STC10150-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10150-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-01316-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de once de agosto dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta a la sentencia de 7 de julio de 2021, proferida por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta ciudad, dentro de la salvaguarda promovida por Patricia T\u00e9llez L\u00f3pez a los Juzgados Veintitr\u00e9s Civil Municipal y Segundo Civil del Circuito de Bogot\u00e1, con ocasi\u00f3n del juicio ejecutivo hipotecario con radicado n\u00b02017-01437-01, adelantado por Carlos Andr\u00e9s Reina Ramos, hoy la aqu\u00ed gestora, en calidad de cesionaria del cr\u00e9dito, contra Blanca Marina G\u00f3mez Serrano y V\u00edctor Manuel Duarte Angulo. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La reclamante implora la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente violentadas por las autoridades accionadas. <\/p>\n
2. Del escrito inaugural y de la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
Blanca Marina G\u00f3mez Serrano y V\u00edctor Manuel Duarte Angulo, el 16 de enero de 1998, con el prop\u00f3sito de adquirir vivienda, suscribieron un pagar\u00e9 con garant\u00eda hipotecaria en favor de Granahorrar, deuda fijada en UPAC\u2019S. <\/p>\n
La promotora aduce que la aludida entidad financiera fue absorbida por el Banco BBVA S.A., quien transfiri\u00f3 el cr\u00e9dito a Central de Inversiones Cisa S.A. y, tras varias cesiones a diversas compa\u00f1\u00edas, la acreencia qued\u00f3 en manos de Carlos Andr\u00e9s Reina Ramos. <\/p>\n
Reina Ramos cit\u00f3 a Blanca Marina G\u00f3mez Serrano y V\u00edctor Manuel Duarte \u00c1ngulo ante el centro de Conciliaci\u00f3n de la Fundaci\u00f3n Derecho & Formaci\u00f3n Tejido Humano, para discutir, el 7 de noviembre de 2017, un acuerdo de reestructuraci\u00f3n de la deuda. <\/p>\n
Como en la data programada G\u00f3mez Serrano y Duarte Angulo no asistieron, Carlos Andr\u00e9s Reina Ramos los demand\u00f3 en el estrado municipal confutado. <\/p>\n
El 23 de enero de 2018, el a quo fustigado libr\u00f3 apremio ejecutivo en la forma peticionada y, posteriormente, cedi\u00f3 el cr\u00e9dito a la tutelante, convenci\u00f3n aceptada en prove\u00eddo de 6 de marzo ulterior. <\/p>\n
Enterada del mandamiento de pago, Blanca Marina, durante el t\u00e9rmino de traslado, plante\u00f3 excepciones y, el 26 de agosto de 2019, el despacho municipal encausado tuvo notificado, por aviso, a V\u00edctor Manuel Duarte Angulo y, resalt\u00f3 su silencio respecto a la orden compulsiva. <\/p>\n
Al decurso criticado se alleg\u00f3 prueba del deceso de V\u00edctor Manuel, acaecido el 8 de junio de 2016 y, por tal motivo, el 13 de febrero de 2020, se declar\u00f3 la nulidad de todo lo actuado y, adem\u00e1s, la sede judicial municipal atacada deneg\u00f3 librar apremio coercitivo, por cuanto no se demostr\u00f3 la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito cobrado. <\/p>\n
Inconforme con lo decidido, la petente entabl\u00f3 apelaci\u00f3n sobre el \u00faltimo aspecto enunciado, alegando que, en 2013, una de las empresas cesionarias, les remiti\u00f3 a los deudores un acuerdo de reestructuraci\u00f3n y, frente a \u00e9l guardaron silencio. <\/p>\n
La definici\u00f3n de la alzada correspondi\u00f3 al ad quem recriminado, quien, el 15 de diciembre de 2020, ratific\u00f3 la providencia protestada, pues los alivios de la acreencia ejecutada, los esboz\u00f3 Carlos Andr\u00e9s Reina Ramos en 2018, cuando V\u00edctor Manuel Duarte Angulo hab\u00eda muerto dos (2) a\u00f1os atr\u00e1s. <\/p>\n
Para la censora, se lesionaron sus garant\u00edas, por cuanto la citaci\u00f3n a la conciliaci\u00f3n efectuada por Carlos Andr\u00e9s Reina Ramos, tuvo el alcance de cumplir el requisito de la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, porque los morosos no asistieron a dicha diligencia, criterio avalado por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en pronunciamiento de 24 de septiembre de 2019, con ponencia de la Doctora Hilda Gonz\u00e1lez Neira, hoy magistrada de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Solicita, por tanto, dejar sin efecto las determinaciones refutadas y, en su lugar, fallar a su favor. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de los accionados <\/p>\n
1. El estrado municipal acusado defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n
1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Neg\u00f3 el auxilio, al desatenderse la exigencia del temporal del resguardo y por estimar razonada la decisi\u00f3n del estrado del circuito atacado. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La formul\u00f3 la querellante, destacando haber necesitado obtener algunas piezas procesales para entablar la salvaguarda y, refiriendo que el cedente, Carlos Andr\u00e9s Reina Ramos, no sab\u00eda del deceso de V\u00edctor Manuel Duarte Angulo. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se pone al descubierto el naufragio del auxilio al desatenderse los presupuestos de inmediatez y de subsidiariedad. <\/p>\n
2. El primero, porque entre la presentaci\u00f3n del ruego tuitivo, acaecida el 24 de junio de 2021 y, el auto de 15 de diciembre de 2020, mediante el cual el juzgado del circuito reprochado ratific\u00f3 la negativa a emitir orden de pago por falta de la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, han trascurrido m\u00e1s de seis (6) meses, lapso supera el plazo establecido por la Sala como suficiente para concurrir tempestivamente a este auxilio. Frente a tal exigencia, la Corte ha puntualizado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]i bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no pueda ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n, (\u2026) [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
Por tanto, si la petente se demor\u00f3 en incoar el resguardo, su descuido per se descarta la existencia de una conducta irregular atribuible a las entidades confutadas y con repercusi\u00f3n directa en sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
Agr\u00e9guese, el alegato justificante de la tardanza de aqu\u00e9lla, tan solo se plante\u00f3 en la impugnaci\u00f3n, constituyendo un hecho nuevo, no controvertido por la pasiva; en consecuencia, no procede realizar un pronunciamiento sobre el particular. <\/p>\n
Frente a ese t\u00f3pico, esta Corporaci\u00f3n ha manifestado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]s cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores (\u2026). Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
3. Se desconoce, adem\u00e1s, el presupuesto de subsidiariedad porque la aducida inobservancia al precedente de la Sala del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en pronunciamiento de 24 de septiembre de 2019, no fue enarbolado por la quejosa como sustento de la alzada que impetr\u00f3 y, tampoco, fund\u00f3 su sustentaci\u00f3n en el presunto desconocimiento del cedente Carlos Andr\u00e9s Reina Ramos, sobre la muerte del deudor V\u00edctor Manuel Duarte \u00c1ngulo. <\/p>\n
En lo concerniente al citado requisito, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) De modo que, si incurri\u00f3 en pigricia y desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
\u201c(\u2026) cuando hay [negligencia] de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el Juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria (\u2026)4\u201d. <\/p>\n
4. Con todo, la determinaci\u00f3n del ad quem confutado no merece reproche porque la demanda ejecutiva se apoy\u00f3 en la inasistencia de los deudores a la conciliaci\u00f3n promovida en 2018, por el cedente Carlos Andr\u00e9s Reina Ramos, en donde pretend\u00eda llegar a un acuerdo de restructuraci\u00f3n con \u00e9stos. <\/p>\n
Se resalta, le era imposible, f\u00edsicamente, a Duarte Angulo, enterarse de las propuestas de Reina Ramos al haber fallecido dos (2) a\u00f1os antes de la cita para la posible conciliaci\u00f3n; por tanto, la oferta realizada para lograr la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, presupuesto de procedibilidad en asuntos como el censurado, no pod\u00eda tenerse por acreditada. <\/p>\n
Al punto, la Sala ha adoctrinado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) 5.3.- Relativamente al t\u00f3pico de la \u00abrestructuraci\u00f3n\u00bb de cr\u00e9ditos de vivienda, esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que \u00abcomo requisito esencial para promover el cobro compulsivo, en virtud de lo previsto por el art\u00edculo 42 de la Ley 546 de 1999, esta Corte ha definido como obligatorio el cumplimiento de dicho presupuesto, por incumbir propiamente a la exigibilidad del t\u00edtulo, de modo que no consumar esa premisa impide la ejecuci\u00f3n, as\u00ed se trate de un nuevo acreedor\u00bb (Cfr. CSJ STC945-2016, 4 feb. 2016, rad. 2015-02956-01)\u201d. <\/p>\n
\u201cAl efecto, sobre el tema se ha puesto de presente, entre otras cosas, en CSJ STC10951-2015, 20 ago. 2015, rad. 01671-01, que es \u00abdeber de los jueces, incluido el de ejecuci\u00f3n, revisar si junto con el t\u00edtulo base de recaudo, la parte ejecutante ha adosado los soportes pertinentes para acreditar la tan nombrada reestructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n, pues, como lo ha dicho esta Corte, esos documentos \u00abconforman un t\u00edtulo ejecutivo complejo y, por ende, la ausencia de alguno de estos no permit[e] continuar con la ejecuci\u00f3n\u00bb (CSJ STC2747-2015), sin que importe si la providencia que ordena seguir adelante con la ejecuci\u00f3n haya sido proferida con anterioridad a la expedici\u00f3n de la sentencia SU-813\/07, pues \u00ablo cierto es que la exigencia de \u201creestructuraci\u00f3n\u201d estaba vigente desde 1999 con la expedici\u00f3n del art\u00edculo 42 de la Ley 546 el 23 de diciembre de ese a\u00f1o. De ah\u00ed que la precitada decisi\u00f3n lo que hizo fue darle una lectura esclarecedora con apoyo en los principios rectores de la Carta Pol\u00edtica\u00bb (CSJ STC7390-2015)\u00bb\u201d. <\/p>\n
\u201cDel mismo modo, ha expresado la Corte que \u00abla citada reestructuraci\u00f3n es obligaci\u00f3n de las entidades crediticias, a efectos de ajustar la deuda a las reales capacidades econ\u00f3micas de los obligados, cuesti\u00f3n exigible a los cesionarios si se tiene en cuenta que aqu\u00e9llos reemplazan en todo al cedente. Esta Corporaci\u00f3n en casos de contornos similares, ha sido coherente en predicar la imposibilidad de continuar con una ejecuci\u00f3n cuando no se encuentra acreditada la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb (CJS STC, 31 Oct. 2013, rad. 02499-00)\u201d. <\/p>\n
\u201cAsimismo, ha manifestado el m\u00e1ximo \u00f3rgano constitucional, que \u00absurge que una reconstrucci\u00f3n de la jurisprudencia constitucional sobre esta materia, ajustada con los elementos de an\u00e1lisis que se han ido haciendo evidentes en las distintas oportunidades en las que la Corte se ha ocupado del tema, muestra que las reglas aplicables, de acuerdo con el marco constitucional, son las siguientes: (i) En el \u00e1mbito de la Ley 546 de 1999, los procesos ejecutivos hipotecarios iniciados antes del 31 de diciembre de ese a\u00f1o, una vez realizada la reliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito y aplicados los alivios correspondientes, terminan por ministerio de la ley; (ii) si cumplidas las anteriores condiciones subsiste un saldo insoluto, deudor y acreedor deben llegar a un acuerdo de reestructuraci\u00f3n; (iii) a falta de acuerdo, la reestructuraci\u00f3n debe hacerse directamente por la entidad crediticia, de acuerdo con los par\u00e1metros legales, jurisprudencialmente delimitados y, (iv) cuando cumplidas las anteriores condiciones se advierta por el juez, o que existen otros procesos ejecutivos en curso contra el deudor, por obligaciones diferentes, o que no obstante la reestructuraci\u00f3n, el deudor carece de la capacidad financiera para asumir la obligaci\u00f3n, se except\u00faa el mandato de dar por terminado el proceso, el cual continuar\u00e1, en el estado en el que se encontraba, por el saldo insoluto de la obligaci\u00f3n\u00bb (C.C. SU-787 de 2012) (\u2026)5\u201d. <\/p>\n
Desde esa perspectiva, la Sala encuentra que la determinaci\u00f3n estrado del circuito encausado no constituye quebranto a prerrogativa alguna, pues se adopt\u00f3 en observancia de particularidades de la contienda y el precedente aplicable en la materia. <\/p>\n
Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte: \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d6. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para rogar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento interpretativo en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta para dar lugar a la intrusi\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n
5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos7 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19698, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d9, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
5.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio10. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados incluido Colombia11, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales12; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas13. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
6. De acuerdo con lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo de primer grado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: NOTIFICAR lo resuelto, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ. STC. 14 Sep. 2007, Exp. 2012-01316-00, reiterado en STC. 27 Oct. 2011, Rad. 2011-02245-00. <\/p>\n
2\u0002 CSJ. STC de 10 de mayo de 2011, exp. 00416-01. <\/p>\n
3\u0002 CSJ. STC de 6 de julio de 2010, exp. -2010-00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, exp. 2010-000380-01. <\/p>\n
4\u0002 CSJ STC11177-2018 de 3 de septiembre de 2018, exp. 15693-22-08-001-2018-00099-01. <\/p>\n
5\u0002 CSJ. STC12661-2018 de 1\u00b0 de octubre de 2018, exp. 13001-22-13-000-2018-00212-01. <\/p>\n
6\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
7\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
8\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
9\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
11\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
12\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
13\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC10150-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC10150-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-01316-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de once de agosto dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta a la sentencia de 7 de julio […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56289","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56289","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56289"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56289\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56289"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56289"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56289"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}