STC10152-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10152-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-10-000-2021-00568-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de once de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia dictada el 2 de julio de 2021, por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la tutela incoada por Jos\u00e9 Nelson Ortega Quiroga contra el Juzgado Doce de Familia de esta ciudad; tr\u00e1mite extensivo al Juzgado Promiscuo Municipal de Rivera, con ocasi\u00f3n del juicio de alimentos adelantado al aqu\u00ed actor, respecto de su hija Angie Katherine Ortega Moreno. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor suplica la protecci\u00f3n de las prerrogativas constitucionales al debido proceso e igualdad, presuntamente vulneradas por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. En sustento de su queja afirma que, en el Juzgado Doce de Familia de Bogot\u00e1, cursa en su contra \u201cun proceso [de] aliment[os] siendo demandante Angie Katherine Ortega Moreno; quien es una persona mayor de edad (\u2026)\u201d, pr\u00f3xima a cumplir 25 a\u00f1os y \u201cactualmente es profesional en ABOGAC\u00cdA\u201d. <\/p>\n
Asevera que dentro de ese asunto se orden\u00f3 el embargo del 25% de sus cesant\u00edas depositadas en el Fondo Nacional del Ahorro, por cuant\u00eda aproximada de $11.000.000, \u201c(\u2026) los cuales se encuentran a\u00fan a disposici\u00f3n (\u2026)\u201d de la mencionada entidad. <\/p>\n
Asegura que necesita retirar el \u201cabono parcial\u201d de ese dinero, para cancelar una deuda perseguida en un juicio ejecutivo adelantado en el Juzgado Promiscuo Municipal de Rivera, donde se ha dispuesto el remate de un predio de su propiedad. <\/p>\n
Manifiesta encontrarse \u201c(\u2026) en un estado de debilidad econ\u00f3mica manifiesta (\u2026)\u201d, lo cual puede generarle \u201c(\u2026) efectos negativos a nivel moral, [y] conducir[lo] a una enfermedad org\u00e1nica (\u2026)\u201d <\/p>\n
3. Exige, en concreto, se amparen sus derechos fundamentales y <\/p>\n
\u201ci) se ordene a cada uno de los accionados, lo pertinente seg\u00fan el desarrollo del tr\u00e1mite de la tutela para que as\u00ed, se le ordene al fondo nacional del ahorro (sic) efectuar el desembolso a [su] favor, de una suma de dinero de [los] ahorros all\u00ed depositados, equivalente al valor de $11.500.000; y ii) ordenar al Juzgado \u00danico Promiscuo Municipal de Rivera \u2013 Huila, se digne suspender el tr\u00e1mite del [comentado] proceso ejecutivo\u201d. <\/p>\n
1.1. Respuesta de los accionados <\/p>\n
1. El Juzgado Doce de Familia de Bogot\u00e1 remiti\u00f3 copia del expediente contentivo del juicio de alimentos aducido por el actor. <\/p>\n
2. El despacho municipal fustigado adujo que, dentro del juicio compulsivo rese\u00f1ado por el quejoso, sus actuaciones \u201cse han ce\u00f1ido a la normatividad que regula tal procedimiento\u201d. <\/p>\n
1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Desestim\u00f3 la salvaguarda, tras indicar: <\/p>\n
\u201cRevisada la copia del expediente del proceso de alimentos a que se alude, encuentra la Sala que, en efecto, el all\u00ed demandado, desde el 26 de enero de 2015, ha venido solicitando el levantamiento de la medida cautelar que recae sobre el 25% de sus cesant\u00edas, el que se ha negado (autos de 2 de febrero de 2015, 27 de noviembre de 2017, 21 de mayo de 2019 y 28 de junio de 2021), porque ese dinero es una garant\u00eda del cumplimiento de la obligaci\u00f3n alimentaria y, en consecuencia, solo hasta que se exonere de ella, o haya un acuerdo entre las partes, se acceder\u00e1 a la petici\u00f3n, decisiones que no se muestran arbitrarias, ni torticeras y, por el contrario, se ajustan a la legalidad, toda vez que como la exoneraci\u00f3n no opera autom\u00e1ticamente, por haber arribado a la mayor\u00eda de edad las beneficiarias y el dinero embargado es, precisamente, para garantizar el eventual incumplimiento del pago de las mesadas, es necesario que el interesado acuda a lo que se le ha venido indicando desde el a\u00f1o 2015, sin que, a la fecha, lo haya hecho o indique qu\u00e9 le ha impedido hacerlo\u201d. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La inco\u00f3 el gestor, insistiendo en la vulneraci\u00f3n de sus prerrogativas supralegales e indicando que se deben revisar las actuaciones del Juzgado Promiscuo Municipal de Rivera, el cual \u201cni siquiera puede tener competencia para conocer\u201d del proceso ejecutivo adelantado en su contra, pues su lugar de residencia es Neiva. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que la sentencia de tutela de primera instancia nada mencion\u00f3 \u201csobre los motivos que existan\u201d para la retenci\u00f3n de la totalidad de sus cesant\u00edas por parte del Fondo Nacional del Ahorro. <\/p>\n
<\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Revisadas las pruebas aportadas a esta senda se advierte el fracaso de la salvaguarda por carecer del presupuesto de subsidiariedad. <\/p>\n
En efecto, dentro del juicio de alimentos subex\u00e1mine, se evidencia que el actor, en oportunidad reciente, solicit\u00f3 el levantamiento del embargo decretado sobre sus cesant\u00edas, alegando que su descendiente hab\u00eda cumplido con la mayor\u00eda de edad, pedimento denegado por el Juzgado de Familia convocado en auto de 28 de junio de 2021, donde se le inform\u00f3 al gestor que la obligaci\u00f3n impuesta en su contra, a\u00fan se encontraba vigente y, por ende, deb\u00eda adelantar el respectivo tr\u00e1mite de exoneraci\u00f3n de cuota alimentaria. Igualmente, en esa misma decisi\u00f3n, el referido despacho, requiri\u00f3 al censor para que, en lo sucesivo, actuara a trav\u00e9s de apoderado judicial; empero, ninguna prueba aportada a esta senda demuestra el acatamiento por parte del gestor de tal indicaci\u00f3n. <\/p>\n
Por otro lado, tampoco se observa que el interesado haya solicitado al Juzgado Promiscuo Municipal de Rivera, la suspensi\u00f3n del juicio ejecutivo requerida en este ruego, por tanto, la demanda de amparo desemboca en la hip\u00f3tesis de improcedencia prevista en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica en armon\u00eda con el canon 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, por cuanto el censor pretende un pronunciamiento de esta especial jurisdicci\u00f3n, sobre aspectos que deben ser solucionados por el funcionario competente; los cuales no hallan asidero en esta v\u00eda residual y extraordinaria. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala ha manifestado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]n trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
2. Es preciso advertir que, a la solicitud de exoneraci\u00f3n de cuota alimentaria no puede exig\u00edrsele el tr\u00e1mite de una demanda independiente, por cuanto ello ir\u00eda en desmedro del debido proceso y de las formas propias de cada juicio. <\/p>\n
Sin embargo, no es menos cierto, que dicha petici\u00f3n debe presentarse, forzosamente, a trav\u00e9s de apoderado judicial, no siendo dable gestionar actuaciones procesales en causa propia en asuntos de esta naturaleza. <\/p>\n
As\u00ed lo tiene sentado la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, al reiterar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]a determinaci\u00f3n cuestionada, se ciment\u00f3 en una interpretaci\u00f3n razonable de las normas que regulan la materia, particularmente, de los art\u00edculos 63 del Estatuto Procesal Civil, 24 y 39 del Decreto 196 de 1971, en el entendido que para intervenir en esta clase de asuntos se \u2018requer\u00eda del derecho de postulaci\u00f3n\u2019 por cuanto no se encontraba dentro de \u2018las excepciones para litigar en causa propia\u2019 sin ser abogado; luego, no merece reproche desde la \u00f3ptica iusfundamental para que deba proceder la inaplazable intervenci\u00f3n del juez constitucional (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cSobre el tema, la Sala ha sostenido que \u2018(\u2026) en relaci\u00f3n con el derecho de postulaci\u00f3n exigido para el asunto como el censurado, esta Corporaci\u00f3n ha advertido que seg\u00fan la regulaci\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n de familia, se trata de un tr\u00e1mite de \u00fanica instancia \u2018por raz\u00f3n de su naturaleza, seg\u00fan el art\u00edculo 50, literal i), del Decreto 2272 de 1989, y no de \u2018m\u00ednima cuant\u00eda\u2019, como sostiene el recurrente. (\u2026) Ilustra lo dicho por esta Sala en pret\u00e9rita ocasi\u00f3n, al se\u00f1alar que: \u2018De all\u00ed que se explique que la intervenci\u00f3n judicial procesal se halle restringida por el estatuto de la abogac\u00eda (D. 196 de 1971) a los abogados titulados, dej\u00e1ndose excepciones que, por este car\u00e1cter, son de interpretaci\u00f3n restrictiva (\u2026) Unas de ellas se refiere al litigio \u2018en causa propia sin ser abogado inscrito\u2019, las que se limitan al derecho de petici\u00f3n y acciones p\u00fablicas, a los procesos de m\u00ednima cuant\u00eda, a la conciliaci\u00f3n y a los procesos laborales de \u00fanica instancia y actos de oposici\u00f3n (art. 28 ib\u00eddem). Porque entiende el legislador que son actuaciones que por la simplificaci\u00f3n de su tr\u00e1mite, su escaso valor o urgencia, se estima suficiente o necesario que sean la misma persona interesada la que previa evaluaci\u00f3n de la situaci\u00f3n, pueda determinar la asunci\u00f3n de su propia defensa (\u2026) Luego, mal puede decirse que, por extensi\u00f3n, tambi\u00e9n pueda ejercerse la profesi\u00f3n (\u2026), en procesos de \u00fanica instancia ante jueces del circuito o similares (como el de familia), porque no est\u00e1 autorizado por la ley\u2019 (sentencia de 15 de febrero de 1995, radicaci\u00f3n 1986). (Sentencia de 9 de noviembre de 2011, Exp. 2011-00285)\u201d (sentencia de 18 de marzo de 2013, exp No 2013-00393-01, reiterada en fallo de 19 de noviembre de 2013 exp. No 00217-02) (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
Por tanto, debi\u00f3 el petente, para actuar v\u00e1lidamente en las diligencias atacadas, conferir, como ya se dijo, poder a un profesional del derecho, o deprecar, de ser el caso, amparo de pobreza, en procura de lograr la asignaci\u00f3n de un mandatario por parte del juzgado, pues, se reitera, no le era dable participar directamente. <\/p>\n
Se destaca, el decurso confutado no es de \u00fanica instancia en raz\u00f3n de su cuant\u00eda, lo es en virtud de su propia naturaleza, por cuanto as\u00ed lo previ\u00f3 no solo el derogado Decreto 2272 de 1989, sino tambi\u00e9n el numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 21 del C\u00f3digo General del Proceso, actualmente vigente, el cual se\u00f1ala: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Competencia de los jueces de familia en \u00fanica instancia. Los jueces de familia conocen en \u00fanica instancia de los siguientes asuntos: (\u2026) 7. De la fijaci\u00f3n, aumento, disminuci\u00f3n y exoneraci\u00f3n de alimentos, de la oferta y ejecuci\u00f3n de los mismos y de la restituci\u00f3n de pensiones alimentarias (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
De manera que, aun cuando el actor ha insistido vehementemente sobre el levantamiento del embargo de sus cesant\u00edas, dejando clara su intenci\u00f3n de desprenderse de la obligaci\u00f3n impuesta en su contra, lo cierto es, no puede soslayarse su incuria al no formular la solicitud de exoneraci\u00f3n de cuota alimentaria a trav\u00e9s de apoderado judicial -art. 73, C.G.P.-; raz\u00f3n suficiente para denegar el amparo invocado. <\/p>\n
3. Ahora, las censuras elevadas en el escrito impugnatorio referente a la falta de competencia del juzgado municipal convocado para conocer el juicio compulsivo adelantado contra el aqu\u00ed accionante y la retenci\u00f3n de la totalidad de las cesant\u00edas del petente por parte del Fondo Nacional del Ahorro, constituyen un suceso nuevo y, por ende, no ser\u00e1n objeto de pronunciamiento en esta instancia, pues ello implicar\u00eda preterir la garant\u00eda de defensa de quienes no tuvieron la oportunidad de controvertir ese tema. <\/p>\n
Frente a ese t\u00f3pico, esta Corporaci\u00f3n ha manifestado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]s cierto que, en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores (\u2026). Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
4. Con todo, no se configura un perjuicio irremediable que permita conceder de manera transitoria el auxilio invocado, al no estar probados los presupuestos de inminencia, gravedad, urgencia e impostergabilidad, propios del mismo, m\u00e1xime si el querellante cuenta con los mecanismos ordinarios para lograr la exoneraci\u00f3n alimentaria aqu\u00ed aducida. <\/p>\n
En cuanto a las caracter\u00edsticas de ese perjuicio, la Sala ha indicado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]sta Corporaci\u00f3n ha aplicado varios criterios para determinar su existencia; veamos: \u201cla inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que legitima la acci\u00f3n de tutela, como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados\u201d (\u2026)\u201d5 (negrillas originales). <\/p>\n
5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencionales las decisiones atacadas. <\/p>\n
El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En sentido an\u00e1logo, la regla 93 ej\u00fasdem, indica: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19696, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d7, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
5.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio8. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia9, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales10; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas11. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
6. Conforme a los argumentos expuestos, se ratificar\u00e1 la providencia impugnada. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo resuelto, mediante telegrama o por mensaje de datos a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 22 de febrero de 2010, exp. 00312-01; reiterada el 20 de marzo de 2013, exp, 00051-01; y el 17 de septiembre de 2013, exp. 1700122130002013-00211-01, entre otras. <\/p>\n
2\u0002 CSJ STC 29 de noviembre de 2013, exp. 25000-22-13-000-2013-00334-01, reiterada en exp. 50001-22-14-000-2016-00060-01. <\/p>\n
3\u0002 CSJ, STC5247-2018; criterio reiterado en STC13227-2018. <\/p>\n
4\u0002 CSJ. STC de 10 de mayo de 2011, exp. 00416-01. <\/p>\n
5\u0002 CSJ STC13730-2019 de 10 de octubre de 2019, exp. 11001-02-03-000-2019-03021-00 <\/p>\n
6\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
7\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
8\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
10\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
11\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
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STC10152-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC10152-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-10-000-2021-00568-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de once de agosto de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia dictada el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56291","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56291","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56291"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56291\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56291"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56291"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56291"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}