STC10159-2021 <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10159-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 85001-22-08-000-2021-00089-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de once de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 2 de julio de 2021, dictada por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jhon Jairo Dur\u00e1n Becerra frente al Juzgado Segundo Civil del Circuito de la citada ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio de \u201crestituci\u00f3n de bien inmueble arrendado\u201d, adelantado por Bruce Lee Becerra Mar\u00edn y Maribel Inocencio Linares contra el aqu\u00ed actor. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante exige la protecci\u00f3n de su derecho al debido proceso, presuntamente transgredido por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. De la lectura del escrito tutelar y la revisi\u00f3n de las pruebas adosadas al plenario, se desprenden los hechos que a continuaci\u00f3n se describen: <\/p>\n
Bruce Lee Becerra Mar\u00edn y Maribel Inocencio Linares, en calidad de arrendadores, celebraron con Jhon Jairo Dur\u00e1n Becerra contrato de alquiler respecto del inmueble ubicado en la carrera 38 N\u00b0 11-63 de la ciudad de Yopal. <\/p>\n
Por incumplimiento en el pago del canon mensual estipulado en dicho negocio, se inici\u00f3 contra el aqu\u00ed promotor el decurso materia de esta salvaguarda, correspondi\u00e9ndole el conocimiento de ese asunto al Juzgado Segundo Civil del Circuito de la citada ciudad. <\/p>\n
El estrado confutado admiti\u00f3 ese litigi\u00f3 en prove\u00eddo de 5 de febrero de 2021, advirtiendo al demandado <\/p>\n
\u201c(\u2026) que no ser\u00e1 o\u00eddo en el proceso sino hasta tanto demuestre que ha consignado a \u00f3rdenes del Juzgado, el valor total que de acuerdo con la prueba allegada con la demanda tienen los c\u00e1nones adeudados, o en defecto de lo anterior, cuando presente los recibos de pago expedidos por el arrendador correspondientes a los tres (3) \u00faltimos per\u00edodos, o si fuere el caso los correspondientes de las consignaciones efectuadas de acuerdo con la ley y por los mismos per\u00edodos, en favor de aqu\u00e9l (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Surtidas las notificaciones de rigor, el tutelante propuso excepciones previas e interpuso recurso de reposici\u00f3n frente a la exigencia realizada sobre el pago de los c\u00e1nones, buscando \u201cser escuchado\u201d en el caso bajo estudio y alegando un \u201cpleito pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo asunto\u201d. <\/p>\n
En auto de 8 de junio pasado, el despacho criticado resolvi\u00f3 \u201cabstenerse de escuchar\u201d al demandado de conformidad con el numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 384 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
El promotor censura la actuaci\u00f3n del juzgado convocado, pues: <\/p>\n
\u201ci) niega la posibilidad de ser escuchad[o] en el proceso para presentarle los argumentos [del] por qu\u00e9 no existe contrato de arrendamiento; y ii) no ha tenido en cuenta que, con las excepciones previas, se present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n en subsidio de apelaci\u00f3n (\u2026) sobre los [cuales] no se [ha] pronunci[ado]\u201d. <\/p>\n
3. Pide, en concreto, se amparen sus derechos fundamentales. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta del accionado <\/p>\n
Remiti\u00f3 el link digital del expediente contentivo del litigio subex\u00e1mine. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
El a quo constitucional no accedi\u00f3 al resguardo implorado, tras estimar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]as actuaciones realizadas por el Juzgado 2\u00b0 Civil del Circuito de Yopal y la providencia de fecha 8 de junio de 2021 se encuentran ajustadas a derecho, por manera que no hay lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional, por cuanto el accionante no puede ser escuchado en el proceso hasta tanto cumpla con la carga que le impone los incisos 2\u00b0 y 3\u00b0 del art\u00edculo 384 del C.G.P; (\u2026)\u201d. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La promovi\u00f3 el suplicante, insistiendo en los argumentos de disenso expuestos en el libelo genitor e indicando que se le debe permitir contestar la demanda incoada dentro del caso bajo estudio. <\/p>\n
<\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
2. Es palmario el fracaso del reclamo, por tratarse de un auxilio constitucional prematuro, por cuanto, de las pruebas aportadas a este ruego, se evidencia que la decisi\u00f3n aqu\u00ed criticada fue recurrida por el gestor mediante el remedio que denomin\u00f3 \u201cqueja\u201d, el cual, se encuentra en tr\u00e1mite ante el despacho fustigado. <\/p>\n
Es de aclarar que, si bien el mecanismo interpuesto no se acompasa al demarcado en el art\u00edculo 352 del C\u00f3digo General del Proceso2, lo cierto es, el mismo deber\u00e1 ser adecuado al realmente correspondiente conforme al par\u00e1grafo del canon 318 ib\u00eddem3, siendo, en consecuencia, ese el escenario id\u00f3neo para definir las cuestiones aqu\u00ed alegadas por el memorialista. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, al margen de la definici\u00f3n del recurso incoado por el interesado, atendiendo el car\u00e1cter residual y subsidiario de la acci\u00f3n de resguardo, no es factible acudir a la misma cuando a\u00fan est\u00e1 pendiente de resolver por el funcionario competente el cuestionamiento elevado frente a la decisi\u00f3n reprochada en tutela. <\/p>\n
En un caso similar, esta Corte manifest\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]a tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
Al juez constitucional le est\u00e1 vedado anticiparse en la adopci\u00f3n de decisiones sobre aspectos que le corresponde zanjar al juzgador natural, pues no puede arrogarse facultades que no le son propias. <\/p>\n
3. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos5 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19696, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d7, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
3.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio8. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
3.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-9, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales10; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas11. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
4. De acuerdo con lo discurrido, se ratificar\u00e1 la determinaci\u00f3n examinada. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente o por mensaje de datos lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 \u201cSi la demanda se fundamenta en falta de pago de la renta o de servicios p\u00fablicos, cuotas de administraci\u00f3n u otros conceptos a que est\u00e9 obligado el demandado en virtud del contrato, este no ser\u00e1 o\u00eddo en el proceso sino hasta tanto demuestre que ha consignado a \u00f3rdenes del juzgado el valor total que, de acuerdo con la prueba allegada con la demanda, tienen los c\u00e1nones y los dem\u00e1s conceptos adeudados, o en defecto de lo anterior, cuando presente los recibos de pago expedidos por el arrendador, correspondientes a los tres (3) \u00faltimos per\u00edodos, o si fuere el caso los correspondientes de las consignaciones efectuadas de acuerdo con la ley y por los mismos per\u00edodos, a favor de aquel\u201d. <\/p>\n
2\u0002 Art\u00edculo 352. \u201cCuando el juez de primera instancia deniegue el recurso de apelaci\u00f3n, el recurrente podr\u00e1 interponer el de queja para que el superior lo conceda si fuere procedente. El mismo recurso procede cuando se deniegue el de casaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
3\u0002 \u201cCuando el recurrente impugne una providencia judicial mediante un recurso improcedente, el juez deber\u00e1 tramitar la impugnaci\u00f3n por las reglas del recurso que resultare procedente, siempre que haya sido interpuesto oportunamente\u201d. <\/p>\n
5\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
6\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
7\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
8\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
9\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
10\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
11\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 308. <\/p>\n
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