STC10154-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10154-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 17001-22-13-000-2021-00118-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de once de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 8 de julio de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Eduardo \u00c1lvarez Agudelo contra el Juzgado Primero de Familia de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del juicio verbal a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental a la petici\u00f3n, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional convocada, con la respuesta a la solicitud que elev\u00f3 el 18 de mayo del a\u00f1o en curso, en el marco del proceso de cesaci\u00f3n de efectos civiles de matrimonio cat\u00f3lico que promovi\u00f3 frente a Mary Julieth Mar\u00edn Ram\u00edrez. <\/p>\n
Aunque no eleva una solicitud en concreto, de la lectura del escrito de tutela se extrae, que lo pretendido es que se ordene al Juzgado Primero de Familia de Manizales, expedir copias f\u00edsicas aut\u00e9nticas del referido asunto, conforme le fue peticionado. <\/p>\n
2. En apoyo de tal reparo aduce en compendio, que pese a que solicit\u00f3 en las fechas referidas \u00abcopia aut\u00e9ntica de la totalidad del expediente (\u2026), incluidas las audiencias en medio magn\u00e9tico (\u2026). [y que] se [l]e informe el costo de las mismas y la manera de realizar el pago\u00bb, el Juzgado Primero de Familia de Manizales el 22 de junio pasado s\u00f3lo se limit\u00f3 a \u00abenviar[l]e un link de acceso al expediente\u00bb, lo que, dice, \u00abno se considera como copia aut\u00e9ntica y el mismo link [no] tiene (\u2026) el valor probatorio como si lo es la copia certificada con su respectivo capacidad de ser prueba en escenarios judiciales\u00bb, m\u00e1s aun cuando \u00abno se anexaron los videos solicitados en el derecho de petici\u00f3n\u00bb, circunstancias que ameritan la intervenci\u00f3n del Juez constitucional. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. La titular del Juzgado Primero de Familia de Manizales indic\u00f3, que no solo los documentos pedidos por el actor \u00abno requieren ser autenticados para hacerlos valer en otro tr\u00e1mite judicial o administrativo, como err\u00f3neamente lo considera \u00e9ste, toda vez que, de conformidad con lo contenido en el Decreto Legislativo 806 de 2020, se debe privilegiar el uso de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y las comunicaciones en todas las actuaciones judiciales evitando exigir y cumplir formalidades presenciales o similares, que no sean estrictamente necesarias\u00bb, sino que aunque el 25 de junio de los corrientes remiti\u00f3 el link de acceso al expediente digital, el d\u00eda 28 siguiente \u00abfue remitido nuevamente el v\u00ednculo (\u2026) con la constancia de ejecutoria de la sentencia principal y la complementaria proferidas dentro del proceso los d\u00edas 09 de marzo y 29 de abril de esta anualidad, en aplicaci\u00f3n a lo contenido en el art\u00edculo 115 del estatuto adjetivo\u00bb, a m\u00e1s que en relaci\u00f3n a los videos solicitados \u00abdio traslado a la dependencia encargada de la custodia de los videos de las audiencias\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La promovi\u00f3 la accionante, se\u00f1alando que \u00abel enlace para acceder al expediente dado en respuesta al derecho de petici\u00f3n no conduce a ninguno, es decir, no se ha podido tener acceso al mismo. Adem\u00e1s, a la fecha no se me ha notificado ni de los videos de las audiencias ni el costo de los mismos, correspondientes al mismo derecho de petici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n garantiza el derecho fundamental de todas las personas a dirigirse ante las autoridades, y eventualmente, ante los particulares, para obtener una respuesta de fondo a sus solicitudes, formuladas en inter\u00e9s general o particular. El derecho de petici\u00f3n, en consecuencia, tiene una doble dimensi\u00f3n: la posibilidad de acudir ante el destinatario, y, la de obtener una respuesta pronta, congruente y sobre la cuesti\u00f3n planteada, por lo que la esencia de dicha prerrogativa comprende entonces, pronta resoluci\u00f3n, respuesta de fondo, y, notificaci\u00f3n de la respuesta al interesado. <\/p>\n
2. Sin embargo, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales, esta Colegiatura de vieja data ha reiterado, que: \u00ablas peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb (CSJ STC3077-2021). <\/p>\n
En igual sentido se ha precisado, que \u00abno resulta factible inferir vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n dentro de una actuaci\u00f3n judicial, cuando se presenta una solicitud sobre ella misma y no se responde dentro de los t\u00e9rminos previstos en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, ya que el juez o magistrado que conduce un proceso est\u00e1 sometido a las reglas procesales que disciplinan el mismo y debe distinguirse con claridad entre los actos judiciales y los administrativos que puedan tener a su cargo \u00e9stos. Ante la eventual morosidad en resolver, el derecho fundamental que puede invocar el interesado y ser protegido, si fuere el caso, no es propiamente el de petici\u00f3n sino el debido proceso\u00bb (Cit.). <\/p>\n
Luego, cuando por v\u00eda de tutela se aduce la vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n por parte de una autoridad judicial en curso de una actuaci\u00f3n reglada por las normas procedimentales, incumbe establecer si aquella solicitud concierne o no un asunto propio del proceso, por dem\u00e1s regulado en la ley adjetiva. <\/p>\n
3. Circunscrita la Corte a la impugnaci\u00f3n formulada, observa la Corte que lo pretendido puntualmente por el se\u00f1or Carlos Eduardo, es que se ordene al Juzgado Primero de Familia de Manizales, emitir respuesta de fondo y concreta a la petici\u00f3n que le elev\u00f3 el d\u00eda 18 de mayo del a\u00f1o en curso, en el marco del proceso de cesaci\u00f3n de efectos civiles de matrimonio cat\u00f3lico que adelant\u00f3 frente a Mary Julieth Mar\u00edn Ram\u00edrez, pues en su sentir, no se atendi\u00f3 en debida forma su requerimiento. <\/p>\n
4. Sin embargo, las piezas procesales digitales arrimadas a este tr\u00e1mite excepcional revelan en lo que interesa, lo siguiente: <\/p>\n
4.1. El se\u00f1or \u00c1lvarez Agudelo, aqu\u00ed interesado, el 18 de mayo del a\u00f1o en curso radic\u00f3 \u00abDERECHO DE PETICI\u00d3N\u00bb ante el Despacho criticado, para \u00absolicita[r] copia autentica de la totalidad del expediente (\u2026) bajo el radicado 2020-00150, incluidas las audiencias en medio magn\u00e9tico\u00bb, y, que \u00abse [l]e informe el costo de las mismas y la manera de realizar el pago\u00bb. <\/p>\n
4.2. Mediante correo electr\u00f3nico remitido al actor el 22 de junio siguiente, el Oficial Mayor del Juzgado Primero de Familia de Manizales envi\u00f3 el link de acceso al expediente digital correspondiente al aludido proceso judicial, inform\u00e1ndole adem\u00e1s al tutelante, que en relaci\u00f3n con las audiencias practicadas, trasladar\u00e1 la petici\u00f3n a la dependencia encargada de la custodia de esos archivos. <\/p>\n
4.3. El d\u00eda 24 del citado mes y a\u00f1o, la Asistente administrativa de la Coordinaci\u00f3n de las Salas de Audiencias de Manizales dio alcance a la solicitud del demandante, y al e-mail proporcionado para tal efecto, anex\u00f3 el v\u00ednculo correspondiente a las audiencias referidas, advirtiendo que \u00abestas deben ser descargadas con prontitud ya que estas son eliminadas en una semana\u00bb. <\/p>\n
4.4. Finalmente, el d\u00eda 28 de junio hoga\u00f1o, el Despacho nuevamente envi\u00f3 correo electr\u00f3nico al inconforme con la extensi\u00f3n del litigio digital referido, \u00abcon la correspondiente constancia de autenticaci\u00f3n\u00bb, se\u00f1alando, que \u00ab\u00fanicamente se autentican y se deja constancia de ejecutoria de las sentencias proferidas dentro del proceso, toda vez que, esta dependencia judicial, no puede dar fe que los documentos arrimados al expediente sean aut\u00e9nticos o fiel copia del original\u00bb. <\/p>\n
5. Visto lo anterior, no cabe duda para la Sala acerca de la improcedencia de la protecci\u00f3n reclamada, si en cuenta se tiene que, a diferencia de lo considerado por el actor, el Juzgado de Familia convocado ha ajustado sus decisiones a las previsiones del ordenamiento procesal que rigen la materia, pues n\u00f3tese que, en punto de las tan requeridas copias de las actuaciones judiciales, no solo accedi\u00f3 a la remisi\u00f3n de las providencias en los t\u00e9rminos por el gestor requeridas, esto es, con constancia de autenticaci\u00f3n, sino que remiti\u00f3 el link de acceso al expediente digital, para que adem\u00e1s, el gestor verifique su contenido y reproduzca las piezas que le sean \u00fatiles, sin que se advierta por tanto, la vulneraci\u00f3n del derecho al debido proceso invocado, ni mucho menos el de petici\u00f3n, m\u00e1xime cuando las \u00abpeticiones relacionadas con la reproducci\u00f3n de un expediente o expedici\u00f3n de copias de providencias, contestaciones o pruebas que hagan parte del plenario, se entienden igualmente ligadas a la actuaci\u00f3n judicial y, por lo tanto, se aviene improcedente equipararlas con la prerrogativa del art\u00edculo 23 de la Carta Pol\u00edtica y los t\u00e9rminos perentorios del art\u00edculo 14, Ley 1437 de 2011 \u2013 C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 1755 de 2015\u00bb (CSJ STC 4689-2021). <\/p>\n
6. Aunado a lo anterior, cabe resaltar que no son de recibo los argumentos expuestos por el gestor en la impugnaci\u00f3n formulada contra la sentencia del a quo constitucional, pues no solo el link que le fue remitido al gestor correspondiente a las actuaciones procesales, no denota ning\u00fan tipo de error o problema para el acceso al tr\u00e1mite judicial, conforme se logr\u00f3 corroborar en esta instancia; sino que el acceso a las mentadas audiencias era temporal, tal y como se le puso de presente el Despacho, quien en suma, atendi\u00f3 satisfactoriamente todos los requerimientos, lo que pone en evidencia el uso incorrecto de esta v\u00eda excepcional por parte del actor, al invocar hechos realmente inexistentes como sustento de su reclamo, afectando la eficaz administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
7. Al punto, el m\u00e1ximo Tribunal Constitucional de tiempo atr\u00e1s ha se\u00f1alado, que \u00abEl objeto de la acci\u00f3n de tutela es la protecci\u00f3n efectiva, inmediata, concreta y subsidiaria de los derechos fundamentales, \u201ccuando quiera que \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica o de los particulares (\u2026). As\u00ed pues, se desprende que el mecanismo de amparo constitucional se torna improcedente, entre otras causas, cuando no existe una actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n del agente accionado a la que se le pueda endilgar la supuesta amenaza o vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
En el mismo sentido lo han expresado sentencias como la SU-975 de 2003 o la T-883 de 2008, al afirmar que \u201cpartiendo de una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica, tanto de la Constituci\u00f3n, como de los art\u00edculos 5\u00ba y 6\u00ba del [Decreto 2591 de 1991], se deduce que la acci\u00f3n u omisi\u00f3n cometida por los particulares o por la autoridad p\u00fablica que vulnere o amenace los derechos fundamentales es un requisito l\u00f3gico-jur\u00eddico para la procedencia de la acci\u00f3n tuitiva de derechos fundamentales (…) En suma, para que la acci\u00f3n de tutela sea procedente requiere como presupuesto necesario de orden l\u00f3gico-jur\u00eddico, que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan (\u2026)\u201d, ya que \u201csin la existencia de un acto concreto de vulneraci\u00f3n a un derecho fundamental no hay conducta espec\u00edfica activa u omisiva de la cual proteger al interesado (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Y lo anterior resulta as\u00ed, ya que si se permite que las personas acudan al mecanismo de amparo constitucional sobre la base de acciones u omisiones inexistentes, presuntas o hipot\u00e9ticas, y que por tanto no se hayan concretado en el mundo material y jur\u00eddico, \u201cello resultar\u00eda violatorio del debido proceso de los sujetos pasivos de la acci\u00f3n, atentar\u00eda contra el principio de la seguridad jur\u00eddica y, en ciertos eventos, podr\u00eda constituir un indebido ejercicio de la tutela, ya que se permitir\u00eda que el peticionario pretermitiera los tr\u00e1mites y procedimientos que se\u00f1ala el ordenamiento jur\u00eddico como los adecuados para la obtenci\u00f3n de determinados objetivos espec\u00edficos, para acudir directamente al mecanismo de amparo constitucional en procura de sus derechos\u201d (T-130 2014)\u00bb. (CSJ STC4551-2021). <\/p>\n
8. De este modo, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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