STC10148-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10148-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-01286-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 30 de junio de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Taxexpress S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y dem\u00e1s intervinientes del asunto a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad promotora del amparo reclama por intermedio de apoderado judicial, la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, a la igualdad y a la defensa, presuntamente conculcados por la autoridad accionada, en el tr\u00e1mite de la prueba extraprocesal a que Hern\u00e1n Hern\u00e1ndez Garc\u00eda y Laura Tatiana Hern\u00e1ndez Mesa la citaron, con radicado No. 21-24070. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, \u00abrevocar la decisi\u00f3n tomada mediante auto No. 67016 de junio 3 de 2021 dentro [del referido asunto]\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de su reclamo aduce en compendio, que en la precitada providencia la autoridad de supervisi\u00f3n resolvi\u00f3 mantener en sede de reposici\u00f3n, su decisi\u00f3n del 15 de marzo del a\u00f1o en curso de decretar la prueba extraprocesal pedida, sin tener en cuenta, asegura, que los solicitantes de la misma carecen de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, porque la pidieron para una \u00abeventual demanda por infracci\u00f3n y usurpaci\u00f3n marcaria y\/o actos de competencia desleal\u00bb, pero no son socios de la compa\u00f1\u00eda, ni acreditaron actuar en el mismo mercado como competidores. <\/p>\n
Asegura que la citada decisi\u00f3n fue emitida sin valorar las pruebas aportadas, es decir, las certificaciones emitidas por las diferentes C\u00e1maras de Comercio del pa\u00eds que dan cuenta que los solicitantes de la diligencia no est\u00e1n registrados como representantes legales de ninguna empresa, as\u00ed como tampoco la certificaci\u00f3n emitida por el revisor fiscal de la sociedad que acredita que \u00e9stos no son o han sido socios de la compa\u00f1\u00eda, por lo cual no resulta procedente que se les autorice interrogar a su representante legal, ni tener acceso a sus sistemas de c\u00f3mputo, ya que ello implicar\u00eda vulnerar su velo corporativo, situaci\u00f3n que, en su criterio, justifica la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA <\/p>\n
La Superintendencia de Industria y Comercio puso de presente que el amparo reclamado es improcedente, porque la decisi\u00f3n cuestionada fue emitida en uso de las facultades jurisdiccionales que le confiere la ley, sin que la tutela pueda ser utilizada como un escenario de reestudio de un tema ya definido. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 neg\u00f3 la salvaguarda invocada, tras observar que \u00ablo que aqu\u00ed plantea el gestor del resguardo es una diferencia de criterio acerca de la procedencia o no de la prueba extraprocesal frente a la sociedad, dada la ausencia de calidad de socios de los se\u00f1ores Hern\u00e1n Hern\u00e1ndez Garc\u00eda y Laura Tatiana Hern\u00e1ndez Mesa, as\u00ed como la pertinencia de la misma, en una eventual demanda que por infracci\u00f3n marcaria o competencia desleal se instaure, situaci\u00f3n para la cual no est\u00e1 prevista esta actuaci\u00f3n sumaria, siendo preciso a\u00f1adir que, contrario a lo aseverado por el accionante, el ente encargado, dentro del ac\u00e1pite de consideraciones, de forma precisa y clara resolvi\u00f3 cada una de los fundamentos que sirvieron para la presentaci\u00f3n del recurso, para lo cual le enfatiz\u00f3 que la legitimaci\u00f3n por activa o pasiva, dentro de una prueba extraprocesal, se extrae de la futura condici\u00f3n que se le puede atribuir dentro del decurso de un proceso, siendo analizada la necesidad de la prueba \u00fanicamente por el Juez de conocimiento y no de forma pret\u00e9rita, como lo quiere hacer ver Taxexpress S.A.\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la sociedad accionante, con sustento en motivos similares a los que expuso en su escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Por regla, la acci\u00f3n de tutela frente a decisiones judiciales es improcedente, debido al respeto que corresponde garantizar a la autonom\u00eda de la actividad jurisdiccional, no obstante, por v\u00eda jurisprudencial se ha establecido su viabilidad excepcional y extraordinaria, siempre que no existan mecanismos judiciales para atacar la decisi\u00f3n, el reclamo se eleve con prontitud y exista causal de procedencia del amparo, es decir, cuando la acci\u00f3n u omisi\u00f3n del funcionario judicial carece de fundamento objetivo y responde m\u00e1s a su capricho o voluntad, valga decir, sea el producto de su arbitrariedad. <\/p>\n
2. En el presente asunto se observa, que la censura de Taxexpress SA est\u00e1 encaminada, en lo fundamental, contra la decisi\u00f3n proferida el 15 de marzo del a\u00f1o en curso por la Superintendencia de Industria y Comercio, mantenida \u00edntegramente en sede de reposici\u00f3n mediante prove\u00eddo del 3 de junio pasado, con que se accedi\u00f3 a la solicitud de prueba extrajudicial elevada por Hern\u00e1n Hern\u00e1ndez Garc\u00eda y Laura Tatiana Hern\u00e1ndez Mesa sobre aquella sociedad, pues en su criterio, lo resuelto emergi\u00f3 con desconocimiento de las pruebas aportadas que dan cuenta de la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa de los mentados solicitantes para citarla al precitado tr\u00e1mite. <\/p>\n
3. Sin embargo, revisados los argumentos que sustentan la solicitud de protecci\u00f3n y aqu\u00e9llos expuestos en la determinaci\u00f3n criticada a la Superintendencia de Industria y Comercio, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto lo decidido no puede ser catalogado como el reflejo de la arbitrariedad o subjetividad de dicha autoridad, lo que descarta la transgresi\u00f3n de las prerrogativas esenciales cuya protecci\u00f3n invoca la solicitante de la protecci\u00f3n constitucional, tal y como pasa a verse: <\/p>\n
En la decisi\u00f3n con que se resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n contra la decisi\u00f3n criticada, el ente de control convocado consider\u00f3 precisamente, frente a la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa alegada en este escenario, que \u00abpartiendo de lo dispuesto en los art\u00edculos 184 y 186 del C.G.P. la legitimaci\u00f3n que se requiere para presentar una prueba extraprocesal yace en que el peticionario sea quien \u201cpretenda demandar o tema que se le demande\u201d. <\/p>\n
Adicionalmente, de acuerdo con el art\u00edculo 183 del C.G.P., la funci\u00f3n principal de la pr\u00e1ctica de las pruebas extraprocesales es b\u00e1sicamente la de obtener pruebas por fuera de un proceso, a efectos de que a partir de las mismas se cuente con un soporte probatorio al momento de ejercerse el derecho de acci\u00f3n o de defensa, por parte de quien solicita su pr\u00e1ctica y pueda eventualmente en un momento dado encontrarse en uno de los extremos de la eventual Litis. <\/p>\n
En este orden de ideas, no es procedente en este tr\u00e1mite adoptar una determinaci\u00f3n sobre los argumentos expuestos, en la medida que el competente para verificar la legitimaci\u00f3n en la causa por activa y\/o pasiva dentro del proceso de competencia desleal y\/o infracci\u00f3n de derechos de propiedad industria, as\u00ed como la presunta cosa juzgada, corresponde al juez de conocimiento de la eventual demanda que sea presentada\u00bb. <\/p>\n
4. De este modo, contrario a lo expuesto por la entidad accionante, es claro que la decisi\u00f3n emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio, se soport\u00f3 en el razonable entendimiento de las normas sustanciales y procesales aplicables al caso concreto, por lo que el mero disentimiento con esa interpretaci\u00f3n normativa, no permite per se la intromisi\u00f3n del juez constitucional para modificar o invalidar lo resuelto, ya que, como como qued\u00f3 visto, para arribar a la determinaci\u00f3n cuestionada, dicha autoridad razon\u00f3 con sustento en las normas procesales que estim\u00f3 aplicables al caso, que el tr\u00e1mite cuestionado no era el escenario procesal adecuado para determinar si los solicitantes de la prueba extrajudicial estaban habilitados procesalmente para instaurar el reclamo que eventualmente elevar\u00edan ante la jurisdicci\u00f3n, pues para tal estudio est\u00e1 dispuesto ese eventual proceso, situaci\u00f3n por la cual, precisa la Corte, carec\u00eda de trascendencia entrar a valorar prueba alguna encaminada a determinar si aquellos eran titulares del derecho de acci\u00f3n, sin que, de otro lado, ello pueda considerarse una transgresi\u00f3n al velo corporativo de la sociedad objeto de las pruebas, toda vez que la pr\u00e1ctica de las mismas est\u00e1 autorizada por la ley, y en modo alguno implica desconocer la limitaci\u00f3n de responsabilidad que tienen los asociados al monto de sus aportaciones. <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, por m\u00e1s discutible que pudiera ser la postura de la autoridad de supervisi\u00f3n convocada, como la sola divergencia conceptual, o el no compartir el sentido de la decisi\u00f3n anotada, no permite abrir camino a esta herramienta, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma adjetiva o sustancial que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto, no cabe duda que en el presente caso la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, pues, como lo ha se\u00f1alado invariablemente la Sala de tiempo atr\u00e1s, \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC1162-2021). <\/p>\n
6. Corolario de lo esgrimido, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone ratificar el fallo constitucional de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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