STC10158-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10158-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00166-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de once de agosto dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 4 de febrero de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jacinto Rojas Mora contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Cundinamarca, tr\u00e1mite al que fueron vinculados los Juzgados Penal del Circuito de Villeta y Penal del Circuito de Descongesti\u00f3n de Fusagasug\u00e1, la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de esa localidad, as\u00ed como las partes y los intervinientes del asunto penal a que alude el escrito introductorio. <\/p>\n
<\/p>\n
1. El gestor del amparo a trav\u00e9s de apoderada judicial, reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la \u00abverdad, justicia y reparaci\u00f3n\u00bb, y a la \u00abpropiedad privada\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada, en el marco del procedimiento judicial que all\u00ed se adelant\u00f3 bajo el radicado n.\u00ba 2015-00357-00. <\/p>\n
Reclama, entonces, para la protecci\u00f3n de las mentadas prerrogativas, que se ordene a la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca, \u00abacceda a que sea restablecido el derecho de la v\u00edctima, en los t\u00e9rminos aqu\u00ed se\u00f1alados con la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 22 del C.P.P.\u00bb; y, subsidiariamente, que se conceda el amparo como mecanismo transitorio para evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
2. Para respaldar su queja relata, que present\u00f3 denuncia por el punible de fraude procesal en contra de su sobrino Jos\u00e9 Fernando Rodr\u00edguez, quien, seg\u00fan su dicho, logr\u00f3 la adjudicaci\u00f3n de un bien inmueble en la causa mortuoria de su progenitora, Rosa Mar\u00eda Rodr\u00edguez, acudiendo a maniobras \u00abfraudulentas\u00bb; que aunque al interior de esa causa penal se practicaron varios medios de prueba que permit\u00edan establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que suscitaron los hechos, dado el fallecimiento del \u00abinvestigado\u00bb, se orden\u00f3 la preclusi\u00f3n del asunto, \u00abquedando en el limbo el derecho reclamado como v\u00edctima\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que sin reparar en lo anterior, y pese a que \u00ab[d]entro del proceso penal\u00bb qued\u00f3 plenamente \u00abestablecido que exist\u00edan motivos suficientes para inferir que el t\u00edtulo [de propiedad] fue obtenido por el se\u00f1or FERNANDO RODR\u00cdGUEZ en forma fraudulenta\u00bb, el Juzgado Penal del Circuito de Descongesti\u00f3n de Fusagasug\u00e1 \u00abdispuso levantar la medida de suspensi\u00f3n de poder de dispositivo que pesa sobre el inmueble, sin tener en cuenta las pretensiones y la afectaci\u00f3n que esto genera\u00bb a sus garant\u00edas supralegales, y se traduce en la causaci\u00f3n de un perjuicio irremediable, pues de modo alguno \u00abtiene porque (sic) asumir la responsabilidad de que el aparato judicial no haya avanzado m\u00e1s en el proceso antes del fallecimiento del procesado\u00bb. <\/p>\n
Finalmente enfatiz\u00f3, en que debido a lo anterior, pidi\u00f3 ante el juzgado del conocimiento \u00abla cancelaci\u00f3n de los registros obtenidos fraudulentamente y el no levantamiento de la medida cautelar\u00bb, pero en primera instancia se cerr\u00f3 el paso a su solicitud, la cual a su vez fue mantenida por el juez colegiado querellado, determinaci\u00f3n que, dice, \u00abvulnera el derecho de la v[\u00ed]ctima a la reparaci\u00f3n y la justicia porque mengua su posibilidad de ostentar su derecho sobre el inmueble o de acceder a una indemnizaci\u00f3n\u00bb, circunstancias todas \u00e9stas que, en su criterio, hacen viable la intervenci\u00f3n del juez de tutela. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a.) El Magistrado Ponente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca que conoci\u00f3 del recurso de alzada elevado \u00abpor la representante de v\u00edctimas en contra del auto proferido el 9 de diciembre de 2019 por el Juzgado Penal del Circuito de Descongesti\u00f3n de Fusagasug\u00e1 (Cundinamarca) dentro del proceso con radicado 25290-60-00-397-2015-00357-01, procesado Jos\u00e9 Fernando Rodr\u00edguez Mora, por el delito de Fraude procesal\u00bb, explicando que \u00ab[c]on acta de aprobaci\u00f3n No. 160 del 9 de julio de 2020 y lectura del 23 del mismo mes y a\u00f1o, la Sala de Decisi\u00f3n confirm\u00f3 integralmente el auto confutado\u00bb. <\/p>\n
Por dem\u00e1s, dijo que la decisi\u00f3n se soport\u00f3 \u00abun an\u00e1lisis pormenorizado de las pruebas obrantes en el dossier\u00bb, raz\u00f3n por la cual pidi\u00f3 denegar el resguardo, en la medida en que esta herramienta \u00abno puede ser utilizada como un mecanismo adicional o alternativo frente a las decisiones adoptadas por el Juez Natural, y en <\/p>\n
todo caso, transcurri\u00f3 algo m\u00e1s de seis meses desde que fue proferido el fallo de segunda instancia, sin que exista justificaci\u00f3n en la tard\u00eda interposici\u00f3n del escrito tuitivo\u00bb. <\/p>\n
b.) Por su parte, el Juzgado Penal del Circuito de Fusagasug\u00e1, tras hacer un compendio de la actuaci\u00f3n all\u00ed adelantada, dijo que el 21 de febrero de 2019 precluy\u00f3 la investigaci\u00f3n penal en favor de \u00abJos\u00e9 Fernando Rodr\u00edguez Mora, en calidad de indiciado, ante la imposibilidad de continuar con la acci\u00f3n penal por muerte, decret\u00e1ndose la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n y como consecuencia el archivo de las diligencias\u00bb; que a trav\u00e9s de la apoderada de la v\u00edctima se reclam\u00f3 \u00abla cancelaci\u00f3n del t\u00edtulo obtenido fraudulentamente\u00bb, pero dicho pedimento fue denegado por carecer de atribuci\u00f3n legal para ello; no obstante, \u00ab[e]l homologo de Descongesti\u00f3n de esta ciudad, orden\u00f3 en audiencia, la cancelaci\u00f3n de la anotaci\u00f3n N\u00ba 5 del certificado de tradici\u00f3n y libertad de la matricula inmobiliaria N\u00ba 157-127716, empero, neg\u00f3 cualquier otro requerimiento referente a la cancelaci\u00f3n de t\u00edtulos inscritos, en raz\u00f3n a que sobre el particular ya se hab\u00eda intentado similar acci\u00f3n ante el Juzgado Civil del Circuito de esta Localidad\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, dijo que esa determinaci\u00f3n fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca \u00abmediante prove\u00eddo de 23 de julio de 2020\u00bb, y que pese a no ser quien adopt\u00f3 dicha decisi\u00f3n, la misma no aparec\u00eda como trasgresora de las garant\u00edas superiores reclamadas por el pretensor del resguardo. <\/p>\n
c.) A su turno, el Juzgado Penal del Circuito de Villeta asegur\u00f3, que en ese estrado no curs\u00f3 proceso alguno radicado bajo la noticia criminal 2015-00357. <\/p>\n
d.) Finalmente, la Fiscal\u00eda Primera Seccional manifest\u00f3, que en la audiencia de preclusi\u00f3n \u00abno se pidi\u00f3 la cancelaci\u00f3n de que trata el art. 101 del C.P.P. CANCELACI\u00d3N DE REGISTROS FRAUDULENTOS\u00bb; con todo, dijo que nada obstaba para que el interesado realizara la \u00abpetici\u00f3n de levantamiento de la medida, es decir que no s\u00f3lo est\u00e1 en cabeza de la fiscal\u00eda el levantamiento de la misma\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia neg\u00f3 la salvaguarda, pues \u00abdel estudio de los requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial, se incumple el relativo a la de inmediatez de la tutela\u00bb y que, de superarse dicha falencia, \u00abtampoco se advierte la necesidad de intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, toda vez que la determinaci\u00f3n censurada no se ofrece desproporcionada ni desborda los m\u00e1rgenes de razonabilidad\u00bb, sin que en todo caso, pudiere considerarse esta senda como una \u00abtercera instancia\u00bb para plantear \u00abcausales de procedibilidad, originadas en la supuesta arbitrariedad en la interpretaci\u00f3n de las disposiciones aplicables al asunto, o en el seguimiento de los lineamientos jurisprudenciales sobre el caso debatido\u00bb. <\/p>\n
El accionante replic\u00f3 el anterior fallo, al considerar que no excedi\u00f3 del semestre considerado como razonable para acudir en tutela, en la medida que la decisi\u00f3n de segunda instancia aqu\u00ed cuestionada, es decir, la proferida el 9 de julio anterior, s\u00f3lo le fue enterada el d\u00eda 23 de ese mismo mes y a\u00f1os. Por dem\u00e1s, insisti\u00f3 en que esa determinaci\u00f3n fue lesiva a sus intereses, pues \u00abpermite que se proceda al levantamiento de suspensi\u00f3n de poder dispositivo sin tener en cuenta el derecho que le puede asistir a mi poderdante sobre el inmueble, derecho que se encontr\u00f3 vulnerado y por el cual se interpuso acci\u00f3n penal\u00bb, e insisti\u00f3 en las primigenias alegaciones. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela es, seg\u00fan el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, un mecanismo extraordinario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, ante la consumaci\u00f3n o inminencia de violaci\u00f3n de \u00e9stos por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas, o en ciertos eventos, de los particulares. <\/p>\n
Su procedencia contra providencias o actuaciones judiciales es excepcional, pues s\u00f3lo tiene lugar cuando el funcionario judicial adopte una decisi\u00f3n por completo opuesta al r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, caso en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo, requisitos \u00e9stos para la procedibilidad de la acci\u00f3n, que deben entonces acreditarse antes de cualquier consideraci\u00f3n sobre el fondo del asunto debatido, ya que la ausencia de cualquiera de ellos, impone por regla general negar la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
2. En el presente caso, el ciudadano Jacinto Rojas Mora se queja, en \u00faltimas, porque la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca mediante decisi\u00f3n del 9 de julio de 2020, notificada en audiencia del d\u00eda 23 siguiente, confirm\u00f3 \u00abintegralmente la providencia proferida el 9 de diciembre de 2019 por el Juzgado Penal del Circuito de Descongesti\u00f3n de Fusagasug\u00e1 (Cundinamarca), por las razones plasmadas en la parte motiva de esta decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. Pues bien, efectuado el an\u00e1lisis correspondiente al escrito de tutela y los medios de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, observa la Sala que surge patente la confirmaci\u00f3n de la improcedencia del amparo reclamado, pues, aunque no luce desmesurado el interregno con el que el gestor acudi\u00f3 al resguardo desde la \u00e9poca en que se profiri\u00f3 la decisi\u00f3n ahora cuestionada, lo cierto es que aqu\u00e9lla no luce susceptible de correcci\u00f3n excepcional por esta v\u00eda, al ser producto de una respetable interpretaci\u00f3n de las normas que gobiernan ese particular tr\u00e1mite. <\/p>\n
En efecto, ese labor\u00edo le permiti\u00f3 concluir al juez colegiado, que no era viable \u00abacceder a la solicitud de la v\u00edctima, para que no se levanten la medida cautelar de suspensi\u00f3n del poder dispositivo en el proceso de la referencia, pues la cancelaci\u00f3n de aquella deviene como uno de los efectos que consagra la Ley 906 de 2004 en su art\u00edculo 334 una vez se profiere sentencia que decreta la preclusi\u00f3n y por lo tanto es inviable que se afirme que con ello se transgreden los derechos de las v\u00edctimas, pues la imposici\u00f3n de aquellas por el Juez de control de garant\u00edas tiene un fin preventivo y no implican una limitaci\u00f3n absoluta y definitiva como lo pretende afirmar el censor\u00bb. <\/p>\n
Y en punto a la \u00abnegativa la solicitud de cancelaci\u00f3n de registros obtenidos fraudulentamente, pues a pesar del despliegue investigativo realizado por la Fiscal\u00eda y a que dicha cancelaci\u00f3n es un medio id\u00f3neo a trav\u00e9s del cual se garantizan los derechos de las v\u00edctimas y que su decreto no requiere la emisi\u00f3n de una sentencia condenatoria, en el caso nos ocupa no existe elemento probatorio que permita inferir m\u00e1s all\u00e1 de toda duda el car\u00e1cter falso del t\u00edtulo de adquisici\u00f3n y en esas condiciones no es ostensible regresar las cosas al estado en que se encontraban antes de sentencia mediante la cual se declar\u00f3 la prescripci\u00f3n adquisitiva extraordinaria de dominio en cabeza Rosa Mar\u00eda Rodr\u00edguez (Q.E.P.D)\u00bb. <\/p>\n
Para llegar a esa conclusi\u00f3n, el Tribunal convocado parti\u00f3 por explicar, que \u00abla medida de suspensi\u00f3n y cancelaci\u00f3n de los registros obtenidos fraudulentos hace parte del cap\u00edtulo de medidas cautelares del C.P.P. y consagra la posibilidad de que el Juez de control de garant\u00edas ordene la suspensi\u00f3n del poder dispositivo de bienes sujetos a registro cuando existen motivos suficientes para inferir que ese t\u00edtulo fue obtenido de manera fraudulenta, siendo procedente a su vez su cancelaci\u00f3n definitiva cuando existe convencimiento m\u00e1s all\u00e1 de toda duda razonable sobre las circunstancias que originaron la medida provisional, independientemente de la responsabilidad de quien participo en el il\u00edcito\u00bb, y que de la lectura del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 101 del C\u00f3digo Penal, \u00abel restablecimiento de derechos y en consecuencia las medidas que se apliquen en aras de garantizar aquellos: a) Son de obligatorio cumplimiento por parte de los funcionarios judiciales que tienen a su cargo la actuaci\u00f3n; b) Procede su aplicaci\u00f3n en cualquier fase de la actuaci\u00f3n, siempre y cuando se acredite como lo se\u00f1ala el art\u00edculo 101 del C.P.P. un \u201cconvencimiento m\u00e1s all\u00e1 de toda duda razonable\u201d sobre la materialidad de la conducta o en cuanto al tipo objetivo; c) Prima el derecho a la v\u00edctima a que se privilegie el t\u00edtulo obtenido justamente\u00bb. <\/p>\n
Siguiendo con esa l\u00ednea argumentativa, y tras hacer un recuento de la actuaci\u00f3n adelantada en el marco de la denuncia promovida por el actor constitucional en contra de su sobrino \u00abJos\u00e9 Fern\u00e1ndez Mora(Q.E.P.D.)\u00bb, asegur\u00f3 que el a quo \u00abconsider\u00f3 que no exist\u00eda un convencimiento \u201cm\u00e1s all\u00e1 de toda duda razonable, de la ilicitud cometida por parte del se\u00f1or Jos\u00e9 Fernando Rodr\u00edguez Mora\u201d\u00bb, raz\u00f3n por la cual \u00abel Estado perdi\u00f3 el inter\u00e9s de la persecuci\u00f3n penal debido a la muerte del encausado, sin haber recolectado informaci\u00f3n id\u00f3nea para establecerla responsabilidad de aquel en la conducta punible atribuida\u00bb; adicionalmente, recab\u00f3 en que \u00abla argumentaci\u00f3n de la representante de v\u00edctimas estuvo dirigida a demostrar la titularidad de su representado en el bien inmueble en comento. No obstante, dichas circunstancias debieron ser ventiladas en el proceso civil respectivo, pues lo que se pretende con la acci\u00f3n penal, es la demostraci\u00f3n efectiva de un comportamiento que atente contra la eficaz y recta impartici\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
Y que \u00abpese a que el se\u00f1or Jacinto Rodr\u00edguez Mora recab\u00f3 con insistencia que no hab\u00eda conocido de dicha demanda, de forma alguna discuti\u00f3 el porqu\u00e9 (sic) en la sentencia proferida por el Juez Civil se hizo alusi\u00f3n a que en efecto \u00e9l hab\u00eda conocido y propuesto excepciones dentro del proceso de pertenencia agraria\u00bb, raz\u00f3n por la cual \u00absi la v\u00edctima conoc\u00eda de la actuaci\u00f3n seguida en su contra debi\u00f3 aportar las pruebas y razones que considerara necesarias al interior de ese proceso para reclamar a trav\u00e9s de los mecanismos previstos en la Ley las irregularidades procesales o probatorias en que se pudo incurrir\u00bb. <\/p>\n
4. En efecto, como qued\u00f3 visto, para dar al traste con la solicitud de levantamiento de medidas cautelares y negar la cancelaci\u00f3n de los t\u00edtulos obtenidos de manera fraudulenta, el juez de la causa, despu\u00e9s de realizar una valoraci\u00f3n integral de todas las circunstancias, elementos y consideraciones hechas por el juez penal en la decisi\u00f3n cuestionada, puso de presente que no era viable ordenar la cancelaci\u00f3n de t\u00edtulos y mantener las medidas preventivas ordenadas en el marco de la causa penal, dado el fallecimiento del indiciado, circunstancia que no hac\u00eda viable continuar con el ejercicio de la acci\u00f3n penal con fundamento en el art\u00edculo 77 de la Ley 906 de 2004, comoquiera que uno de los requisitos para decretar medidas cautelares en el radicado, es la existencia misma de una acci\u00f3n penal, luego al no existir una causa punitiva por adelantar, dichas cautelas carecen de fundamento, tal y como lo entendi\u00f3 el legislador al indicar, que \u00ab[e]n firme la sentencia que decreta la preclusi\u00f3n, cesar\u00e1 con efectos de cosa juzgada la persecuci\u00f3n penal en contra del imputado por esos hechos. Igualmente, se revocar\u00e1n todas las medidas cautelares que se le hayan impuesto\u00bb (art. 334 ib\u00eddem). <\/p>\n
Y, en lo referente a la solicitud de cancelaci\u00f3n de t\u00edtulos obtenidos fraudulentamente, coligi\u00f3 que pese al esfuerzo investigativo no encontr\u00f3 un elemento probatorio, m\u00e1s all\u00e1 de toda duda razonable, que permitiera otorgar el calificativo de espurio al t\u00edtulo de adquisici\u00f3n cuestionado, siendo dicha tesis fue fruto de un an\u00e1lisis ponderado de las pruebas sometidas a su escrutinio. <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, la sola divergencia conceptual, o el no compartir el sentido de la decisi\u00f3n anotada, no permite abrir camino a esta herramienta, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma adjetiva o sustancial que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto. De manera invariable ha se\u00f1alado la Sala de tiempo atr\u00e1s, que \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC5912-2021). <\/p>\n
6. Finalmente, tampoco resulta procedente la tutela como medida transitoria para evitar un perjuicio irremediable al aqu\u00ed inconforme, pues lo cierto es que no se alleg\u00f3 elemento de juicio alguno para demostrarlo, sin que sea suficiente para ello la mera manifestaci\u00f3n de su existencia, \u00abpor cuanto que sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional\u00bb (CSJ STC8656-2021). <\/p>\n
7. Corolario de lo discurrido en precedencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener el fallo refutado, pero por las puntuales razones aqu\u00ed explicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Repartida a esta Sala el 23 de julio actual para surtir el tr\u00e1mite de la impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
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STC10158-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC10158-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00166-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de once de agosto dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021).- Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 4 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56296","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56296","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56296"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56296\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56296"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56296"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56296"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}