STC10155-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC10155-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-02679-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de once de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se desata la tutela que Corales de Cartagena S.A.S. y la Caja de Compensaci\u00f3n Familiar de Fenalco \u2013 ANDI- Comfenalco le instauraron a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena y el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de la misma ciudad, extensiva a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Fiscal\u00eda Tercera Delegada ante esta Corporaci\u00f3n, los Juzgados S\u00e9ptimo de Familia y Segundo Civil del Circuito de Cartagena y dem\u00e1s intervinientes en los consecutivos n\u00b0 13-001-6001128-2012-04653, 0634-2004 y 047-10. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Las libelistas, a trav\u00e9s apoderado, reclamaron la protecci\u00f3n de los derechos a la \u00abseguridad jur\u00eddica, verdad, justicia y reparaci\u00f3n, igualdad, propiedad y acceso a la Administraci\u00f3n de Justicia\u00bb para que, en consecuencia: (i) Se \u00ab(deje) sin efectos la sentencia proferida la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de 3 de febrero de 2021\u00bb, (ii) Se \u00ab(deje) sin efectos la decisi\u00f3n de preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n proferida por la Fiscal\u00eda Tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia de 19 de julio de 2017 (\u2026) y la de ruptura de la unidad procesal dispuesta por la Sala Penal del Tribunal de Cartagena el 15 de julio de 2010 (sic)\u00bb y, (iii) Se conmine \u00aba la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n (para) formular la respectiva imputaci\u00f3n teniendo en consideraci\u00f3n el material probatorio recaudado y recomponer as\u00ed el tr\u00e1mite para adelantarlo bajo el procedimiento por el que debi\u00f3 regirse exclusivamente la conducta dado su car\u00e1cter de inescindible y de car\u00e1cter permanente correspondiente al de la Ley 906 de 2004\u00bb, respecto de las conductas \u00abllevadas a cabo por RAM\u00d3N IGNACIO SARAVIA SARAVIA ante el Juzgado de Familia en el proceso de sucesi\u00f3n en 2007 y ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito en 2010\u00bb. <\/p>\n
En compendio se\u00f1alaron que en el Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de Cartagena se adelant\u00f3 la sucesi\u00f3n de la causante \u00abBERTA MATILDE PAZ FRANCO\u00bb (rad. 0634\/2004), en la que, presentados los inventarios y aval\u00faos, se pidi\u00f3 adici\u00f3n con relaci\u00f3n al \u00ablote de terreno situado en el barrio Crespo de Cartagena, identificado mediante folio de matr\u00edcula inmobiliaria 060-40138 (\u2026) para lo cual, (el apoderado Ram\u00f3n Ignacio Saravia Saravia) adjunt\u00f3 certificado original de libertad y tradici\u00f3n del bien\u00bb, aceptada por el fallador que decret\u00f3 el embargo y secuestro de dicho bien (6 mar. 2007). <\/p>\n
Adujeron que la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos \u00abneg\u00f3 la inscripci\u00f3n\u00bb de la medida, por \u00abno ser BERTA MATILDE PAZ FRANCO -la causante en el proceso de sucesi\u00f3n- propietaria del inmueble\u00bb, acto administrativo que nunca se recibi\u00f3 en el juzgado dado que \u00abel abogado SARAVIA\u00bb lo retir\u00f3 para interponer los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, que resultaron desfavorables. <\/p>\n
Refirieron que dicho profesional radic\u00f3 la cesi\u00f3n de derechos herenciales que le hizo \u00abJORGE ENRIQUE PAZ SOTO, (\u2026) como sobrino de la causante BERTA MATILDE PAZ FRANCO, en representaci\u00f3n propia y de los restantes herederos\u00bb, comprometiendo \u00abel 50% sobre el bien identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria 06040138\u00bb, validada en el proceso (11 abr. 2007), dando paso al trabajo de partici\u00f3n y su posterior aprobaci\u00f3n (Sen. 3 jul). <\/p>\n
Aclararon que, con mucha antelaci\u00f3n, el fundo objeto de \u00abinventario adicional\u00bb en la mortuoria, hab\u00eda sido trasferido de manera leg\u00edtima por Paz Franco a trav\u00e9s de \u00abapoderado general\u00bb a la \u00abSociedad de Mejoras de Cartagena\u00bb (E. P. n\u00aa 746, 24 oct. 1939), hecho que conoc\u00edan los herederos y el mismo \u00ababogado SARAVIA\u00bb. <\/p>\n
Resaltaron que, con ocasi\u00f3n a estos episodios, se formul\u00f3 denuncia contra \u00abRam\u00f3n Saravia Saravia\u00bb \u00abpor los delitos de falsedad en documento p\u00fablico y fraude procesal\u00bb, por incluir dentro de los activos de la sucesi\u00f3n el predio \u00ab060-40138\u00bb, a sabiendas que \u00abel mismo hab\u00eda sido donado desde 1939 (acto registrado) ante la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Cartagena\u00bb y por \u00abocultar\u00bb la \u00abnota devolutiva\u00bb, haciendo incurrir en error al juzgador. <\/p>\n
Dijeron que la Fiscal\u00eda imput\u00f3 cargos por \u00abfraude procesal en concurso homog\u00e9neo, uso de documento falso y destrucci\u00f3n, supresi\u00f3n y ocultamiento de documento p\u00fablico, tambi\u00e9n en concurso\u00bb (23 dic. 2013) y el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Cartagena program\u00f3 fecha para \u00abaudiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n\u00bb (20 abr. 2015), en la que la defensa del procesado \u00abimpugn\u00f3\u00bb la competencia del juez con fundamento en el art\u00edculo 54 de la Ley 906 de 2004, dirimida por la Sala Penal del Tribunal de Cartagena que declar\u00f3 la \u00abruptura de la unidad procesal\u00bb para que \u00ablos delitos cometidos antes el Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de Cartagena ocurridos con anterioridad a 2008 imputados al Dr. Ram\u00f3n Saravia Saravia sean juzgado conforme a lo normado a la ley 600 de 2000, mientras que aquellos cometidos ante el juzgado segundo civil del circuito de Cartagena a partir del a\u00f1o 2010, pueden continuar su tr\u00e1mite con la ley 906 de 2004\u00bb (10 jul. 2015). <\/p>\n
Afirmaron que la Fiscal\u00eda acus\u00f3 nuevamente a Saravia Saravia, exclusivamente por el punible de \u00abfraude procesal\u00bb ante el Juzgado Cuarto Penal del Circuito (14 dic. 2015), quien inici\u00f3 el juicio (2 feb. 2017), evacu\u00f3 las etapas conforme a la ley y dict\u00f3 \u00abfallo absolutorio\u00bb (12 ag. 2019), declarado nulo por el Tribunal (27 nov. 2019). En tal virtud, el a quo emiti\u00f3 nuevo veredicto en igual sentido (19 dic. 2019), avalado por el Superior (17 feb. 2020), motivo por el que interpusieron demanda de casaci\u00f3n solventada el 3 de febrero de 2021. <\/p>\n
Aseguraron que la \u00abruptura de la unidad procesal\u00bb condujo a que la Fiscal\u00eda Delegada ante el Tribunal de Cartagena, el 19 de julio de 2017 precluyera la investigaci\u00f3n por atipicidad de las conductas de \u00abfraude procesal\u00bb, \u00abdestrucci\u00f3n, supresi\u00f3n y ocultamiento de documento p\u00fablico agravado\u00bb y \u00abuso de documento falso\u00bb endilgadas a \u00abRam\u00f3n Ignacio Savar\u00eda Savaria\u00bb, y declarara \u00abel fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n para todas\u00bb, cuyo tr\u00e1mite se surti\u00f3 en el marco de la ley 600 de 2000. <\/p>\n
Calificaron la decisi\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Penal (3 feb. 2021) de lesiva a sus intereses porque, contrario a quebrar la determinaci\u00f3n atacada, \u00abdeclar\u00f3 la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal y la cesaci\u00f3n del procedimiento\u00bb, olvidando que por esa v\u00eda se busc\u00f3 que: \u00abla Corte enmendara el error en que se incurri\u00f3 al fallar el caso, pues resultaba clara la responsabilidad del abogado SARAVIA SARAVIA en la comisi\u00f3n del delito de Fraude Procesal y otros; m\u00e1s, cuando la actuaci\u00f3n demostraba con apego a la prueba arrimada a los procesos desde el a\u00f1o 2012, momento que se puso en conocimiento de las autoridades las conductas y se iniciaron los actos de investigaci\u00f3n, que el acusado enga\u00f1\u00f3 al juez de familia al incorporar en su solicitud de \u201caval\u00fao adicional\u201d dentro del tr\u00e1mite de sucesi\u00f3n de Bertha Paz Franco un inmueble como \u201ccuerpo cierto\u201d que no se encontraba en cabeza de la causante ocultando para ello al Juez la E.P. de donaci\u00f3n de 1939; solicitar su embargo y ocultar que \u00e9ste fue negado por la Oficina de Registro al constatar que el inmueble no pertenec\u00eda a la causante desde el a\u00f1o 1939 cuando fue donado a la Sociedad de Mejoras de Cartagena en acto p\u00fablico debidamente inscrito en la Oficina de Registro; informaci\u00f3n que, tambi\u00e9n ocult\u00f3 al juez de familia para que siguiera adelante con el tr\u00e1mite de partici\u00f3n y adjudicaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Resumieron las irregularidades de todo el tr\u00e1mite, en que: \u00abel Tribunal Superior de Cartagena en decisi\u00f3n de julio 10 de 2015 orden\u00f3 de manera abiertamente inconstitucional la ruptura de la unidad procesal apart\u00e1ndose del criterio establecido desde el 2008 y vigente hoy d\u00eda por la propia Sala Penal de la Corte Suprema y el precedente Constitucional (sentencia T-923 de 2013) frente al criterio o \u201ctesis de la raz\u00f3n objetiva\u201d; llevando indefectiblemente a que en julio de 2017 la Fiscal\u00eda Tercera delegada ante el Tribunal de Cartagena sin competencia para ello, (\u2026), precluyera la investigaci\u00f3n en contra del acusado y que dicha decisi\u00f3n (\u2026) se trasladara como prueba sin m\u00e1s al proceso penal adelantado por el sistema penal acusatorio y, con base en ella y lo all\u00ed decidido, (\u2026) provocar que el proceso adelantado por la Ley 906 de 2004 (\u2026) se fallara sin pruebas\u00bb <\/p>\n
2.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal y el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Cartagena defendieron la legalidad de lo actuado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Confrontado el libelo genitor con las pruebas digitales aportadas, se anuncia el fracaso del auxilio, porque respecto de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal (SP181-2021 3 feb.), se expusieron las razones para: (i) \u00abCasar oficiosamente la sentencia del 17 de febrero de 2020\u00bb, (ii) \u00abDeclarar prescrita la acci\u00f3n penal (\u2026) por el delito de fraude procesal y cesar el procedimiento seguido por esta conducta\u00bb y, (iii) \u00abAbstenerse de calificar las demandas de casaci\u00f3n\u00bb, lo que no evidencia subjetividad, arbitrariedad o capricho, al tratarse de una labor que no puede ser censurada en el terreno de esta especial justicia. <\/p>\n
En efecto, n\u00f3tese c\u00f3mo desde el pre\u00e1mbulo, precis\u00f3, que <\/p>\n
\u00abla Corte tiene establecido que cuando la prescripci\u00f3n acaece antes del fallo de segunda instancia es pertinente admitir la demanda, si en esta se alega tal fen\u00f3meno, y reconocerla casando la sentencia, lo que releva el estudio de los dem\u00e1s cargos planteados en el libelo. Si no es propuesta, a la Sala le corresponde verificar la causal extintiva, casar de oficio anulando el fallo e inadmitir la demanda por carencia de objeto. Habiendo sido admitida, no emitir\u00e1 pronunciamiento sobre los cargos propuestos en ella\u00bb. <\/p>\n
Acto seguido, coligi\u00f3 que en el asunto ocurri\u00f3 la \u00abprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n\u00bb el 26 de diciembre de 2019, porque <\/p>\n
\u00ablo imputado a SARAVIA SARAVIA es haberse prevalido de la admisi\u00f3n de la cesi\u00f3n de derechos y de la legitimaci\u00f3n reconocida por el Juzgado 7\u00ba de Familia de Cartagena, para con fundamento en ellas inducir en error al Juzgado 2\u00ba Civil del Circuito de esa ciudad, que mediante auto del 19 de febrero de 2010 dict\u00f3 auto admitiendo la demanda dentro del proceso ordinario de mayor cuant\u00eda promovido por \u00e9l mediante apoderado contra la Sociedad de Mejoras P\u00fablicas y la Caja de Compensaci\u00f3n Familiar\u00bb. <\/p>\n
A partir de ello, llam\u00f3 la atenci\u00f3n sobre el hecho de que <\/p>\n
\u00abtrat\u00e1ndose de un proceso civil cuyos efectos se producen m\u00e1s all\u00e1 del auto admisorio emitido supuestamente bajo error inducido, para la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal sus efectos se extienden en el tiempo hasta la formulaci\u00f3n de la imputaci\u00f3n, as\u00ed el delito haya sido consumado el 19 de febrero de 2010, fecha en la cual se dict\u00f3 el auto admisorio por el Juzgado 2\u00ba Civil del Circuito de Cartagena\u201d\u00bb. <\/p>\n
Por ende, cavil\u00f3 que, habi\u00e9ndose <\/p>\n
\u00abformulad(o) la imputaci\u00f3n el 26 de diciembre de 2013, la acci\u00f3n penal prescribir\u00eda el mismo d\u00eda y mes del a\u00f1o 2019\u00bb luego, era \u00abinobjetable que el 17 de febrero de 2020 cuando el Tribunal Superior de Cartagena emiti\u00f3 su fallo dicha fecha hab\u00eda sido superada y, por tanto, acaecido el fen\u00f3meno prescriptivo por el transcurso del tiempo y deca\u00eddo el ejercicio de la facultad punitiva del Estado, raz\u00f3n por la cual esa Corporaci\u00f3n no ten\u00eda alternativa distinta a la de declarar la causa extintiva de la acci\u00f3n penal\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, aclar\u00f3 que \u00abprevalece la declaratoria de prescripci\u00f3n en este caso, toda vez que las partes con inter\u00e9s buscan con la casaci\u00f3n la revocatoria del fallo absolutorio o anulaci\u00f3n por violaci\u00f3n de las garant\u00edas, teniendo como sustento que la acci\u00f3n penal se encuentra vigente, mientras el acusado no ha renunciado al reconocimiento de dicho fen\u00f3meno\u00bb. <\/p>\n
De este modo, para la Sala existe motivaci\u00f3n razonada que da solidez necesaria a la resoluci\u00f3n combatida. <\/p>\n
2.- En lo concerniente con la solicitud de dejar \u00absin efectos la decisi\u00f3n de preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n proferida por la Fiscal\u00eda Tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia de 19 de julio de 2017 (\u2026) y la de ruptura de la unidad procesal dispuesta por la Sala Penal del Tribunal de Cartagena el (10 de julio de 2015)\u00bb, se advierte que la salvaguarda es improcedente, porque se inobserv\u00f3, sin justificaci\u00f3n valida, el requisito de inmediatez que impera en esta sui generis justicia. <\/p>\n
Se hace tal aseveraci\u00f3n, en virtud, a que, entre la fecha de esas actuaciones y la proposici\u00f3n de la demanda superlativa (30 jul. 2021), transcurrieron cuatro (4) a\u00f1os, once (11) d\u00edas, y seis (6) a\u00f1os, veinte (20) d\u00edas, respectivamente; esto es, se super\u00f3 por mucho el semestre que tanto esta Corte como la Constitucional han tenido como prudente para ejercer el amparo. <\/p>\n
Sobre el tema, esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
[e]n punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses (Se resalta), STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada en STC4535-2020). <\/p>\n
3.- Finalmente, frente a la aspiraci\u00f3n de \u00abORDENAR a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n formular la respectiva imputaci\u00f3n (\u2026) y recomponer as\u00ed el tr\u00e1mite para adelantarlo (Ley 906 de 2004\u00bb, la s\u00faplica es improcedente atendiendo los principio de independencia y autonom\u00eda de que gozan los \u00f3rganos judiciales, siendo la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n por disposici\u00f3n del art\u00edculo 250 Superior, la llamada a calificar las denuncias de los ciudadanos, no pudiendo inmiscuirse el juez constitucional en dicha funci\u00f3n punitiva del Estado. <\/p>\n
Adem\u00e1s, resulta facultativo y es propio del interesado, si considera que existe alguna conducta \u00abirregular\u00bb u omisiva y que debe \u00abrecomponerse el tr\u00e1mite\u00bb, acudir a la autoridad respectiva, asumiendo su responsabilidad por la denuncia y las consecuencias derivadas de ello. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Corporaci\u00f3n ha expresado: <\/p>\n
(\u2026) es preciso indicar que, si el aqu\u00ed convocante estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u2018En relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuentan con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito (STC13871-2016 y STC14669-2016). <\/p>\n
4.- Ergo, el socorro instado resulta inviable. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela incoada por Corales de Cartagena S.A.S. y la Caja de Compensaci\u00f3n Familiar de Fenalco \u2013 ANDI- Comfenalco contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena y el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de la misma localidad. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto por el medio m\u00e1s \u00e1gil y, de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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