observa, que la censura de la ciudadana Castellanos Mart\u00ednez recae, concretamente, en la sentencia proferida el 22 de febrero del a\u00f1o que avanza por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, que dej\u00f3 inc\u00f3lume la decisi\u00f3n tomada el 13 de enero anterior por el Juzgado Octavo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad, de denegar la protecci\u00f3n constitucional que \u00e9sta reclam\u00f3 frente a Colpensiones, por no haberle reconocido la pensi\u00f3n de sobreviviente como compa\u00f1era permanente del causante Jos\u00e9 Evelio Vel\u00e1squez Vel\u00e1squez, pues seg\u00fan criterio de aqu\u00e9lla, no se le pod\u00eda exigir acreditar convivencia con el causante de al menos 5 a\u00f1os anteriores al fallecimiento ocurrido el 1\u00b0 de enero de 2020, dado que \u00e9ste \u00abNO se encontraba pensionado, pues apenas contaba con la expectativa de acceder a esta prestaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Sin embargo, se aprecia sin asomo de duda, que el presente resguardo constitucional es improcedente, habida cuenta que, como arriba se dej\u00f3 establecido, su objetivo es atacar los fallos constitucionales dictados en ambas instancias por las autoridades judiciales convocadas, dentro de otra acci\u00f3n de id\u00e9ntica naturaleza a la presente, cuesti\u00f3n que desemboca en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, si se tiene en cuenta que la jurisprudencia constitucional ha insistido, en que ante una ocasional falta o desafuero en que puedan incurrir los jueces de tutela al ocuparse de las decisiones con las que se resuelva sobre el se\u00f1alado mecanismo excepcional, no es un nuevo instrumento de id\u00e9ntica condici\u00f3n el adecuado para contrarrestar el supuesto quebranto. <\/p>\n
Lo anterior, si en cuenta se tiene que lo expuesto en la tutela es la simple discrepancia con lo decidido por el anterior juez constitucional, sin que resulte procedente el reestudio de la determinaci\u00f3n, aun cuando la accionante alegue una condici\u00f3n especial de vulnerabilidad, no solo porque esa situaci\u00f3n fue sopesada en su momento por el primer juez de tutela, sino adem\u00e1s porque, se enfatiza, el escenario para eventualmente reevaluar la particularidad, no es otra acci\u00f3n del mismo linaje. <\/p>\n
5. Ahora, de la revisi\u00f3n de la p\u00e1gina web de la Corte Constitucional1, se advierte que el expediente contentivo de la acci\u00f3n constitucional en comento no ha sido excluido de su eventual revisi\u00f3n, raz\u00f3n por la cual la parte aqu\u00ed interesada est\u00e1 en la posibilidad de acudir al recurso de insistencia previsto en el art\u00edculo 33 del memorado compendio2, para pedir a la referida Colegiatura su escogencia para dicho tr\u00e1mite, \u00fanico mecanismo procesal que puede interponerse o solicitarse ante los funcionarios habilitados para el efecto, herramienta esta \u00faltima respecto de la cual, ha precisado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00abY, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019. (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992)\u00bb (CSJ STC3841-2021). <\/p>\n
De este modo, la posibilidad de acudir al mencionado mecanismo ante el alto Tribunal Constitucional, al ser la v\u00eda id\u00f3nea para plantear la inconformidad expuesta en este escenario, impide la intromisi\u00f3n en el asunto por parte de un segundo juez de tutela, pues, este remedio \u00abes un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, y por casos excepcionales, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (CSJ STC437-2021). <\/p>\n
6. Corolario de lo esgrimido, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone ratificar el fallo constitucional de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/consultat\/consulta.php?campo=rad_actor&date3=2019-01-01&date4=2021-08-03&radi=Radicados&palabra=castellanos+mart%C3%ADnez+luz+marina&radi=radicados&todos=%25 <\/p>\n
2\u0002 Reglamentado en el Acuerdo No 05 de 1992, emanado de la Corte Constitucional. <\/p>\n
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