STC10151-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10151-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 52001-22-13-000-2021-00057-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de once (11) de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 6 de julio de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Enna Mary Hern\u00e1ndez Pantoja contra los Juzgados Tercero Civil del Circuito y Primero Civil Municipal, ambos de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y dem\u00e1s intervinientes del proceso declarativo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso \u00abreal y efectivo\u00bb a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, con las actuaciones desplegadas al interior de del proceso verbal de \u00abcobro de lo no debido\u00bb que promovi\u00f3 contra el Banco Caja Social, identificado con el radicado 2018-00010-00. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, ordenando a los Juzgados Tercero Civil del Circuito y Primero Civil Municipal, ambos de Pasto, \u00abvolver sobre el asunto y resolverlo en derecho\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de su reclamo aduce en compendio, que con la referida acci\u00f3n pretendi\u00f3 que la entidad financiera demandada le devolviera los dineros que pag\u00f3 en exceso en un cr\u00e9dito, pedimento que soport\u00f3 en un dictamen elaborado por un perito id\u00f3neo; en cambio, su contraparte alleg\u00f3 una certificaci\u00f3n emitida por unos terceros que nada ten\u00edan que ver con el asunto, mientras que la Superintendencia Financiera manifest\u00f3 no contar con los elementos suficientes para elaborar la respectiva liquidaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n crediticia, y no tener evidencia en sus registros de que ella hubiera sido beneficiada de alg\u00fan alivio por cuenta del cr\u00e9dito revisado en el proceso. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que pese a lo anterior, el 11 de septiembre de 2020 el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pasto dict\u00f3 sentencia desestimatoria de sus pretensiones, con sustento en el aludido documento proveniente de los terceros ajenos al proceso, pasando por alto la liquidaci\u00f3n de cr\u00e9dito por ella aportada y lo manifestado por la autoridad de supervisi\u00f3n, decisi\u00f3n que apel\u00f3 infructuosamente, pues fue confirmada el 14 de enero del presente a\u00f1o por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pasto, con motivos similares a los del juzgador de primer grado, situaci\u00f3n por la que, en su criterio, se justifica la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor. <\/p>\n
a.) El titular del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pasto pidi\u00f3 denegar la protecci\u00f3n invocada, porque al resolver la segunda instancia dentro del asunto cuestionado encontr\u00f3, que el dictamen pericial aportado por la aqu\u00ed interesada fue objetado por su contraparte, quien present\u00f3 su propia experticia, por lo que el a quo cit\u00f3 a los peritos para la audiencia de que trata el art\u00edculo 373 del C\u00f3digo General del Proceso, pero como no compareci\u00f3 el de la parte demandante, el fundamento f\u00e1ctico de las pretensiones qued\u00f3 sin sustento probatorio, lo que impuso negar las mismas. <\/p>\n
b.) El Banco Caja Social por intermedio de apoderado general, resalt\u00f3 que el proceso criticado se respetaron las garant\u00edas superiores de la gestora, sin que la tutela sea el medio id\u00f3neo para controvertir la decisi\u00f3n all\u00ed tomada. <\/p>\n
c.) La Superintendencia Financiera de Colombia expuso, que el Juzgado Primero Civil Municipal de Pasto le solicit\u00f3 que conceptuara si la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito cuestionado en el referido decurso hab\u00eda sido realizada conforme a los par\u00e1metros legales, frente a lo cual inform\u00f3 que no encontr\u00f3 ning\u00fan alivio concedido a favor de la aqu\u00ed inconforme, motivo por el cual no contaba con una reliquidaci\u00f3n sobre la cual emitir el informe requerido; que requiri\u00f3 el n\u00famero de identificaci\u00f3n de los dem\u00e1s deudores de dicha obligaci\u00f3n para verificar si en sus bases de datos hab\u00eda alguna reliquidaci\u00f3n, pero no les fue suministrado. <\/p>\n
d.) La Juez Primera Civil Municipal de Pasto pidi\u00f3 que no se acceda a la salvaguarda instada, porque tramit\u00f3 el juicio reprochado acorde con la normatividad vigente, sin que la tutela pueda ser utilizada como otra instancia. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pasto precis\u00f3 de entrada, que \u00abla promotora del amparo present\u00f3 la misma acci\u00f3n de tutela ante la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito de Bucaramanga, foliatura fue remitida por competencia a esta Corporaci\u00f3n, correspondi\u00e9ndole al se\u00f1or Magistrado Gabriel Ortiz Narv\u00e1ez, bajo el radicado 2021-00058, ordenador judicial que consider\u00f3 necesario enviarla a la suscrita, quien conoc\u00eda delanteramente de la otra acci\u00f3n incoada ante este Tribunal, a fin de que se decida lo pertinente. <\/p>\n
Para tal efecto, dado que se trata de id\u00e9ntica acci\u00f3n constitucional, en la que coinciden, no s\u00f3lo los supuestos f\u00e1cticos sino tambi\u00e9n los derechos invocados y a quienes se acusa de la vulneraci\u00f3n y ante la admisi\u00f3n y notificaci\u00f3n ya adelantadas, se proceder\u00e1 a decidir lo que en derecho corresponda frente a las dos acciones constitucionales endilgadas. <\/p>\n
Al margen, en atenci\u00f3n a las circunstancias descritas, se dir\u00e1 que no podr\u00eda hablarse de una actuaci\u00f3n temeraria por parte de la impulsora en tanto, a pesar de la duplicidad de amparos, lo que se aprecia que hasta ahora no ha habido un pronunciamiento de fondo en torno a la problem\u00e1tica planteada por la accionante, sin que se haya adelantado un estudio de fondo sobre la presunta afectaci\u00f3n de los derechos fundamentales, unido a que no es una profesional del derecho y lo que busca defender sus derechos. Por lo tanto, se desvirt\u00faa la presunta ocurrencia de una conducta dolosa o de mala fe que permita inferir un abuso del derecho, no cumpliendo con los requisitos establecidos por la jurisprudencia constitucional para la anotada temeridad <\/p>\n
Y expuesta la anterior consideraci\u00f3n neg\u00f3 el amparo reclamado, tras constatar que \u00abpara tomar la decisi\u00f3n en estudio, el ordenador judicial acudi\u00f3 a contrastar las dos pruebas t\u00e9cnicas adjuntadas, examen que le llev\u00f3 a evidenciar los yerros en aquella entregada por la ahora gestora, en tanto convalid\u00f3 la anejada por la parte pasiva y si bien este an\u00e1lisis es ahora discutido, no se encuentra que el mismo se aleje de una conclusi\u00f3n plausible en el marco de la sana cr\u00edtica y la libertad de apreciaci\u00f3n del juzgador, por lo que no puede prosperar el amparo que nos ocupa. Se infiere que la intensi\u00f3n de la accionante es anteponer su criterio al de la autoridad cuestionada, sin que sea la tutela una instancia m\u00e1s dentro de los procesos para debatir la posici\u00f3n de los jueces ordinarios, quienes, en su leg\u00edtimo razonamiento, asuman con relaci\u00f3n a determinada situaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue presentada por la promotora, se\u00f1alando que en la decisi\u00f3n objeto de la misma se argument\u00f3 que ella \u00abhab\u00eda presentado dos acciones de tutela, una en Bucaramanga y otra en Pasto, omitiendo que fue la oficina de Pasto, la que err\u00f3neamente efectu\u00f3 doble reparto. Lo curioso es que nada dijo sobre la tardanza en el impulso del tr\u00e1mite de su colega par\u00bb, a quien lleg\u00f3 esa segunda solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
De otro lado, insisti\u00f3 en similares argumentos a los que expuso en su escrito inicial, haciendo \u00e9nfasis en que el dictamen pericial que present\u00f3 dentro del proceso criticado, fue elaborado por un profesional id\u00f3neo, por lo que no debi\u00f3 desconocerse su contenido. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Siguiendo los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en los procesos para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, en virtud precisamente del principio de autonom\u00eda que le otorga la Constituci\u00f3n a las autoridades judiciales. Sin embargo, en el evento en que el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado ha hecho uso de los medios de protecci\u00f3n judicial a su alcance, y no cuenta con ninguno otro que le permita conjurar la lesi\u00f3n. <\/p>\n
2. En el caso bajo estudio se observa, que la se\u00f1ora Enna Mary se duele, concretamente, de la decisi\u00f3n proferida el 14 de enero de la presente anualidad por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pasto, a trav\u00e9s de la cual se confirm\u00f3 \u00edntegramente la decisi\u00f3n del 11 de septiembre de anterior del Juzgado Primero Civil Municipal de la misma ciudad, de negar las pretensiones del proceso verbal de \u00abcobro de lo no debido\u00bb que ella promovi\u00f3 frente al Banco Caja Social, pues seg\u00fan dicho, lo decidido emergi\u00f3 de la indebida valoraci\u00f3n de los medios de prueba aportados. <\/p>\n
3. Sin embargo, revisados los argumentos que sustentan la solicitud de protecci\u00f3n y aqu\u00e9llos expuestos en por Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pasto al resolver el precitado mecanismo vertical, \u00fanico sobre el que recaer\u00e1 el an\u00e1lisis por ser el que cerr\u00f3 la tem\u00e1tica, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto lo determinado no es el resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y por ende, no tiene aptitud para lesionar las garant\u00edas esenciales cuya protecci\u00f3n invoca la impulsora de la queja constitucional, tal y como pasa a verse: <\/p>\n
En la mentada decisi\u00f3n, el ad quem accionado observ\u00f3 que la aqu\u00ed interesada expuso como sustento de su apelaci\u00f3n, que \u00ab(i) se desconoci\u00f3 el dictamen presentado, mismo que cont\u00f3 con la sujeci\u00f3n a lo dispuesto en la Ley 546 de 1999, las sentencias de la Corte y la circular externa No. 07 de la Superfinanciera; (ii) que el Banco no demostr\u00f3 que haya realizado la reliquidaci\u00f3n y reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito; (iii) que si se demostraron los elementos axiol\u00f3gicos de la acci\u00f3n de responsabilidad propuesta; y (iv) que el juzgado de primer grado no tuvo en cuenta que el alivio, en vez de favorecer a la demandante, increment\u00f3 su obligaci\u00f3n con el Banco\u00bb. <\/p>\n
Frente a esas inconformidades el estrado precis\u00f3, que la controversia a resolver \u00abse centra en determinar la existencia o no de un da\u00f1o en virtud del contrato de mutuo celebrado, para lo cual se recalca que, seg\u00fan las pretensiones de la demanda, el da\u00f1o se encuentra en el presunto cobro en exceso que realiz\u00f3 la entidad demandada al cobrar intereses por encima de lo permitido y al no hacer la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito en virtud del cambio del sistema UPAC a UVR\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo observ\u00f3, que \u00abel dictamen arrimado con la contestaci\u00f3n de la demanda, es claro y conciso en determinar, conforme al Decreto 2700 de 1999, cu\u00e1l era la tasa de inter\u00e9s aplicada al cr\u00e9dito hasta antes del a\u00f1o 2000, a cuanto ascend\u00eda el alivio aplicado y cu\u00e1l era la tasa de inter\u00e9s posterior a la reconversi\u00f3n a UVR. Ahora, al margen de lo ya indicado, no ha de perderse de vista lo indicado por la parte final del primer inciso del art. 228 del C.G.P. que dispone \u201csi el perito citado no asiste a la audiencia, el dictamen no tendr\u00e1 valor\u201d. Situaci\u00f3n f\u00e1ctica procesal que fue la ocurrida en el presente asunto, pues al no haber comparecido el perito designado por la parte demandante a la audiencia de instrucci\u00f3n, su experticia no ten\u00eda validez, y por lo tanto, los hechos que fundamentaron las pretensiones de la demanda quedaron hu\u00e9rfanas de toda prueba\u00bb. <\/p>\n
Todo lo que le permiti\u00f3 concluir, entonces, que \u00abante la no prosperidad de los argumentos expuestos por la parte demandante en contra de la sentencia de primera instancia dictada dentro del presente asunto que declar\u00f3 probadas las excepciones propuestas por la parte demandada, se impondr\u00e1 su \u00edntegra confirmaci\u00f3n, y se condenar\u00e1 en costas de segunda instancia a la parte demandante\u00bb. <\/p>\n
4. De este modo, a diferencia de lo considerado por la accionante, no cabe duda que la decisi\u00f3n emitida por Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pasto, se soport\u00f3 en el an\u00e1lisis de las pruebas y el razonable entendimiento de las normas procesales y sustanciales aplicables al caso concreto, por lo que el mero disentimiento con la interpretaci\u00f3n normativa y probatoria realizada por esa autoridad, no permite per se la intromisi\u00f3n del juez constitucional para modificar o invalidar lo resuelto, ya que como como qued\u00f3 visto, para arribar a la determinaci\u00f3n cuestionada dicha autoridad encontr\u00f3, que la prueba t\u00e9cnica que la gestora se\u00f1ala como no valorada dentro del juicio, s\u00ed fue estudiada por el a quo, pero conten\u00eda una serie de defectos que no hac\u00edan posible sopesar sus conclusiones, m\u00e1xime porque el perito que la elabor\u00f3 no acudi\u00f3 al proceso a sustentarla, en la oportunidad procesal prevista para ello, lo que conllev\u00f3 a que se le restara a la misma valor probatorio, situaci\u00f3n que, en suma, implic\u00f3 dejar sin sustento lo pretendido con la demanda, e impuso confirmar la decisi\u00f3n de primer grado con que se negaron las pretensiones. <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, como la sola divergencia conceptual expuesta por la aqu\u00ed inconforme, no permite abrir camino a esta herramienta, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma adjetiva o sustancial que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto, no cabe duda que en el presente caso la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, pues, como lo ha se\u00f1alado invariablemente la Sala de tiempo atr\u00e1s, \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC1162-2021). <\/p>\n
6. Corolario de lo esgrimido, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone ratificar el fallo constitucional de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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