STC10157-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10157-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76111-22-13-000-2021-00120-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de once de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 8 de julio de 2021, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, en la salvaguarda promovida por Yenny Yolly Castillo Moreno frente al Defensor del Pueblo, con ocasi\u00f3n de la desvinculaci\u00f3n al cargo en provisionalidad que ven\u00eda desempe\u00f1ando la actora en la entidad representada por el accionado. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
2. De la lectura del escrito tutelar y la revisi\u00f3n de las pruebas adosadas al plenario, se desprenden, como hechos soporte de la presente acci\u00f3n, los descritos a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
Yenny Yolly Castillo Moreno fue nombrada en provisionalidad, mediante Resoluci\u00f3n n\u00ba 01710 del 5 de diciembre de 2017, para ocupar el cargo de Secretario C\u00f3digo 4030, Grado 08, nivel administrativo, adscrito a la Regional Pac\u00edfico de la Defensor\u00eda del Pueblo. <\/p>\n
En sentencia de 4 de mayo de 2021, dentro de la \u201cacci\u00f3n de nulidad y restablecimiento\u201d, promovida por Ligia Amparo Cardona Alzate contra la Defensor\u00eda del Pueblo, la Sala Cuarta de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia1 orden\u00f3 a dicha autoridad, reintegrar a la funcionaria al puesto que ocupaba en \u201cencargo\u201d2, mientras el mismo era prove\u00eddo por concurso de m\u00e9ritos. <\/p>\n
Agrega la libelista que la entidad le hab\u00eda concedi\u00f3 vacaciones del 16 de junio al 7 de julio de 2021; no obstante, el 8 de junio anterior, recibi\u00f3 a trav\u00e9s del correo electr\u00f3nico personal e institucional, un oficio y copia de la Resoluci\u00f3n n\u00ba 755 del 2 de junio de 2021, expedida por el Defensor del Pueblo, mediante la cual, le comunicaba la terminaci\u00f3n de su nombramiento en provisionalidad; siendo desvinculada de la instituci\u00f3n el 14 de junio de 2021. <\/p>\n
Alega que, dicho acto administrativo, se le \u201ccomunic\u00f3\u201d, pero no se le \u201cnotific\u00f3\u201d, para hacer uso del derecho de defensa y contradicci\u00f3n. <\/p>\n
En sentir de la precursora, el Defensor \u201cdebi\u00f3 crear el cargo en la Regional Pac\u00edfico\u201d y no \u201csuprimir\u201d el que ella ven\u00eda desempe\u00f1ando desde hace tres (3) a\u00f1os y seis (6) meses, ya que dicha acci\u00f3n vulnera sus derechos fundamentales. <\/p>\n
Por \u00faltimo, acota que se est\u00e1 causando un perjuicio irremediable, pues no cuenta con recursos econ\u00f3micos adicionales para solventar sus necesidades b\u00e1sicas. <\/p>\n
3. Pide, en concreto, (i) suspender provisionalmente la decisi\u00f3n que da por terminado su nombramiento, mientras es reubicada, (ii) dejar sin efectos el mencionado acto administrativo y (iii) ordenar a la Defensor\u00eda del Pueblo que en un t\u00e9rmino no superior a diez (10) d\u00edas, la \u201creubique\u201d en un cargo similar al que ven\u00eda desempe\u00f1ando. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de los accionados y vinculado <\/p>\n
1. La entidad p\u00fablica convocada, tras pronunciarse frente a los hechos expuestos en el escrito introductor, se opuso a la prosperidad del amparo, aduciendo que la resoluci\u00f3n cuestionada fue expedida en cumplimiento de una orden judicial3 y comunicada a la querellante a trav\u00e9s de memorando n\u00ba 20210050101902641 del 5 de junio de 2021, remitido al correo electr\u00f3nico institucional y personal de aqu\u00e9lla. <\/p>\n
Por otra parte, indic\u00f3 que la solicitud de amparo no cumple el presupuesto de subsidiariedad, pues la libelista \u201cpod\u00eda haber acudido a la jurisdicci\u00f3n Contencioso-Administrativa e interponer las acciones de defensa que el ordenamiento le otorga\u201d. <\/p>\n
2. De los documentos adjuntos, no se observ\u00f3 pronunciamiento por parte de los dem\u00e1s convocados. <\/p>\n
<\/p>\n
1. La sentencia impugnada <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 la salvaguarda, tras estimar el incumplimiento del presupuesto de subsidiariedad, por cuanto la petente, <\/p>\n
\u201c(\u2026) acudi\u00f3 directamente a la acci\u00f3n de resguardo constitucional sin agotar previamente los medios de control dise\u00f1ados por el legislador para cuestionar la legalidad de los actos administrativos\u201d. <\/p>\n
\u201cPor lo dem\u00e1s, se tiene que ni siquiera como mecanismo transitorio procede el antedicho amparo constitucional, pues la accionante no acredit\u00f3 encontrarse abocada a un perjuicio irremediable, conforme lo exige la jurisprudencia, esto es, que est\u00e9 inmersa en serias condiciones de urgencia o gravedad que haga impostergable la tutela, de tal manera que le urja y le sea imperioso al operador constitucional entrar a revisar de fondo el contenido del acto administrativo cuestionado (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La promovi\u00f3 la suplicante, con argumentos an\u00e1logos a los expuestos en el escrito genitor. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De entrada se pone al descubierto el naufragio de la salvaguarda por la inobservancia del presupuesto de subsidiariedad, teniendo en cuenta que la interesada debe proponer sus reparos a la memorada decisi\u00f3n de desvinculaci\u00f3n ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, a trav\u00e9s del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contemplado en la regla 138 de la Ley 1437 de 2011, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u201c(\u2026) NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jur\u00eddica, podr\u00e1 pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; tambi\u00e9n podr\u00e1 solicitar que se le repare el da\u00f1o. La nulidad proceder\u00e1 por las mismas causales establecidas en el inciso segundo4 del art\u00edculo anterior (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Igualmente podr\u00e1 pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparaci\u00f3n del da\u00f1o causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicaci\u00f3n. Si existe un acto intermedio, de ejecuci\u00f3n o cumplimiento del acto general, el t\u00e9rmino anterior se contar\u00e1 a partir de la notificaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2. S\u00famese, en el eventual proceso, la promotora puede requerir el decreto de las medidas cautelares que estime pertinentes a fin de conjurar un posible perjuicio irremediable, con sustento en el precepto 229 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, seg\u00fan el cual: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las medidas cautelares podr\u00e1n ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensi\u00f3n, y deber\u00e1n tener relaci\u00f3n directa y necesaria con las pretensiones de la demanda. Para el efecto, el Juez o Magistrado Ponente podr\u00e1 decretar una o varias de las siguientes medidas: <\/p>\n
\u201c1. Ordenar que se mantenga la situaci\u00f3n, o que se restablezca al estado en que se encontraba antes de la conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere posible\u201d. <\/p>\n
\u201c2. Suspender un procedimiento o actuaci\u00f3n administrativa, inclusive de car\u00e1cter contractual. A esta medida solo acudir\u00e1 el Juez o Magistrado Ponente cuando no exista otra posibilidad de conjurar o superar la situaci\u00f3n que d\u00e9 lugar a su adopci\u00f3n y, en todo caso, en cuanto ello fuere posible el Juez o Magistrado Ponente indicar\u00e1 las condiciones o se\u00f1alar\u00e1 las pautas que deba observar la parte demandada para que pueda reanudar el procedimiento o actuaci\u00f3n sobre la cual recaiga la medida\u201d. <\/p>\n
\u201c3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo\u201d. <\/p>\n
\u201c4. Ordenar la adopci\u00f3n de una decisi\u00f3n administrativa, o la realizaci\u00f3n o demolici\u00f3n de una obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravaci\u00f3n de sus efectos\u201d. <\/p>\n
\u201c5. Impartir \u00f3rdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Frente a lo discurrido, en pret\u00e9rita oportunidad precis\u00f3 esta Colegiatura: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [P]or tratarse de actos administrativos, el debate acerca de su legalidad cumple suscitarlo ante los Jueces especializados competentes, a trav\u00e9s de las acciones previstas en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, de acuerdo con las circunstancias y particularidades que a juicio de la persona interesada, experiment\u00f3 la situaci\u00f3n que gener\u00f3 lo resuelto por la administraci\u00f3n y que es materia de inconformidad, a fin de generar las determinaciones con las cuales se obtenga el restablecimiento del derecho o la reparaci\u00f3n directa a que hubiere lugar (\u2026)\u201d5. <\/p>\n
En este orden de ideas, se itera, el resguardo invocado no tiene vocaci\u00f3n de \u00e9xito al incumplirse la exigencia de la subsidiariedad, pues la aqu\u00ed inicialista cuenta con mecanismos id\u00f3neos para la defensa de sus intereses. <\/p>\n
Sobre lo discurrido esta Sala adoctrin\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) conforme a lo preceptuado en el numeral 1\u00ba, del art\u00edculo 6\u00ba, del Decreto 2651 de 1991, se torna nugatorio el amparo constitucional demandado, ya que si la normatividad ha dado los instrumentos jur\u00eddicos para la protecci\u00f3n de [los] derechos, (\u2026) ha de recurrirse a ellos y no a la tutela, la que no ha sido consagrada para provocar la iniciaci\u00f3n de procesos alternativos o sustitutos de los ordinarios o especiales, ni para modificar las reglas que fijan los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces ni para crear instancias adicionales a las existentes, sino que tiene el prop\u00f3sito claro, definido, estricto y espec\u00edfico, que el propio art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica indica, que no es otro diferente de brindar a la persona la protecci\u00f3n inmediata y subsidiaria para asegurarle el respeto efectivo de los derechos fundamentales que la Carta reconoce (\u2026)\u201d6. <\/p>\n
3. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos7 y su criterio jurisprudencial, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19698, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d9, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
3.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio10. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
3.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia11, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales12; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas13. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
4. De acuerdo a lo discurrido, se convalidar\u00e1 la providencia impugnada. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha, naturaleza y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo resuelto, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Expediente 2015-01190-01. <\/p>\n
2\u0002 Secretario, C\u00f3digo 4030, Grado 8, nivel administrativo, adscrito a la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Antioquia. <\/p>\n
3\u0002 \u201cCon el fin de dar cumplimiento al citado falt\u00f3, se hace necesario dar por terminado el nombramiento provisional de la funcionaria YENNY YOLLY CASTILLO MORENO, en el empleo Secretario, C\u00f3digo 4030, Grado 8, perteneciente al nivel administrativo, adscrito a la Defensor\u00eda Regional Pacifico; reubicar el citado empleo en la Defensor\u00eda Regional Antioqu\u00eda; y en su lugar proceder a encargar a la funcionaria LIGIA AMPARO CARDONA ALZATE, en dicho empleo\u201d. <\/p>\n
4\u0002 Canon 137 C.P.A.C.A. \u201c(\u2026) Proceder\u00e1 cuando hayan sido expedidos con infracci\u00f3n de las normas en que deber\u00edan fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivaci\u00f3n, o con desviaci\u00f3n de las atribuciones propias de quien los profiri\u00f3 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
5\u0002 CSJ. STC de 24 de septiembre de 2013, rad. 00676-01. <\/p>\n
6\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 13 de marzo de 2013, exp. 52001-22-13-000-2013-00011-01. <\/p>\n
7\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
8\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
9\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
10\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
11\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
13\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC10157-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado Ponente STC10157-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76111-22-13-000-2021-00120-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de once de agosto de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 8 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56295","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56295","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56295"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56295\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56295"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56295"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56295"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}