STC10149-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10149-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-01311-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de once de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., doce de agosto de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta a la sentencia de 30 de junio de 2021, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta ciudad, dentro de la salvaguarda promovida por Mario Antonio Romero Mahecha, al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogot\u00e1, con ocasi\u00f3n del juicio declarativo de simulaci\u00f3n con radicado n\u00b0 2020-00161-00, incoado por Enclave Constructores S.A.S. contra el Fideicomiso Lote Santa Helena II, cuya vocera es la Fiduciaria Central S.A., Edmacoro S. en C.S., Fiduciaria Central S.A. y el gestor. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El reclamante implora la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente violentadas por la autoridad accionada. <\/p>\n
2. Del escrito inaugural y la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
Enclave Constructores S.A.S. convoc\u00f3 al Fideicomiso Lote Santa Helena II, cuya vocera es la Fiduciaria Central S.A., Edmacoro S. en C.S., Fiduciaria Central S.A. y, al tutelante, ante el estrado del circuito confutado para obtener la declaratoria de simulaci\u00f3n respecto a un negocio. <\/p>\n
En auto de 10 de agosto de 2020, se admiti\u00f3 el libelo y se decret\u00f3 como medida la inscripci\u00f3n de la demanda, una vez la sociedad reclamante prestara cauci\u00f3n sobre el 20% del valor de las pretensiones. <\/p>\n
El 19 de noviembre postrero, el promotor pidi\u00f3 ser enterado de la referida providencia e, igualmente, impetr\u00f3 reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n, reprochando la procedencia de esa cautela y, adem\u00e1s, exigi\u00f3, como prueba, el traslado de varias actuaciones surtidas en el otro ritual adelantando en el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
El suplicante cuestiona la tardanza del despacho acusado, en dirimir las mencionadas solicitudes. <\/p>\n
3. Depreca, por tanto, resolver las peticiones materia de controversia. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de los accionados y vinculados <\/p>\n
<\/p>\n
1. El titular del estrado cuestionado manifest\u00f3 que asumi\u00f3 su cargo el 19 de marzo pasado y enfatizo en la improcedencia de zanjar los ruegos del actor, pues se encontraba pendiente la notificaci\u00f3n del auto admisorio a otros de los demandados. <\/p>\n
2. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n
1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Neg\u00f3 el auxilio, al advertir la existencia de un hecho superado, pues, en auto de 25 de junio pasado, el despacho acusado dio por enterados de la admisi\u00f3n de la demanda a los all\u00ed encausados e, incluso, tuvo notificado al petente por conducta concluyente; adem\u00e1s, deneg\u00f3 la solicitud probatoria del accionante por no ser la fase id\u00f3nea para ello y dispuso correr traslado a las partes de la reposici\u00f3n enarbolada por aqu\u00e9l, en relaci\u00f3n al prove\u00eddo de 10 de agosto de 2020. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La formul\u00f3 el querellante, se\u00f1alando que a\u00fan persiste la vulneraci\u00f3n denunciada, en tanto los medios defensivos incoados por \u00e9l contra la precitada providencia se encuentran sin resolver. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La mora judicial, grosso modo, tiene ocurrencia cuando el juzgador desconoce los plazos legales careciendo de motivos plausibles, probados y razonables para ello. <\/p>\n
El fen\u00f3meno en menci\u00f3n halla como presupuestos, seg\u00fan constante doctrina probable de esta Corporaci\u00f3n1 y de la Corte Constitucional2, (i) la inobservancia de los t\u00e9rminos se\u00f1alados en la ley para adelantar alguna actuaci\u00f3n judicial; (ii) la inexistencia un m\u00f3vil razonable capaz de justificar dicha demora; y (iii) la tardanza imputable al juez por incumplimiento de sus funciones. <\/p>\n
Esta colegiatura comparte y hace suyas las opiniones de la Corte Interamericana3 y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos4, en el sentido de que, a fin de determinar la razonabilidad de los plazos en los cuales debe desenvolverse el proceso, han de tenerse en cuenta los siguientes aspectos: a) la complejidad del caso concreto; b) la actividad de la parte interesada; y c) el comportamiento de las autoridades jurisdiccionales. <\/p>\n
Fallar los negocios dentro de un plazo razonable5 no es una obligaci\u00f3n impuesta, exclusivamente, por el legislador nacional; obligaciones internacionales adquiridas por Colombia radican en los jueces, cualquiera sea su grado, el deber de solucionar oportunamente las controversias sometidas a su conocimiento. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En el caso, revisados los tr\u00e1mites refutados, se advierte que, hasta el 10 de junio de 2021, la \u00faltima sociedad pendiente de notificarse del auto admisorio de 10 de agosto de 2020, replic\u00f3 tal prove\u00eddo, es decir, previo a ello, se estaban surtiendo las diligencias de enteramiento del litigio y la verificaci\u00f3n de las contestaciones respectivas y, por tanto, pese a la formulaci\u00f3n de los recursos del gestor, \u00e9stos no pod\u00edan definirse. <\/p>\n
Lo anterior, porque ello supondr\u00eda el ingreso del expediente al despacho y, de contera, la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos, seg\u00fan lo establecido en los incisos 5\u00b0 y 6\u00b0 del art\u00edculo 118 del C\u00f3digo General del Proceso6. <\/p>\n
Por tanto, la tardanza denunciada est\u00e1 justificada, pues el censor enarbol\u00f3 esas defensas en noviembre de 2020, sin estar notificado formalmente del ritual; adem\u00e1s, aqu\u00e9l no invoc\u00f3 urgencia alguna, como para ameritar un pronunciamiento inmediato por parte del juzgado enjuiciado. <\/p>\n
Ahora, teniendo en cuenta que, en auto de 25 de junio de 2021, se tuvo por notificado al tutelante por conducta concluyente y se corri\u00f3 traslado del remedio horizontal instaurado por \u00e9l, es claro que a tal defensa se le ha dado tr\u00e1mite, careciendo as\u00ed de objeto el resguardo sobre la alegada ausencia de gestiones frente a dicho recurso, siendo inane administrar justicia sobre ese aspecto, m\u00e1s a\u00fan si, en relaci\u00f3n con la prueba traslada deprecada por el petente, ya hubo decisi\u00f3n al respecto. <\/p>\n
Sobre la figura del hecho superado, esta Sala ha indicado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]a decisi\u00f3n del Juez de tutela carece de objeto cuando, en el momento de proferirla, encuentra que la situaci\u00f3n expuesta en la demanda, que hab\u00eda dado lugar a que el supuesto afectado intentara la acci\u00f3n, se ha modificado sustancialmente, de tal manera que ha desaparecido toda posibilidad de amenaza o da\u00f1o a los derechos fundamentales. Siendo la defensa de \u00e9stos la justificaci\u00f3n y el prop\u00f3sito de esta forma expedita de administrar justicia constitucional en el caso concreto, ning\u00fan sentido tiene que el fallador imparta \u00f3rdenes de inmediato cumplimiento en relaci\u00f3n con unas circunstancias que pudieran configurarse en el pasado pero que, al momento de cumplirse la sentencia, no existe o, cuando menos, presentan caracter\u00edsticas totalmente diferentes a las iniciales (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) El hecho superado o la carencia de objeto (\u2026), se presenta: \u2018si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (\u2026)\u201d7. <\/p>\n
Ahora, de acuerdo con el historial del ritual atacado visible en la pagina web de la Rama Judicial, el 6 de julio de 2021, las partes descorrieron el traslado de la reposici\u00f3n instaurada por el quejoso y, en esa medida, ese mecanismo procesal est\u00e1 ad portas de zanjarse, torn\u00e1ndose as\u00ed prematuro el auxilio. <\/p>\n
Al respecto, esta Corte ha manifestado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]s palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u201d8. <\/p>\n
Con todo, si despu\u00e9s de un lapso prudencial a\u00fan no se ha zanjado el recurso horizontal, el petente cuenta con la posibilidad de pedirle al estrado el circuito reprochado proceder con celeridad y, si ello no resulta suficiente, tiene a su alcance esta jurisdicci\u00f3n para invocar el amparo de sus prerrogativas que, por ahora, no aparecen lesionadas. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha manifestado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]n trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades p\u00e9rdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u201d9. <\/p>\n
3. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos10 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 196911, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d12, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
3.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio13. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
3.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-14, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales15; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas16. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
4. De acuerdo a lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo de primer grado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: NOTIFICAR lo resuelto, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Vide: STC16690 de 2018, exp. 2018-00485-01; STC16346-2018, exp. 2018-03593-00; STC15912-2018, exp. 2018-001934-01. Y varias m\u00e1s. <\/p>\n
2\u0002 Cfr. et al: Sentencias T-292 de 1999; T-220 de 2007; T-230 de 2013; T-186 de 2017; y T-052 de 2018. <\/p>\n
3\u0002 Caso Genie Lacayo, de 29 de enero de 1997. Serie C No. 30, p\u00e1rr 77; y Su\u00e1rez Rosero c. Ecuador, de 12 de nov. de 1997. <\/p>\n
4\u0002 Asuntos Adolf c. Austria, de 26 de marzo de 1982; Zimmermann y Steiner c. Suiza, de 13 de julio de 1983; Erckner y Hofauer c. Austria, de 23 de abril de 1987 y Kizil\u02c6z c. Turqu\u00eda, de 25 de septiembre de 2001, entre otros. <\/p>\n
5\u0002 Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos, art\u00edculo 8, garant\u00eda judicial 1. <\/p>\n
6\u0002 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 118. C\u00f3mputo de t\u00e9rminos (\u2026) Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, mientras est\u00e9 corriendo un t\u00e9rmino, no podr\u00e1 ingresar el expediente al despacho, salvo que se trate de peticiones relacionadas con el mismo t\u00e9rmino o que requieran tr\u00e1mite urgente, previa consulta verbal del secretario con el juez, de la cual dejar\u00e1 constancia. En estos casos, el t\u00e9rmino se suspender\u00e1 y se reanudar\u00e1 a partir del d\u00eda siguiente al de la notificaci\u00f3n de la providencia que se profiera (\u2026). Mientras el expediente est\u00e9 al despacho no correr\u00e1n los t\u00e9rminos, sin perjuicio de que se practiquen pruebas y diligencias decretadas por autos que no est\u00e9n pendientes de la decisi\u00f3n del recurso de reposici\u00f3n. Los t\u00e9rminos se reanudar\u00e1n el d\u00eda siguiente al de la notificaci\u00f3n de la providencia que se profiera, o a partir del tercer d\u00eda siguiente al de su fecha si fuera de c\u00famplase (\u2026)\u201d. <\/p>\n
7\u0002 CSJ STC de 13 de marzo de 2009, exp. T-00147-01, reiterada entre muchos otros en fallo de 12 de septiembre de 2011, exp. 00081-01. <\/p>\n
8\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 22 de febrero de 2010, exp. 00312-01; reiterada el 20 de marzo de 2013, exp, 00051-01; y el 17 de septiembre de 2013, exp. 1700122130002013-00211-01, entre otras. <\/p>\n
9\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 22 de febrero de 2010, exp. 00312-01; reiterada el 20 de marzo de 2013, exp, 00051-01; y el 17 de septiembre de 2013, exp. 1700122130002013-00211-01, entre otras. <\/p>\n
10\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
11\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
12\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
13\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
14\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
15\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
16\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
<\/p>\n
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