STC10153-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10153-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 20001-22-14-000-2021-00159-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de once de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 1\u00ba de julio de 2021, proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, en la salvaguarda promovida por Olga Liliana \u00c1lvarez Mej\u00eda contra la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Cesar, con ocasi\u00f3n del \u201cderecho de petici\u00f3n\u201d presentado por la aqu\u00ed actora a la entidad accionada. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La censora exige la protecci\u00f3n del derecho fundamental de petici\u00f3n, presuntamente transgredido por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Del escrito y la revisi\u00f3n de las pruebas adosadas al plenario, se desprenden como hechos que soportan el presente amparo los descritos a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
El 24 de mayo de 2021, Olga Liliana \u00c1lvarez Mej\u00eda present\u00f3 \u201cderecho de petici\u00f3n\u201d ante la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina del Cesar, solicitando \u201cunas piezas procesales\u201d correspondientes a la investigaci\u00f3n disciplinaria n\u00ba 2016-00516-01, adelantada en su contra y \u201cterminada de manera anticipada\u201d, a su favor, el 20 de marzo de 2018, tras celebrarse la etapa de pruebas y calificaci\u00f3n provisional. <\/p>\n
Sostiene la inicialista que las documentales requeridas fueron, las copias de: el auto de terminaci\u00f3n anticipada de la investigaci\u00f3n, la constancia secretarial de ejecutoria de ese prove\u00eddo y, \u201ccopia en medio magn\u00e9tico\u201d de las audiencias celebradas en el aludido juicio. <\/p>\n
Acota que, el 2 de junio siguiente, obtuvo respuesta de la Comisi\u00f3n, pero la misma no correspond\u00eda a lo peticionado. <\/p>\n
Al respecto, aduce, \u201ccontestaron con un escrito incoherente que falta a la verdad\u201d, afirmando que la audiencia del 20 de marzo de 2018 fue suspendida y fijada nuevamente para el 19 de abril ulterior, donde posteriormente, el 27 de agosto de 2018, se resolvi\u00f3 sancionarla, lo cual, en su sentir, es \u201ctotalmente falso\u201d. <\/p>\n
Agrega que, el 4 y 9 de junio de 2021, reiter\u00f3 su petici\u00f3n a la autoridad fustigada, indic\u00e1ndole las razones por las cuales la contestaci\u00f3n emitida no se ajustaba a lo requerido, por lo cual, el 10 de junio postrero, recibi\u00f3 en su correo el expediente del proceso con 137 folios, empero, en ninguno de ellos, encontr\u00f3 lo solicitado. <\/p>\n
3. Implora, en concreto, ordenar a la autoridad encausada, hacer entrega (i) del auto de terminaci\u00f3n anticipada de la aludida investigaci\u00f3n disciplinaria, (ii) la constancia secretarial de ejecutoria de dicha providencia y, (iii) copia en \u201cmedio magn\u00e9tico en formato de video\u201d de las audiencias celebradas al interior del asunto. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de la accionada <\/p>\n
1. La Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Cesar indic\u00f3 que, en efecto, se adelant\u00f3 proceso disciplinario contra la actora, por queja de Sergio del Castillo, radicado bajo el n\u00ba 2016-00516-01, donde, <\/p>\n
\u201c(\u2026) en audiencia de pruebas y calificaci\u00f3n provisional realizada el 20 de marzo de 2018, se decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del procedimiento por la falta consagrada en el art\u00edculo 37 numeral 1 de la Ley 1123 de 2007, y se le formularon cargos por la presunta comisi\u00f3n de la falta estipulada en el art\u00edculo 33 numeral 9 de la misma normatividad, la decisi\u00f3n de terminaci\u00f3n qued\u00f3 ejecutoriada ese mismo d\u00eda, porque contra ella no interpusieron recurso alguno; y como quiera que en dicha diligencia se formularon los cargos, el proceso continu\u00f3 en la etapa de juzgamiento que concluy\u00f3 con sentencia sancionatoria el d\u00eda 27 de agosto de 2018, contra la que la abogada disciplinada present\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n y, que fue revocada parcialmente en segunda instancia mediante providencia del 2 de septiembre de 2020 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que el 4 de junio de 2021, inform\u00f3 a la suplicante sobre las actuaciones adelantadas en el asunto y, posteriormente, ante la petici\u00f3n reiterada por aqu\u00e9lla, el 9 de junio siguiente le remiti\u00f3 el link del expediente digitalizado y todas las audiencias, para la respectiva consulta. <\/p>\n
Asimismo, precis\u00f3, en atenci\u00f3n a la salvaguarda formulada, la secretaria de la Comisi\u00f3n el 25 de junio de 2021, envi\u00f3, nuevamente, a la quejosa, respuesta a su \u201cderecho de petici\u00f3n\u201d, indic\u00e1ndole que la terminaci\u00f3n del mencionado asunto \u201cno se profiri\u00f3 por escrito, sino en audiencia\u201d, raz\u00f3n por la cual en el dossier obra un acta de esa fecha; adem\u00e1s, le manifest\u00f3 que no figuraba constancia de ejecutoria de esa decisi\u00f3n, \u201cporque el proceso no se archiv\u00f3 sino que continu\u00f3 en la etapa de juzgamiento\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el resguardo al estimar que la accionada emiti\u00f3 respuesta de fondo a la solicitud impetrada por la gestora. As\u00ed lo rese\u00f1\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [C]onsidera la Sala que en el caso de marras no se configura una vulneraci\u00f3n al derecho fundamental de petici\u00f3n del extremo activo, toda vez que, de las pruebas que obran en el plenario se avista que la Corporaci\u00f3n Judicial accionada, dio respuesta oportuna, congruente y de fondo, a trav\u00e9s de oficios de fecha 2 y 25 de junio de los cursantes a la petici\u00f3n impetrada por el extremo activo, mediante los cuales explic\u00f3 los motivos por los que no pod\u00eda entregarle la decisi\u00f3n proferida el 20 de marzo de 2018 de manera escrita, lo mismo sucedi\u00f3 con la constancia de ejecutoria, y adem\u00e1s le indic\u00f3 a la accionante que en el link que se adjuntaba a la respuesta, se encontraban las audiencias requeridas\u201d. <\/p>\n
\u201cLuego entonces, se encuentra plenamente probado que la pasiva brind\u00f3 una respuesta de fondo a la petici\u00f3n incoada por la se\u00f1ora \u00c1lvarez Mej\u00eda, efectuando las gestiones pertinentes para ponerla en conocimiento de la misma, por lo que se entiende materializado el derecho fundamental de petici\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La present\u00f3 la censora aduciendo que las respuestas emitidas por la Comisi\u00f3n fustigada en los oficios del 2 y 25 de junio de 2021, \u201cno son m\u00e1s que unas opiniones subjetivas, sin fundamento legal alguno que describen una serie de irregularidades procesales bajo el actuar arbitrario y la inobservancia al debido proceso por parte de un funcionario judicial\u201d. <\/p>\n
Al respecto, afirm\u00f3, las mismas no pueden interpretarse como una respuesta a lo solicitado en el \u201cderecho de petici\u00f3n\u201d impetrado el 24 de mayo anterior. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que dicha situaci\u00f3n le est\u00e1 causando un perjuicio irremediable, pues se encuentra suspendida de su ejercicio profesional \u201cpor cuenta de un proceso inexistente\u201d. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La aqu\u00ed inicialista pretende que, a trav\u00e9s de este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional, se ordene a la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Cesar dar respuesta satisfactoria al \u201cderecho de petici\u00f3n\u201d por ella radicado el 24 de mayo de 2021 y, hacer entrega de la copia de (i) el auto de terminaci\u00f3n anticipada de la investigaci\u00f3n disciplinaria adelantada en su contra, (ii) de la constancia secretarial de ejecutoria de dicha providencia y, (iii) de las audiencias celebradas al interior del asunto, en \u201cmedio magn\u00e9tico en formato de video\u201d. <\/p>\n
2. En torno al \u201cderecho de petici\u00f3n\u201d, esta Sala ha reiterado su car\u00e1cter fundamental por expreso reconocimiento del art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. Esa garant\u00eda se concreta en la posibilidad de presentar demandas respetuosas a las autoridades para obtener respuestas oportunas, completas y adecuadas. \u00c9stas deben corresponder a lo solicitado y notificarse en los precisos plazos establecidos por la ley1; sin que ello implique, el acogimiento del fondo del asunto, por cuanto el ordenamiento constitucional no encarga necesariamente acceder en forma positiva a lo peticionado, pero s\u00ed, responder tempestiva, clara, concreta y congruentemente lo impetrado. <\/p>\n
Sobre lo antelado, esta Sala ha adoctrinado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) (i) El derecho de petici\u00f3n es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa, garantizando a su vez otros derechos constitucionales, como los derechos a la informaci\u00f3n, a la participaci\u00f3n pol\u00edtica y a la libertad de expresi\u00f3n; (ii) el n\u00facleo esencial del derecho de petici\u00f3n reside en la resoluci\u00f3n pronta y oportuna de la cuesti\u00f3n; (iii) la petici\u00f3n debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y congruente con lo solicitado; (iv) la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo m\u00e1s corto posible; (v) la respuesta no implica aceptaci\u00f3n de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita; (vi) este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en algunos casos a los particulares; (vii) el silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para agotar la v\u00eda gubernativa y acceder a la v\u00eda judicial, no satisface el derecho fundamental de petici\u00f3n pues su objeto es distinto. Por el contrario, el silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petici\u00f3n; (viii) el derecho de petici\u00f3n tambi\u00e9n es aplicable en la v\u00eda gubernativa; (ix) la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea, no la exonera del deber de responder; y (x) ante la presentaci\u00f3n de una petici\u00f3n, la entidad p\u00fablica debe notificar su respuesta al interesado (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la enunciada prerrogativa, se destaca que el art\u00edculo 13 de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos, suscrita el 22 de noviembre de 1969 en San Jos\u00e9 -Costa Rica- y aprobada por Colombia mediante la Ley 16 de 1972, consagra: <\/p>\n
\u201c(\u2026) 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresi\u00f3n. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda \u00edndole, sin consideraci\u00f3n de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o art\u00edstica, o por cualquier otro procedimiento de su elecci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: <\/p>\n
\u201ca) el respeto a los derechos o a la reputaci\u00f3n de los dem\u00e1s, o \u201cb) la protecci\u00f3n de la seguridad nacional, el orden p\u00fablico o la salud o la moral p\u00fablicas. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
En torno al canon citado, la Corte Interamericana ha establecido que al estipularse expresamente <\/p>\n
\u201c(\u2026) los derechos a \u2018buscar\u2019 y a \u2018recibir informaciones\u2019, [se] protege el derecho que tiene toda persona a acceder a la informaci\u00f3n bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el estricto r\u00e9gimen de restricciones establecido en [el anotado] instrumento (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
3. Censura la accionante la falta de respuesta de fondo por parte de la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Cesar, al requerimiento elevado el 24 de mayo de 2021, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [M]ediante el presente escrito me permito solicitar el desarchivo del proceso disciplinario No. 201600516-01, que se adelant\u00f3 en mi contra, con el fin de que me sean entregadas copias aut\u00e9nticas de las siguientes piezas procesales: <\/p>\n
* \u201cEl auto de terminaci\u00f3n anticipada de la investigaci\u00f3n disciplinaria N\u00b0200011102000201600516-01, a mi favor, y en concordancia con lo plasmado en el acta No. 0076 de AUDIENCIA DE PRUEBAS Y CALIFICACION PROVISIONAL, calendada 20 de marzo de 2018, en donde se decret\u00f3 mencionada terminaci\u00f3n; dentro del cual debi\u00f3 ordenarse el archivo definitivo de las diligencias. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d <\/p>\n
<\/p>\n
* \u201cConstancia secretarial de ejecutoria del mencionado auto de terminaci\u00f3n anticipada a mi favor de la investigaci\u00f3n disciplinaria N\u00b0200011102000201600516-01. <\/p>\n
<\/p>\n
* \u201cCopia en medio magn\u00e9tico, en formato de video, de las audiencias celebradas dentro del proceso disciplinario N\u00b0200011102000201600516-01 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Cabe resaltar, que a la fecha jam\u00e1s he sido notificada del auto de terminaci\u00f3n anticipada a mi favor de la investigaci\u00f3n disciplinaria N\u00b0201600516-01, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 71 de la Ley 1123 del 2007 \u201c(\u2026)\u201d. Adem\u00e1s, aunque ya tuve acceso al expediente digitalizado del proceso, no encuentro las piezas procesales solicitadas, y s\u00e9 que deben reposar en sus archivos, pues ya me han notificado en ocasiones anteriores autos de terminaci\u00f3n anticipada, como dispone el art\u00edculo 103 de la Ley 1123 de 2007 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
4. Frente al pedimento anterior, la accionada demostr\u00f3 haber remitido contestaci\u00f3n el 2 de junio pasado a la direcci\u00f3n electr\u00f3nica de notificaci\u00f3n suministrada por la tutelante, manifest\u00e1ndole: <\/p>\n
\u201c(\u2026) En contestaci\u00f3n al derecho de petici\u00f3n por usted solicitado en el sentido que se remitan algunas piezas procesales dentro del radicado 2016-00516 seguido por Sergio del Casillo Cuero, en su contra, es de anotar que en otrora oportunidad se le inform\u00f3 que una vez se tuviera el proceso en f\u00edsico, se dar\u00eda respuesta a su petici\u00f3n, puesto que \u00e9ste se encontraba en el Consejo Superior Sala Jurisdiccional Disciplinaria hoy Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina, surti\u00e9ndose el Recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por usted en contra de la sentencia sancionatoria; en este sentido procedo a informarle lo siguiente: <\/p>\n
\u201cEn la fecha que usted menciona del 20 de marzo de 2018, en el presente proceso se realiz\u00f3 la Audiencia de Pruebas y Calificaci\u00f3n Provisional; suspendi\u00e9ndola y fij\u00e1ndola para el 19 de abril de 2018\u201d. <\/p>\n
\u201cEl d\u00eda 27 de agosto de 2018, se resolvi\u00f3 \u201cSANCIONAR con suspensi\u00f3n de dos (2) a\u00f1os en el ejercicio de la profesi\u00f3n de abogado a la doctora OLAGA LILIANA \u00c1LVAREZ MEJ\u00cdA\u201d. <\/p>\n
\u201cContra esta decisi\u00f3n, usted interpone recurso de apelaci\u00f3n, concedido mediante auto de fecha 20 de septiembre de 2018, en el efecto suspensivo\u201d. <\/p>\n
\u201cAhora, el d\u00eda 2 de septiembre de 2020, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria RESUELVE: REVOCAR PARCIALMENTE y, en consecuencia, modifica la sanci\u00f3n a veinte (20) meses de suspensi\u00f3n\u201d. <\/p>\n
\u201cLa anterior decisi\u00f3n fue notificad a usted, por esa Corporaci\u00f3n, el d\u00eda 12 de noviembre de 2020, tal como consta en el reporte adjunto\u201d. <\/p>\n
De igual modo, la Comisi\u00f3n confutada, el 10 de junio de 2021, remiti\u00f3 al correo electr\u00f3nico de la censora el link del expediente digital del aludido asunto disciplinario. <\/p>\n
Posteriormente, el 25 de junio, la mencionada autoridad envi\u00f3 el oficio n\u00ba 2547, donde adicion\u00f3 la respuesta inicial, para indicarle a la memorialista, lo siguiente: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]n audiencia de pruebas y calificaci\u00f3n provisional realizada el 20 de marzo de 2018, se decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del procedimiento a su favor por la falta consagrada en el art\u00edculo 37 numeral 1 de la Ley 1123 de 2007, y se le formularon cargos por la presunta comisi\u00f3n de la falta estipulada en el art\u00edculo 33 numeral 9 de la misma normatividad, la decisi\u00f3n de terminaci\u00f3n qued\u00f3 ejecutoriada ese mismo d\u00eda, porque contra ella no se interpuso recurso alguno; y como quiera que en dicha diligencia se formularon cargos, el proceso continu\u00f3 en etapa de juzgamiento que concluy\u00f3 con sentencia sancionatoria el d\u00eda 27 de agosto de 2018, que usted apel\u00f3 como se verifica con el recurso visible a folios 163-168 de dicho expediente y que fue revocada parcialmente en segunda instancia por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, mediante providencia del 2 de septiembre de 2020.\u201d <\/p>\n
\u201cLa decisi\u00f3n de terminaci\u00f3n del procedimiento a que hace alusi\u00f3n en su petici\u00f3n, proferida el 20 de marzo de 2018, no se profiri\u00f3 por escrito, sino en audiencia, por tal motivo en el expediente consta en un acta de esa fecha; as\u00ed mismo no obra constancia de ejecutoria de dicha decisi\u00f3n, porque el proceso no se archiv\u00f3 sino que continu\u00f3 en la etapa del juzgamiento; por otro lado, y a fin de darle respuesta a su solicitud de copias de las audiencias realizadas se adjunta con la presente un link del proceso disciplinario radicado n\u00ba 2016-00516-01, donde en una carpeta se encuentran todas las audiencias realizadas dentro de dicha actuaci\u00f3n, para su consulta respectiva (\u2026)\u201d. (subrayas de la Sala). <\/p>\n
5. A la luz de lo expuesto, pronto se advierte el fracaso de la protecci\u00f3n demandada por resultar inexistente la vulneraci\u00f3n, pues, la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Cesar, atendi\u00f3 las reclamaciones de la tutelante, inform\u00e1ndole que la decisi\u00f3n mediante la cual se dispuso la terminaci\u00f3n del proceso disciplinario adelantado en su contra, por la falta consagrada en el art\u00edculo 37 numeral 1 de la Ley 1123 de 2007, fue dictada en audiencia de 20 de marzo de 2018 y soportada en el acta suscrita en esa fecha. <\/p>\n
Asimismo, se pronunci\u00f3 respecto a la constancia secretarial reclamada por la actora y, le indic\u00f3, en relaci\u00f3n a la solicitud de la copia en \u201cmedio magn\u00e9tico\u201d de las audiencias, que \u00e9stas obraban en el link del expediente digital remitido a su correo electr\u00f3nico. <\/p>\n
Bajo esa tesitura, el reclamo elevado por la accionante a trav\u00e9s de esta senda, refleja m\u00e1s, un inconformismo al tr\u00e1mite adelantado al interior del proceso disciplinario, que una vulneraci\u00f3n al derecho a la informaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, efectuar un estudio de fondo frente a la queja constitucional se torna inane, en tanto la entidad accionada dio respuesta a la petici\u00f3n formulada por la precursora; la cual, como se anot\u00f3 anteriormente, no necesariamente tiene que acceder en forma positiva a lo reclamado, pero s\u00ed, pronunciarse de manera oportuna y concreta sobre el particular, pues el \u201cderecho de petici\u00f3n\u201d no implica aceptar las demandas de los interesados. <\/p>\n
En punto a la figura anotada, ha dicho la Corte: <\/p>\n
\u201c(\u2026) la carencia de objeto (\u2026), se presenta: \u2018si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe (\u2026), en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado (\u2026) ha sido totalmente [satisfecha o en realidad nunca se ha visto violado], pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
Ante eventos como el narrado, el resguardo pierde su virtud y raz\u00f3n de ser, en cuanto hace a la protecci\u00f3n efectiva de derechos de rango iusfundamental, pues lo cierto es que \u00e9stos no fueron infringidos por la autoridad confutada. <\/p>\n
6. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos5 y su criterio jurisprudencial, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19696, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d7, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
6.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio8. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
7. Con base en lo discurrido, el fallo impugnado ser\u00e1 ratificado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed resuelto, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002La sentencia C-818 de 2011 declar\u00f3 inexequibles los art\u00edculos 13 a 33 de la Ley 1437 de 2011 relativos al derecho de petici\u00f3n y, sobre la materia, recientemente se promulg\u00f3 la Ley 1755 de 2015. <\/p>\n
2\u0002 CSJ. STC. 19 de marzo. 2014, Rad. 08001-22-13-000-2014-00053-01 <\/p>\n
3\u0002 Corte I.D.H., Caso Claude Reyes y otros. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, p\u00e1rrs. 76 y 78. Ver tambi\u00e9n: Corte I.D.H., Caso L\u00f3pez \u00c1lvarez Vs. Honduras. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141, p\u00e1rr. 77; y Corte I.D.H., Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, p\u00e1rr. 108. <\/p>\n
4\u0002 CSJ STC de 13 de marzo de 2009, exp. T-00147-01, reiterada el 12 de septiembre de 2011, exp. 00081-01. <\/p>\n
5\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
6\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
7\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
8\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
9\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
10\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
11\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
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STC10153-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC10153-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 20001-22-14-000-2021-00159-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de once de agosto de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 1\u00ba […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56292","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56292","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56292"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56292\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56292"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56292"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56292"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}